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Sentencia CP-188-17 — Registro 11678

Resumen

En primera instancia se condeno al imputado por el delito de actos de lujuria agravado. resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Recuso de casación por infracción de ley interpuesto por la defensa pública. Único motivo. *Precepto autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: artículo 141 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: aplicación indebida; y, *Pretensión: casar la sentencia recurrida. Expresa la censora del fallo que el juzgador de instancia comete un vicio in iudicando al condenar al acusado Edwin Velásquez Fletes, por un delito agravado de actos de lujuria en perjuicio de la menor E. Y. A. V., de conformidad a lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 141 del Código Penal, norma que prevé la agravación en un medio a la pena de reclusión, cuando la víctima sea menor de catorce años, y con lo que finalmente le impone una pena concreta de reclusión se siete años y seis meses de reclusión. Ello en virtud de que después de analizar el cuadro fáctico del fallo impugnado fácilmente puede apreciarse que, si bien es cierto, en él se narra que el imputado hizo tocamientos en el cuerpo de la menor ofendida, pero no se precisa cual era la edad concreta de ella al momento de sufrir la agresión denunciada, pues aun cuando se declaró probado que la ofendida era una persona menor de edad, condición que se presenta cuando no se han alcanzado los veintiún años de edad, pero por disposición de la propia norma penal, no todo acto de lujuria con una persona menor de edad lleva consigo la agravación de la pena, sino únicamente aquella cuando la persona ofendida sea menor de catorce años; por ello, el juzgador al agravar la pena lo hace aplicando indebidamente lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 141 del Código Penal, porque no se establece de manera expresa en los hechos probados, que la ofendida fuera menor de catorce años. Concluye, en definitiva, que a partir de los hechos probados de la sentencia no concurre el elemento objetivo de la circunstancia agravante de ser la ofendida menor de catorce años, contenida en el párrafo segundo del tipo penal previsto en el artículo 141 del Código Penal; por lo que el juzgador al calificar que los actos de lujuria descritos en los hechos probados del fallo recurrido son constitutivos de un delito agravado de actos de lujuria, sin que en ellos conste el elemento objetivo que da lugar a la agravación del referido tipo penal, incurre en aplicación indebida del párrafo segundo del artículo 141 del código penal. Del delito de actos de lujuria El Capítulo I del Título II del Libro Segundo del Código Penal, contiene una serie de tipos penales que protegen los bienes jurídicos: libertad sexual y la indemnidad sexual. Debe entenderse por libertad sexual, aquella que posee toda persona a partir de los catorce años de edad y que esté en pleno uso y goce de sus facultades intelectivas (razón) y volitivas (voluntad), la cual, en un sentido positivo consiste en el derecho de servirse de su propio cuerpo para el disfrute sexual, de seleccionar en cada caso y de manera libre su pareja sexual, y de elegir los actos sexuales que desea realizar, así como lo relativo al lugar, tiempo y condiciones, siempre que ello no implique disminución o transgresión de la libertad sexual o la indemnidad sexual de otras personas; pero además, la libertad sexual en su sentido negativo es la posibilidad que tiene esa persona de negarse en cada caso, a ejecutar actos sexuales o de tolerar actos sexuales de otros y de tomar esa decisión sin ningún tipo de restricción, condicionamiento o incluso cuestionamiento de parte de terceros. Entretanto, la indemnidad sexual es el derecho que tienen aquellas personas que no gozan de la autonomía para determinar su comportamiento en el ámbito sexual (carecen de libertad sexual), de que le sea respetada su dignidad humana, de modo de no ser utilizadas como instrumento para la satisfacción sexual de terceros; tales personas son: a. Los menores de catorce años de edad, aun cuando tácita o expresamente den a conocer su consentimiento, debido a que el legislador hondureño entiende que antes de esa edad no han desarrollado la capacidad de la autodeterminación para el ejercicio de la actividad sexual mínimamente responsable y que participar en cualquier acto sexual conllevaría grave perjuicio en el desarrollo normal de la sexualidad. En consecuencia, la participación de una persona menor de catorce años en cualquier acto de índole sexual o su exposición a cualquier acto de la misma naturaleza da a lugar a una presunción iuris et de iure de lesión al bien jurídico indemnidad sexual. b. Las personas que sufren de una anomalía psíquica, retardo mental, grave alteración de la conciencia o estados de inconsciencia (natural o provocada, permanente o transitoria), por cuanto se presume de que éstas, al momento de participar en el acto sexual o ser expuestas a actividades de índole sexual carecen de la capacidad intelectiva y volitiva que les permita expresar su consentimiento libre. En consecuencia, la participación de una de estas personas en cualquier acto sexual da a lugar a una presunción iuris tantum de lesión al bien jurídico indemnidad sexual, admitiéndose prueba en contrario respecto a que si existía la capacidad intelectiva y volitiva mínima necesaria para poder discernir, aceptar o consentir el acto sexual o su exposición a actos de naturaleza sexual. Entre los delitos que protegen la indemnidad sexual encontramos el tipificado en el artículo 141 del Código Penal que contiene el delito de actos de lujuria, el cual se encuentra regulado de la siguiente manera: “Comete actos de lujuria, quien valiéndose de las condiciones o empleando los medios indicados en el artículo anterior (artículo 140 de Código Penal que contiene el delito de violación), hace víctima a otra u otras personas de actos de lujuria distintos del acceso carnal, será sancionado con pena de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años. Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años, aun cuando haya consentido el acto, o siendo mayor de esa edad, el sujeto pasivo adolece de una enfermedad mental o desarrollo psíquico incompleto o retardo o se haya privado de la razón o de voluntad o cuando por cualquier causa no pueda oponer resistencia, la pena anterior se incrementará en un medio (1/2). Cuando los Actos de Lujuria consistan en la introducción de objetos o instrumentos de cualquier naturaleza en los órganos sexuales u otros orificios naturales o artificiales que simulen los órganos sexuales del cuerpo del sujeto pasivo, el culpable será sancionado con pena de reclusión de diez (10) a quince (15) años”. El tipo penal está regulado no de buena manera, pues el legislador no ha definido qué son actos de lujuria, dejando en silencio el aspecto toral del tipo penal: la conducta a reprochar; vacío que ha tenido que ser llenado mediante la jurisprudencia y posteriormente definido mediante la Doctrina Legal sentada por esta Corte Suprema de Justicia. Como consecuencia, y derivado del análisis del tipo penal, deberá entenderse como sus elementos objetivos: a. Sujeto activo y pasivo: Puede presentarse como sujeto activo un hombre o una mujer; igualmente como sujeto pasivo un hombre o una mujer; b. Conducta criminosa: Centrada en el verbo rector, el cual consiste en realizar actos de lujuria, entendido como tales todas aquellas acciones que objetivamente representen una limitante o restricción a la libertad sexual del sujeto pasivo y subjetivamente representen un placer sexual o libidinoso para el sujeto activo. En el concepto anterior incluye aquellas acciones consistentes en maniobras corporales hechas por el sujeto activo en su propio cuerpo, obligando al sujeto pasivo a ser espectador, aquellas que realiza el sujeto activo en el cuerpo del sujeto pasivo, aquellas que realiza el sujeto pasivo en el cuerpo del sujeto activo o aquellas que realiza el sujeto pasivo en su propio cuerpo al verse obligado por el sujeto activo. También implica actos de lujuria cuando se obliga al sujeto pasivo a ser espectador de escenas sexuales por cualquier medio electrónico o mediante imágenes impresas. Se descarta del concepto de actos de lujuria las acciones que si bien estén motivadas para la satisfacción del libido del sujeto activo pero que no son lascivos, no constituyen detrimento de la libertad sexual o indemnidad sexual (en el sentido positivo o negativo antes explicados), como por ejemplo, el llamado beso compulsivo o actos de tocamiento únicos y súbitos por encima de las ropas, que en realidad son atentatorios a la dignidad. c. Modalidad criminosa: Entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso del delito de actos de lujuria están contempladas en el artículo 140 del Código Penal (por remisión del artículo 141), prevista de dos maneras: 1. Ejerciendo violencia en contra de una persona (vis absoluta), no siendo necesario que la violencia se ejerza durante todo el acto de lujuria, sino que bastará con que sea eficaz para anular la voluntad del sujeto pasivo; 2. Provocando intimidación en contra de una persona (vis compulsiva), entendiéndose como intimidación la amenaza idónea para hacer nacer en el sujeto pasivo un estado mental de miedo o angustia ante la incertidumbre de poder sufrir de parte del sujeto activo o de parte de otra persona asociada, un daño real (no imaginario) y grave en su persona, pero además constituye intimidación para efectos de este tipo penal, cuando se produce la amenaza de provocar un mal o cuando se ejerce materialmente violencia en el cónyuge, compañero de hogar o cualquier pariente del sujeto pasivo dentro de los grados del cuarto de consanguinidad o segundo de afinidad, provenida del sujeto activo o de cualquier persona asociada con éste. Cuando el sujeto pasivo sea una persona menor de catorce (14) años, constituirán actos de lujuria la conducta lasciva de los que sea objeto y que impliquen transgresión a la indemnidad sexual, aun cuando hayan sido consentidos por aquella, pues al igual como ocurre con la violación especial, el legislador considera que una persona menor de esa edad no tiene el desarrollo intelectivo que le permita conocer los alcances y consecuencias de los actos de naturaleza sexual, presunción iure et de iuris tomando como viciado el consentimiento brindado del sujeto pasivo al sujeto activo; ergo las modalidades criminosas de violencia o intimidación no serán elementos objetivos esenciales para la configuración del delito en este caso particular. Como elemento subjetivo, el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, es decir, que conozca y quiera realizar los actos de lujuria conseguido a través de cualquiera de las dos modalidades criminosas explicadas. El tipo penal de actos de lujuria además de proteger la libertad sexual, también se encarga de proteger la indemnidad sexual, cuando en su segundo párrafo establece el delito de actos de lujuria especial, siendo estos los ejecutados en perjuicio de una persona menor de catorce (14) años, aun cuando ésta haya consentido los mismos, consentimiento que se considera viciado, o cuando dichos actos sea en perjuicio de la persona con trastorno mental transitorio o permanente que no le permita razonar o exteriorizar su consentimiento. Finalmente, el último párrafo contempla el delito de actos de lujuria agravados, que se configura cuando el sujeto activo violenta la libertad sexual o la indemnidad sexual mediante actos que impliquen la introducción de objetos o instrumentos de cualquier naturaleza en los órganos sexuales o en los orificios naturales (ano, boca, oídos o nariz) o artificiales del sujeto pasivo (como en los casos de la modificación quirúrgica de los órganos sexuales, modificando su naturaleza). Derivado de lo anterior, son características del tipo penal de actos de lujuria: a) Según su estructura: 1. Tipo penal básico: por referirse a aquellos en que se describe de manera independiente un modelo de comportamiento en una sola descripción, porque si bien es cierto, el artículo 141 se remite al artículo 140 para efectos de determinar la modalidad criminosa, el verbo rector