Sentencia CP-18-17 — Registro 17545
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados como autores del delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional. Único Motivo. El recurso no es de recibo. El censor centra el alegato de su reproche, en que el sentenciador ha infringido el contenido del artículo 90 constitucional, relacionado al debido proceso, con relación al artículo 122 de la Constitución de la República, referido a la jurisdicción especial de menores de 18 años. De acuerdo a la tesis del recurrente, el señor Luis Gerardo Hernández, a la fecha de los hechos juzgados no había alcanzado la edad de 18 años y por ende debía ser juzgado por la jurisdicción especial correspondiente. Ante el reclamo del recurrente es preciso dirigir el análisis, en principio, al hecho juzgado y además a la fecha en que éste ocurrió, en relación a la edad del imputado. Al respecto el hecho declarado probado en la sentencia establece que: “ … Los señores Víctor Manuel Pavón Prieto (Alias el Pelón) y Luis Gerardo Hernández Fuentes (Alias Kevin Pacheco), como parte de un plan preconcebido, destinado a darle muerte a la niña A. A. A. M., la interceptaron en fecha 26 de junio del año dos mil catorce, aproximadamente a las doce del mediodía, en la Colonia Sinaí, Sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, cuando regresaba de dejar en la escuela a unos parientes suyos. Los señores Víctor Manuel Pavón Prieto y Luis Gerardo Hernández Fuente introdujeron por la fuerza a la niña A. A. A. M. a un carro tipo turismo color verde, y la condujeron hasta una casa abandonada de dos plantas, también de color verde, ubicada en el mismo sector, lugar en el que finalmente le causaron la muerte de forma violenta, entre las fechas cuatro y cinco de julio del mismo año…”. Estos hechos, declarados como probados por el sentenciador, derivan en una sentencia condenatoria contra Víctor Manuel Pavón Prieto y Luis Gerardo Hernández Fuentes, a título de autores, por el delito de Asesinato en perjuicio de A. A. A. M.. Dicho esto, queda claro para esta sala que el hecho juzgado es la muerte violenta de un ser humano, por lo que resulta necesario establecer el momento que este hecho ocurrió. De esta manera, el dictamen de autopsia número 1514-2014 (F121), realizado por el médico autopsiante Marlon Enrique Sabillón, perito oficial del Ministerio Público, establece que: Nombre del occiso: A. A. A. M.; Autopsia: 1514-2014; Fecha de Muerte: 4-5 de julio de 2014; fecha y Hora de la autopsia: 10 de julio de 2014, 16:30 horas. En el dictamen médico legal: Causa de muerte: desconocida. Lesiones encontradas: tres (3) heridas contuso cortantes dispuestas de la siguiente manera: 1) herida contusa cortante en la región lateral izquierda del cuello…; 2) herida contuso cortante en la región parietal izquierda de la cabeza…; 3) herida contusa en la región lateral de antebrazo izquierdo…, Manera de muerte: Homicida, desde el punto de vista médico legal; Comentario médico legal: se trata de cadáver que se encuentra en estado de putrefacción con antropofagia, lo que hace difícil determinar la causa especifica de muerte; pero presenta heridas contusas cortante en cráneo y antebrazo. De acuerdo a la prueba científica, advierte esta Sala, que fue propuesta, admitida y evacuada de conformidad con las normas procesales correspondientes; se establece de manera científica que la muerte de la niña A. A. A. M. ocurrió entre el 4 y 5 de Julio de dos mil catorce. De conformidad con las circunstancias que rodean la comisión del hecho, es natural que la fecha de muerte se encuentre señalada en dos días probables, en atención a que el hallazgo del cuerpo se produjo días después del deceso. En relación a ello, quedó también acreditado en el juicio oral y público, por medio de la debida acta de certificación de nacimiento, que el señor Luis Gerardo Hernández Fuentes nació en fecha 4 de julio de 1996, por lo que para el 4 de julio de dos mil catorce ya había alcanzado los 18 años de edad, como queda establecido en la sentencia sometida al estudio de esta sala por vía casacional. Al respecto, reclama el censor que en la evacuación del dictamen de autopsia se considera que de acuerdo a los signos cadavéricos encontrados la muerte se produjo entre 10 a 12 días con relación al hallazgo del mismo. Es criterio de esta sala que el dictamen de autopsia como prueba científica permite establecer con certeza y de manera comprobable los aspectos relacionados con la causa de muerte, manera de muerte, lesiones encontradas y además la fecha del deceso; de este modo, de acuerdo a la lectura del dictamen en cuestión, se encuentra que de modo expreso el autopsiante señala que la muerte ocurrió entre el 4 al 5 de julio. Si bien observa esta sala que se ha mencionado un estimado de tiempo de 10 a 12 días, este período es precisamente un aproximado, tomando en consideración, la forma y circunstancias en que fue encontrado el cuerpo, pero no se trata de una afirmación expresa y específica, por tanto, no es posible superponer un período estimado, a una fecha expresamente señalada en la prueba científica. De ese modo, se aprecia que el sentenciador en apego a las normas del debido proceso y demás garantías fundamentales, de manera razonada valorando la fecha expresamente señalada en el dictamen de autopsia, declara como probado que la muerte de A. A. A. M. se produjo entre los días 4 a 5 de julio de 2014, fecha en la cual el señor Luis Gerardo Hernández Fuentes, ya había alcanzado los 18 años. Esta sala coincide con el razonamiento del A quo, por cuanto se encuentra basado en pruebas legalmente incorporadas al proceso, de carácter científico e indubitable..