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Sentencia CP-15-17 — Registro 11932

Resumen

En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de Lesiones, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El motivo no es de recibo. Ante la impugnación presentada por el recurrente, corresponde a esta Sala de lo Penal, realizar una revisión íntegra de la sentencia recurrida, tomando en consideración la legalidad de la prueba evacuada en el juicio, estableciendo si las probanzas se desarrollaron conforme a los procedimientos establecidos en nuestra ley procesal, además si el juzgador ha externado congruentes y lógicos juicios de valor respecto a las pruebas desarrolladas en el debate, atendiendo por supuesto a las reglas del recto pensamiento humano y si cumple con el requisito de “suficientes” medios de prueba que permitan al sentenciador determinar los elementos objetivos y subjetivos del delito condenado. En primer término observa esta Sala de Casación que en la sentencia recurrida, el juzgador establece la valoración descriptiva de la prueba, iniciando con la prueba del Ministerio Público, consistente en la declaración del ofendido Ángel Geovany Valladares Zúniga, así como la deposición de Carlos Roberto Carias Valladares, Orlina del Carmen Valladares Zúniga; la prueba documental consistente en el acta de decomiso o secuestro, acta de inspecciones oculares y álbum fotográfico, oficio del Registro Nacional de Armas; además de prueba pericial consistente en el dictamen del expediente clínico. Posteriormente estableció el sentenciador la valoración descriptiva de la prueba de la defensa, consistente en las declaraciones testificales de Elias López Ramírez y Edgar Leonel Castellanos Moran; así como la prueba documental consistente en un traspaso de arma de fuego. Inmediatamente consigna el Tribunal A-quo la valoración conjunta de los medios de prueba, es decir la valoración intelectiva o analítica de la prueba, mediante la cual debe establecer las razones de hecho y derecho que utilizó para valorar la prueba en el juicio; en este apartado el sentenciador inicia valorando la prueba pericial practicada al expediente clínico del ofendido Ángel Geovany Valladares Zúniga, en el que se consignan los hallazgos relacionado a la herida que le fue propinada, así como las intervenciones quirúrgicas a que fue sometido, con lo que se logró corroborar los datos del paciente, la condición física que tenía al ingresar al Hospital Escuela, estableciendo que fue a causa de una herida producida por proyectil de arma de fuego, con una incapacidad de 35 días y determinando que sí hubo peligro de muerte. Concatenando este dictamen médico con la declaración del ofendido, el A-quo logra concluir que el disparo que recibió el joven Ángel Geovany Valladares Zúniga fue realizado por el imputado Santos Teodoro Valladares Moncada quien con arma de fuego le disparó a la altura del abdomen, lo que no quedó claro para el sentenciador es el ánimo del imputado en querer dar muerte al ofendido, al contrario se probó que el señor Valladares Moncada disparó en la humanidad del ofendido a la altura del abdomen, por ende determinó condenar por unas lesiones; establece el sentenciador que con la declaración del ofendido se logró identificar a su agresor, a quien ubica en el lugar y en el momento de los hechos, al igual que todos los testigos tanto de la acusación como de la defensa, aunado a eso el imputado es vecino y conocido del lugar, concluyendo que la declaración del ofendido es objetiva, confiable y congruente con el resto de prueba de cargo y por ende les confiere credibilidad y sustentan el hecho declarado como probado. En cuanto a la prueba de la defensa establece que no aportó significativamente detalles en cuanto a desvanecer los hechos, sino que sus testigos ubican en tiempo y lugar al acusado, minutos después en que ocurrieron los hechos y que regresaba de haber materializado los mismos, por otra parte se acreditó que el acusado tiene registradas dos armas y si bien no se acreditó cual utilizó, no es menos cierto que fue visto con un arma en la mano. Ante la prueba evacuada en el debate, considera esta Sala de Casación que el Estado de Inocencia que constitucionalmente posee el acusado, fue correctamente subyugado por parte del ente acusador, al presentar de manera legal un listado de pruebas que conllevan a determinar su participación en el delito de lesiones; el sentenciador ha efectuado una valoración conjunta y armónica de la prueba presentada lícitamente en el juicio, pues ha efectuado razonamientos