Sentencia CP-183-17 — Registro 11675
Resumen
En primera instancia se condena a los imputados por el delito de allanamiento de morada, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Cuando se interpone un recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; debe, como labor primera, identificar qué regla de la sana crítica es la infringida. (Ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, el recurrente deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, no tiene la cualidad de respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. Sucede, en el caso actual, que el recurrente no interpone un recurso que identifique en primer término el postulado intelectivo que considera infringe la regla de la lógica como cita en su recurso, pues se limita a hacer alegatos propios de instancia en relación a la declaración de los acusados tales como: “…es importante señalar que solamente la declaración de la testigo YENI YOSELIN CASTAÑEDA FUNES en su declaración, su dicho no es Creíble en su totalidad, y posteriormente dice que todos ingresaron s, ya que si bien es cierto manifiesta que solo ingreso el oficial Walter Guerrero y saca el arma uzi y posteriormente dice que si ingresaron todos a la pulpería y billar que estaba abierta; circunstancia esta que fue acreditada por las declaraciones de los imputados …”. Estos alegatos no son potenciales para que esta Sala de lo Penal determine si la valoración probatoria es respetuosa o no de las reglas de la sana crítica. Resta aún más eficacia al recurso, el que el censor realice una valoración probatoria alternativa de la prueba, pues esa función valorativa compete única y exclusivamente al Tribunal de Sentencia (Artículo 336 del Código Procesal Penal), quien realiza los principios de contradicción, inmediación, publicidad, oralidad y defensa que rigen la actividad de la prueba. El censor no puede pretender, con éxito, que su recurso prospere determinando desde su particular visión cuál es el alcance conviccional que tiene un medio de prueba, pues esa labor compete al sentenciador, quien alcanza un estado intelectivo -negativo o positivo- en relación a la prueba, y justifica motivadamente las razones por las cuales llegó a esa conclusión. El censor del fallo hace alegatos recursivos que no logran en manera alguna identificar, explicar y comprobar la lesión a las reglas citadas como infringidas, pues son simples alegatos que cuestionan la prueba evacuada en el debate y no así el razonamiento judicial. Al haber sido estas las cuestiones objeto de impugnación, la Sala de lo Penal deviene obligada a desestimar el recurso..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 183-2017, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de enero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Pablo Edgardo Alvarenga Espinal, como autor del delito de Allanamiento de Morada, en perjuicio del Orlando Castañeda Perdomo, a la pena de tres años con seis meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. SEGUNDO: Condenó al señor Jorge Andrés Pineda Tejada, como autor del delito de Allanamiento de Morada, en perjuicio del Orlando Castañeda Perdomo, a la pena de tres años con seis meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, declaró al condenado civilmente responsable del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito por el que hoy se le condena. TERCERO: Condenó al señor Rubén de Jesús Reyes Benítez, como autor del delito de Allanamiento de Morada, en perjuicio del Orlando Castañeda Perdomo, a la pena de tres años con seis meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. CUARTO: No procede condenar en costas. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma el Abogado Noé Nazareth Burgos Herrera, actuando en su condición de defensor privado de los señores Pablo Gerardo Alvarenga Espinal, Jorge Andrés Pineda Tejada y Rubén de Jesús Reyes Benítez. Son partes en única instancia: El Abogado Noé Nazareth Burgos Herrera, defensor privado en su condición de recurrente y la Abogada Ela Paredes Bromfield, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. Hechos Probados de la Instancia “Único.- En fecha diecisiete de octubre del año dos mil trece entre doce y una de la tarde en la casa de habitación donde residía el señor Orlando Castañeda Perdomo, en la aldea de Tejeras municipio de Talgua Lempira, ingresaron sin la debida autorización los policías Pablo Edgardo Alvarenga Espinal Jorge Andrés Pineda Tejeda y Rubén de Jesús Reyes Benítez.