Sentencia CP-161-17 — Registro 11512
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado como autor material de tres delitos de Asesinato. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Cuando se interpone un recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; debe, como labor primera, identificar qué regla de la sana crítica es la infringida. (Ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, el recurrente deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, no tiene la cualidad de respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. Sucede, en el caso actual, que el recurrente no interpone un recurso que identifique en primer término el postulado intelectivo que considera infringe la regla de la lógica como cita en su recurso, pues se limita a hacer alegatos propios de instancia en relación a la declaración del testigo protegido tales como: “…se le otorga credibilidad probatoria, a pesar de las graves inconsistencias que muestra el relato de la testigo protegida y que oportunamente fueron señaladas por la defensa pública del imputado…” “… que el resto de pruebas ponen en duda la veracidad de su relato…” “…no reúne ninguna de las pautas de confianza…” “…por otra parte la declaración de la TESTIGO PROTEGIDA CLAVE “A”, resulta extremadamente inverosímil y por tanto carente de credibilidad, pues es inadmisible que alguien, en su sano juicio, permanezca voluntariamente, desprotegida, de manera visible y por espacio de unos 10 minutos, observando una masacre en la que, para no dejar testigos, ella también podía convertirse en víctima…”. Estos alegatos no son potenciales para que esta Sala de lo Penal determine si la valoración probatoria es respetuosa o no de las reglas de la sana crítica. Resta aún más eficacia al recurso, el que el censor realice una valoración probatoria alternativa de la prueba, pues esa función valorativa compete única y exclusivamente al Tribunal de Sentencia (Artículo 336 del Código Procesal Penal), quien realiza los principios de contradicción, inmediación, publicidad, oralidad y defensa que rigen la actividad de la prueba. El censor no puede pretender, con éxito, que su recurso prospere determinando desde su particular visión cuál es el alcance conviccional que tiene un medio de prueba, pues esa labor compete al sentenciador, quien alcanza un estado intelectivo -negativo o positivo- en relación a la prueba, y justifica motivadamente las razones por las cuales llegó a esa conclusión. El censor del fallo hace alegatos recursivos que no logran en manera alguna identificar, explicar y comprobar la lesión a las reglas citadas como infringidas, pues son simples alegatos que cuestionan la prueba evacuada en el debate y no así el razonamiento judicial. Al haber sido estas las cuestiones objeto de impugnación, la Sala de lo Penal deviene obligada a desestimar el recurso..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 161-2017, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de junio del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Marcos Vidal Mejía Espinal, como responsable penalmente a título de autor material de tres delitos de Asesinato, en perjuicio de los señores Jesús Alberto Suazo Núñez, Oscar David Amador Rodríguez y Josué David Andrade Ponce, a la pena de sesenta años de reclusión. SEGUNDO: Condenó al señor Marcos Vidal Mejía Espinal, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: Se declaró al señor Marcos Vidal Mejía Espinal, responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por los delitos por lo que es condenado. CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al señor Marcos Vidal Mejía Espinal. QUINTO: No se ordena el comiso. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma la Abogada Suyapa Concepción Torres Aguilera, actuando en su condición de defensora pública del señor Marcos Vidal Mejía Espinal. Son partes en única instancia: La Abogada Suyapa Concepción Torres, defensora pública en su condición de recurrente y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. Hechos Probados de la Instancia “UNICO: Que en fecha 27 de noviembre del 2013 a eso de la tres de la tarde se encontraban platicando en el sector 5 a una cuadra de la escuela Naciones Unidas, de la colonia villa nueva, los jóvenes JESUS ALBERTO SUAZO NUÑEZ, OSCAR DAVID AMADOR RODRIGUEZ y JOSUE DAVID ANDRADE PONCE, donde llego MARCO VIDAL MEJIA ESPINAL conocido como PANCHO, junto con dos personas, con armas de fuego, momento en que los sometieron y los condujeron a un callejón cercano e identificado como callejón de la muerte, donde los golpearon, minutos después regresaron con ellos al mismo lugar donde los habían encontrado y sin mediar palabra MARCOS y sus acompañantes les dispararon en diferentes partes del cuerpo, los que les provocaron la muerte.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Suyapa Concepción Torres, defensora pública, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Por inobservancia, por parte del Juzgador, de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, autoriza la interposición del presente recurso el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: En el juicio oral y público en el que fue juzgado el señor MARCO VIDAL MEJÍA ESPINAL a quienes se le atribuye haberles quitado la vida violentamente a los señores JESÚS ALBERTO SUAZO NÚÑEZ, ÓSCAR DAVID AMADOR RODRÍGUEZ y JOSUÉ DAVID ANDRADE PONCE, el ente acusador, no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda razonable, la imputación en contra de dicho señor, produjo una muy raquítica aportación de pruebas de cargo, pues de relevancia para la tesis acusatoria únicamente ofreció la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE “A”, misma que es valorada por el Tribunal de manera conjunta con los resultados de las autopsias realizadas a los cuerpos sin vida de las victimas y al Dictamen Balístico. SEGUNDO: Es en la valoración de dicha prueba en donde el Juzgador, flagrantemente, viola las reglas de la sana crítica en su principio lógico de razón suficiente, según el cual toda afirmación, para que sea tenida como cierta, debe contar con suficiente fundamento que la justifique y la conclusión a la que arribó el Juzgador al valorar la declaración de la TESTIGO PROTEGIDO CLAVE “A” está desprovista de suficiente justificación. TERCERO: El Tribunal, por mayoría de sus miembros, en el numeral PRIMERO del apartado VALORACIÓN DE LA PRUEBA, del fallo recurrido, expresa su criterio concluyente en relación al valor de convicción otorgado a la declaración rendida por la TESTIGO PROTEGIDA CLAVE “A”, inicia reconociendo que esta declaración testifical es la prueba toral que sustenta el fallo de condena, a ella, la mayoría del Tribunal, le otorga credibilidad probatoria, a pesar de las graves inconsistencias que muestra el relato de la testigo protegida y que oportunamente fueron señaladas por la defensa pública del imputado, entre ellas la evidente falta de correspondencia entre la descripción física que ella hace del imputado y su apariencia real, especialmente en relación a su estatura, además de la disparidad entre la declaración rendida por la testigo protegida en el juicio oral y público y la realizada por ella misma en audiencias previas, en donde no proporciona datos de la dirección del imputado, pero sí lo hace en juicio, por otra parte la distancia (media cuadra) que ella refiere se encontraba de los hechos, resulta ilógico que hubiera observado en detalles los acontecimientos en los que lamentablemente perdieron la vida los señores JESÚS ALBERTO SUAZO NÚÑEZ, ÓSCAR DAVID AMADOR RODRÍGUEZ y JOSUÉ DAVID ANDRADE PONCE, sin embargo, la mayoría del Tribunal ante la señalada y contundente porosidad probatoria niega que ella tenga relevancia, pues, para el Juzgador, la declaración de la TESTIGO PROTEGIDA CLAVE “A” se complementa con las autopsias de los cadáveres de los ofendidos y con el Dictamen Balístico en cuanto a la trayectoria que presentaban los orificios encontrados en los cuerpos de las víctimas. CUARTO: La mayoría del Tribunal de juicio, tomando como sustento decisivo la declaración de la TESTIGO PROTEGIDO CLAVE “A” en el HECHO ÚNICO PROBADO, declaró terminantemente acreditado que: “UNICO: Que en fecha 27 de noviembre del 2013 a eso de la tres de la tarde se encontraban platicando en el sector 5 a una cuadra de la escuela Naciones Unidas, de la colonia villa nueva, los jóvenes JESUS ALBERTO SUAZO NUNEZ, OSCAR DAVID AMADOR RODRIGUEZ y JOSUE DAVID ANDRADE PONCE, donde llego (sic) MARCO VIDAL MEJIA ESPINAL conocido como PANCHO, junto con dos personas, con armas de fuego, momento en que los sometieron y los condujeron a un callejón cercano e identificado como callejón de la muerte, donde los golpearon, minutos después regresaron con ellos al mismo lugar donde los habían encontrado y sin mediar palabra MARCO y sus acompañantes les dispararon en diferentes partes del cuerpo, los que les provocaron la muerte”. QUINTO: La conclusión a la que arriba la mayoría del Tribunal de juicio, y que antes transcribimos, no cuenta con un adecuado sustento probatorio, por lo que dictar sentencia condenatoria en contra del señor MARCO VIDAL MEJÍA ESPINAL por el delito de ASESINATO en perjuicio de los señores JESÚS ALBERTO SUAZO NÚÑEZ, ÓSCAR DAVID AMADOR RODRÍGUEZ y JOSUÉ DAVID ANDRADE PONCE, viola las reglas de la sana crítica en su principio lógico de razón suficiente; afectando gravemente el fundamental derecho a la presunción de inocencia que le asiste al imputado. SEXTO: El vicio denunciado se evidencia, porque el fallo condenatorio está sostenido, decisivamente, en la declaración rendida por un solo testigo (PROTEGIDO CLAVE “A”), pero su narración está desprovista de otros elementos fácticos que la confirmen, pues aún cuando la mayoría del Tribunal, al valorar dicha prueba, afirma que lo declarado por la referida testigo se complementa con otras pruebas, lo cierto es que, contrario a ello, el resto de pruebas ponen en duda la veracidad de su relato, por ello la mayoría del Tribunal al respaldar un fallo de condena con tan endeble sustento, viola las reglas de la sana crítica en su principio lógico de razón suficiente, pues si bien reconocemos que, en el sistema de valoración de prueba de la sana crítica, es posible enervar la presunción de inocencia de un imputado con la declaración única de un testigo, pero siempre que se reúnan ciertos requisitos que doten a la declaración de plena credibilidad, ya que como bien lo señala el profesor de la Facultad de Psicología y Derecho de la Universidad de Barcelona, Doctor Miguel Ángel Soria Verde, en el Manual de Psicología Jurídica e Investigación Criminal, “desde los inicios de la psicología experimental, los psicólogos han intentado alertar sobre la posibilidad de que la evidencia facilitada por los testigos en las salas de justicia no fuese una prueba tan confiable como se pensaba”. Sobre ese mismo tema, también la doctrina jurídica se ha pronunciado y así tenemos que el Doctor JOSE I. CAFFERATA NORES en su obra, LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL, dice que, “La amplia capacidad testimonial, solo se concibe frente a la correspondiente contrapartida de una valoración rigurosa, sobre todo, desde que se pudo verificar que, además de la mendacidad deliberada, también pueden estar plagados de errores los testimonios de personas que narran con plena buena fe con el propósito honesto de decir verdad”. SÉPTIMO: Por lo anterior y para evitar o disminuir esos riesgos que se presentan en la valoración de la prueba testifical y especialmente cuando se trata, como en el presente caso, de un medio de prueba decisivo en el que se basa el fallo de condena, ese testimonio debe reunir ciertas pautas para dotarlo de plena credibilidad, destacándose entre ellas la siguientes: 1) La ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las previas relaciones entre el acusado y el testigo; 2) Verosimilitud del testimonio dado por la concurrencia de corroboradores periféricos de carácter objetivo que avalen el testimonio. OCTAVO: Resulta, Honorables Magistrados, que la declaración de la TESTIGO PROTEGIDA CLAVE “A”, en cuanto a la dinámica de los hechos y a la identificación de los autores de la muerte de los señores JESÚS ALBERTO SUAZO NÚÑEZ, ÓSCAR DAVID AMADOR RODRÍGUEZ y JOSUÉ DAVID ANDRADE PONCE, no reúne ninguna de las pautas de confianza señaladas en el numeral anterior, pues con relación a la ausencia de incredibilidad subjetiva, para el imputado y su defensa no nos fue posible señalarle a la testigo algún móvil espurio que la indujera a declarar en contra del imputado, porque a pesar de que en su declaración se evidenciaba un posible interés en los resultados del juicio, la condición de testigo protegida impidió conocer y señalarle esa ilegítima motivación; por otra parte la declaración de la TESTIGO PROTEGIDA CLAVE “A”, resulta extremadamente inverosímil y por tanto carente de credibilidad, pues es inadmisible que alguien, en su sano juicio, permanezca voluntariamente, desprotegida, de manera visible y por espacio de unos 10 minutos, observando una masacre en la que, para no dejar testigos, ella también podía convertirse en víctima, asimismo, contrario a lo afirmado por la mayoría del Tribunal, el relato de la TESTIGO PROTEGIDA CLAVE “A” resulta refutado por los hallazgos de las autopsias a que fueron sometidos los cadáveres de la víctimas y por las conclusiones del dictamen balístico, ya que, según la testigo, los ofendidos recibieron los disparos cuando se encontraban hincados y sus agresores de pie, entonces los trayectos de las balas debieron ser, necesariamente, de arriba hacia abajo, pero los resultados de las mencionadas pruebas científicas dan cuenta que los occisos mostraban disparos con trayectorias de abajo hacia arriba, tales resultados científicos niegan la veracidad de la versión de la referida testigo, misma que aparece huérfana de otros corroboradores periféricos que la confirmen, frente a ello el imputados ofreció prueba testifical de descargo (testigos Esther Esperanza Ruiz Vásquez y Amado Edgardo Armijo Mejía) quienes dan cuenta que, al momento de los hechos, el imputado se encontraba en su casa junto a su familia y al señor Amado Edgardo Aguijó Mejía, derivar la participación de él a partir de tan endeble prueba, como efectivamente lo hace la mayoría del Tribunal, implica un quebranto a las reglas de la sana crítica en su principio lógico de razón suficiente. NOVENO: El vicio denunciado en el presente recurso de casación es coincidente con el acertado criterio de la Juez disidente, quien en su voto particular sostiene que el fallo debió ser absolutorio por falta de credibilidad en la decisiva declaración de la TESTIGO PROTEGIDA CLAVE “A”, ya que su relato resulta incongruente y no brinda certeza para dictar un fallo condenatorio, pues al ser analizado en conjunto con toda la prueba, especialmente con la científica, no encuentra sustento más que para acreditar la muerte violenta de las tres víctimas, aunado a ello las pruebas de descargo dan cuenta que el imputado se encontraba en su casa de habitación al momento de los hechos. DÉCIMO: Por lo anterior es criterio de la defensa pública del señor MARCO VIDAL MEJÍA ESPINAL que el vicio denunciado debe ser enmendado por la Sala Penal, anulando el fallo impugnado y el juicio oral en el que se dictó, ordenado la celebración de uno nuevo en el que las pruebas sean valoradas con apego estricto a las reglas de la sana crítica. RECLAMACIÓN HECHA PARA LA CORRECCIÓN DEL VICIO Siendo que el vicio que provoca la interposición del presente recurso se produce en el momento en que el Tribunal valora la prueba, por ello no hubo reclamación previa.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa pública. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por el recurrente; *Concepto de la infracción expuesto: Inobservancia por parte del juzgador, de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba; *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; *Pretensión: Anular el fallo impugnado y el juicio oral en el que se dictó. Denuncia la recurrente, que la imputación en contra del imputado, produjo una raquítica aportación de pruebas de cargo, pues de relevancia para la tesis acusatoria únicamente ofreció la declaración del testigo protegido clave A, misma que fue valorada de manera conjunta con los resultados de las autopsias y de balística; valoración que el juzgador flagrantemente, viola las reglas de la sana crítica en su principio lógico de razón suficiente, a razón que la conclusión arribada por la mayoría de juzgadores en la valoración de la declaración del testigo protegido está desprovista de suficiente justificación; a pesar de las graves inconsistencias que muestra el relato de la testigo protegido, quien a criterio del censor, no reúne ninguna de las pautas de confianza. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Cuando se interpone un recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; debe, como labor primera, identificar qué regla de la sana crítica es la infringida. (Ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, el recurrente deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, no tiene la cualidad de respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. Sucede, en el caso actual, que el recurrente no interpone un recurso que identifique en primer término el postulado intelectivo que considera infringe la regla de la lógica como cita en su recurso, pues se limita a hacer alegatos propios de instancia en relación a la declaración del testigo protegido tales como: “…se le otorga credibilidad probatoria, a pesar de las graves inconsistencias que muestra el relato de la testigo protegida y que oportunamente fueron señaladas por la defensa pública del imputado…” “… que el resto de pruebas ponen en duda la veracidad de su relato…” “…no reúne ninguna de las pautas de confianza…” “…por otra parte la declaración de la TESTIGO PROTEGIDA CLAVE “A”, resulta extremadamente inverosímil y por tanto carente de credibilidad, pues es inadmisible que alguien, en su sano juicio, permanezca voluntariamente, desprotegida, de manera visible y por espacio de unos 10 minutos, observando una masacre en la que, para no dejar testigos, ella también podía convertirse en víctima…”. Estos alegatos no son potenciales para que esta Sala de lo Penal determine si la valoración probatoria es respetuosa o no de las reglas de la sana crítica. Resta aún más eficacia al recurso, el que el censor realice una valoración probatoria alternativa de la prueba, pues esa función valorativa compete única y exclusivamente al Tribunal de Sentencia (Artículo 336 del Código Procesal Penal), quien realiza los principios de contradicción, inmediación, publicidad, oralidad y defensa que rigen la actividad de la prueba. El censor no puede pretender, con éxito, que su recurso prospere determinando desde su particular visión cuál es el alcance conviccional que tiene un medio de prueba, pues esa labor compete al sentenciador, quien alcanza un estado intelectivo -negativo o positivo- en relación a la prueba, y justifica motivadamente las razones por las cuales llegó a esa conclusión. El censor del fallo hace alegatos recursivos que no logran en manera alguna identificar, explicar y comprobar la lesión a las reglas citadas como infringidas, pues son simples alegatos que cuestionan la prueba evacuada en el debate y no así el razonamiento judicial. Al haber sido estas las cuestiones objeto de impugnación, la Sala de lo Penal deviene obligada a desestimar el recurso. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su único motivo; interpuesto por la Abogada Suyapa Concepción Torres Aguilera, actuando en su condición de defensora pública del señor Marcos Vidal Mejía Espinal. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha seis de junio del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Marcos Vidal Mejía Espinal, como responsable penalmente a título de autor material de tres delitos de Asesinato, en perjuicio de los señores Jesús Alberto Suazo Núñez, Oscar David Amador Rodríguez y Josué David Andrade Ponce. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-161-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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