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 18-2017 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha once de agosto del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual, Primero: Condenó al señor Luis Gerardo Hernández Fuentes, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la niña A. A. A. M. a la pena principal de veintisiete años, seis meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Condenó al señor Víctor Manuel Pavón Prieto, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la niña A. A. A. M. a la pena principal de veintisiete años, seis meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se declara la responsabilidad civil de los señores Luis Gerardo Hernández Fuentes y Víctor Manuel Pavón Prieto, a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito.- Cuarto: No procede condenar a los señores Luis Gerardo Hernández Fuentes y Víctor Manuel Pavón Prieto en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: La Abogada Victoria Elizabeth Funes Castro, en su condición de defensora pública de los señores Luis Gerardo Hernández Fuentes y Víctor Manuel Pavón Prieto, como parte recurrente y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: Los señores VICTOR MANUEL PAVON PRIETO, (Alias el Pelón) y LUIS GERARDO HERNANDEZ FUENTES (Alias Kevin Pacheco), como parte de un plan preconcebido, destinado a darle muerte a la niña A. A. A. M., la interceptaron en fecha veintiséis de junio del año dos mil catorce, aproximadamente las doce del medio día, en la Colonia Sinaí, Sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, cuando regresaba de dejar en la escuela a unos parientes suyos. Los señores VICTOR MANUEL PAVON PRIETO y LUIS GERARDO HERNANDEZ FUENTES introdujeron por la fuerza a la niña A. A. A.L M. a un carro tipo turismo color verde, y la condujeron hasta una casa abandonada de dos plantas, también color verde, ubicada en el mismo sector, lugar en el que finalmente le causaron la muerte de forma violenta, entre las fechas cuatro y cinco de julio del mismo año.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos La recurrente Abogada Ada Maribel Domínguez Castro, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Haber incurrido el Sentenciador en Inobservancia a las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTRIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: La norma procesal que se invoca como infringida s el artículo del Código Procesal Penal, que expresa: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. - El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” Por su parte, el artículo 36 del mismo cuerpo legal señala: “El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El artículo 338 del referido Código regula la forma de estructurar la sentencia, asimismo ordena al Juez sentenciador en el apartado “Valoración de la Prueba.- Seguidamente se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando según las reglas de la san crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados” PRIMERO: En la sentencia recurrida, en la Valoración de la prueba de cargo en el numeral primero el Tribunal, arguye que la Autopsia 1514-2014 realizada por el Doctor Marlon Enrique Sabillón concluye que la niña A. A. A. M. recibió un total de tres heridas contusos cortantes ubicadas en Región Lateral Izquierda del cuello, en Región parital izquierda de la cabeza y el región lateral de antebrazo izquierdo, la pausa de muerte es desconocida por el estado de putrefacción del cadáver, sin embargo la manera de muerte es homicida desde un punto de vista medio legal: estableciéndose como fechas probables del deceso, entre los días 4 y 5 de julio del 2014 (fecha en que el acusado LUIS GERARDO HERNANDEZ FUENTES cumple sus dieciocho años de edad, como acredita su respectiva Certificación de Nacimiento, es a este apartado que para la defensa no debió dársele el valor a dicha Autopsia en los que respecta a la supuesta fecha de muerte esta no es concluyente y si cotejamos lo que resulta del interrogatorio realizado en la Acta de Audiencia de juicio oral y público es imposible que la muerte haya ocurrido en esa fecha siendo que el mismo Doctor Sabillón estableció como tiempo que muerte de 10 a 12 días así las cosas si la Autopsia fue realizada el 10 de Julio y la muerte ocurrió de entre 10 a 12 días esta tuvo que haber ocurrido a finales del mes de Junio o el primero de Julio del año Dos Mil Catorce, creemos en tal sentido que se ha violentado las reglas de la lógica pues es imposible por el estado de putrefacción en que se encontraba el cadáver que esta haya ocurrido en la fecha establecida en la autopsia es decir solo entre 5 o 6 días antes de la fecha en que fue practicada la misma, tal y como lo establece el documento de autopsia dado que el cadáver se encontraba en Fase Cualitativa que para que esta se dé tal como lo estableó en el interrogatorio el médico forense esta inicia en el día número diez después de