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos EL recurrente Abogado Noé Nazareth Burgos Herrera, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DE MOTIVOS ÚNICO MOTIVO: Que al haber dictado el Juzgador. Sentencia condenatoria contra PABLO GERARDO ALVARENGA ESPINAL, JORGE ANDRE PINEDA TEJADA Y RUBEN DE JESUS REYES BENITEZ, lo hizo valorando la prueba inobservando las Reglas de la Sana Critica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Al examinar la sentencia ya referida observamos que adolece de vicio in procedendo, pues infringe el Artículo 202 del Código Procesal Penal, que estable “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción alorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, en virtud que el juzgador al momento de dictar sentencia condenatoria en fecha veinticinco de enero del año dos mil diecisiete respecto a mis poderdantes PABLO GERARDO ALVARENGA ESPINAL, JORGE ANDRE PINEDA TEJADA Y RUBEN DE JESUS REYES BENITEZ, lo hizo vulnerando la Regla lógica en su principio de Derivación, en su apartado de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollo: Para el sentenciador el hecho controvertido en el juicio fue precisamente la participación de los acusados y que la prueba del Ministerio Publico resulto suficiente para acreditar la misma, habida cuenta que la testigo YENI YOSELIN CASTAÑEDA FUNES sostuvo que en dicha casa funciona una pulpería y que hay un billar para que juegue su padre y los familiares y que fue el Señor WALTER GUERRERO INTERIANO quien ingreso hasta la habitación y saco una arma mini uzi, en tal sentido no es posible establecer sin lugar a dudas que los procesados sean autores de las acciones objeto de procesamiento. Ante esta premisa, no podemos obviar que el juzgador posea cierto grado de incipiente valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en “que la prueba de cargo es suficiente para establecer que los imputados participaron en los hechos por los cuales se les incoo proceso”; sin embargo, al juzgador nuestra norma adjetiva le manda que debe ir más ala, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito no sucede. Se presentó como prueba de descargo las declaraciones de los propios imputados los señores PABLO GERARDO ALVARENGA ESPINAL, JORGE ANDRE PINEDA TEJADA Y RUBEN DE JESUS REYES BENITEZ: PABLO GERARDO ALVARENGA ESPINAL: Quien entre otras cosas manifiesta lo siguiente: en fecha diecisiete de octubre del año dos mil trece yo me encontraba en la oficina de investigación de aquí de la jefatura trece de Gracias Lempira cuando en su momento llego el oficial Walter Guerrero a pedirme apoyo que tenía una misión, que tenía que hacer al sector de Talgua, Lempira, a la aldea de Tejeras el manifestó que tenía información de que en dicho lugar habían unos individuos armados y que iban a verificar dicha investigación por lo que fuimos en un vehículo propiedad de la municipalidad de Talgua, Lempira a hacer dicha diligencia en compañía de varios compañeros de policía de la preventiva, una vez en el lugar llegando a la aldea las Tejeras observe que el oficial se bajó del carro se fue corriendo allí e ingreso a una vivienda a una casa de habitación, MI PERSONA Y OTROS COMPAÑEROS NOS QUEDAMOS AFUERA ya que afuera de la casa habían otros ciudadanos, allí varias personas que estaban ahí con machete en mano, los requerimos y les dijimos que se pusieran los machetes a un lado, ahí nos quedamos ahí con ellos luego el oficial vimos que ingreso a la casa luego por una ventana dijo que había encontrado una arma, pero en ningún momento ingresamos al interior de la casa, llegamos hasta donde había una mesa de billar, ya que él había ingresado. En ningún momento ingrese a dormitorios o habitaciones: JORGE ANDRE PINEDA TEJADA: Manifiesta: El jueves diecisiete de octubre de dos mil trece nos dirigimos hacia el municipio de Talgua al mando del Inspector Walter Guerrero, salimos dela Jefatura los policías mi persona, el policía Pablo Alvarenga, la policía Karen Hernández ella se quedó en la posta de Villami y nos llevamos al policía Rubén Reyes llegando a Talgua Comenzamos un patrullaje en el carro de la municipalidad llegamos a la casa del señor Orlando Castañeda miramos un billar el oficial estaciono el vehículo y dijo que procediéramos a registrar dicho lugar EL ENTRO NOSOSTROS NOS QUEDAMOS AFUERA ubicados en cada esquina de la casa, entrando el al billar, no puedo decir si entraría a las habitaciones pero ahí se observó una arma por una ventana le dijo al compañero Pablo que fuera y le entregó el arma y después la fue a dejar al vehículo una arma mini uzi, después nos dirigimos a Talgua, llamo y estaba reportando que había encontrado dicha arma me imagino que fue al jefe Departamental al que le reporto estaba mi Comisario Zavala. RUBEN DE JESUS REYES BENITEZ: Quien manifiesta: el Diecisiete de octubre del dos mil trece me encontraba asignado en la sub estación Villami y me llamo el Inspector Guerrero era el Jefe de operaciones me ordeno que me equipara y que le diera apoyo policial porque iban a una misión especial donde él no me manifestó a donde iba por medidas de seguridad y llegando al lugar de los hechos supuestamente había una banda que era dirigida por un señor que se llama Orlando