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Sentencia CP-135-17 — Registro 11505

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Violación. En segunda instancia fue declarado No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL SEGUNDO MOTIVO NO ES DE RECIBO. El segundo motivo fue planteado por el recurrente de manera defectuosa, lo que obliga a ser declarado sin lugar. Plantea al inicio que existe una violación a las reglas de la sana critica por el Tribunal de Sentencia, denuncia violación a la regla de la lógica en su principio de derivación, sin razonar porque ha sido infringida, es decir, omite establecer aspectos básicos en qué consistió la infracción, cual es el razonamiento judicial que contiene la infracción y como ésta repercute en lo decidido y luego desbordarse en aspectos de carencia de motivación. En el Proceso Penal no existe una previa determinación de pruebas (prueba tasada), por lo que esto debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no puede provocar un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios estrictamente valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. No es de olvidar que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc., e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue construido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano. Contrario a ello, el recurrente se ocupó de formular argumentaciones ajenas al recurso; se dio la tarea en analizar la prueba, confundiendo la única instancia con una segunda instancia. Por lo anterior, deviene en declarar improcedente el recurso invocado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

".... De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO.Es oportuno indicar como ha bien lo señala en su recurso el censor, que el ejercicio de la defensa comprende, no solo el hecho de contar con un profesional del derecho que le represente en el proceso penal y le asesore técnicamente, sino también a que el acusado pueda defenderse materialmente de manera directa a través de su propia participación en el proceso y que se materializa, entre otros, con el derecho a declarar sobre los hechos (cuando no se ejerza el derecho a abstenerse de declarar), garantizado así por los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 94 de la Constitución de la República. En contraposición, los tribunales tienen el deber de escuchar al acusado y más aún, el de tener en cuenta sus manifestaciones al momento de decidir sobre algún aspecto del proceso; en el caso específico de la audiencia de debate es deber del Tribunal de Sentencia analizar lo dicho por el acusado conforme a las reglas de la sana crítica y determinar su credibilidad para efectos de emitir el fallo, esta valoración es la misma que se debe realizar cuando el acusado participa voluntariamente en un careo (Art. 260) o en una Reconstrucción de Hechos (Art. 262 CPP). Es por lo indicado que es posible reclamar vía recurso de casación por quebrantamiento de forma los casos en donde el Tribunal de Sentencia no haya tenido en consideración la declaración de la persona acusada, bajo el motivo de “exclusión indebida o de la falta de consideración de un medio de prueba de valor decisivo”, aun cuando tengamos claro que no se trata propiamente de un medio de prueba, pero si de un medio material de defensa que debe ser ponderado previo a la decisión judicial. En el recurso que nos ocupa, el recurrente denuncia que el Tribunal de Sentencia realizó una exclusión valorativa del factum de la sentencia y luego refiere la omisión de no realizar reflexión alguna sobre la declaración del imputado; al fundarse este recurso por infracción de precepto constitucional en los alegatos que sirvieron al recurrente para plantear el Recurso por quebrantamiento de forma en su primer motivo, esta Sala se limita a señalar que lo expuesto para dar respuesta a aquel recurso es el mismo fundamento por el cual el recurso por infracción de precepto constitucional debe ser también denegado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 135-2017, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a Brayan Ariel García Rodríguez, como autor responsable de un delito de Violación en perjuicio de E. V. A. U., a la pena de quince años de reclusión. SEGUNDO: Impuso a Brayan Ariel García Rodríguez las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena de reclusión. TERCERO: Declaró a Brayan Ariel García Rodríguez, responsable civilmente como consecuencia de su responsabilidad penal. CUARTO: No declaró la condena de Brayan Ariel García Rodríguez al pago de costas procesales. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado José Manuel Andrade, actuando en su condición de defensor privado del señor Brayan Ariel García Rodríguez. Son partes en única instancia: El Abogado José Manuel Andrade Ávila, defensor Privado, en su condición de recurrente; y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En fecha 13 de enero del año 2015 aproximadamente a las dos de la tarde la menor E. V. A. U., quien contaba con trece años de edad, se encontraba en su casa de habitación ubicada en la residencia de San José de Comayagüela, en compañía de unas amigas y vecinas de nombre María José y Sofía Raquel ambas de apellido Villeda Sierra, las cuales se trasladaron a casa de las hermanas Villeda Sierra que se encontraba en el mismo vecindario; momentos después llegó el señor BRAYAN ARIEL GARCÍA RODRÍGUEZ, quien en una de las habitaciones de esa casa se encerró con E. V. A. U., manteniendo relaciones sexuales con ella vía vaginal. SEGUNDO: En fecha 15 de enero del año 2015 la madre de E. V. A. U. tiene conocimiento de estos hechos sucedidos por lo que procede a establecer una denuncia en contra del señor BRAYAN ARIEL GARCÍA RODRÍGUEZ, quien es capturado y remitido a la autoridad competente.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado José Manuel Andrade Ávila, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO PRIMERO. Se excluyó y, de esa manera, se dejó de considerar prueba de valor decisivo, inobservando lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 362, preámbulo y numeral dos del Código Procesal Penal, que a la letra y en la parte conducente dispone: Artículo 362. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1) Que…. se excluya o dele de considerar alguna prueba de valor decisivo. EXPLICACION DEL MOTIVO El legislador establece en el artículo 199 del Código Procesal Penal, que los hechos y circunstancias relacionadas con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio de prueba, siempre que sea objetivamente confiable, estableciendo que son PERTINENTES si se refieren directa o indirectamente, objeto de la investigación, y son UTILES para averiguar la verdad. La exclusión, de prueba, que se alega, como vicio en este recurso, se refiere no ha su enunciación como tal en la sentencia, como ocurren en el numeral tercero del acápite valoración de la prueba que contiene la sentencia, donde se realiza una copia literal del acta de debate, de la declaración rendida por la joven TESTIGO M. J. V., y de igual manera la copia literal de la declaración del imputado BRAYAN ARIEL GARCIA RODRIGUEZ, que se encuentra en el mismo acápite señalado. Es de hacer notar que la redacción de la Sentencia que hoy se impugna tiene bajo el acápite VALORACION DE LA PRUEBA, dos aspectos, el primero es la enunciación de todos los medios de prueba evacuados en juicio, como una copia textual del acta de debate, misma que no contiene ninguna valoración del Tribunal y únicamente se limita a transcribir la prueba evacuada. El segundo aspecto, y que se encuentra bajo el título VALORACION CONJUNTA, es el análisis intelectivo que realiza el tribunal para valorar la prueba y llegar a conclusiones que fundamenten su fallo; es ahí donde el Tribunal de Sentencias excluye al pronunciarse sobre si da o no valor probatorio a la declaración de la Testigos MARIA JOSE VILLEDA y de igual forma no se pronuncia sobre la declaración de imputado BRAYAN ARIEL GARCIA RODRIGUEZ. Es preciso indicar que los artículos 202, 336 y 338 sección cuarta numeral 2 del Código Procesal Penal, obligan al Órgano Juzgador respecto a la fiabilidad que merezca cada uno de los medios de prueba reproducidos en el Debate, al amparo de las reglas de la sana crítica, apreciándolos tanto individualmente como de manera conjunta y armónica, cosa que no ha ocurrido en el caso de autos. Veamos por separado entonces esta prueba de vital importancia excluida en su valoración por los Juzgadores en su sentencia: 1. DECLARACION DE MARIA JOSE VILLEDA. Joven que acompañaba a la supuesta víctima E. V. A. U., el día que ocurrieron supuestamente los hechos; en este punto es importante estables que la propia víctima en su relato establece que fue en la casa de la testigo MARIA JOSE VILLEDA, donde ocurrieron los hechos y que esta se mantuvo en la misma casa cuando ocurría la supuesta violación. Ahora bien contrario a lo dicho por la víctima, la Joven M. J. V. afirma, que “estuve escuchando curiosa debajo de la puerta a ver que pasaba, solo se escuchaba que hablaban tranquilamente después de diez minutos salieron...” para luego a pregunta de la defensa afirmar que no existió ninguna relación sexual entre BRAYAN y E. V.. Es importante también establecer que esta testigo menciono el hecho de que la madre de la supuesta víctima pertenecía a la policía, y que fue amenazada por ella, para declarar en contra del procesado; además incluyo aspecto relacionados con un “novio” de la víctima de nombre A., del cual no se investigó.- Todos estos aspectos convierten a la testigo en una testigo de vital importancia, ya en primer lugar es mencionada por la VICTIMA, como la persona que se encontraba en el lugar con ella cuando ocurrieron los hechos y por lo tanto debía de corroborar los dichos de la víctima, pero contrario a eso, establece haber estado presente en todo momento y que cuando la pareja decide hablar a solas en el cuarto, ella por la curiosidad natural de jóvenes de su edad, se queda escuchando bajo la puerta lo ocurrido, sin escuchar mas que la plática entre ellos y no una escuchar nada de que mantuviera ninguna relación sexual. El Tribunal omite pronunciamiento sobre lo declarado por la testigo, con lo que se produce una indebida exclusión del medio de prueba, ya que habiéndose admitido y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor al medio de prueba, es decir hace decir hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad.- En este sentido ya se ha pronunciado la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencias de Casación penal así: Recurso de Casación No.S.P.32=2010 PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO: EXCLUSIÓN DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN LA LITIS.- PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.2; NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- 1.- Bajo éste título la Censora denuncia que los Juzgadores excluyeron prueba de valor decisivo para la causa, ya que debido a ello se generó un pronunciamiento absolutorio. Sostiene que la Instancia no consideró lo declarado por la testigo A. y. s., hermana de la acusada y de profesión enfermera, quien en debate declaró haber escuchado de su hermana manifestaciones de arrepentimiento por lo hecho y que esto se debió a una debilidad. Agrega que el Tribunal dejó de considerar la declaración de la acusada cuando al cierre del debate y en el ejercicio de su derecho a la última palabra indicó que “todo lo hizo por miedo a sus padres, compañeros de colegio”.— II.- Para dar respuesta a lo planteado es preciso indicar que los artículos 202, 336 y 338 sección cuarta numeral 2 del Código Procesal Penal obligan al Órgano Juzgador a pronunciarse respecto a la fiabilidad que le merezca cada uno de los medios de prueba reproducidos en el Debate, al amparo de las reglas de la sana crítica, apreciándolos tanto individualmente como de manera conjunta y armónica conforme al artículo 333, solo se podrán reproducir en el debate aquellos que fueron debida y previamente admitidos, de ahí que la sentencia que no sea producto de lo preceptuado adolecería de un vicio in procedendo.- Uno de esos vicios es el previsto en el articulo 362.2 del Código Procesal Penal, como motivo para el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, que se produce cuando indebidamente se excluye un medio de prueba, es decir cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor al medio de prueba, es decir hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad Otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, tacha un medio de prueba como ilícito descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras negándole valor alguno como consecuencia de una desatinada calificación de ilicitud.- Finalmente, para determinar si el medio de prueba indebidamente excluido posee un valor decisivo en la emisión del fallo, se debe de recurrir a la técnica conocida como “Inclusión Hipotética”, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de verificar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba en de carácter decisivo, por el contrario aun cuando su exclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo.— III.— El Motivo es de Recibo.” Vistas así las cosas es evidente la exclusión del medio de prueba, y basta leer los dos párrafos que contiene la valoración conjunta de la prueba redactada en la sentencia para patentizar el vicio indicado. 2) Declaración del imputado BRAYAN ARIEL GARCIA RODRIGUEZ El imputado haciendo uso de su defensa material, decide declarar en juicio y establece los mismos hechos narrados por la Testigo MARIA JOSE VILLEDA, estableciendo que efectivamente llegaron a la casa de ésta con la supuesta víctima, pero que no mantuvieron ninguna relación sexual, y que únicamente platicaron; que fue citado en el lugar por la Joven E.V., quien le enviaba mensajes, que él tenía 18 años cuando ocurrieron los supuestos hechos y que ignoraba la edad de la joven. Surge entonces la situación de que si la declaración del imputado es o no un medio de prueba que deba valorarse y si es imprescindible como requisito de la sentencia que se valore la misma; sobre estos aspecto también existen sentencias de Casación Penal de las que se hace referencia en este recurso: Recurso de Casación No.S.P.32=2010 “…..PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO: EXCLUSIÓN DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN LA LITIS.- PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.2; NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL... Son dos los reclamos de La Censora formulados bajo este título donde denuncie exclusión de dos medios de prueba de valor decisivo:... 2) .- En relación a la declaración de la acusada M. N. y. S., el cuestionamiento genere múltiples preguntas que merecen ser contestadas, en principio el hecho de si la declaración del acusado(a) en la audiencia del debate debe o no ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica y en especifico que relevancia tiene para el proceso la declaración que eventualmente rinda el acusado(a) en el cierre del debate ejerciendo su derecho a la última palabra.- En respuesta es importante señalar que el ejercicio de la defensa comprende, no solo el hecho de contar con un profesional del Derecho que le represente en el proceso penal y le asesore técnicamente, sino también a que el acusado(a) pueda defenderse materialmente de manera directa a través de su propia participación en el proceso y que se materializa, entre oros, con el derecho a declarar sobre los hechos (cuando no se ejerza el derecho a abstenerse de declarar), garantizado así por los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 94 de la Constitución de la República.- El Derecho a declarar en el proceso penal (o de abstenerse de hacerlo, Art. 88 Constitucional), le es informado al acusado desde el momento mismo de su aprehensión o desde el momento en que éste se presenta por primera vez ante el Ministerio Público o ante el Órgano Jurisdiccional, derecho que se mantiene durante todo el proceso conforme al artículo 4 segundo párrafo del Código Procesal Penal, así pues, el acusado tiene el derecho de declarar en cualquier etapa del proceso, en cualquier audiencia y deberá de ser oído por el Juzgado o Tribunal y considerar dicha declaración según sea el acto procesal en el que se realice, de este modo en la audiencia preliminar la declaración del acusado se evaluará junto con los méritos que existan para decidir si se debe o no dictar el auto de apertura a juicio, si la declaración es rendida en la audiencia de proposición de pruebas, el Tribunal de Sentencia la tendrá en cuenta para efectos de admitir o denegar la misma, etc., se trata de un derecho que no puede ser omitido en ningún caso y que tiene su equivalencia como el caso de llevarse un proceso penal en contra del acusado sin defensa técnica.- Ahora bien, y sin perjuicio de lo anterior, el proceso penal destina momentos específicos donde el órgano jurisdiccional debe consultar al acusado si desea rendir declaración o abstenerse de hacerlo, estos son la audiencia de declaración de imputado (Art. 286 del CPP), al inicio de la audiencia de debate (Art. 323 CPP) y previo a la conclusión de la audiencia de debate (Art. 334 último párrafo del CPP), momentos en donde el acusado(a),debidamente asesorado por el Letrado, decidirá la conveniencia o no de expresarse, éste derecho a declarar genera la inversa obligación al Tribunal de sentencia de oír dichas declaraciones y manifestaciones, ya que de lo contrario éste no se traduciría en un verdadero derecho, sino en un mero acto formal sin incidencia material, sería no menos que una burla al acusado (a) a quien se le ha repetido a lo largo del proceso que tiene derecho a declarar pero al final lo que diga, sin importar su trascendencia, no tiene valor alguno. El deber de los Tribunales de oír al acusado(a) implica el tener en cuenta sus manifestaciones al momento de decidir sobre algún aspecto del proceso, en el caso especifico de la audiencia de debate es el deber del Tribunal de Sentencia de analizar lo dicho por el acusado(a) conforme a las reglas de la sana crítica y determinar su credibilidad para efectos de emitir el fallo, ésta valoración es la misma que se debe realizar cuando el acusado participa voluntariamente en un careo (Art. 260) o en una Reconstrucción de Hechos (Art. 262 cpp).- Entre las declaraciones que puede brindar la persona acusada está la última palabra en el debate, misma que obedece al derecho del acusado(a) de ejercer su defensa material, quien después de haber escuchado la prueba que existe en su contra, los argumentos del acusador y los alegatos de su propio defensor, puede decidir dirigirse por última vez a los Jueces de Sentencia para efectos de ratificar o rectificar sus propias declaraciones, rebatir las versiones de los coimputados, cuestionar o resaltar aspectos referidos por testigos y peritos, discrepar, corregir o complementar lo dicho por su propio representante legal, o incluso confesar los hechos imputados, es el acusado(a) quien mejor que nadie conoce sobre la fidelidad de lo que se ha informado en la audiencia de debate con lo que ocurrió en la realidad y por ello debe darse la oportunidad para que éste lo exprese. La diferencia entre la declaración que pueda rendir el acusado(a) al inicio del debate con la que realiza al final del mismo es que en el último caso no es interrogado por las partes o por el Tribunal, más esto no le resta importancia a esta manifestación o exime al Tribunal de no considerarla al momento de su deliberación. El acusado (a), al final de la audiencia de debate se ha formado una visión de la actividad probatoria y de los argumentos alegados por la parte acusadora y de su propia defensa, por lo que podrá añadir lo que considere pertinente, manifestación que realiza con claro conocimiento sobre su derecho de abstenerse de declarar, de consultar cualquier duda a su abogado defensor y con plena conciencia de que serán las últimas palabras que escucharan los Juzgadores de su parte previo a tomar una decisión y de ahí su importancia, ergo, el Tribunal de Sentencia no puede dejar de considerar lo dicho en esta oportunidad por el acusado(a) bajo la premisa de que es una mera manifestación o porque no es objeto de interrogatorio posterior, olvidando que se trata de un acto material de defensa hecho por el protagonista del proceso penal y que amerita ser valorado por quienes decidirán sobre la procedencia de la acusación. Al no considerar el contenido de lo dicho por el acusado(a) en su última palabra en el debate se produce un vicio in procedendo con negativas repercusiones constitucionales, la omisión del Tribunal de Sentencia de no realizar ninguna reflexión en su deliberación y en su sentencia sobre la última manifestación del acusado implica violación al ejercicio material de la defensa y al debido proceso, violación que es de la misma índole y gravedad que cuando se omite darle al acusado(a) la oportunidad de realizar dicha manifestación.- En el caso de examine, previo a dar por cerrado el debate los Jueces de Sentencia consultaron con la acusada M. N. y. s., si deseaba manifestar algo, ésta con conocimiento pleno de sus derechos, teniendo a su lado a su representante legal y con clara visión de la carga probatoria recibida, decidió hacer uso de ese derecho, indicando que había realizado el hecho por miedo a sus padres y compañeros de colegio, manifestación que fue restada del análisis realizado por el órgano jurisdiccional en la sentencia y que por ende representa un vicio in procedendo al no haberle otorgado valoración alguna o negativa), por lo que en cuanto a éste aspecto es procedente declarar con lugar el primer motivo del recurso de casación por Quebrantamiento de FORMA...” Recurso de Casación Penal No. 266-2010. “... A efecto de dar una respuesta integral al planteamiento, es ineludible para esta Sala de lo Penal realizar un análisis respecto a la figura central del proceso penal: el Imputado y su relación con la prueba: 1).