Sentencia CP-138-17 — Registro 11507
Resumen
en primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Actos de Lujuria Agravados. Resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la procedencia del recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. Habiendo analizado el recurso interpuesto por el Ministerio Público, es importante acotar que el análisis a efectuar por esta Sala de lo Penal únicamente versará sobre si la decisión del sentenciador de excluir los resultados arrojados por los medios de prueba consistente en la declaración rendida por la menor S. J. N. R. a través de la cámara de Gessel con formalidades de prueba anticipada y del dictamen pericial de evaluación psicológica No. 2014-0501-342 (F.18), practicada a la menor S. J. N. R. por el Licenciado Oscar Rolando Aguilar Argueñal, en fecha 30 de septiembre de 2014, si corresponde a lo establecido en el artículo 200 del Código Procesal Penal, o sí, por el contrario, existió una indebida exclusión de dichos medios de prueba que de ser de carácter decisivo, traería como consecuencia un vicio in procedendo que daría lugar al motivo regulado en el artículo 362.2 del mismo texto legal. Para el caso, de la declaración de la menor víctima S. J. N. R. los juzgadores dispusieron: “…no debe ser valorada en vista de haber sido excluida del material probatorio por estos Juzgadores; ya que tal y cual lo establece el artículo 200 del Código Procesal Penal Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesarios de dichos actos o hechos y que no hubiere sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, por lo que es procedente excluir dicha declaración en vista de haberse realizado conforme al procedimiento de la Cámara Gesell, cuya vigencia y obligatoriedad para todos los ciudadanos comenzó en fecha 21 de agosto de 2015 y esta declaración fue tomada en fecha 18 de noviembre del 2014, por lo que la misma se vuelve ilícita, al violentar lo que establece el artículo 90 de la Constitución de la República, el derecho a un debido proceso, a ser juzgado conforme a las leyes establecidas, en este sentido las vigentes al momento de la concurrencia de los hechos imputados al señor Juan Pablo Nazar Ayala.” En relación al dictamen pericial N0 2014-0501-342 realizado por el Licenciado Oscar Rolando Aguilar Argueñal, que contiene la evaluación psicológica a la menor victima S. J. N. R., los sentenciadores se pronunciaron en los siguientes términos: “…aunque dicha pericia fue realizada por una persona experta en la materia este Tribunal no le da ningún valor probatorio en virtud de considerar que siendo el Licenciado Oscar Aguilar la misma persona que participo como facilitador de la cámara Gesell no debió ser asimismo el perito que practicó la evaluación psicológica en tal sentido se violenta lo establecido en los artículos 240 y 241 del Código Procesal Penal, por lo que dicho dictamen ha sido excluido del material probatorio, asimismo advierte este Tribunal se infringió la norma Procesal, en su artículo 242 párrafo cuarto que establece entre otras cosas que “una vez investido judicialmente, el perito procederá a cumplir el encargo recibido, pondrá en conocimiento de quien lo designó, la fecha en que procederá a realizar las actuaciones propias de la pericia y la autoridad que lo nombró comunicara a las partes para que puedan presenciar su práctica…” careciendo de eficacia probatoria ya que el dictamen fue realizado en fecha 30 de septiembre del 2014 y la causa fue judicializada en fecha 29 de septiembre del 2014, sin la investidura del Perito por parte del órgano jurisdiccional respectivo, al haberse irrespetado las formalidades exigidas para la práctica de la pericia, la misma ciertamente está viciada, por afectar una disposición Procesal; el artículo 166 No. 5 del mismo cuerpo de ley establece que los actos procedimentales son nulos, cuando se realiza con infracción de las normas esenciales de procedimiento establecidas por este Código, que impida que el acto logre la finalidad que persigue la norma correspondiente, este tipo de vicios pueden ser alegados en cualquier momento procesal; de allí que en el presente caso, es preciso declarar de forma terminante la exclusión del dictamen psicológico realizado por el Licenciado OSCAR ROLANDO AGUILAR." Incorrectamente el Tribunal de Sentencia ha rechazado valorar los medios de prueba esgrimidos, en lo que respecta a la declaración testifical de la menor víctima, un resumen de los antecedentes del caso enjuiciado, establece que el 18 de noviembre de 2014, se llevó a cabo la audiencia para recibir la declaración de la menor víctima S. J. N, R, a través de la cámara Gessell y con formalidades de prueba anticipada, (F.44), desarrollada en presencia de la señora juez, la representante fiscal del Ministerio Público y de la Abogada Karla Corina Mejía, defensora pública del imputado, sin que presentara queja del auto de admisión de la solicitud de declaración (F.41), menos del desarrollo de la audiencia (F.44), se describe del acta, la juramentación por parte de la señora juez al técnico de la cámara Gesell, para luego, por su orden las partes procedieron a interrogar a la víctima, entre ellos, la defensa del imputado. Los Juzgadores con su resolución, olvidan lo perpetuado en el artículo 198 del Código Procesal Penal; que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del mencionado código, por su parte el artículo 199 dispone la utilización de cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado. El legislador ha previsto la inadmisibilidad de los medios de prueba prohibidos o ilícitos, referidos a los actos o hechos que vulneran las garantías procesales contenidos en la Constitución de la República y los Convenios Internacionales relativos a Derechos Humanos, así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiere sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, todo