congruentes y lógicos del material probatorio, si bien el Ministerio Público acusó por el delito de homicidio tentado, el A-quo ha concluido correctamente que no es posible determinar el elemento subjetivo de ese delito, es decir el ánimo de matar del imputado Santos Teodoro Valladares Moncada, pues nada le impedía concluir el acto que había iniciado y certeramente ha considerado que la acción del acusado encaja en unas lesiones, delito por el cual fue condenado. El recurrente consideró que no existía suficiente prueba que acreditara la participación del acusado en los hechos sometidos a juicio, pero la declaración del propio ofendido es totalmente clara en establecer que el ahora encartado saludó primero a las personas que se encontraban a su alrededor y a él le dijo de manera soez que no lo quería ver y procedió a disparar su arma de fuego contra su humanidad; si bien no hay otro testigo que establezca que el acusado disparó contra la humanidad del ofendido, pues como lo advirtió uno de los testigos, mucha gente vio lo ocurrido pero nadie quiso declarar contra el acusado a quien le tienen miedo porque siempre anda armado; ahora bien, el sentenciador razona bien la declaración del ofendido y con la cual es suficiente para individualizar al acusado, aunado a eso el resto de testigos, tanto de la acusación como de la defensa, lo ubican en el lugar y a la hora de los hechos y portando arma de fuego; en ese sentido no hay duda para el juzgador que quien disparó contra la humanidad del ofendido fue el señor Santos Teodoro Valladares Moncada. En conclusión, esta Tribunal considera que existió por parte del tribunal sentenciador una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; en consecuencia es procedente desestimar el presente recurso de casación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 15-2017 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha uno de septiembre del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Santos Teodoro Valladares Moncada, como autor del delito de Lesiones, en perjuicio del señor Ángel Geovany Valladares Zúniga, a la pena de tres años de reclusión. Segundo: Condenó al señor Santos Teodoro Valladares Moncada, a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor Santos Teodoro Valladares Moncada. Cuarto: No procede declarar el comiso. Quinto: No procede la condena en costas procesales, personales, así como los gastos ocasionados por el juicio al señor Santos Teodoro Valladares Moncada. Sexto: Absolvió al señor Santos Teodoro Valladares Moncada, del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio del señor Ángel Geovany Valladares Zúniga y del delito de Daños, en perjuicio del señor Roberto Carías Valladares Zúniga, por insuficiencia de pruebas. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el Abogado José Marcelino Vargas, en su condición de defensor privado del señor Santos Teodoro Valladares Moncada. Son partes en la Única Instancia: El Abogado José Marcelino Vargas, en su condición de defensor privado del imputado, como parte recurrente y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su calidad de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil doce (2012), aproximadamente a las ocho de la noche (8:00 p.m.), se encontraba el señor ÁNGEL GEOVANY VALLADARES ZUNIGA, a inmediaciones del callejón Cubas de la Colonia lzaguirre de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, platicando con unos amigos, cuando llegó el Señor SANTOS TEODORO VALLADARES MONCADA, quien saludó a sus amigos pero al Señor Ángel le dijo: “a vos no te quiero ver aquí hijo de…”, al mismo tiempo que sacó un arma de fuego que portaba y le hizo un disparo al Señor Ángel a la altura del abdomen; éste, salió corriendo y a unos metros cayó al suelo desmayado; de inmediato, fue auxiliado y trasladado al Hospital Escuela donde fue intervenido quirúrgicamente por la herida que le causó un trauma abdominal, lo cual le produjo 35 días de incapacidad; posteriormente, el Señor Santos Teodoro Valladares Moncada fue capturado y remitido a la autoridad competente.