la muerte, en tal sentido consideramos que la Autopsia si bien es un documento de Carácter legal no es menos cierto que la misma en, si es no concluyente y contradictoria y al haberse sometido a contradicción la misma en la Audiencia de Juicio Oral y Público se pudo establecer que la misma no ocurrió en la fecha plasmada en la misma ( 4 o 5 de julio del 2014) y que lo correcto hubiera sido que se estableciera como lo dice el acta de Levantamiento en un lapso de 7 a 14 días. Al analizar el Tribunal el medio de prueba propuesto por la Defensa Acta de Levantamiento de Cadáver de fecha 10 de Julio del 2014 con el único propósito de establecer en dicho documento se determina como tiempo teratológico, un rango de 7- a 14 días, de lo cual se deduciría que el acusado LUIS GERARDO HERNANDEZ, no contaba aún con la edad de 18 años puesto que los cumplió hasta el 4 de julio del 2014.( de acuerdo a la certificación de Partida de Nacimiento) La justicia es del firme criterio, que damos por acreditado el cronotanatodiagnostico del Dictamen de Autopsia 1514-2014 en el que se confirma una fecha de muerte entre el 4 al 5 de Ju1io del 2014; es decir fecha en que el acusado LUIS GERARDO HERNANDEZ FUENTES, ya contaba con la edad de 18 años (La Autopsia realizada por un Médico Forense en el respectivo Anfiteatro de Autopsias, con las herramientas indispensables para su pericia, le dotan de mayor fidelidad técnica para arribar a conclusiones más exactas) Este es el fundamento también, para declarar sin lugar la Excepción por falta de Competencia del Tribunal, incidentalmente alegada por la Defensa. Creemos en tal sentido que el Tribunal le viene a dar al criterio del médico Forense de fecha probable de muerte como prueba fidedigna de que la muerte ocurrió entre esos do días (4 0 5 de Julio del 2014) obviando que del mismo interrogatorio del Medico Autopsiante se estableci5 que la muerte se produjo d 10 a 12 días antes en virtud del estado de descomposición que presentaba el cadáver y aunando a que más bien el cuerpo se debió conservar más ya que se encontraba enterrado así las cosas no se le puede dar valor total a una autopsia que establece una fecha de muerte que no coincide con los signos encontrados en el cadáver de la menor A. A. A. al momento de la Autopsia que de la propia boca del Medio Autopsiante se estableció en juicio que la muerte ocurrió de 10 a 12 días antes de ser realizada. Esta valoración es importante porque el Tribunal plasma en su Sentencia que es en base a eta fecha establecida en la Autopsia que declara sin lugar la excepción por falta de Acción incidentalmente alegada por la defensa. SEGUNDO: Es necesario hacer notar Honorables Magistrados que la defensa de los imputados no está de acuerdo con el razonamiento del Tribunal juzgador en darle valor probatorio a las declaraciones de los testigos protegidos M09 y M10, por considerar primeramente que la prueba evacuada no fue suficiente para condenar a mis representados en virtud que los testigos protegidos son contradictorios al decir que vieron y escucharon todo lo ocurrido, como ser que uno de ellos vio que mis representados interceptaron a la menor A. A. A. y que se la l1evaon pero este testigo en ningún momento menciono que se la hayan llevado en un vehículo azul como lo menciono el testigo protegió M10 introducido de de manera incidental al juicio quien refiere se la llevaron en un vehículo azul y que se la llevaron a la casa de Melvin, todos estos datos es evidente este testigo los dice hasta ahora dos años después que se suscitaron los hechos en tal sentido su testimonio es poco creíble y más aún que refiere escucho gritos y gemidos de esa casa, que vio seis o siete personas que entraban y sa1ían de esa casa y nos preguntamos porque nunca comunico tales hechos a la autoridad policial o a los familiares de la joven ya que si era una vecina del lugar estaba enterada de todo lo que acontecía; por otra parte dice que se la llevaron cerca de la escuela y la testigo M09 al ser interrogada que si de la escuela se veía la casa de Melvin esta dijo que no por lo que esta testigo no pudo ser presencial de tales hechos. Otra circunstancia importante de mencionar es que como es posible que si hubiera tantas personas como se dice no se hubiera notificado tal hecho de manera inmediata a la po1icía. TERCERO: Esta defensa considera que las declaraciones de los testigos protegidos no fue apreciada en su conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, tal y como lo valoro el Tribunal en su fallo; entendemos que nuestro sistema da al Juez la libertad de convencimiento, libertad esta que no es absoluta por cuanto las, conclusiones a que arriba el Tribunal al valorar las pruebas se supone que son el producto de un esfuerzo valorado y respetado los principios de la recta razón, en vista que el valor que el juzgador le otorgo a las declaraciones rendidas en juicio como prueba de cargo tuvo necesariamente que sustraerlas de la lógica, la psicología y la experiencia común, expresión esta que la defensa no comparte por no haberse dado en el caso que nos ocupa y que el sistema que nos acoge lo conceptúa, por lo que llegamos a la conclusión que no hubo un fruto razonado en la prueba de cargo aportada, no respetando los principios de la lógica y la recta razón. Decimos lo anterior en virtud