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Sentencia CP-169-17 — Registro 11515

Resumen

En primera instancia se condeno al imputado como autor del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Droga (Cocaína), en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. En segunda instancia se resolvió No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar, como ya se dijo anteriormente, que a través del recurso de casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados) producto de la correcta fundamentación jurídica que se invoca, de tal suerte que resultan infringidas las normas que sí corresponde aplicar, el precepto erradamente invocado o el incorrectamente interpretado. El artículo 360 del Código Procesal Penal hace referencia como objeto de la infracción, a un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada en la aplicación de la ley penal. Cuando se habla de un precepto penal de carácter sustantivo se hace alusión a las normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil ex delicto; es decir, aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo que se encuentran en el Código Penal o en leyes penales especiales (La Ley contra el Delito de Lavado de Activos, Ley sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas o Sustancias Psicotrópicas, etc…) siempre que estas últimas se refieran a los aspectos estrictamente penales arriba citados. En el caso que ahora nos ocupa, el casacionista alega que el tribunal sentenciador ha infringido las reglas de la lógica, al entender que su representado, como conductor de la motocicleta, está obligado a dar cuenta de los objetos de tenencia ilegal, cuando el mismo tribunal da por acreditado, con su propia declaración, que dicha motocicleta no era de su propiedad, por lo que dicho motivo de casación debe ser desestimado ya que las disposiciones relativas a la valoración de la prueba no constituyen normas de carácter sustantivo que deban ser observadas en el proceso de subsunción realizada por el juzgador a partir del relato de hechos probados consignado en la sentencia, pues ese tribunal de casación debe respetar la intangibilidad de los hechos probados..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. MOTIVO ÚNICO *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma Procesal que se denuncia Infringida: Artículo 338, Regla Cuarta del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: No haber observado el Tribunal de Sentencia las reglas de la sana critica. *Reclamación Ex Ante: El yerro que produce la interposición del recurso se presentó en el acto de sentenciar, por ello no hubo reclamación previa. *Pretensión: No determinada por el recurrente Explicó el censor que el Tribunal de Sentencia da como único hecho probado, que la detención del señor Erick Neil Rodríguez León, sucedió el 01 de diciembre de 2014, a las dos y treinta de la tarde, lo cual es totalmente contrario con lo evacuado mediante el testimonio del señor Olvin Gerardo Rivas Avilés, el cual estableció una hora diferente a la dada por el sentenciador en el único hecho probado, lo cual atenta contra las reglas de la lógica, asimismo considera que la declaración vertida por el señor Rivas Avilés, en el sentido de que su representado intentó sobornarlo, atenta contra la ley de la coherencia explicada bajo el principio de tercero excluido, pues en el acta del registro personal hecha al imputado consta que no se le encontró dinero. Por último, considera que el sentenciador da por sentado que al imputado lo encontraron llevando consigo la cantidad de 21.9, gramos de marihuana, lo cual es contrario al dictamen toxicológico número 9591, en cuanto al tipo de sustancia y la cantidad del mismo, por lo que contradice el principio de la derivación, del cual se extrae el de razón suficiente. DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes…3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. En ese sentido la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea la fundamentación intelectiva, aquí el juzgador debe valorar la prueba conforme a las reglas de la Sana Crítica, tal como lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. DE LAS REGLAS DE LA LÓGICA: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; b) El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual que “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba, un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; c) El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera.[2] d) Ley de Razón Suficiente: Esta ley generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica sea de culpabilidad o inocencia. De la ley de razón suficiente, se desprende uno de los principios básicos de las reglas de la sana crítica, como es el principio de la derivación, el cual exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que con base en ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella.[3] DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, recuerda que con el sistema de libre convicción o sana crítica racional, este alto tribunal está limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de oralidad e inmediación; ya que sólo le está permitido a la Sala establecer si las probanzas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal, en el presente caso el alegato del recurrente no es de recibo, pues no establece de manera precisa cuales son las reglas de la sana crítica que dice haber violado los sentenciadores y en qué puntos considera que no se observaron dichas reglas, sino que únicamente se circunscribe a realizar alegatos de instancia y por el contrario, esta Sala de casación si advierte que no aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A- quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate; por lo que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Reinaldo Antonio Hernández, por excusa justificada de Rafael Bustillo Romero pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-169-2017 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Erick Neil Rodríguez León, como autor del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Droga (Cocaína), en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de seis años de reclusión, asimismo lo condenó al pago de una multa de cincuenta mil Lempiras. Segundo: Condenó al señor Erick Neil Rodríguez León, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción, por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Condenó: al señor Erick Neil Rodríguez León, civilmente responsable del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido.- Cuarto: se declaró el comiso de cincuenta y tres coma siete (53,7) gramos, de marihuana sobrante de la muestra analizada.- Cuarto: No procedió condenar en costas. Son Partes: El Abogado Alain Kreskin Díaz Ulloa, en su condición de defensor privado del señor Erick Neil Rodríguez León, como parte recurrente, y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “Se declaran expresamente probados los siguientes hechos: ÚNICO: En fecha uno (1) de Diciembre del año Dos Mil catorce (2014), como a eso de las dos y media (2.30pm) de la tarde los agentes policiales de la Fuerza Nacional Anti Extorsión (FUSINA), se encontraban en el sitio conocido como, Colonia Agrícola Jarin, de esta ciudad de Comayagua, cuando observaron a una motocicleta conducida por ERICK NEIL RODRIGUEZ LEON, quien al percatarse del retén militar huyo del lugar por lo que se procedió a darle persecución como a una distancia de quinientos metros le dan alcance a quien se le practica un registro, encontrándole en la motocicleta en el asiento trasero dos bolsas plásticas transparentes que contenían en su interior polvo blanco cocaína con un peso de 54,2 gramos no apto para el consumo personal inmediato.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos El recurrente Abogado Alain Kreskin Díaz Ulloa, procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de ley, de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: INFRACCIÓN DE LEY por aplicación indebida de Ley Sustantiva PRECEPTO AUTORIZANTE: “ART. 360 CODIGO PROCESAL PENAL EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto sustantivo penal que se considera, ha sido infringido por aplicación indebida dispone en su parte conducente:”.”-El artículo 360 del Código Procesal Penal, nos explica que habrá lugar al Recurso de Casación, cuando por derivación de los hechos tenidos como probados por el Tribunal sentenciador; este mismo haya infringido una disposición sustantiva de carácter penal, necesaria para la aplicación de la misma ley penal; partiendo de este postulado de la norma adjetiva penal, desarrollaremos en este apartado, que por los hechos resultantes del proceso, no se pudo demostrar que nuestro representado haya cumplido con la taxitividad de la norma penal.- Pues bien, debemos recordar que cada delito, cuenta con una serie de elementos básicos, tales elementos deben concurrir en su totalidad para que se pueda calificar que existió la conducta acusada. “La parte objetiva del tipo doloso se refiere al aspecto externo de la conducta requerida por el tipo doloso: p. ej., los actos externos necesarios para “FACILITAR LOS MEDIOS PARA EL TRAFICO DE DROGA” Cada tipo de delito doloso describe una conducta diferente, por lo que la precisa determinación de la parte objetiva de cada tipo corresponde a la Parte Especial del Derecho Penal. Sin embargo, todo tipo doloso requiere ciertos requisitos minimos en la conducta externa, que deben estudiarse en la teoría general del tipo doloso. El presente Recurso de Casación se encuentra comprendido en lo que cita el ARTÍCULO 22 de la “LEY SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITÓ DE DROGA Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS”. Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien INTENCIONALMENTE FACILITARE el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas. Dicha normal penalizadora establece como circunstancia la intencionalidad del hecho (Dolo) la cual no fue demostrada en debate la condición que estipula el Art. 32 del Código Penal referente a la participación del señor RODRÍGUEZ LEON, no fue individualizada y solo se limitó al hecho que motocicleta que conducía mi Representado escondido bajo del asiento se encontró dos bolsitas de cocaína, esto no es determinante para establecer el grado de participación, ya en juicio se acreditó que la motocicleta no era de él y además de cualquier duda razonable, la única participación que tuvo fue hacerle el favor al señor Martínez de irle a dejar la motocicleta a la ciudad de Comayagua. En la valoración de la prueba que corre en la sentencia de fecha 13 de Diciembre del año 2016, en la página número 5 en los reglones 1-12 el Órgano Sentenciador da a entender que mi Representado en su condición de conductor del vehículo está obligado a dar cuenta de los objetos de tenencia ilegal (refiriéndose a la droga escondida debajo del asiento de la moto) cuando el mismo Tribunal da por acreditado con la propia declaración del señor ERICK NEIL RODRÍGUEZ LEON, que la motocicleta no era de su propiedad y que estaba haciéndole un favor a un amigo de nombre JAVIER MARTINEZ, de irle a dejar la motocicleta a la ciudad de Comayagua, esta aseveración atenta contra Las Reglas de la Lógica: es importante entender que las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: A) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí (situación que omitió el Tribunal primero al referirse que mi Representado andaba un vehículo que no era de él, pero reglones más abajo dice lo contrario, al establecer que mi Representado está en la obligación de saber). Es así, que la coherencia no es válida, en virtud que su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente; partimos de este extremo conforme al testimonio del Policía ORVIN GERARDO RIVAS AVILES que consta en el Acta de Debate de fecha 19 de octubre del año 2016 Pág. número 4 renglones del 13 al 25, en el cual relato que las dos bolsas de plástico de cocaína estaban debajo del asiento de la moto y que relacionan la Sentencia Definitiva de fecha 13 diciembre del año 2016, Pág. número 5 renglones del 13 al 30 de dicha acta. El Tribunal en su apreciación del Testimonio del referido Policía en los renglones 11, 12 y 13 establece dos tipos de sustancia; una dice polvo blanco, que al ser analizado resulto ser marihuana; es así, la falta de lógica del Tribunal que se encuentra plasmado en lo manifestado anteriormente y que es relacionada con la prueba documental, consistente en el Acta de Inspección practicada a la Motocicleta por los Policías, militares ORVIN GERARDO RIVAS AVILES, ELVIS OMAR CHICAS DIAZ, CARLOS ROBERTO HERNANDEZ RODRÍGUEZ, pág. 7 del Renglón 4 al 16 (Sentencia Definitiva de fecha 13 de Diciembre del año 2016).Al llegar a la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de A. Identidad, B.- Contradicción, C.- Tercero excluido: 1) En el Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra (hecho fáctico que también fue violentado por el Tribunal al no identificar cuales valoración es verdadera, si la confesión del señor RODRÍGUEZ LEÓN que fue sustentando por diferente medio de prueba, como lo son el testimonio del único testigo OLVIN GERARDO RIVAS AVILES que acudió al Debate, Acta de Inspección que solo fue ratificada por un testigo OLVIN GERARDO RIVAS AVILES, la valoración que realiza el tribunal); por eso la disyuntiva es Trasladada a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión “X” solo puede ser “X”, sin que pueda al mismo tiempo ser “Y, bajo los argumentos anteriores se aparte de los principios El principio de contradicción: el cual se entiende que las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será.- En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y por último el Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. (La pregunta que en el espacio jurídico, Cual tiene más válidez, ¿La prueba que se evacuo en juicio con todas las garantías, o La libre apreciación del Tribuna A-Quo.- Ahora habría de revisar El Principio de la Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga ver REGLAS DE LA SANA CRÍTICA CASACIÓN PENAL S.P. No. 304-08, Fallo 125-2010, de fecha 30 de noviembre del 2011, Fallo 88-09 de fecha 20 de Octubre del 2011-.Fallo 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001, 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, 242-09 de fecha 02 de noviembre del 2011, 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011. La infracción de Normas Sustantivas por aplicación indebida del artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas, se origina en los siguientes presupuestos, en cuanto a la formas de culpabilidad se establece el dolo y la culpa, cada uno con sus propios requisitos; es así, que la Doctrina habla de los elementos del Dolo, las cuales son: A.- UN ELEMENTO INTELECTUAL: por el conocer o el saber que la acción es antijurídica, presupuesto que no se cumple ya que el señor RODRIGUEZ LEON declaró que él no sabía que en la Motocicleta iba droga y que le hizo el favor a un amigo de nombre JAVIER MARTINEZ en venir a dejarle la motocicleta a la ciudad de Comayagua; la forma como se encontró la droga como consta en el Acta de Inspección, fue debajo del asiento, es así que la valoración de la prueba que hace el Tribunal es cerrada desde el siguiente punto de vista, el sitio o el lugar donde se encontró no es un lugar visible de ser visto por mi Representado; además no se probó que él tenía conocimiento del mismo; ya que con la prueba evacuada en el juicio solo se estableció a través de la Inspección donde estaba la droga y no hubo prueba directa o indirecta o indiciaria que llegara a la conclusión que mi Representado tuviere conocimiento de la misma; porque de ser así, se cumple el elemento intelectual. En cuanto el segundo elemento volitivo que consiste en QUERER EL RESULTADO ANTIJURIDICO que equivale a saber que está prohibido, tiene relación con el anterior; en virtud, que en ningún momento él quería el resultado antijurídico, ya que no tenía conocimiento que en el vehículo que el conducía, escondido debajo del asiento había droga; es así, que la conducta de mi Representado no reúne el grado de intencionalidad relativo al Dolo. En la ejecución de un delito puede intervenir una sola persona u pueden intervenir varias personas, nuestra normativa penal en cuanto a la Autoría estipulada en el Art. 32 del Código Penal, distingue a los autores en tres diferentes ramas: 1.- Los que toman parte directa en la ejecución del hecho (autoría propia o autoría ejecutiva), el señor RODRIGUEZ LEON no se le pudo acreditar la participación en la ejecución del hecho, ya que el hecho de conducir una motocicleta sin licencia no es constitutivo de delito, sino una infracción de carácter administrativo; ya que él no tenía conocimiento que debajo del asiento de la misma había droga; 2.- Los que fuerzan (Autoría Mediata) o inducen (Inducción) directamente a otro a ejecutarlo; por ello, esta condición no se reúne en vista que mi Poderdante agarro la Motocicleta a solicitud del señor JAVIER MARTINEZ con el propósito de venir a dejarla a la ciudad de Comayagua y por último lo que cooperen a la ejecución del hecho.- Por todo lo anterior ninguno de estos elementos fue demostrado en el Juicio; por tanto, la conducta de mi Representado no puede ser considerado como un acto punible.” “SEGUNDO MOTIVO QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: “No haber observado el Tribunal Sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica basados en hechos concretos”.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación, se encuentra comprendido, en numeral 3° del Artículo número 362 del Código Procesal Penal”.- EXPLICACION DE MOTIVO: Considero de vital importancia, para una mejor ilustración y comprensión de este motivo, establecer, lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba, en un proceso penal. Según el artículo número 202 del Código Procesal Penal vigente, el Tribunal sentenciador, formará su convicción, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica. En el contenido de la Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, de fecha 13 de diciembre del año 2016, Pág. 3 con Renglones del 19 al 25, el Tribunal da como único hecho probado que la detención del señor ERICK NEIL RODRIGUEZ LEON sucedió el 01 de diciembre del año 2014, a las dos y treinta de la tarde, hecho totalmente contrario con lo evacuado mediante el testimonio del señor OLVIN GERARDO AVILES que consta en el acta de debate de fecha 19 de octubre del 2016 Pág. 4, Renglones del 13 al 20; el cual estableció una hora diferente a la dada por el Tribunal en el único hecho probado; esta aseveración atenta contra Las Reglas de la Lógica: es importante entender que Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: A) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; otro elemento a resaltar en el mismo hecho probado por parte del Sentenciador se refiere a que el testigo antes aludido pertenecía a la Fuerza Nacional de Antiextorsión, lo cual es falso, ya que en su testimonio como consta en el Acta de Debate Pág. 4 renglones del 13 al 15 es miembro de la Policía Preventiva; esto vulnera el principio de LA COHERENCIA explicado bajo El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre si una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En la valoración de la prueba que consta a Pág. 5 Renglones del 13 al 30 de la Sentencia Definitiva de fecha 13 de Diciembre del año 2016, el Policía OLVIN GERARDO RIVAS AVILES relató que mi Representado lo intentó sobornar con dinero a cambio que lo dejaran ir, lo cual es falso basados en el Acta de Registro personal que se le hizo al imputado como consta en la Pág. 7 de la Sentencia Definitiva, renglones 24 al 29 y que continúan en la Pág. 8 referente a los objetos decomisados a mi Representado en los cuales no se le encontró dinero, consecuentemente nos da a entender que si una persona trata de sobornar a un miembro policial, en los objetos personales que se le decomisaron se le hubiese hallado dinero; lo cual no fue así; por ello, en base a las Reglas de la Psicología, el Tribunal omitió tal elemento importante en el proceso; esto atenta LA COHERENCIA explicado bajo El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En la Fundamentación Jurídica del fallo en la Pág. 9 Numeral Primero, Renglones del 13 al 17, el Tribunal da por sentado que al señor ERICK NEIL RODRIGUEZ LEON lo encontraron llevando consigo la cantidad de 21.9 gramos de marihuana, lo cual es contrario al Dictamen Toxicológico Numero 9591 en cuanto al tipo de sustancia y la cantidad del mismo y esto consta en la valoración de la prueba Pág. 8, Renglones del 17 al 21; esto contradice el Principio de la La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. El Tribunal en cuanto a la petición de establecer que no existió Acta de Decomiso y únicamente una inspección donde se estableció en qué lugar estaba la cocaína, la conclusión que realiza el Tribunal no es congruente, ya que alegamos como consta en el Acta de Debate Pág. 5, Renglones 1 y 2, que existía Prueba Prohibida basándonos en que el Agente OLVIN GERARDO RIVAS fue la persona que decomiso la droga, pero a las preguntas de la defensa relato que fue ELBIN OMAR CHICAS quien no compareció ni a dar su testimonio, ni a ratificar el Acta de Inspección y más aún cuando la cadena de custodia fue hecha por otra persona, violentando el Reglamento sobre el Manejo de Indicios y Evidencias Físicas o Biológicas obtenidas como consecuencia de la comisión de un hecho constitutivos de delito Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya que los Agentes de la Policía están en la obligación de levantar el Acta de Decomiso para saber quién deberá firmar la Cadena de Custodia; por eso, es importante diferenciar que el Acta de Inspección tiene como finalidad establecer sitios lugares o circunstancias relacionadas con la comisión del delito y el Acta de Decomiso es donde consta la evidencia recolectada, decomisada y embalada, la persona a quien se le practicó el decomiso y consecuentemente la cadena de custodia.