del tipo penal de actos de lujuria no es reproducido en otro tipo penal; 2. Tipo penal simple: debido a que el tipo penal describe una conducta criminosa: acto de lujuria, con la dificultad que el legislador ha obviado señalar en qué consiste tal acto. b) Según su contenido: 1. Tipo penal de resultado: ya que el delito concurre cuando se ve disminuida o anulada la libertad sexual o indemnidad sexual del sujeto pasivo, según sea el caso; 2. Tipo penal de conducta instantánea: definido porque el comportamiento y resultado descrito en el tipo penal de violación sexual se agota en un mismo momento; 3. Tipo penal de comisión: al exigir el artículo 140 del Código Penal una conducta activa del autor; 4. Tipo penal abierto: indicado así dado que la norma que contiene el delito de violación sexual no describe con precisión las diversas circunstancias típicas, de tal manera que la conducta prohibida debe ser definida en cada caso por el órgano jurisdiccional a partir de los principios informadores del derecho penal sustantivo; c) Según el sujeto activo: 1. Tipo penal unisubjetivo: al describir el tipo penal la conducta prohibida realizada por una sola persona; 2. Tipo penal común: debido a que el tipo penal no exige ninguna cualificación al sujeto activo; d. Según el bien jurídico tutelado: 3. Tipo penal mono-ofensivo: al tutelar un único bien jurídico protegido, tal cual es la libertad sexual o indemnidad sexual, según sea el caso; 4. Tipo penal de lesión: Debido a que la conducta criminosa genera una lesión formal y material al bien jurídico libertad o indemnidad sexual. De la procedencia del recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. Establece el precepto autorizante citado por la recurrente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso presente, la censora del fallo expresa que el juzgador de instancia comete un vicio in iudicando al condenar al acusado Edwin Velásquez Fletes, por un delito agravado de actos de lujuria en perjuicio de la menor E. Y. A. V., de conformidad a lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 141 del Código Penal, norma que prevé la agravación en un medio a la pena de reclusión, cuando la víctima sea menor de catorce años, y con lo que finalmente le impone una pena concreta de reclusión se siete años y seis meses de reclusión. Ello en virtud de que después de analizar el cuadro fáctico del fallo impugnado fácilmente puede apreciarse que, si bien es cierto, en él se narra que el imputado hizo tocamientos en el cuerpo de la menor ofendida, pero no se precisa cual era la edad concreta de ella al momento de sufrir la agresión denunciada, pues aun cuando se declaró probado que la ofendida era una persona menor de edad, condición que se presenta cuando no se han alcanzado los veintiún años de edad, pero por disposición de la propia norma penal, no todo acto de lujuria con una persona menor de edad lleva consigo la agravación de la pena, sino únicamente aquella cuando la persona ofendida sea menor de catorce años; por ello, el juzgador al agravar la pena lo hace aplicando indebidamente lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 141 del Código Penal, porque no se establece de manera expresa en los hechos probados, que la ofendida fuera menor de catorce años. Concluye, en definitiva, que a partir de los hechos probados de la sentencia no concurre el elemento objetivo de la circunstancia agravante de ser la ofendida menor de catorce años, contenida en el párrafo segundo del tipo penal previsto en el artículo 141 del Código Penal; por lo que el juzgador al calificar que los actos de lujuria descritos en los hechos probados del fallo recurrido son constitutivos de un delito agravado de actos de lujuria, sin que en ellos conste el elemento objetivo que da lugar a la agravación del referido tipo penal, incurre en aplicación indebida del párrafo segundo del artículo 141 del Código Penal. A partir de lo expuesto, la Sala de lo Penal da razón a la impetrante, pues en los hechos probados de la sentencia no se especifica ni concretiza por el sentenciador, que la menor E. Y. A. V., era menor de catorce años para la fecha en que ocurrió el hecho objeto de juzgamiento, siendo éste un elemento condicionante y necesario para agravar la antijuricidad de la conducta y consecuentemente aumentar su punibilidad en un medio (1/2) del tipo penal base de actos de lujuria, cuya pena abstracta oscila entre los cinco (5) y ocho (8) años de reclusión. La calificación jurídica de los hechos para la selección y perfecto encaje del tipo penal aplicable, debe determinar de manera completa todos sus elementos objetivos, la fundabilidad del delito imputado, el grado de participación atribuido y las circunstancias modificativas estimadas como concurrentes, y al dejar un vacío los hechos probados de la sentencia en relación a la edad concreta de la menor E. Y. A. V., para la fecha en que ocurrieron los tocamientos impúdicos y libidinosos por parte del acusado para con ella, no puede suponerse o asumirse en perjuicio del acusado, que la ofendida era menor de catorce años, pues esta circunstancia debe quedar taxativa en la narración fáctica de la sentencia al conformar un elemento objetivo del tipo penal agravado de actos de lujuria. Desde esta óptica, corresponde declarar ha lugar el recurso interpuesto y casar parcialmente la sentencia recurrida, disminuyendo su punibilidad por no desprenderse del entramado fáctico la circunstancia agravante contenida en el segundo párrafo del artículo 141 del Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 188-2017, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de julio del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada Nueva Arcadia, Departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Edwin Velásquez Fletes, como autor del delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de la niña E. Y. A. V., a la pena principal de siete años y seis meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: Se declaró la responsabilidad civil del señor Edwin Velásquez Fletes. Tercero: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: No se declaró el comiso. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada Alma Iris Reyes Espinoza, defensora pública. Son partes en única instancia: Los Abogados Arnaldo Alcides García y Mario Reniery Amador, defensores públicos, como recurrentes; y, la Abogada Ela Paredes Bromfield, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. Hechos Probados de la Instancia “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: En fecha 28 de marzo del año 2012, los menores E. Y. A. V. y Y. O. A. V., se trasladaban en bus de ruta desde Ocotepeque hasta Aldea La Misión de Gracias Lempira, a visitar a su abuela Lucía madre de su padre. En el trayecto del bus de Ocotepeque a Santa Rosa de Copan, conocen al señor EDWIN VELASQUEZ FUENTES, quien conversa con la menor E. Y. y le ofrece llevarla en su carro a ella y su hermano hasta la casa de su abuela ubicada en la Aldea de La Misión de Gracias Lempira; pero que primero irían hasta La Entrada Copan a recoger una mercadería, aceptando la menor E. Yo. A. dicho ofrecimiento. SEGUNDO: Al llegar el autobus en que se dirigían los menores E. Y. A., Y. O. A. y el señor EDWIN VELASQUEZ FUENTES, a la terminal de Santa Rosa de Copan, se bajaron del auto bus y abordaron el vehículo marca Nissan Centra tipo turismo color azul placa PCE 6386 propiedad del señor Edwin Velásquez, ubicándose el menor Y. O. A. en el asiente trasero, la menor E. Y. A., en el asiento del pasajero enfrente y el señor Edwin Velásquez, conducía dicho vehículo; en el trayecto de la Ciudad de Santa Rosa de Copan hacia La Entrada Copan, el señor Edwin Velásquez, con la mano derecha comienza a tocar los pechos y vulva de la menor E. Y. A., llegan a la Ciudad de La Entrada Copan el señor Edwin Velásquez les manifiesta a los menores que si se hacía de noche tendrían que quedarse en un hotel que el pagaría, y que la menor E. Y. A. dormiría con él. TERCERO: Siendo las cuatro de la tarde de ese mismo día 28 de marzo del 2012, cuando se acercaban a la posta de Tepemechin salida hacia Florida, el señor Edwin Velásquez, les dijo a los dos menores que si los detenían frente a los policías le dijeran papá. El agente policial Héctor Francisco Bonilla en operativo de rutina le hace señal de parada al señor Edwin Velásquez, le preguntan para donde se dirige, le solicitan los documentos personales y del vehículo y le interroga sobre qué relación de parentesco tiene con los dos menores que lo acompañan; respondiendo el señor Velásquez que iba para el Florido y que los dos menores eran sus sobrinos, por lo que le preguntó por separado a los menores si era cierto a lo que estos manifestaron que no eran nada del señor Velásquez y que se dirigían hacia Gracias Lempira, poniendo también en conocimiento los menores del agente policial que el señor Velásquez toco los pechos y vulva de la menor E. Y., todo esto enfrente de su hermano Y. O. quien se conducía en el asiento trasero del vehículo; razón por la cual con instrucciones del fiscal de turno fue detenido el señor Edwin Velásquez y puesto a disposición de la autoridad competente, rescatando así a los dos menores.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La recurrente, Abogada Alma Iris Reyes Espinoza, en su condición de defensora pública, procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de ley de la siguiente manera: “INDICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Infracción de ley por aplicación indebida del párrafo segundo del artículo 141 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE.- El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Reconozco que en los recursos de casación por infracción de Ley, como el presente, por disposición legal del art. 369 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación, en ningún caso, podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como probados, sin embargo, mientras estos no se modifiquen, puede perfectamente revisar su encuadramiento en un determinado precepto jurídico; siendo esta la pretensión del presente recurso de casación en el que la decisión del Juzgador de instancia no se ajusta a las previsiones del legislador al regular el tipo penal AGRAVADO de ACTOS DE LUJURIA. SEGUNDO: En el caso de mérito, el Juzgador, luego de valorar toda la prueba evacuada en el juicio, declaró terminantemente probados los HECHOS siguientes: “PRIMERO: En fecha 28 de marzo del año 2012, los menores E. Y. A. V. y Y. O. A. V., se trasladaban en bus de ruta desde Ocotepeque hasta Aldea la Misión de Gracias Lempira, a visitar a su abuela Lucía madre de su padre. En el trayecto del bus de Ocotepeque a Santa Rosa de Copan, conocen al señor EDWIN VELASQUEZ FUENTES, quien conversa con la menor E. Y. y le ofrece llevarla en su carro a ella y su hermano hasta la casa de su abuela ubicada en la Aldea de La Misión de Gracias Lempira; pero que primero irían hasta la Entrada Copan a recoger tina mercadería, aceptando la menor E. Y. A. dicho ofrecimiento. SEGUNDO: Al llegar el auto bus en que se dirigían los menores E. Y. A., Y. O. A. y el señor EDWIN VELASQUEZ FUENTES, a la Terminal de Santa Rosa de Copan, se bajaron del auto bus y abordaron el vehículo marca Nissan Centra tipo turismo color azul placa PCE 6386 propiedad del señor Edwin Velásquez, ubicándose el menor Y. O. A. en el asiente trasero, la menor E. Y. A., en el asiento del pasajero enfrente y el señor Edwin Velásquez, conducía dicho vehículo; en el trayecto de la Ciudad de Santa Rosa de Copan hacia La Entrada Copan, el señor Edwin Velásquez, con la mano derecha comienza a tocar los pechos y vulva de la menor E. Y. A., llegan a la Ciudad de La Entrada Copan el señor Edwin Velásquez les manifiesta a los menores que si se hacía de noche tendrían que quedarse en un hotel que el pagaría, y que la menor E. Y. A. dormiría con él. TERCERO: Siendo las cuatro de la tarde de ese mismo día 28 de marzo del 2012, cuando se acercaban a la posta de Tepemechin salida hacia Florida, el señor Edwin Velásquez, les dijo a los menores que si los detenían frente a los policías le dijeran papá. El agente policial Héctor Francisco Bonilla en operativo de rutina le hace señal de parada al señor Edwin Velásquez, le