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “MOTIVOS DE CASACIÓN. Motivo Único: Infracción de precepto constitucional al violarse el principio fundamental de presunción de inocencia consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República. Explicación del concepto de la infracción. Tal como queda expresado, el Tribunal sentenciador en el fallo relacionado resuelve condenar a mi defendido por el delito de lesiones en perjuicio del señor Ángel Geovany Valladares Zúniga, esto sin que, razonablemente, en base a la prueba evacuada en juicio, se pueda alcanzar el grado conviccional de certeza con respecto a la eventual participación de mi representado en el hecho atribuido. Lo único que resulta debidamente acreditado en la causa es el “cuerpo del delito”, o lo que es lo mismo, la plena prueba de su existencia, dado que sí resultan constatadas las lesiones indicadas, pues la prueba en ese sentido no puede objetarse, existiendo al respecto un dictamen médico- legal que hace una descripción de la herida y de la incapacidad que produjo a la víctima. En ese orden de ideas, encontramos que el Tribunal de mérito en el apartado de “HECHOS PROBADOS”, en forma bastante escueta, deja expresado que según las pruebas practicadas en el juicio oral, y de acuerdo a los criterios de la sana critica tiene o declara por probados los hechos siguientes: PRIMERO: “En fecha dieciséis de diciembre del año dos mil doce (2012), aproximadamente a las ocho de la noche (8:00 p.m.), se encontraba el Señor ANGEL GEOVANY VALLADARES ZUNIGA, a inmediaciones del callejón Cubas de la Colonia Izaguirre de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, platicando con unos amigos, cuando llegó el Señor SANTOS TEODORO VALLADARES MONCADA, quien saludó a sus amigos pero al Señor Ángel le dijo: “a vos no te quiero ver aquí hijo de …” , al mismo tiempo que sacó un arma de fuego que portaba y le hizo un disparo al Señor Ángel a la altura del abdomen; éste, salió corriendo y a unos metros cayó al suelo desmayado; de inmediato, fue auxiliado y trasladado al Hospital Escuela donde fue intervenido quirúrgicamente por la herida que le causó un trauma abdominal, lo cual le produjo 35 días de incapacidad; posteriormente, el Señor Santos Teodoro Valladares Moncada fue capturado y remitido a la autoridad competente”. Para sustentar su declaración de hechos probados, el Tribunal a-quo, en el apartado de “VALORACIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA” hace una aproximada motivación descriptiva de la prueba practicada en juicio, no así en lo que tiene que con la motivación intelectiva o analítica de la misma, es decir la valoración propiamente dicha de la prueba practicada, que por cierto no fue mucha, ni los hechos revestían mayor complejidad. Se empieza por valorar la pericia contenida en el dictamen médico-legal, elaborado por el Doctor Luis Iván Fu Flores, en el cual se describen las lesiones sufridas por el señor Ángel Geovany Valladares Zúniga; dictamen este que no da lugar a controversia alguna, pues como ya dejamos expresado, las lesiones en si están debidamente acreditadas, así como el tratamiento médico a que fue sometido el señor Valladares y la consecuente incapacidad laboral; lo que sí resulta reprochable al Tribunal es expresar en este apartado criterios como que …” la herida que le fue propinada al Señor Ángel Geovany Valladares Zúniga por parte del Señor Santos Teodoro Valladares Moncada…” o que el señor Valladares ...” estuvo en peligro de muerte a causa de la lesión producida por el Señor Santos Teodoro Valladares Moncada quien con su arma de fuego, le infirió un disparo a la altura del abdomen...” El dictamen a valorar solo prueba o da por acreditado las circunstancias propias de la lesión y no quien las produjo o causó. A renglón seguido se valora la declaración del ofendido, con respecto al cual se dice que este “identificó a su agresor (señalándolo en la audiencia de juicio) y lo ubicó en el lugar y momento de los hechos al igual que todos los demás testigos tanto de lo acusación como de la Defensa, aunado a esto, el acusado es vecino y conocido del lugar...”, por lo que a criterio del Tribunal las declaraciones del ofendido son “confiables y congruentes” por lo que les confiere plena credibilidad. De la propia versión del Tribunal, y es que así resultó de la prueba practicada en el debate, la única persona que sostiene que el disparo que le causó la lesión lo realizó mi representado es la víctima, a quien el Tribunal le da plena credibilidad o sobrevalora su versión, no obstante la hostilidad que dejó entrever en su deposición por supuestos problemas anteriores que había tenido con mi representado, y sin que su versión sea confirmada o avalada por otro elemento de prueba. Luego de esta valoración, en la cual el Tribunal ya deja por sentado la responsabilidad de mi representado en el hecho sometido a juicio, se ocupa ahora de “valorar” las deposiciones de los testigos de “descargo”, a los cuales les niega cualquier valor conviccional, no obstante que son