Sentencia CP-181-17 — Registro 11519
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Violación Especial. Resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto, por una parte, es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal, para ello, el legislador a previsto tres tipos de recursos de casación: Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de las Formas Procesales. En una debida técnica recursiva, el censor en primer lugar debe precisar el tipo de recurso de casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere adolece la sentencia que impugna, seguidamente debe de explicar los defectos legales y materiales que provoca el vicio mediante el desarrollo de motivos, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste. Tratándose particularmente del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el recurrente deberá: 1. Justificar la interposición del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, (recurso ordinario), como consecuencia de la falta de previsión del vicio a denunciar en las causales previstas en los recursos de casación por Infracción de Ley, de doctrina legal o de quebrantamiento de forma (recursos extraordinarios). Es pues que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional deberá de ser planteado siempre en defecto de la imposibilidad de interponer aquellos recursos que de manera especial prevén el vicio que se pretenda denunciar; 2. Indicar la norma constitucional o del bloque constitucional que se considere ha sido violada por: inobservancia, indebida aplicación, indebida interpretación o aplicación con alcances restrictivos no contemplados en ella; 3. Exponer de manera clara y precisa el vicio denunciado, como éste se relaciona con la norma constitucional o del bloque constitucional que se considera violentada y principalmente cuales son los efectos legales y necesariamente materiales de dicha violación; 4. En el caso de que el vicio sea de carácter procesal penal, el censor deberá de enumerar los remedios legales o materiales intentados para subsanar o sanear el vicio; 5. Expresión clara de la pretensión perseguida con la interposición del recurso; tal pretensión deberá de ser consecuente con la naturaleza de la norma constitucional o de bloque constitucional y con el vicio denunciado. En todos los casos será indispensable que el censor sea claro en su exposición y preciso en su argumentación, por ello, en caso de considerar la violación de más de una norma constitucional o del bloque constitucional y/o la concurrencia de más de un vicio, deberá de hacer la denuncia con la debida separación de cada uno de sus argumentos, a efecto de que se distinga con claridad cada uno de ellos y las consecuentes pretensiones. En el caso subjudice, el recurrente presenta un recurso sin ninguna técnica, alega vulneración de la presunción de inocencia, sin desarrollar en su recurso, si ese agravió se ha debido a: 1) Ilicitud de la prueba; 2) Indebido proceso probatorio; 3) Indebida motivación; 4) Indebido razonamiento probatorio; 5) Insuficiencia carga probatoria. Menos se evidencia en el escrito del recurso, cuál de las normas contenidas en el Código Procesal Penal, para ser más específico, las señaladas en el título IV de su libro tercero que contiene la sustanciación de la etapa de juicio y en particular el debate han sido transgredido para invocar la violación al debido proceso legal; de lo que se ocupa el recurrente, es de exponer lo declarado por los testigos de cargo, que junto al resto de prueba, no resulta posible quebrantar el estado de inocencia, menos el debido proceso, todo a partir de una valoración personal y subjetiva. Para la Sala de lo Penal es claro que el recurrente acude al motivo referido como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria (revisio de facto) como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren la prueba, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces de la Instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única Instancia, todo ello impropio. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica Por otra parte el recurrente no realizó la debida separación de sus argumentos dado que bajo un mismo título hace denuncia de varios vicios diferentes (Inocencia y debido proceso); suma el hecho, de no hacer una exposición científica del porque considera que cada una de las normas constitucionales enumeradas han sido violentadas, sino que solamente hace alusión de las mismas de manera abstracta y poco inteligible. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que ésta no fue debidamente definida por el recurrente, esto por una deficiente técnica recursiva..