Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-182-17 — Registro 11523

Resumen

en primera instancia se condenó a la imputado como autora responsable penalmente de un delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras. Resolviendo en segunda instancia No HA Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Conforme los hechos declarados probados (transcritos ut supra), durante el periodo comprendido de agosto a diciembre del año dos mil once, la acusada laboró como médica forense adscrita a la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. Teniendo entre sus obligaciones, realizar las evaluaciones en distintas áreas de la medicina, de las personas que demandaban de atenciones de esa entidad, llenar los protocolos respectivos y la emisión de los dictámenes correspondientes de las pericias practicadas; es de recordar, que el tipo penal aludido es de omisión propia, cuya conducta criminosa se da cuando el empleado o funcionario público conscientemente deja de hacer cualquier acto administrativo, que se encuentra obligado a ejecutar como parte de sus funciones, siendo indiferente si con tal omisión se produce o no algún resultado. En el apartado segundo del cuadro fáctico, se describe que la acusada no finalizó doscientos diecinueve dictámenes de diferentes tipos de evaluaciones médicas, pericias que realizó con ocasión a su cargo, quien obvió, aun y cuando, las autoridades de la Dirección de Medicina Forense le solicitaron de manera verbal y escrita finalizara los mismos. Estos hechos declarados probados, encuadran en el tipo penal de Violación de las obligaciones y deberes de los funcionarios, tipificado en el artículo 349.3 del Código Penal, siendo su autor la acusada Janina Bandy Nasisf, como médico forense adscrita a la Dirección de Medicina Forense, ello como consecuencia de una conducta criminosa, al no realizar los actos encomendados en virtud de estar dentro de sus funciones inherentes a su cargo, no referimos al no finalizar doscientos diecinueve dictámenes de diferentes tipos de evaluaciones médicas; omisión que de acuerdo al cuadro fáctico no se describe que fue a consecuencia de una imposibilidad material justificable. El Recurrente, argumenta la inexistencia de las características de omitir, reusar y retardar en la declaración de hechos probados; tal argumento no es atendible, al evidenciarse los verbos rectores en la descripción fáctica, para el caso, el de omitir implica dejar de realizar el acto de manera definitiva, lo cual ocurrió con los doscientos diecinueve dictámenes, el de rehusarse, pues, aun con la solicitud de las autoridades superiores de la acusada, mostro una conducta negativa de finalizar los dictámenes en mención que automáticamente ha provocado un retraso; que aun conociendo la acusada sus funciones inherentes a su cargo, no ha cumplido. Es de considerar adicionalmente que el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios es un tipo penal de mera actividad por cuanto su consumación acontece con la sola omisión, renuencia o retardo del acto funcional, sin importar si existe o no resultado dañoso; En el caso de mérito la conducta reprochada es porque la acusada no finalizo doscientos diecinueve dictámenes omitiendo para ello observar los deberes en relación a su cargo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 182-2017, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a la señora Janina Bandy Nasif, como autora responsable penalmente de un delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión; además condenó a las penas accesorias de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena principal e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, inhabilitación que recae en la incapacidad de laborar por seis años en la Administración Pública y en el derecho político de elegir y ser electo. SEGUNDO: Declaró la responsabilidad civil de la condenada. TERCERO: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. CUARTO: No procede declarar el comiso al no haberse puesto ninguna pieza de convicción o ejecución a la disposición del Tribunal. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado Carlos Adonay Reyes Torres, actuando en su condición de defensor privado de la señora Janina Bandy Nasif. Son partes en única instancia: El Abogado Carlos Adonay Reyes Torres, defensor privado, en su condición de recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“PRIMERO: En el período comprendido de agosto dos mil diez a diciembre del dos mil once, la doctora JANINA BANDY NASISF, laboró como medica forense adscrita a la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. Teniendo entre sus obligaciones, realizar las evaluaciones en distintas áreas de la medicina, de las personas que demandaban de atenciones de esa entidad; llenar los protocolos respectivos y la emisión de los dictámenes correspondientes de las pericias practicadas. SEGUNDO: Durante el período laboral antes descrito, la doctora Bandy Nasisf, no finalizó doscientos diecinueve (219) dictámenes de diferentes tipos de evaluaciones médicas, de pericias que realizó con ocasión de su cargo. Posteriormente las autoridades de la Dirección de Medicina Forense de esta ciudad, le solicitaron de manera verbal y escrita finalizara los mismos, lo cual fue obviado por la acusada.