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Sentencia CP-167-16 — Registro 11992
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Violencia Intrafamiliar, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del Recurso de Casación Por Infracción de Ley. Único Motivo. El recurso es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha insistido en que, al tratarse de un recurso de casación por infracción de ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el sentenciador, limitándose a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. De esta manera, el recurso de casación por infracción de ley debe basarse en la construcción de los hechos probados que contenga la sentencia denunciada, toda vez que el vicio se sustenta en que la decisión adoptada por el A quo sea incompatible, ajena o irreconciliable con la declaración de hechos probados, y en definitiva se plasme una incorrecta aplicación de la norma sustantiva o la ausencia de la aplicación de esta. De esta manera, la sentencia recurrida establece como hechos probados: “Esta Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, valorando las pruebas practicadas en juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, declara expresa y terminantemente probado el siguiente hecho: ÚNICO: Que en fecha veintitrés de abril del año dos mil nueve, siendo aproximadamente las cinco y cuarenta minutos de la tarde, la señora Iris Janeth Tejeda Varela, se conducía a bordo de su vehículo a inmediaciones de la Colonia el Prado, con rumbo al barrio la Bolsa de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, momento en el cual fue interceptada por el señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya, con quien años atrás mantuvo una relación sentimental, el que se conducía en otro automotor y quien bajo su vidrio y le grito de nada te sirvió; que no te hayan metido presa, porque siempre te voy a mandar a matar.” A la luz de los hechos probados, deberá establecerse si la norma aplicada, es decir el artículo 179-A, es compatible con el factum y consecuentemente con la resolución definitiva adoptada por el sentenciador. De acuerdo a los hechos declarados como probados la ofendida Iris Janeth Tejeda Varela, “…fue interceptada por el señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya… el que se conducía en otro automotor y quien bajó su vidrio y le grito de nata te sirvió; que no te hayan metido presa, porque siempre te voy a mandar a matar”; el primer elemento objetivo del tipo que consiste en que el imputado obre empleando fuerza o intimidación o haga objeto de persecución, es evocado en el factum de la sentencia, en el que se plasma un acto de intimidación, mediante una amenaza. En cuanto al segundo elemento del tipo penal, es decir que el sujeto pasivo del delito de Violencia Intrafamiliar, esté vinculado al imputado por ser su cónyuge, ex cónyuge, persona con quien conviva, aquella con quien haya mantenido una relación concubinaria, o con quien haya procreado un hijo; al respecto el hecho probado se refiere a: “…Iris Janeth Tejeda Varela, se conducía a bordo de su vehículo a inmediaciones de la Colonia el Prado, con rumbo al barrio la Bolsa de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, momento en el cual fue interceptada por el señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya, con quien años atrás mantuvo una relación sentimental…”; queda claro que el tribunal sentenciador deja sentado en el hecho probado la existencia de un vínculo sentimental entre la ofendida y el imputado; sin embargo el tipo penal aplicado al caso de estudio, no se refiere a cualquier tipo de relación sentimental, sino que se refiere expresamente a la relación derivada de un matrimonio (cónyuge o ex cónyuge), de una actual convivencia o de un concubinato (persona con quien haya mantenido una relación concubinaria). En relación al enunciado “relación sentimental”, se deriva que se trata de aquella que se fundamente en un vínculo precisamente “sentimental” de tipo romántico que une a dos personas, dentro de la cual pueden aparecer el noviazgo, el concubinato y el matrimonio; además, la existencia de relaciones de naturaleza sentimental que, a diferencia del concubinato y el matrimonio, no implican cohabitación y por ende asunción de roles, deberes y derechos propios de la familia, es decir relaciones entre dos personas, que aunque sostienen intimidad no se representan como una relación formal, estable, con cierta permanencia en el tiempo y en la que las personas que participan de la misma cohabiten bajo el mismo techo. En consecuencia, no es posible establecer de modo cierto y determinado que la relación sentimental a la que se refiere el A quo se trate de aquellas, que como el concubinato debe reunir ciertos requisitos, entre ellos: la permanencia, notoriedad y la cohabitación. Si bien es cierto, el hecho probado no ha de contener términos que por su naturaleza resulten de carácter eminentemente jurídico, que permitan una predeterminación del fallo, tampoco puede afirmarse que el segundo elemento objetivo del tipo penal de Violencia Intrafamiliar, pueda darse por satisfecho con un concepto tan vago y general como lo constituye “relación sentimental”, sin que se aborde, de manera puntual y en términos comunes -no jurídicos- la naturaleza de ésta. A pesar de que el A quo en la valoración de la prueba y en la fundamentación jurídica, da por sentada una relación concubinaria entre la víctima y el ofensor, tal circunstancia no se colige del hecho probado, plasmado por el sentenciador, en consecuencia, este segundo elemento indispensable para configurar la conducta del imputado como constitutivo de violencia intrafamiliar no aparece en el factum de la sentencia. En virtud de lo anterior, esta Sala encuentra que los hechos probados tal como fueron redactados, no se enmarcan en la conducta y circunstancias descritas en el artículo 179-A, por consiguiente, no hay compatibilidad entre el hecho probado y la resolución definitiva del A quo, por lo que es procedente declarar con lugar el motivo invocado por el censor. La Sala de lo Penal, no se pronuncia con respecto al resto de los motivos de casación expuestos por el impetrante, toda vez que ha prosperado el primer motivo casacional..."
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán y José Olivio Rodríguez Vásquez García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-167-2016 por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince; dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó: al señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya, como autor del delito de Violencia Intrafamiliar, en perjuicio de la señora Iris Yaneth Tejeda Varela, a la pena de un año de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya, a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya, de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado.- Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al condenado Jorge Alberto Izaguirre Montoya.- Quinto: Se otorga el beneficio de la suspensión de la Ejecución de la Pena, a favor del condenado Jorge Alberto Izaguirre Montoya.- SON PARTES: El Abogado Juan Carlos Berganza Godoy, en su condición de defensor privado del señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya, como parte recurrente; la Abogada Sandra Lorena Zúniga, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida y a los Abogados Jair López y Celeste Aida Cerrato, en su condición de acusadores privados de la señora Iris Yaneth Tejeda Varela, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Esta Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, valorando las pruebas practicadas en juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, declara probado el siguiente hecho: ÚNICO: Que en fecha veintitrés de abril del año dos mil nueve, siendo aproximadamente las cinco y cuarenta minutos de la tarde, la señora Iris Janeth Tejeda Varela, se conducía a bordo de su vehículo a inmediaciones de la Colonia el Prado, con rumbo al barrio la Bolsa de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, momento en el cual fue interceptada por el señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya, con quien años atrás mantuvo una relación sentimental, el que se conducía en otro automotor y quien bajo su vidrio y le grito de nada te sirvió; que no te hayan metido presa, porque siempre te voy a mandar a matar.