Sentencia CP-158-17 — Registro 11510
Resumen
En primera instancia se condeno a los imputado por el delito de Robo Agravado. Resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto, por una parte, es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal, para ello, el legislador a previsto tres tipos de recursos de casación: Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de las Formas Procesales. En una debida técnica recursiva, el censor en primer lugar debe precisar el tipo de recurso de casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere adolece la sentencia que impugna, seguidamente debe de explicar los defectos legales y materiales que provoca el vicio mediante el desarrollo de motivos, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste. Tratándose particularmente del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el recurrente deberá: 1. Justificar la interposición del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, (recurso ordinario), como consecuencia de la falta de previsión del vicio a denunciar en las causales previstas en los recursos de casación por Infracción de Ley, de doctrina legal o de quebrantamiento de forma (recursos extraordinarios). Es pues que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional deberá de ser planteado siempre en defecto de la imposibilidad de interponer aquellos recursos que de manera especial prevén el vicio que se pretenda denunciar; 2. Indicar la norma constitucional o del bloque constitucional que se considere ha sido violada por: inobservancia, indebida aplicación, indebida interpretación o aplicación con alcances restrictivos no contemplados en ella; 3. Exponer de manera clara y precisa el vicio denunciado, como éste se relaciona con la norma constitucional o del bloque constitucional que se considera violentada y principalmente cuales son los efectos legales y necesariamente materiales de dicha violación; 4. En el caso de que el vicio sea de carácter procesal penal, el censor deberá de enumerar los remedios legales o materiales intentados para subsanar o sanear el vicio; 5. Expresión clara de la pretensión perseguida con la interposición del recurso; tal pretensión deberá de ser consecuente con la naturaleza de la norma constitucional o de bloque constitucional y con el vicio denunciado. En todos los casos será indispensable que el censor sea claro en su exposición y preciso en su argumentación, por ello, en caso de considerar la violación de más de una norma constitucional o del bloque constitucional y/o la concurrencia de más de un vicio, deberá de hacer la denuncia con la debida separación de cada uno de sus argumentos, a efecto de que se distinga con claridad cada uno de ellos y las consecuentes pretensiones. En el caso subjudice, el recurrente presenta un recurso sin ninguna técnica, alega vulneración de la presunción de inocencia, sin desarrollar en su recurso, si ese agravió se ha debido a: 1) Ilicitud de la prueba; 2) Indebido proceso probatorio; 3) Indebida motivación; 4) Indebido razonamiento probatorio; 5) Insuficiencia carga probatoria. Menos se evidencia en el escrito del recurso, cuál de las normas contenidas en el Código Procesal Penal, para ser más específico, las señaladas en el título IV de su libro tercero que contiene la sustanciación de la etapa de juicio y en particular el debate han sido transgredido para invocar la violación al debido proceso legal; de lo que se ocupa el recurrente, es de exponer lo declarado por los testigos de cargo, que junto al resto de prueba, no resulta posible quebrantar el estado de inocencia, menos el debido proceso, todo a partir de una valoración personal y subjetiva. Para la Sala de lo Penal es claro que el recurrente acude al motivo referido como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria (revisio de facto) como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren la prueba, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces de la Instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única Instancia, todo ello impropio. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica Por otra parte el recurrente no realizó la debida separación de sus argumentos dado que bajo un mismo título hace denuncia de varios vicios diferentes (Inocencia y debido proceso); suma el hecho, de no hacer una exposición científica del porque considera que cada una de las normas constitucionales enumeradas han sido violentadas, sino que solamente hace alusión de las mismas de manera abstracta y poco inteligible. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que ésta no fue debidamente definida por el recurrente, esto por una deficiente técnica recursiva..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 158-2017, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a los señores Edgardo Omar Amador Cárcamo y Caterine Yamileth Andrade Ávila, como autores del delito de Robo Agravado, en perjuicio del Testigo Protegido Misterio a la pena principal de seis años, ocho meses de reclusión. Condenó por el delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio del Testigo Protegido Faraón a la pena principal de trece años, cuatro meses de reclusión. SEGUNDO: Condenó a los señores Edgardo Omar Amador Cárcamo y Caterine Yamileth Andrade Ávila a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: Declaró a los señores Edgardo Omar Amador Cárcamo y Caterine Yamileth Andrade Ávila responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. CUARTO: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No declaró el comiso. SEXTO: Absolvió a los señores Edgardo Omar Amador Cárcamo y Caterine Yamileth Andrade Ávila, del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras por el cual se le ha acusado. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado Fredy Fuentes, actuando en su condición de defensor público de los señor Edgardo Omar Amador Cárcamo y Caterine Yamileth Andrade Ávila. Son partes en única instancia: El Abogado Fredy Fuentes, defensor público, en su condición de recurrente y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“PRIMERO: El día domingo diez de enero del año dos mil dieciséis, aproximadamente a las cinco de la mañana, el Testigo Protegido Misterio conducía un vehículo tipo taxi propiedad del Testigo Protegido Faraón, dirigiéndose desde la zona del Carrizal hacia la colonia Alemán, ubicada en Tegucigalpa. Cuando iba por la colonia Las Vegas, los señores Edgardo Omar Amador Cárcamo y Caterine Yamileth Andrade Ávila junto con otra joven, le hicieron señal de parada y Caterine le pidió que les hiciera una carrera hasta el Centro Comercial Metromall, a lo cual accedió el Testigo Protegido Misterio y acordaron el precio respectivo, subiéndose a la par del conductor el señor Edgardo Omar Amador Cárcamo y en la parte trasera se ubicaron la joven Caterine Yamileth Andrade Ávila y la otra joven, luego de lo cual el Testigo Protegido Misterio arrancó el vehículo. SEGUNDO: Cuando el Testigo Protegido Misterio conducía el vehículo a la altura del negocio Despensa Familiar, ubicada en la colonia El Pedregal, de Tegucigalpa, la joven Caterine Yamileth Andrade Ávila le colocó un puñal en la nuca al Testigo Protegido Misterio, diciéndole que parara el vehículo, sin embargo, el Testigo Protegido Misterio no paró, sino que aceleró el mismo. En esos momentos, el señor Edgardo Omar Amador Cárcamo le dijo que parara el vehículo, haciendo un ademán de sacar algo de la cintura, ante lo cual el Testigo Protegido Misterio detuvo el vehículo, ordenándole Edgardo que se pasara a la parte trasera. Cuando el Testigo Protegido Misterio se bajó para pasarse a la parte trasera, observó a unas personas que salían de un callejón, entonces salió corriendo pidiendo auxilio, ante lo cual, el señor Edgardo Omar Amador Cárcamo tomó el control del vehículo y junto con Caterine y la otra joven se fue en dirección al boulevard Kuwait, llevándose el vehículo junto con el celular, dinero y pertenencias personales que el Testigo Protegido Misterio llevaba en el interior del mismo; en tanto, el Testigo Protegido Misterio logró ser auxiliado por una persona que se conducía en una motocicleta y se dirigió a la posta policial a presentar la denuncia respectiva.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Fredy Fuentes, defensor público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción de los preceptos Constitucionales contenidos en los artículo 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna personas podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Articulo 2. “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente y de conformidad con las normas de este código…….”. SEGUNDO: En el acápite valoración de la prueba de la sentencia recurrida, el sentenciador establece que se ha podido verificar que las versiones de ambos testigos protegidos son congruentes unas con otras, no solamente en que el hecho sucedió, sino que el Testigo Protegido Misterio reconoció a las personas que detuvieron como los que participaron en el hecho. Cabe señalar que dicho testigo protegido señalo que la persona que le detuvo era una joven trigueña, tal como efectivamente es la acusada Caterine, lo cual pudo verificar este Tribunal por la inmediación que permite el juicio oral, y que a dicha joven se le decomiso un arma blanca, tal como consta en el acta correspondiente, dicho razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y al debido proceso, ya que dichas declaraciones en mención no se corrobora por ninguna otra prueba periférica, que establezca que su dichos sean ciertos. TERCERO: Con la declaración del Testigo protegido Misterio, quien es clave en este proceso manifestó que conducía un taxi en el cual tres personas le solicitaron una carrera y que en el transcurso del trayecto trataron de quitarle las cosas, pues en su declaración y reconocimiento el cual es vago que únicamente se limita a decir de que una de las personas no era ni tan bajo ni tan alto, y que tenia barros en la cara y al ver las características físicas que tenemos, aquí como acusados y no concuerdan. De acuerdo al reconocimiento y las características de una de las imputadas se limita a decir que es una persona trigueña y que otra era más blanca cuando sabemos que en nuestro haber existen miles de personas con esas características, y las mismas no determinan ni individualizan que nuestros representados hayan estado ese día y hayan participado del hecho que se les acusa. Y el testigo protegido faraón únicamente nos viene a acreditar que el es el dueño del taxi del que fue despojado el testigo protegido Misterio o sea que el no conoce nada de los hechos. En consecuencia a mis representados no se les ha encontrado en ninguna posesión del taxi, no ha sido determinado con certeza o individualizada la participación de los hoy imputados Edgardo Omar Amador Cárcamo y Caterine Andrade Ávila en los delitos que se les viene imputando. CUARTO: En el caso de nuestro representados EDGARDO OMAR AMADOR CARCAMO Y CATERINE YAMILETH ANDRADE AVILA, no existe ninguna otra prueba que lo ligue con el delito que los acusan, por lo que tampoco existen pruebas suficientes para condenarlo por el delito que nos ocupa, en tal sentido, la reconocida jurista española María Félix Tena Aragón en su obra manual de derechos constitucional, pagina 34, inciso 7 establece: “este derecho en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, mas allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas”. QUINTO: En el caso subjudice, el razonamiento del sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con la prueba presentada en juicio se condena a mi representado en una clara violación a la presunción de inocencia y al debido proceso, por una insuficiencia probatoria, ya que los testigos no parten de hechos plenamente probados, ya que sus dichos no son corroborados por otras pruebas, y según el artículo 89 de la Constitución de la República no permite que se trate como culpable a una persona que se le imputa un delito cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el estado a través de los órganos jurisdiccionales no pronuncie sentencia penal firme, que declare la culpabilidad del acusado, lo cual se vincula con el juicio previo. Pero en apariencia dicha versión no es respaldada por medio de prueba alguno durante la audiencia del juicio quedando la misma huérfana de apoyo probatorio, ya que con el resto de la prueba documental evacuada no es posible inferir de forma lógica y razonable la participación de los imputados EDGARDO OMAR AMADOR CARCAMO Y CATERINE YAMILETH ANDRADE AVILA, por existir un evidente vacio probatorio, que imposibilita sustentar la declaración de culpabilidad, en una clara violación a la presunción de inocencia, por una insuficiencia probatoria. El estado de principio de inocencia, recogido en el artículo 89 de la Constitución de la República, en relación con el aspecto procesal, en materia probatoria, implica, que toda condena debe ir siempre precedida por el desarrollo de una actividad probatoria, además significa que las pruebas en las que se base la decisión de condena han de merecer ese concepto jurídico y ser constitucionalmente legitima. Finalmente supone que la carga de esa actividad probatoria pesa sobre los acusadores y que no existe una carga para el acusado sobre la prueba de su inocencia, según lo regulan los artículos 26, párrafo primero de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 89 de la Constitución de la República de Honduras y el 2 del Código Procesal Penal. Sin la prueba de cargo, no cabe imponer sentencia condenatoria alguna, Es por ello, que después de lo analizado anteriormente, al no haber acreditado el Ministerio Publico los extremos en que funda su acusación ya que su actividad probatoria resulto insuficiente para enervar ese estado de inocencia, procede entonces dictar un fallo absolutorio de la responsabilidad penal de los señores EDGARDO OMAR AMADOR CARCAMO Y CATERINE YAMILETH ANDRADE AVILA.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa pública. Único motivo *Precepto autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Violación al principio de inocencia y del derecho fundamental a un debido proceso judicial. *Remedio de Subsanación o Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Sin determinar por el censor. *Pretensión: Dictar fallo absolutorio. El recurrente inicia su planteamiento haciendo cita del contenido de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República; señalándolos como infringidos por el Tribunal de Sentencia; el cual, realiza razonamientos en franca violación, a razón de considerar las declaraciones testificales, sin que se puedan corroborar por ninguna otra prueba periférica, que establezca que sus dichos sean ciertos; que a su representados no se les encontró en posesión del taxi del que fue despojado el testigo protegido, que no se ha determinado con certeza o individualizada la participación de los hoy imputados en los delitos acusados. De la Procedencia del Recurso. El recurso No es de Recibo. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto, por una parte, es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal, para ello, el legislador a previsto tres tipos de recursos de casación: Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de las Formas Procesales. En una debida técnica recursiva, el censor en primer lugar debe precisar el tipo de recurso de casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere adolece la sentencia que impugna, seguidamente debe de explicar los defectos legales y materiales que provoca el vicio mediante el desarrollo de motivos, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste. Tratándose particularmente del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el recurrente deberá: 1. Justificar la interposición del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, (recurso ordinario), como consecuencia de la falta de previsión del vicio a denunciar en las causales previstas en los recursos de casación por Infracción de Ley, de doctrina legal o de quebrantamiento de forma (recursos extraordinarios). Es pues que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional deberá de ser planteado siempre en defecto de la imposibilidad de interponer aquellos recursos que de manera especial prevén el vicio que se pretenda denunciar; 2. Indicar la norma constitucional o del bloque constitucional que se considere ha sido violada por: inobservancia, indebida aplicación, indebida interpretación o aplicación con alcances restrictivos no contemplados en ella; 3. Exponer de manera clara y precisa el vicio denunciado, como éste se relaciona con la norma constitucional o del bloque constitucional que se considera violentada y principalmente cuales son los efectos legales y necesariamente materiales de dicha violación; 4. En el caso de que el vicio sea de carácter procesal penal, el censor deberá de enumerar los remedios legales o materiales intentados para subsanar o sanear el vicio; 5. Expresión clara de la pretensión perseguida con la interposición del recurso; tal pretensión deberá de ser consecuente con la naturaleza de la norma constitucional o de bloque constitucional y con el vicio denunciado. En todos los casos será indispensable que el censor sea claro en su exposición y preciso en su argumentación, por ello, en caso de considerar la violación de más de una norma constitucional o del bloque constitucional y/o la concurrencia de más de un vicio, deberá de hacer la denuncia con la debida separación de cada uno de sus argumentos, a efecto de que se distinga con claridad cada uno de ellos y las consecuentes pretensiones. En el caso subjudice, el recurrente presenta un recurso sin ninguna técnica, alega vulneración de la presunción de inocencia, sin desarrollar en su recurso, si ese agravió se ha debido a: 1) Ilicitud de la prueba; 2) Indebido proceso probatorio; 3) Indebida motivación; 4) Indebido razonamiento probatorio; 5) Insuficiencia carga probatoria. Menos se evidencia en el escrito del recurso, cuál de las normas contenidas en el Código Procesal Penal, para ser más específico, las señaladas en el título IV de su libro tercero que contiene la sustanciación de la etapa de juicio y en particular el debate han sido transgredido para invocar la violación al debido proceso legal; de lo que se ocupa el recurrente, es de exponer lo declarado por los testigos de cargo, que junto al resto de prueba, no resulta posible quebrantar el estado de inocencia, menos el debido proceso, todo a partir de una valoración personal y subjetiva. Para la Sala de lo Penal es claro que el recurrente acude al motivo referido como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria (revisio de facto) como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren la prueba, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces de la Instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única Instancia, todo ello impropio. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica Por otra parte el recurrente no realizó la debida separación de sus argumentos dado que bajo un mismo título hace denuncia de varios vicios diferentes (Inocencia y debido proceso); suma el hecho, de no hacer una exposición científica del porque considera que cada una de las normas constitucionales enumeradas han sido violentadas, sino que solamente hace alusión de las mismas de manera abstracta y poco inteligible. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que ésta no fue debidamente definida por el recurrente, esto por una deficiente técnica recursiva. V. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo; interpuesto por el Abogado Fredy Fuentes, actuando en su condición de defensor público de los señores Edgardo Omar Amador Cárcamo y Caterine Yamileth Andrade Ávila. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de los señores Edgardo Omar Amador Cárcamo y Caterine Yamileth Andrade Ávila, por los delitos de Robo Agravado y Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio de Testigo Protegido Misterio y Testigo Protegido Faraón respectivamente; asimismo del pronunciamiento absolutorio por el delito de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-158-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.