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Carlos Adonay Reyes Torres, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DE MOTIVO POR INFRACCION DE LEY.- MOTIVO UNICO: Infracción de Ley por aplicación indebida del artículo 349, del Código penal vigente, en relación con el artículo 90 párrafo 1 de la Constitución de la República.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto autorizante es el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal.- CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN.- El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: desde la época del iluminismo y con precursores como Voltaire, Jeremías Bentan, y Becaria, se tomó el principio de legalidad como incorporado al procedimiento criminal aplicando el aforismo “nullun crimen nulla pena sine lege”; el artículo 349 del Código Penal Vigente dice: “... Será castigado con reclusión de tres a seis años e inhabilitación especial por doble tiempo que dure la reclusión el funcionario público que: ...3) omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo...”.- Como se desprende del contenido del artículo anterior, es preciso la concurrencia DENTRO DE LA FUNCION PUBLICA QUE DESEMPEÑABA Ml REPRESENTADA, alguna de las circunstancias señaladas para calificar la acción delictiva como Violación a los Deberes de los Funcionarios, y que estas sean producto de la capacidad de autodeterminación de la acusada, tales características son Omitir, Reusar y retardar.- El Honorable Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, al emitir su fallo, contra mi defendida la Doctora JANINA BANDY, estimo y declaro probados los hechos en la forma siguiente: “...PRIMERO: En el periodo comprendido de agosto del dos mil diez a Diciembre del dos mil once, la doctora JANINA BANDY NASISF, laboro como medica forense adscrita a la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes. Teniendo entre sus obligaciones, realizar las evaluaciones en distintas áreas de la medicina, de las Personas que demandaban de atenciones en esa entidad; llenar los protocolos respectivos y la emisión de los dictámenes correspondiente de las pericias practicadas.-... SEGUNDO: Durante el periodo laboral antes descrito, la doctora BANDY NASISF, no finalizo doscientos diecinueve (219) dictámenes de diferentes tipos de evaluaciones médicas, de pericias que realizo con ocasión de su cargo. Posteriormente las autoridades de la Dirección de Medicina Forense de esta ciudad, le solicitaron de manera verbal y escrita finalizara los mismos, lo cual fue obviado por la acusada...”.- Como se desprende, de la declaración de hechos estimados y declarados probados por ese Tribunal de Sentencia, no se establece que la encausada JANINA BANDY, haya actuado con dolo o culpa para constituir alguna de las circunstancias que configuran el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios, más bien es cierto que la encartada actuó con diligencia durante ejerció el cargo público que ostentaba y esto es así porque en ningún momento se probó que a mi representada se le haya hecho llamado de atención alguno por las circunstancias antes señaladas durante estuvo laborando como médico forense, pues como manifestó la testigo de cargo MARIA CELESTE RODRIGUEZ, mi representada fue despedida PORQUE SE VENCIO SU CONTRATO (Ver página 3 frente del Acta de Juicio, reglón 31), y más bien los reclamos a que hace referencia el tribunal fueron posteriores a su despido, es decir cuando ella ya no ostentaba cargo público, como lo establece el tribunal en los hechos probados “...SEGUNDO:… Posteriormente las autoridades de la Dirección de Medicina Forense de esta ciudad, le solicitaron de manera verbal y escrita finalizara los mismos, lo cual fue obviado por la acusada.”.- Lo que realmente sucedió, fue que la dirección de Medicina Forense, despidió de manera ilegal y arbitraria a mi representada (Razón por la cual la sala Laboral de esta honorable Corte Suprema, ratifico el reintegro a su puesto de Trabajo) y para curarse en salud la Directora de Medicina Forense en ese momento presento una denuncia contra la doctora Bandy, de manera coercitiva, para que mi representada compareciera a ratificar dictámenes a juicios orales, terminar el trabajo que había quedado inconcluso por haber sido despedida de manera abrupta, pretendiendo de esa forma que mi representada ejecutara una función pública, cuando ya había sido despojada incluso del carnet que la identificaba como Medico Forense y que le permitía el acceso a las instalaciones de Medicina Forense y a los diferentes Hospitales.