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Juan Carlos Berganza Godoy, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma, por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “I.- MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. ÚNICO MOTIVO.- POR APLICACIÓN ILEGAL O INDEBIDA DEL TIPO PENAL, al haber emitido Sentencia Definitiva Condenatoria, subsumiendo el comportamiento del acusado en el tipo penal del artículo 179-A del Código Penal, sin observarse en dicho comportamiento ninguno de los requisitos sustánciales del tipo, al haber calificado de Violencia Intrafamiliar una conducta que se desprende de una simple relación sentimental a lo que la mayoría del Tribunal de Sentencia lo considera o lo equipara como CONCUBINATO sin tomar en cuenta el ordenamiento jurídico que regula la materia y sin que se le haya aportado prueba sobre su existencia, pues como bien se sabe un Tribunal de Sentencia es incompetente para declarar la unión de dos personas por medio del concubinato o unión de hecho que es una institución regulada únicamente por el Código de Familia. PRECEPTOS AUTORIZANTES. -359 y 360 del Código Procesal Penal. Art 359.-Contra las resoluciones definitivas pronunciadas por los Tribunales de Sentencias solo podrá interponerse el recurso de casación. Art. 360.-Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma: jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Explicación del Motivo. - La norma sustantiva infringida es el artículo 179-A del Código Penal Vigente, por aplicación indebida en la Sentencia recurrida. Considerando que el recurso de casación por infracción de ley sólo puede interpretarse una revaloración jurídica del material práctico y escrito en la sentencia y que por este motivo invocado la Sala de lo Penal solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva respetando, como principio, la intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia, se procede a describir el cuadro factico que contienen los hechos probados, recalcando que no es intención del recurrente en ningún momento que estos sean alterados: “UNICO: Que en fecha veintitrés de abril del año dos mil nueve, siendo aproximadamente las cinco y cuarenta minutos de la tarde, la señora Iris Janeth Tejeda Varela, se conducía a bordo de su vehículo a inmediaciones de la colonial El Prado, con rumbo al barrio la bolsa de la ciudad de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, momento en el cual fue interceptada por el señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya, con quien años atrás mantuvo una relación sentimental, el que se conducía en otro automotor y quien bajo su vidrio y le grito de nada te sirvió; que no te hayan metido presa, porque siempre te voy a mandar a matar.” En atención a los hechos probados construidos por el Tribunal de Sentencia, se observa que los requisitos esenciales del tipo penal de Violencia Intrafamiliar regulados en el artículo 179-A del Código Penal y establecidos en la Sentencia Condenatoria, no se encuentran reflejados en la verdad material a que ha llegado el sentenciador, desatendiendo y violentando la literalidad y el espíritu de la misma norma jurídica, pues el órgano jurisdiccional solamente ha transcrito una expresión del sujeto activo sin que ésta por sí sola se adapten a los elementos descriptivos del tipo; Asimismo, en cuanto a la calidad del Sujeto Activo y el Sujeto Pasivo el sentenciador únicamente considera el testimonio de la victima para establecer la existencia entre ésta y el encausado, una relación sentimental. Partiendo de lo anterior, aunque la mayoría del Tribunal de Sentencia estima que una simple relación sentimental consagra uno de los elementos objetivos del tipo esa condición no puede considerarse per se como una relación CONCUBINARIA o que ésta lo sea por la simple declaración de la víctima, ya que la relación concubinaria esta regulada en e[ Código de Familia y sus disposiciones deben ser respetadas bajo la correcta interpretación que el concubinato o unión de hecho debe ser únicamente autorizada por la autoridad competente para producir efectos legales. En este sentido y bajo este esquema el Tribunal de Sentencia comete craso error de interpretación pues la resolución adoptada es incompatible con los hechos probados. El primero de ellos consistente en que los hechos probados relatan que el sujeto activo grito al sujeto pasivo pero no señala que tales expresiones produjeron intimidación a la ofendida; el segundo, que describe que entre el sujeto activo y el sujeto pasivo existe una relación sentimental, sin que esta sea una relación concubinaria como lo exige la ley, pues el CONCUBINATO sólo nace por autorización de la norma jurídica, siendo esta una de las singularidades del sujeto activo, de la acción o sea que debe ser el concubino o ex concubina quien realice la acción descrita en este tipo de delitos y no el de una simple relación sentimental. La. interpretación y la valoración de la prueba desarrollada en la resolución condenatoria por parte de la mayoría del Tribunal de Sentencia desarticulan disposiciones torales que regulan el orden de la familia como bien jurídico protegido y violentan disposiciones de la Constitución de la República y el Código de Familia, pues un Tribunal de Sentencia no se encuentra facultado, ni puede subrogarse funciones para declarar la unión de dos personas mediante el CONCUBINATO o la UNION DE HECHO, regulado, como se reitera, en la Constitución de la República y el Código de Familia. Por lo anterior, con los hechos probados de la sentencia y valoración de la prueba emitida se crea una generación de derechos y obligaciones que producen efectos en el ámbito de la familia y, que fueron otorgados por medio de la vía penal, hecho que es pernicioso y odioso para un Estado de Derecho. El artículo 179-A del Código Penal describe la conducta criminosa de la siguiente manera: “Quien emplee fuerza, intimidación o haga objeto de persecución a su conyuge o exconyuge a la persona con quien conviva o haya mantenido una relación concubinaria o aquella quien haya procreado un hijo, con la finalidad de causarle daño físico o emocional o para dañar sus bienes, será sancionado con reclusión de uno (1) a tres años (3), sin perjuicio de la pena que corresponda a las lesiones o daños causados. La misma pena se aplicará cuando la violencia se ejerza sobre los hijos comunes o sobre los hijos de las personas mencionadas que se hallen sujetos a patria potestad, o sobre el menor o incapaz sometido a tutela o curatela o sobre los ascendientes.” La Sentencia Condenatoria subsume el comportamiento del señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya en el delito de Violencia Intrafamiliar y, para considerarlo, el Juzgador hace una interpretación errónea mediante dos operaciones intelectivas equivocas que le lleven a la conclusión sobre los elementos descriptivos del tipo. En la primera operación intelectiva se establece en el primer elemento objetivo del tipo que describe “quien emplee fuerza o intimidación o haga objeto de persecución...” El cuadro factico relata que el acusado grito a la ofendida, sin embargo, tales palabras no establecen si estas efectivamente produjeron intimidación a la supuesta ofendida y al no describirse ningún sentimiento de angustia o temor en la verdad establecida no podemos aseverar que este elemento objetivo del tipo se encuentre plasmado en el fáctum de la sentencia. El segundo elemento objetivo, y en el que más nos enfocamos, se basa en la descripción o calidad del sujeto activo y el sujeto pasivo pues los hechos probados indican que el imputado mantuvo años atrás una relación sentimental con la víctima. Esta conclusión, como verdad incuestionable en los hechos probados de la sentencia, no se adecua al elemento objetivo que exige que el autor realice actos de fuerza intimidación o persecución al conyuge, exconyuge, persona con quien conviva o haya mantenido una relación concubinaria, pues el tribunal en los hechos probados menciona que existió simplemente una relación sentimental desatendiendo el tipo penal, pero forzándolos indebidamente para adecuarlos a la descripción del delito. Lo anterior se desarrolla en la valoración de la prueba de la sentencia, específicamente en la pagina 10, al expresar el tribunal sentenciador lo siguiente: “Estiman la mayoría de miembros del Tribunal de Sentencia, que con la declaración de la señora Iris Janeth Tejeda Varela, se establece que efectivamente ella y el señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya, mantuvieron una relación sentimental de pareja y que la misma terminó en el año dos mil cinco, sobre este extremo no existió prueba de descargo que contradiga los vertido por la ofendida. Demostrándose que existió entre ambos una relación concubinaria...” La segunda operación intelectiva del sentenciador se encuentra en la fundamentación jurídica en el acápite primero, segundo párrafo, en que la que describe lo siguiente: “En este delito el bien jurídico protegido: se trata de un delito pluriofensivo y con el se quiere proteger sobre todo, además de la integridad física y la propiedad, la dignidad de la persona en el seno de la familia, la normal convivencia y la paz en el orden de la familia, incluyendo además los casos cuando ya no hay convivencia entre el sujeto activo y pasivo, como es el caso que nos ocupa el cual recae sobre una relación concubinaria. El sujeto Activo: puede ser cualquiera el hombre o la mujer. El sujeto Pasivo: siguiendo el mismo orden de ideas puede ser el hombre o la mujer.” Como se puede apreciar, el Tribunal Sentenciador para hacer su análisis valorativo sobre los medios de prueba a tomar en cuenta para determinar la relación concubinaria, que es lo mismo que la UNION DE HECHO, únicamente se avocó a la simple declaración de la supuesta ofendida para determinar que existe entre el encausado y la víctima una relación sentimental y considerando arbitrariamente que es lo mismo que el CONCUBINATO. Sobre la interpretación de la ley sustantiva para subsumir los hechos en los elementos descriptivos del tipo penal, también erran al considerar que, sobre la descripción del sujeto activo y pasivo, precisamente sobre la calidad del autor y de la víctima, desarrollan y señalan que puede ser cualquier hombre o mujer, conclusión que se encuentra alejada de la correcta interpretación de la ley. Para demostrar la aplicación indebida de la ley penal por haberse interpretado erróneamente, debemos remitirnos en primer término a lo establecido por la Constitución de la República en los artículos 111 y 112 que establecen lo siguiente: “Artículo 111. La familia, el matrimonio, la maternidad y la infancia están bajo la protección del Estado. Artículo 112. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer, que tengan las calidades de tales naturalmente, a contraer matrimonio entre si, así como la igualdad jurídica de los cónyuges. Solo es válido el matrimonio civil celebrado ante funcionario competente y con las condiciones requeridas por la Ley. Se reconoce la unión de hecho entre las personas igualmente capaces para contraer matrimonio. La Ley señalará las condiciones para que surta los efectos del matrimonio...” Bajo el amparo de la norma constitucional se encuentra la institución de la familia; asimismo, la desarrolla y la establece como una institución social y determinando dos fuentes creadoras de la misma, como lo son: el matrimonio y la unión de hecho, esta última conocida por la historia y la doctrina, como CONCUBINATO. La Constitución de la República no crea más fuentes en el derecho de la familia, por lo tanto, la calidad de miembro de la familia depende de la ley y no dé la voluntad de las partes. En este orden de cosas, la norma constitucional, por ser programática en cuanto al orden y protección de la familia, desarrolla su regulación en el Código de Familia; por lo tanto, nace el derecho de familia y, la calidad de miembro de esta, como institución social, únicamente procede del estamento jurídico. Tomando en cuenta lo anterior debemos preguntarnos ¿donde se encuentra regulado el CONCUBINATO o UNION DE HECHO como fuente creadora de la familia? La respuesta nos la da la Constitución de la República al establecer que la Unión de Hecho debe ser regulada por la ley, consecuentemente tenemos que remitirnos en este sentido al Código de Familia. Ahora bien, siguiendo la interpretación correcta de la ley se hace la interrogante: ¿cuando se puede considerar que entre un hombre y una mujer existe el concubinato o la unión de hecho? Pues la respuesta nos la da el Código de Familia en su artículo 45 al establecer lo siguiente: “La existencia de la unión de hecho entre un hombre y una mujer, con capacidad para contraerla y que reúna los requisitos de singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos del matrimonio realizado legalmente, cuando fuere reconocida por autoridad competente” Sobre este punto es necesario remitirnos, para poder establecer si se encuadran los hechos probados de la sentencia con el tipo penal de Violencia Intrafamiliar del artículo 179-A del Código Penal, con la declaración de la señora Iris Janeth Tejeda Varela, precisamente al interrogatorio de la defensa que se encuentra en el acta de debate en la pagina 12, línea 29, y que consta lo siguiente: “cual era el estado civil del señor Jorge Alberto lzaguirre cuando usted lo conoció? Casado ¿Tiene hijos usted con él? No ¿cómo se llama su hija? Cecilia Argeñal Tejeda ¿Quién es el padre? Armando Argeñal ¿En que año terminó la relación con mi representado? En el 2005 ¿cuál fue la fecha en que ocurrieron los hechos, por los que estamos aquí? Fueron un montón, pero fue el 23 de abril del 2009”. Las respuestas de la supuesta ofendida resultan muy importantes para establecer si no encontramos ante un delito de Violencia Intrafamiliar o no. En primer término el elemento descriptivo del tipo exige una calidad en el sujeto pasivo y en el sujeto activo, en consecuencia la descripción penal requiere que el empleo de la fuerza, la intimidación o la persecución sea contra el cónyuge o ex cónyuge, en este sentido sólo pueden ser tales quienes se encuentren en matrimonio y para la probanza en juicio no sólo basta la declaración de la víctima si no que se requiere que se demuestre con los respectivos atestados, como ser la certificación matrimonial expedida por el registrador civil o con el acta matrimonial. Sobre este punto no se demostró en juicio que la señora Iris Janeth Tejeda se encontrara en unión matrimonial con el señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya, por lo tanto, queda descartada esta calidad en el sujeto activo. La siguiente condición del tipo penal exigido es la persona con quien conviva, sobre este punto la víctima refiere que su relación la terminó en el año de 2005 por lo tanto no convive con el encausado al momento de los supuestos hechos pues refiere que estos sucedieron el 23 de abril de 2009, por lo anterior queda descartada esta calidad en el sujeto activo. Siguiendo el análisis, el tipo penal también exige que se haya mantenido una relación concubinaria o aquella quien haya procreado un hijo. Sobre este aspecto debemos remitirnos necesariamente al Código de Familia, como ya se expresó, para ver la regulación sobre el concubinato o unión de hecho y en este sentido los artículos 47 y 49 del Código de Familia establecen lo siguiente: “Artículo 47.- El reconocimiento de la unión de hecho puede obtenerse compareciendo los interesados ante el Alcalde Municipal, Presidente del Concejo Metropolitano del Distrito Central o ante el Notario, haciendo manifestación verbal o escrita de su intención de formalizar dicha relación, presentando los documentos y expresando los datos consignados en el artículo 24 de este Código. Artículo 49.- El Alcalde Municipal levantarán acta y harán la inscripción correspondiente; el Notario expedirá el correspondiente testimonio del acta de formalización de la unión de hecho y la remitirá al Registrador Civil Jurisdiccional dentro de los quince días siguientes para que proceda a la inscripción de la unión de hecho, oficina que entregará a los interesados constancia de dicha inscripción, la que producirá iguales efectos que la certificación de matrimonio.” Como se puede apreciar con lo establecido en la ley de familia para que exista una Unión de Hecho o Concubinato primero se debe verificar que tal relación reúna los requisitos de singularidad y estabilidad. La singularidad significa que no pueda existir pluralidad de concubinatos, o que ambos no tengan más que esa relación u unión pues el objetivo del legislador es la protección de la familia y no la vida silenciosa del alguien que tienen más de una unión. Por lo anterior, la ley establece que solo tendrá validez el concubinato cuando no fuere singular para aquella persona que haya actuado de buena fe, en este sentido la señora Iris Janeth Tejeda Varela jamás podría otorgársele el concubinato por que ella era una persona de mala fe pues cuando decidió involucrarse de forma esporádica con el señor Jorge Alberto Izaguirre sabia perfectamente que éste era casado y tenia una familia (artículo 46 del Código de Familia). Por otra parte, en cuanto a la estabilidad, significa que la unión debe ser estable implicando una continuidad en el tiempo, otro requisito del cual no gozaba la supuesta relación sentimental entre la supuesta víctima y el encausado y que es apreciada por el sentenciador de manera antojadiza sin darse cuenta que no puede existir tal estabilidad por que el imputado se encontraba casado y en una relación estable con su esposa, hecho que era conocido por la supuesta víctima y que convierte su manera de obrar en mala fe pues su intención no era formar una familia si no que pasar momentos agradables con el encausado. Consecuente a lo anterior, con buen tino expresa la juez Karla Lizeth Romero Dávila, en su voto disidente, lo siguiente: “De las declaraciones recibidas en el juicio y específicamente la que rindiera el supuesto sujeto pasivo en la causa que es quien insta la acusación la señora Tejeda Varela, manifestó entre otras cosas que sostuvo una relación sexual consensuada con el acusado por lo que el mismo llegaba a su casa de forma esporádica y sostenían relaciones sexuales, teniendo conocimiento que era una persona casada con otra persona con la cual hacia vida marital. El contenido de esta declaración establece que no existía la convivencia continua tal como lo desarrolla una pareja que se comporta ante la sociedad como lo hace una pareja que desea ser reconocida como una familia o un matrimonio, incluso manifestó que sus amistades y familiares que se encontraban en su casa se despedían cuando el acusado llegaba para no incomodarle porque conocían su condición y estatus de matrimonio y convivencia familiar con la persona que era su esposa en ese momento, por lo que pese a que agrego que esta relación sentimental duro varios años, la misma no era más que una relación sexual consensuada entre adultos, no con el ánimo de ser reconocidos socialmente como familia o un matrimonio. Con respecto al reconocimiento de la relación concubinaria, no fue objeto de prueba durante este juicio que existiera alguna sentencia emitida por los juzgados en materia de familia que estableciera una unión de hecho reconocida, pues los testigos se limitaron a señalar que conocían de su relación sentimental entre ambos sujetos, pero también conocían del estatus social del acusado y su condición de ser el esposo y de convivencia marital con otra persona distinta a la señora Tejeda Varela, por lo que la mayoría del tribunal no puede tener por acreditada que haya existido una relación concubinaria, distinta a una relación sexual consensuada entre adultos que es contrario al bien jurídico de orden de familia que señal bajo su tutela este tipo penal.” En este orden cosas, que un órgano jurisdiccional penal intérprete que una relación sentimental es sinónimo de CONCUBINATO o UNIÓN DE HECHO y que lo declare así en la valoración de prueba y la fundamentación jurídica de una sentencia, resulta peligroso para todo el estamento jurídico que regula el derecho de familia. Bastaría entonces, según el criterio de la mayoría del tribunal sentenciador, que dos personas mantengan un noviazgo para considerar tal relación como concubinato por el simple hecho de tener una relación amorosa; en los mismos términos seria concubinato una pareja del mismo sexo y también los abarcaría el tipo penal de violencia intrafamiliar. En este sentido, honorables Magistrados, resulta necesario entender de manera correcta que la relación sentimental, únicamente responde al vinculo amoroso y no al estatus jurídico de la relación; por lo tanto, resulta un desacierto considerar que toda relación sentimental es sinónimo de concubinato o unión de hecho; asimismo que una simple relación sentimental crea nexos dentro del ámbito de la familia. Honorables magistrados, el tipo penal de Violencia Intrafamiliar tienen como bien jurídico protegido la paz y la armónica convivencia en el núcleo o el seno de la familia; por ello, haciendo una interpretación correcta de la ley se puede colegir que los hechos probados de la sentencia no se establece entre el sujeto activo y el sujeto pasivo ninguna de las relaciones de familia que requiere el tipo penal, por lo tanto, dejar establecido la interpretación que pretende el tribunal de sentencia en la valoración de prueba y en fundamentación jurídica será un exceso que dará lugar a que la supuesta ofendida se crea con derechos y obligaciones que nacen del derecho de familia: como alimentos, derechos hereditarios, cuarta conyugal etc; acciones que serían un desaguisado lamentable para la seguridad jurídica de todos los hondureños. Por otra parte, la descripción de los hechos probados no visualiza la existencia de algún daño físico a la supuesta víctima, tampoco un daño emocional y mucho menos en sus bienes, es así que si tomamos las expresiones dichas por el sujeto activo sobre el sujeto pasivo y que relata el Tribunal Sentenciador como suceso probado estos no reflejan que dichas intimidaciones causaron daños psicológicos graves para la perjudicada, consecuentemente este otro elemento del tipo penal tampoco se encuentra descrito en los hechos probados. A los honorable Magistrados se expone que la mayoría del Tribunal de Sentencia tergiverso la tesis de descargo de la defensa que no es mas que la que se expone en el presente recurso de casación; sin embargo, el órgano jurisdiccional en su afán de condenar mintió en su fundamentación jurídica, pagina 15, acápite segundo, párrafo último al establecer que el punto de la defensa, era lo siguiente: “como tesis de descargo la defensa a planteado dos aspectos 1)..., 2) además que el orden de familia, no se puede aplicar al caso debatido, ya que el acusado y la ofendida, no tiene estatus de conyuge o ex conyuge. Lo cual no es acorde con la prueba ya que si se probó que el señor Izaguirre Montoya y la señora Tejeda Varela, mantuvieron una relación concubinaria, requisito exigido por la norma...” A menos que los honorables magistrados desconozcan que a una pareja en matrimonio se les llame conyuges o ya divorciados se les llame ex conyuges ó a una pareja en unión de hecho se les llame Concubinos o ya separados Exconcubinos, tal argumentación no fue expresada por la defensa y la rechazamos, puesto como ya se refiere la defensa expuso su defensa en lo que se explica en el presente recurso de casación que por infracción de ley o doctrina legal. En conclusión, los hechos probados de la sentencia no encajan ni están relacionados con el tipo penal del artículo 179-A por lo que reiteramos la procedencia de CASAR LA SENTENCIA de fecha 17 de noviembre de 2015 y por derivación absolver por sentencia de casación al acusado.” Continúa manifestando el Recurrente en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma: “II.- MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO ÚNICO. - No Haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, que establece: “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. El precepto penal objetivo que se invoca como infringido del mismo cuerpo legal señala expresamente lo siguiente: “Artículo 202.- Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorada en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Artículo 336.- Normas para la deliberación y la votación. El tribunal para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con la regla de la sana crítica.” El Tribunal de Sentencia a la hora de proceder a valorar la prueba no tomó conciencia ni empleó de manera correcta el proceso intelectivo en la valoración o apreciación de la prueba, ni consideró los elementos puestos a su conocimiento para dictar una decisión correcta, hecho que lo hizo cometer fallas o errores también en su proceso cognoscitivo, alejándose de los principios sobre los cuales debe discurrir su razonamiento. Consecuentemente la valoración de la prueba no se realizó adecuadamente violentando los principios y las reglas de la sana crítica. Sobre este aspecto el tribunal sentenciador cometió, como se expresa, errores y no utilizó los principios lógicos que dominan el pensamiento, como ser: el principio de contradicción que se sustenta en base a que las cosas no pueden entenderse en dos dimensiones al mismo tiempo, es decir una cosa, en atención a una misma situación, no puede ser y no ser al mismo tiempo; Asimismo el principio lógico de derivación que manda al sentenciador a efectuar sus razonamientos en base a inferencias lógicas deducidas de las pruebas. En este sentido el órgano jurisdiccional a la hora de darle credibilidad a los testimonios de la ofendida Iris Janeth Tejeda Varela y su amiga y vecina Karla Patricia Meza Moreira, concluye, en cuanto a la primera, lo siguiente: (pag. 10 sobre valoración de la prueba de la sentencia) “de estas narraciones podemos concluir que la señora Tejeda Varela, sólo a depuesto vivencias que han sido percibidas por su sentidos y otras que son producto de la información de terceros, las cuales nos resultaron ser ni imaginarias, ni están fuera de la realidad, ya que son situaciones comunes que le podrían suceder a cualquier persona, por lo tanto son creíbles y en su testimonio no se denotó un deseo de venganza en contra del acusado” Sobre esta valoración se aprecia que el Órgano Jurisdiccional no fundamenta adecuadamente por que decidió creerle a la testigo, ni determina concretamente por que ésta no puede estar mintiendo. Así las cosas, tomando el criterio del juzgador, podemos concluir, entonces, que todos los seres humanos experimentamos vivencias que son percibidas por nuestros sentidos, que todos los seres humanos obtenemos información que se reciben de terceros; sin embargo, para otorgar credibilidad, únicamente por la precepción de creer que la declaración no es imaginaria ni que está fuera de la realidad por que son situaciones comunes que le podrían suceder a cualquier persona, resulta infantil y pernicioso, pues cualquier persona puede llegar al tribunal de sentencia a mentir diciendo que fue objeto de un robo en el parque central y le tendríamos que creer por que son situaciones comunes que le pueden suceder a cualquier persona y sin tomar en consideración otros elementos que demuestren efectivamente que este hecho ha sucedió. En la pagina 11 línea 5 de la valoración de la prueba el sentenciador concluye: “...este evento es descrito con precisión por la ofendida, ya que no existe ninguna duda en lo concerniente a que conoce al señor Izaguirre Montoya, asimismo establece que este se conducía en un carro color negro, situación que la ofendida vivió al momento de salir del Supermercado YIP ubicado en la colonia el prado, cuando se dirigía junto a sus acompañantes hacia el barrio la Bolsa de esta ciudad capital, la mayoría considera que los dichos de la señora Tejeda Varela, son creíbles puesto que no se evidencio que inventara cada uno de los relatos narrados al tribunal, en cuanto a los otros acontecimientos referidos por ella, si bien es cierto no tienen una coherencia en tiempo y espacio esto es entendible ya que muchos de estos transcurrieron y sucedieron hace varios años, por lo cual es más comprensible que no sean exactos, lo que es congruente con el comportamiento humano”. Pese a que la redacción del Tribunal sentenciador es incomprensible, no es esto lo que se pretende criticar, si no su falta de uso de las reglas de la sana crítica; por ejemplo, el juzgador no toma en cuenta que la defensa, en referencia a la hora que sucedieron los hechos, siempre ha demostrado que la señora Tejeda Varela los adecua para hacer creer que el hecho existió ya que se demostró que estaba mintiendo. Lo anterior se puede apreciar en el interrogatorio de la defensa, ubicada en el acta de debate en la pagina 13 línea 1: “¿El carro de mi representado en que lugar estaba? Seguramente venia detrás de mi y se puso a un lado mío. ¿a que horas sucedió eso? A las cinco cuarenta. Se solícita que por medio de lectura autorizada en base al artículo 311 numeral 6, se lea la declaración de la ofendida en la cual indica que los hechos sucedieron a las cinco de la tarde. Secretario procede a dar lectura al folio 50 renglón 14 de la declaración de la ofendida rendida en audiencia inicial. Defensa: ¿por qué en aquel momento dijo que había sido a las cinco y en este momento dice que a las cinco y cuarenta? Yo dije cinco cuarenta.” Este elemento que parece irrelevante para el tribunal de sentencia, para la defensa sí resulta importante si tomamos en cuenta la declaración de la señora Karla Patricia Meza Moreira al realizar el interrogatorio que se encuentra reflejado en el acta de debate en la pagina 14 línea 2: “Ministerio Público: ¿recuerda el día en que apareció ese carro? Si, fue 23 de abril del 2009. ¿Recuerda la hora? Eran las cinco y cuarenta. Defensa: ¿a que hora ocurrió el hecho? A las cinco cuarenta. Solicita la Defensa en vista que esta testigo declaró en audiencia inicial a folio 50 vuelto. Defensa: ¿me puede explicar por que antes eran la cinco de la tarde y ahora son las cinco con cuarenta? Aquí creo que lo más importante no es la hora, si no las amenazas, eran las cinco y cuarenta”. El Tribunal de Sentencia en la valoración de prueba, sobre esta testigo, en la pagina 11, línea 22 manifiesta los siguiente: “esta versión resulta ser creíble puesto que fue observada y escuchaba por la señora Meza Moreira, resulta ser coherente con la señora Tejeda Varela, al indicar que cuando esto acontece ellas, venían de hacer unas diligencias y al salir del supermercado YIP ubicado en la colonia el Prado, con destino al barrio la bolsa siendo aproximadamente a las cinco cuarenta de la tarde, fueron interceptadas por el hoy imputado, a quien ella conoce personalmente desde hace varios años, ya que ella es conocedora que entre la señora Tejeda Varela y el señor Izaguirre Montoya, existió una relación de pareja concubinaria, teniendo también conocimiento de que el señor Izaguirre Montoya, estaba casado y que entre ellos no procrearon hijo alguno, por lo que ella como amiga de la perjudicada les visitaba y estaba al tanto de estos extremos, situaciones que en ningún momento fueron desvirtuadas para que la mayoría infiera que esto es un invento tanto de la declarante, como lo de la señora. Tejeda Varela...” Resulta Honorables Magistrados que el sentenciador no hizo el más mínimo esfuerzo en tomar en cuenta la contradicción advertida por la defensa en cuanto a la hora en que sucedieron los hechos. Lo anterior no tendría relevancia, como ya hemos expresado, si no es que el propio Tribunal de Sentencia da como cierto y acreditado que el señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya ingreso a las siete de la mañana y salió a las cuatro y cincuenta de la tarde de la empresa Café el Indio ubicada en el valle de Amarateca. Consecuentemente si hiciéramos una valoración correcta sobre la declaración de los testigos de cargo entenderíamos que ellas adaptaron la hora una vez que se dan cuenta de la existencia de un protocolo de ingreso a las oficinas de la empresa Café el indio donde se registra la entrada de los empleados. Es por ello que resulta importante la declaración vertida por las declarantes en la audiencia inicial por que hasta ese momento desconocían de la existencia del protocolo de seguridad de ingreso de empleados a la empresa Café el Indio, lo que las hace cambiar su versión e indicar que el hecho sucedió a las cinco y cuarenta de la tarde, con la única intensión que el tiempo pueda calzar ante la veracidad de la prueba de la defensa que demuestra donde se encontraba el imputado a las cinco de la tarde, lo que resultaba en conclusión que es materialmente imposible que estuviera en dos lados al mismo tiempo. Entonces ¿las declarantes mienten o dicen la verdad?. Para ello, el órgano jurisdiccional debió cuestionar, si las declarantes dicen al unísono que fue a las cinco de la tarde en audiencia inicial y después al unísono indican que fue a las cinco cuarenta es por es porque se pusieron de acuerdo para mentir. La interrogante que surge al tomar en cuenta las declaraciones de audiencia inicial ¿como es posible que el imputado se trasladara de las cuatro y cincuenta de la tarde del valle de Amarateca a la colonia el prado en 10 minutos, sin tomar en cuenta que es una hora pico y que el tráfico es abundante, ¿será posible, entonces, que el imputado se podría encontrar en dos lados al mismo tiempo, como se ha referido? Obviamente la respuesta es no. Las declarantes mienten y cambiaron el horario de los hechos a las cinco cuarenta de la tarde para hacer creer que el imputado podía viajar en ese tiempo a la colonia El Prado. Otro error establecido en la sentencia, precisamente en la valoración de la prueba, es que los hechos probados maliciosamente no reflejan lo que acreditaron los jueces en su valoración, como es el color del vehículo en que se conducía el imputado, llegando a una conclusión valorativa que violenta las reglas de la sana crítica. El Tribunal de Sentencia valora los testimonios de Iris Janeth Tejeda Varela y Karla Patricia Meza Moreira y tiene por acreditado que el señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya se conducía en un carro Marca Honda, color negro, placa PCP 8114 o en un carro color negro (ver página 6, segundo párrafo, en la valoración de la prueba; y página 7, penúltimo párrafo, en la valoración de la prueba). En cuanto a la valoración de la prueba de la defensa el Tribunal de Sentencia da por acreditado que el señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya se conducía el día de los hechos en una camioneta marca honda, color beige, placas PCH9319 (ver página 12 último párrafo de la valoración de la prueba). La pregunta ineludible es ¿cómo llegó a la conclusión el Órgano Jurisdiccional que el señor Jorge Alberto Izaguirre finalmente andaba en un carro color negro? Y que sí se llego a esta conclusión ¿por qué en los hechos probados sólo menciona que el imputado se conducía en un automotor? La respuesta es sencilla, el Tribunal de Sentencia al apreciar esta gigante contradicción decide no incorporar en sus hechos probados el color del vehículo debido a su precaria valoración de la prueba, que lo único que establece es que los honorables jueces poseen una magnifica fabulación que proveniente de una inmensa imaginación. Sobre este aspecto el sentenciador concluye: “En lo atinente a la prueba ofertaba por la Defensa Privada, la mayoría de los miembros del tribunal estima lo siguiente: con respecto a la declaración del señor Edin Mandolfo Aguilar, debemos decir que es un testigo de referencia en cuanto a los hechos declarados probados por estos juzgadores, ya que sus dichos se han centrado en dos aspectos en la hora de entrada y salida del señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya, de la empresa café el indio, ubicada en el Valle de Amarateca, lugar en el cual el hoy imputado labora como ejecutivo de esta sociedad mercantil y por otro lado el tipo de vehículo que conducía ese día el señor Izaguirre Montoya, siendo preciso al establecer que este transportaba ese día veintitrés de abril de años dos mil nueve, en una camioneta Honda, color beige, placas PCH 9319 y que este ingreso a la institución de Café el Indio donde él declarante es el máximo responsable de la seguridad del Grupo de Asesores, a las siete de la mañana y salió a las cuatro y cincuenta de la tarde, ese día veintitrés de abril del año dos mil nueve, testimonio que coincide con el medio de prueba Documental consistente en las copias debidamente autenticadas de los libros de la guardia del café indio, donde se registra efectivamente la entrada y la salida del señor Izaguirre Montoya, consideramos que estos medios probatorios son creíbles por cuanto el testigo solo relato lo que a él, le consta, haber observado un día y hora determinada, con lo que respecta a los documentos estos fueron debidamente cotejados por un notario público y no se evidenció por parte contraria que los mismos fueran falsos o tuviesen un defecto procesal. Lo que esta prueba no puede hacer, es desvirtuar el hecho de que a las cinco cuarenta de ese mismo día, fuera observado y escuchado de manera simultanea el señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya, al decirle a la señora Iris Janeth Tejeda Varela, que la iba a manda a matar y que esto también fuera vivido por la señora Karla Patricia Meza Moreira, ya que la defensa privada a descansado su tesis en el hecho de que su patrocinado conducía un vehículo beige y que no es posible trasladarse del valle de Amarateca hasta la ciudad capital en tan corto tiempo, aprecia la mayoría del Tribunal que de la hora de salida del hoy acusado hasta al lugar del hecho transcurrió aproximadamente una hora, en cuanto al color del carro en el que se transportaba el Izaguirre Montoya, las dos testigos aseveran que era un automotor color negro, sobre este aspecto la señora iris Yaneth Tejeda Varela, manifestó que ella tuvo información que ese automóvil pertenecía a la señora Ana Cecilia Maradiaga, persona cercana al señor Izaguirre Montoya, lo cual no descarta entonces que el justiciable saliera de su lugar de trabajo en un vehículo y que luego se condujera en otro, dado que atendiendo a las máximas de la experiencia esto es posible y si a esto se le suma que dos personas que lo conocen personalmente una por razones de haber sido su concubina tal es el caso de la señora Tejeda Varela y la otra de amistad como la situación de la señora Karla Patricia Meza Moreira de manera espontánea han indicado que imputado conducía un carro de un color diferente al que dice sus testigo Edin Mandolfo Aguilar, razón por la cual el tribunal le da total credibilidad al testimonio de las dos declarantes de cargo, en cuanto a la hora y la forma en que se transportaba el imputado, ya que resulta mas verosímil lo vertido por la señora Tejeda Varela y Meza Moreira, que lo expuesto como se ha indicado antes por un testigo de referencia como lo es el señor Edin Mandolfo Aguilar.” El Tribunal de Sentencia en esta valoración, también falla con la compresión de la reglas de la sana crítica, primero por que el razonamiento utilizado violenta y quebranta el principio lógico de derivación que manda al sentenciador a efectuar su razonamientos en base a inferencias lógicas deducidas de las pruebas; sin embargo, los jueces han derivado raciocinios totalmente subjetivos y no de la prueba desarrollada en el proceso, por ejemplo: al Tribunal de Sentencia no se le probó ni sé le aportó prueba en juicio sobre que el señor Jorge Alberto Izaguirre haya cambiado de vehículo, esto solo esta en la imaginación del juez por que no fue probado. Tampoco se le aportó prueba sobre el lugar donde supuestamente cambio el vehículo, cual fue el rumbo que tomo, cuanto tiempo se tardó en cambiar el vehículo y de llegar de Amarateca a la Capital, ni consideró que en ese año y fecha se estaba construyendo la carretera CA-5 por lo que necesariamente cualquier tránsito por la zona era lento. El órgano jurisdiccional da credibilidad a la prueba de la defensa y la tiene como cierta, pero después dice que es más verosímil la del ente acusador, o sea la conclusión es: las dos son verdaderas, pero una es más verdadera que la otra, ¿a caso no es esto una violación a los criterios de la sana crítica? ¿no se violenta con esto el principio que establece que entre dos proposiciones de las cuales una afirma y otra niega, una de ellas debe ser verdadera?. El tribunal Sentenciador violenta el conocimiento de lo que debe entenderse por las máximas de la experiencia al argumentar indiscriminadamente este principio y establecer que el imputado pudo salir de su trabajo en un vehículo y que después pudo conducirse en otro, eso se llama especulación y no máxima de la experiencia, pues esta regla provienen del conocimiento general y no particular, proviene en base a determinada experiencia, de la experiencia general de vida o en especiales conocimientos en la materia. Inferir que el acusado cambio de vehículo para cometer un hecho criminoso sin que exista el mínimo de prueba al respecto es una evidente violación a los criterios de la sana crítica. Como se aprecia honorables Magistrados el motivo de Casación expuesto casa perfectamente la sentencia por Quebrantamiento de Forma, por haberse producido en el acto de sentenciar no ha sido posible reclamar su subsanación, por lo tanto se solicita se declare con lugar el motivo de casación argumentado.” Sigue manifestando el Recurrente en su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional: III.- “MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Por haber violentado la Garantía Constitucional del Debido Proceso establecida en el articulo 90 de la Constitución de la República al haber violentado lo establecido en los artículo 198 202. 336. 337 y 339 del Código Procesal Penal y el artículo 272 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. Precepto Autorizante. -Articulo 361 del Código Procesal Penal. Primer Motivo.- Las garantías constitucionales han sido concebidas para lograr las aspiraciones del pueblo y fortalecer el Estado de Derecho que, asegure una sociedad política y económica socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre, como persona humana, dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, la paz y la democracia representativa, estos conceptos establecidos en el preámbulo de la Constitución de la República, nos llaman a establecer el respeto hacia la ley y hacia las instituciones que promueven y aseguran el cumplimiento de la misma. La Corte Suprema de Justicia a través de sus jerarquías propende el aseguramiento de la justicia y al respeto de la ley a través de juzgados y tribunales que garanticen el respeto a las máximas Garantías Constitucionales del respeto a la ley, de la conducción sana y equitativa de la justicia entre los miembros de la sociedad, es por eso que en su cuerpo la Constitución de la República garantiza y protege que los funcionarios en la aplicación de las leyes no vayan mas haya de lo que ordena la ley ( articulo 321 de la Constitución de la República). El artículo 90 de la Constitución de la República establece: “Nadie puede ser Juzgado si no por Juez o tribunal Competente, CON LOS DERECHOS. LAS GARANTÍAS Y FORMALIDADES QUE LA LEY ESTABLECE” Lo que nos explica esta garantía es que nadie con autoridad o sin ella puede violentar las garantías, formalidades y derechos que la Constitución establece como ser: el derecho a la libertad, al derecho de petición, al derecho de defensa, y al respeto de las normas que rigen el debido proceso máxime cuando se trata de restringir el derecho máximo universal de la libertad. El juez sentenciador violando los artículos 198, 202, 336, 337, y 339 del Código Procesal Penal, ha emitido una Sentencia Condenatoria en contra del señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya, violentando los preceptos de la ley procesal en forma abierta, al introducir en el proceso elementos que no fueron probados ni ejecutados durante la práctica de la audiencia oral y publica, violentando conceptos importantes donde se prohíbe la inclusión de calificación del delito que no haya sido establecido en la acusación, en el auto de apertura a juicio, en la formalización de los cargos, en la contestación de estos o en las conclusiones expuestas por las partes en las audiencia de debate y además calificar las pruebas en perjudico del acusado, violentando las reglas de la sana crítica, esto ha creado la violación manifiesta de la Garantía Constitucional del Debido Proceso. Precepto Autorizante. - Articulo 361 Código Procesal Penal. En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional. Explicación del Motivo. - El juez sentenciador al emitir su sentencia condenatoria, violo el debido proceso al hacer caso omiso del articulo 198, que nos informa: “que la finalidad de los medios de prueba es el esclarecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este código. En atención a lo anterior, lo que nos establece la norma jurídica es que el juez sentenciador debe respetar las reglas que se le establecen para emitir una sentencia condenatoria al apreciar cuales son los hechos probados, la valoración de estos hechos probados en su valoración probatoria y la fundamentación jurídica que no son más que los tipos penales que se subsumen al comportamiento del acusado. El juez sentenciador introduce a la sentencia elementos que no buscan la verdad de los hechos en cuanto, establece el elemento de la demás prueba que establecen que el justiciable saliera de su trabajo en un vehículo y luego se condujera en otro, dado que atendiendo las máximas de la experiencia esto es posible. La prueba desarrollada en juicio no prueba este hecho por lo que estas no fueron apreciadas en su conjunto ni de acuerdo a las reglas de la sana crítica, como hemos explicado en forma extensa en la casación por quebrantamiento de forma por la violación del artículo 362 del Código Procesal Penal, no valoró las pruebas con arreglo, a la sana crítica, pues actos que no han sido reproducidos en juicio los valoro en perjuicio de los acusados sin existir prueba. En la relación de los motivos de casación expresados en la casación por quebrantamiento de forma hemos explicado de forma amplia y sustancial la violación de los artículos procesales que crean la forma en que deben de emitirse las sentencias absolutorias y condenatorias y hemos dejado claro lo que el juez sentenciador hizo fue redactar una sentencia a favor del ente fiscal sin existir prueba que incrimine al procesado y en consecuencia violentando y quebrantado el debido proceso.”
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo. *Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma que se denuncia ifringida: Artículo 179-A del Código Penal. *Concepto de la infracción: Aplicación indebida de la norma sustantiva. *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad en virtud de que el vicio se produce en el acto mismo de la sentencia. *Pretensión: Que se case la sentencia. Establece el recurrente que el Tribunal de Sentencia -por mayoría- aplica indebidamente el contenido del Artículo 179-A del Código Penal, puesto que en el comportamiento sometido a juicio no se observan los requisitos sustanciales del tipo, al haber calificado de Violencia Intrafamiliar una conducta que se desprende de una simple relación sentimental, a lo que la mayoría del Tribunal de Sentencia lo considera o equipara como concubinato. Del concubinato. El concubinato es un tipo de unión marital distinto del matrimonio, pero que brinda a quienes lo integran muchos de los derechos consagrados en la ley para la protección de los núcleos familiares. Así como los cónyuges son quienes integran un matrimonio, el concubinato está conformado por dos concubinos.
Este tipo de unión es libre, voluntaria y responde a los derechos y deberes que el ordenamiento jurídico local le consagre. Sin embargo, de manera general el concubinato tiene unas ciertas características generales: 1. Voluntario. Nadie puede obligar a nadie a formalizar un concubinato, al igual que no pueden obligar a nadie a casarse en contra de su voluntad. Se trata de un vínculo deseado. 2. Singular. Los dos sujetos que forman un concubinato pueden hacerlo con exclusividad, o sea, solamente si es el único concubinato que tienen, al igual que el matrimonio. No pueden tenerse varios concubinos o concubinas a la vez. 3. Permanente. Los concubinatos son uniones duraderas y estables, no pasajeras y efímeras. No puede formalizarse una relación que ya no existe, obviamente. 4. Notorio. El concubinato no es una unión secreta, ni es una figura para esconder el adulterio, sino que es un vínculo notorio, o sea, formal, evidente, de cara al resto de la sociedad. 5. Cohabitación. Los concubinos deben vivir juntos, con todo lo que ello implica. No son concubinos quienes no comparten un hogar. Del tipo penal de Violencia Intrafamiliar. En atención a los estándares internacionales relacionados con la violencia contra la mujer, que establecen que se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 1) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 2) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 3) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. [1] Siguiendo los estándares internacionales, con apego al primer caso descrito anteriormente, el legislador hondureño ha tipificado el delito de violencia intrafamiliar, en el artículo 179-A del Código Penal de la siguiente manera: “… Artículo 179-A. Quien emplee fuerza, intimidación o haga objeto de persecución a su cónyuge o ex cónyuge, a la persona con la que conviva o haya mantenido una relación concubinaria o aquella con quien haya procreado un hijo, con la finalidad de causarle daño físico o emocional o para dañar sus bienes, será sancionado con reclusión de uno (1) a tres (3) años, sin perjuicio de la pena que corresponda a las lesiones o daños causados. La misma pena se aplicará cuando la violencia se ejerza sobre los hijos comunes o sobre los hijos de las personas mencionadas que se hallen sujetos a patria potestad, o sobre el menor o incapaz sometido a tutela o curatela o sobre los ascendientes…” De lo anterior, se desprenden los elementos del tipo penal a considerar: 1. Quien emplee fuerza o intimidación o haga objeto de persecución. Ello supone que la conducta del imputado se desarrolle mediante fuerza, intimidación o persecución. 2. Que la conducta se dirija contra: su cónyuge, ex cónyuge, persona con quien conviva, aquella con quien haya mantenido una relación concubinaria, o con quien haya procreado un hijo. Es claro que el sujeto pasivo de la conducta del imputado, debe tener la condición de cónyuge, ex cónyuge, conviviente actual, ex concubina o ex concubino o -en su caso- persona con quien se haya procreado un hijo. 3. La finalidad de la conducta del imputado es la de causar un daño físico o emocional, al sujeto pasivo, o dañar sus bienes. De la procedencia del Recurso de Casación Por Infracción de Ley. Único Motivo. El recurso es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha insistido en que, al tratarse de un recurso de casación por infracción de ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el sentenciador, limitándose a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. De esta manera, el recurso de casación por infracción de ley debe basarse en la construcción de los hechos probados que contenga la sentencia denunciada, toda vez que el vicio se sustenta en que la decisión adoptada por el A quo sea incompatible, ajena o irreconciliable con la declaración de hechos probados, y en definitiva se plasme una incorrecta aplicación de la norma sustantiva o la ausencia de la aplicación de esta. De esta manera, la sentencia recurrida establece como hechos probados: “Esta Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, valorando las pruebas practicadas en juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, declara expresa y terminantemente probado el siguiente hecho: ÚNICO: Que en fecha veintitrés de abril del año dos mil nueve, siendo aproximadamente las cinco y cuarenta minutos de la tarde, la señora Iris Janeth Tejeda Varela, se conducía a bordo de su vehículo a inmediaciones de la Colonia el Prado, con rumbo al barrio la Bolsa de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, momento en el cual fue interceptada por el señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya, con quien años atrás mantuvo una relación sentimental, el que se conducía en otro automotor y quien bajo su vidrio y le grito de nada te sirvió; que no te hayan metido presa, porque siempre te voy a mandar a matar.” A la luz de los hechos probados, deberá establecerse si la norma aplicada, es decir el artículo 179-A, es compatible con el factum y consecuentemente con la resolución definitiva adoptada por el sentenciador. De acuerdo a los hechos declarados como probados la ofendida Iris Janeth Tejeda Varela, “…fue interceptada por el señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya… el que se conducía en otro automotor y quien bajó su vidrio y le grito de nata te sirvió; que no te hayan metido presa, porque siempre te voy a mandar a matar”; el primer elemento objetivo del tipo que consiste en que el imputado obre empleando fuerza o intimidación o haga objeto de persecución, es evocado en el factum de la sentencia, en el que se plasma un acto de intimidación, mediante una amenaza. En cuanto al segundo elemento del tipo penal, es decir que el sujeto pasivo del delito de Violencia Intrafamiliar, esté vinculado al imputado por ser su cónyuge, ex cónyuge, persona con quien conviva, aquella con quien haya mantenido una relación concubinaria, o con quien haya procreado un hijo; al respecto el hecho probado se refiere a: “…Iris Janeth Tejeda Varela, se conducía a bordo de su vehículo a inmediaciones de la Colonia el Prado, con rumbo al barrio la Bolsa de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, momento en el cual fue interceptada por el señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya, con quien años atrás mantuvo una relación sentimental…”; queda claro que el tribunal sentenciador deja sentado en el hecho probado la existencia de un vínculo sentimental entre la ofendida y el imputado; sin embargo el tipo penal aplicado al caso de estudio, no se refiere a cualquier tipo de relación sentimental, sino que se refiere expresamente a la relación derivada de un matrimonio (cónyuge o ex cónyuge), de una actual convivencia o de un concubinato (persona con quien haya mantenido una relación concubinaria). En relación al enunciado “relación sentimental”, se deriva que se trata de aquella que se fundamente en un vínculo precisamente “sentimental” de tipo romántico que une a dos personas, dentro de la cual pueden aparecer el noviazgo, el concubinato y el matrimonio; además, la existencia de relaciones de naturaleza sentimental que, a diferencia del concubinato y el matrimonio, no implican cohabitación y por ende asunción de roles, deberes y derechos propios de la familia, es decir relaciones entre dos personas, que aunque sostienen intimidad no se representan como una relación formal, estable, con cierta permanencia en el tiempo y en la que las personas que participan de la misma cohabiten bajo el mismo techo. En consecuencia, no es posible establecer de modo cierto y determinado que la relación sentimental a la que se refiere el A quo se trate de aquellas, que como el concubinato debe reunir ciertos requisitos, entre ellos: la permanencia, notoriedad y la cohabitación. Si bien es cierto, el hecho probado no ha de contener términos que por su naturaleza resulten de carácter eminentemente jurídico, que permitan una predeterminación del fallo, tampoco puede afirmarse que el segundo elemento objetivo del tipo penal de Violencia Intrafamiliar, pueda darse por satisfecho con un concepto tan vago y general como lo constituye “relación sentimental”, sin que se aborde, de manera puntual y en términos comunes -no jurídicos- la naturaleza de ésta. A pesar de que el A quo en la valoración de la prueba y en la fundamentación jurídica, da por sentada una relación concubinaria entre la víctima y el ofensor, tal circunstancia no se colige del hecho probado, plasmado por el sentenciador, en consecuencia, este segundo elemento indispensable para configurar la conducta del imputado como constitutivo de violencia intrafamiliar no aparece en el factum de la sentencia. En virtud de lo anterior, esta Sala encuentra que los hechos probados tal como fueron redactados, no se enmarcan en la conducta y circunstancias descritas en el artículo 179-A, por consiguiente, no hay compatibilidad entre el hecho probado y la resolución definitiva del A quo, por lo que es procedente declarar con lugar el motivo invocado por el censor. La Sala de lo Penal, no se pronuncia con respecto al resto de los motivos de casación expuestos por el impetrante, toda vez que ha prosperado el primer motivo casacional. Decisión: Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360,361 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: PRIMERO: Declara Ha Lugar, el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Juan Carlos Berganza Godoy, actuando en su condición de defensor privado del señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya, a quien se le sigue proceso por el delito de Violencia Intrafamiliar, en perjuicio de Iris Yaneth Tejeda Varela; Segundo: Casa la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, revocando la misma; Tercero: Absuelve al señor Jorge Alberto Izaguirre Montoya, del delito de Violencia Intrafamiliar, en perjuicio de la señora Iris Yaneth Tejeda Varela.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-167-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Artículo 2.
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