Sentencia CP-178-17 — Registro 11517
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de extorsión. resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES DE RECIBO. En el presente caso, el Tribunal de Sentencia, excluye el registro personal, decomiso y actas de vigilancia de fechas 2, 9, 12 y 19 de enero de 2015 y la evidencia presentada en el debate, por considerar que dichos medios de prueba son ilícitos, en virtud de que los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, realizaron una entrega controlada, sin contar con la debida autorización del juez de letras o del fiscal del Ministerio Público, en caso de que se acreditara la urgencia de dicho acto de investigación, lo cual constituye a su criterio una violación al derecho de defensa y del debido proceso, que le asiste al imputado, en el presente proceso. Este Tribunal de Casación no comparte la postura del Tribunal sentenciador, ya que al hacer una revisión de las actuaciones que constan en el expediente, se logra evidenciar que las mismas están realizadas conforme a lo dispuesto por nuestra norma adjetiva y por ende no constituyen de manera alguna prueba ilícita, en razón de las siguientes consideraciones: 1. Los Agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión actuaron al amparo de los dispuesto en nuestro Código Procesal Penal, en sus artículos 272, 273 y 279, pues ejecutaron una serie de acciones que iban encaminadas a constatar la existencia del hecho punible, por lo que no se necesita autorización del juez de letras competente, para la ejecución de las mismas, pues con ellas nunca se quebrantaron derechos fundamentales que le asisten al imputado, en el proceso penal que en su contra se tramita. 2. La prueba recabada por los agentes antes mencionados, no constituye prueba ilícita, pues al analizar dichas actuaciones, se llega a la conclusión que las mismas no reúnen los presupuestos para que sea considerada de tal manera, pues como ya se ha dicho a la saciedad no quebranta derechos fundamentales de las partes, ya que si bien el sentenciador se basa en la Ley contra del delito de Lavado de Activos o en la propia Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, para establecer que en una entrega controlada es necesario como requisito previo para su ejecución de la autorización del juez de letras competente, esta Sala de Casación advierte que las entregas controladas a que refieren dichos cuerpos normativos son con un fin totalmente distintos a las entregas controlada que se realizan en delitos como el de extorsión, ya que las primeras refieren a permitir la entrega, ingreso, transmisión o salida del territorio nacional, bajo el control de las autoridades competentes, de remesas ilícitas o sospechosas de drogas, sustancias prohibidas, es decir este tipo de actuaciones se dan en el marco de la investigación de delitos que están dentro de la esfera de aplicación de dichas leyes especiales. 3. Con la ejecución de las diligencias investigativas, realizadas en el presente proceso para constatar los hechos denunciados por las victimas no se vulnera el derecho de defensa que asiste al imputado, ya que la ley procesal permite que dichas actuaciones puedan practicarse aún sin la presencia de la defensa técnica del acusado. No obstante tal atribución de los entes investigativos, en los primeros momentos del delito, el derecho de defensa del acusado queda debidamente tutelado y resguardado por la legislación, al disponer que el acusado y su defensor técnico en todo caso, pueden alegar la nulidad de los actos investigativos realizados por la autoridad policial durante la etapa preparatoria del proceso, en la primera audiencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 167.1 del Código Procesal Penal. Razones por las cuales es procedente declarar con lugar el motivo de casación invocado. Al haber prosperado el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma y por los efectos subsiguientes que conlleva, se exime el estudio del segundo y tercer motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García, y José Olivio Rodríguez Vásquez pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-178-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de enero del dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor Nabil Alberto Velásquez Orellana, del delito de Extorsión, en perjuicio de los Testigos CX0097-A, CX0097-B, CX0097-C y CX0097-D; Segundo: No procede condenar en costas al Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados José Roberto Izaguirre Santos y Mario Reiniery Amador Espinal, en su condición de defensores públicos del señor Nabil Alberto Velásquez Orellana, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “Único: En fecha 19 de enero del año 2015 aproximadamente a las 11:30 de la mañana, Nabil Alberto Velásquez Orellana con tarjeta de de identidad número 0102-1997-00328, fue detenido por agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), en la Colonia Lomas de Palmira a inmediaciones del sector del Búfalo, Municipio de la Ceiba, departamento de Atlántida.” III. Recurso de Casación. Motivos y Argumentos La recurrente Abogada Liana Lourdes Soto Martínez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. I.- POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMER MOTIVO: Haber Excluido el sentenciador una prueba de valor decisivo en la litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El Precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación, prescribe: Articulo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es nuestro). Al examinar la sentencia censurada así como las probanzas que sirvieron de fundamento, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO como ser las Actas de Vigilancia de fechas dos (2), nueve (9), doce (12) de enero del año dos mil quince y el Acta de Vigilancia y entrega de dinero Vigilada de fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil quince; considerándolas prueba ilícita y por ende carecen de valor probatorio las diligencias realizadas y derivadas de las mismas. Las actas de vigilancia que fueron excluidas por el Sentenciador son: 1-. Acta de Vigilancia Policial de fecha dos (2) de Enero del año dos mil quince; En la que se indica que se practicó la diligencia en la calle principal de la Gasolinera COPENA, salida a Tocoa, Colón; a las diez de la mañana, donde se colocaron dos grupos estratégicos de la Fuerza Nacional Antiextorsión, con el objeto de verificar de que manera le entregaban el dinero producto de la extorsión al señor que conducía el taxi 1405 y se verificó que se lo daban en efectivo y lo hacía cada miembro taxista del punto; de acuerdo a información de los testigos protegidos, el señor del taxi 1405 decía que los mareros del sector Búfalo lo obligaban a realizar esos actos lícitos, que un niño llegó a recoger el dinero ese día y se le dio seguimiento por una hora, por el centro de la ciudad de La Ceiba y solo daba vueltas por la calle y el otro seguimiento empezó a las diez y media de la mañana y se terminó a las once treinta horas de ese mismo día; firma y sello Jaime Núñez 2.