- Si la pretensión de la Dirección de Medicina Forense era que mi representada siguiera ejerciendo el cargo Público, lo que debieron haber hecho era ampliar su contrato mediante Adendum, con el propósito de que se finalizara todo lo que quedo pendiente al momento de su despido abrupto e ilegal que le imposibilitaba tener acceso a toda la logística necesaria para realizar los dictámenes o ratificar los mismos.- Al analizar lo sucedido en todo su contexto se puede observar que lo que sucedió fue, que al momento de despedir a la doctora Bandy, existía una carga Laboral excesiva (por el aumento de la criminalidad en nuestro país), que se retrasaba aún más cuando para terminar los dictámenes se necesitan análisis cardiacos, de rayos Xs y laboratorio, que en ocasiones son enviados a Tegucigalpa y que tardan un mes o más en llegar, aparte de esto los dictámenes van a revisión las veces que sea necesario, según aseguro la testigo de cargo antes relacionada (página 3 vuelto del acta de juicio), en este punto para configurar el delito debe haber un acto voluntario (conducta humana) que traiga como consecuencia el descuido o negligencia de la encartada para que se configuren las circunstancias de omitir, rehusar o retardar el acto obligado según lo establecido en el artículo 349 numeral 3 del código penal.- El Dr. EUGENIO RAUL ZAFFARONI, en su libro MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL pág. 341, Define el Delito como: “... toda conducta típica, antijurídica y culpable...”. Y nos dice que esta definición de delito, nos da el orden en que debemos formulamos las preguntas que nos sirvan para determinar en cada CASO CONCRETO si hubo o no delito. En primer lugar dice el doctor Zaifaroni, debemos preguntarnos si hubo conducta, porque si falta el carácter genérico del delito nos hallamos ante un supuesto de ausencia de conducta y no cabe preguntar más. (Principio NULUM CRIMEN SINE CONDUCTA o NO HAY DELITO SIN CONDUCTA). Como el delito imputado es el de violación Deberes de los Funcionarios. importante conocer que el articulo uno (01) de la CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCON, define la ACTIVIDAD PUBLICA, “...como toda actividad temporal o permanente, remunerada u honorifica, realizada por una persona natural en nombre del estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos...- En ese sentido y probado que efectivamente mi representada se desempeñó como médico forense del Ministerio Publico en San Pedro Sula, Cortes, lo que sigue es determinar en qué consiste la violación a su deber de funcionaria pública, es decir si efectivamente dejo inconclusos los dictámenes por hechos imputables a ella, durante el ejercicio de su función pública.- Así las cosas en relación al concepto antes citado, de los Hechos Probados se desprende, que mi representada no incurrió en ninguna violación a sus deberes durante laboro para Medicina Forense.- En ese sentido el artículo 70 de nuestra Constitución en el párrafo tercero nos dice: “... ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente. Sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley..”, entendiéndose que NO se puede pretender que mi representada termine o corrija dictámenes o ratifique estos en juicio de manera gratuita, ya que su contrato expiro el 31 de Diciembre del 2011, y pretender lo contrario es ir contra lo que nuestra constitución establece.- Además EL CONVENIO RELATIVO A LA ABOLICION DEL TRABAJO FORZOSO, ratificado por decreto 39 de fecha 10 de marzo de 1958, en su artículo uno (01) dice: “...todo miembro de la organización internacional del trabajo que ratifique & presente convenio se obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio....” ..c) como medida disciplinaria… POR LO QUE DESPUES DE UN ANALISIS DOGMATICO DE LA PRESENTE CAUSA, se comprende que el Ministerio Publico, no debía pretender que mi representada desempeñara una labor coaccionándola atraves de la presentación de un requerimiento FISCAL, ni el Tribunal de Sentencia debió condenarla por hacer valer sus garantías constitucionales. En el fallo del Honorable Tribunal de sentencia, no establece en los hechos estimados y declarados probados la CONDUCTA típica, antijurica y mucho menos la culpabilidad de mi representada y no aparece como hechos probados, porque simplemente a mi defendida cuando ejerció su Función Pública, nunca se le realizo Reclamo alguno por el desempeño de su labor a la cual se le puso fin por la terminación de su contrato y no por otra causa que legitimara su separación de Medicina Forense, ya fuera por omitir, rehusar o retardar su trabajo, por lo que nunca se tipificarían dichos hechos como Violación a los deberes de los Funcionarios y no podía obligársele a realizar trabajo sin remuneración de manera coercitiva sin apego a la ley.