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único motivo. *Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por el recurrente. *Concepto de la infracción expuesto: La sentencia carece de una valoración realizada conforme a las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente. *Pretensión: Anular la sentencia dictada. Luego de transcribir el cuadro fáctico, el censor refiere, que la ofendida I. Y. dejo establecido en audiencia de debate “que no recuerda nada de lo que paso” “quien le contó lo sucedido fue su hermana” y “antes de ver a cualquier persona no sintió haber tenido relaciones sexuales”; a juicio del recurrente, esas manifestaciones de la ofendida, deja mucho que desear y genera dudas si realmente ocurrió el hecho denunciado, si bien el tipo penal enjuiciado en la mayoría de casos, no permite testigos oculares, por ello, a su pensar, es imprescindible conocer de viva voz de la ofendida lo acontecido, que la evaluación médica tampoco orienta al juzgador para dar como hecho probado que la ofendida haya sido accesada carnalmente por su representado. Concluye, no pudo configurarse los elementos necesarios para condenar a su representado, pues en la evacuación de los medios de prueba no hubo ninguna prueba ni directa, ni indiciaria que brindara un cuadro fáctico; no obstante, el tribunal viola las reglas de la sana crítica en su principio de derivación por razón suficiente, al carecer la declaración del testigo Alexis Romario Ávila García de prueba periférica para consideralo como hecho probado. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que:“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) LAS REGLAS DE LA PSICOLOGÍA. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) LAS REGLAS DE LA LÓGICA. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. EL ÚNICO MOTIVO NO ES DE RECIBO. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma, planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación, ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente no en pocos casos el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual, el recurrente hace alegatos propios de instancia, procede a realizar una valoración subjetiva y alternativa de las declaraciones testificales y periciales evacuadas en sesión de juicio e invita a esta Sala Casacional a realizar una valoración probatoria sustitutiva de la realizada en instancia. El censor del fallo señala “que las manifestaciones de la ofendida, deja mucho que desear y genera dudas si realmente ocurrió el hecho denunciado” no es al recurrente que debe generar duda la prueba evacuada, es a los juzgadores; continuó señalando: “no pudo configurarse los elementos necesarios para condenar a su representado, pues en la evacuación de los medios de prueba no hubo ninguna prueba ni directa, ni indiciaria que brindara un cuadro fáctico”, lo anterior genera una valoración subjetiva del recurrente, resultando argumentos que estimulan a esta sala de lo penal a una revaloración, sin identificar el postulado intelectivo inferido por el sentenciador que considere la transgresión a las reglas de la lógica de derivación. A partir de lo alegado, esta Sala de lo Penal no tiene duda de que el recurrente no presenta objeción sobre la valoración, pues sus alegatos se limitan a hacer una valoración alternativa de las pruebas evacuadas, lo que no es propio para un recurso de casación. Como se ha dicho, no existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, o la exposición de dos argumentos judiciales sobre un mismo hecho o aspectos que sean contradictorios, sino una queja de que la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa privada, aunado a ello, de presentar queja en cuanto la valoración de los medios de prueba. Por lo anterior, el motivo decae y debe ser desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 181-2017, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Crissie Ariel Ávila Meléndez, como autor responsable penalmente del delito consumado de Violación Especial, en perjuicio de la menor I. Y. C. Á., a la pena de quince años de reclusión. SEGUNDO: Condenó al señor Crissie Ariel Ávila Meléndez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena de reclusión. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil del señor Crissie Ariel Ávila Meléndez. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Ni decretar comiso alguno. Interpuso el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Wilson Omar Díaz Flores; defensor privado del señor Crissie Ariel Ávila Meléndez. Son partes en única instancia: El Abogado Wilson Omar Díaz Flores, defensor privado, en su condición de recurrente y la Abogada Marina Audely Varela, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “I.