- El Imputado: el artículo 101 del Código Procesal penal establece que imputado es toda persona a la que se le atribuya participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta.— La calidad de imputado comienza a partir de la intimación, (Art. 84 último párrafo de la Constitución Política y Art. 101, 282.6 y 287.1 del CPP), que se da cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe; la Intimación viabiliza el ejercicio de la defensa —Técnica y Material— y por ello constituye un deber a cumplir por los Órganos Persecutores del Delito cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita que cualquier persona cuando tenga conocimiento de estar siendo inculpada en la comisión de un delito comparezca voluntariamente (Art. 276 del CPP) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (Art. 101.11 segundo párrafo de CPPP).- Como consecuencia de la intimación nace una relación jurídico procesal, dando paso a que la persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto es importante aclarar que no implica que previo al acto de Intimación al sospechoso no le asista derecho alguno ya que ello no es así, éste por su naturaleza de persona humana comparte con los demás ciudadanos los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (Inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), pero es a partir de la Intimación que la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (Arts. 15 y 101 CPP), por ello en el acto de Intimación adicionalmente el Estado tiene la obligación de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio es burlar la dignidad humana.- 2) .- La Prueba: Son innumerables los conceptos que la doctrina ha fijado para definir la prueba, casi tantos como la cantidad de acepciones que dicho término tiene en el ámbito procesal, más con ello la Prueba “en su acepción más genérica y puramente lógica, prueba quiere decir, a un mismo tiempo, todo medio que produce un conocimiento o probable, acerca de cualquier cosa, y en sentido más amplio y haciendo abstracción de las fuentes, significa el conjunto de motivos que nos suministra ese conocimiento. La Primera es una concepción subjetiva y la segunda es objetiva”4, dicho de otra manera la prueba es “el conjunto de razones que resultan del total de elementos introducidos al proceso y que le suministran al Juez el conocimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos que conforman el objeto del juicio y sobre el cual se debe decidir”.- Gravitan alrededor de la Prueba los conceptos de Objeto de prueba, sujeto de prueba, órgano de prueba, medio de prueba y elemento de prueba, mismos que para su fácil desarrollo se exponen a la inversa: a) .— Elemento de Prueba: Es el dato o información que se extrae del medio de prueba como consecuencia de su valoración por el órgano jurisdiccional..- b) .— Medio de Prueba: Es el conducto, vía o figura procesal mediante el cual se hace llegar al proceso la fuente de la prueba y al órgano de prueba; En el Código Procesal Penal aparecen regulados un número limitado de medios de prueba, bajo la advertencia de que éste no acoge un sistema de númerus clausus y que aunque no esté regulado todo medio de prueba es permitido (Principio de Libertad probatoria) siempre que reúna dos requisitos esenciales: Que sea objetivamente confiable y que sea lícito (Art. 199 CPP) c) .- Fuente de Prueba: “Es el hecho del cual se sirve el Juez para deducir la verdad”6; Es la cosa o persona que se somete a estudio y que permite afirmar o descartar el objeto de prueba; d) .- Órgano de Prueba: “Es el sujeto que aporta un elemento de prueba y lo transmite al proceso. Su Función es la de intermediario entre la prueba y el Juez”; El órgano de Prueba no se considera como “Prueba”, sino como intermediario entre el elemento de prueba y el Juzgador, como ocurre con los testigos o los peritos.- d).- Sujeto de Prueba: Persona que contribuye en la reproducción de un medio de prueba; e) .— Objeto de Prueba: “Es aquello susceptible de ser probado, aquello sobre lo que debe o puede recaer la prueba”; La prueba en el proceso penal se ocupa de tres temas: sobre la existencia del hecho, sobre la participación del imputado y sobre las condiciones personales del imputado (Imputabilidad) .- 4) .- El Imputado Frente a la Prueba: La persona imputada puede presentarse frente a la prueba como un objeto de prueba o como un sujeto de prueba: a).- El imputado es Objeto de Prueba cuando se considere a su entidad corporal como fuente de datos que facilite n la investigación penal, adoptando una posición pasiva frente a la actividad probatoria (Art. 107 del CPP).- Las normas Constitucionales y procesales exigen la concurrencia de requisitos muy puntuales y la observancia de procedimientos rigurosos a efectos de tener al Imputado como Objeto de prueba, cuya inobservancia no solo hacen estéril la actividad probatoria a consecuencia de su ilicitud, sino que además podrían implicar la comisión de delitos en perjuicio de la persona del imputado.- b) .- El Imputado actuará como Sujeto de Prueba cuando para la obtención de un elemento probatorio se requiera su participación activa, por lo que en acatamiento al artículo 88 de la Constitución de la República, ésta participación debe de ser libre y voluntaria.— Ampara la anterior consideración el Principio— derecho de la presunción de inocencia, contenido en el artículo 89 de la Constitución, siendo la obligación del Estado, a través del órgano acusador, destruir la misma con la aportación de medios de prueba suficientes, sin que el imputado esté obligado a contribuir a dicha aportación, por ello el Artículo 88 Constitucional establece que «‘No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Nadie puede ser obligado en asunto penal... a declarar contra si mismo.”. La participación del imputado como sujeto de prueba es un acto de defensa material, pero además es una fuente de prueba que debe de ser valorada en contraste con la demás, aun cuando se trate de una declaración donde se confiese su participación en el delito o si se trata de una declaración donde se plantee una coartada. El Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece el derecho de toda persona imputada de ser oída por autoridad competente, lo que conlleva obligación correlativa de esa Autoridad de escucharla y examinar no sólo su declaración sino que cualquier otro acto que realice como sujeto de prueba de conformidad a las funciones del Organo Persecutor del Delito que la reciba y el momento procesal que se realice, examen que puede resultar en una valoración positiva o negativa para los intereses del encausado...” Es evidente entonces que el Tribunal de Sentencias estaba obligado, bajo sanción de vicio de la sentencias, en valorar la Declaración del imputado, debiendo establecer y llegar a conclusiones en relación a darle o no credibilidad a sus dichos, pero al guardar absoluto silencio, se produce un vicio in procedendo, con negativas repercusiones, ya que no se realiza ninguna reflexión en su deliberación y sentencia sobre la declaración del imputado, violación que es de tal índole y gravedad como que se hubiera omitido darle la oportunidad de realizar dicha declaración. Si el Tribunal de Sentencia hubiera tomado en consideración toda esa prueba sobre el fondo de la cuestión debatida, y le hubiera reconocido la eficacia probatoria de que legalmente estaba investida, habría arribado a conclusión diferente, no de condena, sino de absolución. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El vicio Procesal que da fundamento al quebrantamiento de forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, siendo posible intentar reclamo para su subsanación ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el Motivo de Casación por quebrantamiento de forma y SE ANULE la Sentencia recurrida. MOTIVO SEGUNDO: En la sentencia que hoy se impugna, no se observaron las reglas de la sana critica para la valoración de la prueba, infringiéndose así la exigencia contenida en el artículo 202 del Código Procesal Penal que, en la parte conducente, dispone que “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se estima comprendido en el artículo 362, numeral tres, del Código Procesal Penal, que en la parte conducente establece: “Recurso de casación por quebrantamiento de forma: El recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 3)…. en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica.” EXPLICACION DEL MOTIVO: VIOLACION A LA LOGICA. VIOLACION Al PRINCIPIO DE DERIVACION: Sentencia Sala Penal Numero: SP 197-2009. “… REGLA DE LA DERIVACION Esta sala de lo penal, resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1) Dentro de las reglas de la lógica está el principio de derivación que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella...” En la sentencia que hoy se impugna, el Tribunal de Sentencia, ha llegado a inferencias sin razón probatoria alguna veamos: En los dos párrafos que contiene la “valoración conjunta” de la sentencia que hoy se impugna, el Tribunal solamente hace referencia a la valoración de las testigos E. V. A. U. Y F. M. U. (la supuesta víctima y su madre) dando plena credibilidad a los dichos por ellas, sin otro elemento o prueba que pudiera inferirse esta credibilidad. El Tribunal no establece que ambas testigos según consta en el acta del debate, narran situaciones relacionadas a llamadas telefónicas mensajes o chat que ocurrieron en el teléfono de la supuesta ofendida, que patentizan el hecho, pero estos elementos de prueba no fueron traídos a juicio para corroborar tales afirmaciones, mas aun cuando la madre de la ofendida en la época que supuestamente ocurrieron los hechos era una agente de policía que por su formación y capacitación no podía desconocer la importancia y trascendencia que tenía tal prueba en el proceso. De igual forma el Tribunal establece que estas declaraciones son imparciales, objetivas, confiables y veraces, sin establecer o hacer frutos razonados de porque merecen toda esa credibilidad, más aun cuando existe prueba que las refrita y que fue excluida y omitida de la valoración por el Tribunal en su sentencia. De esta forma a quedado evidenciado el vicio de valoración de la prueba por parte del Tribunal de Sentencia, ya que de haber realizado una valoración de conformidad a las reglas de la sana critica, el fallo seria ABSOLUTORIO. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al quebrantamiento de forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, siendo posible intentar reclamo para su subsanación. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el Motivo de Casación por quebrantamiento de forma y SE ANULE la Sentencia recurrida. CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. UNICO MOTIVO: PRECEPTO CONSTITUCIONAL. El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Sentencia Condenatoria dictada contra el imputado BRYAN ARIEL GARCIA RODRIGUEZ, cometió Infracción del precepto constitucional comprendido en el artículo 82, que literalmente establece: “EL DERECHO A LA DEFENSA ES INVIOLABLE.” Vicio que lo hizo violentar lineamientos de la ley constitucional vigente y relacionada con los artículos 14 y 323 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE En el artículo 361 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva cuando se comete infracción del precepto constitucional, veamos: EXPLICACION DEL MOTIVO: El motivo por infracción de precepto constitucional, que proclamo es el contentivo a EL DERECHO A LA DEFENSA, el cual lo relacionamos con el artículo 14 y 323 del Código Procesal Penal y 82 del propio Texto constitucional, ha formulado una condena basada en la privación y limitación substancial del derecho de defensa, misma que tiene carácter material, real, efectiva y actual, mediante la cual se privó a la defensa de la capacidad de probar para contradecir los hechos de la imputación, reduciendo a la nada las posibilidades de defensa, siendo imputable esta infracción al precepto constitucional del derecho a la defensa exclusivamente al Tribunal de Sentencia que dictó el fallo recurrido; de tal manera que de la propia motivación fáctica, probatoria y jurídica se observa en la sentencia recurrida al realizar una exclusión valorativa del factum de la sentencia de la prueba de descargo reduciendo a la nada la prueba de carácter decisorio, negándole así al imputado la posibilidad de realizar una defensa material a su favor creando una desventaja a sabiendas que era decisoria. El proceso penal es el único instrumento para someter al ciudadano, ya que frente a la acusación, el ordenamiento jurídico inevitablemente le reconoce el derecho a defenderse, a esto se le conoce también como derecho a la tutela judicial efectiva, por medio de la cual, toda persona imputada tiene el derecho y la oportunidad de obtener dentro del proceso penal una adecuada defensa, es decir, el derecho a repeler, la acusación o requerimiento fiscal que pone en precario sus bienes jurídicos más importantes, entre ellos, su libertad, el derecho de defensa etc., este último, es reconocido como el derecho fundamental que exige dos presupuestos básicos: a) ser escuchado bajo igualdad de armas, lo cual hace surgir a la vida jurídica el principio acusatorio de la contradicción procesal, requisito imprescindible que le permite poder demostrar su inocencia y b) derecho a aportar prueba, en igualdad de condiciones, lo que implica a que no se le restringa indebidamente su derecho a rebatir la imputación que se hace en su contra. Previamente debemos recordar, que cuando se invoca un motivo de casación por infracción de un precepto constitucional, como lo es el artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras (en cuanto se refiere al derecho de defensa), es posible que la Sala de lo Penal controle tanto; a) Comprobar si las partes han tenido igualdad de oportunidades procesales para aportar medios de prueba, formular alegaciones e impugnar resoluciones que le son adversas; b) Con respecto a la prueba de reproche determinar si esta ha sido legalmente obtenida e incorporada al juicio; y, c) Verificar la racionalidad de la motivación de los juicios e inferencias lógicas alcanzadas por el juzgador. Por ello a través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la Defensa, se puede cuestionar la racionalidad de la motivación e inferencias alcanzadas por el Tribunal, y determinar si dentro del proceso el Tribunal cumplió con la obligación de respetar el derecho de defensa. El derecho de defensa comprende, no solo el hecho de contar con un profesional del Derecho que le represente en el proceso penal y le asesore técnicamente, sino también a que el acusado pueda defenderse materialmente de manera directa a través de su propia participación en el proceso y que se materializa, entre otros, con el derecho a declarar sobre los hechos (cuando no se ejerza el derecho a abstenerse de declarar), garantizado así por los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 94 de la Constitución de la República.- El Derecho a declarar en el proceso penal (o de abstenerse de hacerlo, Art. 88 Constitucional), le es informado al acusado desde el momento mismo de su aprehensión o desde el momento en que éste se presenta por primera vez ante el Ministerio Público o ante el Órgano Jurisdiccional, derecho que se mantiene durante todo el proceso conforme al artículo 4 segundo párrafo y 101 numera 5 del Código Procesal Penal, así pues, el acusado tiene el derecho de declarar en cualquier etapa del proceso, en cualquier audiencia y deberá de ser oído por el Juzgado o Tribunal y considerar dicha declaración según sea el acto procesal en el que se realice, de este modo en la audiencia preliminar la declaración del acusado se evaluará junto con los méritos que existan para decidir si se debe o no dictar el auto de apertura a juicio, si la declaración es rendida en la audiencia de proposición de pruebas, el Tribunal de Sentencia la tendrá en cuenta para efectos de admitir o denegar la misma, etc., se trata de un derecho que no puede ser omitido en ningún caso y que tiene su equivalencia como el caso de llevarse un proceso penal en contra del acusado sin defensa técnica es un derecho que no puede ser omitido en ningún caso; ahora bien se el imputado decide libremente rendir su declaración esta debe ser valorada por el órgano jurisdiccional, en caso de no hacerlo esto se equipara a omitir la posibilidad de ejercer su defensa material, está la omisión del Tribunal de Sentencia de no realizar ninguna reflexión en su sentencia sobre declaración del imputado. implica violación al ejercicio material de la defensa y al debido proceso, violación que es de la misma índole y gravedad que cuando se omite darle al acusado(a) la oportunidad de realizar dicha declaración. En el caso de autos, el señor BRAYAN ARIEL GARCIA RODRIGUEZ, en el momento procesal oportuno en el Juicio Oral y Público, decidió libremente declarar, negando toda participación en los hechos; luego al leer la valoración conjunta que se realizó de la prueba evacuada en la sentencia recurrida se puede patentizar que en relación a la declaración rendida por el imputado el Tribunal de Sentencia no hace ni ningún pronunciamiento de valoración positivo o negativa y se limita e enunciarla. El deber de los Tribunales de oír al acusado implica el tener en cuenta sus manifestaciones al momento de decidir sobre algún aspecto del proceso, en el caso específico de la audiencia de debate es el deber del Tribunal de Sentencia de analizar lo dicho por el acusado conforme a las reglas de la sana crítica y determinar su credibilidad para efectos de emitir el fallo. Así lo ha expresado ya la sala Penal, en sentencia de casación: Recurso de Casación No.S.P.32=2010 “El derecho de defensa comprende, no solo el hecho de contar con un profesional del Derecho que le represente en el proceso penal y le asesore técnicamente, sino también a que el acusado(a) pueda defenderse materialmente de manera directa a través de su propia participación en el proceso y que se inaterializa, entre otros, con el derecho a declarar sobre los hechos (cuando no se ejerza el derecho a abstenerse de declarar), garantizado así por los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 94 de la Constitución de la República.- El Derecho a declarar en el proceso penal (o de abstenerse de hacerlo, Art. 88 Constitucional), le es informado al acusado desde el momento mismo de su aprehensión o desde el momento en que éste se presenta por primera vez ante el Ministerio Público o ante el Órgano Jurisdiccional, derecho que se mantiene durante todo el proceso conforme al artículo 4 segundo párrafo del Código Procesal Penal, así pues, el acusado tiene el derecho de declarar en cualquier etapa del proceso, en cualquier audiencia y deberá de ser oído por el Juzgado o Tribunal y considerar dichas declaración según sea el acto procesal en el que se realice, de este modo en la audiencia preliminar la declaración del acusado se evaluará junto con los méritos que existan para decidir si se debe o no dictar el auto de apertura a juicio, si la declaración es rendida en la audiencia de proposición de pruebas, el Tribunal de Sentencia la tendrá en cuenta para efectos de admitir o denegar la misma, etc., se trata de un derecho que no puede ser omitido en ningún caso y que tiene su equivalencia como el caso de llevarse un proceso penal en contra del acusado sin defensa técnica.— Ahora bien, y sin perjuicio de lo anterior, el proceso penal destina momentos específicos donde el órgano jurisdiccional debe consultar al acusado si desea rendir declaración o abstenerse de hacerlo,.., al inicio de la audiencia de debate (Art. 323 CPP) ... momentos en donde el acusado(a), debidamente asesorado por el Letrado, decidirá la conveniencia o no de expresarse, éste derecho a declarar genera la inversa obligación al Tribunal de sentencia de oir dichas declaraciones y manifestaciones, ya que de lo contrario éste no se traduciría en un verdadero derecho, sino en un mero acto formal sin incidencia material, sería no menos que una burla al acusado (a) a quien se le ha repetido a lo largo del proceso que tiene derecho a declarar pero al final lo que diga, sin importar su trascendencia, no tiene valor alguno. El deber de los Tribunales de oír al acusado(a) implica el tener en cuenta sus manifestaciones al momento de decidir sobre algún aspecto del proceso, en el caso específico de la audiencia de debate es el deber del Tribunal de Sentencia de analizar lo dicho por el acusado(a) conforme a las reglas de la sana crítica y determinar su credibilidad para efectos de emitir el fallo,..., olvidando que se trata de un acto material de defensa hecho por el protagonista del proceso penal y que amerita ser valorado por quienes decidirán sobre la procedencia de la acusación..., la omisión del Tribunal de Sentencia de no realizar ninguna reflexión en su deliberación y en su sentencia sobre la última manifestación del acusado implica violación al ejercicio material de la defensa y al debido proceso, violación que es de la misma índole y gravedad que cuando se omite darle al acusado(a) la oportunidad de realizar dicha manifestación.- En el caso de examine, ... manifestación que fue restada del análisis realizado por el órgano jurisdiccional en la sentencia y que por ende representa un vicio in procedendo al no haberle otorgado valoración alguna (positiva o negativa), por lo que en cuanto a te aspecto es procedente declarar con lugar...” Al observar la demostración idónea del vicio en la sentencia impugnada y en el acta de debate relacionada, resulta evidente, la violación derecho de defensa, al haberse dictado una sentencia condenatoria sin valoración de la declaración del Imputado violación de gravedad equiparada con no haberse proporcionado la posibilidad de su defensa material. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento a la Infracción de Precepto Constitucional expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, siendo imposible intentar reclamo para su subsanación. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el UNICO motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, y que se ANULE EL FALLO a favor de mi representado.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Primer motivo. *Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 199 y 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción expuesto: Se excluyó y, de esa manera, se dejó de considerar prueba de valor decisivo. *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad dado que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; *Pretensión: Declarar ha lugar y se anule la sentencia recurrida. Manifiesta en el desarrollo de su recurso el recurrente, que la exclusión de prueba que alega como vicio, se refiere no ha su enunciación como tal en la sentencia, como ocurre en el numeral tercero del acápite valoración de la prueba, en la cual, se realiza una copia literal del acta de debate, ejemplificando el censor, la declaración rendida por la testigo María José Villeda y la declaración del imputado Brayan Ariel García Rodríguez. Continuó en su relato el recurrente, que además de lo anterior, es visible en la sentencia dos aspectos, primero, es la enunciación de todos los medios de prueba evacuados en juicio como una copia textual del acta de debate, la cual no contiene ninguna valoración, más que una trascripción íntegra; segundo, el análisis intelectivo que realiza el tribunal para valorar la prueba y llegar a sus conclusiones que fundamentan el fallo, es que excluye al pronunciarse sobre si da o no valor probatorio a las declaraciones testificales de María José Villeda y del imputado Brayan Ariel García Rodríguez. Luego el recurrente, procede a realizar una parte de la transcripción de los dichos de la testigo María José Villeda y del imputado, realizando valoraciones subjetivas de la misma y concluye, que a razón de la indebida exclusión del medio de prueba, de haberse considerado habría arribado los juzgadores a una conclusión diferente, no de condena, sino de absolución.De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: 1. Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. 2. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Recurso. El Primer motivo no es de recibo. El Recurrente confunde el alcance de la falta de consideración y de la exclusión de prueba de valor decisivo y se sumerge en aspectos sobre la valoración de la prueba, Sin embargo, como se expresó en el apartado anterior, existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; y en cuanto a la falta de consideración de prueba se describe a la falta de alusión alguna de la misma en la sentencia. Aunando a lo anterior, el censor aqueja como un solo vicio que “se excluyó y, de esa manera, se dejó de considerar prueba de valor decisivo…” cuando ha sido explicado anteriormente, que la exclusión y la falta de consideración son vicios independientes uno del otro. Adentrando a la denuncia por la exclusión o en su caso falta de consideración de la declaración testifical de María José Villeda y de la declaración que rindiera como defensa material el acusado Brayan Ariel García Rodríguez; para tener una visión panóptica del asunto planteado se requiere hacer una revisión a la sentencia proferida en fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis (F.141), pues ello permitirá develar la razón o la falta de ella respecto a lo planteado por el recurrente; en el acápite valoración de la prueba, los juzgadores realizar una fundamentación descriptiva de la declaración que rindiera María José Villeda (F.148) y del acusado Brayan Ariel García Rodríguez (F.150); con ello, los sentenciadores, han señalado lo resuelto por los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describiendo su contenido, es decir, el elemento probatorio; para luego realizar una valoración conjunta de los medios de prueba descritos y demás evacuados en audiencia de debate, es decir una valoración intelectiva(F.151); que se describe a continuación: “VALORACIÓN CONJUNTA: En la presente causa, los hechos estimados probados son acreditados con las declaraciones de los testigos E. V. A. U., F. M. U., quienes a pesar de ser la primera la ofendida y la segunda su madre, han sido contestes en la forma de rendir su declaración, sobre el día, hora y lugar en que acontecieron los hechos, asi como acreditarse los mimos con la prueba científica, como la evaluación médica física, en la cual se establece que existe la ruptura de himen reciente no menos a diez días, ubicando un margen en el cual se señala la actividad sexual vía vaginal de la víctima, no obstante la prueba científica de evaluación psiquiátrica, establece que luego de este acontecimiento, E. A., adolece de episodios de ansiedad, inadecuación lo cual genera un conflicto emocional, que es compatible con la historia vertida durante la entrevista y los hallazgos científicos de su experticia.- De igual forma con la declaración de la testigo María José Villeda, estos hechos probados se ha acreditado junto con la prueba descrita con anterioridad pues ubica al acusado, en el día, hora, lugar, espacio y tiempo en que manifiestan los testigos acontecieron los hechos, además de que con esta declaración se acredita la intención por la cual se hizo presente en su casa de habitación, el señor Brayan Ariel García, la cual era mantener relaciones sexuales con E. V. A., con quien se había citado para ese objeto y quien estuvo a solas en la una habitación de la casa de las hermanas Villeda en compañía de Brayan Ariel García, asi mismo el joven Brayan Ariel, al rendir su declaración, se ubica en la escena del hecho, a un que no admita el haber mantenido relaciones sexuales.- Estas pruebas analizadas en su conjunto acreditan los hechos estimados probados en esta sentencia, las declaraciones testificales; no han sido cuestionado durante el juicio por que los mismos; tengan algún motivo espuria contra los acusados para buscar su inculpabilidad, por el contrario no se ha podido establecer un vínculo anterior o posterior con los acusados o con la victima que limite la objetividad de los hechos que percibieron a través de sus sentidos, los cuales fijaron en documentos objetivamente confiables; en razón de su contenido y de los medios materiales como el acta de nacimiento y las pericias; medios de prueba que se acreditan entre si; por los que estos medios de prueba deben ser considerados por el tribunal ya que resultan ser imparciales, objetivamente confiable y veraces, por lo cual deben ser tomados en cuenta para esta sentencia, sus dichos se acreditan con las demás pruebas como lo hemos señalado con anterioridad, por lo que debe de emitirse una sentencia condenatoria respecto a los actos realizados por el acusado.-” Resulta entonces que el vicio alegado por el recurrente es inexistente pues las declaraciones denunciadas no solo fue valorada descriptiva, sino que además intelectivamente, con lo cual se cumple la exigencia del Código Procesal Penal de que todas las actuaciones probatorias y los actos de defensa material de los acusados deben ser relacionados y valorados en la sentencia. El recurrente ha errado en su planteamiento por forma, dado que al no estar de acuerdo con las valoraciones de la declaraciones, por controvertir las reglas de la Sana Crítica debió plantear motivo por violación a la Sana Crítica, que es la vía recursiva que permite a esta Sala de lo Penal poder auditar si el razonamiento judicial se concilia con el debido razonamiento humano y no que “se excluyó y, de esa manera, se dejó de considerar prueba de valor decisivo” como enunció el recurrente, cuyo alcance es diferente como se ha explicado previo. Ante lo anterior, deviene declarar no ha lugar el presente motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Segundo motivo. *Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción expuesto: No se observaron las reglas de la sana crítica para la valoración de la prueba. *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad dado que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; *Pretensión: Declarar ha lugar el motivo y se anule la sentencia recurrida. Cuestiona el recurrente, que en los párrafos que contiene la valoración conjunta de la sentencia que se impugna, el tribunal solamente hace referencia a la valoración de las testigos E. V. A. U. y Fátima Maritza Ulloa, dando plena credibilidad a los dichos por ellas, sin otro elemento o prueba que pudiera inferirse esta credibilidad; continua en su exposición el censor, que los juzgadores a las testigos referidas luego de narrar situaciones relacionadas a llamadas telefónicas, mensajes o chat que ocurrieron en el teléfono de la ofendida, estás fueron valoradas, sin que fueran traídos a juicio elementos de prueba para corroborar tales afirmaciones, asimismo, se establece que dichas declaraciones son imparciales, objetivas, confiables y veraces, sin establecerse de porque merecen toda esa credibilidad. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El Segundo motivo no es de recibo. El segundo motivo fue planteado por el recurrente de manera defectuosa, lo que obliga a ser declarado sin lugar. Plantea al inicio que existe una violación a las reglas de la sana critica por el Tribunal de Sentencia, denuncia violación a la regla de la lógica en su principio de derivación, sin razonar porque ha sido infringida, es decir, omite establecer aspectos básicos en qué consistió la infracción, cual es el razonamiento judicial que contiene la infracción y como ésta repercute en lo decidido y luego desbordarse en aspectos de carencia de motivación. En el Proceso Penal no existe una previa determinación de pruebas (prueba tasada), por lo que esto debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no puede provocar un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios estrictamente valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. No es de olvidar que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc., e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue construido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano. Contrario a ello, el recurrente se ocupó de formular argumentaciones ajenas al recurso; se dio la tarea en analizar la prueba, confundiendo la única instancia con una segunda instancia. Por lo anterior, deviene en declarar improcedente el recurso invocado. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. *Precepto autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículos 82 de la Constitución de la República; en relación con los artículos 14 y 323 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Violación del derecho/principio del estado material de defensa. *Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Imposibilidad dado que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; y, *Pretensión: Declarar ha lugar y que se anule el fallo. Relata el censor que la violación al derecho de defensa han sido consumadas, pues de la propia valoración fáctica, probatoria y jurídica se observa en la sentencia recurrida una exclusión valorativa del factum, negándole así al imputado la posibilidad de realizar una defensa material a su favor, así como, de la omisión por no realizar ninguna reflexión en su sentencia sobre la declaración del imputado. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo.Es oportuno indicar como ha bien lo señala en su recurso el censor, que el ejercicio de la defensa comprende, no solo el hecho de contar con un profesional del derecho que le represente en el proceso penal y le asesore técnicamente, sino también a que el acusado pueda defenderse materialmente de manera directa a través de su propia participación en el proceso y que se materializa, entre otros, con el derecho a declarar sobre los hechos (cuando no se ejerza el derecho a abstenerse de declarar), garantizado así por los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 94 de la Constitución de la República. En contraposición, los tribunales tienen el deber de escuchar al acusado y más aún, el de tener en cuenta sus manifestaciones al momento de decidir sobre algún aspecto del proceso; en el caso específico de la audiencia de debate es deber del Tribunal de Sentencia analizar lo dicho por el acusado conforme a las reglas de la sana crítica y determinar su credibilidad para efectos de emitir el fallo, esta valoración es la misma que se debe realizar cuando el acusado participa voluntariamente en un careo (Art. 260) o en una Reconstrucción de Hechos (Art. 262 CPP). Es por lo indicado que es posible reclamar vía recurso de casación por quebrantamiento de forma los casos en donde el Tribunal de Sentencia no haya tenido en consideración la declaración de la persona acusada, bajo el motivo de “exclusión indebida o de la falta de consideración de un medio de prueba de valor decisivo”, aun cuando tengamos claro que no se trata propiamente de un medio de prueba, pero si de un medio material de defensa que debe ser ponderado previo a la decisión judicial. En el recurso que nos ocupa, el recurrente denuncia que el Tribunal de Sentencia realizó una exclusión valorativa del factum de la sentencia y luego refiere la omisión de no realizar reflexión alguna sobre la declaración del imputado; al fundarse este recurso por infracción de precepto constitucional en los alegatos que sirvieron al recurrente para plantear el Recurso por quebrantamiento de forma en su primer motivo, esta Sala se limita a señalar que lo expuesto para dar respuesta a aquel recurso es el mismo fundamento por el cual el recurso por infracción de precepto constitucional debe ser también denegado. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 numeral 2 y 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su dos motivos. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, ambos recursos interpuestos por el Abogado José Manuel Andrade Ávila, actuando en su condición de defensor privado del encartado. Tercero Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Brayan Ariel García Rodríguez por el delito de Violación Especial en perjuicio de la niña E. V. A. U.. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-135-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.