- Acta de Vigilancia Policial de fecha nueve (9) de enero del año dos mil quince; Misma que inicia a las diez treinta horas de la mañana por los miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión Fredy López, Daysi Castro y Mártir Amaya; siempre en a Gasolinera COPENA, de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, salida a la ciudad de Tocoa; indicando los agentes que se ubican en puntos estratégicos y llegó el encargado de recoger el dinero y que posteriormente lo lleva a los mareros del Búfalo; se e tomó un video en el momento que se hizo el intercambio de dinero y quien lo recibió es el señor del taxi 1405, los agentes se identificaron con éste y le dijeron que tenían que hablar con él y les dijo que él era el encargado de recoger el dinero, porque era a él quien los mareros llamaban para que lo recogiera y que era la cantidad de mil quinientos lempiras, que siempre lo llamaban amenazándolo y le decían que si no lo hacía lo matarían con toda su familia y se registra en el acta el último numero del cual le llamaron a ésta persona, que es el 98829926. 3.- Acta de Vigilancia Policial de fecha doce (12) de enero del año 2015; La cual da inicio a las dos de la tarde, por los miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión Fredy López, Daysi Castro, Oscar Delcid, Emmanuel Bonilla y Mártir Amaya y en el mismo sector de la Gasolinera COPENA; se procedió a la ubicación estratégica y uno de tos agentes abordó el taxi 1405, ya que así se había acordado en la vigilancia anterior con el conductor del mismo y permaneció el agente hasta las doce del mediodía, pero los mareros del Búfalo no llamaron ese día.- firma y sello Daysi Castro. 4.- Acta de Vigilancia Policial y entrega vigilada de fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil quince; siendo las ocho con treinta minutos de la mañana, se procedió a realizar la conformación de dos equipos de respuesta a la denuncia CX00097-2014 y un equipo se ubicó por la Gasolinera COPENA y otro equipo se ubicó en el sector del Búfalo, indicando uno de los agentes que recibió una llamada del Testigo Protegido CX0097-2014B, quien es el encargado de recoger el dinero producto de la extorsión los días viernes y dárselo a un compañero los días lunes y les informó que daría el dinero al señor taxista del número 1143 de la Gasolinera Puma Santa Maria y le entregó el dinero además de un número celular; se logró localizar frente al grupo Q y se le dio seguimiento cerca; se llamó al agente Eduardo Silva para que abordara el taxi como pasajero y fuera escuchando las conversaciones que había entre el taxista y los mareros y el agente Silva informó que pedían el dinero en la esquina del campo, frente a la Escuela Altos de Palmira y se siguió de cerca al taxi; el otro equipo se encontraba cerca del campo de la misma colonia, pero se mantenía la comunicación con el agente Silva y cuando el taxi se encontraba en la esquina del campo, en donde pidieron el dinero los mareros, se acercó un tipo que vestía una gorra blanca, camiseta café, tenis negros y pantalón jean azul; en el momento que tomó el dinero se le dio detención. El sentenciador excluyó esa prueba y la consideró ilícita, porque a su criterio debió realizarse con control jurisdiccional y que el actuar de los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión no estaba amparado en la Ley y como consecuencia se vulneró el Derecho de Defensa y de Debido Proceso, establecidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; al respecto es importante señalar que las diligencias de vigilancia se originan con motivo de la denuncia interpuesta por los testigos protegidos CXOO972O14-A, CX0097-B y CX0097-C, en virtud de estar siendo extorsionados por individuos del sector del Búfalo, en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en el punto de taxis al cual estaban adscritos y son esos aspectos los que se constatan precisamente con las vigilancias realizadas en la zona donde operaban los sospechosos y sobre la entrega vigilada el sentenciador indica que el control jurisdiccional era necesario, porque las agencias de seguridad ciudadana están obligadas a prevenir el delito y a evitar su ejecución y con dicha diligencia, la autoridad consiente el hecho y facilita la ejecución del delito; en ese sentido debemos decir que no es posible que con ésta diligencia se haya facilitado la comisión de un acto ilícito cuando precisamente de las diligencias de vigilancia ya se había constatado que las entregas de dinero se realizaban a la persona que fue identificada como el conductor del taxi 1405, quien le informó a los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión que él recogía el dinero de sus compañeros para entregarlo a los individuos que catalogó como los mareros del sector del Búfalo y en la vigilancia realizada en fecha doce de enero del año dos mil quince, los agentes ya se habían puesto de acuerdo con el conductor del taxi suprareferido y no se hizo la entrega controlada porque los individuos que la recibirían no llamaron, sino que es en la siguiente vigilancia, es decir en la que se realizó el diecinueve de enero de ese mismo año, que se detiene al acusado por ser éste la persona que recibió el dinero que el conductor del taxi 1143 le correspondía entregar ese día, entonces no podemos decir que se obligó o motivó a una persona para que cometiera un delito, debido a que ya se habían realizado diligencias en las cuales se constató la ejecución de una acción ilícita, que en el caso suprareferido es por extorsión. Ante el cuestionamiento del sentenciador debemos establecer que el artículo 273 del Código Procesal Penal, legitima no sólo al Ministerio Público, también lo hace con la Policía Nacional u otra Autoridad competente, para que al tener conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de delito, cualquiera que sea el medio por el cual haya llegado a su conocimiento y en ese sentido el numeral 4 de dicho artículo, establece la adopción de medidas urgentes y necesarias para preservar los elementos de prueba; en el caso supraseñalado, la única forma de preservar esas diligencias y de constatar el delito de extorsión