preguntan para donde se dirige, le solicitan los documentos personas y del vehículo y le interroga sobre qué relación de parentesco tiene con los dos menores que lo acompañan; respondiendo el señor Velásquez que iba para el Florido y que los dos menores eran sus sobrinos, por lo que le preguntó por separado a los menores si era cierto a lo que estos manifestaron que no eran nada del señor Velásquez y que se dirigían hacia Gracias Lempira, poniendo también en conocimiento los menores del agente policial que el señor Velásquez toco los pechos y vulva de la menor E. Y., todo esto enfrente de su hermano Y. O. quien se conducía en el asiento trasero del vehículo; razón por la cual con instrucciones del fiscal de turno fue detenido el señor Edwin Velásquez y puesto a disposición de la autoridad competente, rescatando asi a los dos menores”. TERCERO: Los transcritos hechos probados fueron calificados por el Juzgador como una infracción agravada del artículo 141 del Código Penal, norma que en su parte conducente dispone lo siguiente: “Artículo 141.- Comete actos de lujuria, quien valiéndose de las condiciones o empleando los medios indicados en el artículo anterior hace víctima a otra u otras personas de actos de lujuria distintos del acceso carnal, será sancionado con pena de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años. Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años aún cuando haya consentido el acto o si siendo mayor de esa edad el sujeto pasivo adolece de una enfermedad mental o desarrollo psíquico incompleto o retardo o se haya privado de razón o de voluntad o cuando por cualquier causa no pueda oponer resistencia la pena anterior se, incrementara en un medio ½……” CUARTO: El Juzgador consideró que la conducta del señor EDWIN VELÁSQUEZ FLETES, narrada en la declaración de hechos probados del fallo impugnado, era constitutiva de un delito AGRAVADO de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de la menor E. Y. A. V., según lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 141 del Código Penal, norma que prevé la agravación en un medio (1/2) a la pena de reclusión, cuando la víctima sea menor de catorce (14) año, con lo que finalmente le impone una pena concreta de reclusión se (7) años y seis (6) meses. Agravación de pena que en términos generales responde a la condición de inmadurez natural en su desarrollo y consecuente vulnerabilidad que respecto a la sexualidad muestran las personas menores de catorce (14) años, sin embargo, al analizar el cuadro fáctico del fallo impugnado, fácilmente puede apreciarse que, si bien es cierto, en él se narra que el imputado hizo objeto de tocamientos en el cuerpo de la menor ofendida, pero no se precisa cual era la edad concreta de ella al momento de sufrir la agresión denunciada, pues aun cuando se declaró probado que la ofendida era una persona menor de edad, condición que se presenta cuando no se han alcanzado los veintiún (21) años de vida, pero por disposición de la propia norma penal, no todo acto de lujuria con una persona menor de edad lleva consigo la agravación de la pena, sino únicamente aquella cuando la persona ofendida sea menor de catorce años; por ello el Juzgador al agravar la pena lo hace aplicando indebidamente lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 141 del Código Penal, porque, como antes se dijo, no se establece, de manera expresa, en los hechos probados, que la ofendida fuera menor de catorce (14) años. QUINTO: Siendo que la sentencia penal, por disposición expresa del artículo 338 del Código Procesal Penal, es un cuerpo sistemático y armónico, por lo que su redacción debe respetar esos presupuestos normativos, distinguiendo, de manera clara, los aspectos fácticos de los jurídicos para permitir un apropiado control sobre ellos, por eso mismo, los elementos del tipo objetivos del delito, como los relativos a las circunstancias agravantes deben constar, en todo caso, en el apartado de hechos probados de la sentencia, sin que, válidamente, sea posible completarlos, en perjuicio del imputado, con el contenido de la fundamentación jurídica u otro apartado de la sentencia. SEXTO: Resulta, Honorables Magistrados, que al analizar la declaración de hechos probados del fallo impugnado, evidentemente se aprecia que en ellos no concurre el elemento objetivo de la circunstancia agravante de ser la ofendida menor de catorce (14) años, contenida en el párrafo segundo del tipo penal previsto en el artículo 141 del Código Penal; por lo que el Juzgador al calificar que los actos de lujuria descritos en los hechos probados del fallo recurrido son constitutivos de un delito AGRAVADO de ACTOS DE LUJURIA, sin que en ellos conste el elemento objetivo que da lugar a la agravación del referido tipo penal, incurre en aplicación indebida del párrafo segundo del artículo 141 del Código Penal. PRETENSION RECURSIVA La pretensión perseguida con el presente recurso de casación es que se califiquen los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, como constitutivos del delito básico de actos de lujuria contenido en el primer párrafo del artículo 141 del Código Penal y consecuentemente se gradúe la pena que corresponde a dicho tipo penal, misma que por las consideraciones que al efecto desarrolló el A quo deberá ubicarse en el mínimo de la prevista por la norma penal.