- En fecha 24 de enero del año 2015 desde tempranas horas de la noche, hasta las 11:00 de la noche de ese día l. Y. C. Á. departió con: Nelsy Ávila, Alexis Ávila, Cristofer Ferlds y Crissie Ariel Ávila Meléndez en la discoteca “La Perla”, ubicada en la Aldea de Punta Gorda, municipio de José Santos Guardiola, departamento de Islas de la Bahía; durante ese espacio de tiempo l. ingirió bebida alcohólica hasta quedar inconsciente, por lo que Alexis Ávila, Cristofer Ferlds y Crissie Ariel Ávila la cargaron hasta su casa de habitación, ubicado en el mismo sector y la dejaron vestida, boca abajo en la cama del dormitorio, y cerraron la puerta de la vivienda sin colocarle seguro; Alexis y Cristofer se retiraron del lugar, y Crissie se quedó en su casa de habitación ubicada frente a la casa de l.. II.- Minutos más tarde, Crissie Ávila ingresó de nuevo a la casa y hasta el dormitorio donde habían dejado a l. C., y aprovechándose que ella se encontraba inconsciente por la ingesta de bebidas alcohólicas; se desnudó, le quitó a l. la ropa interior y con su pene le penetró la vagina para obtener excitación sexual; ocasionándole laceraciones en labios menores, enrojecimiento e inflamación con dolor de la horquilla vulvar.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Wilson Omar Díaz Flores, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMERO MOTIVO: Violación de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. SEGUNDO MOTIVO: La sentencia carece de una valoración realizada conforme a las reglas de la sana crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: Los motivos de casación se encuentran comprendido en el artículo 361, 362.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN El debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos y garantías fundamentales de carácter procesal o instrumental. La prueba, en materia penal, es sinónimo de garantía y como tal debe manejarse tanto en la fase de formación como al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarla por parte del juzgador quien debe acudir a los más estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción, para no mancillar esa condición, pites la naturaleza de garantía la convierte en imperativa. De ahí que, para ser responsable de un acto delictivo, la situación básica de inocencia debe ser destruida mediante la certeza, con pruebas suficientes e idóneas; caso contrario permanece el estado básico de libertad. Por lo anterior, el debido proceso será respetado siempre que se parta de un estado de inocencia en que se eliminen las presunciones de responsabilidad por parte del juez, de manera que no convierta la sospecha que le ha sido presentada por la parte acusadora en suya. Pues, ya lo decía ULPIANO en su Corpus Juris Civile “nadie puede ser condenado por sospecha, porque es mejor que se deje impune el delito de un culpable que condenar a un inocente”. En razón de lo anterior, es que se recurre la sentencia aludida en el preámbulo de este libelo ya que, al valorar una prueba que no es idónea y con la cual se pretenda justificar a toda costa la comprobación un hecho que no ha resultado verdadero, se ha cometido también una vulneración a la obligación que tiene el Estado de Honduras de otorgar un debido proceso a todo encausado. Dicha circunstancia es la que ha sucedido en el presente caso, donde los jueces Sentenciadores toman los hechos presentados por el Ministerio Público como suyos, justificando una culpabilidad basándose en su parte toral, en la declaración de un testigo ALEXIS ROMARIO AVILA GARCIA que no es testigo ocular de los hechos, y no aportó elementos para el sentenciador pudiera valorar y elaborar un factum de lo ocurrido a la sexualidad de la ofendida I. Y. C. A.. EXPLICACIÓN DEL PRIMER VICIO PRIMERO: En el numeral segundo, de la valoración de la prueba, el Tribunal de sentencia establece aspectos que a juicio de esta defensa son demasiado ambiguos la declaración del testigo ALEXIS ROMARIO AVILA GARCIA, manifestó: “Estábamos en la disco, ella me dijo que l. estaba en gravedad del alcoholismo, la llevamos a la casa con otro muchacho en eso llego Crissie, la dejamos en su casa, no estaba totalmente cerrado, nos fuimos a la disco mi novia me dijo que se quería ir a su casa, cuando pasamos donde l. escuché un ruido le dije a mi novia que me prestara el teléfono de l. para entrar, al entrar escuche un ruido, al llegar a la puerta del cuarto se asomó alguien y dijo soy yo Ariel, me salí, ella me preguntó qué pasaba, no le respondí, ella me quito el teléfono entró y vió a la persona también. Al interrogatorio la testigo respondió: no recuerdo cuando pasó. Fui a dejar a I. con