de que el tribunal valoro dichos testimonios sin tomar en cuenta también si los mismos tenían algún interés manifiesto en querer perjudicar a mis representados, en virtud de lo cual consideramos que sus testimonios; en tanto que el contenido de las mismas puso de manifiesto que no era posible haber podido identificar a los imputados y escuchar con tanta precisión como ellos lo hicieron, es decir estar tan cerca y en el mismo lugar los testigos y no haberse visto entre sí, y el hecho de que los supuestos autores de raptar a la menor A. A. A. no se hubieran percatado que en los alrededores cercanos a ellos habían dos personas observando los hechos, si en estos casos estos actos se realizan en la c1andestinidad; por lo que partiendo de esa manifestación de los testigos protegidos solos del criterio que el mismo es espurio o que existía algún móvil de enemistad con los imputados así el interés de perjudicarles. Es evidente que el tribunal aplica indebidamente las máximas de la experiencia puesto que estas se traducen en el conocimiento genérico de nuestra realidad social, en palabras de Andres Ibañez, las máximas de la experiencia no son más que la condensación de la observación empírica y colectiva sucesiva de hechos análogas, hasta formular una conclusión: sobre lo que suele ocurrir («id quod plerumque accidet») dadas unas determinadas circunstancias.- Obviamente esta conclusión se establece de mayor o menor grado. Bajo las reglas de la lógica y de la experiencia común, se requiere la concurrencia de dos operaciones intelectuales: la descripción del elemento probatorio y su valoración crítica, tendiente a evidenciar su idoneidad para fundar la conclusión que en tal desarrolla. Analizado lo anterior cabe la pregunta si lo expresado por el tribunal tiene el sustento científico para ser aceptado por el común d los ciudadanos, a este análisis del Tribunal lo que el común de la colectividad tiene por aceptado es que cuando hay un hecho en donde se encuentran personas armadas y que se conocen como peligrosas los ciudadanos huyen o no se acercan y menos que les dé tiempo para reconocer a las personas involucradas en dichos hechos. CUARTO: Por lo antes expuesto esta defensa considera que efectivamente mis representado VICIOR MANUEL PAVON debió ser absuelto por el delito de Asesinato en perjuicio de A. A. A., como autor directo de tal ilícito en base al artículo 339 del Código Procesal Penal. Los autores JOSE MANUEL ARROYO Y ALEXANDER RODRIGUEZ CAMPOS, en su libro LOGICA JURIDICA Y MOTIVACION DE LA SENTENCIA PENAL, unidad VI, pagina 136 pie de página 121, afirman: “Debe recordarse que en la estructura de la sentencia la aplicación de aquellas reglas tiene lugar al momento de analizar las pruebas y por ello a los efectos de fundamentar resoluciones no basta con que el tribunal inserte la afirmación genérica de que su decisión se efectuó de exteriorizar en su discurso razones lógicas conformes con la experiencia y la psicología”. En consecuencia con fundamento en esas circunstancias la defensa no está de acuerdo con la sentencia dictada por el tribunal de mérito, en vista que el fallo no está dictado conforme a las exigencias de los artículos citados, considerando la prueba testifical de cargo como no concluyente para tener una certeza que permitiera emitir una sentencia objetiva como debió ser, es decir se debió absolver a VICTOR MANUEL PAVON por el delito de ASESINATO, y en cuanto al joven LUIS GERARDO HERNANDEZ declararse incompetente para conocer de su causa y remitirla al Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia por ende el recurso interpuesto debe ser declarado con lugar anulando la sentencia recurrida, Por consiguiente, se ha demostrado en las argumentaciones que he dejado claramente establecidas en el presente escrito de Interposición de Recurso de Casación, que la sentencia impugnada adolece de graves vicios de forma, en los términos que se refiere el artículo 362 en su incisos 1 y 3 del Código Procesal Penal que es utilizado como fundamento de los motivos, estos defectos de fundamentación fáctica y probatoria que se traducen en la condena de mis defendidos, por lo que es imprescindible la sentencia sea revisada por la vía casacional a efecto de que se anule la sentencia del A-Quo. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL JUICIO. El vicio por el cual se reprocha el fallo en el presente Recurso se produce en la misma sentencia por lo cual es por esta única forma que se pide la subsanación de la falta.” IV.- Continúa manifestando la Recurrente en su EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO Violación al artículo 90 de la Constitución de la República en relación al 166 numeral 1 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motiva de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVÓ La norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 90 de la Constitución de la República que dice “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” en relación el artículo 122 de la Constitución de la República establece que “La ley establecerá la Jurisdicción y los Tribunales especiales que conocerán de los asuntos de familia y de menores. No se permitirá el ingreso de una menor de 18 años a una cárcel o presidio” en relación el artículo 1 del Código de la Niñez y Adolescencia