- En consecuencia considero que el tribunal de Sentencia incurrió en violación por aplicación indebida del articulo 349 numeral 3 del código penal vigente, y en su sentencia no queda claro si se califica una Omisión o una Acción o Ambas como violación a los Deberes de los Funcionarios, y que en estricto derecho es una conducta atípica en cuanto a dicho delito.- En consecuencia considero violación por aplicación indebida del artículos 349 numeral 3 del código penal vigente, en relación con el artículo 90 párrafo 1 de la Constitución de la República. RECLAMACIONES HECHAS PARA LA SUBSANACION DE LA FALTA.- Se aclara al Tribunal de Alzada, que en virtud de haberse producido el vicio en el propio acto del sentenciador, después de CLAUSURADO el Debate Oral y Público, No ha sido posible reclamar su Subsanación. Por ende y por las razones antes expuestas, La defensa privada solicita se admita este MOTIVO, y consecuentemente se case el fallo Censurado.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. *Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 349 numeral 3 del Código Penal en relación con el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del artículo que contiene el tipo penal de Violación a los deberes de los funcionarios. *Pretensión: Case fallo censurado. Señala el recurrente que se desprende del contenido del artículo 349 numeral 3 del Código Penal, ser preciso para la concurrencia dentro de la función pública que desempeñaba su representaba, alguna de las circunstancias señaladas para calificar la acción delictiva como Violación a los deberes de los funcionarios que estas sean producto de la capacidad de autodeterminación de la acusada, tales características son omitir, reusar y retardar, que de la narración de los hechos probados no se establece la conducta típica, antijurídica y mucho menos la culpabilidad. Del Delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios. El Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, agrupa una serie de tipos penales que tienen como objeto la salvaguarda del bien jurídico Administración Pública, el cual debe conceptualizarse para efectos penales como el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado Social de Derecho. Entre los delitos en contra de la Administración Pública tenemos el contenido en el artículo 349 del Código Penal, el cual tipifica cinco supuestos criminosos, constituyendo Abuso de Autoridad los señalados en los numerales 2 y 5; y Violación de los Deberes de los Funcionarios, los señalados en los numerales 1, 3, 4, y último párrafo. Puntualmente este último delito, es un tipo penal de omisión propia cuya conducta criminosa se da cuando el empleado o funcionario público, conscientemente deja de hacer cualquier acto administrativo que se encuentra obligado a ejecutar como parte de sus funciones, aun cuando estaba en posibilidad de realizarlo, siendo indiferente si con tal omisión se produce o no algún resultado. La obligación de realizar el acto puede provenir de una ley, un reglamento, disposición administrativa de carácter general u orden de autoridad competente de índole particular. Son elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto Activo: Empleado o Funcionario Público, entendiéndose como tal a toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de las funciones públicas o desempeñe un cargo o empleo público, según lo prevé el artículo 393 del Código Penal; 2 Sujeto Pasivo: Lo constituye el Estado de Honduras; 3. Conducta Criminosa: a. Deber de realizar el acto, lo que implica que el mismo ha de ser lícito y que el funcionario o empleado público esté obligado a realizarlo en virtud de estar dentro de las funciones inherentes a su cargo; b. Posibilidad material de realizar el acto, de modo que la omisión no sea a consecuencia de una imposibilidad material que justifique su no realización; c. Omitir, rehusar o retardar el acto obligado. 