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Motivo Único *Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma Procesal que se denuncia infringida: Artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Droga y Sustancias Psicotrópicas. *Concepto de la infracción: Aplicación indebida de ley sustantiva. *Pretensión: Se case la sentencia recurrida Explicó el censor que el recurso de casación se encuentra comprendido en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, que establece como circunstancia la intencionalidad del hecho, es decir el dolo, lo cual no fue demostrado en el debate, pues al referirse a la participación de su representado, ésta no fue individualizada ya que solo se hizo referencia a la circunstancia de que en la motocicleta que el señor Rodríguez León conducía se encontraron dos bolsitas de cocaína, lo cual no es determinante para establecer su grado de participación, ya que en juicio se acreditó que dicha motocicleta no era de su propiedad y que la única participación que tuvo fue el de hacerle el favor al señor Javier Martínez, de llevarla a la ciudad de Comayagua. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar, como ya se dijo anteriormente, que a través del recurso de casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados) producto de la correcta fundamentación jurídica que se invoca, de tal suerte que resultan infringidas las normas que sí corresponde aplicar, el precepto erradamente invocado o el incorrectamente interpretado. El artículo 360 del Código Procesal Penal hace referencia como objeto de la infracción, a un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada en la aplicación de la ley penal. Cuando se habla de un precepto penal de carácter sustantivo se hace alusión a las normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil ex delicto; es decir, aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo que se encuentran en el Código Penal o en leyes penales especiales (La Ley contra el Delito de Lavado de Activos, Ley sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas o Sustancias Psicotrópicas, etc…) siempre que estas últimas se refieran a los aspectos estrictamente penales arriba citados. En el caso que ahora nos ocupa, el casacionista alega que el tribunal sentenciador ha infringido las reglas de la lógica, al entender que su representado, como conductor de la motocicleta, está obligado a dar cuenta de los objetos de tenencia ilegal, cuando el mismo tribunal da por acreditado, con su propia declaración, que dicha motocicleta no era de su propiedad, por lo que dicho motivo de casación debe ser desestimado ya que las disposiciones relativas a la valoración de la prueba no constituyen normas de carácter sustantivo que deban ser observadas en el proceso de subsunción realizada por el juzgador a partir del relato de hechos probados consignado en la sentencia, pues ese tribunal de casación debe respetar la intangibilidad de los hechos probados. [1] Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Motivo Único *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma Procesal que se denuncia Infringida: Artículo 338, Regla Cuarta del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: No haber observado el Tribunal de Sentencia las reglas de la sana critica. *Reclamación Ex Ante: El yerro que produce la interposición del recurso se presentó en el acto de sentenciar, por ello no hubo reclamación previa. *Pretensión: No determinada por el recurrente Explicó el censor que el Tribunal de Sentencia da como único hecho probado, que la detención del señor Erick Neil Rodríguez León, sucedió el 01 de diciembre de 2014, a las dos y treinta de la tarde, lo cual es totalmente contrario con lo evacuado mediante el testimonio del señor Olvin Gerardo Rivas Avilés, el cual estableció una hora diferente a la dada por el sentenciador en el único hecho probado, lo cual atenta contra las reglas de la lógica, asimismo considera que la declaración vertida por el señor Rivas Avilés, en el sentido de que su representado intentó sobornarlo, atenta contra la ley de la coherencia explicada bajo el principio de tercero excluido, pues en el acta del registro personal hecha al imputado consta que no se le encontró dinero. Por último, considera que el sentenciador da por sentado que al imputado lo encontraron llevando consigo la cantidad de 21.9, gramos de marihuana, lo cual es contrario al dictamen toxicológico número 9591, en cuanto al tipo de sustancia y la cantidad del mismo, por lo que contradice el principio de la derivación, del cual se extrae el de razón suficiente. De las Reglas de la Sana Crítica. Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes…3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. En ese sentido la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea la fundamentación intelectiva, aquí el juzgador debe valorar la prueba conforme a las reglas de la Sana Crítica, tal como lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. De las Reglas de la Lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; b) El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual que “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba, un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; c) El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera.[2] d) Ley de Razón Suficiente: Esta ley generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica sea de culpabilidad o inocencia. De la ley de razón suficiente, se desprende uno de los principios básicos de las reglas de la sana crítica, como es el principio de la derivación, el cual exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que con base en ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella.[3] De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, recuerda que con el sistema de libre convicción o sana crítica racional, este alto tribunal está limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de oralidad e inmediación; ya que sólo le está permitido a la Sala establecer si las probanzas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las reglas de la logicidad y si hay motivación suficiente y legal, en el presente caso el alegato del recurrente no es de recibo, pues no establece de manera precisa cuales son las reglas de la sana crítica que dice haber violado los sentenciadores y en qué puntos considera que no se observaron dichas reglas, sino que únicamente se circunscribe a realizar alegatos de instancia y por el contrario, esta Sala de casación si advierte que no aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A- quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate; por lo que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica. DECISIÓN. Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo y por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Erick Neil Rodríguez León, como autor responsables de un delito consumado de facilitación de los medios de transporte para el tráfico o consumo de drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, imponiéndole como penas principales: seis (06) años de reclusión y multa de cincuenta mil lempiras (L50,000.00), más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de comiso, trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de droga por posesión para el transporte (Art. 311), cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas a imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando la cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: i.- Diez mil (10.000) gramos de marihuana; ii.- Mil (1000) gramos de hachís; iii.- Dos mil (2000) gramos de cocaína; iv.- Dos mil (2000) gramo de alcaloide derivado de la cocaína; v.- Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; vi.- Doscientos (200) gramos de droga sintética; o vii.- Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. En el caso del señor Erick Neil Rodríguez León, conforme los hechos probados, se encontraba en posesión de 54.2 gramos de cocaína considerada una droga que provoca grave daño a la salud; cantidad no compatible para el consumo personal inmediato según dictamen de Medicina Forense; conducta que castiga el NCP con la pena de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. A partir de lo anterior es posible determinar que en relación a la pena privativa de libertad impuesta al acusado conforme el CP-144-83 al ser de 06 años de reclusión, se encuentra por debajo de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2019, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 07 a 10 años de prisión y en cuanto a la multa de L50,000.00, ésta se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2019 que prevé una pena de multa para la misma conducta delictiva de 100 a 500 días, con un valor mínimo por día de L 20.00 y máximo de L 5,000.00 (Art. 53 NCP), lo fija un margen abstracto de multa de L 2,000.00 a L 2,500,000.- Por tanto no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362 y 363 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo y por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Alain Kreskin Díaz Ulloa, en su condición de apoderado defensor del señor Erick Neil Rodríguez León, contra la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis. Segundo: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual condenó al señor Erick Neil Rodríguez León, como autor responsable de la comisión del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de seis años de reclusión. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. REINALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. DORIS SUYAPA FIGUEROA VALLADARES. RECEPTORA ADSCRITA. SECRETARÍA GENERAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-169-2017.

DORIS SUYAPA FIGUEROA VALLADARES

RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL

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[1] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 336-2008 de fecha 28 de septiembre de 2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

[2] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 189-2010 de fecha 19 de septiembre del 2012 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

[3] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 16-2009 de fecha 22 de marzo del 2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.