establece rara los efectos de este Código, se entenderá por niño o niña a todas las personas hasta los dieciocho (18) años de edad. Las disposiciones contenidas en este Código son de orden público y los derechos que establecen a favor de los niños y niñas son irrenunciables, intransigibles y de ap1iación obligatoria en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho (18) años de edad, Las que para todos los efectos legales se consideraran como niños y niñas. En caso de duda sobre la edad de un niño o niña, se presumirá mientras se establece su edad legal efectiva, que es menor de (18) años”. Asimismo, en consonancia con las normas antes citadas el artículo 5 del Código de la Niñez y de la Adolescencia prescribe que “Las disposiciones de este Código se, interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección a derechos de los niños, niñas y su superior interés. En todas las medidas que tornen las instituciones públicas o privadas, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativas, la consideración primordial que se atenderá será la del interés superior del niño...” por lo que consideramos que se ha infringido esta norma de carácter constitucional al haberse condenado a mi representado Luis Gerardo Hernández en base a una autopsia completamente contradictoria en lo que respecta a la concurrencia de la muerte de la menor A. A. A., en vista que al haberse evacuado la prueba dictamen pericial quedó evidenciado que dicha muerte ocurrió cuando mi representado era menor de edad por lo que el tribunal debió declararse incompetente del conocimiento de los hechos imputados a mi representado y remitirlo al Juzgado de Letras de la niñez competerte. El Tribunal al pretenden justificar su error, refiriendo: que en la autopsia se estableció como fecha probables de muerte 4 0 5 de julio del 2014, y que este dictamen constituyó un medio científico y por tanto objetivo, cuya verosimilitud y fidelidad técnica, es satisfactoria para el establecimiento de la Verdad de los hechos, pero no se pronuncia al valorar el medio de prueba pericial lo que quedó evidenciado al evacuar dicho medio de prueba que dado los signos cadavéricos encontrados la muerte se produjo antes de la fecha consignada en la Autopsia, es decir 10 a 12 días antes, cuando mi representado LUIS GERARDO HERNANDEZ era menor de edad y tal codena es objeto de nulidad como lo establece el artículo 166 numeral 1 del Código Procesal Penal, por lo tanto, al decretarse una Violación a la Garantía Constitucional del Debido Proceso, lo procedente seria que se anule el juicio celebrado en contra de en contra de mi representado en el que se le condeno habiéndose probado que era menor de edad a la concurrencia de los hechos por los que se le condeno. Es por todo lo antes expuesto, esta defensa es del criterio, que el sentenciador ha incurrido en Violación al Derecho Constitucional de Debido Proceso, por lo que solicitamos se case la sentencia y se Anule el fallo dictad por el Tribunal de Sentencia, Sala Cuarta de esta ciudad en contra de Luis Gerardo Hernández y remitirlo al Tribunal competente (Juzgado de Letras de la Niñez.)” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa Pública. Único Motivo. *Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. *Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia. *Pretensión: Que se case la sentencia. Establece la recurrente que el A quo vulneró las reglas de la sana crítica, como ser la lógica, la experiencia y la psicología, estableciendo que no está de acuerdo con la sentencia dictada por el tribunal de sentencia, considerando la prueba testifical de cargo M09 y M10, no son concluyentes, así como el dictamen de autopsia 1514-2014. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La sana crítica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: • Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho.• Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o • Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. De la Procedencia del Recurso de casación por Quebrantamiento de Forma. Único Motivo. El recurso no es de recibo. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal, en particular por ser la vía recursiva a la que más acuden los recurrentes; desafortunadamente en algunos casos el recurrente presenta como pretensión un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo así que los jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba, todo ello impropio en la única instancia. Para esta Sala de lo Penal, es importante aclarar que, al conocer de los recursos de casación por el motivo alegado por el recurrente, “de no haberse observado las reglas de la sana crítica”, el control casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del correcto entendimiento humano (lógica, experiencia y psicología) y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables al caso concreto. Dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la derivación, que no es más que las conclusiones deben ir concordando, o sea a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, para ello la motivación debe ser verdadera o autentica. En este orden de ideas, corresponde a la Sala de lo Penal, revisar el proceso de valoración mediante el cual el sentenciador arribó a la decisión impugnada. De la revisión de los antecedentes del juicio en el que se produjo la sentencia denunciada, encuentra esta Sala que se evacuaron las pruebas de cargo, las cuales fueron valoradas en el apartado de valoración de la prueba, de la siguiente manera: Declaración testifical del testigo protegido M09, quién manifestó: “El día 26 de junio de 2014, se encontraba cerca de la Escuela “Carlos Rivera Ramos”, sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, cuando advirtió que la niña A. A. A. M., llegó a dejar dos niños parientes suyos. De repente se le acercaron los jóvenes Luis Gerardo Hernández Fuentes (alias Kevin Pacheco) y Víctor Manuel Pavón Prieto (alias pelón). Uno de ellos la abrazó y le dijo que ya le habían advertido que no la querían ver por esos rumbos y que por tanto ya sabía lo que le iba a suceder. Andaban sujetos armados. Víctor Manuel portaba lo que parecía ser un arma tipo pistola, calibre 9mm. Días después supo que la mamá de la menor la andaba buscando. Se enteró una semana después de los hechos que presenció; que la policía encontró el cadáver de la niña A. A., enterrado en el patio de una casa de la colonia Sinaí (aproximadamente a 4 cuadras del lugar donde fue raptada), esa casa le había pertenecido a un mentado Melvin, que había asesinado como consecuencia de una extorsión. La testigo reconoció de forma clara y contundente a los acusados Luis Gerardo Hernández Fuentes y Víctor Manuel Pavón Prieto.” Declaración testifical testigo protegido M10, quién manifestó: “El día 26 de junio de 2014, en horas del mediodía, observó que los jóvenes Luis Gerardo Hernández Fuentes (alias Kevin Pacheco) y Víctor Manuel Pavón Prieto (alias pelón), llevaban del brazo a una niña, de tez blanca y cabello rizado, cuyo nombre supo después era A. A. A. H.. La niña se veía triste, como si quería decir algo y no podía. La niña fue introducida a un vehículo, tipo turismo, color verde, y de ahí la trasportaron hacía una casa abandonada, de dos plantas, color verde, que había pertenecido a un sujeto conocido como Melvin. En el lugar se escuchaban voces de auxilio. Pudo observar que entraban y salían varios hombres, entre ellos los señores Luis Gerardo Hernández Fuentes y Víctor Manuel Pavón Prieto. Días después supo que los padres de la menor la andaban buscando con una fotografía (fue ahí cuando se enteró del nombre d la joven).” El testigo protegido reconoció fehacientemente a los acusados en audiencia. Declaración de la señora K. S. M. G., quién fue introducida por lectura autorizada, madre de la menor, quien expresó en audiencia inicial, entre otras cosas: “Que su hija desapareció un día 26 de junio de 2014…A. A. quedaba alistándose para ir a dejar a sus sobrinos a la escuela “Carlos Alberto Rivas Ramos”… unas horas después se despertó y advirtió la presencia de sus sobrinos, quienes le manifestaron que tuvieron que regresarse solos de la escuela, porque A. A. nunca llegó por ellos. Fue así como comenzó a preocuparse. Buscó a su hija por todos lados, en casa de familiares y amistades…Varios días después recibió una llamada a su teléfono móvil 89862505, en el que una persona no identificada, le manifestó que dejaran de llorar, que la buscaran en la casa de Melvin. Ella retornó llamadas a ese número; no obstante, solo le contestaban diciéndole Kevin no está o Kevin salió. Con esa información, la policía realizó el hallazgo del cadáver de su hija, enterrado en el patio de una casa abandonada de dos plantas ubicada en el sector Rivera Hernández, como a tres cuadras de la Escuela desde donde fue sustraída su hija”. Compareció también la agente Juana Silva, de la Dirección Policial de Investigación (DPI) quién relató sus entrevistas con la señora K. M. y los testigos protegidos. Al realizar la valoración de estos medios de prueba el sentenciador ha realizado un análisis de las declaraciones encontrando que las mismas son claras y veraces. Los dos testigos protegidos pudieron percibir los hechos al momento de su ejecución por parte de los encartados Luis Gerardo Hernández Fuentes y Víctor Manuel Pavón Prieto. Coincidiendo perfectamente en los aspectos fundamentales: 1. Lugar y fecha de la sustracción de la menor (26 de junio de 2014 a inmediaciones de la escuela “Carlos Alberto Rivera Ramos); 2. Identificación de los encartados Luis Gerardo Hernández Fuentes y Víctor Manuel Pavón Prieto; 3. Descripción del lugar donde fue trasladada la ofendida (una casa abandonada de dos plantas ubicadas en la colonia Sinaí, sector Rivera Hernández, a tres cuadras del lugar de su sustracción); 4. La presencia continua de ambos procesados en esa casa abandonada durante el tiempo de su cautiverio; 5. El hallazgo del cadáver, derivado de una llamada telefónica realizada al teléfono de la señora K. M., madre de la víctima. Se realizó la evacuación del dictamen de autopsia número 1514-2014, el cual fue realizado por el doctor Marlon Enrique Sabillón, el 10 de julio de 2014, en el que concluye que la niña A. A. A. M. recibió un total de 3 heridas contuso cortantes, ubicadas en región lateral izquierda del cuello; en región parietal izquierda de la cabeza y la región lateral de antebrazo izquierdo; la causa de la muerte es desconocida por el estado de putrefacción del cadáver; la manera de muerte es homicida desde el punto de vista médico legal. Estableciéndose como fecha de muerte, entre