Cristofer y Ariel, ella iba ebria. Ella Estaba con su ropa. Se cerró la puerta, pero no le pusimos seguro Cristofer y yo nos fuimos a la casa de Crissie Ariel se quedó en su casa. La casa de Ariel esta frente a la casa de l., señaló como a metros. Había pasado como media hora cuando volví a pasar por la casa de I.. Ariel estaba al lado izquierdo del cuarto sin ropa. Como en 5 minutos entró mi novia ella se puso a llorar porque los dos son primos con el acusado. L. estaba con la hermana con los amigos y amigas de la hermana. No sé donde estaba Ariel. El lugar donde estábamos era una discoteca y dos instalaciones. Mi ex novia me dijo que I. estaba ebria. I. no sabía lo que estaba pasando ella estaba bebiendo con su hermana y amigos. Estaba inconsciente no sabía lo que estaba pasando. La llevamos cargando no caminaba. Andaba un vestido. No había luz en el cuarto, había ventana de vidrio no sé si estaba cerrado. No recuerda a qué hora la dejaron. De toda mi vida conozco a Ariel y a I.. Yo solo sé que son primos, no sé si tenían relación de pareja. I. tenía pareja, pero no estaba aquí, no sé cómo se llama. Que sonido estabas pensé que gritando o atorándose. La prima le habló a I. y le contestó una vez… cuando la dejamos en la casa estaba inconsciente, ebria.- A I. la cargué yo con Cristofer y Ariel. Esto es lo conducente que valora el Sentenciador de esta toral declaración, sin embargo lo que de esta queda claro: es el estado en que se encontraba la ofendida y que tenía su ropa puesta, de ahí ustedes honorables magistrados deducirán que no fue una escena sexual lo que en realidad vio este testigo, sin embargo el Tribunal acomodo la prueba que se suponía debía ser contundente para inculpar directamente al acusado. Queda demostrado que es una prueba impuria la que fue valorada en perjuicio de C. A. A. M., la presencia de mi representado en ese lugar no fue respaldada por ningún otro indicio, lo cual viene a violentar el principio constitucional del debido proceso establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República, el cual establece que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. En este caso la garantía que debió asegurarse al imputado es que los indicios deben ser probados. SEGUNDO: Careció este proceso de prueba directa, así como de prueba indiciaria suficiente que pudiese ser concatenada una con otra de forma racional y proporcionar al Sentenciador los elementos requeridos para vulnerar el Estado de inocencia de mí representado. En sus deposiciones ninguno de los testigos narra el acontecimiento que provoca el presente enjuiciamiento. La labor del juez es, partir de un estado de inocencia para luego, con base a prueba suficiente e idónea poder quebrantar el estado de inocencia del acusado. Por lo anterior, la declaración de la ofendida I. Y. C. Á. y del testigo Alexis Romero Ávila, no podrían tomarse como declaraciones esclarecedoras de los hechos, pues de la lectura de las mismas Honorables Magistrados, se darán cuenta que no aportan nada de lo ocurrido a la sexualidad de la ofendida, como ha pretendido imponer el Acusatorio al agravar la situación del acusado.. Es con base a estas consideraciones que en respeto a las garantías constitucionales anteriormente aludidas, los jueces del Tribunal no debieron haber tomado como suya una acusación presentada por el Ministerio Público, pues esto ocasionó que aún sin pruebas que lograse quebrantar el estado de inocencia de mi representado, se violentase el debido proceso en el juicio, estableciendo justificaciones burdas para buscar, a cualquier precio, una condena para mi representado. En atención a esta violación del debido proceso, el fallo a que ha arribado el Tribunal de Sentencia violenta el Estado de inocencia, por lo cual debe ser enmendado por la Honorable Sala Penal en aras de lograr una correcta administración de justicia para el joven CRISSIE ARIEL AVILA MELENDEZ. EXPLICACIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN El fallo promulgado por el Tribunal de Sentencia carece de una valoración de los hechos conforme a la sana crítica, específicamente las reglas de la lógica de la derivación en su característica de razón suficiente. Al hablar de las reglas de la derivación nos referimos a que cada valoración expresada en la sentencia debe provenir de otra con la cual se encuentra relacionada, esta ley se explica manifestando que cada elemento probatorio debe estar probado por los otros elementos de prueba de tal suerte que cada uno sirva de soporte a otro. Sin embargo, en el presente caso, mi representado el señor CRISSI ARIEL AVILA MELENDEZ, ha sido gravemente perjudicado por una serie de valoraciones que no tienen ningún sustento