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Sentencia CP-156-17 — Registro 11989

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Prohibida en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO ES DE RECIBO. El recurrente expone en su recurso que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en un vicio por la falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, puesto que los hechos probados son la base de una sentencia, que de ellos se desprenden los acontecimientos que han sido considerados como probados por parte los juzgadores, así como que en toda sentencia debe haber una correspondencia entre las descripciones fácticas establecidas en los hechos probados y la tipificación penal que finalmente es dictada en el fallo. Cabe señalar que el imputado José esteban Castro Mejia, fue encontrado portando un arma de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y considerada un arma de guerra, pero esta Sala de Casación ya ha establecido que el arma de fuego que portaba el acusado no reúne las especificaciones y características propias de las armas de guerra o de combate que establece el artículo 332-A del Código Penal, esto debido a que la naturaleza de elaboración artesanal no permite considerarla como arma de guerra, su potencial destructivo si bien es real, no puede entenderse equivalente ni ser considerado como de guerra, ya que éste último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología para la manufacturación de sus piezas y ensamblaje industrial de las mismas, o bien, la implementación de herramientas utilizadas manualmente para su manufactura, lo cual no es propio de nuestra realidad ni del caso que nos ocupa, ya que las armas caseras usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en comparación a las armas de guerra.[1] Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de subsidiariedad que resuelve los casos de concurso de leyes (Artículo 2-A numeral 2 del Código Penal), se advierte que los hechos declarados probados se subsumen en un tipo penal que tiene igualmente como fin la protección de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, ya que al confrontar los hechos declarados probados de la sentencia con el contenido del artículo 332-B del Código Penal, se concluye que existe identidad entre uno y otro, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en el segundo, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Por lo anterior, no cabe duda de que el acusado José Esteban Castro Mejía, es responsable penalmente de un delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal, pues portaba al momento de su captura, un arma de fuego de fabricación casera o artesanal con la morfología de una pistola de asalto; tal conducta, como ha explicado previamente la Sala de lo Penal, representa un peligro para la seguridad general o de la comunidad, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, o para causar la afectación de un bien jurídico protegido por la norma penal, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. . Se infiere de tal manera entonces que: “El juez no puede traspasar el límite máximo. No puede, por tanto, imponer una pena que en su magnitud o naturaleza sea tan grave que ya no se sienta por él como adecuada a la culpabilidad”.[2] Se desprende del factum de la sentencia, que el acusado fue capturado en fecha 9 de febrero del 2010 a eso de las 5:00 p.m. por un grupo de agentes policiales, al haber recibido una denuncia anónima de que el imputado se encontraba en la Aldea de Parma haciendo escándalo público y que andaba con un arma de fuego circunstancias todas que conducen a colegir objetivamente que la intencionalidad del acusado no era de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su destrucción inmediata. Por estas razones, deviene procedente declarar ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-156-2017 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón, mediante la cual: Primero: Condenó al señor José Esteban Castro Mejía, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Prohibida en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho (8) años de reclusión más la pena principal de multa de cinco mil lempiras exactos; Segundo: Condenó al señor José Esteban Castro Mejía, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal; Tercero: Se decretó el comiso de un arma de fuego de fabricación casera o artesanal que de acuerdo al diámetro de su recamara percute cartuchos calibre 410 y cartuchos de 44 Mag, sin marca, sin modelo, con cacha de madera y caucho; presentada en calidad de pieza de convicción, la cual deberá ser destruida en la fase de ejecución de esta sentencia de conformidad al artículo 338 del Código Procesal penal; Cuarto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados; Quinto: No se declaró la responsabilidad civil proveniente de la responsabilidad penal del acusado José Esteban Castro Mejía. Interpuso el recurso de casación la Abogada Jeny Marisol Pérez Girón, en su condición de defensora pública del señor José Esteban Castro Mejía. SON PARTES: La Abogada Dinabel López Durón, en su condición de defensora pública del señor José Esteban Castro Mejía, como parte recurrente y el Abogado Lenin David Ramos, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Valorando las pruebas practicadas en Juicio de acuerdo con los criterios de la Sana Crítica este Tribunal declara expreso y terminantemente probados los hechos siguientes: Único: El día nueve de febrero del año dos mil diez, como a eso de las cinco de la tarde la Jefatura de la Policía Nacional Preventiva adscrita al Municipio de Sonaguera, Departamento de Colón, fueron informados mediante llamada telefónica acerca de que un individuo en la vía publica andaba escandalizando con un arma de fuego; por lo que de manera inmediata en cumplimiento de la denuncia interpuesta el Sub-Oficial de policía Antonio Fuentes Paz acompañado del agente policial Blas Arnaldo Matute se desplazaron hasta el lugar conocido como la aldea de Parmas, Jurisdicción del Municipio de Sonaguera, Colón; y es así que al llegar apreciaron la presencia de un individuo haciendo escándalo público con un arma de fuego, por lo que de manera inmediata la autoridad policial procedió al requerir al individuo que se identificó como José Esteban Castro Mejía y practicado que le fue el correspondiente registro personal específicamente en su cintura le fue encontrada un arma de fuego no comercial, de fabricación casera o artesanal que de acuerdo al diámetro de su recamara percute cartuchos calibre 410 y cartuchos de 44 Mag, sin marca, sin modelo, que se encuentra en regular estado de conservación y funcionamiento tanto mecánico como operativo, por lo que cumple su ciclo de disparo; por lo que fue detenido y puesto a la orden de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Tocoa, Colón; quienes a su vez lo remitieron a la Fiscalía del Ministerio Publico de la Ciudad de Tocoa Colón para efecto de ser presentado ante el Órgano Jurisdiccional competente.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos La recurrente Abogada Jeny Marisol Pérez Girón, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “I. Exposición de los motivos de casación. Primer motivo Conforme a los hechos probados en la sentencia, los juzgadores aplican en forma indebida el precepto penal establecido en el artículo 332 A del Código Penal. Segundo motivo: Haber incurrido los juzgadores en una falta de aplicación del precepto establecido en el artículo 332 B del Código Penal. Infracción de Ley. El motivo enunciado se encuentra establecido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. II. Explicación del primer motivo. Los hechos probados son la base de una sentencia; de ellos se desprenden los acontecimientos que han sido considerados como probados por parte de los juzgadores. De ahí que en toda sentencia debe haber una correspondencia entre las descripciones fácticas establecidas en los hechos probados y la tipificación penal que finalmente es dictada en el fallo. En el presente caso, el hecho considerado como probado no se subsume en el delito por el cual mi representado ha sido injustamente condenado. Por lo anterior, los juzgadores han incurrido en una mala aplicación de los artículos previamente señalados en la exposición de los motivos de casación. Aplicación indebida del artículo 332 A del Código Penal. En el presente caso, el Tribunal ha establecido como hechos probados los que a continuación cito: “Primero: El día nueve de febrero del año des mil diez, como a eso de las cinco de la tarde la jefatura de la Policía Nacional Preventiva adscrita al Municipio de Sonaguera Departamento de Colon, fueron informados mediante llamada telefónica acerca de que un individuo en la vía publica andaba escandalizando con un arma de fuego; por lo que de manera inmediata en cumplimiento de la denuncia interpuesta el sub-oficial de policía Antonio Fuentes Paz acompañado del agente policial Blas Arnaldo Matute se desplazaron hasta el lugar conocido como la aldea de Parmas, Jurisdicción del Municipio de Sonaguera, Colon, y es así que al llegar apreciaron la presencia de un individuo haciendo escándalo público con un arma de fuego, por lo que de manera inmediata la autoridad policial procedió al requerir al individuo que se identificó como José Esteban Castro Mejía y practicado que le fue el correspondiente registro personal específicamente en su cintura le fue encontrada un arma de fuego no comercial, de fabricación casera o artesanal que de acuerdo al diámetro de su recamara percute cartuchos calibre 410 y cartuchos de 44 mag, sin marca, sin modelo , que se encuentra en regular estado de conservación y funcionamiento tanto mecánico como operativo, por lo que cumple su ciclo de disparo; por lo que fue detenido y puesto a la orden de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Tocoa, Colon, quienes a su vez lo remitieron a la Fiscalía del Ministerio Publico de la ciudad de Tocoa Colon para efecto de ser presentado ante el órgano jurisdicción competente. Como fácilmente se colige de los hechos probados de la sentencia, mi representado señor José Esteban Castro Mejía, ha sido injustamente condenado por el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Prohibidas, con base a lo anterior, los juzgadores han incurrido en un error al pretender condenar a mi representado por este delito, al analizar la conducta de mí representado es evidente que el mismo es detenido en portación de arma tipo artesal (chimba) el cartucho a percutir podría ser ya sea 410 o 44 Mag esto según dictamen del laboratorio criminalística y ciencias forenses, siendo que su fabricación y mecanismo de elaboración artesanal no permite poder considerar que las misma este comprendida o se pueda equiparar a la prohibición contenida en el artículo 332 A.- Este razonamiento ya lo ha estimado la sala de lo penal en la sentencia 467-2012 refiriéndose a las armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entender similar ni ser considerada de guerra, ya que este último posee un diseño de alto impacto destructivo e implica el uso de tecnología propia para la manufacturación de piezas y ensamblaje industrial de las mismas o bien con herramientas utilizadas manualmente…. La intención del legislador en el referido artículo 332 A, es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad, la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar, materia de guerra de combate incluidas las armas AK-4, en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas en relación a la categoría de las armas comprendidas en el artículo 332B. Interpretación pretendida. Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de la norma penal sustantiva en relación a lo declarado como hecho probado, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare con lugar el motivo de casación anteriormente expuesto, dictando una sentencia absolutoria para el señor Santos Tomas Oseguera, conforme a nuestro derecho penal vigente.” “III. Explicación del segundo motivo de casación. De acuerdo a nuestra jurisprudencia para que un recurso de casación por infracción de ley prospere “es necesario que tales defectuosidades se asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris” Falta de aplicación del artículo 332 B del código Penal. El transcrito hecho probado fue calificado por el Juzgador como constitutivo del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Prohibida según lo dispuesto en el artículo 332 A del código Penal declarando responsable del mismo al señor José Esteban Castro Mejía. Al analizar el hecho único declarado probado en el fallo impugnado, a la luz de las exigencias antes señaladas y con absoluto respeto al principio de legalidad, fácilmente puede apreciarse que en el referido cuadro fáctico no concurre el elemento subjetivo que configura el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Prohibida, pues en él un arma de fabricación casera no puede producir el daño de un arma de guerra, este aspecto fue valorado por el juez Ricardo Geovanny Rodríguez Barahona en su voto disidente y considera: Que la acción del imputado José Esteban Castro Mejía, no reúne los elementos del tipo, señalando en primer lugar el elemento objetivo: el arma no es de guerra, no dispara en ráfaga, ni es de combate, estableciendo el dictamen balístico que el arma es artesanal, no producida en serie, no presenta marcas ni patrones, su percusión es de uno a uno y su calibre es de 410 y 44 mag. Al analizar el elemento subjetivo: establece que el entorno del señor Estaban Castro, en ningún momento se vincula con una asociación ilícita que haga temer que dicho ciudadano represente un grado de peligrosidad social, para la soberanía o población nacional del Estado de Honduras. En este sentido el capítulo III bajo la rúbrica de los delitos contra la seguridad interior del estado castica a quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión. Considero que los hechos declarados probados por el juzgador son subsumibles en este tipo penal que se alude en el párrafo anterior. Por lo que la condena a mi representado en tales condiciones implica una violación de ley por aplicación indebida del artículo 332 A del Código Penal. Además de una falta de aplicación del artículo 332 B, de esta manera violentando el fundamental derecho a la presunción de inocencia que ampara al imputado, vicio que deberá ser subsanado por parte de ese más alto Tribunal de justicia, casando la sentencia impugnada y dictando en su lugar la que señala este recurrente, no siendo otra que una sentencia condenatoria por el delito de Portación Ilegal de Arma comercial. Interpretación pretendida. Con el presente recurso de casación pretendo que, al existir una falta de aplicación de la norma penal sustantiva del articulo 332 B por lo declarado como hecho probado, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare con lugar el recurso de mérito, dictando una sentencia condenatoria por la calificación jurídica del hecho probado de forma correcta, declarando que la acción cometida por José Esteban Castro Mejía, se configura como un delito de Portación Ilegal de Arma Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.” FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de casación por infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser observadas para la aplicación de la ley penal, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “…la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el factum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Primer Motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-A del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del precepto penal establecido en el artículo 332-A del Código Penal *Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. Segundo Motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal *Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. Resumen Dos son los motivos de casación por infracción de ley interpuestos por el Ministerio Público. El primero, denuncia la aplicación en forma indebida del artículo 332-A del Código Penal, el cual configura el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Prohibida; en el segundo motivo, denuncia la falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, el cual configura el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial. El recurrente considera que no estamos ante un delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Prohibida sino ante un delito de Portación ilegal de Armas, puesto que al acusado se le realizó el correspondiente registro personal y específicamente en su cintura le fue encontrada un arma de fuego no comercial, de fabricación casera o artesanal que de acuerdo al diámetro de su recamara percute cartuchos calibre 410 y cartuchos de 44 mag, sin marca, sin modelo, que se encuentra en regular estado de conservación y funcionamiento tanto mecánico como operativo. Que en este sentido el capítulo III bajo la rúbrica de los delitos contra la Seguridad Interior del Estado castiga a quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión. Considera que los hechos declarados probados son subsumibles en el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial. De la Clasificación de las Armas de Fuego (Lícitas e Ilícitas, de Guerra o de Uso Personal). Se ha podido constatar por parte de esta Sala de lo Penal, la división de criterios en cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte, compra y venta de armas de fabricación casera; así pues, en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el Artículo 332-B. Sin embargo, tal dilema ya ha sido resuelto por esta Sala de lo Penal, en los fallos No. 336-2015 No. 409-2015 y No. 473-2015, todos del 28 de julio de 2016, fijando doctrina legal al respecto. Recordemos que la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, exceptuando las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y, además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “fabricación ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, transportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala que debe entenderse o cuales son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semiautomática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez, algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y, son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal. Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente, toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita. Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al campo del derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven en nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber: 1) Armas de Guerra: El artículo 332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente, debemos remitirnos a la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación; además a la Convención Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo Sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrial (mediante el uso de mecanismos automático o semiautomático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanal (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). 2) Armas de uso personal: El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo, al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), siendo éste el ámbito situacional que sanciona el legislador y al que debemos ceñirnos. Señala el tipo penal en cuestión: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. 3) El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a qué ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de fabricación casera o artesanal) y 5 (Armas de fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: *Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; *Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; *Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: *No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o *Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Tratamiento Penal a las Armas de Fabricación Casera o Artesanal. El delito de portación ilegal de armas es un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal, basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico de propiedad, sino en el material de disponibilidad. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece que: “quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida o ilícita, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de este tipo de armas; es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (Artículo 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones. Explosivos y otros similares). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no fabricados para tal fin. Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito. Se insiste en que un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, y por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de “uso personal” con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita, en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente Se ha insistido por parte de esta Sala de lo Penal, que las armas de fabricación casera, no pueden ser sancionadas mediante la aplicación del artículo 332-A del Código Penal, al no ser éstas armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, entonces son armas de uso personal confeccionadas artesanalmente, cuyo comercio es de carácter ilícito, encontrándose tipificadas en el artículo 332-B tanto su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación, adquisición y venta, dado que de éstas no es posible obtener autorización de autoridad competente para realizar tales conductas. Al referirse el artículo 332-B del Código Penal, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. Esta Sala de lo Penal considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego dispuesto en la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, y a su vez dicha definición debe articularse con lo dispuesto en alguno de los artículos 332-A y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta Sala de lo Penal estima que el principio de Favor Rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. De la Procedencia del Recurso. El Recurso es de Recibo. El recurrente expone en su recurso que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en un vicio por la falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, puesto que los hechos probados son la base de una sentencia, que de ellos se desprenden los acontecimientos que han sido considerados como probados por parte los juzgadores, así como que en toda sentencia debe haber una correspondencia entre las descripciones fácticas establecidas en los hechos probados y la tipificación penal que finalmente es dictada en el fallo. Cabe señalar que el imputado José esteban Castro Mejia, fue encontrado portando un arma de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y considerada un arma de guerra, pero esta Sala de Casación ya ha establecido que el arma de fuego que portaba el acusado no reúne las especificaciones y características propias de las armas de guerra o de combate que establece el artículo 332-A del Código Penal, esto debido a que la naturaleza de elaboración artesanal no permite considerarla como arma de guerra, su potencial destructivo si bien es real, no puede entenderse equivalente ni ser considerado como de guerra, ya que éste último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología para la manufacturación de sus piezas y ensamblaje industrial de las mismas, o bien, la implementación de herramientas utilizadas manualmente para su manufactura, lo cual no es propio de nuestra realidad ni del caso que nos ocupa, ya que las armas caseras usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en comparación a las armas de guerra.[1] Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de subsidiariedad que resuelve los casos de concurso de leyes (Artículo 2-A numeral 2 del Código Penal), se advierte que los hechos declarados probados se subsumen en un tipo penal que tiene igualmente como fin la protección de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, ya que al confrontar los hechos declarados probados de la sentencia con el contenido del artículo 332-B del Código Penal, se concluye que existe identidad entre uno y otro, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en el segundo, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Por lo anterior, no cabe duda de que el acusado José Esteban Castro Mejía, es responsable penalmente de un delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal, pues portaba al momento de su captura, un arma de fuego de fabricación casera o artesanal con la morfología de una pistola de asalto; tal conducta, como ha explicado previamente la Sala de lo Penal, representa un peligro para la seguridad general o de la comunidad, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, o para causar la afectación de un bien jurídico protegido por la norma penal, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. . Se infiere de tal manera entonces que: “El juez no puede traspasar el límite máximo. No puede, por tanto, imponer una pena que en su magnitud o naturaleza sea tan grave que ya no se sienta por él como adecuada a la culpabilidad”.[2] Se desprende del factum de la sentencia, que el acusado fue capturado en fecha 9 de febrero del 2010 a eso de las 5:00 p.m. por un grupo de agentes policiales, al haber recibido una denuncia anónima de que el imputado se encontraba en la Aldea de Parma haciendo escándalo público y que andaba con un arma de fuego circunstancias todas que conducen a colegir objetivamente que la intencionalidad del acusado no era de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su destrucción inmediata. Por estas razones, deviene procedente declarar ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos. DECISIÓN: Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 332-A, 332-B, del Código Penal; 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley, en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada Jeny Marisol Pérez Girón en su condición de defensora pública; Segundo: Revoca la sentencia recurrida de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colón, en el sentido siguiente: 1) Se debe condenar y se condena al señor José Esteban Castro Mejía, de generales conocidas en autos, como autor responsable de un delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndole la pena principal de tres (03) años de reclusión, pena que deberá cumplir en el Centro Penitenciario de Támara, Departamento de Francisco Morazán, sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario atendiendo razones de seguridad, tratamiento progresivo o de conveniencia administrativa penitenciaria. 2) Imponer al señor José esteban castro Mejía, las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal. 3) Se decreta el comiso de un arma de fuego de fabricación casera o artesanal que de acuerdo al diámetro de su recamara percute cartuchos calibre 410 y cartuchos de 44 Mag, sin marca, sin modelo, con cacha de madera y caucho; presentada en calidad de pieza de convicción, la cual deberá ser destruida en la fase de ejecución de esta sentencia de conformidad al artículo 338 del Código Procesal penal 4) No se declara la responsabilidad civil proveniente de la responsabilidad penal del encartado Jose esteban Castro Mejía. 5) Se declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal, en relación al pronunciamiento condenatorio emitido y librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para el debido registro del antecedente penal del señor José esteban Castro Mejía. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-156-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Vid. Sentencia de Casación Penal SP 328-2016 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 31 de octubre de 2019. Sentencia de Casación Penal SP 473-2015 dictada por la Sala de lo Penal en fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis. Sentencia de Casación Penal SP 254-2017 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 22 de enero de 2020.

[2] “Culpabilidad y prevención en derecho penal” pág... 96-99. Dr. Claus Roxin, instituto editorial Reus, S.A. Madrid 1981.