los días 4 y 5 de julio de 2014 (fecha en que el acusado Luis Gerardo Hernández Fuentes, cumple sus dieciocho años de edad, como acreditó con su respectiva certificación de nacimiento); así mismo se evacuó, como complemento del dictamen de autopsia, el acta de levantamiento de cadáver, a cargo del técnico de inspecciones oculares Víctor Guzmán, en ella establece que el cuerpo de la ofendida A. A. A. M., fue levantado por autoridad forense, el 10 de julio de 2014, a las 7:30 horas, en una casa de habitación en estado de abandono, ubicada en la colonia Sinaí, calle principal del sector Rivera Hernández, en ella se establece el cadáver de una niña de 13 años A. A. A. M. (edad que se deduce por la certificación de partida de nacimiento, la cual fue evacuada), el cadáver se encontraba en posición decúbito ventral, en estado de putrefacción y enterrado en el patio de la vivienda; en esta misma diligencia se encuentra el acta de inspecciones oculares 1107-2014, en la que contiene 66 fotografías , correspondiente a la ubicación de la escena del crimen y el cuerpo de la ofendida. En la valoración, el tribunal sentenciador estableció que el dictamen de autopsia número 1514-2014, constituye un medio de prueba científico y por tanto objetivo, cuya verosimilitud y fidelidad técnica, es satisfactoria para el establecimiento de la verdad de los hechos; en cuanto al acta de levantamiento y el acta de inspecciones oculares, ambas son apreciadas por el tribunal, como documentos de confirmación del lugar de la escena del crimen y de la verdad de los relatos de ambos testigos protegidos y de la señora K. M., en cuanto al lugar a donde fue llevada la menor, después de su sustracción forzosa ejecutada por los acusados Luis Gerardo Hernández Fuentes y Víctor Manuel Pavón Prieto. En cuanto a la declaración de los acusados Luis Gerardo Hernández Fuentes y Víctor Manuel Pavón Prieto, manifestaron que fueron obligados a raptar a la ofendida por miembros de la mara MS, valoración que hizo el tribunal en el que establece que tales circunstancias demeritan el valor probatorio de descargo que pretenden los acusados a través de sus declaraciones en juicio. De esta forma, encuentra esta Sala que las pruebas evacuadas resultan congruentes, concordantes, inequívocas y además suficientes para quebrantar el estado de inocencia y que, los hechos declarados probados, así como la decisión condenatoria del A quo se ha derivado directamente de dichas probanzas, estableciendo su valoración tanto individualmente como en forma colectivas de las mismas, siguiendo para ello las reglas de la sana crítica. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe utilizar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa privada. Motivo Único. *Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal .*Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 90 de la Constitución de la República en relación con el artículo 166 numeral 1 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Violación al estado de inocencia. *Pretensión: Que se anule la sentencia. Establece el recurrente que el tribunal sentenciador incurrió en violación al derecho constitucional del debido proceso, ya que el tribunal pretende justificar su error, refiriendo que en la autopsia se estableció como fecha probable el 4 o 5 de julio de 2014, pero no se pronuncia al valorar el medio de prueba pericial lo que quedó evidenciado al evacuar dicho medio de prueba que dado los signos cadavéricos encontrados, la muerte se produjo antes de la fecha consignada en la autopsia, es decir 10 a 12 días antes, cuando Luis Gerardo Hernández era menor de edad y por lo tanto tuvo que haberse remitido al tribunal competente. Del Debido Proceso Legal La garantía del debido proceso, invocada por la recurrente, como aquella que ha inobservado el tribunal de sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forma parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- A un juez predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad e independencia del juez; v.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- A la igualdad de armas procesales; vii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- Respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional. Único Motivo. El recurso no es de recibo. El censor centra el alegato de su reproche, en que el sentenciador ha infringido el contenido del artículo 90 constitucional, relacionado al debido proceso, con relación al artículo 122 de la Constitución de la República, referido a la jurisdicción especial de menores de 18 años. De acuerdo a la tesis del recurrente, el señor Luis Gerardo Hernández, a la fecha de los hechos juzgados no había alcanzado la edad de 18 años y por ende debía ser juzgado por la jurisdicción especial correspondiente. Ante el reclamo del recurrente es preciso dirigir el análisis, en principio, al hecho juzgado y además a la fecha en que éste ocurrió, en relación a la edad del imputado. Al respecto el hecho declarado probado en la sentencia establece que: “ … Los señores Víctor Manuel Pavón Prieto (Alias el Pelón) y Luis Gerardo Hernández Fuentes (Alias Kevin Pacheco), como parte de un plan preconcebido, destinado a darle muerte a la niña A. A. A. M., la interceptaron en fecha 26 de junio del año dos mil catorce, aproximadamente a