ni relación con la imputabilidad del hecho criminoso, violentando las reglas de la sana crítica al pretender incriminarlo en un delito que no ha tenido participación. Asimismo, en cuanto a la lógica de la derivación en su principio de razón suficiente Leibniz manifestaba al respecto “ningún hecho puede ser verdadero o existente, y ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[1]. De tal forma que las premisas analizadas en el juicio únicamente llevan a un determinado fallo, y no a otro. El fallo recurrido contiene vicios en cuanto a este principio lógico, pues no hay razones suficientes que justifiquen el fallo condenatorio dictado contra mi representado. La carencia de estas razones suficientes deriva, de acuerdo a la lógica dialéctica, en premisas débiles que producen un razonamiento débil, lo cual sólo conlleva a dudas respecto de la conclusión a la que se arriba. Son precisamente, estas debilidades encontradas en las valoraciones que hace el Tribunal, el motivo por el cual se recurre la sentencia de mérito. EXPLICACIÓN DEL SEGUNDO VICIO PRIMERO: En la declaración del cuadro factico el Tribunal Sentenciador ha declarado como probado lo siguiente: “1.- En fecha de enero del 2015 desde tempranas horas de la noche, hasta las 11:00 de la noche ese día I. Y. C. Á., departió con Nelsy Ávila, Alexis Ávila, Cristofer Ferlds y Crissie Ariel Ávila Meléndez en la discoteca “La Perla”, ubicada en la aldea de Punta Gorda, municipio de José Santos Guardiola, departamento de Islas de la Bahía, durante ese espacio de tiempo l. ingirió bebida alcohólica hasta quedar inconsciente, por lo que Alexis Ávila, Cristofer Ferlds y Crissie Ariel Ávila la cargaron hasta su casa de habitación, ubicado en el mismo sector y la dejaron vestida boca abajo en la cama del dormitorio y cerraron la puerta de la vivienda sin colocarle seguro; Alexis y Cristofer se retiraron del lugar y Crissie se quedó en su casa de habitación ubicada frente a la casa de I.. II.- Minutos más tarde, Crissie Ávila ingresó de nuevo a la casa y hasta el dormitorio donde habían dejado a I. C. y aprovechándose que ella se encontraba inconsciente por la ingesta de bebidas alcohólicas, se desnudo, le quito a I. la ropa interior y con su pene le penetró la vagina para obtener excitación sexual, ocasionándole laceraciones en labios menores, enrojecimiento e inflamación con dolor de la horquilla vulvar. En el momento al desarrollar el juicio oral y público se hizo presente la ofendida I. Y. C. A., la que dejó claramente establecido: ... “que no recuerda nada de lo que paso” ...” quien le conto lo sucedido fue su hermana” y ...” antes de ver a cualquier persona no sintió haber tenido relaciones sexuales” A juicio de esta Defensa esa manifestación de la ofendida deja mucho que desear y genera dudas si realmente ocurrió el hecho denunciado, el tipo penal investigado en la mayoría de la casos no permite testigos oculares, por ello es imprescindible conocer de viva voz del ofendido lo acontecido, en este caso particular la evaluación médica tampoco orienta a los juzgadores en cuanto a dar por un hecho probado que la ofendida haya sido accesada carnalmente por mi representado. Por lo cual estos medios de prueba no proporcionan el cuadro factico que los sentenciadores consideran como hechos. La supuesta ofendida manifiesta que la persona que le conto lo sucedido fue su hermana, del estudio de la sentencia y del acta de debate observaran que esta declaración no constituye parte de la prueba ni propuesta peor evacuada, no fue agregada al juicio oral y público tal referencia, ignoramos de donde el A-quo obtiene tal certeza ya que no se conto con la luz de esa declaración.- De lo depuesto por ALEXIS ROMARIO AVILA GARCIA, este testigo asegura haber ido a dejar a la ofendida a su casa que la dejaron acosta con ropa, que momentos después ve a mi representado en el cuarto de la ofendida, que en ese instante vio a I. Y. con ropa, y que la persona que ingresó al cuarto a ver lo que pasaba fue su novia NELSY ALIERH AVILA MELENDEZ.- De la lectura de la sentencia como del acta de debate se constata que la testigo clave del caso es prima de la ofendida y responde al nombre de NELSY ALIERH AVILA MELENDEZ, quien manifestó que no deseaba declarar, dado este derecho que le asiste no supo el Sentenciador que fue lo que en realidad vio al ingresar al dormitorio de ¡. Y. C. A., mas lo que refiere la ofendida que no sabe que sucedió. De ahí la carencia de un cuadro factico, y nuestra critica a la injusta condena, ese conocimiento que el Sentenciador ha hecho suyo no deriva de elementos del acervo probatorio, y es fruto de una mera sospecha y especulación allegado por el Acusatorio no ha podido aportar elementos de juicio que permitan al sentenciador llegar a una conclusión verdadera y recrear lo que sucedió esa noche del 24 de enero del 2015 con la sexualidad de la señora I. Y. C. Á.. Para poder imponer una condena es necesario que se cumplan tanto los elementos objetivos como los subjetivos del delito. En el caso de marras, no pudo configurarse en forma alguna estos elementos necesarios para condenar al señor CRISSI ARIEL AVILA MELENDEZ, por el ilícito referido por la parte acusadora, pues en la evacuación de los medios de prueba no hubo ninguna prueba ni directa, ni indiciaria que brindara un cuadro factico, no existe prueba que afirme que la supuesta ofendida haya sido objeto de acceso carnal por parte de mi representado. No obstante, el Tribunal viola las reglas de la sana crítica en su principio de derivación por razón suficiente, al inferir de una declaración en esté caso del testigo ALEXIS ROMARIO AVILA GARCIA, que dice que vio al imputado en el dormitorio de la supuesta víctima, sin embargo en contra del principio de la prueba indiciaria, este dicho carece de prueba periférica para considerarse como un hecho probado. Dicho razonamiento hecho por el Sentenciador no deriva de medio de prueba directo, arribando los jueces a una conclusión que es contraria a la lógica dialéctica y al principio de derivación en su regla de razón suficiente, para las cuales se requieren de fundamentos que conlleven a una conclusión inequívoca. SEGUNDO: En su Valoración Conjunta de la Prueba Indiciaria realizada por el Tribunal, pretende de forma irracional, concatenar valoraciones, para involucrar al señor CRISSI ARIEL AVILA MELENDEZ, en el delito por el que se le acusa en el presente juicio. Lo anterior debido a que al revisar minuciosamente los medios de prueba que fueron evacuados en juicio, no hay ninguno que acredite que mi representado haya realizado actos en contra de la libertad sexual de la ofendida, debe considerarse la falta de conocimiento en relación a los hechos de la ofendida, así como la negativa a declarar de su prima NELSY ALIERH AVILA MELENDEZ, Por lo anterior, siguiendo lo que indica el debido proceso, el estado de inocencia del imputado debió haberse conservado pues, con las pruebas ofertadas por la parte acusadora nunca se logró establecer como fueron estos actos que atentaron con la sexualidad de la ofendida. Por lo anterior, el fallo a que ha arribado el Tribunal de Sentencia debe ser enmendado por la Honorable Sala Penal en aras de lograr una correcta administración de justicia para el señor CRISSI ARIEL AVILA MELENDEZ.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[2] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. *Precepto autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la infracción: Violación del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia y del debido proceso. *Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Sin determinar por el recurrente; y, *Pretensión: Enmendar el fallo. Relata el censor, que en el numeral segundo, de la valoración de la prueba, el Tribunal de Sentencia establece aspectos que a juicio del recurrente son ambiguos, precediendo a transcribir la declaración del testigo Alexis Romario Ávila García; para luego manifestar, que lo anterior, conduce valorar el sentenciador de esa toral declaración, que a su criterio, el resultado de dicha declaración, es el estado en que se encontraba la ofendida y que tenía su ropa puesta, invitando a deducir que no fue una escena sexual lo que realmente vio el testigo, que el tribunal acomodo la prueba que debió ser contundente para inculpar directamente al acusado. A su criterio, dicho medio de prueba es, espuria, valorada en perjuicio de su representado, que su presencia en el lugar, no fue respaldado por ningún otro indicio, con lo cual violenta el principio constitucional del debido proceso. A criterio del recurrente, en las deposiciones de los testigos, ninguno narra el acontecimiento que provoca el presente enjuiciamiento; luego concluye, que la declaración de I. Y. C. Á. y de Alexis Romero Ávila, no podría tomarse como declaraciones esclarecedoras de los hechos, pues de la lectura de las mismas, no aportan nada de lo ocurrido a la sexualidad de la ofendida, como se pretendió imponer. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al Estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; Éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; Para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República(Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de Septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de Mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar(Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido Proceso, invocada por el Pretensor como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra.- Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez/a predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad e independencia del juez/a; v.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- a la igualdad de armas procesales; vii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- a una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso. El recurso No es de Recibo. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto, por una parte, es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal, para ello, el legislador a previsto tres tipos de recursos de casación: Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de las Formas Procesales. En una debida técnica recursiva, el censor en primer lugar debe precisar el tipo de recurso de casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere adolece la sentencia que impugna, seguidamente debe de explicar los defectos legales y materiales que provoca el vicio mediante el desarrollo de motivos, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste. Tratándose particularmente del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el recurrente deberá: 1. Justificar la interposición del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, (recurso ordinario), como consecuencia de la falta de previsión del vicio a denunciar en las causales previstas en los recursos de casación por Infracción de Ley, de doctrina legal o de quebrantamiento de forma (recursos extraordinarios). Es pues que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional deberá de ser planteado siempre en defecto de la imposibilidad de interponer aquellos recursos que de manera especial prevén el vicio que se pretenda denunciar; 2. Indicar la norma constitucional o del bloque constitucional que se considere ha sido violada por: inobservancia, indebida aplicación, indebida interpretación o aplicación con alcances restrictivos no contemplados en ella; 3. Exponer de manera clara y precisa el vicio denunciado, como éste se relaciona con la norma constitucional o del bloque constitucional que se considera violentada y principalmente cuales son los efectos legales y necesariamente materiales de dicha violación; 4. En el caso de que el vicio sea de carácter procesal penal, el censor deberá de enumerar los remedios legales o materiales intentados para subsanar o sanear el vicio; 5. Expresión clara de la pretensión perseguida con la interposición del recurso; tal pretensión deberá de ser consecuente con la naturaleza de la norma constitucional o de bloque constitucional y con el vicio denunciado. En todos los casos será indispensable que el censor sea claro en su exposición y preciso en su argumentación, por ello, en caso de considerar la violación de más de una norma constitucional o del bloque constitucional y/o la concurrencia de más de un vicio, deberá de hacer la denuncia con la debida separación de cada uno de sus argumentos, a efecto de que se distinga con claridad cada uno de ellos y las consecuentes pretensiones. En el caso subjudice, el recurrente presenta un recurso sin ninguna técnica, alega vulneración de la presunción de inocencia, sin desarrollar en su recurso, si ese agravió se ha debido a: 1) Ilicitud de la prueba; 2) Indebido proceso probatorio; 3) Indebida motivación; 4) Indebido razonamiento probatorio; 5) Insuficiencia carga probatoria. Menos se evidencia en el escrito del recurso, cuál de las normas contenidas en el Código Procesal Penal, para ser más específico, las señaladas en el título IV de su libro tercero que contiene la sustanciación de la etapa de juicio y en particular el debate han sido transgredido para invocar la violación al debido proceso legal; de lo que se ocupa el recurrente, es de exponer lo declarado por los testigos de cargo, que junto al resto de prueba, no resulta posible quebrantar el estado de inocencia, menos el debido proceso, todo a partir de una valoración personal y subjetiva. Para la Sala de lo Penal es claro que el recurrente acude al motivo referido como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria (revisio de facto) como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren la prueba, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces de la Instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única Instancia, todo ello impropio. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica Por otra parte el recurrente no realizó la debida separación de sus argumentos dado que bajo un mismo título hace denuncia de varios vicios diferentes (Inocencia y debido proceso); suma el hecho, de no hacer una exposición científica del porque considera que cada una de las normas constitucionales enumeradas han sido violentadas, sino que solamente hace alusión de las mismas de manera abstracta y poco inteligible. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que ésta no fue debidamente definida por el recurrente, esto por una deficiente técnica recursiva Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único motivo. *Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por el recurrente. *Concepto de la infracción expuesto: La sentencia carece de una valoración realizada conforme a las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente. *Pretensión: Anular la sentencia dictada. Luego de transcribir el cuadro fáctico, el censor refiere, que la ofendida I. Y. dejo establecido en audiencia de debate “que no recuerda nada de lo que paso” “quien le contó lo sucedido fue su hermana” y “antes de ver a cualquier persona no sintió haber tenido relaciones sexuales”; a juicio del recurrente, esas manifestaciones de la ofendida, deja mucho que desear y genera dudas si realmente ocurrió el hecho denunciado, si bien el tipo penal enjuiciado en la mayoría de casos, no permite testigos oculares, por ello, a su pensar, es imprescindible conocer de viva voz de la ofendida lo acontecido, que la evaluación médica tampoco orienta al juzgador para dar como hecho probado que la ofendida haya sido accesada carnalmente por su representado. Concluye, no pudo configurarse los elementos necesarios para condenar a su representado, pues en la evacuación de los medios de prueba no hubo ninguna prueba ni directa, ni indiciaria que brindara un cuadro fáctico; no obstante, el tribunal viola las reglas de la sana crítica en su principio de derivación por razón suficiente, al carecer la declaración del testigo Alexis Romario Ávila García de prueba periférica para consideralo como hecho probado. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que:“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma, planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación, ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente no en pocos casos el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual, el recurrente hace alegatos propios de instancia, procede a realizar una valoración subjetiva y alternativa de las declaraciones testificales y periciales evacuadas en sesión de juicio e invita a esta Sala Casacional a realizar una valoración probatoria sustitutiva de la realizada en instancia. El censor del fallo señala “que las manifestaciones de la ofendida, deja mucho que desear y genera dudas si realmente ocurrió el hecho denunciado” no es al recurrente que debe generar duda la prueba evacuada, es a los juzgadores; continuó señalando: “no pudo configurarse los elementos necesarios para condenar a su representado, pues en la evacuación de los medios de prueba no hubo ninguna prueba ni directa, ni indiciaria que brindara un cuadro fáctico”, lo anterior genera una valoración subjetiva del recurrente, resultando argumentos que estimulan a esta sala de lo penal a una revaloración, sin identificar el postulado intelectivo inferido por el sentenciador que considere la transgresión a las reglas de la lógica de derivación. A partir de lo alegado, esta Sala de lo Penal no tiene duda de que el recurrente no presenta objeción sobre la valoración, pues sus alegatos se limitan a hacer una valoración alternativa de las pruebas evacuadas, lo que no es propio para un recurso de casación. Como se ha dicho, no existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, o la exposición de dos argumentos judiciales sobre un mismo hecho o aspectos que sean contradictorios, sino una queja de que la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa privada, aunado a ello, de presentar queja en cuanto la valoración de los medios de prueba. Por lo anterior, el motivo decae y debe ser desestimado. V. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo; ambos recursos interpuestos por el Abogado Wilson Omar Díaz Flores, defensor privado del señor Crissie Ariel Ávila Meléndez. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Crissie Ariel Ávila Meléndez, como autor responsable penalmente del delito consumado de Violación Especial, en perjuicio de la menor I. Y. C. Á.. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de enero del dos mil veintiuno. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-181-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] GHIRARDI, Olsen. Lógica del Proceso Judicial, Pág. 83, Editorial Córdoba, CÓRDOBA (ARGENTINA),1992.
[2]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.