testigos que coincidieron en el lugar con mi representado a la hora aproximada del hecho y no observaron que éste haya andado armado o que siquiera se haya dirigido al lugar especifico donde estaba el señor Geovany Valladares. Arguye el Tribunal que ... “En relación a la prueba de la Defensa, esta no aportó significativamente detalles en cuanto a desvanecer los hechos, sino que sus testigos ubican en tiempo y lugar al acusado, minutos después en que ocurrieron y que ya regresaba de haber materializado los mismos; por otra parte, se acreditó que el acusado, tiene dos armas registradas y que evidentemente pese a que no se acreditó cual de estas utilizó, no es menos cierto, que si fue visto con un arma en la mano, y que debido a la inexperiencia de los testigos científicamente, no se pudo establecer cual de estas pudo andar, independientemente si ya había vendido una de las armas o no, por lo que a la prueba de la Defensa se le resta credibilidad.” Esta argumentación del Tribunal carece de sustento y no cuadra con las reglas de la sana critica que dice seguir, en principio porque según la declaración de hechos probados el evento se dio aproximadamente a las ocho (8) de la noche, esto quiere decir minutos mas minutos menos, y en tal sentido el señor Elías López Ramírez, quien vivía en casa contigua a la de mi defendido, ubica a este entrando a su casa cerca de la ocho y media de la noche, ya de regreso de la pulpería, con una leche en la mano, y que fue después de esto que escuchó unas detonaciones que él creyó que eran cohetes, dado que era una fecha próxima a la navidad, a más de que recién había pasado por el callejón Cubas, lugar donde se produjo el hecho, en donde observó la presencia de algunas personas, aunque no pudo identificar al señor Geovany porque este tiene un hermano gemelo, que bien pudo haber sido el que estaba en el lugar, pero en cualquier caso el hecho no se había suscitado. Por su parte el señor Edgar Leonel Castellanos Morán, en forma coincidente con la otra versión, también ubica en el lugar a mí representado, y depuso que al regresar de su Iglesia encontró a Don Santos, poco después de las ocho, quien venía de la pulpería que caminaron juntos de regreso, pasando por el referido callejón en donde observaron algunas personas, y que momentos después se despidieron tomando cada quien rumbo a su casa. Versiones estas que, como puede observarse no puede negársele valor convicional en forma arbitraria, pues nada demuestra, y tampoco lo explica el Tribunal, que tengan un motivo para ser mendaces. Con respecto a la parte final del argumento que queda transcrito, queda claro y así aparece acreditado que efectivamente mi representado tuvo registradas dos armas de fuego, un revolver y una pistola, pero que el revólver lo había vendido mucho antes del evento sometido a proceso, lo que así reconoce el Tribunal no obstante ello razona en contra de las máximas de la experiencia al sostener que independientemente que la hubiere vendido pudo andar con tal arma, que es la que supuestamente identifica la victima pues ante la pregunta del Fiscal acerca del tipo de arma que andaba Don Santos, respondió: “Era un revolver grande”. El Tribunal también trata de minimizar esta afirmación al sostener que debido a la inexperiencia de los testigos, que por cierto solo fue uno, porque la declaración del otro no se valora al no tener conocimiento de este hecho en particular, no se pudo establecer cual de las dos armas pudo andar mi representado. Lo cierto es que de haber portado un arma no pudo ser otra que la pistola, pues para ese momento era la única arma que tenía registrada a su nombre, el revólver ya lo había vendido, y es contrario al mas elemental sentido común pensar que ante tal circunstancia el arma estuviera todavía en su poder, a mas de que no se puede concluir a priori que por tener un arma registrada necesariamente se es el autor de un hecho como el sometido a proceso. Dicho lo anterior se concluye que la culpabilidad declarada en contra de mi representado por el hecho relacionado, es violatoria de la presunción de inocencia proclamada por el articulo 89 de la Constitución de la República, el que también está consagrada en los demás instrumentos legales de carácter supranacional relacionados con Derechos Humanos, y esto porque para enervar o destruir este principio debe hacerse con prueba objetivamente conducente a la demostración del hecho, en este caso la participación de mi representado, lo que no ha sido así, pues su responsabilidad fue declarada en base a conjeturas, a la negación