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Sentencia CP-165-17 — Registro 11991

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por los delitos de Malversación Culposa de Caudales Públicos, en perjuicio de la Fe Pública, a la pena de multa de cincuenta mil lempiras de multa, y a dos años de inhabilitación especial y se absolvió al imputado por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de La Fe Pública. Resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Único Motivo EL ÚNICO MOTIVO NO ES DE RECIBO. – El Ministerio Público presenta un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma mediante el cual opone un único motivo alegando indebida valoración de prueba, que dio lugar a que el Tribunal de Sentencia emitiese cinco (5) decisiones judiciales distintas; El Censor Fiscal, aglutina argumentos recursivos que debieron ser planteados de manera separada, pues aun cuando éstos sean basados en un mismo precepto autorizante, cada decisión judicial parte de razonamientos distintos, incumbiendo ser abordados separadamente, con la denuncia individual de los supuestos vicios concurrentes. El Censor 2 debió haber presentado un mínimo de cinco (5) motivos distintos, o cuando menos haber hecho la separación en el libelo, de modo de poder identificar claramente el argumento recursivo opuesto a cada una de las decisiones judiciales: 1. Absolutoria por el delito de Malversación de Caudales Públicos dolosa, imputado al Señor Oscar Eduardo Kilgore, en su condición de Autor; 2. Absolutoria por el Delito de Malversación de Caudales Públicos dolosa, imputado al Señor Ingmar Gonzales, en su condición de autor; 3. Absolutoria por el Delito de Malversación de Caudales Públicos dolosa, imputado al señor Julio Cesar Valdés, en su condición de cómplice; 4. Absolutoria por el Delito de Uso de documentos Públicos Falsos, imputado al Señor Ingmar Gonzales Figueroa, en su condición de Autor; y 5. Absolutoria por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, imputado al Señor Rubén Gustavo Bonilla, en su condición de autor. A la debida separación de motivos se le suma el incorrecto planteamiento del argumento recursivo.- La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; Debe de entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditó los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los/as jueces/zas y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana critica debe es alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana critica que se considere violentada, la explicación del porque el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porque dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe de hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana critica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la/s premisa/s menor/es y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica A Pari o analógica A Fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas Ut Supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; Tarea que no termina allí pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que se considere las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana critica; Ergo el motivo de casación debe de concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del Juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Desafortunadamente el Censor Fiscal se aleja de lo anterior ( y como en muchos otros recursos), expone que la violación del principio lógico es como consecuencia de que la carga probatoria es suficiente para emitir una sentencia condenatoria en contra de todos los acusados por los delitos por los cuales fueron enjuiciados, procediendo a exponer sus propias consideraciones de la prueba y las conclusiones a las que hay que arribar a partir de ésta; El Recurso se basa en los aspectos que considera el Censor 2 fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el Censor 2 acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el Juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. El Censor 2 en su escrito de interposición del Recurso hace un recuento de la prueba reproducida en la audiencia de debate, luego de esto da a conocer como fue valorada por el a-quo, lo que sería un correcto inicio de exposición, pero a partir de aquí se aparta de la debida técnica ya que procede a refutar la valoración judicial, comparándola con una valoración privada, como forma de protesta de que es ésta última la que debió haber aparecido en la sentencia y que por ello la resolución debe de ser casada.- A partir de lo alegado en el Motivo de Casación que nos ocupa, la Sala de lo Penal no tiene duda que el Censor presenta queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un Recurso de Casación. Es importante registrar nuevamente lo ya plasmado en numerosas sentencias de esta Sala de lo Penal (Ver sentencias de fecha 18 de septiembre de 2018 en Exp 429-2014, de fechas 07 de Mayo de 2018 en expedientes 305-2014, 315-2014 y 320-2014, de fecha 29 de marzo de 2017 en Exp 433-2013, de fecha 27 de Enero de 2017 en Exp 151-2013, entre otras), que el Recurso de Casación es una Instancia donde se ejerce control de legalidad, y específicamente tratándose del recurso de casación por quebrantamiento de forma por violación a las reglas de la sana critica, el deber de éste Ad-Quem es auditar que el proceso de razonamiento no riña con las reglas de la sana critica, con independencia de la justicia del contenido de la valoración, lo cual es exclusivo de los Tribunales de Primera Instancia (y en los procesos de Flagrancia y procesos abreviados, de los Tribunales de Segunda Instancia); el recurso no tiene por objeto revalorar la prueba, sino hacer un análisis de aquella valoración hecha por los juzgadores en la que apoyo su decisión y constatar si esta ofende a las reglas de la sana critica, de modo que el Tribunal de Casación se limita a realizar revisión sobre la propiedad del razonamiento y no sobre su razón..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La siguiente SENTENCIA en los Recursos de Casación SP-165-2017 por Quebrantamiento de Forma interpuestos contra la sentencia de fecha dos de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Primero: Absolvió a los señores Oscar Eduardo Kilgore López e Ingmar González Figueroa, del delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de La Administración Pública.- Segundo: Absolvió al señor Julio César Valdez, del delito de Malversación de Caudales Público, en perjuicio de La Administración Pública.- Tercero: Condenó a los señores Oscar Eduardo Kilgore López , Ingmar González Figueroa y Julio César Valdez, como autores del delito de Malversación Culposa de Caudales Públicos, en perjuicio de la Fe Pública, a la pena de multa de cincuenta mil lempiras de multa, y a dos años de inhabilitación especial.- Cuarto: Absolvió al señor Rubén Gustavo Bonilla Ortega, del delito de Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de La Fe Pública.- Quinto: Absolvió al señor Ingmar González Figueroa, del delito de Uso de Documentos Públicos Falsos, en perjuicio de La Fe Pública.- Sexto: Se le declara la responsabilidad civil de los señores Oscar Eduardo Kilgore López , Ingmar González Figueroa y Julio César Valdez, a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito.- Séptimo: No procede condenar a los señores Oscar Eduardo Kilgore López, Ingmar González Figueroa y Julio César Valdez, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes en Única Instancia: *Recurrente 1: Abogado Rubén Solano Parada, apoderado defensor privado del acusado Oscar Eduardo Kilgore López; *Recurrente 2: Abogada Lorena Cruz, agente Fiscal del Ministerio Público; *Recurrido: Abogado Marlon Iván Rodríguez Escalón, apoderado defensor privado del acusado Rubén Gustavo Bonilla. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA Primero: Durante el periodo comprendido entre enero del año dos mil dos a enero del año dos mil seis, la corporación municipal de San Pedro Sula, fue presidida por el señor Oscar Eduardo Kilgore López , en su condición de Alcalde Municipal y representante legal de la misma, asumiendo también durante ese tiempo funciones dentro de la gerencia de finanzas, administración y consultorías, el señor Ingmar Gonzales Figueroa, quien tenía la obligación de velar por el cumplimiento de los programas de presupuesto de las distintas dependencias de la alcaldía, período este durante el cual por disposición del alcalde, se ordenó el cambio de modalidad de pago para los contratistas que prestaban el servicio de limpieza vial, pago que era realizado a través de cheques o transferencias emitidos a sus nombres, lo cual se cambió emitiendo cheques a nombre del empleado Julio Cesar Valdez Méndez, asistente de tesorería, para que este personalmente hiciera el cobro del cheque y así pagar con dinero en efectivo, de forma personal y directa en las instalaciones de la municipalidad, a las personas que habían sido contratadas. Segundo: Con la disposición de cambio de modalidad de pago a los contratistas, durante el periodo regido por el señor Oscar Eduardo Kilgore López como Alcalde Municipal, se elaboraron dentro de las oficinas de la municipalidad, contratos de servicios de limpieza vial sin que estos cumplieran con las formalidades debidas, así como también se elaboraron contratos utilizando para ello el nombre de Iris Suyapa Yánez Vega, con numero de identidad 1804-1979-05158, Mario Maldonado Rodríguez, con numero de identidad 1804-1981-04799, Mauricio Maldonado Rodríguez, con numero de identidad 1804-1919-03012, José Lucas Reyes Sorto, con numero de identidad 0506-1963-00127, entre otros, todos ellos con lazos de parentesco con el Relacionador Publico de la municipalidad, señor Serapio Umanzor, personas estas que en ningún momento prestaron dicho servicio a la municipalidad, ni firmaron dichos documentos (contratos, recibos, etc.) sin embargo, en distintas fechas se emitieron varios cheques a favor de estas personas y otras más, los cuales fueron cobrados fingiendo la firma o nombre de los mismos. Así mismo, y con el mismo propósito de supuestos pagos a contratistas, se extendieron varios cheques a nombre del asistente de tesorería Julio Cesar Valdez Méndez, dos de los cuales fueron endosados a nombre de Carlos Enrique Zavala Mejía, en su condición también de asistente de tesorería, pero encargado del pago de planillas a empleados de la Municipalidad y no de contratos, para que este los cambiara a pesar de no ser la función delegada, y una vez hecha la diligencia, el señor Julio Cesar Valdez Méndez le manifestó que dejara ese dinero en efectivo en el escritorio del señor Serapio Umanzor, quien se desempeñaba como Relacionador público de la municipalidad en ese periodo; todo lo cual provoco el desvío injustificado del patrimonio municipal, causando perjuicios al Estado de Honduras. III. RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS A.- Recurrente 1 Recurso de casación por quebrantamiento de forma Primer motivo. El tribunal de sentencia de san pedro sula, en la sentencia condenatoria definitiva dictada contra mi representado Oscar Eduardo Kilgore López, comete quebrantamiento de forma en la sentencia condenatoria definitiva, al no observar el principio lógico de la no contradicción en los hechos que consideran probados, vicio que lo hizo violentar lineamientos de la ley vigente, volviendo el fallo injusto, con falta de claridad y determinación. Precepto infringido: artículo trescientos treinta y ocho (338), regla cuarta, numeral uno (1) del código procesal penal (cpp):... Declaración de hechos probados.- en párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse.- relacionado con el artículo trescientos sesenta y dos (362) numeral uno (1) cpp. El artículo trescientos sesenta y dos (362) numeral uno (1) cpp, me legitima para invocar ante vos honorable sala de lo penal de corte suprema de justicia de Honduras, el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma, el cual podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1) que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria se instituye el vicio en la sentencia condenatoria definitiva, cuando el sentenciador ha incurrido en falta de observación de las reglas del principio lógico de la no contradicción, en la redacción de los hechos que el tribunal de sentencia considera probados, veamos: (lo subrayado en mío) “hechos probados.- valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: primero:... Oscar Eduardo Kilgore López, en su condición de alcalde municipal y representante legal de la misma,…. Por disposición del alcalde, se ordenó el cambio de modalidad de pago para los contratistas que prestaban el servicio de limpieza vial, pago que era realizado a través de cheques o transferencias emitidos a sus nombres, lo cual se cambió emitiendo cheques a nombre del empleado Julio Cesar Valdez Méndez, asistente de tesorería, para que este personalmente hiciera el cobro del cheque y así pagar con dinero en efectivo, de forma personal y directa en las instalaciones de la municipalidad, a las personas que habían sido contratadas.- segundo:.. . Durante el periodo regido por el señor Oscar Eduardo Kilgore López como alcalde municipal, se elaboraron…contratos de servicios de limpieza vial sin que estos cumplieran con las formalidades debidas, así como también se elaboraron contratos utilizando para ello el nombre de Iris Suyapa Yáñez Vega... Mario Maldonado Rodríguez... Mauricio Maldonado Rodríguez... José Lucas Reyes Sorto... Entre otros, todos ellos con lazos de parentesco con el relacionador público de la municipalidad, señor Serapio Umanzor, personas estas que en ningún momento prestaron dicho servicio a la municipalidad, ni firmaron dichos documentos (contratos, recibos, etc.) Sin embargo, en distintas fechas se emitieron varios cheques a favor de estas personas y otras más, los cuales fueron cobrados fingiendo la firma o nombre de los mismos. Así mismo, y con el mismo propósito de supuestos pagos a contratistas, se extendieron varios cheques a nombre del asistente de tesorería Julio Cesar Valdez Méndez, dos de los cuales fueron endosados a nombre de Carlos Enrique Zavala Mejía en su condición también de asistente de tesorería, pero encargado del pago de planillas a empleados de la municipalidad y no de contratos, para que este los cambiara a pesar de no ser la función delegada, y una vez hecha la diligencia, el señor Julio Cesar Valdez Méndez le manifestó que dejara ese dinero en efectivo en el escritorio del señor Serapio Umanzor, quien se desempeñaba como relacionador público de la municipalidad en ese periodo; todo lo cual provoco el desvío injustificado del patrimonio municipal causando perjuicios al estado de Honduras.” “explicación del primer motivo de casación por quebrantamiento de forma. En el principio establecido en la forma que deban ir redactadas las sentencias definitivas, se subsumen bajo un principio de claridad, simplicidad y congruencia, a efecto de que la sociedad tenga conocimiento que los hechos que se consideran probados. Estén descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse. - en sí, que se puedan entender los mismos, sin mayores esfuerzos jurídicos que el conocimiento intelectivo, por el cual el tribunal ha llegado a considerar como probado un hecho puesto a su consideración. En ese orden de ideas, el legislador establece que los hechos probados como estructura de la sentencia definitiva, constituyen la columna vertebral del proceso penal, pues ellos nacen precisamente de la prueba aportada y admitida en juicio, ante ese sentido, al tribunal le es prohibido divagar sobre supuestos, argumentaciones, predicciones, o dejar a la imaginación de las partes procesales lo que considera probado, de allí que el artículo trescientos treinta y ocho (338), regla cuarta, numeral uno (1) del código procesal penal (cpp) precitado, establece que debe ser determinante, es decir, sin lugar a dudas, firme y creíble, realmente existente, no en el intelecto de los juzgadores, sino en el acervo probatorio que se haga llegar y evacuar en el debate. El hecho probado, en la motivación de la misma, consiste en el relato del hecho o los hechos que el juez o tribunal considera constatados mediante la prueba practicada y que le llevan a la convicción de su existencia, consecuentemente, a la decisión del juicio mediante el fallo. Comete infracción por quebrantamiento de forma conforme la violación del principio de la claridad terminante y no contradictoria de los hechos probados. El hecho que el tribunal de sentencia, al momento de dictar su sentencia condenatoria definitiva, en los hechos probados, en sus numerales primero y segundo, refiere lo siguiente: (la enumeración de los hechos probados es mía) “primero:... Oscar Eduardo Kilgore López, en su condición de alcalde municipal y representante legal de la misma, (1)… por disposición del alcalde, se ordenó el cambio de modalidad de pago para los contratistas que prestaban el servicio de limpieza vial, (2) pago que era realizado a través de cheques o transferencias emitidos a sus nombres, lo cual se cambió emitiendo cheques a nombre del empleado Julio Cesar Valdez Méndez, asistente de tesorería. …- segundo: ... Durante el periodo regido por el señor Oscar Eduardo Kilgore López como alcalde municipal, (3) se elaboraron …contratos de servicios de limpieza vial sin que estos cumplieran con las formalidades debidas, así como también (4) se elaboraron contratos utilizando para ello el nombre de Iris Suyapa Yáñez Vega... Mario Maldonado Rodríguez... Mauricio Maldonado Rodríguez... José Lucas Reyes Sorto... Entre otros, todos ellos con lazos de parentesco con el relacionador público de la municipalidad, señor Serapio Umanzor, (5) personas estas que en ningún momento prestaron dicho servicio a la municipalidad, ni firmaron dichos documentos (contratos, recibos, etc.) Sin embargo, en distintas fechas se emitieron varios cheques a favor de estas personas y otras más, los cuales fueron (6) cobrados fingiendo la firma o nombre de los mismos.