ello de acuerdo al artículo 200 del mismo Código Procesal Penal. En ese orden de ideas, el juzgador en la motivación de su resolución debe ser certero al exponer las razones por las que considera que un medio de prueba no llena los requisitos establecidos en la ley, no basta solo decir “es procedente excluir dicha declaración en vista de haberse realizado conforme al procedimiento de la Cámara Gesell, cuya vigencia y obligatoriedad para todos los ciudadanos comenzó en fecha 21 de agosto de 2015 y esta declaración fue tomada en fecha 18 de noviembre del 2014, por lo que la misma se vuelve ilícita, al violentar lo que establece el artículo 90 de la Constitución de la República, el derecho a un debido proceso, a ser juzgado conforme a las leyes establecidas, en este sentido las vigentes al momento de la concurrencia de los hechos imputados al señor Juan Pablo Nazar Ayala.” Del estudio de los antecedentes y de la sentencia recurrida, esta Sala de lo Penal observa que ciertamente los motivos invocados por el impetrante para recurrir en casación es constitutivo del quebrantamiento de forma; en consecuencia, se encuentra que la decisión de excluir la declaración de la menor víctima, no contiene el razonamiento y fundamento de derecho, pues el a quo lo excluyó desconociendo la norma procesal penal, inobservando los procedimientos, requisitos y exigencias del debido proceso, sin considerar el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba que sean necesarios, integrado en el genérico derecho a la defensa consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República como inviolable. Deben admitirse y evacuarse todos los medios de investigación que la mente humana considere como tales, estén regulados o no específicamente por la ley, no hay por tanto tasación legal de los actos de investigación, siendo sus únicos límites el respeto a los derechos fundamentales de las personas, su adecuación a los fines del proceso penal, así como su pertinencia y utilidad respecto a los hechos criminales concretos que han dado origen a la causa y a la personalidad de los imputados. Al haberlo excluido, causa inobservancia al debido proceso y restringe el derecho de defensa de los intereses de la sociedad y la respuesta justa y acorde a derecho que merecen las víctimas, quienes también tienen derecho a una tutela judicial efectiva de las que se les está privando. En este sentido, la norma procesal es clara, al referir que los hechos y circunstancias relacionadas con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado, debiendo los juzgadores prestar atención que aunque no estén regulados, deben ser medios de prueba objetivamente confiables; sin embargo, erróneamente la postura de los sentenciadores para excluir la declaración de la menor víctima, devino por no estar regulado al momento de su evacuación, cuando lo correcto, debió ser el analizar si dicho medio probatorio, era objetivamente confiable, del cual, esta Sala de lo Penal, considera que fue propuesta de manera correcta formalmente, no fue obtenida con violación de derechos fundamentales y es un medio de prueba idóneo para probar hechos concretos debatidos o controvertidos. En lo que respecta al dictamen pericial N0 2014-0501-342 realizado por el Licenciado Oscar Rolando Aguilar Argueñal, que contiene la evaluación psicológica a la menor victima S. J. N. R., se le niega valor probatorio por razonar los sentenciadores “….que siendo el Licenciado Oscar Aguilar la misma persona que participó como facilitador de la cámara Gesell no debió ser así mismo el perito que practicó la evaluación psicológica…” “…careciendo de eficacia probatoria ya que el dictamen fue realizado en fecha 30 de septiembre del 2014 y la causa fue judicializada en fecha 29 de septiembre del 2014, sin la investidura del Perito por parte del órgano jurisdiccional respectivo, al haberse irrespetado las formalidades exigidas para la práctica de la pericia, la misma ciertamente está viciada, por afectar una disposición Procesal…”, sin embargo tal criterio jurídico interpretativo es erróneo; denota la falta de estudio del expediente de mérito por parte del Tribunal de Sentencia, pues obra a folio 34, la solicitud de evaluación psicológica por parte de la fiscal de turno del Ministerio Público, con fecha de recibido 29 de septiembre de 2014, siendo la 01:30 de la tarde, mientras que la causa se judicializó en la misma fecha siendo las 03:40 de la tarde (F.3); es decir, cuando se solicitó la pericia no estaba judicializada la causa, el artículo 242 del Código Procesal Penal, refiere la designación y nombramiento de peritos; lo que significa que antes del requerimiento fiscal, el Ministerio Público es el titular técnico jurídico de la investigación, y se le permite la realización de toda diligencias dirigida al establecimiento de la verdad; pero una vez que el expediente esté judicializado, toda diligencia probatoria debe ser puesta bajo control jurisdiccional, y del conocimiento de la parte contraria, para que ésta tenga derecho a intervenir y tutelar los derechos de su representado. Equivocadamente, los juzgadores describen como fecha de partida 30 de septiembre del 2014, de una simple lectura al dictamen en mención, es posible deducir que en esa fecha se realizó la evaluación a la menor víctima, pero fue desde el 29 del mismo mes y año que se solicitó la evaluación Psicológica (F.34), horas antes de ser judicializado. El hecho de ser el mismo Licenciado Oscar Rolando Aguilar Argueñal quien participó como facilitador en la Cámara Gesell y que antes había realizado una evaluación psicológica, no es motivo suficiente para viciarlo, al contrario, por haber realizado él mismo la pericia, facilita el abordaje para el testimonio. Concluye esta Sala de lo Penal, que el tribunal sentenciador excluyó indebidamente los medios de prueba antes relacionados que alega el recurrente, sin expresar de manera detallada los fundamentos de hecho y de derecho que utilizó para separarlos del legajo probatorio, argumentos que esta sala no comparte. Ante este escenario, procede ser de recibido el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “
Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 138-2017, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de noviembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió al señor Juan Pablo Nazar Ayala, del delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de S. J. N. R.. SEGUNDO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma la Abogada Elisama Cueva, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente y la Abogada Lesly Argentina Rubio, defensora pública, en su condición de recurrida. Hechos Probados de la Instancia “PRIMERO: Que en fecha veintiocho de Septiembre del año dos mil catorce fue evaluada la menor S. J. N. R., que contaba con la edad de tres años, en el Departamento de Medicina Forense, presentando Himen tipo anular sin rupturas, Labios mayores hiperemicos y laceración en labios menores compatibles a fricción por cuerpo romo.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos La recurrente Abogada Elisama Cueva, agente del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN ÚNICO MOTIVO: El sentenciador excluyó prueba de valor decisivo en la litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 2 del artículo 362 del CPP. El artículo 202 del Código Procesal Penal establece que: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es agregado), aspecto que se reafirma con la obligación de fundamentación contenida en la regla cuarta numeral 2 del artículo 338, siempre de la norma supra referida, por el cual los jueces deben expresar las pruebas valoradas para dar por acreditados los hechos, en consecuencia, no les es permitido omitir o excluir arbitrariamente la valoración de prueba decisiva en la resolución del caso. De lo antes expuesto, vemos que el tribunal sentenciador se ve en la obligación al momento de dictar sentencia de apreciar todos y cada uno de los medios probatorios desaro1lados en el debate, es decir, aún aquellos que a simple vista se aprecia como inútiles para la resolución del caso, siempre y cuando hayan sido evacuados en el mismo, merecen un pronunciamiento respecto a su valoración, a través del cual a la probanza se le brinde el contenido, exiguo o crucial, que la misma merezca y por ende constituya el respaldo fáctico o bien de una condena, o de una absolución. Por su parte, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ha establecido que: “el artículo 362 preámbulo y numeral 2) del Código Procesal Penal, contiene varios vicios que requiere un análisis en forma separada. El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin explicar las razones de esa decisión o bien que se le considere ilícita sin serlo ...[1]” esta afirmación también se encuentra plasmada en los fallos emitidos en los expedientes SP90-2001 y SP165-2007, de ahí que en el caso sub judice nos encontramos ante el vicio casacional invocado ya que al examinar la sentencia censurada, así como las probanzas que sirvieron de fundamento para la misma, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido, excluyó dos pruebas de VALOR DECISIVO, la primera consistente en la declaración de la menor S. J. N. R., tomada con las formalidades de prueba anticipada, utilizando el procedimiento de la cámara de Gesell, incorporada al debate por reproducción de vídeo, por considerar el Juzgador que la misma fue evacuada antes de entrar en vigencia el decreto 22-2015,y a su criterio esta probanza ilícita al violentar el derecho a un debido proceso, a ser juzgado conforme las leyes establecidas en este sentido, vigentes al momento de la concurrencia de los hechos imputados al acusado. Esta representante de la sociedad estima, que las apreciaciones que ha efectuado el Tribunal respecto de la incorporación del vídeo que contiene la declaración de la menor S. J. N. R. rendida como prueba anticipada mediante la Cámara de Gesell, realizada el día dieciocho de noviembre del dos mil catorce, y de la cual el Tribunal ha considerado la exclusión de esta probanza relevante, por cuanto vincula al acusado con los hechos que se le atribuyen, decisión del sentenciador que consideramos totalmente desacertada por las razones que se exponen a continuación: La Cámara de Gesell, es una herramienta de auxilio en las investigaciones criminales, es vista que reduce el número de los procesos de entrevista o interrogatorios a los que son expuestas víctima, testigos en el escabroso y accidentado recorrido del proceso penal hacia la justicia[2], en virtud de que los procesos de entrevista son registrados a través de grabaciones audiovisuales, sin pasar por ninguna clase de edición, evitándose así cualquier manipulación y escape de información, resultando entonces, una estrategia de importancia en los procesos judiciales. La Constitución de la República de Honduras reconoce una serie de principios, derechos y garantías, como pilares fundamentales del proceso penal, ente los cuales podemos citar el Principio de Igualdad, el derecho a la Presunción de Inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a ser juzgado por tribunales competentes, el derecho a petición entre otros, en iguales circunstancias la normativa internacional Sobre Derechos Humanos, establece para el Estado de Honduras, una serie de obligaciones relacionadas con la función judicial, entre ellas la de asegurar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a todos las personas que se encuentren dentro de su territorio, así las cosas, la Convención Sobre los Derechos del Niño ha enmarcado el camino de actuación de los Estados Suscriptores, en la protección integral de todo ser humano menor de dieciocho años de edad, al declarar y describir un catálogo de derechos, al que debe ajustarse los sistemas legales nacionales, como una forma de garantizar su ejercicio, pues por razón de su edad, las niñas y niños y adolescentes no siempre pueden auto procurarse o promover el disfrute de esos derechos, exigiéndose entonces a todas las autoridades judiciales, administrativas y de cualquier índole la observancia de esos derechos en cada una de las decisiones que adopten. En función del tema que nos ocupa abordar, en términos generales, se destaca en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño la obligación que tienen las diferentes instancias judiciales, de considerar primordialmente el interés superior del niño/a ante cualquier medida concerniente a su persona. Además, el artículo 12 establece la obligación del Estado a garantizarle , conforme a su edad y madurez, las condiciones necesarias para que pueda formar su propio juicio y expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten a fin de que sus manifestaciones sean tomadas en cuenta, en forma especial, el Código de la Niñez y la Adolescencia también recopila derechos a al niñez hondureña, relacionados con su integridad física y mental, tales como derecho a la información, a la privacidad, y a la imagen respeto a su dignidad y el derecho a opinar y ser escuchado, en condiciones adecuadas y de seguridad; por consiguiente se obliga a la autoridad judicial a tornar las medidas adecuadas para realizar las entrevistas con apoyo interdisciplinario lo que incluye entre otros derechos el del contar con traductor o interprete, acudir a la audiencia en compañía de un profesional en el trabajo social o psicología o persona de confianza, y recibir del juez información clara y precisa de cada actuación, de lo expuesto deriva que la entrevista y la observación son una guía de valoración del abuso sexual, que pueden encaminarse en dos vías, la primera centrada en la obtención detallada sobre la agresión sufrida, así como la evaluación de la credibilidad de la declaración del menor de edad; y la segunda focalizada en detectar la influencia del abuso sobre el desarrollo psicosocial del niño para poder definir un plan de intervención. De ahí la importancia de la intervención del Psicólogo Forense, desde el primer momento en el proceso investigativo de abuso sexual de un menor de edad, brindándole asistencia y en tomarle declaración en un espacio que tenga condiciones adecuadas para generar un ambiente de seguridad y confianza en la víctima, con la participación del fiscal, Defensor, Juez y el personal interdisciplinario que se requiera para evitar que el niño o niña narre en las diferentes instancias detalles de la agresión sexual de que fue objeto, evitando la re-victimización. Es así que encontramos en el proceso penal, el marco legal para la utilización de la Cámara de Gesell en el artículo 199, que permite la libertad probatoria, el espíritu del artículo es precisamente utilizar cualquier instrumento para la realización de medios de prueba lícitos para cumplir con el objetivo de averiguar la verdad real, la libertad de medios de prueba posibilita la utilización de cualquier medio probatorio, salvo claro está, los expresamente prohibidos, se acepta no solo los medios de prueba establecidos en la ley (testimonio, peritajes, reconocimientos, careos , etc.) sino también, cualquier otro que no esté previsto expresamente, siempre que no se supriman las garantías y facultades de las personas; en el caso subjudice la declaración tomada a la menor S. J. N. R., como una prueba anticipada mediante el uso de la Cámara de Gesell, reúne todos los requisitos exigidos en a normativa adjetiva conforme lo establece el artículo 277, por cuanto fue realizada en presencia del juez, con la intervención de ambas partes, actuando bajo los principios de igualdad de armas, concentración, derecho de Defensa y Debido Proceso, y al respecto de la falta de presencia del imputado en la audiencia, la misma no se vuelve nula, puesto que el defensor está procurando la defensa técnica, por ende define la estrategia que utilizará en favor de su cliente, consecuentemente, la prueba no se vuelve ilícita por quebrantamiento al Derecho de Defensa.[3] En atención a los razonamientos antes expresados, se torna infundado que el juzgador califique como ilícito y violatorio de los principio de Debido Proceso y de Defensa, que dicha declaración hay sido evacuada por medio de la Cámara de Gesell, pues fue realizada antes de entrar en vigencia el decreto 22-2015, que regula el procedimiento que debe llevarse a cabo para la admisión y valoración de los testimonios obtenidos a través de esta herramienta; resulta desatinada la valoración intelectiva del juzgador por cuanto que, la reforma lo que viene a implementar es precisamente la obligatoriedad para que los jueces A-Quo siempre admitan las declaraciones tomadas a través de este procedimiento, tal como lo establece la reforma al artículo 277 que en su párrafo cuarto dice: “Así también se procederá cuando se trate de los supuestos a que se refiere el artículo 237-A del presente Código. Estas declaraciones deben ser siempre admitidas por el órgano jurisdiccional en todas las etapas del proceso, no siendo necesaria una nueva comparecencia o declaración de la víctima o testigo,(lo resaltado es nuestro) salvo en aquellos casos en que surjan noticias de circunstancias o Del derecho de defensa derivan a su vez los sub principios de Contradicción o audiencia y el de igualdad de armas procesales. Por el principio de Contradicción, como mecanismo para hacer efectivo el derecho de defensa, debe entenderse la facultad de la defensa para formular alegatos y proponer elementos de prueba, siempre que estos reúnan los 17 requisitos de admisibilidad, con la finalidad de favorecer al imputado en la salvaguarda de sus derechos individuales. Por su parte el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de franca vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra de menoscabo indebido en sus derechos procesales. Compete a la Representación del Ministerio Público, la carga de la prueba contra el imputado, y a la defensa, amparado en el estatus de inocencia, estructurar su estrategia, orientada bien solo a vigilar el debido cumplimiento de formalidades, derechos y garantías, o a desarrollar una efectiva actividad probatoria, en atención a introducir prueba de descargo con la finalidad de acreditar una causa de exención de la responsabilidad criminal o bien dirigida a reprochar la ilicitud de prueba de cargo, y con ello lograr su exclusión. Sentencia CP 257-2008 pag 16 Y 17. acontecimientos relacionados con el hecho imputado o de su autor, siempre y cuando se haya respetado las garantías del proceso”.(decreto 25-2015, vigencia a partir del 1 de agosto del 2015) Aunado a ello La Corte Suprema de Justicia, a través de la Circular N°6, oficio N° 1930-SCSJ-2012, estimó oportuno generar el instructivo sobre el uso de la Cámara de Gesell, tomando como marco legal para su implementación el artículo 277 del Código Procesal Penal, y demás disposiciones aplicables de dicha normativa. Es así, que al analizar la prueba excluida, vemos que la misma fue evacuada mediante vídeo en la vista del debate, la cual no fue cuestionada su introducción mediante lectura autorizada, declaración testifical que fue tomada conforme los parámetros legales del artículo 277, en relación al artículo 199 del Código Procesal Penal, respetando los principios de concentración, igualdad de armas, debido proceso y Defensa, por lo que si el juzgador hubiese realizado este razonamiento intelectivo del testimonio, conjuntamente con el resto de la probanza, el resultado sería un fallo condenatorio. La segunda prueba excluida consiste en el Dictamen Pericial, N° 2014-0501- 342 elaborado por el Licenciado Oscar Rolando en fecha treinta(30) de septiembre del dos mil catorce(2014), que contiene la evaluación Psicológica practicada a la menor S. J. N. R., al considerar el sentenciador que la pericia fue realizada el 30 de septiembre del 2014, violentando lo establecido en los artículos 240, 241, 242 párrafo cuarto y 246 del Código Procesal Penal, el parecer del Juzgador es que con dicho medio probatorio se vulneró las formalidades exigidas para su práctica, por lo que el mismo debe ser declarado nulo conforme a lo establecido en el artículo 166 numeral 5 del mismo cuerpo de la Ley, al ser practicada la pericia sin control jurisdiccional; razonamiento que produjo como consecuencia el fallo absolutorio a favor del procesado. Las valoraciones que ha efectuado el Tribunal respecto del dictamen de Psicología Forense y que lo han llevado a la exclusión de esta probanza relevante, resultan equivocadas en virtud de que el perito cuando realizó la pericia de evaluación Psicológica de la menor S. J. N. R., reunía todos los requisitos establecidos en la norma adjetiva, estaba facultado para hacerlo por tener la condición de Perito Oficial del Ministerio Público, y no le eran aplicables los numerales plasmados en el artículo 241 del Código Procesal Penal, así las cosas al participar el Licenciado Oscar Rolando Aguilar en la evaluación de la menor lo hace a petición del Ministerio Público, solicitud de evaluación, la que fue recibida el día 29 de septiembre del 2014 a la una y treinta de la tarde, en la dirección de Medicina Forense antes de presentar el Requerimiento Fiscal ante el órgano jurisdiccional, posteriormente el día 18 de noviembre del 2014, el Licenciado Oscar Rolando Aguilar participa en calidad de facilitador en el uso de la Cámara de Gesell, para recibir la declaración de la menor S.. J. N. R., bajo la diligencia de prueba anticipada, esta participación del perito no vicia su criterio como perito, al contrario al conocer la menor facilita el abordaje para su testimonio, por lo que con su participación en esta etapa del proceso no anula la pericia realizada con anterioridad(ver Dictamen Pericial, N° 2014-0501-342, 30 de septiembre del dos mil catorce 2014). El Juzgador, al arribar a la conclusión antes señalada está dejando de considerar que una violación al ya señalado Derecho de Defensa debe producir forzosamente un perjuicio, es decir, que se haya producido una indefensión efectiva, ya sea en la defensa material (no auto-incriminación, ser informado de los motivos de su detención en ese mismo acto...) o en la defensa técnica (ejercida por el profesional de derecho que le representa); por lo que de no ser así cobra valor preeminente el axioma “no hay nulidad in perjuicio”. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado en los siguientes términos: “El Derecho de Defensa se considera infringido cuando a los litigantes se les limita la posibilidad real de ser oídos, o se les mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional de los órganos judiciales el permitir a las partes su defensa procesal mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley”, también indica que para ampararse en una situación e indefensión debe existir: “la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal, 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética, 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión, 4) Debe ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o interés legítimo, 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional”. (Sentencia APC-526028, de fecha 19 de Marzo de 2009, Sala Constitucional, Corte Suprema de Justicia). En cuanto al caso sujeto de análisis, es de fundamental importancia resaltar, que el sentenciador privó de validez el Dictamen Psicológico antes referido por la razón ya señalada, es decir que la causa ya estaba judicializada al practicarse la pericia, sin que dicho extremo pudiese ser verificado o probado; sin embargo, la solicitud de Pericia enviada por el Ministerio Público a Medicina Forense, la que fue recibida el día 29 de septiembre del 2014 a la una y treinta de la tarde; momento en que el Ministerio Público preparaba la investigación para sustentar la pretensión acusatoria y de lo cual acompañamos al presente recurso copia de la nota enviada al Coordinador Regional de Medicina Forense de San Pedro Sula, por el Fiscal de Turno, con la fecha antes indicada del recibido; por lo cual la conclusión a la que llegó el sentenciador resulta errónea, pues la causa aún no había sido judicializada y como se ha venido exponiendo en el desarrollo del presente motivo, aunque así hubiese sido, esto no invalidaría la pericia, pues no se ha producido un perjuicio que lesione un Derecho Fundamental consagrado en la Constitución de la República o en la Ley Procesal. De todo lo anterior se desprende que el Ministerio Público, una vez incoada la causa, puede practicar u ordenar que se practiquen las averiguaciones y actos de investigación que considere necesarios para fortalecer su posición acusatoria antes de formalizar su acusación, por ende el legislador le brindó al Ente Fiscal la posibilidad de efectuar las diligencias investigativas que sean necesarias en el caso concreto, por lo cual sería absurdo pretender limitar las atribuciones que se ha concedido al Ministerio Público en beneficio de los intereses generales de la sociedad y la búsqueda de la verdad así como la pronta y efectiva realización de la justicia. Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia objetada ido1ece de graves vicios de forma, que se traducen en la Absolución del imputado por el delito de Actos de Lujuria agravados, siendo violatorios e1 sistema de la sana critica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia, el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 y 338 regla cuarta numeral 2 del Código Procesal Penal; *Concepto de la infracción expuesto: El sentenciador excluyó prueba de valor decisivo en la litis; *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia; *Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El Ministerio Público interpone recurso de casación por quebrantamiento de forma y cita como único motivo que los sentenciadores excluyeron dos pruebas de valor decisivo, la primera consiste en la declaración de la menor S. J. N. R., tomadas con formalidades de prueba anticipada, utilizando el procedimiento de la cámara de Gesell, por considerar el juzgador que la misma fue evacuada antes de entrar en vigencia el decreto 22-2015, que lo vuelve ilícita al violentar el derecho a un debido proceso; como segunda el dictamen pericial N0 2014-0501-342 elaborado por el licenciado Oscar Rolando en fecha treinta de septiembre de dos mil catorce que contiene la evaluación psicológica practicada a la menor S. J. N. R., al razonar los sentenciadores que siendo la pericia realizada el 30 de septiembre del 2014 violentó articulados del Código Procesal Penal, con ello, formalidades exigidas para su práctica, declarándolo nulo por ser practicado sin control jurisdiccional. Concluye la censora, que la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, que se traducen en la absolución del imputado por el delito de Actos de lujuria agravados. Exclusión indebida de medios de prueba de Valor Decisivo El proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del Código Procesal Penal), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del Código Procesal Penal), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del Código Procesal Penal) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del Código Procesal Penal) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del Código Procesal Penal) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del Código Procesal Penal), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el previsto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando en la sentencia indebidamente se “… excluya […] alguna prueba de valor decisivo”. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. La norma procesal además exige para la configuración del vicio, que el medio de prueba indebidamente excluido posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. Habiendo analizado el recurso interpuesto por el Ministerio Público, es importante acotar que el análisis a efectuar por esta Sala de lo Penal únicamente versará sobre si la decisión del sentenciador de excluir los resultados arrojados por los medios de prueba consistente en la declaración rendida por la menor S. J. N. R. a través de la cámara de Gessel con formalidades de prueba anticipada y del dictamen pericial de evaluación psicológica No. 2014-0501-342 (F.18), practicada a la menor S. J. N. R. por el Licenciado Oscar Rolando Aguilar Argueñal, en fecha 30 de septiembre de 2014, si corresponde a lo establecido en el artículo 200 del Código Procesal Penal, o sí, por el contrario, existió una indebida exclusión de dichos medios de prueba que de ser de carácter decisivo, traería como consecuencia un vicio in procedendo que daría lugar al motivo regulado en el artículo 362.2 del mismo texto legal. Para el caso, de la declaración de la menor víctima S. J. N. R. los juzgadores dispusieron: “…no debe ser valorada en vista de haber sido excluida del material probatorio por estos Juzgadores; ya que tal y cual lo establece el artículo 200 del Código Procesal Penal Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesarios de dichos actos o hechos y que no hubiere sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, por lo que es procedente excluir dicha declaración en vista de haberse realizado conforme al procedimiento de la Cámara Gesell, cuya vigencia y obligatoriedad para todos los ciudadanos comenzó en fecha 21 de agosto de 2015 y esta declaración fue tomada en fecha 18 de noviembre del 2014, por lo que la misma se vuelve ilícita, al violentar lo que establece el artículo 90 de la Constitución de la República, el derecho a un debido proceso, a ser juzgado conforme a las leyes establecidas, en este sentido las vigentes al momento de la concurrencia de los hechos imputados al señor Juan Pablo Nazar Ayala.” En relación al dictamen pericial N0 2014-0501-342 realizado por el Licenciado Oscar Rolando Aguilar Argueñal, que contiene la evaluación psicológica a la menor victima S. J. N. R., los sentenciadores se pronunciaron en los siguientes términos: “…aunque dicha pericia fue realizada por una persona experta en la materia este Tribunal no le da ningún valor probatorio en virtud de considerar que siendo el Licenciado Oscar Aguilar la misma persona que participo como facilitador de la cámara Gesell no debió ser asimismo el perito que practicó la evaluación psicológica en tal sentido se violenta lo establecido en los artículos 240 y 241 del Código Procesal Penal, por lo que dicho dictamen ha sido excluido del material probatorio, asimismo advierte este Tribunal se infringió la norma Procesal, en su artículo 242 párrafo cuarto que establece entre otras cosas que “una vez investido judicialmente, el perito procederá a cumplir el encargo recibido, pondrá en conocimiento de quien lo designó, la fecha en que procederá a realizar las actuaciones propias de la pericia y la autoridad que lo nombró comunicara a las partes para que puedan presenciar su práctica…” careciendo de eficacia probatoria ya que el dictamen fue realizado en fecha 30 de septiembre del 2014 y la causa fue judicializada en fecha 29 de septiembre del 2014, sin la investidura del Perito por parte del órgano jurisdiccional respectivo, al haberse irrespetado las formalidades exigidas para la práctica de la pericia, la misma ciertamente está viciada, por afectar una disposición Procesal; el artículo 166 No. 5 del mismo cuerpo de ley establece que los actos procedimentales son nulos, cuando se realiza con infracción de las normas esenciales de procedimiento establecidas por este Código, que impida que el acto logre la finalidad que persigue la norma correspondiente, este tipo de vicios pueden ser alegados en cualquier momento procesal; de allí que en el presente caso, es preciso declarar de forma terminante la exclusión del dictamen psicológico realizado por el Licenciado OSCAR ROLANDO AGUILAR." Incorrectamente el Tribunal de Sentencia ha rechazado valorar los medios de prueba esgrimidos, en lo que respecta a la declaración testifical de la menor víctima, un resumen de los antecedentes del caso enjuiciado, establece que el 18 de noviembre de 2014, se llevó a cabo la audiencia para recibir la declaración de la menor víctima S. J. N, R, a través de la cámara Gessell y con formalidades de prueba anticipada, (F.44), desarrollada en presencia de la señora juez, la representante fiscal del Ministerio Público y de la Abogada Karla Corina Mejía, defensora pública del imputado, sin que presentara queja del auto de admisión de la solicitud de declaración (F.41), menos del desarrollo de la audiencia (F.44), se describe del acta, la juramentación por parte de la señora juez al técnico de la cámara Gesell, para luego, por su orden las partes procedieron a interrogar a la víctima, entre ellos, la defensa del imputado. Los Juzgadores con su resolución, olvidan lo perpetuado en el artículo 198 del Código Procesal Penal; que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del mencionado código, por su parte el artículo 199 dispone la utilización de cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado. El legislador ha previsto la inadmisibilidad de los medios de prueba prohibidos o ilícitos, referidos a los actos o hechos que vulneran las garantías procesales contenidos en la Constitución de la República y los Convenios Internacionales relativos a Derechos Humanos, así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiere sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, todo ello de acuerdo al artículo 200 del mismo Código Procesal Penal. En ese orden de ideas, el juzgador en la motivación de su resolución debe ser certero al exponer las razones por las que considera que un medio de prueba no llena los requisitos establecidos en la ley, no basta solo decir “es procedente excluir dicha declaración en vista de haberse realizado conforme al procedimiento de la Cámara Gesell, cuya vigencia y obligatoriedad para todos los ciudadanos comenzó en fecha 21 de agosto de 2015 y esta declaración fue tomada en fecha 18 de noviembre del 2014, por lo que la misma se vuelve ilícita, al violentar lo que establece el artículo 90 de la Constitución de la República, el derecho a un debido proceso, a ser juzgado conforme a las leyes establecidas, en este sentido las vigentes al momento de la concurrencia de los hechos imputados al señor Juan Pablo Nazar Ayala.” Del estudio de los antecedentes y de la sentencia recurrida, esta Sala de lo Penal observa que ciertamente los motivos invocados por el impetrante para recurrir en casación es constitutivo del quebrantamiento de forma; en consecuencia, se encuentra que la decisión de excluir la declaración de la menor víctima, no contiene el razonamiento y fundamento de derecho, pues el a quo lo excluyó desconociendo la norma procesal penal, inobservando los procedimientos, requisitos y exigencias del debido proceso, sin considerar el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba que sean necesarios, integrado en el genérico derecho a la defensa consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República como inviolable. Deben admitirse y evacuarse todos los medios de investigación que la mente humana considere como tales, estén regulados o no específicamente por la ley, no hay por tanto tasación legal de los actos de investigación, siendo sus únicos límites el respeto a los derechos fundamentales de las personas, su adecuación a los fines del proceso penal, así como su pertinencia y utilidad respecto a los hechos criminales concretos que han dado origen a la causa y a la personalidad de los imputados. Al haberlo excluido, causa inobservancia al debido proceso y restringe el derecho de defensa de los intereses de la sociedad y la respuesta justa y acorde a derecho que merecen las víctimas, quienes también tienen derecho a una tutela judicial efectiva de las que se les está privando. En este sentido, la norma procesal es clara, al referir que los hechos y circunstancias relacionadas con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado, debiendo los juzgadores prestar atención que aunque no estén regulados, deben ser medios de prueba objetivamente confiables; sin embargo, erróneamente la postura de los sentenciadores para excluir la declaración de la menor víctima, devino por no estar regulado al momento de su evacuación, cuando lo correcto, debió ser el analizar si dicho medio probatorio, era objetivamente confiable, del cual, esta Sala de lo Penal, considera que fue propuesta de manera correcta formalmente, no fue obtenida con violación de derechos fundamentales y es un medio de prueba idóneo para probar hechos concretos debatidos o controvertidos. En lo que respecta al dictamen pericial N0 2014-0501-342 realizado por el Licenciado Oscar Rolando Aguilar Argueñal, que contiene la evaluación psicológica a la menor victima S. J. N. R., se le niega valor probatorio por razonar los sentenciadores “….que siendo el Licenciado Oscar Aguilar la misma persona que participó como facilitador de la cámara Gesell no debió ser así mismo el perito que practicó la evaluación psicológica…” “…careciendo de eficacia probatoria ya que el dictamen fue realizado en fecha 30 de septiembre del 2014 y la causa fue judicializada en fecha 29 de septiembre del 2014, sin la investidura del Perito por parte del órgano jurisdiccional respectivo, al haberse irrespetado las formalidades exigidas para la práctica de la pericia, la misma ciertamente está viciada, por afectar una disposición Procesal…”, sin embargo tal criterio jurídico interpretativo es erróneo; denota la falta de estudio del expediente de mérito por parte del Tribunal de Sentencia, pues obra a folio 34, la solicitud de evaluación psicológica por parte de la fiscal de turno del Ministerio Público, con fecha de recibido 29 de septiembre de 2014, siendo la 01:30 de la tarde, mientras que la causa se judicializó en la misma fecha siendo las 03:40 de la tarde (F.3); es decir, cuando se solicitó la pericia no estaba judicializada la causa, el artículo 242 del Código Procesal Penal, refiere la designación y nombramiento de peritos; lo que significa que antes del requerimiento fiscal, el Ministerio Público es el titular técnico jurídico de la investigación, y se le permite la realización de toda diligencias dirigida al establecimiento de la verdad; pero una vez que el expediente esté judicializado, toda diligencia probatoria debe ser puesta bajo control jurisdiccional, y del conocimiento de la parte contraria, para que ésta tenga derecho a intervenir y tutelar los derechos de su representado. Equivocadamente, los juzgadores describen como fecha de partida 30 de septiembre del 2014, de una simple lectura al dictamen en mención, es posible deducir que en esa fecha se realizó la evaluación a la menor víctima, pero fue desde el 29 del mismo mes y año que se solicitó la evaluación Psicológica (F.34), horas antes de ser judicializado. El hecho de ser el mismo Licenciado Oscar Rolando Aguilar Argueñal quien participó como facilitador en la Cámara Gesell y que antes había realizado una evaluación psicológica, no es motivo suficiente para viciarlo, al contrario, por haber realizado él mismo la pericia, facilita el abordaje para el testimonio. Concluye esta Sala de lo Penal, que el tribunal sentenciador excluyó indebidamente los medios de prueba antes relacionados que alega el recurrente, sin expresar de manera detallada los fundamentos de hecho y de derecho que utilizó para separarlos del legajo probatorio, argumentos que esta sala no comparte. Ante este escenario, procede ser de recibido el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. DECISIÓN. Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362.2 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Elisama Cueva, agente fiscal del Ministerio Público. Segundo: Casa la sentencia de fecha veinte de noviembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, decretando su nulidad, asimismo la audiencia de debate que le origina, de fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. Y MANDA: Primero: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del señor Juan Pablo Nazar Ayala por el delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de S. J. N. R., en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha veinte de noviembre del año dos mil dieciséis. Segundo: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-138-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] Sentencia de 30 de Mayo de 2011, recaída en el Recurso de Casación Peal No. 154-2009.
[2] Conforme al procedimiento penal hondureño, una víctima es sometida a diligencias de entrevista y/o interrogatorio en por lo menos nueve ocasiones, en la interposición de la denuncia, ante el investigador signado (podría ser más, debido a las rotaciones policiales) médico forense, psicólogo y psiquiatra, trabajador social, fiscal del caso, el Juez de Instrucción y ante el tribunal de Sentencia
[3] Esta Sala de lo Penal recuerda que con arreglo a lo dispuesto por el artículo 82 de las Constitución de la República, el derecho de defensa es inviolable, principio que mantiene intima relación con el Artículo 90 constitucional referido al principio del debido proceso, proceso justo o proceso legal.