es precisamente con vigilancias y entrega controlada, que como ya lo indicamos con ésta última de ninguna manera se incentiva a una persona a cometer un delito, habiendo antes constatado su ejecución con las vigilancias previas y para la realización de esas diligencias, el mismo artículo señala que no se necesita autorización judicial, salvo cuando pueda afectarse un derecho garantizado por la Constitución de la República y de los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte. Asimismo; en presente caso, tampoco se quebrantó el derecho de Defensa como lo ha señalado el Juzgador, ya que dichas diligencias fueron evacuadas en el desarrollo del proceso y por ende tuvo conocimiento de las mismas la parte contraria, a efecto de hacer uso de los principios y formalidades que rigen el mismo. Así las cosas, resulta evidente el grave error de hecho en que incurrió el Tribunal sentenciador al excluir en toda su dimensión las actas de vigilancias y de entrega controlada realizadas para la constatación del delito de extorsión, imputado al señor Nabil Alberto Velásquez Orellana, que en consecuencia no requería control jurisdiccional y por ende al suponer un rechazo expreso en los extremos descritos en el fallo antes señalado se excluyó su valor probatorio que es decisivo en el presente proceso. Conforme a lo expuesto se concluye, que si el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, recurrido hubiere apreciado la prueba citada, inequívocamente habrían determinado que el imputado NABIL ALBERTO VELASQUEZ ORELLANA, era responsable del delito de Extorsión, cometido en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS CX0097-A, CX0097-B y CX0097-C, como se ha dejado demostrado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” “SEGUNDO MOTIVO: Haber Excluido el sentenciador una prueba de valor decisivo en la litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El Precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación, prescribe: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es nuestro). Al examinar la sentencia censurada así como las probanzas que sirvieron de fundamento, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO como ser las declaraciones de los Testigos Protegidos CX0097-A y CX0097-C, considerándolas ilícitas, ya que a su criterio vulneraron el derecho de Defensa y del Debido Proceso. Las declaraciones de los testigos protegidos que fueron excluidas por el Sentenciador son: 1.- Declaración del Testigo Protegido CX0097-A; En la que manifiesta que el día diecinueve de diciembre del año dos mil catorce, interpuso denuncia ante la Fuerza Nacional Antiextorsión; debido a que estaban siendo extorsionados por grupos antisociales; que los taxistas tenían más de veinte años de estar trabajando en la COPENA y la dueña de la Gasolinera metió un compañero para que taxiara en el grupo; lo entrevistaron a él para que ellos contribuyeran y el que el compañero llamado Ronald Cruz negoció con los antisociales y les notificó a ellos, acordando pagar trescientos lempiras por taxi, cada quien tenía que ir a dejar el dinero a la Colonia El Búfalo, pero que hacía aproximadamente cinco meses el señor Ronald Cruz realizaba la recolección del dinero y él lo llevaba personalmente; que la semana anterior a la denuncia le había tocado a él ir a dejar el dinero, porque los obligaban y el día que fue detenido el acusado le tocó ir a otro compañero de ellos. 2.- Declaración de Testigo Protegido CX0097-C; Quien declaró que el diecinueve de diciembre de dos mil catorce y a las diez treinta de la mañana, Ronald Cruz lo llamó para ir a dejar el impuesto de guerra; que él se o dio en la Santa Marta y que al ver el tráfico que había y en el momento que cruzaba un puente vio un cliente que le hizo señal de parada, lo abordó en el momento que iba a dejar el impuesto y una vez que se encontró con el muchacho al que le pagaría el impuesto, en eso le cayeron los muchachos de la Policía y luego no supo nada más, porque se fue huyendo y le hizo una visita Ronald Cruz, quien era el encargado de recibir el dinero; indicando además el testigo que quería irse para otro lado, debido a temor por su vida y de la de su familia. El sentenciador excluyó esa prueba y la consideró ilícita, estableciendo que son declaraciones de testigos anónimos y que aunque gocen de legitimidad procesal, al ser incorporadas por lectura autorizada, limitaron la inmediación de los Juzgadores y por ende de la parte contraria; al respecto y como bien lo señala el Juzgador, la figura del testigo protegido goza de legitimidad procesal, por ende el artículo 237 del Código Procesal Penal establece las reglas mediante las cuales comparecerán los testigos sujetos a protección, entonces no podemos hablar de testigos anónimos que perjudican la inmediación de los Juzgadores y de las partes, ya que a protección es precisamente para salvaguardar su integridad y la de su familia en casos donde es sumamente necesario por la forma en que son cometidos los actos ilícitos y particularmente en el delito de Extorsión, que de todos es conocido no sólo de los operadores de justicia el riego que corren las víctimas por denunciar estas acciones y de las declaraciones de los testigos protegidos CX0097-A y CX0097-C, se desprenden estos aspectos, particularmente con el dicho de éste último, quien manifestó que el día que le tocaba realizar a él la entrega, detuvieron a la persona que recibió el dinero y que luego de eso él salió huyendo por temor a su vida y la de su familia, por tal motivo las declaraciones de estos testigos fueron incorporadas por lectura autorizada, amparados en el Programa de Protección de Testigos y por el cual el ente acusador estableció que los mismos estaban bajo cuidado y vigilancia especial; por lo que no entendemos el cuestionamiento del sentenciador cuando las lecturas autorizadas están permitidas por el Código Procesal Penal de manera excepcional, como ocurrió en el caso suprareferido, que no fue posible exponer a los testigos en el Juicio por el riesgo que corría su vida, por lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 311 numeral 2, el testimonio de estos testigos resultó imposible por ese extremo y no ha existido perjuicio debido a que el testimonio se presta durante la etapa preparatoria del proceso con todos los principios que rigen éste, entre ellos el de inmediación y rindieron su declaración ante un Juez de garantías, entonces no podemos decir que ha habido quebranto al derecho de Defensa o al Debido Proceso, como lo ha señalado el Juzgador al declarar ilícitas dichas declaraciones. Así las cosas, resulta evidente el grave error de hecho en que incurrió el Tribunal sentenciador al excluir en toda su dimensión las declaraciones de los testigos protegidos CX0097-A y CX0096-C, en la causa seguida a Nabil Alberto Velásquez, por el delito de extorsión y que en consecuencia las declaraciones señaladas fueron evacuadas en el marco del Debido Proceso y del derecho de Defensa, por ende al suponer un rechazo expreso en los extremos descritos en el fallo antes señalado se excluyó su valor probatorio que es decisivo en el presente proceso, ya que de ellas depende la imputación realizada al acusado. Conforme a lo expuesto se concluye, que si el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, recurrido hubiere apreciado la prueba citada, inequívocamente habrían determinado que el imputado NABIL ALBERTO VELASQUEZ ORELLANA, era responsable del delito de Extorsión, cometido en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS CX0097-A, CX0097-B y CX0097-C, como se ha dejado demostrado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” “TERCER MOTIVO: Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a favor de NABIL ALBERTO VELASQUEZ ORELLANA, lo hizo valorando la prueba inobservado las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al examinar ¡a sentencia ya referida, observamos que adolece de vicio in procedendo, pues infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, en virtud que el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil diecisiete (2017), respecto al imputado NABIL ALBERTO VELASQUEZ ORELLANA, lo hizo vulnerando la Regla Lógica en su Principio de Derivación, en su apartado de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollamos: Para el Sentenciador, con la prueba evacuada en Juicio no se logró establecer la responsabilidad del señor Nabil Alberto Velásquez Orellana, solamente el lugar donde éste fue detenido, aunado a ello que no se determinó si la persona que recibía el dinero pertenecía a una organización criminal y que aún cuando no se elaborara un paquete controlado por el agente que dirigió la investigación en el caso suprareferido, aún cuando se realizaron vigilancias previas desde el dos de enero al diecinueve de enero del año dos mil quince, fue hasta en ésta última que el agente declaró haber visto al acusado recoger el dinero de manos del motorista del taxi 1143, en una esquina de la colonia Lomas de Palmira en el sector del Búfalo. De lo anterior cabe citar entonces, que la razón por la cual el Tribunal de Sentencia, absuelve al encartado NABIL ALBERTO VELASQUEZ ORELLANA, es porque considera que la prueba de cargo es insuficiente para establecer la responsabilidad del acusado, por el delito de Extorsión. Ante esta premisa, no podemos obviar que el Juzgador posea cierto grado de incipiente valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en “que la prueba de cargo no fue suficiente para dar por acreditados los hechos atribuidos al acusado”; sin embargo, al Juzgador nuestra Norma Adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito no sucede. Se presentó como prueba de cargo, se presentó la siguiente: PRUEBA TESTIFICAL. 1.- Declaración del Testigo Protegido CX0097-A En la que manifiesta que el día diecinueve de diciembre del año dos mil catorce, interpuso denuncia ante la Fuerza Nacional Antiextorsión; debido a que estaban siendo extorsionados por grupos antisociales; que los taxistas tenían más de veinte años de estar trabajando en la COPENA y la dueña de la Gasolinera metió un compañero para que taxiara en el grupo; lo entrevistaron a él para que ellos contribuyeran y el que el compañero llamado Ronald Cruz negoció con los antisociales y les notificó a ellos, acordando pagar trescientos lempiras por taxi, cada quien tenía que ir a dejar el dinero a la Colonia El Búfalo, pero que hacía aproximadamente cinco meses el señor Ronald Cruz hacía la recolección del dinero y él lo llevaba personalmente; que la semana anterior a la denuncia le había tocado a él ir a dejar el dinero, porque los obligaban y el día que fue detenido el acusado le tocó ir a otro compañero de ellos. 2.- Declaración de Testigo Protegido CX0097-C; Quien declaró que el diecinueve de diciembre de dos mil catorce y a las diez treinta de la mañana, Ronald Cruz lo llamó para ir a dejar el impuesto de guerra; que él se lo dio en la Santa Marta y que al ver el tráfico que había y en el momento que cruzaba un puente vio un cliente que le hizo señal de parada, lo abordó en el momento que iba a dejar el impuesto y una vez que se encontró con el muchacho al que le pagaría el impuesto, en eso le cayeron los muchachos de la Policía y luego no supo nada más, porque fue huyendo y le hizo una visita Ronald Cruz, quien era el encargado de recibir el dinero; indicando además el testigo que quería irse para otro lado, debido a temor por su vida y de la de su familia. 3.- Declaración de NORGEN EDUARDO SILVA; Agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión; quien declaró que el diecinueve de enero del año dos mil quince, su compañero Fredy López, quien dirigía la investigación en el caso suprareferido, le informó que abordara el taxi 1143, el que era conducido por la persona que pagaría ese día un impuesto de guerra en el sector del Búfalo, de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida; por lo que abordó el taxi en la colonia Las Delicias como pasajero, pero el taxista no sabía que el era agente policial y en el momento que se conducía en el mismo, observó que el taxista recibía llamadas telefónicas en las cuales lo dirigían para donde movilizarse y llegaron a la entrada de El Búfalo y después se dirigieron a la colonia Altos de Palmira y llegando al campo se le acercó una persona que vestía gorra blanca, camiseta café y pantalón azul, quien fue a traer el dinero y le dijo al taxista que iba por el dinero que se lo entregara; que era la cantidad de mil quinientos lempiras, por lo que de inmediato le informó a sus compañeros y se procedió a detener al sospechoso, que al ser requerido fue identificado como Nabil Alberto Velásquez Orellana, a quien en el momento de realizarle un registro personal se le encontró la cantidad de mil quinientos lempiras en la bolsa del pantalón y dos celulares. (Lo resaltado es nuestro). 4.- Declaración de FREDY ALBERTO LOPEZ LOPEZ Agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión; quien fue la persona que realizó la investigación en el presente caso y ratificó el acta de Registro Personal y de decomiso de los indicios encontrados al acusado; expresando el testigo que el dinero decomisado a éste, era del taxista y que os habían recogido ellos para pagar la extorsión; que ellos se dieron cuenta porque estaban dentro de un vehículo a cincuenta metros de donde se realizó la entrega. PRUEBA DOCUMENTAL. 1.- Acta de Vigilancia Policial de fecha dos (2) de Enero del año dos mil quince; En la que se indica que se practicó la diligencia en la calle principal de la Gasolinera COPENA, salida a Tocoa, Colón; a las diez de la mañana, donde se colocaron dos grupos estratégicos de la Fuerza Nacional Antiextorsión, con el objeto de verificar de que manera le entregaban el dinero producto de la extorsión al señor que conduce el taxi 1405 y se verificó que se lo daban en efectivo y lo hacía cada miembro taxista del punto; de acuerdo a información de los testigos protegidos, el señor del taxi 1405 decía que los mareros del sector Búfalo lo obligaban a realizar esos actos ilícitos, que un niño llegó a recoger el dinero ese día y se le dio seguimiento por una hora, por el centro de la ciudad de La Ceiba y solo daba vueltas por la calle y el otro seguimiento empezó a las diez y media de la mañana y se terminó a las once treinta horas de ese mismo día; firma y sello Jaime Núñez. 2.- Acta de Vigilancia Policial de fecha nueve (9) de enero del año dos mil quince; Misma que inicia a las diez treinta horas de la mañana por los miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión Fredy López, Daysi Castro y Mártir Amaya; siempre en la Gasolinera COPENA, de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, salida a la ciudad de Tocoa; indicando los agentes que se ubican en puntos estratégicos y llegó el encargado de recoger el dinero y que posteriormente lo lleva a los mareros del Búfalo; se le tomó un video en el momento que se hizo el intercambio de dinero y quien lo recibió es el señor del taxi 1405, los agentes se identificaron con éste y le dijeron que tenían que hablar y les dijo que él era el encargado de recoger el dinero, porque era a él quien los mareros llamaban para que lo recogiera y que era la cantidad de mil quinientos lempiras, que siempre lo llamaban amenazándolo y le decían que si no lo hacía lo matarían con toda su familia y se registran en el acta el último numero del cual le llamaron a ésta persona y es el 98829926. 3.- Acta de Vigilancia Policial de fecha doce (12) de enero del año 2015; La cual da inicio a las dos de la tarde, por los miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión Fredy López, Daysi Castro, Oscar Delcid, Emmanuel Bonilla y Mártir Amaya y en el mismo sector de la Gasolinera COPENA; se procedió a la ubicación estratégica y uno de los agentes abordó el taxi 1405, ya que así se había acordado en la vigilancia anterior con el conductor del mismo y permaneció el agente hasta as doce del mediodía, pero los mareros del Búfalo no llamaron ese día.- firma y sello Daysi Castro. 4.- Acta de Vigilancia Policial y entrega vigilada de fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil quince; siendo las ocho con treinta minutos de la mañana, se procedió a realizar la conformación de dos equipos de respuesta a la denuncia CX00097-2014 y un equipo se ubicó por la Gasolinera COPENA y otro equipo se ubicó en el sector del Búfalo, indicando uno de los agentes que recibió una llamada del Testigo Protegido CX0097-2014B, quien es el encargado de recoger el dinero producto de la extorsión los días viernes y dárselo a un compañero los días lunes y les informó que daría el dinero al señor taxista del número 1143 de la Gasolinera Puma Santa Marta y le entregó el dinero además de un número celular; se logró localizar frente al grupo Q y se le dio seguimiento cerca; se llamó al agente Eduardo Silva para que abordara el taxi como pasajero y fuera escuchando las conversaciones que había entre el taxista y los mareros y el agente Silva informó que pedían el dinero en la esquina del campo frente a la Escuela Altos de Palmira y se siguió de cerca al taxi; el otro equipo se encontraba cerca del campo de la misma colonia, pero se mantenía la comunicación con el agente Silva y cuando el taxi se encontraba en la esquina del campo, en donde pidieron el dinero los mareros, se acercó un tipo que vestía una gorra blanca, camiseta café, tenis negros y pantalón jean azul; en el momento que tomó el dinero se le dio detención. 5.- -Acta de Registro Personal de fecha Diecinueve (19) de Enero del año dos mil quince (2015), realizado al acusado, encontrándole la cantidad de mil quinientos lempiras (L.1,500.00) en la bolsa delantera izquierda del pantalón, descritos como diez billetes de cien lempiras (L.100.00) y uno de quinientos lempiras (L. 500.00). 6- Acta de Decomiso de fecha diecinueve (19) de Enero del dos mil quince de la evidencia antes descrita, consistente en la cantidad de mil quinientos lempiras (L. 1500.00) que habían sido entregados al acusado producto del cobro por impuesto de guerra. 7.- Acta de Reconocimiento en Rueda al acusado; de fecha veintitrés de enero del año dos mil quince; realizado por el Testigo Protegido CX-0097-C. Evidencia Material; consistente en un billete de quinientos lempiras serie V8495343 y diez billetes de cien lempiras con series BY4991574, CA1015194, BV2325131, BY5675204, CB2554251, BW2026995, BX0888303, CA069496, BX2764228, BY5310668 y dos teléfonos celulares, uno LG, color negro y otro marca Huawei, color negro. De lo anterior podemos apreciar que no obstante al cuestionamiento del sentenciador, de que con la prueba evacuada en juicio no se acreditó la responsabilidad del acusado en los hechos, es menester señalar que con las declaraciones de los testigos protegidos CX0097-A y CX0097-C, se estableció que formaban parte del punto de taxis que estaba ubicado en la Gasolinera COPENA de la ciudad de La Ceiba, en el Departamento de Atlántida; hacías más de veinte años, pero que estaban siendo objeto de extorsión por grupos antisociales, para ello habían designado una persona a la que llamaron Ronald Cruz, indicando que éste había negociado con esos individuos y que con sus compañeros habían acordado pagar la cantidad de trescientos lempiras por taxi, que al recoger la cantidad aportada por todos se turnaban para ir a entregar ese dinero debido a que eran amenazados; por lo que es fecha diecinueve de diciembre del año dos mil catorce, deciden interponer a denuncia ante la Fuerza Nacional Antiextorsión, cuya investigación fue coordinada por el agente Fredy López; sin embargo en fecha dos de enero del año dos mil quince, en coordinación con otros agentes, realizan la primera vigilancia, a efecto de verificar la forma de operar de estos individuos y en esa fecha observan que un niño llegó a recoger el dinero, a quien indican que le dieron seguimiento por el centro de la ciudad; luego en la vigilancia realizada el nueve de enero de ese mismo año, los agentes se identifican con el conductor del taxi 1405, quien manifiesta que él es el que se encarga de recoger la renta en ese momento porque los mareros, refiriéndose a los individuos que los conminaban al pago, lo amenazaban con su vida y en la vigilancia realizada el doce de enero del dos mil catorce, ya se habían puesto de acuerdo con el conductor del taxi 1405 para efectos del seguimiento a la entrega ese día, pero ninguno de los individuos que realizaba el cobro llamó ese día. Sin embargo, en fecha diecinueve de enero del año dos mil quince, de acuerdo a la declaración del agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión Norgen Silva, se organizó la vigilancia de ese día y abordó el taxi 1143 como pasajero, pero el conductor del mismo no sabía que era agente y que estaba participando en un operativo, es así que en el momento de conducirse en el vehículo, escuchaba las conversaciones que el taxista que le tocaba realizar la entrega ese día, tenía con las personas a las que se les haría la entrega y cuando éste se puso de acuerdo en el lugar donde se realizaría la misma, por lo que él le informó a los demás agentes donde se iba a realizar la entrega del dinero y es ahí donde es sorprendido el acusado, recibiendo de parte del conductor del taxi 1143, la cantidad de mil quinientos lempiras, dinero que había sido pagado por cada uno de sus compañeros de punto de taxi, circunstancia que fue demostrada con la declaración del testigo protegido CX0097-C, quien manifestó que un pasajero abordó la unidad de taxi, sin saber que se trataba del agente Norgen Silva y que después de ello se encontró con el muchacho al que le iba a pagar el impuesto y fue allí que lo detuvo la Policía; de ahí no supo nada más dijo el testigo y expresó temor su vida y la de su familia. La detención del acusado se realizó de acuerdo al acta de vigilancia de fecha diecinueve de enero del año dos mil quince, en la esquina del campo, frente a la Colonia Altos de Palmira y de acuerdo al acta de registro personal realizado al acusado por el agente Fredy López, se le encontró en la bolsa izquierda delantera del pantalón mil quinientos lempiras, diez billetes de cien y uno de quinientos, los cuales le fueron decomisados; es así que quedó demostrada la participación del señor Nabil Alberto Velásquez en los hechos y no es necesario que se haya establecido que éste perteneciera a un grupo antisocial o pandilla de acuerdo al tipo penal de Extorsión, aunque es conocido que éste delito es cometido generalmente por grupos ilícitos, no obstante a ello los testigos protegidos fueron claros en expresar su temor debido a que tenía ya algún tiempo de estar pagando el impuesto de guerra y que eran amenazados por antisociales del sector conocido como El Búfalo, en la ciudad de La Ceiba; asimismo el Juzgador cuestiona el hecho de que es en la última vigilancia que el agente Silva declaró haber visto recoger el dinero al acusado; al respecto es necesario señalar que es precisamente en esa vigilancia que se realiza la entrega, ya que en la primera mencionan que se hizo, pero a un niño y es hasta el diecinueve de enero del dos mil catorce, que los agentes observan que el conductor del taxi 1143 realiza la entrega de dinero al acusado y precisamente por el seguimiento que realiza a bordo el agente Silva es que se encuentra al señor Nabil Alberto Velásquez Orellana y se identifica como a persona que realizó el cobro de impuesto de guerra ese día a los taxistas de la Gasolinera COPENA. Por todo lo anterior, concluimos que el A quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que el imputado fue la persona que procedió a recoger la entrega del dinero que era cobrado como impuesto de guerra mediante amenazas a los taxistas adscritos al punto de taxis de la Gasolinera COPENA, de la ciudad de La Ceiba; en el departamento de Atlántida; siendo evidente que del andamiaje probatorio se acreditó sin lugar a dudas, que el señor NABIL ALBERTO VELASQUEZ ORELLANA, ha tenido participación en el delito de EXTORSIÓN, establecido en el artículo 222, con relación al 32 del Código Penal. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa él artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada, pues se dedica a efectuar apreciaciones que se encuentran fuera del marco legal, ya que las declaraciones de los testigos fueron complementarias entre sí y con la prueba documental, con relación a establecer la participación del acusado en los hechos; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” IV. FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Primer Motivo *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Norma Procesal que se denuncia Infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Haber excluido el juzgador prueba de valor decisivo. *Reclamación Ex Ante: el yerro que produce la interposición del recurso se presentó en el acto de sentenciar, por ello no hubo reclamación previa. *Pretensión: no determinada por el recurrente Explicó el censor, que el Tribunal de Sentencia recurrido, excluyó prueba de valor decisivo, consistentes en las actas de vigilancia de fechas 2, 9, 12 y 19 de enero de dos mil quince, por considerarlas ilícitas, ya que su criterio, es que estas tuvieron realizarse bajo control jurisdiccional, por lo que el actuar de los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, no estaba amparado en la ley, pues se vulneró a los acusados, el derecho de defensa y el debido proceso, establecidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pero arguye el recurrente que las diligencias de vigilancia antes mencionadas, se originaron por las denuncias interpuestas por los testigos protegidos CX0097-2014-A, CX0097-B y CX0097-C, en virtud de estar siendo extorsionados por individuos del sector de Búfalo, en la ciudad de La Ceiba, en el punto de taxis al cual estaban adscritos y es ese extremo que se constata con las vigilancias supra mencionadas, en las zonas donde operaban los sospechosos, asimismo el impetrante considera que el artículo 273 del Código Procesal Penal, legitima no solo al Ministerio Público, sino también a la Policía Nacional u otra autoridad competente, para que al tener conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de delito, pueda adoptar las medidas urgentes y necesarias para preservar los elementos de prueba, y en el presente caso a su criterio, la única forma de preservar dichos elementos para constatar el delito de extorsión, es precisamente con vigilancias y entregas controladas. De la Exclusión de Prueba de Valor Decisivo. El artículo 362.2 del Código Procesal Penal, establece como motivo para el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, cuando acontece que indebidamente se excluye un medio de prueba, es decir, cuando habiéndose admitido y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega todo valor al medio de prueba, es decir hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad. Otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba, es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole todo valor como consecuencia de una desatinada calificación de ilicitud. Finalmente, para determinar si el medio de prueba indebidamente excluido posee un valor decisivo en la emisión del fallo, se debe de recurrir al ejercicio mental conocido como “Inclusión Hipotética”, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, a modo de verificar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se ve afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando su exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo. De la Investigación Preliminar El artículo 92 del Código Procesal Penal, establece que corresponde al Ministerio Público, por medio de sus funcionarios y órganos auxiliares, investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública en representación de la sociedad, para lo cual podrá realizar todos los actos que sean necesarios para preparar la acusación, lo cual se complementa con los artículos 272 y 273, del mismo cuerpo legal, que señalan que en la investigación de la verdad, la Policía Nacional, el Ministerio Público u otra autoridad competente, practicará las diligencias pertinentes y útiles, para determinar la existencia del hecho punible y que al tener conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de delito, cualquiera que sea el medio por el cual haya llegado a su conocimiento, con tal que la noticia parezca verosímil, podrán inicial las investigaciones del caso, pudiendo realizar cualquiera de las acciones siguientes: 1. Citar a cualquier persona que pueda aportar datos relacionados con el hecho que se investiga y recibirle la correspondiente declaración. A quienes no estén obligados a comparecer ante los tribunales, pero sí a declarar, les recibirá la declaración en sus oficinas. Podrá, asimismo, interrogar a las personas en su casa de habitación o en el sitio que considere más apropiado para el éxito de la investigación; 1. Practicar inspecciones oculares en archivos, registros contables, documentos o sitios que formen parte de oficinas públicas, o de oficinas o locales privados abiertos al público; 2. Realizar pericias en todos los campos de la criminalística y de la Medicina Forense; y, 3. Adoptar las medidas urgentes y necesarias para preservar los elementos de prueba susceptibles de perderse. Es importante señalar que, conforme a las normas antes citadas, nuestro proceso penal, en la fase de investigación, se basa en el modelo de enjuiciamiento criminal angloamericano, en el que no existe la dirección de un juez instructor, llevando el peso de la investigación el Ministerio Público, desde un punto de vista formal y desde un punto de vista material la Policía y los distintos entes investigativos. Conforme a lo dicho anteriormente, diremos entonces, que la dirección de la investigación preliminar la lleva el Ministerio Público, ya que el artículo 272, de nuestra norma adjetiva y que anteriormente citamos, confusamente parece determinar que dicha dirección la llevan a su vez varias instituciones, como ser la Policía Nacional, el propio Ministerio Público u otra autoridad competente, pero el artículo 279, de nuestro citado Código Procesal Penal, termina de aclarar lo antes expuesto, al hacer una distribución funcional, del papel que deben desempeñar los entes investigativos y la propia Policía Nacional, al momento de realizar los actos propios de la fase investigativa, estableciendo concretamente lo siguiente: “En el cumplimiento de sus funciones, los miembros de la Agencia de Investigación Técnica (ATIC), actuarán por propia iniciativa, de acuerdo con las orientaciones generales impartidas por los fiscales y ejecutarán las órdenes de actuación concreta que de ellos reciban, en relación con el hecho investigado, cumpliendo sus cometidos de modo que se alcancen los fines perseguidos por aquellos. Lo mismo harán los miembros de la Dirección Nacional de la Policía Preventiva cuando desempeñen funciones de investigación criminal. Los directores de las respectivas instituciones establecerán los procedimientos de coordinación necesarios para el logro de tal fin.” Podemos concluir entonces que conforme a lo antes expuesto la dirección de la investigación preliminar corresponde al Ministerio Público, el cual actuará de forma coordinada con los distintos entes investigativos y la Policía Nacional, por lo que para la realización de todas las actuaciones que sean necesarias en esta fase del proceso penal, no requerirán de autorización judicial, salvo cuando en su práctica, pueda afectarse derechos garantizados por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte, en la que si será imperativo la intervención del Juez de Letras Penal, como garante de los derechos antes mencionados. La Prueba Ilícita Señala el artículo 1 de la Constitución que Honduras es un Estado de Derecho, proclamación que constituye la base de todo el orden estatal, por cuanto los Poderes del Estado, instituciones Centralizadas, Descentralizadas y Desconcentradas y con ello todo funcionario público y empleado público debe desarrollar sus funciones y ceñir su comportamiento a lo preceptuado en las normas legales válidas y vigentes, a efecto de que éstas sean positivas y eficaces. El Estado de Honduras, no puede basarse en actuaciones realizadas al margen de la ley o contrarias a la ley, por cuanto sería un contrasentido que queriendo hacer prevalecer el imperio de la ley, se valga de actos ejecutados al margen de ésta. Particularmente en el proceso penal, medio a través del cual el Estado de Honduras imputa a una persona un acto contrario a la ley, debiendo celebrar dicho proceso con estricto ajuste a las normas para que la consecuencia del juicio sea válida. Concretamente interesa que en el proceso penal la prueba que se reproduzca sea de carácter lícita y de carácter legal. La Prueba es de carácter lícita cuando ha sido obtenida mediante un acto o procedimiento estipulado o permitido por la ley, ergo, la prueba es de carácter ilícita cuando para su obtención se ha violentado la ley, causando la violación o la disminución ilegitima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegitima de los derechos humanos establecidos en los tratados y convenios que forman parte del derecho interno hondureño y que conforman el bloque de constitucionalidad. de lo anterior se concluye que para la existencia de prueba ilícita se requieren los siguientes presupuestos: a. Que se haya obtenido una prueba o una fuente de prueba; b. Que dicha obtención haya sido contraria a la ley, es decir no amparada por la ley. Opera aquí el prevalecimiento de la supremacía de la Constitución de la República o de las normas que integran el bloque de constitucionalidad, de tal modo que aún y cuando un reglamento o una ley autoricen la obtención de la fuente de prueba, ésta se considerará ilícita si se contradice con normas fundamentales; c. Que la obtención de la fuente de prueba haya comportado la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o de derechos humanos, reconocidos en la Constitución de la República o en los tratados y convenios que formen parte del derecho interno del Estado, respectivamente; d. Que la violación o disminución ilegitima de ese derecho fundamental o de ese derecho humano, sea en perjuicio de una persona o un grupo de personas determinadas, ya sea que estas personas participen como actores del proceso o que sean terceros ligados a éste; e. Que sin la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del derecho humano, no hubiese sido posible la obtención de la prueba; y, f. Que la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del Derecho Humano sea anterior o simultánea a la obtención de la prueba. El Legislador Hondureño, ha previsto que cuando se reproduzca un medio de prueba ilícito en el proceso, la sanción procesal será el desconocimiento de cualquier valor probatorio de ésta. (Teoría del Árbol Envenenado).[1] De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. En el presente caso, el Tribunal de Sentencia, excluye el registro personal, decomiso y actas de vigilancia de fechas 2, 9, 12 y 19 de enero de 2015 y la evidencia presentada en el debate, por considerar que dichos medios de prueba son ilícitos, en virtud de que los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, realizaron una entrega controlada, sin contar con la debida autorización del juez de letras o del fiscal del Ministerio Público, en caso de que se acreditara la urgencia de dicho acto de investigación, lo cual constituye a su criterio una violación al derecho de defensa y del debido proceso, que le asiste al imputado, en el presente proceso. Este Tribunal de Casación no comparte la postura del Tribunal sentenciador, ya que al hacer una revisión de las actuaciones que constan en el expediente, se logra evidenciar que las mismas están realizadas conforme a lo dispuesto por nuestra norma adjetiva y por ende no constituyen de manera alguna prueba ilícita, en razón de las siguientes consideraciones: 1. Los Agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión actuaron al amparo de los dispuesto en nuestro Código Procesal Penal, en sus artículos 272, 273 y 279, pues ejecutaron una serie de acciones que iban encaminadas a constatar la existencia del hecho punible, por lo que no se necesita autorización del juez de letras competente, para la ejecución de las mismas, pues con ellas nunca se quebrantaron derechos fundamentales que le asisten al imputado, en el proceso penal que en su contra se tramita. 2. La prueba recabada por los agentes antes mencionados, no constituye prueba ilícita, pues al analizar dichas actuaciones, se llega a la conclusión que las mismas no reúnen los presupuestos para que sea considerada de tal manera, pues como ya se ha dicho a la saciedad no quebranta derechos fundamentales de las partes, ya que si bien el sentenciador se basa en la Ley contra del delito de Lavado de Activos o en la propia Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, para establecer que en una entrega controlada es necesario como requisito previo para su ejecución de la autorización del juez de letras competente, esta Sala de Casación advierte que las entregas controladas a que refieren dichos cuerpos normativos son con un fin totalmente distintos a las entregas controlada que se realizan en delitos como el de extorsión, ya que las primeras refieren a permitir la entrega, ingreso, transmisión o salida del territorio nacional, bajo el control de las autoridades competentes, de remesas ilícitas o sospechosas de drogas, sustancias prohibidas, es decir este tipo de actuaciones se dan en el marco de la investigación de delitos que están dentro de la esfera de aplicación de dichas leyes especiales. 3. Con la ejecución de las diligencias investigativas, realizadas en el presente proceso para constatar los hechos denunciados por las victimas no se vulnera el derecho de defensa que asiste al imputado, ya que la ley procesal permite que dichas actuaciones puedan practicarse aún sin la presencia de la defensa técnica del acusado. No obstante tal atribución de los entes investigativos, en los primeros momentos del delito, el derecho de defensa del acusado queda debidamente tutelado y resguardado por la legislación, al disponer que el acusado y su defensor técnico en todo caso, pueden alegar la nulidad de los actos investigativos realizados por la autoridad policial durante la etapa preparatoria del proceso, en la primera audiencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 167.1 del Código Procesal Penal. Razones por las cuales es procedente declarar con lugar el motivo de casación invocado. Al haber prosperado el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma y por los efectos subsiguientes que conlleva, se exime el estudio del segundo y tercer motivo. V. DECISIÓN. Se declara ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 206, 207, 338, 359, 362 y 363 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su primer motivo interpuesto por la Abogada Liana Lourdes Soto Martínez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, contra la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por medio de la cual absolvió de responsabilidad penal al señor Nabil Alberto Velásquez Orellana, como autor responsable de la comisión del delito de Extorsión en perjuicio de testigos CX0097-A, CX0097-B, CX0097-C y CX0097-D. Segundo: Casa la sentencia. Tercero: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha veintiséis de enero del dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los uno días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-178-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 48-2011 de fecha 11 de junio del 2013 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.