las doce del mediodía, en la Colonia Sinaí, Sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, cuando regresaba de dejar en la escuela a unos parientes suyos. Los señores Víctor Manuel Pavón Prieto y Luis Gerardo Hernández Fuente introdujeron por la fuerza a la niña A. A. A. M. a un carro tipo turismo color verde, y la condujeron hasta una casa abandonada de dos plantas, también de color verde, ubicada en el mismo sector, lugar en el que finalmente le causaron la muerte de forma violenta, entre las fechas cuatro y cinco de julio del mismo año…”. Estos hechos, declarados como probados por el sentenciador, derivan en una sentencia condenatoria contra Víctor Manuel Pavón Prieto y Luis Gerardo Hernández Fuentes, a título de autores, por el delito de Asesinato en perjuicio de A. A. A. M.. Dicho esto, queda claro para esta sala que el hecho juzgado es la muerte violenta de un ser humano, por lo que resulta necesario establecer el momento que este hecho ocurrió. De esta manera, el dictamen de autopsia número 1514-2014 (F121), realizado por el médico autopsiante Marlon Enrique Sabillón, perito oficial del Ministerio Público, establece que: Nombre del occiso: A. A. A. M.; Autopsia: 1514-2014; Fecha de Muerte: 4-5 de julio de 2014; fecha y Hora de la autopsia: 10 de julio de 2014, 16:30 horas. En el dictamen médico legal: Causa de muerte: desconocida. Lesiones encontradas: tres (3) heridas contuso cortantes dispuestas de la siguiente manera: 1) herida contusa cortante en la región lateral izquierda del cuello…; 2) herida contuso cortante en la región parietal izquierda de la cabeza…; 3) herida contusa en la región lateral de antebrazo izquierdo…, Manera de muerte: Homicida, desde el punto de vista médico legal; Comentario médico legal: se trata de cadáver que se encuentra en estado de putrefacción con antropofagia, lo que hace difícil determinar la causa especifica de muerte; pero presenta heridas contusas cortante en cráneo y antebrazo. De acuerdo a la prueba científica, advierte esta Sala, que fue propuesta, admitida y evacuada de conformidad con las normas procesales correspondientes; se establece de manera científica que la muerte de la niña A. A. A. M. ocurrió entre el 4 y 5 de Julio de dos mil catorce. De conformidad con las circunstancias que rodean la comisión del hecho, es natural que la fecha de muerte se encuentre señalada en dos días probables, en atención a que el hallazgo del cuerpo se produjo días después del deceso. En relación a ello, quedó también acreditado en el juicio oral y público, por medio de la debida acta de certificación de nacimiento, que el señor Luis Gerardo Hernández Fuentes nació en fecha 4 de julio de 1996, por lo que para el 4 de julio de dos mil catorce ya había alcanzado los 18 años de edad, como queda establecido en la sentencia sometida al estudio de esta sala por vía casacional. Al respecto, reclama el censor que en la evacuación del dictamen de autopsia se considera que de acuerdo a los signos cadavéricos encontrados la muerte se produjo entre 10 a 12 días con relación al hallazgo del mismo. Es criterio de esta sala que el dictamen de autopsia como prueba científica permite establecer con certeza y de manera comprobable los aspectos relacionados con la causa de muerte, manera de muerte, lesiones encontradas y además la fecha del deceso; de este modo, de acuerdo a la lectura del dictamen en cuestión, se encuentra que de modo expreso el autopsiante señala que la muerte ocurrió entre el 4 al 5 de julio. Si bien observa esta sala que se ha mencionado un estimado de tiempo de 10 a 12 días, este período es precisamente un aproximado, tomando en consideración, la forma y circunstancias en que fue encontrado el cuerpo, pero no se trata de una afirmación expresa y específica, por tanto, no es posible superponer un período estimado, a una fecha expresamente señalada en la prueba científica. De ese modo, se aprecia que el sentenciador en apego a las normas del debido proceso y demás garantías fundamentales, de manera razonada valorando la fecha expresamente señalada en el dictamen de autopsia, declara como probado que la muerte de A. A. A. M. se produjo entre los días 4 a 5 de julio de 2014, fecha en la cual el señor Luis Gerardo Hernández Fuentes, ya había alcanzado los 18 años. Esta sala coincide con el razonamiento del A quo, por cuanto se encuentra basado en pruebas legalmente incorporadas al proceso, de carácter científico e indubitable.Decisión No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 y 362 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. Segundo: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, todos interpuestos por la Abogada Ada Maribel Domínguez Castro, actuando en su condición de defensora pública de Luis Gerardo Hernández Fuentes y Víctor Manuel Pavón Prieto, a quien se le sigue proceso por el delito de Asesinato, en perjuicio de A. A. A. M.. Tercero: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha once de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. Rafael Bustillo Romero. Magistrado Coordinador. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Firma y Sello. María del Carmen Godoy. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-18-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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