4. Verbos rectores: Omitir, Rehusar o Retardar un acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo: a. Omitir implica dejar de realizar el acto de manera definitiva; b. Rehusarse lleva la condición no solo de omitir el acto, sino de manifestar abiertamente su negativa de realizarlo como respuesta al ser requerido para su ejecución; c. Retardar, implica adoptar una conducta omisiva durante el tiempo en que se espera se realice el acto, es decir no realizar el acto durante el plazo o termino previsto por la ley, reglamento, disposición u orden o dentro del tiempo en que aquel sería útil, sino que se espera el vencimiento de este tiempo para realizarlo posteriormente. Como elementos subjetivos, el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, que implica el conocer las funciones que debe cumplir el empleado o funcionario público, el conocimiento de su obligación de realizar dicho acto, conocimiento del plazo o tiempo en que debe realizar el mismo y voluntad libre de no realizarlo. El tipo penal en estudio se caracteriza por ser un tipo penal abierto, por cuanto el acto omitido, rehusado o retardado dependerá del marco de atribuciones del empleado o funcionario público a determinar en cada caso concreto bajo el estricto amparo del principio de legalidad, además es un tipo penal de mera actividad por cuanto su consumación acontece con la sola omisión, renuencia o retardo del acto, sin importar si existe o no resultado dañoso. [1] De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Conforme los hechos declarados probados (transcritos ut supra), durante el periodo comprendido de agosto a diciembre del año dos mil once, la acusada laboró como médica forense adscrita a la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. Teniendo entre sus obligaciones, realizar las evaluaciones en distintas áreas de la medicina, de las personas que demandaban de atenciones de esa entidad, llenar los protocolos respectivos y la emisión de los dictámenes correspondientes de las pericias practicadas; es de recordar, que el tipo penal aludido es de omisión propia, cuya conducta criminosa se da cuando el empleado o funcionario público conscientemente deja de hacer cualquier acto administrativo, que se encuentra obligado a ejecutar como parte de sus funciones, siendo indiferente si con tal omisión se produce o no algún resultado. En el apartado segundo del cuadro fáctico, se describe que la acusada no finalizó doscientos diecinueve dictámenes de diferentes tipos de evaluaciones médicas, pericias que realizó con ocasión a su cargo, quien obvió, aun y cuando, las autoridades de la Dirección de Medicina Forense le solicitaron de manera verbal y escrita finalizara los mismos. Estos hechos declarados probados, encuadran en el tipo penal de Violación de las obligaciones y deberes de los funcionarios, tipificado en el artículo 349.3 del Código Penal, siendo su autor la acusada Janina Bandy Nasisf, como médico forense adscrita a la Dirección de Medicina Forense, ello como consecuencia de una conducta criminosa, al no realizar los actos encomendados en virtud de estar dentro de sus funciones inherentes a su cargo, no referimos al no finalizar doscientos diecinueve dictámenes de diferentes tipos de evaluaciones médicas; omisión que de acuerdo al cuadro fáctico no se describe que fue a consecuencia de una imposibilidad material justificable. El Recurrente, argumenta la inexistencia de las características de omitir, reusar y retardar en la declaración de hechos probados; tal argumento no es atendible, al evidenciarse los verbos rectores en la descripción fáctica, para el caso, el de omitir implica dejar de realizar el acto de manera definitiva, lo cual ocurrió con los doscientos diecinueve dictámenes, el de rehusarse, pues, aun con la solicitud de las autoridades superiores de la acusada, mostro una conducta negativa de finalizar los dictámenes en mención que automáticamente ha provocado un retraso; que aun conociendo la acusada sus funciones inherentes a su cargo, no ha cumplido. Es de considerar adicionalmente que el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios es un tipo penal de mera actividad por cuanto su consumación acontece con la sola omisión, renuencia o retardo del acto funcional, sin importar si existe o no resultado dañoso; En el caso de mérito la conducta reprochada es porque la acusada no finalizo doscientos diecinueve dictámenes omitiendo para ello observar los deberes en relación a su cargo. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo; interpuesto por el Abogado Carlos Adonay Reyes Torres, actuando en su condición de defensor privado de la señora Janina Bandy Nasif. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de la señora Janina Bandy Nasif, como autora responsable penalmente de un delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero del dos mil veintiuno. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-182-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

1 de 11

[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 71-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 17 de enero de 2013.