Castañeda, en ese sector estaban habiendo muchas muertes, yo fui en condición de apoyo la operación la dirigía el oficial que ahora es occiso, yo iba en apoyo con el cuándo allano la propiedad del señor Orlando Castañeda, yo iba como seguridad con él. QUE NO VIO QUE INGRESARA OTRO DE SUS COMPAÑEROS SOLO EL INSPECTOR GUERRERO Y QUE EL SE QUEDO AFUERA PORQUE ANDABA DE SEGURIDAD DE EL. Dicho lo anterior y siendo que la motivación del fallo puede conceptuarse como un derecho fundamental pues ello permite controlar, prevenir o corregir la arbitrariedad en la toma de decisiones tan importantes como aquellas que se adoptan en un proceso penal y considerando que la declaración de hechos probados constituye la base o el cimiento sobre el cual se construye la sentencia penal y dado que los hechos declarados probados en la sentencia recurrida no reúnen los requisitos legales exigidos para ello, por lo que solicito se case la sentencia recurrida se anule el fallo y se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para que la causa sea tramitada con arreglo a derecho. En relación a lo anterior es importante señalar que solamente la declaración de la testigo YENI YOSELIN CASTAÑEDA FUNES en su declaración, su dicho no es Creíble en su totalidad, y posteriormente dice que todos ingresaron s, ya que si bien es cierto manifiesta que solo ingreso el oficial Walter Guerrero y saca el arma uzi y posteriormente dice que si ingresan todos ala pulpería y billar que estaba abierta; circunstancia esta que fue acreditada por las declaraciones de los imputados PABLO GERARDO ALVARENGA ESPINAL, JORGE ANDRE PINEDA TEJADA Y RUBEN DE JESUS REYES BENITEZ y las declaraciones de cada uno de los imputados los cuales fueron congruentes; en tal sentido es importante resaltar la opinión de la sala de lo penal a través del fallo CP19 8-2008 de fecha 29 de septiembre del año 2009; sobre la credibilidad de los testigos descrita en los siguientes términos: “Esta sala de lo Penal reconoce que la credibilidad se rige en problema fundamental y complejísimo en materia testifical donde ha de determinarse por el Juez tanto la credibilidad general del testigo (o sea, si merece crédito en principio por sus condiciones morales e intelectuales) como la especial en el asunto que se trate (o sea, silo conoce y sea sincero). En cuanto a la credibilidad general ha de precisarse en primer termino, si existe, o no algunas de las causas generales que la supriman: la mitomanía o tendencia a mentir, la ausencia de lucidez mental, la falta de serenidad para declarar. En cuanto a la credibilidad especial, el Juez ha de basarse en las reglas generales de la sana crítica, en los antecedentes del testigo y sobre todo en la corre que acción los testimonios con las demás pruebas. Cabe por otro lado referirse a la percepción como el acto mediante el cual se recibe en la mente la imagen o cosa del acontecimiento. Es el primer elemento del cual parte el proceso psíquico del testimonio, esto es la fuente de donde surge. Para que la percepción se verifique eficazmente en el sentido de aprender la cosa o el acontecimiento tales como son, y dar fe de ello al Juez para que forme su convencimiento frente a una teoría del caso presentada por las partes, es necesario el análisis de varias situaciones que la pueden afectar y que por ello se dice que hay limitaciones que la pueden afectar, como pueden ser otras: 1) El estado de salud y facultades mentales (drogas, alcohol intoxicación), La edad, sexo e inteligencia, 3) Las deficiencias en los órganos de los sentidos, 4) El influjo de la profesión en los poderes de la percepción, 5) La utilización de uno solo de los órganos de los sentidos, 6) El estado de interés o atención, 7) La novedad o familiaridad con que la percibió, 8) El carácter imperado del suceso percibido, 9) La ubicación del testigo, 10) La realización de una actividad inicial que distrajo la atención 11) el movimiento o cambio del objeto percibido, etc...” ( ) dicha posición es congruente con el caso que nos ocupa, en el sentido de lo manifestado por la Testigo YENI YOSEL1N CASTAÑEDA FUNES y la declaración de los imputados PABLO GERARDO ALVARENGA ESPINAL, JORGE ANDRE PINEDA TEJADA Y RUBEN DE JESUS REYES BENITEZ al manifestar que llegaron a una pulpería billar que estaba abierta y que nunca ingresaron a la habitación y que les consta por haber estado en dicho lugar, además de su espontaneidad en verter los mismos y como ya lo expresamos la correlación de sus declaraciones con los demás elementos probatorios. Por todo lo anterior, concluimos que el A-Quo en la sentencia vulnera la regla de la lógica de la Derivación en su apartado de suficiencia que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cumulo indefectible desembocan en una conclusión de condenar o absolver a los enjuiciados pues de la prueba evacuada se desprende que si bien es cierto los