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recuso de casación por infracción de ley interpuesto por la defensa pública. Único motivo. *Precepto autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: artículo 141 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: aplicación indebida; y, *Pretensión: casar la sentencia recurrida. Expresa la censora del fallo que el juzgador de instancia comete un vicio in iudicando al condenar al acusado Edwin Velásquez Fletes, por un delito agravado de actos de lujuria en perjuicio de la menor E. Y. A. V., de conformidad a lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 141 del Código Penal, norma que prevé la agravación en un medio a la pena de reclusión, cuando la víctima sea menor de catorce años, y con lo que finalmente le impone una pena concreta de reclusión se siete años y seis meses de reclusión. Ello en virtud de que después de analizar el cuadro fáctico del fallo impugnado fácilmente puede apreciarse que, si bien es cierto, en él se narra que el imputado hizo tocamientos en el cuerpo de la menor ofendida, pero no se precisa cual era la edad concreta de ella al momento de sufrir la agresión denunciada, pues aun cuando se declaró probado que la ofendida era una persona menor de edad, condición que se presenta cuando no se han alcanzado los veintiún años de edad, pero por disposición de la propia norma penal, no todo acto de lujuria con una persona menor de edad lleva consigo la agravación de la pena, sino únicamente aquella cuando la persona ofendida sea menor de catorce años; por ello, el juzgador al agravar la pena lo hace aplicando indebidamente lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 141 del Código Penal, porque no se establece de manera expresa en los hechos probados, que la ofendida fuera menor de catorce años. Concluye, en definitiva, que a partir de los hechos probados de la sentencia no concurre el elemento objetivo de la circunstancia agravante de ser la ofendida menor de catorce años, contenida en el párrafo segundo del tipo penal previsto en el artículo 141 del Código Penal; por lo que el juzgador al calificar que los actos de lujuria descritos en los hechos probados del fallo recurrido son constitutivos de un delito agravado de actos de lujuria, sin que en ellos conste el elemento objetivo que da lugar a la agravación del referido tipo penal, incurre en aplicación indebida del párrafo segundo del artículo 141 del código penal. Del delito de actos de lujuria El Capítulo I del Título II del Libro Segundo del Código Penal, contiene una serie de tipos penales que protegen los bienes jurídicos: libertad sexual y la indemnidad sexual. Debe entenderse por libertad sexual, aquella que posee toda persona a partir de los catorce años de edad y que esté en pleno uso y goce de sus facultades intelectivas (razón) y volitivas (voluntad), la cual, en un sentido positivo consiste en el derecho de servirse de su propio cuerpo para el disfrute sexual, de seleccionar en cada caso y de manera libre su pareja sexual, y de elegir los actos sexuales que desea realizar, así como lo relativo al lugar, tiempo y condiciones, siempre que ello no implique disminución o transgresión de la libertad sexual o la indemnidad sexual de otras personas; pero además, la libertad sexual en su sentido negativo es la posibilidad que tiene esa persona de negarse en cada caso, a ejecutar actos sexuales o de tolerar actos sexuales de otros y de tomar esa decisión sin ningún tipo de restricción, condicionamiento o incluso cuestionamiento de parte de terceros. Entretanto, la indemnidad sexual es el derecho que tienen aquellas personas que no gozan de la autonomía para determinar su comportamiento en el ámbito sexual (carecen de libertad sexual), de que le sea respetada su dignidad humana, de modo de no ser utilizadas como instrumento para la satisfacción sexual de terceros; tales personas son: a. Los menores de catorce años de edad, aun cuando tácita o expresamente den a conocer su consentimiento, debido a que el legislador hondureño entiende que antes de esa edad no han desarrollado la capacidad de la autodeterminación para el ejercicio de la actividad sexual mínimamente responsable y que participar en cualquier acto sexual conllevaría grave perjuicio en el desarrollo normal de la sexualidad. En consecuencia, la participación de una persona menor de catorce años en cualquier acto de índole sexual o su exposición a cualquier acto de la misma naturaleza da a lugar a una presunción iuris et de iure de lesión al bien jurídico indemnidad sexual. b. Las personas que sufren de una anomalía psíquica, retardo mental, grave alteración de la conciencia o estados de inconsciencia (natural o provocada, permanente o transitoria), por cuanto se presume de que éstas, al momento de participar en el acto sexual o ser expuestas a actividades de índole sexual carecen de la capacidad intelectiva y volitiva que les permita expresar su consentimiento libre. En consecuencia, la participación de una de estas personas en cualquier acto sexual da a lugar a una presunción iuris tantum de lesión al bien jurídico indemnidad sexual, admitiéndose prueba en contrario respecto a que si existía la capacidad intelectiva y volitiva mínima necesaria para poder discernir, aceptar o consentir el acto sexual o su exposición a actos de naturaleza sexual. Entre los delitos que protegen la indemnidad sexual encontramos el tipificado en el artículo 141 del Código Penal que contiene el delito de actos de lujuria, el cual se encuentra regulado de la siguiente manera: “Comete actos de lujuria, quien valiéndose de las condiciones o empleando los medios indicados en el artículo anterior (artículo 140 de Código Penal que contiene el delito de violación), hace víctima a otra u otras personas de actos de lujuria distintos del acceso carnal, será sancionado con pena de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años. Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años, aun cuando haya consentido el acto, o siendo mayor de esa edad, el sujeto pasivo adolece de una enfermedad mental o desarrollo psíquico incompleto o retardo o se haya privado de la razón o de voluntad o cuando por cualquier causa no pueda oponer resistencia, la pena anterior se incrementará en un medio (1/2). Cuando los Actos de Lujuria consistan en la introducción de objetos o instrumentos de cualquier naturaleza en los órganos sexuales u otros orificios naturales o artificiales que simulen los órganos sexuales del cuerpo del sujeto pasivo, el culpable será sancionado con pena de reclusión de diez (10) a quince (15) años”. El tipo penal está regulado no de buena manera, pues el legislador no ha definido qué son actos de lujuria, dejando en silencio el aspecto toral del tipo penal: la conducta a reprochar; vacío que ha tenido que ser llenado mediante la jurisprudencia y posteriormente definido mediante la Doctrina Legal sentada por esta Corte