de valor de prueba de descargo sin ningún argumento valido, y sin que se haya traído al proceso ninguna evidencia material que vincule a mi representado con el hecho objeto del proceso. Por principio la carga de la prueba corresponde a quien alega el hecho, en este caso a la acusación, y no es la inocencia la que debe probarse, esta se presume, e incluso, no basta con alguna relativa prueba de cargo, es decir que no sea suficiente, pues en tal supuesto opera el principio indubio pro reo, como otra expresión del principio favor rei, que opera fundamentalmente en el momento de la valoración de la prueba; de ahí que solamente la certeza positiva absoluta, pero obtenida en base a prueba, puede destruir la presunción de inocencia. Se trata, según una expresión lógica acuñada por Kant de una exigencia de “certeza apodíctica”, es decir que la conclusión de certeza es así y no puede ser de otro modo. Motivo de casación que se encuentra autorizado en al artículo 361 del Código Procesal Penal.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos en que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo, la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia apertura (recurso ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). La esencia del Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo *Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. *Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 89 de la Constitución de la República. *Concepto de la infracción: violación al principio fundamental de presunción de inocencia. *Pretensión: que se case la sentencia recurrida y se absuelva al imputado. Explicó el recurrente que el Tribunal A-quo falló al condenar al imputado por el delito de lesiones en perjuicio de Ángel Geovany Valladares Zúniga, sin que exista razonablemente con la prueba evacuada en el juicio, el grado conviccional de certeza con respecto a la eventual participación del acusado en el hecho investigado, pues lo único que pudo acreditarse es el cuerpo del delito, es decir las lesiones sufridas por el ofendido, pero no la participación del encartado en esos hechos. Del Estado de Inocencia. El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio. El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal)[1]. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Ante la impugnación presentada por el recurrente, corresponde a esta Sala de lo Penal, realizar una revisión íntegra de la sentencia recurrida, tomando en consideración la legalidad de la prueba evacuada en el juicio, estableciendo si las probanzas se desarrollaron conforme a los procedimientos establecidos en nuestra ley procesal, además si el juzgador ha externado congruentes y lógicos juicios de valor respecto a las pruebas desarrolladas en el debate, atendiendo por supuesto a las reglas del recto pensamiento humano y si cumple con el requisito de “suficientes” medios de prueba que permitan al sentenciador determinar los elementos objetivos y subjetivos del delito condenado. En primer término observa esta Sala de Casación que en la sentencia recurrida, el juzgador establece la valoración descriptiva de la prueba, iniciando con la prueba del Ministerio Público, consistente en la declaración del ofendido Ángel Geovany Valladares Zúniga, así como la deposición de Carlos Roberto Carias Valladares, Orlina del Carmen Valladares Zúniga; la prueba documental consistente en el acta de decomiso o secuestro, acta de inspecciones oculares y álbum fotográfico, oficio del Registro Nacional de Armas; además de prueba pericial consistente en el dictamen del expediente clínico. Posteriormente estableció el sentenciador la valoración descriptiva de la prueba de la defensa, consistente en las declaraciones testificales de Elias López Ramírez y Edgar Leonel Castellanos Moran; así como la prueba documental consistente en un traspaso de arma de fuego. Inmediatamente consigna el Tribunal A-quo la valoración conjunta de los medios de prueba, es decir la valoración intelectiva o analítica de la prueba, mediante la cual debe establecer las razones de hecho y derecho que utilizó para valorar la prueba en el juicio; en este apartado el sentenciador inicia valorando la prueba pericial practicada al expediente clínico del ofendido Ángel Geovany Valladares Zúniga, en el que se consignan los hallazgos relacionado a la herida que le fue propinada, así como las intervenciones quirúrgicas a que fue sometido, con lo que se logró corroborar los datos del paciente, la condición física que tenía al ingresar al Hospital Escuela, estableciendo que fue a causa de una herida producida por proyectil de arma de fuego, con una incapacidad de 35 días y determinando que sí hubo peligro de muerte. Concatenando este dictamen médico con la declaración del ofendido, el A-quo logra concluir que el disparo que recibió el joven Ángel Geovany Valladares Zúniga fue realizado por el imputado Santos Teodoro Valladares Moncada quien con arma de fuego le disparó a la altura del abdomen, lo que no quedó claro para el sentenciador es el ánimo del imputado en querer dar muerte al ofendido, al contrario se probó que el señor Valladares Moncada disparó en la humanidad del ofendido a la altura del abdomen, por ende determinó condenar por unas lesiones; establece el sentenciador que con la declaración del ofendido se logró identificar a su agresor, a quien ubica en el lugar y en el momento de los hechos, al igual que todos los testigos tanto de la acusación como de la defensa, aunado a eso el imputado es vecino y conocido del lugar, concluyendo que la declaración del ofendido es objetiva, confiable y congruente con el resto de prueba de cargo y por ende les confiere credibilidad y sustentan el hecho declarado como probado. En cuanto a la prueba de la defensa establece que no aportó significativamente detalles en cuanto a desvanecer los hechos, sino que sus testigos ubican en tiempo y lugar al acusado, minutos después en que ocurrieron los hechos y que regresaba de haber materializado los mismos, por otra parte se acreditó que el acusado tiene registradas dos armas y si bien no se acreditó cual utilizó, no es menos cierto que fue visto con un arma en la mano. Ante la prueba evacuada en el debate, considera esta Sala de Casación que el Estado de Inocencia que constitucionalmente posee el acusado, fue correctamente subyugado por parte del ente acusador, al presentar de manera legal un listado de pruebas que conllevan a determinar su participación en el delito de lesiones; el sentenciador ha efectuado una valoración conjunta y armónica de la prueba presentada lícitamente en el juicio, pues ha efectuado razonamientos congruentes y lógicos del material probatorio, si bien el Ministerio Público acusó por el delito de homicidio tentado, el A-quo ha concluido correctamente que no es posible determinar el elemento subjetivo de ese delito, es decir el ánimo de matar del imputado Santos Teodoro Valladares Moncada, pues nada le impedía concluir el acto que había iniciado y certeramente ha considerado que la acción del acusado encaja en unas lesiones, delito por el cual fue condenado. El recurrente consideró que no existía suficiente prueba que acreditara la participación del acusado en los hechos sometidos a juicio, pero la declaración del propio ofendido es totalmente clara en establecer que el ahora encartado saludó primero a las personas que se encontraban a su alrededor y a él le dijo de manera soez que no lo quería ver y procedió a disparar su arma de fuego contra su humanidad; si bien no hay otro testigo que establezca que el acusado disparó contra la humanidad del ofendido, pues como lo advirtió uno de los testigos, mucha gente vio lo ocurrido pero nadie quiso declarar contra el acusado a quien le tienen miedo porque siempre anda armado; ahora bien, el sentenciador razona bien la declaración del ofendido y con la cual es suficiente para individualizar al acusado, aunado a eso el resto de testigos, tanto de la acusación como de la defensa, lo ubican en el lugar y a la hora de los hechos y portando arma de fuego; en ese sentido no hay duda para el juzgador que quien disparó contra la humanidad del ofendido fue el señor Santos Teodoro Valladares Moncada. En conclusión, esta Tribunal considera que existió por parte del tribunal sentenciador una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; en consecuencia es procedente desestimar el presente recurso de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa privada del imputado. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado José Marcelino Vargas, en su condición de defensor privado del señor Santos Teodoro Valladares Moncada a quien se le condenó por el delito de Lesiones en perjuicio de Ángel Geovany Valladares Zúniga. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha primero de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de junio del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-15-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Ver Sentencia Penal N° SP 175-2011, dictada por la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintisiete de junio del dos mil trece.