- así mismo, y con el mismo propósito de (7) supuestos pagos a contratistas, se extendieron varios cheques a nombre del asistente d tesorería Julio Cesar Valdez Méndez, dos de los cuales fueron endosados a nombre de Carlos Enrique Zavala Mejía, en su condición también de asistente de tesorería, pero encargado del pago de planillas a empleados de la municipalidad y no de contratos, para que este los cambiara a pesar de no ser la función delegada, y una vez hecha la diligencia, (8) el señor Julio Cesar Valdez Méndez le manifestó que dejara ese dinero en efectivo en el escritorio del señor Serapio Umanzor, quien se desempeñaba como relacionador público de la municipalidad en ese periodo; (9) todo lo cual provoco el desvío injustificado del patrimonio municipal, causando perjuicios al estado de Honduras.” De esto tendremos que decir que el tribunal de sentencia, se ubica en una posición de referir que mi representado Oscar Eduardo Kilgore López , dictó una disposición administrativa (hecho probado l), a decir: “...por disposición del alcalde, se ordenó el cambio de modalidad de pago para los contratistas...y que, tribunal de sentencia, se ubica en una posición de referir, con temeridad, que la disposición administrativa precitada, dictada por mi defendido Oscar Eduardo Kilgore López , fue una de las causas que (hecho probado 9): “...todo lo cual provocó el desvío injustificado del patrimonio municipal. Causando perjuicios al estado de Honduras” esta difusidad se aleja diametralmente de la precisión que exige la normativa en cuanto a los hechos probados, al omitir referirse a las circunstancias y todas las incidencias que conllevaron al cambio de modalidad de pago para contratistas, que quedaron probadas en juicio con la declaración del ex tesorero municipal Oscar Guerra Ocampo y con la defensa material ejercida por mi defendido Oscar Eduardo Kilgore López , quienes declararon, que la finalidad del cambio de modalidad de pago para contratistas, fue para hacer más eficiente la administración en el ejercicio de un mejor control sobre los contratistas, en el campo del cumplimiento del pago de salarios a los trabajadores de la microempresas, protegiendo a los trabajadores de los contratistas, ya que éstos cobraban a la municipalidad, pero no cumplían con su deber laboral de pagar el salario a sus trabajadores, lo cual generaba grave problema de ejecución de obra a favor de la municipalidad; de allí la falencia de la sentencia condenatoria definitiva, ya que si los juzgadores, consideran la finalidad del cambio de modalidad de pago para contratistas, no podrían asegurar, que dicha medida administrativa, dictada conforme a las facultades de ley, por el ex alcalde Oscar Eduardo Kilgore López (administrador general de la municipalidad; artículo 43 ley de municipalidades), es una de las causas que “...provocó el desvío injustificado del patrimonio municipal, causando perjuicios al estado de Honduras.” El tribunal de sentencia, a simple vista, entra en la contradicción, la falta de claridad y determinación, al asegurar que mi representado Oscar Eduardo Kilgore López con la medida administrativa pre citada, dictada conforme a las facultades de ley referidas, en el ejercicio de su cargo como alcalde, “...provocó el desvío injustificado del patrimonio municipal, causando perjuicios al estado de Honduras” cuando el mismo tribunal de sentencia, se contradice al exponer y concluir (la enumeración de hechos no probados es mía): “fundamentación jurídica.-... Segundo:….., en virtud de que de la prueba de cargo, no se logró demostrar que el acusado Oscar Eduardo Kilgore López , (1) se haya beneficiado personalmente de dicho dinero, tampoco que el mismo (2) haya firmado los cheques en consenso con las personas responsables, (3) ni que los contratos y demás soportes sean irregulares, por ello no se puede condenar al mismo por el delito solicitado por el ente acusador, como ser el delito de malversación de caudales públicos,....”; por lo que se concluye que la medida administrativa relacionada, la dicté de buena fe en el ejercicio de los deberes de su cargo, nunca fue dolosa ni culposa, sino que fue, una medida administrativa, con fines de hacer más eficiente la administración en el ejercicio de un mejor control sobre los contratistas, en el campo del cumplimento del pago de salarios a los trabajadores de las microempresas; el tribunal de sentencia violenta el principio del sentido lógico de la razón suficiente, en vista que la lógica, nos establece que si omitimos considerar el conocimiento del nacimiento de los hechos controvertidos, mucho menos vamos a poder dar detalles minuciosos sobre la modalidad en que acontecieron, tal como lo es en el caso que nos ocupa, en vista que omitir considerar la finalidad del cambio de modalidad de pago para contratistas, que fue para hacer más eficiente la administración en el ejercicio de un mejor control sobre los contratistas, en el campo del cumplimento del pago de salarios a los trabajadores de las microempresas; el tribunal de sentencia violenta el principio del sentido lógico de la razón suficiente, en vista que la lógica, nos establece que la disposición administrativa de cambio de modalidad de pago para los contratistas jamás provocó el desvío injustificado del patrimonio municipal el tribunal de sentencia violenta el principio del sentido lógico de la razón suficiente, en vista que la lógica, nos establece los hechos dolosos que provocaron el desvío injustificado del patrimonio municipal y que son los hechos probados, a decir, “…(4) se elaboraron contratos utilizando para ello el nombre de Iris Suyapa Yáñez Vega... Mario Maldonado Rodríguez... Mauricio Maldonado Rodríguez... José Lucas Reyes Sorto... Entre otros, todos ellos con lazos de parentesco con el relacionador público de la municipalidad, señor Serapio Umanzor, (5) personas estas que en ningún momento prestaron dicho servicio a la municipalidad, ni firmaron dichos documentos (contratos, recibos. Etc. Sin embargo, en distintas fechas se emitieron varios cheques a favor de estas personas y otras más, los cuales fueron (6) cobrados fingiendo la firma o nombre de los mismos.- así mismo, y con el mismo propósito de (7) supuestos pagos a contratistas, se extendieron varios cheques a nombre del asistente de tesorería Julio Cesar Valdez Méndez, dos de los cuales fueron endosados a nombre de Carlos Enrique Zavala Mejía, en su condición también de asistente de tesorería, pero encargado del pago de planillas a empleados de la municipalidad y no de contratos, para que este los cambiara a pesar de no ser la función delegada, y una vez hecha la diligencia, (8) el señor Julio Cesar Valdez Méndez le manifestó que dejara ese dinero en efectivo en el escritorio del señor Serapio Umanzor, quien se desempeñaba como relacionador público de la municipalidad en ese periodo;...”; actos delictivos en los cuales mi defendido Oscar Eduardo Kilgore López no tuvo ninguna participación, sino que el autor intelectual y material de la falsificación de contratos y malversación de caudales públicos, fue Serapio Umanzor, ex relacionador público de la municipalidad, quien ya fue sentenciado y guarda prisión por esos delitos; por lo que, el tribunal de sentencia, no puede aseverar que mi defendido Oscar Eduardo Kilgore López , al haber dictado una disposición administrativa conforme a derecho y de buena fe, “provocó el desvío injustificado del patrimonio municipal” cuando la verdad es que dicha disposición administrativa la dictó en cumplimiento de los deberes y obligaciones, que le imponen la leyes, en especial cumpliendo con el principio de eficiencia (artículo 5 de la ley de contratación del estado), que es inherente al ejercicio de su cargo de alcalde municipal y administrador general de la municipalidad, por tanto, dicha acción no establece los elementos esenciales del elemento cognoscitivo y volitivo, esenciales para que se considere constituido un delito.- la verdad es que el tribunal de sentencia, no respalda su ilógica aseveración en ningún medio probatorio que le validez a su argumento de que la disposición administrativa de cambio de modalidad de pago para los contratistas, provocó el desvío injustificado del patrimonio municipal. Reclamaciones hechas para subsanar el vicio procesal: el vicio procesal que da fundamento al motivo de casación por quebrantamiento de forma expuesto en el presente recurso, fue cometido en el acto mismo de la sentencia, y, por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente recurso. Alcance de la petición del Censor: a la honorable sala de lo penal de la honorable corte suprema de justicia de Honduras, respetuosamente pido, declarar ha lugar el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma, se anule la sentencia condenatoria definitiva recurrida y se ordene su reenvío al tribunal de origen. Segundo motivo. El tribunal de sentencia de san pedro sula, en la sentencia condenatoria definitiva dictada contra mi representado Oscar Eduardo Kilgore López, comete quebrantamiento de forma en la sentencia condenatoria definitiva, al no indicar en la fundamentación jurídica, los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación que hubiese tenido y las causas de extensión de responsabilidad penal, vicio que lo hizo violentar lineamientos de la ley vigente, volviendo el fallo injusto, con falta de claridad y precisión. Precepto infringido: artículo trescientos treinta y ocho (338), regla cuarta, numeral tres (3) del código procesal penal (cpp):... Fundamentación jurídica.- en párrafos también separados y numerados se consignarán, de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno (1) de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación, de la responsabilidad penal, en caso de concurra alguna de ellas; y de las penas que se impongan, en caso de condena, así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas u otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las cosas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados.- relacionado con el artículo trescientos sesenta y dos (362) numeral tres (3) cpp. El artículo trescientos sesenta y dos (362) numeral tres (3) cpp, me legitima para invocar ante vos honorable sala de lo penal de corte suprema de justicia de Honduras, segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma, el cual podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1…; 2) .... ;3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones no sean suficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las regla de la sana critica;….; se instituye el vicio en la sentencia condenatoria definitiva, cuando el sentenciador ha incurrido en falta de claridad y precisión en la indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables a los actos u omisiones de mi representado Oscar Eduardo Kilgore López , falta de claridad y precisión en la indicación de los fundamentos legales de la clasificación de los hechos que se hubiesen tenido para él como procesado; y la omisión de la causa de exención de la responsabilidad penal, que concurre en el caso; asimismo, la carencia de motivaciones fácticas o jurídicas y que dichas motivaciones no son suficientes y son contradictorias, en la redacción de la fundamentación jurídica que el tribunal de sentencia considera procedente, veamos:(lo subrayado en mío) “fundamentación jurídica.- primero: este tribunal habiendo estimado probados los hechos que han quedado expuestos en el apartado correspondiente de esta sentencia, estima que los mismos no son típicamente constitutivos en primer lugar de un delito de malversación de caudales públicos sancionado por el artículo 370 del código penal, como así lo ha calificado el ministerio público en sus conclusiones finales,...; y es el caso que la acción cometida por los señores Oscar Eduardo Kilgore López ... E Ingmar Gonzales Figueroa de ninguna manera encaja en dicho tipo penal a título de autores, ya que de la prueba presentada por el ente acusador, no se logró demostrar, la apropiación de los fondos públicos para el beneficio personal de cada uno de los acusados, sin embargo, como ya se dijo, si existe prueba suficiente, que demuestra que éstos culposamente, ante la inobservancia de leyes y reglamentos, así como también la inobservancia de un deber, dichos acusados, dieron lugar, a que otra persona o (as) se apropiaran de los caudales públicos. ... Segundo: establece el artículo 371 del código penal, “el funcionario o empleado público y los directivos de las asociaciones a que se refiere el artículo anterior (malversación de caudales públicos) que culposamente den lugar a que otra persona se apropie de los caudales, bienes o efectos a que se refiere la misma disposición, será sancionado con multa de cincuenta mil a den mil lempiras e inhabilitación especial de dos a cuatro años”. Es decir que se trata de un supuesto de comisión por omisión, que consiste en el abandono o negligencia inexcusable del funcionario que diere ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de los caudales públicos; es decir que el tipo penal no exige una culpa grave, que tal conducta responde a un descuido de las más elementales cautelas y atenciones. Así mismo, entre la conducta negligente y la sustracción debe existir una relación de causalidad, cuyo resultado antijurídico ha de ser imputable al autor en cuanto hubiese podido preverlo o evitarlo, de manera que el resultado no se hubiese producido si el funcionario hubiere actuado con la diligencia y cuidado que le era exigible atendiendo a su deber. En la presente causa, en primer lugar, el señor Oscar Eduardo Kilgore López , en el marco de sus funciones y facultades de administración general de la municipalidad de esta ciudad, por su investidura como alcalde, firmo entre otros, varios cheques a nombre de otros empleados de la municipalidad, entre ellos Julio Cesar Valdez, todos en concepto de pago por limpieza vial, conducta que desde cualquier ángulo manifiesta un comportamiento negligente en la administración de la cosa pública, ya que siendo funcionarios de la alcaldía, por ningún concepto debían percibir pago con recursos municipales, más que los correspondientes a sus sueldos como funcionarios de dicha municipalidad, provocando con ello que terceras personas (funcionarios) se apropiaran de caudales públicos para su beneficio personal, y de haber tomado las precauciones del caso, lo cual era evitable, siendo en todo caso su conducta tal como se establece en el tipo penal aludido. Lo anterior lo es, en virtud de que de la prueba de cargo, no se logró demostrar que el acusado Oscar Eduardo Kilgore López , se haya beneficiado personalmente de dicho dinero, tampoco que el mismo haya firmado los cheques en consenso con las personas responsables, ni que los contratos y demás soportes sean irregulares, por ello no se puede condenar al mismo por el delito solicitado por el ente acusador, como ser el delito de malversación de caudales públicos, cumpliéndose en todo caso los requisitos del delito de malversación culposa de caudales públicos.-... Quinto: conforme al artículo 32 del código penal, los acusados Oscar Eduardo Kilgore López , Ingmar Gonzales Figueroa y Julio Cesar Valdez, son responsables en concepto de autores del delito de malversación culposa de caudales públicos, por su participación directa en los hechos, infiriéndose que los acusados obraron sobre la base de un conocimiento, lo cual manifiesta su voluntad contraria a derecho, al haber lesionado bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento legal, la conducta de los acusados se considera culposa al amparo de lo establecido en el artículo 13 del código penal, al haber mostrado un comportamiento negligente que dio lugar a que terceras personas se apropiaran de fondos públicos. Sexto....procede imponer la pena de cincuenta mil lempiras en concepto de multa, y la inhabilitación especial de dos años, contemplada dentro de la pena abstracta señalada en el artículo 371 del mismo ordenamiento jurídico por el delito de malversación culposa de caudales públicos.-... Octavo: dispone el artículo 105 del código penal que quien incurre en responsabilidad penal por un delito o falta, también lo será civilmente; éste tribunal estima, que en atención al precepto citado, el autor del delito objeto de este juicio, está obligado a indemnizar a los familiares que acrediten su carácter de víctimas. Una vez que quede firme la sentencia, los interesados podrán reclamar al condenado la responsabilidad civil correspondiente de acuerdo al procedimiento señalado en los artículos del 432 al 440 del código procesal penal. -segundo motivo. En el principio establecido en la forma que deban ir redactadas las sentencias definitivas, se subsumen bajo un principio de claridad, simplicidad y congruencia, a efecto de que la sociedad tenga conocimiento que los hechos que se consideran probados, estén descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse.- en sí, que se puedan entender los mismos, sin mayores esfuerzos jurídicos que el conocimiento intelectivo, por el cual el tribunal ha llegado a considerar como probado un hecho puesto a su consideración. En ese orden de ideas, el legislador establece que la fundamentación jurídica deberá redactarse en párrafos separados y numerados se consignarán, de forma clara, sucinta y precisa, la indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno (1) de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación, de la responsabilidad penal, en caso de concurra ninguna de ellas por lo que al tribunal le es prohibido divagar sobre supuestos, argumentaciones, predicciones, o dejar a la imaginación de las partes procesales lo que considera como fundamento, preceptos o doctrina legal, de allí que el artículo trescientos treinta y ocho (338), regla cuarta, numeral tres (3) del código procesal penal (cpp):... Precitado, establece que la fundamentación jurídica debe ser clara y precisa, es decir, sin lugar a dudas, firme y creíble, realmente existente, no en el intelecto de los juzgadores, sino en correspondencia y armonía con el ordenamiento jurídico vigente en la república de Honduras. El artículo trescientos sesenta y dos (362) numeral tres (3) cpp, me legitima para invocar ante vos honorable sala de lo penal de corte suprema de justicia de Honduras, el segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma, el cual podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1…; 2) .... ;3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones no sean suficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las regla de la sana critica.- la carencia en las motivaciones fácticas o jurídicas, así como la insuficiencia y contradicción de dichas motivaciones, consiste en la omisión que hace el tribunal, de la fundamentación legal en la cual se le imponen deberes al cargo de alcalde municipal, que con divagación e imaginación, argumenta el tribunal, fueron incumplidos negligentemente por mi representado Oscar Eduardo Kilgore López , por lo que el tribunal comete infracción por quebrantamiento de forma conforme la violación del principio de la claridad y precisión; así como a la violación de los principios de correspondencia y armonía en la interpretación de la ley. El hecho que el tribunal de sentencia, al momento de dictar su sentencia condenatoria definitiva, expone: “fundamentación jurídica. - primero: ... Sin embargo, como ya se dijo, si existe prueba suficiente, que demuestra que éstos culposamente, ante la inobservancia de leyes y reglamentos, así como también la inobservancia de un deber, dichos acusados, dieron lugar, a que otra persona o (as) se apropiaran de los caudales públicos. ... Segundo: establece el artículo 371 del código penal, “el funcionario o empleado público y los directivos de las asociaciones a que se refiere el artículo anterior (malversación de caudales públicos) que culposamente den lugar a que otra persona se apropie de los caudales, bienes o efectos a que se refiere la misma disposición, será sancionado con multa de cincuenta mil a den mil lempiras e inhabilitación especial de dos a cuatro es decir que se trata de un supuesto de comisión por omisión, que consiste en el abandono o negligencia inexcusable del funcionario que diere ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de los caudales públicos: es decir que el tipo penal no exige una culpa grave, que tal conducta responde a un descuido de las más elementales cautelas y atenciones. Así mismo, entre la conducta negligente y la sustracción debe existir una relación de causalidad, cuyo resultado antijurídico ha de ser imputable al autor en cuanto hubiese podido preverlo o evitarlo, de manera que el resultado no se hubiese, actuado con la diligencia y cuidado que le era exigible atendiendo a su deber, en la presente causa, en primer lugar, el señor Oscar Eduardo Kilgore López , en el marco de sus funciones y facultades de administración general de la municipalidad de esta ciudad, por su investidura como alcalde, firmo entre otros, varios cheques a nombre de otros empleados de la municipalidad, entre ellos Julio Cesar Valdez, todos en concepto de pago por limpieza vial, conducta que desde cualquier ángulo manifiesta un comportamiento negligente en la administración de la cosa pública, ya que siendo funcionarios de la alcaldía, por ningún concepto debían percibir pago con recursos municipales, más que los correspondientes a sus sueldos como funcionarios de dicha municipalidad, provocando con ello que terceras personas (funcionarios) se apropiaran de caudales públicos para su beneficio personal, y de haber tomado las precauciones del caso, lo cual era evitable, siendo en todo caso su conducta tal como se establece en el tipo penal aludido. Lo anterior lo es, en virtud de que de la prueba de cargo, no se logró demostrar que el acusado Oscar Eduardo Kilgore López , se haya beneficiado personalmente de dicho dinero, tampoco que el mismo haya firmado los cheques en consenso con las personas responsables, ni que los contratos y demás soportes sean irregulares, por ello no se puede condenar al mismo por el delito solicitado por el ente acusador, como ser el delito de malversación de caudales públicos, cumpliéndose en todo caso los requisitos del delito de malversación culposa de caudales públicos.-...” De esto tendremos que decir que el tribunal de sentencia, con divagación e imaginación, se ubica en una posición de referir infundadamente, que en los actos y omisiones de mi representado Oscar Eduardo Kilgore López, aprecia: “...existe prueba suficiente, que demuestra que... Ante la inobservancia de leves y reglamentos, así como también la inobservancia de un deber, dichos acusados, dieron lunar. A que otra persona o (as) se apropiaran de los caudales públicos,…”. - el tribunal de sentencia infringe la ley al omitir señalar las leyes y reglamentos inobservados, los fundamentos legales que imponen el deber a observar y la forma como fue que se dio lugar a que otras personas se apropiaran de los caudales públicos. Tendremos que decir que el tribunal de sentencia, con divagación e imaginación, se ubica en una posición de referir infundadamente, que en los actos y omisiones de mi representado Oscar Eduardo Kilgore López, aprecia: “que culposamente den lugar a que otra persona se apropie de los caudales,”. - el tribunal de sentencia infringe la ley al omitir señalar en que consistió la conducta culposa y la norma jurídica que le impone el deber legal al cargo de alcalde municipal. Tendremos que decir que el tribunal de sentencia, con divagación e imaginación, se ubica en una posición de referir infundadamente, que en los actos y omisiones de mi representado Oscar Eduardo Kilgore López , aprecia: “que se trata de un supuesto de comisión por omisión, que consiste en el abandono o negligencia inexcusable del funcionario que diere ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de los caudales públicos; ...“.- el tribunal de sentencia infringe la ley al omitir señalar en que consistió el abandono y negligencia inexcusable, y la norma jurídica que le impone el deber legal al cargo de alcalde municipal. Tendremos que decir que el tribunal de sentencia, con divagación e imaginación, se ubica en una posición de referir infundadamente, que en los actos y omisiones de mi representado Oscar Eduardo Kilgore López, aprecia: “conducta responde a un descuido de las más elementales cautelas y atenciones.”. - el tribunal de sentencia infringe la ley al omitir señalar en qué consistió el descuido, cuáles son las más elementales cautelas y atenciones que se debían observar, y la norma jurídica que le impone el deber legal al cargo de alcalde municipal. Tendremos que decir que el tribunal de sentencia, con divagación e imaginación, se ubica en una posición de referir infundadamente, que en los actos y omisiones de mi representado Oscar Eduardo Kilgore López , aprecia: “la conducta negligente y la sustracción debe existir una relación de causalidad, cuyo resultado antijurídico ha de ser imputable al autor en cuanto hubiese podido preverlo o evitarlo, de manera que el resultado no se hubiese producido si el funcionario hubiere actuado con la diligencia y cuidado que le era exigible atendiendo a su deber.”.- el tribunal de sentencia infringe la ley al omitir señalar como se debía prever o evitar el resultado delictivo; cual debió ser la diligencia y cuidado a realizar para evitar el resultado delictivo y exigido como deber del cargo, y la norma jurídica que le impone el deber legal al cargo de alcalde municipal. Tendremos que decir que el tribunal de sentencia, con divagación e imaginación, se ubica en una posición de referir infundadamente, que en los actos y omisiones de mi representado Oscar Eduardo Kilgore López , aprecia: “en primer lugar, el señor Oscar Eduardo Kilgore López , en el marco de sus funciones y facultades de administración general de la municipalidad de esta ciudad, por su investidura como alcalde, firmo entre otros, varios cheques..., conducta que desde cualquier ángulo manifiesta un comportamiento negligente en la administración de la cosa pública, provocando con ello que terceras personas (funcionarios) se apropiaran de caudales públicos para su beneficio personal, y de haber tomado las precauciones del caso. Lo cual era evitable,” .- el tribunal de sentencia violenta los principios de correspondencia y armonía del ordenamiento jurídico vigente de Honduras, al señalar que el acto de firma de los cheques fue un acto negligente en la administración pública que provocó que otras personas se apropiaran de caudales públicos para su beneficio personal; que se omitió tomar las precauciones con las que el hecho delictivo se pudo evitar; el tribunal de sentencias omite considerar el tipo penal que manda: “se sancionará en la forma prevista en el párrafo primero del artículo anterior al funcionario o empleado público que, teniendo fondos expeditos, demore injustificadamente un pago legalmente exigible.-.. .“ (artículo 373 párrafo primero código penal); a decir, si el alcalde municipal no firmaba los cheques es delito según el código penal, pero por firmar los cheques es delito según el tribunal de sentencia, ¿quién está en error, el legislador o el tribunal de sentencia?; es evidente que quien está en error es el tribunal de sentencia, máxime que se contradice cuando concluye: “lo anterior lo es, en virtud de que de la prueba de cargo, no se logró demostrar que el acusado Oscar Eduardo Kilgore López , se haya beneficiado personalmente de dicho dinero, tampoco que el mismo haya firmado los cheques en consenso con las personas responsables, ni que los contratos y demás soportes sean irregulares, por ello no se puede condenar al mismo por el delito solicitado por el ente acusador, como ser el delito de malversación de caudales públicos,” por lo que se concluye, de que si el ente acusador no probó que los contratos y demás soportes fueran irregulares ¿cómo podía el alcalde municipal prevenir o evitar el hecho delictivo, si lo que tuvo a la vista fueron expedientes de pago con documentación legitima que cumplía con todos los requisitos de ley (contratos aprobados por el procurador municipal; autorización de reserva presupuestaria; autorización de gerencia financiera; autorización de tesorería; y autorización de auditoría municipal)? Y habiendo firmado todos los funcionarios competentes, teniendo fondos expeditos para pagar, ¿cómo podía el alcalde municipal demorar injustificadamente el pago de obligaciones legalmente exigibles? Si tal acción está penada por la ley.- por tanto, se concluye que mi representado Oscar Eduardo Kilgore López , no actuó con negligencia ni tenía posibilidad alguna de prevenir ni evitar el hecho delictivo; la firma de los cheques, lejos de ser un acto punible, fue un acto ejecutado en cumplimiento de la ley y en cumplimiento de los deberes de su cargo como alcalde municipal relativo al pago de obligaciones legalmente exigibles y órdenes de pago (ley orgánica de presupuesto, reglamento de la ley orgánica de presupuesto y disposiciones de ejecución presupuestarias de la municipalidad de san pedro sula); por lo cual, es procedente conforme a derecho, que se le aplique la causa de justificación eximente de responsabilidad penal (artículo 22 numeral 2 código penal); por haber obrado en cumplimiento del deber de su cargo y en el ejercicio legítimo de su cargo (artículo 24 numeral 5 código penal); por lo cual se concluye que es desacertadas las conclusiones del tribunal de sentencia que exponen: “siendo en todo caso su conducta tal como se establece en el tino penal aludido... Cumpliéndose en todo caso los requisitos del delito de malversación culposa de caudales públicos.-...” Reclamaciones hechas para subsanar el vicio procesal: el vicio procesal que da fundamento al motivo de casación por quebrantamiento de forma expuesto en el presente recurso, fue cometido en el acto mismo de la sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente recurso. Alcance de la petición del Censor: a la honorable sala de lo penal de la honorable corte suprema de justicia de Honduras, respetuosamente pido, declarar ha lugar el segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma, se anule la Sentencia Condenatoria Definitiva recurrida y se ordene su reenvío al Tribunal de Origen. B.- Recurrente 2 Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Motivo Único: No haber observado el sentenciador, en la Valoración de la Prueba, las Reglas de la Sana Crítica. Precepto Autorizante: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: La impugnación que hoy se hace a la sentencia, se fundamenta en que la misma contiene un vicio grave, al no haber realizado el sentenciador una valoración probatoria conforme a las Reglas de la Sana Crítica, en apego a lo preceptuado en el artículo 202 del Código Procesal Penal que prescribe: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; resultando de ello, una sentencia absolutoria por los delitos de Malversación de Caudales Públicos dolosa, imputada a Oscar Eduardo Kilgore López , Ingmar Gonzáles Figueroa (como autores) y Julio César Valdez (como cómplice) y asimismo por absolver de toda responsabilidad a Ingmar Gonzáles Figueroa por el delito de Uso De Documentos Públicos Falsos y Rubén Gustavo Bonilla por el delito de Falsificación De Documentos Públicos. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los ilícitos anteriormente descritos y la participación de los imputados mencionados en los delitos que respectivamente se les imputa, señalaremos la prueba de cargo que se evacuó durante la Audiencia de Juicio y que se describe a continuación: Testifical: 1. Oscar Guerra Ocampo, quien fungió en el cargo de Tesorero Municipal desde Febrero de 2002 a Enero de 2006, quien en la parte conducente de su declaración manifestó que el pago de planillas de limpieza vial tenía varias modalidades y explicó el procedimiento utilizado para la elaboración y revisión de los contratos; mismos que indicó, eran autorizados por el Alcalde; sin embargo, antes se les pagaba a los contratistas mediante cheque o depósito y el Alcalde cambió dicho procedimiento para pagarles personalmente. Señaló que los reglamentos establecen que el responsable de la supervisión de los trabajos era el jefe de la Unidad de cada Departamento o el que recibía el servicio, porque daba fe del cumplimiento de éste, sin embargo, también manifestó que en algunas contrataciones quien daba fe del servicio prestado era la Gerencia de Servicios Municipales (En ese entonces quien ostentaba este cargo era el acusado Rubén Gustavo Bonilla). En relación a las reservas presupuestarias manifestó que se elaboraban con un año de anticipación a efecto de que dichos contratos o proyectos fusen incluidos en el presupuesto. Agregó que el 95% de los cheques para pagos de empleados eran elaborados a nombre de julio Valdez, quien se acompañaba de la Policía para ir a cambiarlos para obtener el dinero en efectivo; señaló que Julio César Valdez manejaba la disponibilidad del presupuesto para hacer los pagos. 2. Carlos Enrique Zavala Mejía, quien fungió como Pagador de Planillas a los empleados de la Municipalidad, manifestó que él estaba encargado de pagar planillas en efectivo, pero no contratos, que todos los cheques como pagador que retiraba del banco estaban a nombre de Julio César Valdez; y que las planillas de limpieza vial, que se hacen a través de contratos no las pagó él; sin embargo él retiró un cheque que le entregó Julio César Valdez (asistente de tesorería), pero al cobrarlo le entregó el efectivo a Julio César y en una segunda ocasión Julio César le dijo que dejara el efectivo en el escritorio de Serapio Umanzor, agregó que los pagadores de Tesorería recibían órdenes de Julio César Valdez, por ser el Jefe Inmediato. 3. Luis Napoleón Paz, quien trabajó como asistente de la Gerencia de Servicios Públicos Municipales, rindió su testimonio en los siguientes términos: “... los procedimientos que se daban para hacer un contrato era simple: Primero tenía que ser recomendado para meter al contratista, Dos, al contratista se le pedía la documentación, se le hacía el contrato y tenía que firmarse en la Gerencia de Servicios Públicos (Rubén Gustavo Bonilla), se seguía el procedimiento de firma del alcalde, se buscaba el visto bueno del Procurador, la Oficina del Administrador de Finanzas, luego pasaba al Alcalde, él los firmaba, los devolvía a la Administración y ésta a la Gerencia de Servicios Públicos; se procedía a hacer la planilla y al pago correspondiente; el pago se hacía con la planilla y la hoja de formalización del contrato, conforme al presupuesto... los contratos se hacían con el contratista que llegaba a firmar el documento, pero en el presente caso, los contratos ya llegaban firmados por el Alcalde y el contratista y el recibo también ya llegaba firmado” El testigo agregó que cuando se cambió la modalidad de pago a los contratistas el señor Ingmar lo llamó a él y a otros Jefes, para pedirles que dieran el Visto Bueno en el recibo porque iban a meter unas microempresas y que la supervisión ya no se iba a necesitar manifestó que en la Gerencia Administrativa y Financiera daban el visto bueno (Cargo que en ese momento lo ostentaba el acusado Ingmar Gonzáles), y el único que podía abrir esas llaves era el señor Ingmar Gonzáles. Explicó que todo ya llegaba firmado sin haber llegado ningún contratista al departamento de Servicios Públicos; que Ingmar le indicó que esos pagos salían sólo para que salieran de presupuesto, pero que ellos estaban respaldados con la firma del alcalde. 4. Iris Suyapa Yanes Vega, José Lucas Reyes Sorto y Mauricio Maldonado Rodríguez; quienes coincidieron en declarar que entregaron su cédula de identidad a Mario Maldonado Rodríguez quien les había manifestado que las necesitaba para la creación del movimiento Político Nuevo Tiempo pero que posteriormente aparecieron sus nombres como que ellos habían cobrado cheques, pero que ninguno de ellos ha trabajado para la Alcaldía, y nunca han prestado servicios de limpieza vial; señalan que ellos no firmaron los contratos que se les pusieron a la vista, ni han endosado o cobrado ningún cheque. 5. Mario Maldonado Rodríguez; quien manifestó que cuando trabajó en la Municipalidad, en Infraestructura, les pidieron la Identidad para la creación de un nuevo movimiento político, eran como 18 personas que dieron su identidad, entre ellos Sandra Maldonado, Emperatriz Amador, José Lucas Reyes, Sonia Urbina, Rosa Elvira Umanzor, era para inscribir el movimiento Nuevo Tiempo, entregó las identidades a las oficinas de comunicaciones. 6. Constancias emitidas por la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Pedro Sula, en fecha 23 de Junio de 2014, que acreditan los cargos que desempeñaron los acusados en la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula en las correspondientes fechas: Oscar Eduardo Kilgore López , Alcalde Municipal (25 de Enero de 2002 al 25 de Enero de 2006); Ingmar Gonzáles Figueroa, Gerente de Finanzas y Administración (1 de Febrero de 2002 al 25 de Enero de 2006); Julio César Valdez, Asistente de Tesorero (1 de Mayo de 2002 al 25 de Enero de 2006) y Rubén Gustavo Bonilla, Jefe del departamento de Desechos Sólidos (9 Julio de 2002 a 31 Enero 2003), luego Gerente de Servicios Municipales (1 de Febrero de 2003 al 11 de Julio de 2004) y posteriormente Gerente de Recursos Humanos (12 de Julio de 2004 al 31 de Enero de 2006). 7. Contratos firmados entre la Municipalidad de San Pedro Sula y los señores Ramón Gerardo Mejía Amador, Sergio Alonso Rivera Bueso, Fidel Bonilla Bustillo, Mauricio Maldonado, Marco Antonio Matute Turcios, José Lucas Reyes Sorto, Marco Maldonado Rodríguez, Miriam Bustillo, María Magdalena Urbina, Marco Antonio Umanzor Díaz, Betty Dalila Bonilla Trochez, Claudia Carolina Reyes Yanes, Emperatriz Rodríguez Umanzor, Allan Alexis Romero Bonilla, Reyna Solís, Santos Maldonado Zavala, Rosa Elvira Acosta y Alexander Urbina Bueso. 8. 20 cheques de Banco de los Trabajadores con numeración 7146, 7147, 7148, 7149, 7150, 7151, 7152, 7153, 7154, 7155, 7156, 7157, 7158, 7159, 7160, 7161, 7162 7163,7164, 7165 a nombre de diferentes personas entre ellas los testigos Mauricio Maldonado Rodríguez, Iris Suyapa Yanes Vega, José Lucas Reyes y Mario Maldonado Rodríguez, cada uno de ellos por la cantidad de diecinueve mil novecientos cincuenta Lempiras (L.19,950°°), representando una cantidad total de trescientos noventa y nueve mil Lempiras (L.399,000°°). 9. 20 cheques del Banco Grupo El Ahorro Hondureño BGA, con numeración 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, a nombre de diferentes personas entre ellas los testigos Mauricio Maldonado Rodríguez, Iris Suyapa Yanes Vega, José Lucas Reyes y Mario Maldonado Rodríguez, cheques con un valor de diecinueve mil quinientos Lempiras cada uno (L.19,500°°) constituyendo una cantidad de trescientos noventa mil Lempiras (L.390,000°°) en total. 10. 15 cheques a nombre de Julio César Valdés, que se describen con la siguiente numeración y monto: 7329 (por L.399,025°°), 7671 (por L.399,500°°), 8173 (por L.399,500°°), 15423406 (por L.399,500°°), 1129 (por L.399,500°°) 8590 (por L.399,500°°), 8750 (por L.399,500°°), 8840 (por L.199,950°°), 18027777 (por L. 199,95000), 18898585 (por L. 199,95000), 18899102 (por L. 199,95000), 18027975 (por L.399,500), 18898841 (por L.399,500), 19506187 (por L.399,500), 19506619 (por L.399,500); todos éstos cheques representan una suma total de cinco millones ciento noventa y tres mil ochocientos veinticinco Lempiras (L.5,193,825°°). 11. Contratos de Servicio de Limpieza Vial, a favor de las mismas personas a favor de las cuales se libraron los cheques antes señalados del Banco de los Trabajadores y Occidente, entre ellos los señores los testigos Mauricio Maldonado Rodríguez, Iris Suyapa Yanes Vega, José Lucas Reyes y Mario Maldonado Rodríguez. 12. Documentos Soporte, respecto a los 20 cheques del Banco de los Trabajadores y de los 20 cheques antes señalados del Grupo El Ahorro Hondureño BGA, consistentes en: copia del cheque y orden de pago por concepto de limpieza vial (microempresa) por las cantidades de L. 19,95000, Reserva presupuestaria por concepto de contrato de servicio de limpieza vial, recibo por la cantidad de L.20,000°° por concepto de pago de contrato de limpieza vial, contrato de servicio de limpieza vial firmado por el supuesto contratista y el Alcalde Municipal Oscar Kilgore, copia de la cédula de identidad de la persona supuestamente beneficiada con los cheques, constancia del contratista (a nombre de supuesto beneficiado) de comprender y aceptar que el contrato no es aprobado ni es legal mientras no posea la firma y sello del Alcalde Municipal y sin lo cual no puede iniciar sus servicios ni hacer cobro alguno. Documentos soporte entre los cuales se encuentran los correspondientes a los cheques emitidos a nombre de Mauricio Maldonado Rodríguez, Iris Suyapa Yanes Vega, José Lucas Reyes y Mario Maldonado Rodríguez. 13. Perito Norma Patricia Méndez Paz, quien elaboró el Informe de Auditoría Interna del Tribunal Superior de Cuentas; y señaló las irregularidades encontradas en la documentación requerida de la siguiente manera: “….al detectar inconsistencias, informamos que estamos encontrando pagos o cheques a nombre de funcionarios, cheques de personas que ellos describen o contratistas de los cuales esos cheques al hacer la auditoría los endosos fueron cobrados por empleados, también se observa que para la ejecución del gasto utilizan un renglón, que todo gasto debía estar presupuestado; verificamos recibos por la entrega de cheques y tienen fecha anterior a la emisión del cheque, otros hechos que producto de las pruebas hacemos es la labor de campo, porque en todo caso debe ser soportado y si existió el servicio, los auditores realizan un trabajo de campo, encontrando que algunos de ellos decían que ni siquiera tenían contratos, en el dictamen se establecen los nombres de dichas personas”. Al valorar los elementos de prueba anteriormente relacionados, el Tribunal consideró a los acusados Oscar Eduardo Kilgore López , Ingmar Gonzáles Figueroa y Julio César Valdez Méndez responsables como autores de los delitos de Malversación de Caudales Públicos Culposa, y Absolvió de responsabilidad como autores de los delitos de Uso de Documentos Públicos Falsos a Julio César Valdez Méndez y de Falsificación de Documentos Públicos a Rubén Gustavo Bonilla Ortega; en virtud de las siguientes consideraciones: 1) En relación a los testimonios de Oscar Guerra Ocampo, Carlos Enrique Zavala Mejía y Luis Napoleón Paz, el Juzgador les confiere validez, los considera congruentes y que a través de ellos se acreditó la nueva modalidad de emisión de cheques que autorizara el Alcalde Oscar Kilgore, así como que a raíz de esa nueva modalidad la mayoría de los cheques se emitían a nombre de Julio César Valdés (Asistente de Tesorería) y, también consideró probado a través de dichos testimonios que Ingmar Gonzáles fungía como empleado del departamento de Finanzas, desde donde se debía vigilar por el respeto al presupuesto de cada unidad municipal. Consideró también que a partir de estas declaraciones se estableció que el dinero no fue pagado a contratistas por concepto de limpieza vial y que el señor Serapio Umanzor fue el destinatario final del caudal público, concluyendo que el señor Julio Valdez inobservó el deber de pagar el dinero a quien correspondía, ya que la modificación dispuesta por el Alcalde no abarcaba su accionar; el sentenciador también considera que de la prueba señalada no encontró sustento para los señalamientos para Ingmar Gonzáles. 2) De las declaraciones de los señores Iris Suyapa Yanes Vega, José Lucas Reyes Sorto, Mario Maldonado Rodríguez y Mauricio Maldonado Rodríguez, aunque les concede credibilidad, considera que a partir de sus dichos se concluye que el único beneficiado a través de los falsos contratos y cheques fue el señor Serapio Umanzor, pues a él se destinó la copia de las identidades de estas personas. 3) Al valorar la prueba documental consistente en las Constancias emitidas por la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Pedro Sula que acreditan los cargos que los acusados desempeñaban en la Municipalidad; les dio validez pues estimó que con estos documentos se acreditó la calidad de funcionarios públicos de los acusados al momento de ocurrir los hechos. 4) En relación a la prueba documental consistente en 45 cheques (los cuales fueron ya descritos en detalle, con su numeración y monto), así como Contratos y Documentos Soporte, la relaciona con la declaración que rindiera el acusado Oscar Kilgore y considera que el ente acusador no logró demostrar que el señor Oscar Kilgore se haya beneficiado directamente de los contratos irregulares y por ende de los cheques emitidos como pago de los contratos, sin embargo, señaló que de la prueba se desprende creando certeza, que el mencionado acusado tiene responsabilidad al actuar negligentemente, permitiendo a terceras personas que se beneficiaran de los bienes de la municipalidad. 5) Al valorar el sentenciador el Informe de Auditoría realizado por el Tribunal Superior de Cuentas consideró que la negligencia e inobservancia de la ley por parte de los ahora acusados, produjo que se beneficiara a otra persona, es decir al señor Serapio Umanzor, concluyendo que: “….efectivamente los contratos por supuesta limpieza vial, eran falsos sin realizarse dicha labor, sin embargo fueron utilizados para la emisión de cheques, cuyos fondos tuvieron destino distinto para el cual fueron emitidos”. En relación específicamente a la participación de cada uno de los acusados en los delitos respectivos señaló: a) En la Valoración Conjunta de la Prueba, explicando sus consideraciones en relación a la participación del acusado Oscar Eduardo Kilgore López en el delito de Malversación de Caudales Públicos, el sentenciador, textualmente señala: “Con los medios de prueba en referencia, al ser relacionados con el resto de la carga probatoria, se logra demostrar que efectivamente se emitieron una serie de cheques por concepto de pago de contratos por servicio de limpieza vial, tal como lo establecen los documentos soportes para cada cheque, de los cuales la mayoría fueron emitidos a nombre del asistente de Tesorería Julio César Valdez y cobrados por el mismo, tal como se demuestra al reverso de los cheques, extremo este incluso admitido y no cuestionado por las partes defensoras, mientras que otros fueron cobrados por otras personas empleadas también de la municipalidad, como es el caso del señor Carlos Enrique Zavala y Raúl Oswaldo Matute. Documentos estos que incluso fueron firmados por el señor Alcalde en su momento, Oscar Eduardo Kilgore López , como firma autorizante, tanto de la contratación como de los pagos, lo cual implica un comportamiento negligente e inobservante de la ley o reglamento de la administración municipal, ya que debió percatarse que el nombre de los beneficiarios de los cheques era un funcionario municipal y cuyo concepto de pago era un servicio de limpieza vial, lo que demuestra con su aprobación que efectivamente, como lo dijeron los testigos, se modificó el sistema de pago de contratos, sin cumplir lo estipulado por la ley y reglamento municipal, ya que los funcionarios municipales no debían percibir o hacer cobros personales de los recursos de la municipalidad, más que lo que como sueldo les correspondía. Sin embargo, el ente acusador, no presentó prueba que demuestre que el señor Oscar Eduardo Kilgore López sabía que los contratos y demás documentos eran irregulares y que el dinero cobrado para esos contratos llevase otro destino que el estipulado, o en todo caso que se apropiara de dicho dinero, es por ello que el Tribunal considera que la acción cometida por el acusado en mención se subsume en el delito de Malversación Culposa”. b) Al referirse a la responsabilidad del acusado Ingmar Gonzáles en el delito de Malversación de Caudales Públicos señala que la prueba relacionada resultó de utilidad para acreditar que el acusado Gonzáles estaba obligado a que unidades de la municipalidad, ejecutaran el presupuesto anual, cumpliendo los requisitos exigidos en la misma ley, quien al ser negligente, permitió que cheques fueran cobrados para fines distintos y por servicios que nunca se realizaron, permitiendo así, que todos los fondos municipales se desviaran a distintos destinos a los que debían ser. c) En cuanto a la participación del acusado Julio César Valdez como cómplice en el delito de Malversación de Caudales Públicos, señaló que, con la modalidad de cobro y pago ordenado por sus superiores, éste incumplió con su deber y, en dos ocasiones dio lugar a que Serapio Umanzor se apropiara de caudales municipales. d) También el sentenciador consideró que no existe prueba que demuestre que tanto el señor Oscar Eduardo Kilgore López y Julio César Valdez tuvieran conocimiento de las irregularidades de los contratos y cheques, en especial de los suscritos con los señores Mauricio Maldonado, Mario Maldonado Rodríguez, José Lucas Reyes e Iris Yanes; por lo que la mayoría del Tribunal considera en relación a los delitos de Uso de Documentos Públicos Falsos imputados a Ingmar Gonzáles y el de Falsificación de Documentos Públicos contra el señor Rubén Bonilla, que tampoco se evacuó prueba suficiente que acredite dichas imputaciones y que demostrara en el caso del señor Ingmar Gonzáles, el conocimiento que éste pudiera tener conforme a sus funciones respecto a la elaboración de un contrato que depende de otras personas, mismas consideraciones que sostiene en la acusación contra Rubén Bonilla, en cuanto a que éste por él mismo hiciera el documento suponiendo la intervención de otras personas que no existieron, pues considera la mayoría del Tribunal que de la prueba de cargo se desprende que la elaboración de éstos contratos recaía en otras personas y no en Rubén Bonilla. (Ver apartado de la Valoración Probatoria, páginas 7 hasta 21 de la Sentencia). Esta representante de la sociedad, considera las citadas apreciaciones por parte del Juzgador, como una infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma, así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión que de éstas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que se extrae de los medios probatorios aportados, que no se pudo establecer la responsabilidad de los acusados en los delitos antes descritos, basado en las razones señaladas; pues de la prueba evacuada en juicio podemos constatar, que se probó fehacientemente los ilícitos en que se fundamentó la acusación, lo cual afirmamos en base a los argumentos que señalamos a continuación: En relación a la responsabilidad de los Acusados Oscar Eduardo Kilgore López , Ingmar Gonzáles Figueroa Y Julio César Valdez en su participación en el delito de Malversación De Caudales Públicos De Carácter Doloso y la participación de los acusados Ingmar Gonzáles Figueroa por el delito de Uso De Documentos Públicos Falsos Y Rubén Gustavo Bonilla por el delito de Falsificación De Documentos Públicos: El Tribunal, ha tenido como acreditada la autoría de los acusados Oscar Eduardo Kilgore López , Ingmar Gonzáles Figueroa y Julio César Valdez en el ilícito de Malversación De Caudales Públicos, sin embargo considera que lo ha realizado con culpa y no con dolo, y en relación a los acusados Ingmar Gonzáles Figueroa y Rubén Gustavo Bonilla en los delitos de Uso y Falsificación de Documentos Públicos respectivamente consideró su absolución siendo éstos aspectos donde el ente Fiscal centrará su alegato, pues al examinar la probanza en su conjunto, se logra establecer el quebranto al imperio de logicidad que rige la valoración fáctica, pues los imputados aprovechándose de sus respectivas funciones en la Alcaldía de San Pedro Sula, realizaron una serie de acciones en una perfecta distribución de roles, que dieron lugar a cada uno de los ilícitos por los cuales fueron acusados, mismas que enumeramos a continuación: a) Cambiaron el procedimiento previamente establecido por la Ley para el pago a contratistas, ésta acción ordenada por el Alcalde facilitó que los fondos por pagos de contratos inexistentes e irregulares fuesen percibidos por el acusado Julio César Valdez, con el Visto bueno del Alcalde, pues además de dar la orden para el cambio en la modalidad de pago, autorizaba con su firma cheques y contratos, igualmente el acusado Ingmar Gonzáles Figueroa instruía a los Jefes, para pedirles que se limitaran a dar el Visto Bueno en el recibo, “porque iban a meter unas microempresas y que la supervisión ya no se iba a necesitar”; pues ahora el visto bueno lo daría la Gerencia Administrativa y Financiera, cargo que desempeñaba el mismo Ingmar Gonzáles. La refrenda final que daría lugar a que se hiciese efectivo el pago la ejecutaba el acusado Rubén Bonilla quien ostentaba el cargo de Gerente de Servicios Municipales, para ello éste último tenía la obligación de verificar la presencia de los contratistas y corroborar que los trabajos habían sido realizados; sin embargo, firmaba los servicios de pago a sabiendas de que los contratos y documentos eran falsos, dando derecho con ello al pago de cheques. Lo anterior se evidencia claramente de lo relatado en los testimonios de Oscar Guerra Ocampo, Luis Napoleón Paz y confirmado con la auditoría practicada por el Tribunal Superior de Cuentas. b) Se autorizaron cheques a nombre de Julio César Valdez, (Asistente de Tesorería) la cantidad a que ascendía el monto de los cheques a nombre del acusado Valdez sobrepasaba los cinco millones de Lempiras; documentos valores que definitivamente iban firmados por el Alcalde, autorizados por Ingmar Gonzáles y refrendados por Rubén Bonilla; al respecto el testigo Carlos Enrique Zavala fue claro en manifestar que siendo él pagador de planillas y no de contratos, retiro del banco cheques a nombre de Julio César Valdez, en una ocasión entregándole personalmente a éste el dinero en efectivo, en otra ocasión Julio Cesar Valdez le pidió que pusiera el dinero en el escritorio de Serapio Umanzor. c) Se autorizaron cheques y contratos a nombre de contratistas ficticios. Como anteriormente lo señalamos, quedó ampliamente demostrado en juicio, que los supuestos contratistas por servicios de limpieza vial eran ficticios pues las personas que respondían a los nombres de los firmantes de los contratos (Iris Suyapa Yanes Vega, José Lucas Reyes Sorto, Mario Maldonado Rodríguez y Mauricio Maldonado Rodríguez), comparecieron a declarar manifestando que ellos nunca habían trabajado con la Alcaldía y nunca habían cobrado ningún cheque a su favor por parte de dicha entidad ni suscrito o firmado ningún contrato. d) Se Falsificó Contratos y se utilizó contratos falsos. El cambio de la modalidad de pago a contratistas, autorizar cheques a nombre de Julio César Valdez, empleado municipal en el cargo de Asistente de Tesorería, para que éste hiciera el pago en efectivo a los contratistas desde las mismas oficinas de la Alcaldía; la autorización de contratos evadiendo la Fiscalización de documentos soporte, la no comparecencia de los contratistas a las instalaciones de la Alcaldía, la no verificación del cumplimiento de los contratos (obviamente, pues eran falsos) y demás acciones realizadas por los acusados, no tendrían mayor gravedad y perjuicio si en efecto los contratistas hubiesen existido y si los contratos hubiesen sido reales, pero la actividad delictuosa se termina de concretar al constatarse en juicio que los contratos eran falsos, que nunca se llevaron a cabo los servicios de limpieza vial y que tampoco los contratistas existían, pues las personas que figuraban como tales fueron engañadas también por los acusados pidiéndoles sus tarjetas de identidad bajo el pretexto de que pretendían la creación del movimiento Nuevo Tiempo, pero esa no era la real finalidad de los acusados al obtener sus identificaciones, sino utilizar sus datos en la suscripción de contratos falsos y emitir cheques a nombres de éstas personas, sin su conocimiento y consentimiento, cheques que posteriormente cobrarían los mismos acusados para su beneficio propio. Se valieron de documentos públicos falsos, supusieron la intervención de personas que no la tuvieron y aún más, alteraron fechas verdaderas; esto se evidenció con la Auditoria realizada por el Tribunal superior de Cuentas que concluyó: “…. al detectar inconsistencias, informamos que estamos encontrando pagos o cheques a nombre de funcionarios, cheques de personas que ellos describen o contratistas de los cuales esos cheques al hacer la auditoria los endosos fueron cobrados por empleados…. Verificamos recibos por la entrega de cheques y tienen fecha anterior a la emisión del cheque... los auditores realizan un trabajo de campo, encontrando que algunos de ellos decían que ni siquiera tenían contratos”. e) La prueba evidencia un plan preconcebido, como antes lo señalamos, y como se demuestra de la prueba evacuada en juicio, cada uno de los procedimientos legales fueron cambiados para obtener los resultados previstos de antemano por los ahora acusados: • Obtuvieron las tarjetas de identidades de personas con el engaño de que serían para la creación del Movimiento Nuevo Tiempo. • Se elaboraron, suscribieron, firmaron, autorizaron y utilizaron contratos irregulares, sin requisitos de legalidad y con nombres y datos falsos. • Ante la falsedad de los contratos, como consecuencia lógica no se ejecutaron los servicios, pues también los contratistas no existían como tales. • Se simplificó el trámite para autorización de contratos y posterior emisión de cheques, pues ahora ya no se pagaría directamente a los contratistas (pues no existían) sino al ahora acusado Julio César Valdez. • El acusado Ingmar se encargó de instruir a jefes para que estos no pusieran obstáculos al autorizar los contratos, pues la obligación de éstos era la verificación del cumplimiento de los mismos pero el acusado Ingmar les instruyó para que se limitaran a dar el visto bueno. • La autorización y visto bueno para autorización de cheques o en su caso contratos, los daban el acusado Oscar Kilgore o el acusado Ingmar Gonzáles. • Por otra parte, quien daba fe del cumplimiento de los contratos y de la presencia de los contratistas, y luego de constatados éstos extremos refrendaba los servicios de pago para que se procediera al correspondiente desembolso o pago, era el acusado Rubén Bonilla, quien a sabiendas de la no existencia de los contratistas y por lo tanto del no cumplimiento del servicio, procedió a refrendar los servicios de pago como si en efecto hubiese constatado que se llevó a cabo los servicios de limpieza vial y como si hubiese constatado también la presencia de los contratistas, afirmaciones falsas que se hacían constar en los documentos con solo el hecho de ser refrendados por él, pues éste requisito era necesario para poder disponer del dinero en efectivo que se obtuviera de los servicios de pago. • El dinero se cobraba por interpósitas personas, pero al final siempre quedaba en poder de los acusados a través de Julio César Valdez. • Las Reservas presupuestarias relacionadas con contratos falsos evidencian que los acusados planificaron su acción delictiva pues éstas debían de hacerse con un año de anticipación para que dichas cantidades de dinero fuesen consideradas en el presupuesto. • Acciones todas que la regla de la experiencia y la lógica nos indican no pueden obedecer a negligencia o culpa, porque si las analizamos en su conjunto evidencian una secuencia para dar lugar a un resultado, que ya hemos señalado en los párrafos anteriores. El sentenciador apartándose del sentido común, señala que no se aportó prueba que demuestre que los acusados actuaron con una conducta dolosa y que en el caso de Ingmar Gonzáles y Rubén Bonilla, no tienen responsabilidad porque a su criterio desconocían lo que sucedía; razonamiento que consideramos contrario a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, pues las acciones antes enumeradas y probadas fehacientemente con la prueba antes descrita evidencian que los acusados conocían o sabían muy bien los resultados que obtendrían al final de la ejecución de las mismas. La Prueba supra descrita, hace patente que los imputados Oscar Eduardo Kilgore López , Ingmar Gonzáles Figueroa Y Julio César Valdez, actuaron con conocimiento y voluntad de ejecutar el ilícito penal de Malversación De Caudales Públicos, así como Ingmar Gonzáles Figueroa Y Rubén Gustavo Bonilla en los delitos de Uso De Documentos Públicos Falsos Y Falsificación De Documentos Públicos respectivamente; todos los acusados cooperaron entre sí para llevar a cabo su acción delictiva, de esa manera les sería posible sustraer o desviar los fondos de la Alcaldía Municipal de San Pedro Su la, evidenciado su concierto previo para apropiarse de los caudales públicos, cada partícipe tenía una función asignada, tal y como lo hemos descrito anteriormente en detalle, consecuentemente, las máximas de la experiencia nos inducen a concluir, que el beneficio económico obtenido no se iba a reflejar a través de cuentas que podían ser perseguidas por la autoridad contralora del Estado. En este orden de ideas y atendiendo los resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público es del criterio, que la errónea valoración del Tribunal se evidencia, al considerar la probanza de manera aislada y no haber sido realizada su valoración en consonancia con las reglas de la sana crítica, pues si se hubiese estimado de forma conjunta y armónica, se habría dictado una sentencia condenatoria en contra de los imputados, por la perpetración de los delitos de Malversación de Caudales Públicos, Uso de Documentos Públicos y Falsificación de Documentos Públicos, a los que hemos hecho referencia; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en sus características tanto de veracidad como de suficiencia Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente recurso, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate, sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procediendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1.- De La Debida Técnica Recursiva Obligatoria El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Censor este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Censor deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación. Añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Censor debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el Censor deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el Censor deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el Censor deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el Censor señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación, indebida interpretación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio Es ineludible para el Censor su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: i.- La Claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; el discurso recursivo debe de ser amigable y entendible, separando las diversas ideas, arribando a conclusiones parciales y a conclusiones generales; ii.- La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Existiendo varios delitos, varios acusados y/o varias víctimas, el Censor deberá de hacer una exposición personalizada por cada uno de ellos, ergo los alegatos conjuntos o generales rara vez permiten entender aspectos individuales de los múltiples delitos, acusados y/o víctimas. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso devolutivo, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al argumento recursivo, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio El Censor, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el Censor que debió haber sido aplicada la norma, interpretada o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: *Derecho de Acceso a la Justicia; *Derecho a una resolución fundada en derecho; *Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; *Derecho a la Tutela Cautelar; y *Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el Censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). 2.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 cpp). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 cpp), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 cpp) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 cpp). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el Censor haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de cpp); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 cpp), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el Censor debe de tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero cpp) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 cpp); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 cpp); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de el Censor; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. A.- Recurrente 1 Primer Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 338 regla cuarta del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: “No Observar el Principio Lógico de la No Contradicción en los Hechos que se consideran probados”; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad de reclamo alguno al estar contenido el vicio en la Sentencia Definitiva; *Pretensión: “Se anule la sentencia condenatoria definitiva recurrida y se ordene su reenvío al Tribunal de Origen”. El Censor 1 hace una la presentación de su recurso, definiendo claramente que el vicio está contenido en los hechos declarados probados y que éste consiste en la violación del principio lógico de coherencia, por concurrir una contradicción en la narración fáctica; Vicio que esta descrito como motivo en el artículo 362.1 del Código Procesal Penal que es precisamente el citado por el Censor 1 como precepto autorizante. En el libelo el Censor 1 transcribe los hechos declarados probados quejándose que éstos no observan la característica de precisión que exige la normativa (sin señalar cual), omitiendo referirse a circunstancias e incidencias que llevaron al cambio de modalidad de pago a contratistas que dispuso el acusado Oscar Eduardo Kilgore (hecho objeto de reproche por el Iudex), tal como se probó con la declaración rendida por el acusado en mención y por el Testigo Oscar Guerra Ocampo, quien fungió como Tesorero de la Municipalidad de San Pedro Sula. Discute que la falencia de la sentencia condenatoria estriba entonces en que los Jueces dejaron de considerar la finalidad del cambio de modalidad de pago para contratistas, con lo cual no se podría señalar que ésta “provoco el desvío injustificado del patrimonio municipal, causando perjuicios al Estado de Honduras”. Alega que existe contradicción cuando el tribunal afirma que el acusado Kilgore López “provoco el desvío injustificado del patrimonio municipal causando perjuicios al Estado de Honduras” y en la Fundamentación Jurídica señala que “no se logró demostrar que el acusado Oscar Eduardo Kilgore se haya beneficiado personalmente de dicho dinero, tampoco que el mismo haya firmado los cheques en consenso con las personas responsables ni que los contratos y demás soportes sean irregulares… “; agrega que el acusado dicto la medida administrativa (cambio de modalidad de pago a contratistas) de “Buena Fe en el ejercicio de sus deberes de su cargo, nunca fue dolosa ni culposa”. Acusa que el Tribunal de Sentencia violentó “el principio del sentido lógico de la razón suficiente” ello porque la disposición administrativa de cambio de modalidad de pago para los contratistas jamás provocó el desvío injustificado del patrimonio municipal. Reprocha que los Juzgadores no pueden aseverar que el acusado al haber dictado una disposición administrativa conforme a Derecho y de Buena Fe provocó el desvío injustificado del Patrimonio Municipal. Asegura que el a-quo “no respalda su ilógica aseveración en ningún medio probatorio que le de validez a su argumento”. De los Hechos Probados de la Sentencia Como se ha señalado el Censor 1 sentado como Motivo que los hechos declarados probados son contradictorios; Por ello para la Sala de lo Penal es oportuno hacer una relación de que son los hechos probados y cuando éstos adolecen del vicio de falta de coherencia por contradicción. Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que fueron debatidos; es una realidad existente que ha sido reconstruida por el juzgador. Como lo señala Murena (Murena, Maximiliano, en “Acerca de la Motivación de los Hechos en la Sentencia Penal”, contenido en La Sentencia Penal, Madrid 1002, pág. 133): es “el intento de determinación de los hechos probados del pasado, a través del análisis de hechos probatorios del presente”. Los hechos probados es una descripción, donde los/as Juzgadores/as hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate.- Los hechos probados, junto con la motivación probatoria y la motivación jurídica integran la “jugement motive” (sentencia motivada), garantía ante el arbitrio judicial; Motivar una sentencia no solo es una manifestación de respeto ante el poder delegado de juzgar sino un instrumento contra su abuso. Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores/as, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento. En los hechos probados el Juzgador deberá de evitar plasmar resultados aislados de prueba, mucho menos sus valoraciones, pues esto le atañe al apartado de Valoración de la Prueba, así pues el relato fáctico debe de ser neutral, ajeno de valoraciones, debe de ser una verdad cuya justificación no está en si misma, sino en el apartado donde se valore la prueba (descriptiva e intelectivamente). La significancia de los hechos declarados probados tiene especial trascendencia no solo respecto a la definición de lo ocurrido y que implicó la intervención del Estado sino que además como base para la definición de la aplicación de la norma sustantiva; Así entonces dentro de la Sentencia los hechos probados cumplen dos funciones: 1. Función Descriptiva: Fijar cuales fueron las conclusiones fácticas arribadas por el tribunal producto de la valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana critica; Es la reconstrucción del hecho histórico objeto de debate, cuyo esclarecimiento fue el propósito de la actividad probatoria; 2. Función Justificativa: Es a partir de los hechos probados que los/as Juzgadores/as determinan la norma sustantiva aplicable al caso.- Su contenido, tomado como una verdad absoluta, autoriza a los Juzgadores a aplicar las normas sustantivas, y en su caso, a imponer las consecuencias que éstas prevén a las personas responsables del delito. Los hechos probados deben de revelar a detalle a las partes y al público en general, de que fue lo que sucedió y si ello está vinculado o no con la persona acusada, la víctima e inclusive con terceros; el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse.- Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a) Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b) Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); c) Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009); y d) La no utilización de conceptos que predeterminen el fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores deben de ser capaz de suministrar un relato neutro, con la debida distancia respecto del derecho sustantivo de eventual aplicación, evitando caer en el riesgo fácil de producir un caso; por tanto no deben los juzgadores hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. El Código Procesal Penal prevé como defecto por quebrantamiento de forma una indebida construcción del relato fáctico, aglutinando en el artículo 362.1 los diferentes motivos oponibles al referirse: “Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria”. Es importante resaltar que este primer numeral recoge únicamente los defectos que pueden plantearse como motivos exclusivamente de los hechos declarados probados. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011.- pág. 118), esta Sala de lo Penal determina que en el planteamiento de un recurso de casación por quebrantamiento de forma en donde se señale como motivo una mala construcción de los hechos probados, el Censor deberá de acreditar los siguientes requisitos: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que quisieron manifestar los juzgadores debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o colisionantes o por ser los hechos probados la mera enumeración de actuaciones procesales o la mera descripción de medios probatorios; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y 4. Que el Censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. De la Procedencia del Primer Motivo El Primer Motivo No es de Recibo.- El Censor 1 plantea como motivo que los hechos declarados probados no respetan el principio lógico de la no contradicción; Es pues que el vicio en el que sustento la vía impugnativa es que la narración fáctica alberga dos afirmaciones colisionantes entre sí sobre realidades irreconciliables, solo pudiendo ser verdadera una de ellas. El vicio planteado tiene como condición que se debe de tomar únicamente como base los hechos probados, la contradicción debe de ser “in términos”. Lejos de lo anterior el Censor 1, desarrolla el motivo en su libelo arguyendo defectos distintos, ninguno de ellos relacionado con contradicción en la narración fáctica.- Aqueja por ejemplo la falta de precisión de los hechos probados, esto porque considera que no se incluyó las circunstancias y todas las incidencias que motivaron el cambio de modalidad para el pago de contratistas y que quedaron probadas con la declaración del Testigo Oscar Guerra Ocampo y con la declaración del acusado Oscar Eduardo Kilgore López; Lo alegado no solo es un motivo distinto al planteado (contradicción en el factum), sino que trata de una supuesta falta de inclusión en los hechos probados de aspectos que fueron informados por una prueba testifical y en la declaración de uno de los acusados, esto porque para el a-quo ello no fue considerado como un hecho cierto; se trata entonces de valoración probatoria. Arguye el Censor 1 que si los Juzgadores hubiesen considerado la finalidad de la modalidad de pago para contratistas, no podrían asegurar que dicha medida administrativa, dictada conforme a la ley, causo perjuicio al Estado de Honduras; argumento recursivo que de nueva cuenta no se trata de una contradicción en la narración fáctica sino que es el cuestionamiento a una falta de derivación en el proceso de valoración de los hechos probados, todo al margen de tener clara esta Sala de lo Penal que la decisión que tanto discute el Censor 1 no está amparada en las normas legales y reglamentarias vigentes al momento del hecho, sino que todo lo contrario: tal decisión estaba proscrita taxativamente. El Censor 1 alegó que la sentencia entra en contradicción, falta de claridad y falta de determinación cuando dice que acusado Kilgore López provocó el desvío injustificado del patrimonio municipal a causa de la medida administrativa (decisión del pago en efectivo a contratistas, bajo la responsabilidad de empleados municipales a quienes se les extendida cheques para tales efectos); esto porque en la fundamentación jurídica se indica que prueba no logró demostrar que el acusado se haya beneficiado personalmente de dinero municipal; afirma que la decisión tomada por el acusado fue en buena fe y nunca fue dolosa o culposa. Alegato que es incorrecto, pues opone tres defectos distintos (contradicción, falta de claridad y falta de determinación), como si se tratase de sinónimos, además de que el contenido del argumento no se relaciona con el factum (en donde tiene arraigo el motivo), pues migra su análisis a la fundamentación jurídica y aquí tampoco identifica contradicciones como defecto estricto de la lógica, sino que cuestiona conclusiones valorativas al señalar que el acusado no obró con dolo ni con culpa, sino que bajo buena fe. El Censor 1, más adelante acusa a la sentencia de no respetar el principio lógico de razón suficiente al omitir considerar la finalidad del cambio de modalidad de pago para contratistas; Con esto el Censor 1 se aleja todavía más del motivo que como se ha indicado tiene su arraigo en la construcción de los hechos probados e insiste en cuestionar el proceso de valoración de los medios de prueba, ahora alegando inobservancia de las reglas de la sana critica cuando discute la violación de uno de los principios lógicos que le componen. Finaliza el Censor 1 su recurso alegando que el tribunal de sentencia no respalda su aseveración sobre la responsabilidad culposa del acusado, en ningún medio probatorio que le de validez; y con tal argumento se culmina un Recurso que no tuvo por contenido el motivo que supuestamente le sustentaba (la mala construcción de los hechos declarados probados) sino que se dedicó a cuestionar la valoración de la prueba (violación a principios lógicos de las reglas de la sana critica), siendo esto la causa para que se declare sin lugar. Segundo Motivo *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal: Que la sentencia “carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones no sean suficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica.”; *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 338 regla cuarta, numeral 3 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: “Al no indicar en la Fundamentación Jurídica, los Preceptos o Doctrina Legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación que hubiese tenido y las causas de exención de responsabilidad penal.”. *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad al estar contenido el vicio en la sentencia definitiva. *Pretensión: Que se declare ha lugar el segundo motivo y se declare la nulidad de la sentencia, ordenando el reenvío de la causa. Alega el Censor 1 que la Sentencia adolece de falta de claridad y precisión en la indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables a los actos u omisiones del acusado Oscar Eduardo Kilgore López, además de omitir la causa de excusión de la responsabilidad penal que concurre en el caso, la carencia de motivación fáctica o jurídica y que dichas motivaciones no son suficientes y son contradictorias. Explica que la carencia en las motivaciones fácticas o jurídicas, así como la insuficiencia y contradicción de dichas motivaciones, consiste en la omisión que hace el a-quo de la fundamentación legal en la cual se imponen deberes al cargo de Alcalde Municipal que con divagación e imaginación argumenta el Tribunal; concluye que existe violación de los principios de correspondencia y armonía en la interpretación de la ley. En ese sentido enumera el Censor 1 los defectos que alega adolece la sentencia:

Folio

Defecto Alegado

“Existe prueba suficiente que demuestra que… ante la inobservancia de leyes y reglamentos, así como también la inobservancia de un deber, dichos acusados dieron lugar a que otra persona se apropiaran de caudales públicos”

3565 de la fundamentación Jurídica

..

Omite señalar las leyes y reglamentos inobservados, los fundamentos legales que imponen el deber a observar y la forma como fue que se dio lugar a que otras personas se apropiaran de los caudales públicos

“Que culposamente den lugar a que otra persona se apropie de caudales”

3565 de la fundamentación Jurídica

Omite señalar en que consistió la conducta culposa y la norma jurídica que le impone el deber legal

“que se trata de un supuesto de comisión por omisión, que consiste en el abandono o negligencia inexcusable del funcionario que diere ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de los caudales públicos”

3565 v de la fundamentación Jurídica

Omite señalar en que consistió el abandono y negligencia inexcusable y la norma jurídica

“conducta responde a un descuido de las más elementales cautelas y atenciones”

3565 v de la fundamentación Jurídica

Omite señalar en que consistió el descuido, cuáles son las más elementales cautelas y atenciones que se debieron observar, y la norma legal

“la conducta negligente y la sustracción debe existir una relación de causalidad, cuyo resultado antijurídico ha de ser imputable al autor en cuanto hubiese podido preverlo o evitarlo, de manera que el resultado no se hubiese producido si el funcionario hubiere actuado con la diligencia y cuidado que le era exigible atendiendo a su deber”

3565 v de la fundamentación Jurídica

Omite señalar como se debía prever o evitar el resultado delictivo

“en primer lugar, el Señor Oscar Eduardo Kilgore, en el marco de sus funciones y facultades de administración general de la municipalidad de esta ciudad, por su investidura como Alcalde, firmó entre otros varios cheques… conducta que desde cualquier ángulo manifiesta un comportamiento negligente en la administración de la cosa pública, provocando con ello que terceras personas (funcionarios) se apropiaran de caudales públicos para su beneficio personal, y de haber tomado las precauciones del caso, lo cual era evitable”.

3565 v de la fundamentación Jurídica

Se omite considerar el tipo penal contenido en el artículo 373 párrafo primero del Código Penal.

Añade el Censor 1 que la sentencia se contradice cuando señala que con la prueba no se logró demostrar que el acusado Oscar Kilgore se haya beneficiado personalmente de dicho dinero, por lo que como podía entonces prevenir o evitar el hecho delictivo si lo que tuvo a la vista fueron expedientes de pago que cumplían los requisitos de ley. Finaliza señalando que concurre en el presente caso la causa de justificación de haber obrado el acusado en el ejercicio legítimo de su cargo. De la Motivación Como se explica en el apartado siguiente, el planteamiento del Motivo es bastante confuso y hasta contradictorio. - Con todo entiende la Sala de lo Penal, que, entre otras cosas, el defecto denunciado atañe a la motivación de la sentencia, por lo que se considera oportuno referirse brevemente a ésta. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala, que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez/a, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión; indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el Juez/a ejerza tienen un poder discrecional; recalca que el juez/a debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el Instrumento Jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: Expresa, Clara, Completa, Legítima y Respetuosa de la Sana Critica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación Completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación Expresa, se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (La motivación Legítima y Respetuosa de la Sana Crítica está asociado con el Motivo de Casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez/a y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez/a defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes, entiéndase éstas como persona acusada y víctima, a quienes el Tribunal debe de responder de manera sencilla, comprensible y firme. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: 1. Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; La carencia puede a falta de motivación intelectiva y/o motivación descriptiva; 2. Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los Juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los Juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). De la Procedencia del Segundo Motivo El Segundo Motivo No es de Recibo.- En un apartado previo la Sala de lo Penal ha señalado que todo Censor debe de ser claro y precioso al momento de identificar tanto el recurso, el motivo y el concepto de la infracción; contrario a tal máxima en el caso de estudio el Censor 1 planteó un Recurso bastante defectuoso, habiendo tenido que hacer un esfuerzo este Tribunal de Casación para poder entender cuál es el motivo interpuesto. La mala técnica recursiva se dio con la presentación del Recurso: El Censor 1 cita como norma autorizante la totalidad del contenido del numeral 3 del artículo 363 del Código Procesal Penal, lo que no contribuyo a saber el motivo interpuesto, esto porque la norma alberga 08 motivos distintos: 1. Carencia de Motivaciones fácticas; 2. Carencia de Motivaciones Jurídicas; 3. Motivaciones Fácticas insuficientes; 4. Motivaciones Jurídicas Insuficientes; 5. Motivaciones Fácticas contradictorias; 6. Motivaciones Jurídicas Contradictorias; 7. Motivaciones Fácticas y jurídicas contradictorias; y 8.- Valoración de la prueba con inobservancia de las reglas de la Sana Critica.- También la mala técnica recursiva contamino el libelo al argumentar el Censor 1 la “carencia de motivaciones fácticas o jurídicas y que dichas motivaciones no son suficientes y son contradictorias”, lo que tampoco permite la definición del motivo que se está planteando al dejar abierto cualquiera de los ocho enumerados, debiendo recordarse que cada motivo debe de ser planteado por separado, entonces no podría pensarse que se está intentando interponer todos ellos, sumado a que es una paradoja alegar que no existe motivación y al mismo tiempo que es insuficiente o que es contradictoria: no puede ser insuficiente algo que es inexistente, tampoco puede ser contradictorio algo que es inexistente. Ante ello la Sala de lo Penal tuvo que apelar a la definición del concepto de la infracción, hecha por el Censor 1 al plantear que la sentencia: “No indica[r] en la fundamentación jurídica, los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación que hubiese tenido y las causas de exención de responsabilidad penal”; lo que en resumen es Carencia De Motivación Jurídica en la sentencia; como consecuencia el Tribunal de Casación procede a dar respuesta a los argumentos que se refieran a ese motivo, sin tomar en consideración la serie de alegatos distintos a éste, como ser: *Denuncia de defectos de fondo usando como vía un recurso de forma: Se alega que la sentencia violenta los principios de correspondencia y armonía en la interpretación de la ley y además que omite considerar el artículo 373 párrafo primero del Código Penal y al afirma que el acusado actuó bajo una causa de justificación de ejercicio legítimo de un cargo, contenida en el artículo 24.5 del Código Penal. La errónea interpretación de normas sustantivas o la falta de aplicación de ellas son defectos in iudicando que deben de ser planteados mediante un recurso de casación por infracción de ley; y *Denuncia de contradicciones en la sentencia: Se objeta que el a-quo señale que acusado Kilgore López pudo prever y evitar la malversación de fondos, lo que según el Censor 1 no era posible pues el mismo tribunal señala que los contratos y demás soportes (para la emisión de cheques), eran legítimos. Lo alegado no tiene relación con el motivo de carencia de motivación jurídica, aunado a que se alega como contradicción una discrepancia en las conclusiones valorativas que realizó el Tribunal de Sentencia. Centrándonos entonces en el motivo en cuestión, se aprecia que en el libelo el Censor 1 transcribe pasajes de la fundamentación jurídica de la sentencia, reprochando en todos los casos que el Tribunal de Sentencia haya omitido señalar las leyes y reglamentos que inobservó el acusado Oscar Eduardo Kilgore López, y que dio como consecuencia que otras personas se apropiaran de caudales públicos, aqueja que no se explicó porque la conducta del acusado era culposa. Para dar respuesta es importante primero tener presente aspectos de hecho que no fueron objeto de controversia en el debate: i.- El acusado Oscar Eduardo Kilgore López, fungió como alcalde de la Municipalidad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en el periodo que comprendió de enero de 2002 a enero de 2006; ii.- Como alcalde municipal el acusado celebró contratos entre la Municipalidad de San Pedro Sula y veinte (20) personas naturales a las que se les identificó como “contratistas”, para la limpieza vial; iii.- Como alcalde municipal el acusado dispuso un cambio en el proceso administrativo para el pago de los valores adeudados por la prestación de servicios de los contratistas, el cual debía de hacerse en efectivo por funcionarios municipales a favor de quienes el acusado emitió cheques quienes los canjeaban en las instituciones del sistema financiero directamente o a través de terceros, para que luego realizaran el pago directamente; iv.- Funcionarios Municipales simularon la existencia de contratos validos de prestación de servicios, usando para ello la identidad de personas y falsificando firmas, dando lugar ello a la expedición de cheques por parte del acusado a favor de funcionarios municipales, cuyo dinero de canje fue apropiado indebidamente. Recordemos que el Alcalde Municipal es la máxima autoridad Ejecutiva dentro del término municipal, teniendo el papel de administrador general y representante legal del Municipio (Art. 43 y 44 Ley de Municipalidades, LM), y por ello el deber de cumplimiento de las normas legales, normas reglamentarias y normas técnicas que regulen su función administrativa, la que se debe de basar en los Principios de Legalidad, economía, eficacia, eficiencia, equidad y veracidad. (Art. 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas publicado el 26 de noviembre de 2003 y vigente hasta el 22 de septiembre de 2012: RLTSC). Para los años 2003 a 2006 (parte del tiempo fijado en los hechos probados), todos los Señores Alcaldes y alcaldesas de la República les era obligatorio seguir las directivas plasmadas en el Manual de Normas de Control Interno, aprobado mediante Acuerdo Administrativo No. 027/2003 por el Tribunal Superior de Cuentas, vigente del 06 de septiembre de 2003 hasta el 20 de febrero de 2009. Entre otras cosas el Manual señalaba que “El control interno […], comprende la serie de acciones diseñadas y ejecutadas por la administración activa para proporcionar una seguridad razonable en torno a la consecución de los objetivos de la organización […] El control interno no debe de interferir el accionar de las organizaciones, sino que es un medio más para el logro de objetivos y la protección del patrimonio público. Por lo tanto, debe entenderse como un proceso que, bajo la responsabilidad indelegable de la máxima autoridad, es ejecutado por ella y por todos y cada uno de los integrantes de la organización. En este sentido, es un control administrativo que se crea para ayudar a los administradores en su labor de dirección, de manera que les permita alcanzar los resultados programados en sus planes tácticos y estratégicos.”. (Lo resaltado es nuestro). “La responsabilidad principal por el diseño, la implantación, la operación, la evaluación, el mejoramiento y el perfeccionamiento del control interno, tal como manda el Artículo 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, es inherente al jerarca y a los titulares subordinados de cada organización. Por su parte, las jefaturas en cada área de la institución deben velar porque las medidas de control específicas relativas a su ámbito de acción sean suficientes y válidas, y porque los funcionarios sujetos a su autoridad jerárquica las apliquen cumplidamente.”. Explicaba el Manual que se reconocen cinco componentes funcionales del sistema de control interno, entre los cuales esta las Actividades de Control, que comprenden todos los métodos, políticas, procedimientos y otras medidas establecidas y ejecutadas como parte de las operaciones para asegurar que se están aplicando las acciones necesarias para manejar y minimizar los riesgos y realizar una gestión eficiente y eficaz. En el caso de marras el acusado, en su condición de Alcalde Municipal no se preocupó por la implementación y/o perfeccionamiento de métodos administrativos que asegurasen la transparencia y eficiencia de los recursos públicos haciendo canon de la ley y de los reglamentos, siendo a ello que se refiere el Tribunal de Sentencia en la fundamentación jurídica cuando indica que el acusado Oscar Eduardo Kilgore López demostró “un comportamiento negligente que dio lugar a que terceras personas se apropiaran de fondos públicos” (f. 3567). Tómese en cuenta además que, mediante la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Estado de Honduras se ha comprometido con la comunidad internacional a adoptar las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. (Art. 9.1 CNACC).- Los contratos de obra pública, suministro de bienes o servicios y de consultoría que celebren los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, se regirán por Ley de Contratación del Estado, en adelante LCE y su respectivo reglamento, en adelante RLCE (Art. 1 LCE).- Específicamente las Alcaldías Municipales, como Órgano de la Administración Pública descentralizada, deben regirse igualmente por la ley mencionada, que dispone que todo contrato suscrito por estas entidades podrán ser acordados por el alcalde o, cuando así lo exija la normativa, por la mayoría simple de los miembros de la Corporación Municipal (Art. 11 LCE); condicionando que las contrataciones deben de ser pactadas con el más alto sentido de calidad y las mejores condiciones de costo (Art. 5 LCE), y con cláusulas y disposiciones claramente establecidas para una correcta ejecución y un debido control (Art. 5 LCE). Como se ha mencionado una de las atribuciones del alcalde es la celebración de contratos (Art. 40.3 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, RLM) en consonancia con el ordenamiento jurídico, el que deberá de observar en el orden por jerarquía contemplado en el reglamento de la Ley de Contratación del Estado (Art. 14 RLCE) y cumpliendo con los principios de la sana y buena administración, respetando los procedimientos previstos en la ley (Art. 4 LCE), estando obligado/a a planificar, programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratación de modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones de costo y calidad; Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condición de celeridad, racionalidad y eficiencia (Art. 5 LCE), para ello la escogencia de la oferta más conveniente al interés general se hará con aplicación del método objetivo de evaluación y comparación que necesariamente se incluirá en el Pliego de Condiciones (Art. 7 LCE); En todos los casos los contratos deberán contener las cláusulas y disposiciones que sean necesarias para su correcta ejecución y debido control (Art. 10 LCE); Los contratos celebrados tendrán el carácter de documentos públicos (Art. 112 LCE). La Administración Municipal debe de optar por uno de los procedimientos de contratación establecidos en la ley, que a partir de la publicación de la Ley de Contratación del Estado (Publicado en Diario Oficial La Gaceta No. 29,583 del lunes 17 de septiembre, 2001) son: Licitación Pública, Licitación Privada o Contratación Directa (Art. 38 LCE), debiendo estarse para su elección a las disposiciones de la LCE en relación a las contenidas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para los respectivos ejercicios fiscales vigentes al momento de efectuarse; Advierte la ley que en ningún caso el objeto de contratación o la ejecución del proyecto será fragmentado, de forma que, mediante la celebración de varios contratos, se eludan o se pretenda eludir los procedimientos de contratación descritos (Art. 25 LCE). Los Presupuestos Generales de Ingresos y Egresos de la República de Honduras para los Ejercicios Fiscales aprobados para los años 2002 a 2006, estaban contenidos en los decretos legislativos: i.- Año 2002: Decreto Legislativo No. 237-2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 31 de diciembre de 2001; ii.- Año 2003: Decreto Legislativo No. 12-2002-E, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 31 de diciembre de 2002; iii.- Año 2004; Decreto Legislativo No. 231-2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 31 de diciembre de 2003; iv.- Año 2005: Decreto Legislativo No. 215-2004, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 31 de diciembre de 2004, el cual estuvo vigente hasta el 14 de mayo de 2006; y v.- Año 2006: Decreto Legislativo No. 32-2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de mayo del 2005, vigente a partir del 15 de mayo de 2006.Las leyes fiscales temporales determinaban las normas de contratación del Estado regentes durante su vigencia, a saber: Cuadro No. 1

AÑO

Rangos de Contratación para Bienes y Servicios

Licitación Pública

Licitación Privada

Contratación Directa

Mayor de L. 250,000.00

Entre L. 100,000.00 y los L. 249,999.99.

Menor de L. 100,000.00

Mayor de L. 250,000.00

Entre L. 100,000.00 y los L. 249,999.99.

Menor de L. 100,000.00

Mayor de L. 250,000.00

Entre L. 100,000.00 y los L. 249,999.99.

Menor de L. 100,000.00

Mayor de L. 250,000.00

Entre L. 100,000.00 y los L. 249,999.99.

Menor de L. 100,000.00

Mayor de L. 250,000.00

Entre L. 100,000.00 y los L. 249,999.99.

Menor de L. 100,000.00

En todo proceso de contratación por Licitación Pública o Privada la autoridad pública responsable debe de nombrar una comisión de análisis y evaluación de ofertas, la que en base a los Pliegues de Condiciones evalué cuál de ellas es la más propia para la adjudicación del contrato (Art. 53 RLCE).- Los contratistas favorecidos deben tener la capacidad legal para contratar con el Estado, de lo contrario los contratos serán nulos (Art. 19 LCE), por ello como requisito formal deberán de presentar declaración jurada de no encontrarse en ninguna de las causales de inhabilitación (Art. 18 LCE), sin perjuicio de las indagaciones que haga la autoridad responsable. En el caso de mérito el acusado Oscar Eduardo Kilgore López, en su condición de alcalde Municipal firmó contratos con veinte (20) personas naturales a las que se les identificó como contratistas, siendo los mismos (Medio de Prueba Documental No. 2): Cuadro No. 2 Contratos Celebrados por la Municipalidad de San Pedro Sula en Concepto de Limpieza Vial en el año 2004 a 2005

Nombre del Contratista

Objeto del Contrato

Fecha de la Firma del Contrato

Vigencia del Contrato

Pago Mensual Estipulado

Valor Total del Contrato

Total, por Contratista

Allan Alexis Romero Bonilla

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Betty Dalila Bonilla Troches

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Claudia Carolina Reyes Yanes

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Emperatriz Rodríguez Umanzor

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Fidel Bonilla Bustillo

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Henry Saul Yánez Vega

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Iris Suyapa Yanes Vega

(Testigo)

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

José Lucas Reyes Sorto

(Testigo)

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Mario Maldonado Rodríguez

(Testigo)

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Marco Antonio Matute Turcios

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Marco Antonio Umanzor Díaz

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

María Magdalena Urbina Meza

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Mauricio Maldonado Rodríguez

(Testigo)

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Ramón Gerardo Mejía Amador

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Reina Maribel Solís Lobo

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Rosa Elvira Acosta

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Rosemary Elizabeth Romero Mallorquín

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Santos Maldonado Zavala

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Sergio Alonso Rivera Buezo

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Sonia Alexander Urbina Bueso

Limpieza Vial

31 de enero de 2004

01 de febrero al 30 de abril de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

L. 340,000.00

Limpieza Vial

30 de abril de 2004

01 de mayo al 31 de Julio de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

31 de Julio de 2004

01 de agosto al 30 de noviembre de 2004

L. 20,000.00

L. 60,000.00

Limpieza Vial

02 de enero de 2005

01 de enero a 30 de abril de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

Limpieza Vial

02 de mayo de 2005

01 de mayo a 31 de agosto de 2005

L. 20,000.00

L. 80,000.00

TOTAL

L. 6,800,000.00

L. 6,800,000.00

Sin considerar la falta de documentación que acredite la aptitud legal de contratar con el Estado por parte de cada una de las veinte personas enumeradas en el cuadro 2 (Art. 15 LCE), es de tener presente que cada una de éstas firmó cinco contratos con la Municipalidad de San Pedro Sula, para la prestación de un servicio de manera continua por diecisiete meses, desde el mes de Febrero de 2004 hasta el mes de agosto de 2005, (a excepción del mes de diciembre de 2004), habiéndose fraccionado los contratos aun cuando la actividad requerida es de necesidad permanente (limpieza vial), eludiendo así la obligación de licitar públicamente la prestación del servicio de limpieza vial (Ver Cuadro 1), y que le generó un egreso a la Municipalidad de seis millones, ochocientos mil lempiras (L. 6,800,000.00) en el periodo señalado. Para honrar las obligaciones contraídas por los contratos enumerados en el Cuadro 2, la Municipalidad de San Pedro Sula, desde el 08 de junio hasta el 06 de Julio de 2004 libró cuarenta (40) cheques directamente a favor de las personas que aparecían en los contratos como “Contratistas”, de los cuales veinte (20) fueron autorizados por el acusado Oscar Eduardo Kilgore López, a saber: Cuadro 3

No, de Cheque

Fecha de Libramiento

Primera Firma Autorizante

Segunda Firma Autorizante

Beneficiario

Institución de Crédito Librada

Monto

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Reina Maribel Solís Lobo

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Claudia Carolina Reyes

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

María Magdalena Urbina Meza

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Iris Suyapa Yanes Vega

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Ramon Gerardo Mejía Amador

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Rosa Elvira Acosta

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Sergio Alonso Rivera Buezo

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Marco Antonio Matute Turcios

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Allan Alexis Romero Bonilla

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Rosemary Elizabeth Romero Mayorquin

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Sonia Alexandra Urbina Meza

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Emperatriz Rodríguez Umanzor

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Santos Maldonado Zavala

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Fidel Bonilla Bustillo

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Betty Dalila Bonilla Troches

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Henry Saul Yánez Vega

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Marco Antonio Umanzor Diaz

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Mauricio Maldonado Rodríguez

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

José Lucas Reyes

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

08/junio/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Mario Maldonado Rodríguez

Banco de los Trabajadores

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Ramon Gerardo Mejía

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Sergio alonso Rivera

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Rosemary Elizabeth Romero

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Mauricio Maldonado

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Marcos Antonio Matute

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

José Lucas Reyes

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Henry Saul Yánez

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Iris Suyapa Yánez

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Mario Maldonado

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Fidel Bonilla

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

María Magdalena Urbina

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Marcos Antonio Umanzor

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Betty Dalila Bonilla

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Claudia Carolina Reyes

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Emperatriz Rodríguez

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Allan Alexis Romero

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Reina Maribel Solís

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Santos Maldonado Zavala

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Rosa Elvira Acosta

BGA

L. 19,950

06/julio/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Sonia Alexandra Urbina

BGA

L. 19,950

TOTAL:

L. 798,000.00

Empero después del 06 de Julio de 2004 el acusado Oscar Eduardo Kilgore López, dispuso una nueva modalidad de pago de los contratos, estableciendo que desde entonces se pagaría en efectivo a los contratistas, por lo que siguiendo tal indicación la Municipalidad de San Pedro Sula libro quince (15) cheques a favor del Señor Julio Valdez (Asistente de Tesorería), quien se encargaría de efectuar dichos pagos; cheques de los que diez (10) de ellos fueron autorizados directamente por el acusado Oscar Eduardo Kilgore López, como se aprecia en el siguiente cuadro:Cuadro 4

No, de Cheque

Fecha de Libramiento

Primera Firma Autorizante

Segunda Firma Autorizante

Beneficiario

Institución de Crédito Librada

Monto

09/Agosto/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Julio Cesar Valdez

Banco de los Trabajadores

L. 399,025.00

12/Noviembre/2004

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Julio Cesar Valdez Méndez

Banco de Occidente

L. 399,500.00

12/Noviembre/2004

Tesorero Municipal

Vice alcalde Municipal

Julio Cesar Valdez Méndez

Banco de Occidente

L. 668,271.63

08/diciembre/2004

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Julio Valdez

Banco de los Trabajadores

L. 399,500.00

07/enero/2005

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Julio Valdez

Banco Atlántida

L. 399,500.00

02/Febrero/2005

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Julio Valdez

Banco de los Trabajadores

L. 399,500.00

02/Marzo/2005

Vice alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Julio Valdez

Banco de los Trabajadores

L. 399,500.00

07/marzo/2005

Tesorero Municipal

Vice alcalde Municipal

Julio Valdez

Banco de los Trabajadores

L. 979,120.14

16/Julio/2005

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Julio Cesar Valdez Méndez

Banco de Occidente

L. 199,750.00

05/septiembre/2005

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Julio Cesar Valdez Méndez

Banco de Occidente

L. 199,750.00

05/septiembre/2005

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Julio Cesar Valdez Méndez

Banco de Occidente

L. 199,750.00

28/Octubre/2005

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Julio Cesar Valdez Méndez

Banco de Occidente

L. 399,500.00

06/Diciembre/2005

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Julio Cesar Valdez Méndez

Banco de Occidente

L. 399,500.00

11/Julio/2005

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Julio Cesar Valdez Méndez

Banco de Occidente

L. 199,750.00

17/Enero/2006

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Julio Cesar Valdez Méndez

Banco de Occidente

L. 399,500.00

TOTAL:

L. 6,041,416.77

La disposición administración del acusado Oscar Eduardo Kilgore, dio acceso a un empleado municipal la cantidad de L. 6,041,416.77, para el pago en efectivo de contratistas, aun en contra de disposición normativa que prohíbe ese tipo de práctica (Art. 118.8 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, RLTSC). Tanto la forma de contratación como la forma de pago, ambas dispuestas por el acusado Kilgore López, dieron la plataforma ideal para que terceras personas pudiesen apropiarse de fondos públicos, todo como consecuencia de la falta de un debido deber de cuidado en la administración de la hacienda municipal; Los testigos Iris Suyapa Yanes Vega, José Lucas Reyes Sorto, Mario Maldonado Rodríguez y Mauricio Maldonado Rodríguez, negaron haber contratado con la Municipalidad para realizar servicios de limpieza vial, declaraciones a las que el Tribunal de Sentencia calificó como creíbles (f. 3560), y por ende por falsos los contratos en donde los testigos figuran como contratistas, sirviendo de mampara para justificar la erogación de dinero público que ascendió a un millón trescientos sesenta mil lempiras exactos (L. 1,360,000.00), que era el valor total por los contratos falseados. En este contexto el Tribunal de Sentencia señaló en la fundamentación jurídica que el delito de Malversación Culposa de Caudales Públicos reprocha un “descuido de las más elementales cautelas y atenciones; asimismo entre la conducta negligente y la sustracción debe existir una relación de causalidad, cuyo resultado antijurídico ha de ser imputable al autor en cuanto hubiese podido preverlo o evitarlo de manera que el resultado no se hubiese producido si el funcionario hubiere actuado con la diligencia y cuidado que le era exigible atendiendo a su deber.” así entonces “el Señor Oscar Eduardo Kilgore, en el marzo de sus funciones y facultades de administración general de la municipalidad […] , por su investidura de alcalde, firmo entre otros, cheques a nombre de otros empleados de la municipalidad, entre ellos julio Cesar Valdez, todos en concepto de pago por limpieza vial, conducta que desde cualquier ángulo manifiesta un comportamiento negligente en la administración de la cosa pública, ya que siendo funcionarios de la alcaldía, por ningún concepto debían percibir pago con recursos municipales […] provocando con ello que terceras personas (funcionarios) se apropiaran de caudales públicos para su beneficio personal…”. Durante la audiencia de debate el Abogado Ramon Enrique Barrios, apoderado defensor del acusado Julio Cesar Valdez, señaló que era un procedimiento normal (Inveterata Consuetudo), aprobado por la Municipalidad de San Pedro Sula, que los cheques fueran expedidos a favor de dos empleados municipales, para que estos realizaran el pago con dinero en efectivo a los contratistas.- Sobre ello es importante anotar que el libramiento de cheques a favor de funcionarios/as Municipales para que éstos realicen el pago en efectivo a Contratistas es contrario a normas legales, normas reglamentarias y normas técnicas que se encontraban en vigencia al momento en que el acusado Kilgore López realizó las conductas cuestionadas y que debían ser observadas en el orden de prelación que dispone el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Concluye la Sala de lo Penal que debe de ser denegado el Segundo motivo interpuesto por el Censor 1, no solo por los graves defectos de forma en su interposición (señalados Ut Supra), sino que además por fondo dado que la razón no está de su lado al apreciarse fundamentación jurídica que alcanza la exigencia legal de suficiencia, no siendo entonces concurrente el vicio de carencia de motivación jurídica. B.- Recurrente 2 Único Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; *Resoluciones Impugnadas: *Sentencia Absolutoria por el delito de Malversación de Caudales Públicos dolosa; *Sentencia absolutoria por el delito de Uso de Documentos Públicos Falsos; *Sentencia Absolutoria por el delito de Falsificación de Documentos Públicos; *Concepto de la Infracción: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la Prueba, las reglas de la Sana Critica; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad dado que el vicio denunciado está presente en la Sentencia definitiva; *Pretensión: Se declare procedente el Recurso, anulando el fallo Recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia. El Ministerio Público, formula reproche respecto a la valoración probatoria que llevó al Tribunal de Sentencia emitir fallo absolutorio por los delitos de: i.- Malversación de caudales públicos dolosa, a favor del Señor Oscar Eduardo Kilgore e Ingmar Gonzales Figueroa, en su condición de autores y a favor del Señor Julio Cesar Valdez, en su condición de cómplice; ii.- Uso de Documentos falsos a favor del acusado Ingmar Gonzales Figueroa, en su condición de autor; y iii.- Falsificación de documentos Públicos, a favor del acusado Rubén Gustavo Bonilla, en su condición de autor. El Censor 2, luego de hacer presentación del recurso procede a relacionar el contenido de la prueba de cargo presentada en la audiencia de debate: 1.-Declaraciones testificales de los Señores: Oscar Guerra Ocampo, Carlos Enrique Zavala Mejía, Luis Napoleón Paz, Iris Suyapa Yanes, José Lucas Reyes Sorto, Mauricio Maldonado Rodríguez, Mario Maldonado Rodríguez; 2.- Prueba documental: i. constancia emitida por la sub gerencia de recursos humanos de la Municipalidad de San Pedro Sula el 23 de junio de 2014, ii. Contratos firmados por entre la Municipalidad de San Pedro Sula y los Señores Alexander Urbina Bueso, Allan Alexis Romero Bonilla, Betty Dalila Bonilla Trochez, Claudia Carolina Reyes Yanes, Emperatriz Rodríguez Umanzor, Fidel Bonilla Bustillo, José Lucas Reyes Sorto, Marco Antonio Matute Turcios, Marco Antonio Umanzor Diaz, Marco Maldonado Rodríguez, María Magdalena Urbina, Mauricio Maldonado, Miriam Bustillo, Ramón Gerardo Mejía Amador, Reyna Solís. Rosa Elvira Acosta, Santos Maldonado Zavala y Sergio Alonso Rivera Bueso; iii. 20 Cheques extendidas en contra de Banco de los Trabajadores con numeración 7146, 7147, 7148, 7149, 7150, 7151, 7152, 7153, 7154, 7155, 7156, 7157, 7158, 7159, 7160, 7161, 7162, 7163, 7164 y 7165, y a favor de diferentes personas, entre ellas Mauricio Maldonado rodríguez, iris Suyapa Yanes Vega, José Lucas Reyes y Mario Maldonado Rodríguez; iv.- 20 cheques extendidos en contra del Banco Grupo El Ahorro Hondureño BGA, con la numeración 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743 y 1744 ya favor de varias personas, entre ellas los Señores Mauricio Maldonado rodríguez, iris Suyapa Yanes Vega, José Lucas Reyes y Mario Maldonado Rodríguez; v.- 15 cheques a favor del acusado Julio Cesar Valdez; vi.- Contratos de servicio de limpieza vial; vii.- documentos soportes para el libramiento de los 20 cheques en contra del Banco de los Trabajadores y para el libramiento de los 20 cheques en contra del Banco BGA; e viii.- Informe de Auditoría Interna del Tribunal Superior de Cuentas. Seguidamente el Censor 2 hace relación de la valoración del Tribunal de Sentencia de los medios de prueba relacionados, para luego afirmar que todas esas valoraciones transgreden la regla lógica de derivación, integrado por el principio de razón suficiente, esto porque los Juzgadores no encontraron responsabilidad en los acusados (por los delitos mencionados líneas arriba), aun cuando a criterio del Censor 2 “se probó fehacientemente los ilícitos en que se fundó la acusación.”, y para efectos de validar tal afirmación el Censor 2 procede a realizar una valoración particular de los medios de prueba, compartiendo consideraciones propias del hecho. Señala que la prueba “hace patente que los acusados Oscar Eduardo Kilgore, Ingmar Gonzales Figueroa y Julio Cesar Valdez, actuaron con conocimiento y voluntad de ejecutar el ilícito de malversación de caudales públicos, así como Ingmar Gonzales Figueroa y Rubén Gustavo Bonilla en los delitos de Uso de documentos Públicos Falsos y Falsificación de documentos públicos.”. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que:“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el Conocimiento Privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la Conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Único Motivo El Único Motivo No Es de Recibo. – El Ministerio Público presenta un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma mediante el cual opone un único motivo alegando indebida valoración de prueba, que dio lugar a que el Tribunal de Sentencia emitiese cinco (5) decisiones judiciales distintas; El Censor Fiscal, aglutina argumentos recursivos que debieron ser planteados de manera separada, pues aun cuando éstos sean basados en un mismo precepto autorizante, cada decisión judicial parte de razonamientos distintos, incumbiendo ser abordados separadamente, con la denuncia individual de los supuestos vicios concurrentes. El Censor 2 debió haber presentado un mínimo de cinco (5) motivos distintos, o cuando menos haber hecho la separación en el libelo, de modo de poder identificar claramente el argumento recursivo opuesto a cada una de las decisiones judiciales: 1. Absolutoria por el delito de Malversación de Caudales Públicos dolosa, imputado al Señor Oscar Eduardo Kilgore, en su condición de Autor; 2. Absolutoria por el Delito de Malversación de Caudales Públicos dolosa, imputado al Señor Ingmar Gonzales, en su condición de autor; 3. Absolutoria por el Delito de Malversación de Caudales Públicos dolosa, imputado al señor Julio Cesar Valdés, en su condición de cómplice; 4. Absolutoria por el Delito de Uso de documentos Públicos Falsos, imputado al Señor Ingmar Gonzales Figueroa, en su condición de Autor; y 5. Absolutoria por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, imputado al Señor Rubén Gustavo Bonilla, en su condición de autor. A la debida separación de motivos se le suma el incorrecto planteamiento del argumento recursivo.- La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; Debe de entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditó los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los/as jueces/zas y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana critica debe es alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana critica que se considere violentada, la explicación del porque el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porque dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe de hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana critica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la/s premisa/s menor/es y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica A Pari o analógica A Fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas Ut Supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; Tarea que no termina allí pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que se considere las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana critica; Ergo el motivo de casación debe de concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del Juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Desafortunadamente el Censor Fiscal se aleja de lo anterior ( y como en muchos otros recursos), expone que la violación del principio lógico es como consecuencia de que la carga probatoria es suficiente para emitir una sentencia condenatoria en contra de todos los acusados por los delitos por los cuales fueron enjuiciados, procediendo a exponer sus propias consideraciones de la prueba y las conclusiones a las que hay que arribar a partir de ésta; El Recurso se basa en los aspectos que considera el Censor 2 fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el Censor 2 acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el Juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. El Censor 2 en su escrito de interposición del Recurso hace un recuento de la prueba reproducida en la audiencia de debate, luego de esto da a conocer como fue valorada por el a-quo, lo que sería un correcto inicio de exposición, pero a partir de aquí se aparta de la debida técnica ya que procede a refutar la valoración judicial, comparándola con una valoración privada, como forma de protesta de que es ésta última la que debió haber aparecido en la sentencia y que por ello la resolución debe de ser casada.- A partir de lo alegado en el Motivo de Casación que nos ocupa, la Sala de lo Penal no tiene duda que el Censor presenta queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un Recurso de Casación. Es importante registrar nuevamente lo ya plasmado en numerosas sentencias de esta Sala de lo Penal (Ver sentencias de fecha 18 de septiembre de 2018 en Exp 429-2014, de fechas 07 de Mayo de 2018 en expedientes 305-2014, 315-2014 y 320-2014, de fecha 29 de marzo de 2017 en Exp 433-2013, de fecha 27 de Enero de 2017 en Exp 151-2013, entre otras), que el Recurso de Casación es una Instancia donde se ejerce control de legalidad, y específicamente tratándose del recurso de casación por quebrantamiento de forma por violación a las reglas de la sana critica, el deber de éste Ad-Quem es auditar que el proceso de razonamiento no riña con las reglas de la sana critica, con independencia de la justicia del contenido de la valoración, lo cual es exclusivo de los Tribunales de Primera Instancia (y en los procesos de Flagrancia y procesos abreviados, de los Tribunales de Segunda Instancia); el recurso no tiene por objeto revalorar la prueba, sino hacer un análisis de aquella valoración hecha por los juzgadores en la que apoyo su decisión y constatar si esta ofende a las reglas de la sana critica, de modo que el Tribunal de Casación se limita a realizar revisión sobre la propiedad del razonamiento y no sobre su razón. V. DECISIÓN 1. Censor 1: No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos; y 2. Censor 2: No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único. V. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No ha Lugar los dos motivos del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto el Abogado Rubén Solano Parada, en su condición de apoderado defensor privado del acusado Oscar Eduardo Kilgore López; Segundo: Declara No ha Lugar el motivo único del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Ministerio Público; Tercero: Se declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha dos (02) de Febrero de dos mil dieciséis (2016) (f. 3553), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.- Y Manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal Colegiado de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-165-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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