Suprema de Justicia. Como consecuencia, y derivado del análisis del tipo penal, deberá entenderse como sus elementos objetivos: a. Sujeto activo y pasivo: Puede presentarse como sujeto activo un hombre o una mujer; igualmente como sujeto pasivo un hombre o una mujer; b. Conducta criminosa: Centrada en el verbo rector, el cual consiste en realizar actos de lujuria, entendido como tales todas aquellas acciones que objetivamente representen una limitante o restricción a la libertad sexual del sujeto pasivo y subjetivamente representen un placer sexual o libidinoso para el sujeto activo. En el concepto anterior incluye aquellas acciones consistentes en maniobras corporales hechas por el sujeto activo en su propio cuerpo, obligando al sujeto pasivo a ser espectador, aquellas que realiza el sujeto activo en el cuerpo del sujeto pasivo, aquellas que realiza el sujeto pasivo en el cuerpo del sujeto activo o aquellas que realiza el sujeto pasivo en su propio cuerpo al verse obligado por el sujeto activo. También implica actos de lujuria cuando se obliga al sujeto pasivo a ser espectador de escenas sexuales por cualquier medio electrónico o mediante imágenes impresas. Se descarta del concepto de actos de lujuria las acciones que si bien estén motivadas para la satisfacción del libido del sujeto activo pero que no son lascivos, no constituyen detrimento de la libertad sexual o indemnidad sexual (en el sentido positivo o negativo antes explicados), como por ejemplo, el llamado beso compulsivo o actos de tocamiento únicos y súbitos por encima de las ropas, que en realidad son atentatorios a la dignidad. c. Modalidad criminosa: Entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso del delito de actos de lujuria están contempladas en el artículo 140 del Código Penal (por remisión del artículo 141), prevista de dos maneras: 1. Ejerciendo violencia en contra de una persona (vis absoluta), no siendo necesario que la violencia se ejerza durante todo el acto de lujuria, sino que bastará con que sea eficaz para anular la voluntad del sujeto pasivo; 2. Provocando intimidación en contra de una persona (vis compulsiva), entendiéndose como intimidación la amenaza idónea para hacer nacer en el sujeto pasivo un estado mental de miedo o angustia ante la incertidumbre de poder sufrir de parte del sujeto activo o de parte de otra persona asociada, un daño real (no imaginario) y grave en su persona, pero además constituye intimidación para efectos de este tipo penal, cuando se produce la amenaza de provocar un mal o cuando se ejerce materialmente violencia en el cónyuge, compañero de hogar o cualquier pariente del sujeto pasivo dentro de los grados del cuarto de consanguinidad o segundo de afinidad, provenida del sujeto activo o de cualquier persona asociada con éste. Cuando el sujeto pasivo sea una persona menor de catorce (14) años, constituirán actos de lujuria la conducta lasciva de los que sea objeto y que impliquen transgresión a la indemnidad sexual, aun cuando hayan sido consentidos por aquella, pues al igual como ocurre con la violación especial, el legislador considera que una persona menor de esa edad no tiene el desarrollo intelectivo que le permita conocer los alcances y consecuencias de los actos de naturaleza sexual, presunción iure et de iuris tomando como viciado el consentimiento brindado del sujeto pasivo al sujeto activo; ergo las modalidades criminosas de violencia o intimidación no serán elementos objetivos esenciales para la configuración del delito en este caso particular. Como elemento subjetivo, el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, es decir, que conozca y quiera realizar los actos de lujuria conseguido a través de cualquiera de las dos modalidades criminosas explicadas. El tipo penal de actos de lujuria además de proteger la libertad sexual, también se encarga de proteger la indemnidad sexual, cuando en su segundo párrafo establece el delito de actos de lujuria especial, siendo estos los ejecutados en perjuicio de una persona menor de catorce (14) años, aun cuando ésta haya consentido los mismos, consentimiento que se considera viciado, o cuando dichos actos sea en perjuicio de la persona con trastorno mental transitorio o permanente que no le permita razonar o exteriorizar su consentimiento. Finalmente, el último párrafo contempla el delito de actos de lujuria agravados, que se configura cuando el sujeto activo violenta la libertad sexual o la indemnidad sexual mediante actos que impliquen la introducción de objetos o instrumentos de cualquier naturaleza en los órganos sexuales o en los orificios naturales (ano, boca, oídos o nariz) o artificiales del sujeto pasivo (como en los casos de la modificación quirúrgica de los órganos sexuales, modificando su naturaleza). Derivado de lo anterior, son características del tipo penal de actos de lujuria: a) Según su estructura: 1. Tipo penal básico: por referirse a aquellos en que se describe de manera independiente un modelo de comportamiento en una sola descripción, porque si bien es cierto, el artículo 141 se remite al artículo 140 para efectos de determinar la modalidad criminosa, el verbo rector del tipo penal de actos de lujuria no es reproducido en otro tipo penal; 2. Tipo penal simple: debido a que el tipo penal describe una conducta criminosa: acto de lujuria, con la dificultad que el legislador ha obviado señalar en qué consiste tal acto. b) Según su contenido: 1. Tipo penal de resultado: ya que el delito concurre cuando se ve disminuida o anulada la libertad sexual o indemnidad sexual del sujeto pasivo, según sea el caso; 2. Tipo penal de conducta instantánea: definido porque el comportamiento y resultado descrito en el tipo penal de violación sexual se agota en un mismo momento; 3. Tipo penal de comisión: al exigir el artículo 140 del Código Penal una conducta activa del autor; 4. Tipo penal abierto: indicado así dado que la norma que contiene el delito de violación sexual no describe con precisión las diversas circunstancias típicas, de tal manera que la conducta prohibida debe ser definida en cada caso por el órgano jurisdiccional a partir de los principios informadores del derecho penal sustantivo; c) Según el sujeto activo: 1. Tipo penal unisubjetivo: al describir el tipo penal la conducta prohibida realizada por una sola persona; 2. Tipo penal común: debido a que el tipo penal no exige ninguna cualificación al sujeto activo; d. Según el bien jurídico tutelado: 3. Tipo penal mono-ofensivo: al tutelar un único bien jurídico protegido, tal cual es la libertad sexual o indemnidad sexual, según sea el caso; 4. Tipo penal de lesión: Debido a que la conducta criminosa genera una lesión formal y material al bien jurídico libertad o indemnidad sexual. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. Establece el precepto autorizante citado por la recurrente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso presente, la censora del fallo expresa que el juzgador de instancia comete un vicio in iudicando al condenar al acusado Edwin Velásquez Fletes, por un delito agravado de actos de lujuria en perjuicio de la menor E. Y. A. V., de conformidad a lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 141 del Código Penal, norma que prevé la agravación en un medio a la pena de reclusión, cuando la víctima sea menor de catorce años, y con lo que finalmente le impone una pena concreta de reclusión se siete años y seis meses de reclusión. Ello en virtud de que después de analizar el cuadro fáctico del fallo impugnado fácilmente puede apreciarse que, si bien es cierto, en él se narra que el imputado hizo tocamientos en el cuerpo de la menor ofendida, pero no se precisa cual era la edad concreta de ella al momento de sufrir la agresión denunciada, pues aun cuando se declaró probado que la ofendida era una persona menor de edad, condición que se presenta cuando no se han alcanzado los veintiún años de edad, pero por disposición de la propia norma penal, no todo acto de lujuria con una persona menor de edad lleva consigo la agravación de la pena, sino únicamente aquella cuando la persona ofendida sea menor de catorce años; por ello, el juzgador al agravar la pena lo hace aplicando indebidamente lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 141 del Código Penal, porque no se establece de manera expresa en los hechos probados, que la ofendida fuera menor de catorce años. Concluye, en definitiva, que a partir de los hechos probados de la sentencia no concurre el elemento objetivo de la circunstancia agravante de ser la ofendida menor de catorce años, contenida en el párrafo segundo del tipo penal previsto en el artículo 141 del Código Penal; por lo que el juzgador al calificar que los actos de lujuria descritos en los hechos probados del fallo recurrido son constitutivos de un delito agravado de actos de lujuria, sin que en ellos conste el elemento objetivo que da lugar a la agravación del referido tipo penal, incurre en aplicación indebida del párrafo segundo del artículo 141 del Código Penal. A partir de lo expuesto, la Sala de lo Penal da razón a la impetrante, pues en los hechos probados de la sentencia no se especifica ni concretiza por el sentenciador, que la menor E. Y. A. V., era menor de catorce años para la fecha en que ocurrió el hecho objeto de juzgamiento, siendo éste un elemento condicionante y necesario para agravar la antijuricidad de la conducta y consecuentemente aumentar su punibilidad en un medio (1/2) del tipo penal base de actos de lujuria, cuya pena abstracta oscila entre los cinco (5) y ocho (8) años de reclusión. La calificación jurídica de los hechos para la selección y perfecto encaje del tipo penal aplicable, debe determinar de manera completa todos sus elementos objetivos, la fundabilidad del delito imputado, el grado de participación atribuido y las circunstancias modificativas estimadas como concurrentes, y al dejar un vacío los hechos probados de la sentencia en relación a la edad concreta de la menor E. Y. A. V., para la fecha en que ocurrieron los tocamientos impúdicos y libidinosos por parte del acusado para con ella, no puede suponerse o asumirse en perjuicio del acusado, que la ofendida era menor de catorce años, pues esta circunstancia debe quedar taxativa en la narración fáctica de la sentencia al conformar un elemento objetivo del tipo penal agravado de actos de lujuria. Desde esta óptica, corresponde declarar ha lugar el recurso interpuesto y casar parcialmente la sentencia recurrida, disminuyendo su punibilidad por no desprenderse del entramado fáctico la circunstancia agravante contenida en el segundo párrafo del artículo 141 del Código Penal. Decisión. Ha lugar el recurso de casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la defensa pública. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 363 del Código Procesal Penal; FALLA: 1) Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Alma Iris Reyes Espinoza, en su condición de defensora pública del imputado Edwin Velásquez Fletes. 2) Casa parcialmente la sentencia de fecha dieciocho de julio del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada Nueva Arcadia, Departamento de Copán, en lo que respecta al acápite primero de la parte dispositiva, el cual deberá leerse de la siguiente manera: “PRIMERO: Que debemos condenar y al efecto condenamos, al acusado Edwin Velásquez Fletes, como autor responsable penalmente del delito de actos de lujuria en perjuicio de la menor E. Y. A. V., sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena principal de cinco (5) años de reclusión, la cual deberá cumplir en la granja penal de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, sin perjuicio de que sea trasladado a otros centros penitenciarios del país por efectos de ordenamiento interno del centro penitenciario o cuando las circunstancias así lo exijan por seguridad. Además, se le condena a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal.” 3) Se mantiene incólume la sentencia en sus demás pronunciamientos y resoluciones. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal respecto a los pronunciamientos judiciales que han adquirido el carácter de firme y además de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-188-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL