Sentencia CP-155-17 — Registro 17602
Resumen
En primer instancia se condena al imputado como autor del delito de Portación Ilegal de Armas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. En el presente recurso de casación el censor alega que los hechos que el sentenciador declaró como probados, se subsumen en el tipo penal comprendido en el artículo 332- A, de nuestro Código Penal, pues el Tribunal de sentencia estimó como probado que en fecha veinticuatro de abril del año dos mil dieciséis, policías militares se encontraban patrullando un sector de la colonia Villa Cristina, de la ciudad de Comayagüela, cuando al registrar al señor William Joel Reyes Medina, encontraron que en su mochila llevaba dos tubos de metal que al unirse formaban un arma de fuego hechiza, comúnmente denominada “Chimba” que utiliza munición calibre 12 Gauge, tipo de armas de las cuales no se puede conseguir su registro y por ende su debida autorización para portarla, pero este tribunal de casación ha dejado claramente establecido que debemos entender por arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra, las cuales pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre estas pueden está aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no, incluyéndose en este ultimo caso, las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control, asimismo el poder destructivo de un arma de uso artesanal no puede equipararse a las que son consideradas de guerra, razones por las cuales es procedente desestimar los presentes motivos de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-155-2017 por Infracción de Ley interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de enero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Primero: Condenó al señor William Joel Reyes Medina, como autor del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena principal de tres años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: Se declaró el comiso de un arma de fuego de fabricación casera, la que se encuentra en poder del Ministerio Público. Tercero: No procede condenar al señor William Joel Reyes Medina, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil al señor William Joel Reyes Medina. SON PARTES: El Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “Una vez evacuada la prueba y analizada la misma conforme a las reglas de la sana crítica, este Tribunal de Sentencia ha llegado a determinar, por unanimidad de votos, los siguientes hechos probados: PRIMERO: El día veinticuatro de abril del año dos mil dieciséis, policías militares se encontraban patrullando un sector de la colonia Villa Cristina, de la ciudad de Comayagüela, cuando un ciudadano se les acercó diciéndoles que en una pulpería, ubicada en esa misma colonia, estaba un sujeto que el año anterior le había robado un celular. Fue así que los policías se dirigieron al lugar, encontrando al señor WILLLIAM JOEL REYES MEDINA, quien estaba en la pulpería y llevaba en sus hombros una mochila color azul celeste con letras que se lee Honduras y Joma, solicitándole un registro, y verificando que, en el interior de la mochila, William llevaba dos tubos de metal que al unirse formaban un arma de fuego hechiza, comúnmente denominada “Chimba” que utiliza munición calibre 12 Gauge y se encontraba en buen estado de funcionamiento, razón por la que William fue detenido.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos El Recurrente Abogado Salvador Cuestas Arévalo, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El A quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: PRIMERO: “El día veinticuatro de abril del año dos mil dieciséis, policías militares se encontraban patrullando un sector de la colonia Villa Cristina, de la ciudad de Comayagüela, cuando un ciudadano se les acercó diciéndoles que en una pulpería, ubicada en esa misma colonia, estaba un sujeto que el año anterior le había robado un celular. Fue así que los policías se dirigieron al lugar, encontrando al señor WILLIAM JOEL REYES MEDINA, quien estaba en la pulpería y llevaba en su hombros una mochila color azul celeste con letras que se lee Honduras y Joma, solicitándole un registro, y verificando que, en el interior de la mochila, William llevaba dos tubos de metal que al unirse formaban un arma de fuego hechiza, comúnmente denominada “Chimba” que utiliza munición calibre 12 Gauge y se encontraba en buen estado de funcionamiento, razón por la cual fue detenido”. Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que el imputado fue encontrado en posesión ilegal de un arma de fuego de fabricación casera, misma que se encontraba en buen estado de funcionamiento y en razón de ello, emite sentencia condenatoria imponiéndole una pena de tres (3) años de reclusión. Sin embargo, el A quo subsumió el actuar antes descrito en el artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza Comercial, que al respecto establece: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”... De la norma supraindicada advertimos, que el primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que está regulado en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas y en el que nos describe las armas permitidas prescribiendo lo siguiente: “Para los efectos de esta ley, se consideran permitidas de conformidad con reglamentación al efecto, las armas defensivas y deportivas siguientes: 1) Armas de puño o cortas: Los revólveres y pistolas semiautomáticas hasta punto cuarenta y cinco pulgadas (45) u once punto cinco milímetros (11.5) de calibre. 2) Las armas de hombro o largas: Fusiles y cabinas de acción mecánica semiautomática, hasta punto trescientos ocho pulgadas de calibre (308), y 3) Escopetas de acción mecánica el que nos describe las armas permitidas 10, doce (12), dieciséis (16), veinte (20) y punto cuatrocientos diez (410), siempre que el cañón no sea menor de cuarenta y seis centímetros o dieciocho pulgadas. Al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por Aplicación Indebida, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de Casación, pues un arma de fabricación casera (chimba) no se considera como de uso personal defensivo, ni deportiva, ni comercial, en virtud que este tipo de arma se excluye de la nomina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas. Otro aspecto de vital importancia, es que la acción por la cual el encausado fue llevado a juicio se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto en sí denominado comúnmente como “chimba”, (con apariencia de arma de fuego), independientemente del tipo de munición que sea utilizada para su percusión, misma que jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, consecuentemente tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia, circunstancia que imposibilita que se pueda tornar de carácter comercial. Extremo que es admitido por el propio Tribunal en el apartado de fundamentación jurídica cuando indica en relación al arma tipo chimba decomisada al enjuiciado” …véase que, en éste tipo penal, se penaliza la acción de fabricar un arma, que es precisamente lo que se hace con las armas de fabricación casera y es prohibido llevar estas, puesto que se prohíbe tanto la fabricación como el transporte. En este sentido, es más pertinente, ya que de además de ser armas que han sido elaboradas manualmente, utilizan munición que es comercializada en el país y su mecanismo de disparo es de repetición….” Atendiendo las citadas argumentaciones, es que estima el Ministerio Público, que el precepto penal sustantivo aplicado por el ente jurisdiccional no tiene vigencia en la decisión del caso subjudice, por ende, solicita que se case la sentencia cuestionada a través de esta vía impugnativa.” “SEGUNDO MOTIVO: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps.5,000.00) a diez mil (Lps.10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” El Juzgador realiza su fundamentación jurídica orientada a sustentar la parte conclusiva de su fallo, procurando explicar el porqué el tipo que se adecua al hecho único declarado como probado, es el contenido en el artículo 332-B del Código Penal, es así que en el citado apartado establece “Del contenido de la norma, es posible establecer cuáles son las especificaciones propias de cada una de estas armas; así, las armas de guerra o de combate son de funcionamiento automático, silenciadas o de alta precisión, mientras que un arma de fabricación casera o artesanal solo debe tener la capacidad de lanzar proyectiles aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora; al ser armas distintas, el artículo 8 las regula en numerales diferentes, al igual que las demás armas estimadas como prohibidas como lo son las armas de fuego de fantasía (bastones, lápices, maletines u otras) las que por ser prohibidas no significa las podemos considerar como armas de guerra. En ese sentido, considera el Tribunal que es errónea la apreciación del Ministerio Público al establecer que llevar consigo un arma de fabricación casera es una acción que puede enmarcarse en el artículo 332-A del Código Penal” Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) no es una conducta constitutiva del ilícito penal de Portación Ilegal de Armas de Guerra, por lo que se ve obligado a acudir a sus meras apreciaciones, en la sección del fallo que corresponde a explicar los fundamentos jurídicos en que sustenta su decisión. Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los cuales fueron transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado WILLIAM JOEL REYES MEDINA, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del articulo 332 A del Código Penal, en virtud que como hemos indicado en el primer motivo planteado, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y o/ portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de Febrero de 2013) y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Primer Motivo *Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma Procesal que se denuncia infringida: Artículo 332-B del Código Penal.*Concepto de la infracción: Falta de aplicación5. *Pretensión: Se case la sentencia recurrida. Explicó el censor que al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por aplicación indebida, se denota la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de casación, pues un arma de fabricación casera como la chimba no se puede considerar como de uso personal defensivo, ni deportiva, ni comercial, en virtud de que este tipo de arma se excluye de la nómina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas. Segundo Motivo *Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: Artículo 332-A del Código Penal. *Concepto de la infracción: Aplicación Indebida. *Pretensión: Se case la sentencia recurrida y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. Explicó el censor que el imputado William Joel Reyes Medina, tomó parte directa en la ejecución de un hecho de poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en el artículo 332-A del Código Penal, ya que se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar, razones por las cuales debe ser considerada un arma prohibida y de guerra. Para una mejor compresión y logicidad de la presente sentencia, se procederá a dar respuesta de manera simultánea a los dos motivos de casación antes planteados. Clasificación de las Armas de Fuego (Lícitas e Ilícitas, de Guerra o de Uso Personal). El Ministerio Público establece que a partir de la derogatoria del Decreto No. 101-2003, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,133 de fecha 11 de Julio de 2003, cada vez más se ha presentado la división de criterios en cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte, compra y venta de armas de fabricación casera; así pues en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el Artículo 332-B.- Sin embargo tal dilema ya ha sido resuelto por esta Sala de lo Penal, pues en los Fallos No. No. 336-2015 No. 409-2015 y No. 473-2015, todos del 28 de Julio de 2016, se ha fijado ya doctrina legal al respecto. Recordemos que la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "Armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; También a que las armas destinadas para uso oficial contengan el Marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “fabricación ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Considera esta Sala de lo penal que la diversidad de calificativos que proporciona las leyes en relación a las armas de fuego no obedece a una acertada técnica legislativa, así pues las normas legales usan los conceptos de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga hacer la respectiva distinción.- El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, trasportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el Artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala qué debe entenderse o cuales son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; Véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semiautomática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el Legislador en el área penal.- Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; Igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita.- Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe de basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la Ley, a saber: 1) Armas de Guerra: El artículo 332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (. 10,000.00) lempiras.- La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”.- El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben de ser consideradas de Guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; Por consiguiente debemos de remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en Las Adquisiciones De Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrialmente (mediante el uso de mecanismos automático o semiautomático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanalmente (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). 2) Armas de uso personal.- El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), por lo tanto hay una discrepancia entre el título del tipo penal y su contenido, debiendo asirnos al contenido, puesto que éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador.- Señala el tipo penal: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.- Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas; el problema con esta enumeración es que las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador es incorrecta al hacer diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras.- Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo al no mencionar a que ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño; por otro lado es de subrayar que en el segundo párrafo se habla de armas de defensa, mismo que no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de Fabricación Casera o Artesanal) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: *Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; *Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; *Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, la persona que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: *No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o *Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. En el presente recurso de casación el censor alega que los hechos que el sentenciador declaró como probados, se subsumen en el tipo penal comprendido en el artículo 332- A, de nuestro Código Penal, pues el Tribunal de sentencia estimó como probado que en fecha veinticuatro de abril del año dos mil dieciséis, policías militares se encontraban patrullando un sector de la colonia Villa Cristina, de la ciudad de Comayagüela, cuando al registrar al señor William Joel Reyes Medina, encontraron que en su mochila llevaba dos tubos de metal que al unirse formaban un arma de fuego hechiza, comúnmente denominada “Chimba” que utiliza munición calibre 12 Gauge, tipo de armas de las cuales no se puede conseguir su registro y por ende su debida autorización para portarla, pero este tribunal de casación ha dejado claramente establecido que debemos entender por arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra, las cuales pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre estas pueden está aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no, incluyéndose en este ultimo caso, las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control, asimismo el poder destructivo de un arma de uso artesanal no puede equipararse a las que son consideradas de guerra, razones por las cuales es procedente desestimar los presentes motivos de casación. DECISIÓN. Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley, en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; Segundo: Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, proferida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-155-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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