señores PABLO GERARDO ALVARENGA ESPINAL, JORGE ANDRE PINEDA TEJADA Y RUBEN DE JESUS REYES BENITEZ, estuvieron el día de los hechos en la pulpería y billar propiedad del sr. ORLANDO CASTANEDA, los mismos no ingresaron en ningún momento a dicha habitación por lo cual no han tenido participación alguna en el delito de ALLANAMIENTO DE MORADA, establecido en el artículo 203 del código penal. En consecuencia esta parte recurrente es del firme criterio que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la sana critica que debe observar el Juzgador, al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el Artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba en una forma armónica y concatenada, pues se dedica a efectuar apreciaciones que se encuentran fuera del marco legal, ya que todos los elementos probatorio fueron complementarios entre si y así poder establecer que mis representados no han tenido participación en los hechos; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; *Concepto de la infracción expuesto: Al haber dictado la juzgadora sentencia condenatoria, lo hizo valorando la prueba inobservando las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, pues el vicio se produce en el acto de la sentencia. *Pretensión: Case la sentencia recurrida y se anule el fallo. Denuncia la recurrente, que la norma manda a los sentenciadores que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual no ha sucedido, para luego transcribir lo dicho por los acusados haciendo uso de su derecho material de defensa, para concluir que el a quo vulnera la regla de la lógica de la derivación en su apartado de suficiencia. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Cuando se interpone un recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; debe, como labor primera, identificar qué regla de la sana crítica es la infringida. (Ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, el recurrente deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, no tiene la cualidad de respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. Sucede, en el caso actual, que el recurrente no interpone un recurso que identifique en primer término el postulado intelectivo que considera infringe la regla de la lógica como cita en su recurso, pues se limita a hacer alegatos propios de instancia en relación a la declaración de los acusados tales como: “…es importante señalar que solamente la declaración de la testigo YENI YOSELIN CASTAÑEDA FUNES en su declaración, su dicho no es Creíble en su totalidad, y posteriormente dice que todos ingresaron s, ya que si bien es cierto manifiesta que solo ingreso el oficial Walter Guerrero y saca el arma uzi y posteriormente dice que si ingresaron todos a la pulpería y billar que estaba abierta; circunstancia esta que fue acreditada por las declaraciones de los imputados …”. Estos alegatos no son potenciales para que esta Sala de lo Penal determine si la valoración probatoria es respetuosa o no de las reglas de la sana crítica. Resta aún más eficacia al recurso, el que el censor realice una valoración probatoria alternativa de la prueba, pues esa función valorativa compete única y exclusivamente al Tribunal de Sentencia (Artículo 336 del Código Procesal Penal), quien realiza los principios de contradicción, inmediación, publicidad, oralidad y defensa que rigen la actividad de la prueba. El censor no puede pretender, con éxito, que su recurso prospere determinando desde su particular visión cuál es el alcance conviccional que tiene un medio de prueba, pues esa labor compete al sentenciador, quien alcanza un estado intelectivo -negativo o positivo- en relación a la prueba, y justifica motivadamente las razones por las cuales llegó a esa conclusión. El censor del fallo hace alegatos recursivos que no logran en manera alguna identificar, explicar y comprobar la lesión a las reglas citadas como infringidas, pues son simples alegatos que cuestionan la prueba evacuada en el debate y no así el razonamiento judicial. Al haber sido estas las cuestiones objeto de impugnación, la Sala de lo Penal deviene obligada a desestimar el recurso. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su único motivo; interpuesto por el Abogado Noé Nazareth Burgos Herrera, actuando en su condición de defensor privado de los señores Pablo Gerardo Alvarenga Espinal, Jorge Andrés Pineda Tejada y Rubén de Jesús Reyes Benítez. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinticinco de enero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de los señores Pablo Gerardo Alvarenga Espinal, Jorge Andrés Pineda Tejada y Rubén de Jesús Reyes Benítez, como responsables penalmente a título de autor material de Allanamiento de Morada, en perjuicio del señor Orlando Castañeda Perdomo. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-183-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL