Sentencia CP-177-17 — Registro 13107
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado del delito de homicidio, resolviendo en segunda instancia parcialmente ha lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO PARCIALMENTE. Habiendo analizado el recurso interpuesto por el Ministerio Público, es importante acotar que aun, en su libelo “concepto de la infracción expuesto”, se enuncia una falta de consideración, del desarrollo del recurso es posible deducir que se trata de una exclusión de medios de prueba, por lo cual, el análisis a efectuar por esta Sala de lo Penal únicamente versará sobre si la decisión del sentenciador de excluir los resultados arrojados por los medios de prueba consistente en la declaración rendida por el señor Milton Geovany Martínez mediante las formalidades de prueba anticipada y del dictamen pericial de análisis comparativo de ADN número 03997 de fecha 07 de julio de 2016, si corresponde a lo establecido en el artículo 200 del Código Procesal Penal, o sí, por el contrario, existió una indebida exclusión de dichos medios de prueba que de ser de carácter decisivo, traería como consecuencia un vicio in procedendo que daría lugar al motivo regulado en el artículo 362.2 del mismo texto legal. Para el caso, de la declaración del señor Milton Geovany Martínez los juzgadores dispusieron: “…Conforme a estas exigencias legales, y en atención a los hechos planteados por la defensa se ha constatado a folio seis, frente y vuelto (6), la motivación hecha por el Juez de instrucción al momento de resolver la solicitud de tomar la declaración con la formalidad de prueba anticipada. En ella, hemos podido percibir un razonamiento que sin ánimo de reprochar la resolución tomada por el juez de instrucción, y tampoco, debe entenderse que él debió razonar de manera exhaustiva la decisión adoptada, pero si, tuvo que hacerlo de forma racional a la petición, ya que, la resolución dictada no obedece a un razonamiento lógico, contrario a ello, posee ambigüedades e incongruencias, que a criterio de estos juzgadores se violentaron, no en la motivación fáctica, ni jurídica, pero si, en el razonamiento lógico en cuanto al valor otorgado a las pruebas que tuvo en cuenta para adoptar la decisión, de manera que, se violentó la motivación intelectiva, pues se puede apreciar notoriamente que la petición del Ente Fiscal se fundamentó en que el testigo Milton Geovany Martínez Díaz, como testigo principal de los hechos, siente temor que atenten contra su vida y la de su familia y pretende abandonar el país en horas próximas, además, puede ser expuesto a presiones, ofertas de dinero u otros beneficios análogos y ante esas promesas pueda cambiar su versión y dejar en impunidad el ilícito, puesto que los acusados han manifestado que si ese enano en referencia a él (testigo) se atreve a declarar lo matarían, todo en atención a lo establecido en el artículo 277 del Código Penal. Pero vemos que el Juez en su motivación (ver numeral 2), menciona al inicio lo planteado por el Ministerio Público en los términos arriba enunciados, al tanto que dice: "...ya que esta persona, por ser testigo presencial, teme perder la vida a consecuencia de la declaración que rinda y manifiesta que se ira del país", No obstante a ello, y de manera incoherente en la parte final de la motivación, donde resuelve lo peticionado, hace referencia a un peligro de muerte a causas de heridas sufridas, al decir: "...que solo en estos momentos puede dar su declaración testifical como testigo; y que en lo sucesivo es posible no esté a disposición de brindarla, porque puede fallecer a consecuencia de las heridas recibidas en diferentes partes del cuerpo que son graves", misma ilustración utiliza en la fundamentación jurídica, numeral 2, en la que establece: "porque cuando sea necesaria su presencia para la evacuación de la prueba, no pueda estar presente por fallecimiento". Al respecto consideramos existe una violación al precepto legal que establece sobre la motivación de las resoluciones judiciales, no se menciona en el auto motivado, las razones de hecho y las pruebas que tuvo que valorar el juez para admitir esa declaración, ya que al inicio se centró en establecer los hechos que planteo el Ente Fiscal, es decir, la mención del requerimiento hechos por el peticionario, (recordemos la simple mención de los hechos no reemplaza la motivación) pero, al resolver intelectivamente la justificación de la decisión adoptada, sostiene como valido que la prueba tenida en cuenta, es el posible fallecimiento del testigo a consecuencia de las heridas sufridas, denotando con ello, que la conclusión a la que llego no es coherente a la solicitada, no existiendo el curso de pensamiento del juzgador mediante la utilización de un razonamiento lógico y congruente al momento de la resolución. Dicho de otra forma, el Juez no motivo su auto en base a lo peticionado por el Ministerio Publico, y si bien, trato de hacerlo, lo hizo de forma ambigua e incoherente, por lo que es criterio firme de este Tribunal, que la misma no se ajusta a lo preceptuado en el artículo 141 del Código Procesal Penal, considerando al efecto la falta de motivación suficiente del juez de instrucción, al momento de ordenar la recepción anticipada de la prueba testifical, ya sea por heridas graves o por exposición a amenazas, ya que cada una de las razones presentaría sus propias peculiaridades, pero en este caso, no ocurrió así, porque ni siquiera se exteriorizo de manera fundada ninguna de las dos circunstancias aludidas, al no saber qué medios de prueba valoró para tomar su decisión de tomar la declaración bajo los términos de prueba anticipada, pareciendo inclusive que ni siquiera el Juez de instrucción se entrevistó preliminarmente con el testigo para avalar la decisión de tomarle su declaración en los términos supra mencionados. De lo anteriormente relacionado, se aprecia que se debe de declarar con lugar el incidente de nulidad interpuesto por la defensa, ya que no existe la mínima motivación suficiente y en atención a lo preceptuado en la legislación penal procedimental, que hace relación a la forma bajo pena de nulidad sobre el contenido y forma en la que se deben adoptar las resoluciones y autos motivados.” Incorrectamente el Tribunal de Sentencia ha rechazado valorarlo, pues su exclusión se debió por la inexistencia de motivación y no por existencia de alguna vulneración de garantías procesales, es decir, si dicho medio de prueba, fue obtenida por métodos ilícitos (torturas, tratados o castigos crueles, inhumanos o degradantes y otros abusos de derechos humanos) o en franca violación a un debido proceso, de lo cual, no hay duda que la prueba carecería de validez en el proceso y los jueces habrán de reputarla inexistente a la hora de construir la base fáctica en que haya de apoyarse una sentencia; para el caso en estudio, el 24 de junio de 2015 el agente fiscal del Ministerio Público, solicitó se recibiera declaración testifical con las formalidades de prueba anticipada del señor Milton Geovany Martínez Díaz, (F.1) resuelto mediante auto de misma fecha (F.6) concediendo lo peticionado; celebrándose el mismo día, en presencia del señor Juez, representante del Ministerio Público y de la defensa de los imputados (F.36), quienes en el uso de la palabra interrogaron al testigo, sin que la defensa mostrara oposición al auto de admisión menos al desarrollo de la audiencia en mención, por lo cual las partes interviniente al no haber reclamado oportunamente, los actos viciados se tendrían por subsanados y así lo dispone el artículo 170 de la norma penal antes señalada; los juzgadores, con sus argumentos o motivos para excluir la prueba, mas allá de cuestionar la prueba, fue la resolución de la misma, denotando con ello, apariencia de enmienda de una resolución judicial ante la existencia de motivación, lo cual está reservado exclusivamente para tribunales de alzada. Del estudio de los antecedentes y de la sentencia recurrida, esta Sala de lo Penal observa que ciertamente los motivos invocados por el impetrante para recurrir en casación en relación a la declaración mediante las formalidades de prueba anticipada, es constitutivo del quebrantamiento de forma; en consecuencia, se encuentra que la decisión de excluir la declaración del testigo presencial, no contiene el razonamiento y fundamento de derecho, pues el a quo lo excluyo desconociendo la norma procesal penal, inobservando los procedimientos, requisitos y exigencias del debido proceso, debiendo evacuarse y valorarse todos los medios de prueba que la mente humana considere como tales, estén regulados o no específicamente por la ley, no hay por tanto tasación legal de los actos de investigación, siendo sus únicos límites el respeto a los derechos fundamentales de las personas, su adecuación a los fines del proceso penal, así como su pertinencia y utilidad respecto a los hechos criminales concretos que han dado origen a la causa y a la personalidad de los imputados. Al haberlo excluido, causa inobservancia al debido proceso y restringe el derecho de defensa de los intereses de la sociedad y la respuesta justa y acorde a derecho que merecen las víctimas, quienes también tienen derecho a una tutela judicial efectiva de las que se les está privando. En relación al dictamen pericial de análisis comparativo de ADN número 03997 de fecha 07 de julio de 2016, los sentenciadores se pronunciaron en los siguientes términos: “…. y en consecuencia de estos dictámenes de serología, igualmente declarar nulidad del dictamen de comparación de ADN número 03997 de fecha 7 de julio 2016, que corre a folios 294 al 296. Aclarando que esta nulidad trasciende a esta pericia de ADN, en vista que el objeto para realizarla se derivó precisamente de la pericia de serología que fue declarada nula y con la que se debía comparara los resultados obtenidos. En síntesis al declararse la nulidad de estos medios de prueba y toda la otra prueba que de ellas se derivó, este material probatorio evacuado por el ente fiscal debe ser excluido del debate, pues fue obtenida ¡legalmente, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hayan incurrido los responsables de la obtención ilícita de la información.” La pericia es el modo probatorio con el cual se intenta obtener, para el proceso penal, un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útil para el descubrimiento o valoración de un elemento de prueba. No se trata, en consecuencia, de un medio para auxiliar a uno más de los sujetos procesales (juez, fiscal, imputado, etc.), supliendo la deficiente formación sobre el tema a peritar, pues no podrá evitarse su realización, aun cuando estos sujetos procesales posean los conocimientos especializados necesarios. Es el carácter eminentemente técnico de este medio de prueba lo que torna procedente cuando, para descubrir o valorar un elemento de prueba, fuese necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, con lo cual no se requerirá la intervención del perito para la realización de meras comprobaciones materiales. [2] Para la designación del perito, el artículo 242 del Código Procesal Penal, establece que, en la etapa de juicio oral y público, lo hará el Tribunal de Sentencia competente, de igual forma dispone que en la etapa preparatoria, el Ministerio Público o el juez, con conocimiento de las partes, cuando se haya de practicar prueba pericial, seleccionarán o designarán los peritos. En cuanto a la práctica de este medio de prueba ordenado por la representación del Ministerio Público, en la etapa preparatoria del proceso penal, el artículo 246 del cuerpo normativo antes mencionado, señala que el fiscal podrá ordenar pericias durante la investigación preliminar, pero sólo podrán incorporarse por lectura al debate si se hubieren seguido las reglas sobre el anticipo de prueba, bajo control jurisdiccional y quedando a salvo la posibilidad que tiene el tribunal, el Ministerio Público y las partes, de exigir la declaración del perito durante el debate. En ese mismo sentido el artículo 273 del mismo cuerpo legal, regula que el Ministerio Público, como titular de la acción pública, al tener conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de delito, cualquiera que sea el medio por el cual haya llegado a su conocimiento, cuando la noticia parezca verosímil, teniendo en cuenta su contenido y los datos proporcionados para su comprobación, adoptará las medidas necesarias para impedir que produzca consecuencias ulteriores e iniciará las investigaciones del caso, teniendo entre otras atribuciones la de ordenar la realización de pericias en todos los campos de la criminalística y de la Medicina Forense, siendo dicha norma muy clara al establecer que para la realización de dicha actividad el Ministerio Público no necesitará autorización judicial, salvo cuando pueda afectarse un derecho garantizado por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte. En el caso sometido a estudio el recurrente considera que el a quo excluyó indebidamente prueba de valor decisivo como ser el dictamen pericial de análisis comparativo de ADN número 03997 de fecha 07 de julio de 2016; en el cual se establece en sus conclusiones “En los indicios N0 1,2,3,5 se detectó el perfil genético de un individuo del sexo masculino ninguna de los marcadores genéticos amplificados excluyen a olvin Orlando Pineda Ramírez (ofendido) como donador del perfil genético detectado en el indicio y el análisis estadístico indica que es 28,801,100,000,000,000,000,000 veces más probable que el señor Olvin Orlando Pineda Ramírez (ofendido) sea la donador del perfil genético detectado en el Indicio, a que sea otro individuo de la población con una probabilidad de coincidencia del 99.99999999999999999999%.” Los argumentos del impetrante no son correctos, pues el tribunal sentenciador a criterio de esta Sala de Casación, en ningún momento excluyó de manera indebida el medio de prueba antes mencionado, ya que como ha quedado establecido en la resolución del a quo, que los indicios N0 1,2,3 y 5, fueron analizados mediante dictámenes 2015-0501-0507-6132 y 2015-0501-0507-6134 del laboratorio de serología forense de fecha 07 de diciembre de 2015 y 14 de enero de 2016 respectivamente, en los cuales se detectó la presencia de sangre humana, que posteriormente, los mismos indicios, una vez detectada la presencia de sangre, fueron utilizados mediante dictamen de comparación genética de fecha 07 de julio de 2016; en consecuencia le asiste la razón a los sentenciadores, que la nulidad de las pericias de serología forense, derivo igual manera en la pericia de comparación genética, al haber comparado indicios que fueron examinados en una pericia arbitraria, que la parte defensora no tuvo la mínima intervención, no tuvo la oportunidad de conocer el nombre del perito y por ende no pudo presentar cualquier tipo de oposición, lo que indudablemente trajo como consecuencia la disminución del derecho de defensa. Ante los anteriores argumentos, deviene declara ha lugar parcialmente el recurso invocado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 177-2017, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, departamento de Copan, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió al señor Eleazar Vidal Auxume, del delito de Homicidio, en perjuicio de Elvin Orlando Pineda Ramírez. SEGUNDO: Absolvió al señor Kerin Francisco Cerna Hernández, del delito de Homicidio, a título de cómplice, en perjuicio de Elvin Orlando Pineda Ramírez. TERCERO: Se declara con lugar los incidentes interpuestos contra la declaración con formalidad de prueba anticipada del señor Milton Geovani Martínez, asimismo contra los dictámenes de serología forense número 2015-0501-0507-5451, 2015-0501-0507-6132 y 2015-0501-0507-6134. CUARTO: No ha lugar el incidente interpuesto contra un allanamiento de morada. QUINTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma la Abogada Marlen Janet Rodríguez Berrios, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Ela Paredes Bromfield, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “UNICO: El día martes veintitrés de junio (23), del año dos mil quince, se realizo el levantamiento del cadáver del señor ELVIN ORLANDO PINEDA RAMIREZ, en el lugar conocido como el basurero de Copan Ruinas, el cuerpo presentaba cuatro heridas de arma de fuego localizadas de la siguiente forma: 1.- En región temporal izquierda. 2.- En región cigomática izquierda. 3.- En región nasal izquierda. 4.- en región cigomática derecha. Que le causaron la muerte por traumatismo Craneoencefálico abierto y laceración cerebral. Al día siguiente y después de investigaciones realizadas la policía de la zona realizo un allanamiento a la vivienda del señor Eleazar Vidal Auxume, ubicada en el barrio Clavos de Oro de Copan Ruinas, donde se recolecto como evidencias varias piedras y un par de botas con supuestas manchas de sangre, tiempo después fueron capturados los señores Eleazar Vidal Auxume, a quien se le decomiso un vehículo tipo pickup, color gris, placa P837fqf y Kerin Francisco Cerna Hernández, por suponerlos responsables de causar el fallecimiento del Elvin Orlando Pineda Ramírez.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Marlen Janet Rodríguez Berrios, agente del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN.- I. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMER MOTIVO: “Falta de consideración de prueba de valor decisivo”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el caso en comento, se hace exclusión de prueba, rechazándola de manera expresa, por considerarla ilícita sin serlo, por lo cual declaró su nulidad, sin embargo, basándonos en el principio de libertad probatoria que rige en el sistema acusatorio, donde los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso puede demostrarse por cualquier medio de prueba licito, el Ente Acusador en apego .al mencionado principio, propuso prueba conducente a la acreditación de su pretensión; no obstante, en el caso sub judice el vicio se presenta, porque el Tribunal excluyó la valoración de prueba de cargo evacuada, concretamente el testimonios de MILTON GEOVANY MARTINEZ evacuado como prueba anticipada que acreditan que efectivamente el enjuiciado ELIAZAR VIDAL AUXUME, disparó contra el ofendido y que KEVIN FRANCISCO CERNA HERNÁNDEZ cooperó en la realización del homicidio y además se dejo de valorar la prueba científica consistente el Dictámenes de ADN número 03997, el cual vincula directamente a los encausados con el delito por el cual se les acusó. Sobre lo anterior, la norma procesal penal establece en el artículo 199 párrafo tercero del Código Procesal penal, lo siguiente: “Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir”. Las probanzas que se dejan de considerar por el Juzgador hacemos el siguiente análisis: 1.-Declaración Anticipada de MILTON GEOVANY MARTINEZ “Como a cinco a seis empezamos a tomar luego nos fuimos a la casa de habitación, regresamos seguimos tomando siempre, después me mandaron a traer cerveza, cuando regrese, Elvin ya no estaba, yo les pregunte por ELVIN, y me dijeron que me callara, como a los veinte minutos, fuimos al basurero, ahí estaba el muchacho herido, y Eliazar le hizo disparos al muchacho, luego regresamos y me dijo que no dijera nada, porque él dijo que el mataba. Al ser interrogado por el Fiscal el testigo refirió, que la casa de ELIZAR queda a unos diez minutos del basurero, cuando llegan al basurero, en un vehículo gris, ELVIN estaba ahí y ELIZAR le hace cuatro disparos, refirió que el arma era tipo escuadra y que Eliazar andaba vestido con camisa blanca y botas. Considerando que la calificación legal expuesta por el Ministerio Público desde el inicio del proceso consistió en delito de Homicidio y complicidad por Homicidio, los medios de prueba supra mencionados sí resultaban útiles y proporcionales para la acreditación del delito, sin embargo respecto a la declaración anticipada del testigo MILTON GEOVANY MARTINEZ antes detallada, la Defensa solicito se decretara nulidad, en virtud que, el juez de instancia dictar la resolución que ordena la práctica del mencionado testimonio como anticipado, no lo hace de conformidad los artículos 139, 141 y 338 del Código Procesal penal, normativa que establece la forma de dictar las resoluciones, la obligación de motivar las resoluciones y los requisitos de la sentencia. Sobre ese aspecto, el tribunal Sentenciador determino “Al respecto consideramos que existe una violación al precepto legal que establece sobre la motivación de las resoluciones de hecho y las pruebas que tuvo que valorar el juez para admitir esa declaración, ya que al inicio se centro en establecer los hechos que planteo el Ente Fiscal, es decir, la mención de requerimiento hecho por el peticionario (recordemos la simple mención de los hechos no reemplaza la motivación) pero, al resolver intelectivamente la justificación de la decisión adoptada, sostiene como valido la prueba tenida en cuenta, es el posible fallecimiento del testigo a consecuencia de las heridas sufridas, denotando con ello, que conclusión a la que llego no es coherente a la solicitada, demostrando con ello, que la conclusión a la que llego no es coherente a.la solicitada, no existiendo el curso de pensamiento del juzgador, mediante la utilización de un razonamiento lógico y congruente al momento de la resolución” Esta representante de la sociedad aprecia, que la declaración Anticipada del Testigo MILTON GEOVANY MARTINEZ, identifica los autores del hecho, el lugar donde y como se produce el hecho, siendo congruente con otros indicios que lograron fortalecer su dichos, como el Acta de levantamiento Cadavérico y el Dictamen de Autopsia que establece que la víctima recibió cuatro disparó, el hallazgo de sangre en la prueba de cuminol en la paila del vehículo decomisado al imputado ELIAZAR, además éste es el único testigo presencial de los hechos, sin embargo, el Tribunal de Sentencia la excluye por mero Formalismo, ya que se evidencia un error material de la motivación de la resolución que ordena la práctica de la declaración anticipada, pues, ésta inicia fundándose en que la víctima saldrá del país, como en efecto lo hizo, porque su vida corre peligro, no obstante en el desarrollo de transcripción se refirió que el testigo puede fallecer debido a la gravedad de la heridas sufridas, ese error material no puede dar lugar a destinar la prueba anticipada practicada con las formalidades legales, ni mucho menos considerarla ilícita, puesto que, esta no ha significado una violación o disminución formal y material de garantías fundamentales o de derechos humanos, reconocidos en la Constitución de la República o en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno del Estado. En ese sentido, sin olvidar que las formas son necesarias, hace falta determinar cuándo estamos ante el rigor formal Justificado y cuando ente un formalismo exagerando, según Gutiérrez de Cabiedes, “quizás la regla para distinguir ente derecho a las formas en un proceso penal y el culto al formalismo, sería preguntarse ¿La forma en este proceso o en este sistema procesal está al servicio de la Justicia o se sacrifica la justicia en obsequio de la forma? Todavía concentrado aún más ¿Se puede perder un proceso por defectos de subsanables? ¿Está previsto en el sistema procesal subsana esos defectos? ¿Juega la falta de presupuestos procesales como simples motivos retardatorios en la obtención de la justicia como medio para conseguirla?[1] de manera que en el caso de mérito se está privilegiando la forma, cuando durante el proceso la Defensa pudo solicitar reposición de la resolución en cuestión a efecto de subsanar sí tal defecto, no obstante la defensa viene a reclamar la nulidad en la etapa de juicio oral, es así que, la Defensa tuvo la oportunidad de efectuar los reclamos, haciendo uso de los recursos de manera oportuna, pues ha participado en todo el proceso, incluso ejerció la defensa en la práctica de la prueba anticipada, que cuestiona en la etapa de debate, por ello, podemos concluir que no se ha producido un perjuicio que lesione un Derecho Fundamental consagrado en la Constitución de la República o en la Ley Procesal. Siendo que, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía para las partes en el proceso frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los juzgadores, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido procesal que protege el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. La Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado al respecto en los siguientes términos: “El Derecho de Defensa se considera infringido cuando a los litigantes se les ¡imita la posibilidad real de ser oídos, o se les mengua o priva del derecho de alegar o de probar, con tradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional de los órganos judiciales el permitir a las partes su defensa procesal mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley”, también indica que para ampararse en una situación de indefensión debe existir: “la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal, 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética, 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión, 4) Debe ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o interés legítimo, 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional”. (Sentencia APC-526028, de fecha 19 de Marzo de 2009, Sala Constitucional, Corte Suprema de Justicia). Asimismo debemos referir, que la prueba supra relacionada además de haber sido dejada de apreciar, la misma se considera de valor decisivo, ya que al incurrir al juicio de inclusión hipotética, la cual consiste en incluir la prueba no considerada, junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieran sido necesariamente distintas, es decir, nos conduce a modificar la reconstrucción del hecho efectuada por el Tribunal de sentencia; y en el caso que nos ocupa de haberse incluido tales probanzas y valorarlas con el resto de la prueba, el juzgador hubiera llegado a la conclusión indudable que los enjuiciados son responsables del delito imputado por el Ente Fiscal. 2.- La segunda prueba excluida consiste en Análisis de Comparación de ADN número 03997 de fecha 7 de julio 2016, ratificado por la Doctora YOLI MOLINA Perito Oficial de Medicina Forense. En el que se establece que los indicios que se analizaron, consistentes en las piedras número uno, dos y tres y en la bota se determinó un perfil genético el cual al ser comparado era idéntico al perfil genético del ofendido OLVIN ORLANDO PINEDA, pericia que fue realizada con todas las formalidades legales, de manera que consta en el expediente y se acreditó en debate que, la perito fue juramenta por el juez de garantías y que se puso en conocimiento a la Defensa de los encausados la práctica de la pericia, conforme a lo establecido en el artículo 242 y 243 del Código Procesal Penal, al ser practicada la pericia con control jurisdiccional, la Defensa tuvo la posibilidad de materializar el principio de contradicción y por ende ejercer el Derecho de Defensa. No obstantes los extremos expuestos, los Juzgadores declaran nulo el dictamen de comparación de ADN numero 03997 practicado en fecha 7 de julio del 2016, por estimar que el objeto para realizarla se derivó precisamente de la pericia de serología que fue declarada nula, con la que se debían comparar los resultados obtenidos, lo que es totalmente alijado de la realidad, pues se ha podido apreciar en el debate que los dictámenes declarados nulos en primea instancia son los Dictámenes de Serología Forense número 2015-0501-0507-6132, números 2015-0501-0507-5451, número 2015- 0501-0507- 6134, los cuales fueron solicitados dentro de las facultades del Ministerio Público, como pruebas de detección presuntivas o de orientación, para que se determine presencia de sangre humana en los indicios recolectados, sobre lo cual se dictaminó que en la bota tenía aparentemente presencia de sangre humana, igualmente en las piedras aparentemente había sangre humana; no obstante que no consideramos ilícitos los dictámenes de serología en referencia, es importante señalar que dichas pericias son independientes y que no están directamente relacionadas con la comparación de ADN, es decir que la ejecución de una no depende de la otra, pues la muestra para la realización del ADN fueron extraída directamente de los indicios recolectados y no de la información contenida en los díctame de Serología, de manera tal, que aunque no se hubiesen practicado los dictámenes de serología la prueba de ADN persiste. Es así que, las valoraciones que ha efectuado el Tribunal respecto del dictamen de ADN y que lo han llevado a la exclusión de esta probanza relevante, resultan equivocadas, especialmente porque tal pericia no se desprende los dictámenes que fueron declarados nulos, en ese sentido queremos dejar sentado, que no compartimos tal decisión, debido a que las peritos cuando realizaron los dictámenes, reunía todos los requisitos establecidos en la norma adjetiva, estaban facultadas para hacerlo por tener la condición de Perito Oficial del Ministerio Público, puntualmente en el caso de .la pericia de ADN la perito fue juramentada por el órgano jurisdiccional, y no le eran aplicables los numerales plasmados en el artículo 241 del Código Procesal Penal, por lo que la práctica del peritaje se realiza bajo control judicial. El Juzgador, al arribar a la conclusión antes señalada está dejando de considerar que una violación al ya señalado Derecho de Defensa debe producir forzosamente un perjuicio, es decir, que se haya producido una indefensión efectiva, ya sea en la defensa material (no auto-incriminación, ser informado de los motivos de su detención en ese mismo acto...) o en la defensa técnica (ejercida por el profesional de derecho que le representa); por lo que de no ser así cobra valor preeminente el axioma “no hay nulidad sin perjuicio”. De todo lo anterior, se desprende que el Ministerio Público, una vez incoada la causa, puede practicar u ordenar que se practiquen las averiguaciones y actos de investigación que considere necesarios para fortalecer su posición acusatoria antes de formalizar su acusación, por ende el legislador le brindó al Ente Fiscal la posibilidad de efectuar las diligencias investigativas que sean necesarias en el caso concreto, por lo cual sería absurdo pretender limitar las atribuciones que se ha concedido al Ministerio Público en beneficio de los intereses generales de la sociedad y la búsqueda de la verdad así como la pronta y efectiva realización de la justicia. Es así que, reiteramos que no se ha producido vulneración al Debido Proceso, ni vulneración a derechos fundamentales ni garantías procesales, para restarle validez probatoria a la prueba de cargo incorporada al debate. De Forma que, al dejar de apreciar la prueba consistente en la Declaración Testifical en referencia y los Dictámenes de Serología Forense, el Juzgador se ha privado a sí mismo de un elemento de prueba de valor esencial y determinante para aplicar de manera eficaz la justicia penal, siendo evidente que se ha dejado de apreciar la prueba excluyéndola de la valoración judicial, probanzas, que de haber sido apreciada correctamente, hubiese cambiado la decisión jurisdiccional, pues, al contar con cimientos probatorios, indefectiblemente hubiese dado lugar a una condena. Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia del recurso, la sentencia censurada adolece de graves de graves vicios de forma, que se traducen en la Absolución de los imputados por el delito de HOMICIDIO y Complicidad de HOMICIDIO, siendo violatorios de la Sana Critica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia, el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma. Tocante a lo expresado, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justica, ha señalado en el Recurso de Casación 151-10 que “debe determinar en concreto si dicha omisión probatoria es o no decisiva para la litis, es decir capaz de alterar o modificar el resultado del juicio. Sobre el tema del “Defecto Decisivo”, el Jurista argentino F. de la Rúa, sostiene que: “Que la prueba omitida, hemos señalado, debe ser decisiva; si carece de eficacia, la omisión no puede afectar la motivación2”. Más adelante el mismo autor agrega: “Para determinar la decisividad de la prueba eliminada, el Tribunal de Casación debe acudir al método de supresión hipotética: una prueba será decisiva, y su invalidez afectará de manera fundamental a la motivación, cuando -si mentalmente se la suprimiera- las conclusiones hubieran sido necesariamente distintas “Cuando se trae de un vacío inverso, es decir, de omisión de prueba esencial, aquella operación critica deberá invertirse, y consistirá, en tal caso, en la inclusión mental hipotética de la prueba no producida. La anulación puede ser parcial.3”_En el presente caso, se ha comprobado la omisión de valoración por parte del Juzgador de los tres medios de prueba referidos, por lo que mediante el método de inclusión hipotética, habrá de determinar si es decisiva.”. En el caso en estudio si efectuamos la inclusión mental hipotética de la prueba la declaración anticipada del testigo presencial del hecho y del dictamen de ADN, indefectiblemente el resultado hubiese sido una condena, ya que dichas probanzas incriminan directamente a los encausados. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto que una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza y casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente acusador; igualmente enfatizamos que no habíamos reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por la recurrente; Concepto de la infracción expuesto: Falta de consideración de prueba de valor decisivo; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia; Pretensión: Case el fallo. El Ministerio Público interpone recurso de casación por quebrantamiento de forma y cita como único motivo que los sentenciadores excluyeron dos pruebas de valor decisivo, la primera consiste en la declaración del señor Milton Geovany Martínez, rendida mediante las formalidades de prueba anticipada, quien identifica a los autores del hecho, el lugar, donde y como se produce el mismo, sin embargo, los juzgadores excluyeron por mero formalismo, al evidenciarse un error material en la motivación de la resolución que ordena la práctica de la declaración anticipada; como segunda el análisis comparativo de ADN número 03997 de fecha 07 de julio de 2016 ratificado por la Dra. Yoli Molina, perito oficial del Medicina Forense, el cual fue excluido, por estimar los sentenciadores que el objeto para realizarla se derivó precisamente de la pericia de serología que fue declarada nula, con la que se debía comparar los resultados obtenidos, a criterio del recurrente dicha pericia es independiente y no está relacionada con la comparación de ADN, por lo cual, dichas exclusiones son equivocadas, provocando con ello, una violación al derecho de defensa. Exclusión Indebida de Medios de Prueba de Valor Decisivo El Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido Proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del Código Procesal Penal), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del Código Procesal Penal), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del Código Procesal Penal) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del Código Procesal Penal) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del Código Procesal Penal) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del Código Procesal Penal), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el previsto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando en la sentencia indebidamente se “… excluya […] alguna prueba de valor decisivo”. Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba indebidamente excluido posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo parcialmente. Habiendo analizado el recurso interpuesto por el Ministerio Público, es importante acotar que aun, en su libelo “concepto de la infracción expuesto”, se enuncia una falta de consideración, del desarrollo del recurso es posible deducir que se trata de una exclusión de medios de prueba, por lo cual, el análisis a efectuar por esta Sala de lo Penal únicamente versará sobre si la decisión del sentenciador de excluir los resultados arrojados por los medios de prueba consistente en la declaración rendida por el señor Milton Geovany Martínez mediante las formalidades de prueba anticipada y del dictamen pericial de análisis comparativo de ADN número 03997 de fecha 07 de julio de 2016, si corresponde a lo establecido en el artículo 200 del Código Procesal Penal, o sí, por el contrario, existió una indebida exclusión de dichos medios de prueba que de ser de carácter decisivo, traería como consecuencia un vicio in procedendo que daría lugar al motivo regulado en el artículo 362.2 del mismo texto legal. Para el caso, de la declaración del señor Milton Geovany Martínez los juzgadores dispusieron: “…Conforme a estas exigencias legales, y en atención a los hechos planteados por la defensa se ha constatado a folio seis, frente y vuelto (6), la motivación hecha por el Juez de instrucción al momento de resolver la solicitud de tomar la declaración con la formalidad de prueba anticipada. En ella, hemos podido percibir un razonamiento que sin ánimo de reprochar la resolución tomada por el juez de instrucción, y tampoco, debe entenderse que él debió razonar de manera exhaustiva la decisión adoptada, pero si, tuvo que hacerlo de forma racional a la petición, ya que, la resolución dictada no obedece a un razonamiento lógico, contrario a ello, posee ambigüedades e incongruencias, que a criterio de estos juzgadores se violentaron, no en la motivación fáctica, ni jurídica, pero si, en el razonamiento lógico en cuanto al valor otorgado a las pruebas que tuvo en cuenta para adoptar la decisión, de manera que, se violentó la motivación intelectiva, pues se puede apreciar notoriamente que la petición del Ente Fiscal se fundamentó en que el testigo Milton Geovany Martínez Díaz, como testigo principal de los hechos, siente temor que atenten contra su vida y la de su familia y pretende abandonar el país en horas próximas, además, puede ser expuesto a presiones, ofertas de dinero u otros beneficios análogos y ante esas promesas pueda cambiar su versión y dejar en impunidad el ilícito, puesto que los acusados han manifestado que si ese enano en referencia a él (testigo) se atreve a declarar lo matarían, todo en atención a lo establecido en el artículo 277 del Código Penal. Pero vemos que el Juez en su motivación (ver numeral 2), menciona al inicio lo planteado por el Ministerio Público en los términos arriba enunciados, al tanto que dice: "...ya que esta persona, por ser testigo presencial, teme perder la vida a consecuencia de la declaración que rinda y manifiesta que se ira del país", No obstante a ello, y de manera incoherente en la parte final de la motivación, donde resuelve lo peticionado, hace referencia a un peligro de muerte a causas de heridas sufridas, al decir: "...que solo en estos momentos puede dar su declaración testifical como testigo; y que en lo sucesivo es posible no esté a disposición de brindarla, porque puede fallecer a consecuencia de las heridas recibidas en diferentes partes del cuerpo que son graves", misma ilustración utiliza en la fundamentación jurídica, numeral 2, en la que establece: "porque cuando sea necesaria su presencia para la evacuación de la prueba, no pueda estar presente por fallecimiento". Al respecto consideramos existe una violación al precepto legal que establece sobre la motivación de las resoluciones judiciales, no se menciona en el auto motivado, las razones de hecho y las pruebas que tuvo que valorar el juez para admitir esa declaración, ya que al inicio se centró en establecer los hechos que planteo el Ente Fiscal, es decir, la mención del requerimiento hechos por el peticionario, (recordemos la simple mención de los hechos no reemplaza la motivación) pero, al resolver intelectivamente la justificación de la decisión adoptada, sostiene como valido que la prueba tenida en cuenta, es el posible fallecimiento del testigo a consecuencia de las heridas sufridas, denotando con ello, que la conclusión a la que llego no es coherente a la solicitada, no existiendo el curso de pensamiento del juzgador mediante la utilización de un razonamiento lógico y congruente al momento de la resolución. Dicho de otra forma, el Juez no motivo su auto en base a lo peticionado por el Ministerio Publico, y si bien, trato de hacerlo, lo hizo de forma ambigua e incoherente, por lo que es criterio firme de este Tribunal, que la misma no se ajusta a lo preceptuado en el artículo 141 del Código Procesal Penal, considerando al efecto la falta de motivación suficiente del juez de instrucción, al momento de ordenar la recepción anticipada de la prueba testifical, ya sea por heridas graves o por exposición a amenazas, ya que cada una de las razones presentaría sus propias peculiaridades, pero en este caso, no ocurrió así, porque ni siquiera se exteriorizo de manera fundada ninguna de las dos circunstancias aludidas, al no saber qué medios de prueba valoró para tomar su decisión de tomar la declaración bajo los términos de prueba anticipada, pareciendo inclusive que ni siquiera el Juez de instrucción se entrevistó preliminarmente con el testigo para avalar la decisión de tomarle su declaración en los términos supra mencionados. De lo anteriormente relacionado, se aprecia que se debe de declarar con lugar el incidente de nulidad interpuesto por la defensa, ya que no existe la mínima motivación suficiente y en atención a lo preceptuado en la legislación penal procedimental, que hace relación a la forma bajo pena de nulidad sobre el contenido y forma en la que se deben adoptar las resoluciones y autos motivados.” Incorrectamente el Tribunal de Sentencia ha rechazado valorarlo, pues su exclusión se debió por la inexistencia de motivación y no por existencia de alguna vulneración de garantías procesales, es decir, si dicho medio de prueba, fue obtenida por métodos ilícitos (torturas, tratados o castigos crueles, inhumanos o degradantes y otros abusos de derechos humanos) o en franca violación a un debido proceso, de lo cual, no hay duda que la prueba carecería de validez en el proceso y los jueces habrán de reputarla inexistente a la hora de construir la base fáctica en que haya de apoyarse una sentencia; para el caso en estudio, el 24 de junio de 2015 el agente fiscal del Ministerio Público, solicitó se recibiera declaración testifical con las formalidades de prueba anticipada del señor Milton Geovany Martínez Díaz, (F.1) resuelto mediante auto de misma fecha (F.6) concediendo lo peticionado; celebrándose el mismo día, en presencia del señor Juez, representante del Ministerio Público y de la defensa de los imputados (F.36), quienes en el uso de la palabra interrogaron al testigo, sin que la defensa mostrara oposición al auto de admisión menos al desarrollo de la audiencia en mención, por lo cual las partes interviniente al no haber reclamado oportunamente, los actos viciados se tendrían por subsanados y así lo dispone el artículo 170 de la norma penal antes señalada; los juzgadores, con sus argumentos o motivos para excluir la prueba, mas allá de cuestionar la prueba, fue la resolución de la misma, denotando con ello, apariencia de enmienda de una resolución judicial ante la existencia de motivación, lo cual está reservado exclusivamente para tribunales de alzada. Del estudio de los antecedentes y de la sentencia recurrida, esta Sala de lo Penal observa que ciertamente los motivos invocados por el impetrante para recurrir en casación en relación a la declaración mediante las formalidades de prueba anticipada, es constitutivo del quebrantamiento de forma; en consecuencia, se encuentra que la decisión de excluir la declaración del testigo presencial, no contiene el razonamiento y fundamento de derecho, pues el a quo lo excluyo desconociendo la norma procesal penal, inobservando los procedimientos, requisitos y exigencias del debido proceso, debiendo evacuarse y valorarse todos los medios de prueba que la mente humana considere como tales, estén regulados o no específicamente por la ley, no hay por tanto tasación legal de los actos de investigación, siendo sus únicos límites el respeto a los derechos fundamentales de las personas, su adecuación a los fines del proceso penal, así como su pertinencia y utilidad respecto a los hechos criminales concretos que han dado origen a la causa y a la personalidad de los imputados. Al haberlo excluido, causa inobservancia al debido proceso y restringe el derecho de defensa de los intereses de la sociedad y la respuesta justa y acorde a derecho que merecen las víctimas, quienes también tienen derecho a una tutela judicial efectiva de las que se les está privando. En relación al dictamen pericial de análisis comparativo de ADN número 03997 de fecha 07 de julio de 2016, los sentenciadores se pronunciaron en los siguientes términos: “…. y en consecuencia de estos dictámenes de serología, igualmente declarar nulidad del dictamen de comparación de ADN número 03997 de fecha 7 de julio 2016, que corre a folios 294 al 296. Aclarando que esta nulidad trasciende a esta pericia de ADN, en vista que el objeto para realizarla se derivó precisamente de la pericia de serología que fue declarada nula y con la que se debía comparara los resultados obtenidos. En síntesis al declararse la nulidad de estos medios de prueba y toda la otra prueba que de ellas se derivó, este material probatorio evacuado por el ente fiscal debe ser excluido del debate, pues fue obtenida ¡legalmente, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hayan incurrido los responsables de la obtención ilícita de la información.” La pericia es el modo probatorio con el cual se intenta obtener, para el proceso penal, un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útil para el descubrimiento o valoración de un elemento de prueba. No se trata, en consecuencia, de un medio para auxiliar a uno más de los sujetos procesales (juez, fiscal, imputado, etc.), supliendo la deficiente formación sobre el tema a peritar, pues no podrá evitarse su realización, aun cuando estos sujetos procesales posean los conocimientos especializados necesarios. Es el carácter eminentemente técnico de este medio de prueba lo que torna procedente cuando, para descubrir o valorar un elemento de prueba, fuese necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, con lo cual no se requerirá la intervención del perito para la realización de meras comprobaciones materiales. [2] Para la designación del perito, el artículo 242 del Código Procesal Penal, establece que, en la etapa de juicio oral y público, lo hará el Tribunal de Sentencia competente, de igual forma dispone que en la etapa preparatoria, el Ministerio Público o el juez, con conocimiento de las partes, cuando se haya de practicar prueba pericial, seleccionarán o designarán los peritos. En cuanto a la práctica de este medio de prueba ordenado por la representación del Ministerio Público, en la etapa preparatoria del proceso penal, el artículo 246 del cuerpo normativo antes mencionado, señala que el fiscal podrá ordenar pericias durante la investigación preliminar, pero sólo podrán incorporarse por lectura al debate si se hubieren seguido las reglas sobre el anticipo de prueba, bajo control jurisdiccional y quedando a salvo la posibilidad que tiene el tribunal, el Ministerio Público y las partes, de exigir la declaración del perito durante el debate. En ese mismo sentido el artículo 273 del mismo cuerpo legal, regula que el Ministerio Público, como titular de la acción pública, al tener conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de delito, cualquiera que sea el medio por el cual haya llegado a su conocimiento, cuando la noticia parezca verosímil, teniendo en cuenta su contenido y los datos proporcionados para su comprobación, adoptará las medidas necesarias para impedir que produzca consecuencias ulteriores e iniciará las investigaciones del caso, teniendo entre otras atribuciones la de ordenar la realización de pericias en todos los campos de la criminalística y de la Medicina Forense, siendo dicha norma muy clara al establecer que para la realización de dicha actividad el Ministerio Público no necesitará autorización judicial, salvo cuando pueda afectarse un derecho garantizado por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte. En el caso sometido a estudio el recurrente considera que el a quo excluyó indebidamente prueba de valor decisivo como ser el dictamen pericial de análisis comparativo de ADN número 03997 de fecha 07 de julio de 2016; en el cual se establece en sus conclusiones “En los indicios N0 1,2,3,5 se detectó el perfil genético de un individuo del sexo masculino ninguna de los marcadores genéticos amplificados excluyen a olvin Orlando Pineda Ramírez (ofendido) como donador del perfil genético detectado en el indicio y el análisis estadístico indica que es 28,801,100,000,000,000,000,000 veces más probable que el señor Olvin Orlando Pineda Ramírez (ofendido) sea la donador del perfil genético detectado en el Indicio, a que sea otro individuo de la población con una probabilidad de coincidencia del 99.99999999999999999999%.” Los argumentos del impetrante no son correctos, pues el tribunal sentenciador a criterio de esta Sala de Casación, en ningún momento excluyó de manera indebida el medio de prueba antes mencionado, ya que como ha quedado establecido en la resolución del a quo, que los indicios N0 1,2,3 y 5, fueron analizados mediante dictámenes 2015-0501-0507-6132 y 2015-0501-0507-6134 del laboratorio de serología forense de fecha 07 de diciembre de 2015 y 14 de enero de 2016 respectivamente, en los cuales se detectó la presencia de sangre humana, que posteriormente, los mismos indicios, una vez detectada la presencia de sangre, fueron utilizados mediante dictamen de comparación genética de fecha 07 de julio de 2016; en consecuencia le asiste la razón a los sentenciadores, que la nulidad de las pericias de serología forense, derivo igual manera en la pericia de comparación genética, al haber comparado indicios que fueron examinados en una pericia arbitraria, que la parte defensora no tuvo la mínima intervención, no tuvo la oportunidad de conocer el nombre del perito y por ende no pudo presentar cualquier tipo de oposición, lo que indudablemente trajo como consecuencia la disminución del derecho de defensa. Ante los anteriores argumentos, deviene declara ha lugar parcialmente el recurso invocado. DECISIÓN. Ha Lugar parcialmente el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362.2 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar parcialmente el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Marlen Janet Rodríguez Berrios, agente fiscal del Ministerio Público. Segundo: Casa la sentencia de fecha veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, departamento de Copan, decretando su nulidad, asimismo la audiencia de debate que le origina, de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis. Y MANDA: Primero: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de La Entrada, departamento de Copan, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra de los señores Eleazar Vidal Auxume y Kerin Francisco Cerna Hernández por el delito de Homicidio, en su grado de participación de autor y cómplice respectivamente en perjuicio de Elvin Orlando Pineda Ramírez, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis. Segundo: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. – NOTIFÍQUESE. Rafael Bustillo Romero Magistrado coordinador Alma Consuelo Guzmán García Magistrada José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-177-2017.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Gutiérrez de Cabiedes, E.:E1 Derecho Procesal en la Hora Presente”, en Revista de Derecho Penal Iberoamericana, 1977, núm. 2-3p. 556.”
[2] Cuellar Cruz. Rigoberto. Turcios Ferrera Daniela. López Zúniga Eduardo Jair. Derecho Procesal Penal de Honduras. LITOCOM, S de R.L. de C.V. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. (Pág. 498.).