Sentencia CP-13-17 — Registro 11218
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. En la presente causa, con la prueba indiciaria que el ente acusador pretende se tome en consideración para llegar a la condena del imputado, no se llenan las características antes citadas, pues si bien es cierto que el testigo protegido “XX” ubica al acusado en el lugar donde ocurrió el hecho delictivo, con su declaración no es posible determinar si éste, de manera conjunta realizó con las otras dos personas que menciona, la acción típica de dar muerte a las víctimas o cual fue su forma de participación, pues con el único indicio que se puede enlazar la declaración antes relacionada es con el hecho de que al acusado se le decomisó un celular que era propiedad de una de las víctimas, pero este extremo no es suficiente para llegar a una conclusión unívoca, que no de margen a meras sospechas, ni a conclusiones diversas, que pueden constituir meras especulaciones, pues está acreditado en el presente proceso que ya existe una persona condenada en virtud de los hechos que se imputan al acusado en el presente proceso, siendo en este caso el menor E. M. A. y el hecho de que se haya encontrado el arma con la cual se privó de la vida a una de las víctimas, es importante establecer que no fue en poder del acusado, sino que está debidamente acreditado que dicha arma fue encontrada en poder de la señora Bernarda Orellana, quien ni siquiera es familiar del acusado, (Ver folios 317 al 319) de igual manera el hecho de que se decomisaran unos binoculares que eran propiedad del occiso J. W. H., está debidamente acreditado que los mismos no fueron decomisados al mencionado acusado, pues según el acta de allanamiento suscrita por el juez ejecutor Oscar Alvarenga, (Ver folios 315-316), fueron decomisados en una casa de habitación en la que ni siquiera se encontraba el señor Denis Miranda Alvarado, por lo que no se cumple el requisito de que existiendo un solo indicio, éste sea tan contundente para llevar al sentenciador a un convencimiento de condena, ni una pluralidad de indicios que de igual manera permitan llegar a la misma conclusión, por lo que este tribunal de casación considera que los razonamientos vertidos por el Tribunal sentenciador, están apegados a las reglas de la sana crítica y lo procedente es desestimar el presente motivo de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-13-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de octubre del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor Denis Miranda Alvarado, del delito de Asesinato Agravado, en perjuicio de Jancy William Hernández Guerra; Segundo: Absolvió al señor Denis Miranda Alvarado, del delito de Asesinato Agravado, en perjuicio de J. M. H. E.; Tercero: Sin Costas; Cuarto: No procede el comiso; Quinto: Sin responsabilidad civil. Son Partes: La Abogada Ela Paredes Bromfield, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados Mario Reiniery Amador y Alba Regina Paniagua, en su condición de defensores públicos del señor Denis Miranda Alvarado, como parte recurrida. Hechos Probados: “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO.- En fecha nueve de noviembre del año dos mil catorce, cuando eran las doce del día, en la Aldea El Sile del municipio de Gracias, departamento de Lempira, el señor Jancy William Hernández Guerra y su menor hijo J. M. H. E., fueron encontrados sin vida quienes presentaban heridas de arma de fuego que les provocaron persona o personas desconocidas. SEGUNDO.- J. W. H. G., falleció a consecuencia de un hemotórax izquierdo y J. M. H. E., falleció a consecuencia de laceración cerebral, ambas causas tuvieron origen por heridas de arma de fuego.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos La recurrente Abogada Carmen Jacely Mejía Méndez, procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: Al haber dictado el Tribunal de Sentencia un fallo Absolutorio al encausado por el delito de ASESINATO AGRAVADO, inobservó al momento de valorar la prueba, las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Para el Juzgador la prueba aportada al debate no fue insuficiente para tener por establecido que la persona sometida a juicio por la muerte de JANCY WILLIAN HERNÁNDEZ GUERRA Y J. M. H. sea culpable. Esta conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que el resultado de una valoración de la prueba de cargo apartada de las Reglas de la Sana Crítica; de conformidad a lo preceptuado en el artículo 202 de la normativa procesal penal que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producid”; es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que la Honorable Sala de Lo penal, revise el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso en concreto y así evidenciar la inobservancia la Regla Lógica de Derivación en su Postulado de Razón Suficiente en su Característica de Suficiencia. Para establecer los errores de valoración en que ha incurrido el ente jurisdiccional, efectuaremos un análisis de los medios de prueba de cargo allegados legalmente al juicio, mismos que estuvieron integrados por prueba testifical, documental y pericial, que se detalla a continuación: Declaración del Agente Policial OSCAR ALVARENGA DERAS; ratificando el Acta de Allanamiento, quien básicamente en torno a los hechos manifestó: que el allanamiento se ejecutó, en virtud que producto de las investigaciones realizadas por la DNIC en días anteriores, relacionadas a la muerte de JANCY HERNANDEZ, ocurrida en la comunidad de la Lima, se detectó a la hora del levantamiento, que hacían falta unos binoculares color negro marca Olympus con el logo USAI, también en ese momento los familiares manifestaron que JANCY HERNÁNDEZ portaba un teléfono móvil color blanco, según las investigaciones realizadas por medio de rastreo de llamadas se tenía conocimiento que en la vivienda allanada, se encontraba un celular que estaba marcando el rastreo de llamadas, en la vivienda allanada se encontraron en un cuarto unos binoculares y un celular. A las preguntas del Fiscal respondió: que la vivienda allanada era del Señor José Francisco Alvarado Miranda, quien se encontraban con su esposa y sus hijos, los binoculares los encontraron en una caja de cartón, el arma tipo revolver se le decomisa a la Señora BERNARDA ORELLANA y otra arma fue encontrada en una papelera en el baño. Se encontraron tres celulares de diferentes colores, el celular que conoce es uno de color blanco. Declaración de PEDRO ENRIQUE MEMBREÑO quien ratifica un acta de Inspección Ocular, un Acta de Decomiso de Objetos y un Acta de Allanamiento, al ser interrogado manifestó: que las cajas decomisadas a la Señora MARIE ELISABETH ENAMORADO (esposa de JANCY WILLIAM), corresponde con los binoculares encontrados, con referencia al teléfono blanco la señora ENAMORADO señaló que lo portaba su hijo; el Fiscal le interrogó sobre el teléfono color negro con celeste, marca Blue, el testigo manifestó que se lo decomisó al encausado DENIS MIRANDA. Comparecencia de JOSÉ HERNÁNDEZ AGUILAR quien ratifica el peritaje hecho a los Teléfonos. Declaración de testigo Protegido “XX” incorporada por lectura, quien en lo conducente relató: “Que el día de los hechos transitaba por el puente Caja, donde encontró a Jancy con su muchacho, luego escuchó unos disparos, tiempo antes había observado a E. M. A., D. M. A. Y N. A., que salían de la propiedad de Francisco Trejo, poco después escuchó un primer disparo, a la vez escuchó que la cuatrimoto rumbo acelerada, luego escuchó el segundo disparo, se acercó a una distancia de de sesenta a cien metros, miró a tres individuos que estaba cortando monte para tirarle a los cuerpos en la cuneta….” Como medios de prueba documentales se presentaron los siguientes: 1.- Acta de Allanamiento de la vivienda que pertenece a José Francisco Alvarado Miranda. 2.- Acta de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, ratificada por NELSON GEOVANY BETANCO BETANCUR, 3.- Acta de Registro Personal, ratificado por ERIKA BALESSA PONCE, 4.- ACTA DE DECOMISO, ratificado por PEDRO ENRIQUE MEMBREÑO Prueba Pericial 1.- Dictamen de Autopsia Número 24214 y 444314, practicado y ratificados por el Doctor JUNY ALVARADO FLORES, 2.- Dictamen Balístico realizado y ratificado por LUIS GUILLERMO ORTEGA PAZZETTY, 5.- Dictamen de ADN elaborado y ratificado por la Doctora ZINTIA YANETH MOYA LANZA, 6.- Informe Pericial practicado a diversos celulares, ratificado por el técnico NORMAN JOSUE AGUILAR. Respecto a la prueba de descargo incorporada al debate, el Juzgador en el apartado de Valoración de la Prueba testifical consideró, que esta sigue el mismo propósito de afirmar que DENIS MIRANDA estuvo en una reunión celebrada en la Iglesia Católica, sin embargo, señala que la prueba no es consistente por sí sola, valorando además que el libro de asistencia a la reuniones no es objetivamente confiable, pues no es un registro legalmente constituido y de la forma que está estructurado fácilmente se vuelve a llenar sin control alguno, por ende concluyó que tanto los testimonio como el acta 56 del nueve de noviembre del dos mil catorce, carecen de credibilidad para los Juzgadores. En cuanto a declaración de E. M. A., hermano del encausado, apreció que ésta no es otra cosa que la base de la estrategia de la defensa respecto a lo no participación de su representado en los hechos, puesto que dejó establecido que su patrocinado en la fecha del hecho estuvo en lugar distinto al descrito en la escena; sin embargo, el Tribunal no da credibilidad al testigo pues existe mucho interés en juego que lo une con el imputado, por lo que, concluye que el relato no es objetivamente confiable, ya que el declarante fue condenado por ese mismo crimen. CONSIDERANDO: Que el Tribunal al momento de valorar la deposición del Testigo Protegido “XX”, consideró que la misma presenta ostensibles inconsistencias, pues el testigo dejó sentado que no vio quien disparo a las víctimas, ya que al llegar a ver lo que ocurría, tres individuos estaban cortando monte y tirándoselo a los cuerpos en la cuneta y que de tal aseveración se duda, en virtud que nunca mencionó nombre de las personas que realizaban tal actividad dejando fuera de tal señalamiento al imputado en esa hora y lugar, y tampoco dijo que se acercó a la escena para afirmar que se trataba de los cuerpos de las víctima, considera que dicha versión resulta inútil para los fines para los cuales fue ofrecida la prueba en examen. Estima el Ministerio Público, que el testimonio antes descrito, fue valorado por el Tribunal sentenciador de manera aislada, pues de haberlo hecho de forma conjunta con el resto de indicios, hubiese llegado a la conclusión que el encausado participó en la ejecución del hecho objeto de juzgamiento, ya que el testigo Protegido, si bien es cierto no observó que el acusado haya disparado en contra de los ahora occisos, si logra ubicarlo en el momento y lugar de los hechos junto a dos personas más, aunado a la circunstancia, que es coincidente con la escena del delito, en cuanto a la manera en que fueron encontrados los cuerpos y además, cerca de la propiedad del señor Francisco Trejo, donde manifestó el testigo haber visto al imputado, otro aspecto a considerar de dicho relato, es que refiere haber escuchado dos disparos, siendo coherente esta afirmación con los resultados del dictamen de exhumación, donde se indica que cada víctima presenta un disparo; de igual manera, no puede exigirse para otorgarle credibilidad a una declaración, que el testigo se acerque a verificar la muerte de una persona, pues él, lo que aporta al juicio, es el hecho de ubicar a víctimas y acusados en el mismo lugar. Desconoce el juzgador, que la supraindicada declaración se encuentra fortalecida con los indicios encontrados producto del Allanamiento practicado en la casa donde habitaba el acusado DENIS MIRANDA, junto a sus padres y hermanos, pues en dicha vivienda se encontraron pertenencias de las víctimas (binoculares) y el arma con la que se privó de la vida a JANCY WILLIAN HERNÁNDEZ, extremo corroborado con el Dictamen Balístico; además constituye un indicio relevante el hecho que el teléfono móvil que portaba JANCY MAURICIO HERNÁNDEZ le fue decomisado al encausado DENIS MIRANDA, quien confirmó al rendir declaración de imputado, que el teléfono móvil de la víctima le fue decomisado a él; Atendiendo lo anteriormente expuesto, vemos que lo aseverado por el ente jurisdiccional en la supraindicada motivación, no hace más que evidenciar una valoración de la prueba de cargo de manera aislada, divorciada del recto entendimiento humano, vulnerando la Regla Lógica de Derivación en su Postulado de Razón Suficiente en su Característica de Suficiencia, pues la circunstancia de que el testigo Protegido no observara el momento en que los acusados atacaban los ahora occisos, no resta valía probatoria a su dicho, que ha sido claro y contundente, en cuanto a que el encausado se encontraba en la escena del delito al momento de su ocurrencia, que reconoce al encausado por conocerlo desde que era niño, de forma que ésta deposición se complementa con el resto de probanza de cargo allegada al juicio, como es la declaración de la Señora MARIE ELIZABETH ENAMORADO quien reconoce los objetos decomisados como pertenencias de su esposo y su hijo respectivamente, Acta de Allanamiento de la vivienda del Señor José Francisco Alvarado Miranda, Acta de Registro Personal, Acta de Decomiso de Indicios, Inspección al Lugar de los Hechos, Dictamen de Exhumación, Dictamen Balístico y toda la prueba pericial y documental, que ha sido supraindicada. Debemos señalar, que resulta innegable que lo idóneo en el caso subjudice, es que el testigo relatase la dinámica del hecho; sin embargo, tal omisión no lleva necesariamente al dictado de una sentencia absolutoria, ya que el resto de prueba producida en el juicio es suficiente para vincular al imputado con el ilícito penal que se les atribuye; tampoco puede constituir soporte para excluir la responsabilidad del acusado, que no exista prueba directa, sobre todo cuando se cuenta con prueba indiciaría que demuestra la participación del encausado. El juzgador al momento de determinar la responsabilidad del acusado en los delitos que se le imputan, efectúa una valoración de la prueba una a una, sin relacionar cada uno de los indicios que fueron producidos en el debate, olvidando que el convencimiento pleno puede ser alcanzado mediante prueba directa o prueba indiciaria. A) La PRUEBA DIRECTA es aquella que por sí misma y sin necesidad de inferencia, nos muestra un hecho que debe de ser valorado (positiva o negativamente); B) PRUEBA INDIRECTA o INDICIARIA es aquella que resulta tras la conclusión necesaria a la que se tiene que llegar después de ser deducida lógicamente de un hecho(s) conocido(s) a través de prueba que ha logrado un convencimiento pleno. La prueba indiciaría es un hecho antes desconocido (Conclusión), pero que se alcanza tras la inferencia (premisa menor) de un hecho conocido (premisa mayor). Entre más sea el número de pruebas indiciarias (Concurso de indicios), y especialmente que revista de necesaria (no contingente) e independiente (sin relación entre una y otra), será más fácil pasar de la probabilidad a la certeza, es decir a un estado de convencimiento pleno. Es importante establecer o señalar las condiciones o requisitos mínimos que debe cumplir la prueba indiciaria para que sea apta para destruir el estado de inocencia de un acusado, los cuales son los siguientes: a) Tienen que concurrir variedad de indicios, es decir que al caso concurran no sólo un indicio sino varios. b) Gravedad de los indicios, implica que los indicios o circunstancias que concurran al caso, vinculen o incriminen al acusado de forma contundente con los hechos que se le imputan. c) Precisión o Concordancia entre los indicios; implica que todos y cada uno de los indicios deben estar relacionados entre sí, de tal suerte que unos se complemente con los demás y viceversa. d) Probanza, implica que todos y cada uno de los indicios deben estar debidamente probados. Sobre los indicios, la Honorable Sala de lo Penal, se ha pronunciado de la forma siguiente: “Los indicios pueden ser actos previos, concomitantes o posteriores a la comisión del delito, estos hechos sirven al juzgador, ante la ausencia de prueba directa, para inferir otros que le permiten reconstruir el hecho juzgado”. Ver sentencia No 922-04 de fecha 13 de Diciembre de 2004 Con fundamento en lo antes expuesto, consideramos que el juzgador de instancia ha vertido fundamentación inconsistente para restar valor probatorio y credibilidad a la prueba de cargo evacuada, misma que se ha constituido en indicios plurales, unívocos y contundentes, que conducen indefectiblemente a la condena del imputado DENIS MIRANDA ALVARADO y no a su absolución como erróneamente lo hizo el Tribunal. “El principio de derivación consiste en que de cada elemento probatorio se tiene que derivar una conclusión, debiendo existir coherencia entre el primero y el segundo, sin violaciones en el razonamiento a las reglas de la lógica”, como integrante del sistema de valoración de la sana crítica; es decir, al momento de valorar la prueba, debe arribar a conclusiones lógicas y razonables de cada elemento probatorio que se le haya presentado como tal en el juicio o debate, o lo que es igual, que el razonamiento de culpabilidad o inocencia según el caso, debe desprenderse de uno o más elementos de prueba que tenga a su disposición para resolver la causa sometida a su conocimiento; y que ese desprendimiento o derivación, tiene que ser coherente, lógico o razonable, es decir que de la prueba valorada se desprenda sin margen de duda la participación del encausado en los hechos controvertidos, principio éste, que el Juzgador no respetó en lo más mínimo, ya que de haberlo aplicado, la derivación de su fallo hubiera sido diferente, es decir condenatorio. En virtud de lo anterior podemos concluir, que la valoración que ha efectuado el juzgador a las probanzas de cargo incorporadas al juicio, atentan contra las Reglas de la Sana Crítica, ya que las inferencias por ellos hechas, en torno a las mismas, no corresponden a su auténtico valor y contenido, así como tampoco el Tribunal ha sido capaz de extraer de dicha fuente su convencimiento, dada su errónea apreciación, en la manera que ha quedado expuesto, ya que reiteramos, que el razonamiento del juzgador al momento de valorar dicha probanza vulnera las Regla Lógica de Derivación en su Postulado de Razón Suficiente, en su Características de Suficiencia; ya que es criterio de la Sala de lo Penal que el examen sobre las pruebas está instituido únicamente a efectos de custodiar que se cumpla la aplicación de las reglas de la sana crítica (lógica, psicología y la experiencia) en la fundamentación del fallo; dentro de las reglas de la lógica se encuentra el principio de derivación, que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella. Si las conclusiones o derivaciones extraídas no se basan en elementos probatorios formalmente incorporados o son falseados en su contenido o significado, se violenta la regla de la sana crítica (lógica), como ha sucedido en el caso subjudice. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional, a efecto que una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza y casen el fallo que ahora genera perjuicios a este ente acusador.” FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Motivo Único *Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma Procesal que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: No haber observado el Tribunal de Sentencia las reglas de la sana critica. *Reclamación Ex Ante: El yerro que produce la interposición del recurso se presentó en el acto de sentenciar, por ello no hubo reclamación previa. *Pretensión: Se case el fallo recurrido Explicó el censor que, el Tribunal de Sentencia valoró la declaración del testigo protegido “XX” de forma aislada, pues de haberlo hecho de forma conjunta con el resto de indicios, hubiese llegado a la conclusión de que el encausado participó en la ejecución del hecho objeto del juzgamiento, ya que el testigo protegido antes mencionado si bien no observó que el encausado haya disparado en contra de los ahora occisos, si logra ubicarlo en el lugar y en el momento de los hechos junto a dos personas más, relatando además que escuchó dos disparos, lo que es coherente con los resultados del examen de exhumación. También arguye que la indicada declaración se encuentra reforzada con los indicios encontrados producto del allanamiento practicado en la casa donde habita el encausado Denis Miranda, junto a sus padres y hermanos, pues en dicha vivienda se encontraron pertenencias de las víctimas y el arma con la que se privó de la vida a Jancy Willian Hernández, extremo corroborado con el dictamen balístico y que además constituye un indicio relevante el hecho de que el teléfono móvil que portaba Jancy Mauricio Hernández le fue decomisado al encausado en el presente proceso, quien confirmó a la hora de rendir la declaración de imputado que dicho teléfono le fue decomisado a él. De las Reglas de la Sana Crítica. Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes…3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. En ese sentido la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva, aquí el juzgador debe valorar la prueba conforme a las reglas de la Sana Crítica, tal como lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. de las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; b) El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual que “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba, un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; c) El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera.[1] d) Ley de Razón Suficiente: Esta ley generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica sea de culpabilidad o inocencia. De la ley de razón suficiente, se desprende uno de los principios básicos de las reglas de la sana crítica, como es el principio de la derivación, el cual exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que con base en ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella.[2] De la Prueba Indiciaria La Prueba Indiciaria es un complejo constituido por una pluralidad de elementos, uno de los cuales es precisamente el indicio, que viene a identificarse con el hecho base o mediato de dicho complejo probatorio. La prueba indirecta como también se le conoce a la prueba indiciaria, debe reunir una serie de principios como ser: 1. De ser posible el hecho punible (cuerpo del delito) debe haberse establecido por prueba directa, 2. Los indicios deben ser precisos, es decir que conduzcan lógica y naturalmente al hecho que se trata y no a conclusiones diversas (univocidad del indicio), 3. Los indicios deben relacionarse con hechos anteriores, concomitantes o posteriores a la ejecución del delito, 4. Los indicios deben ser concordantes entre sí y 5. No deben fundarse en otros indicios, y deben guardar la debida armonía con otros medios de prueba, cuando concurran con ellos.[3] Los indicios son hechos plenamente probados y no simples probabilidades, por ello, deben ser preferentemente acreditados con prueba directa, pues las sentencias en materia penal deben sustentarse en pruebas concluyentes que den certeza absoluta de la existencia del delito y de la identidad del delincuente, a lo que si bien puede llegarse por prueba indiciaria deberá ser con indicios que reúnan los requisitos de ser graves, precisos y concordantes. Con ello se hace exigencia a tener una deducción concluyente que no permita margen de incertidumbre en la conclusión del silogismo indiciario, lo cual puede tenerse con uno sólo para determinar la certeza del hecho indicado. En el caso de indicadores contingentes estos deben ser graves, precisos y concordantes. La gravedad hace referencia a que existiendo el hecho conocido, puede deducirse la existencia del hecho desconocido o indicado, para no dejar duda sobre el indicado o desconocido que se juzga se requiere una pluralidad de indicadores graves que deben ser precisos, es decir, deben conducir de manera inequívoca a una sola conclusión a un mismo resultado. Con la concordancia de los indicios se alude a que ante una pluralidad de hechos indicadores estos no deben contradecirse entre sí. Esta Sala de lo Penal ha reiterado en lo referente a la prueba indiciaria y a los fallos sustentados en prueba indiciaria que el control de la casación debe efectuarse y ser riguroso comprobando una serie de parámetros exigibles para la aplicación correcta de los mismos, entre ellos; “desde un punto de vista formal: la sentencia debe expresar cuales son los hechos base o indicio acreditados en los cuales se fundamenta para las deducciones o inferencias y debe hacer explícito el razonamiento a través del cual partiendo de los indicios llega a la convicción del hecho punible y la participación del imputado, para poder permitir el control casacional de la correcta racionalidad de la inferencia. Desde un punto de vista material: los indicios deben estar acreditados, ser plurales o muy excepcionalmente uno, pero con una singular potencia acreditativa, ser concomitantes al hecho que se trata de probar y deben interrelacionarse cuando son varios de modo que se refuercen entre sí, todo a efectos de que la inducción o inferencia sea razonable y se pueda excluir así la posibilidad de ser arbitraria, ilógica o infundada”. Ciertamente es válido poder sustentar una sentencia condenatoria con prueba indiciaria, es decir, cuando se está ante la ausencia de prueba directa capaz de destruir la presunción de inocencia inherente a todo ciudadano imputado de un ilícito penal se puede acudir a la prueba por indicios, teniéndose en cuenta que al indicio se llega a través de testimonios, peritajes, inspecciones y otros medios de prueba con los cuales se acredita la realidad del hecho base concreto, permitiendo a la vez realizar una inferencia determinada, siendo la inferencia la depuración de la prueba indicaría. Los hechos base o indicios deben estar acreditados y no pueden tratarse de meras sospechas, de igual forma el órgano jurisdiccional debe explicitar el razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios llega a la convicción sobre la existencia del hecho delictivo y la participación del acusado. En síntesis, el control casacional en materia de prueba indiciaria no consiste en sustituir la valoración del tribunal sentenciador, sino en constatar el cumplimiento de los requisitos formales de explicitación de los indicios del razonamiento a efectos de establecer que la inferencia del tribunal no haya sido arbitraria absurda o infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia, caso contrario, no podrá tenerse certeza de la participación de un imputado, y los indicios tomados para sustentar una condena que no se ajusten a lo anteriormente señalado no reunirían los requisitos necesarios para desvanecer el estado de inocencia de toda persona que es acusada de un delito, pues esa condena se basaría en sospechas al no existir certeza de la participación del imputado.[4] De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. En la presente causa, con la prueba indiciaria que el ente acusador pretende se tome en consideración para llegar a la condena del imputado, no se llenan las características antes citadas, pues si bien es cierto que el testigo protegido “XX” ubica al acusado en el lugar donde ocurrió el hecho delictivo, con su declaración no es posible determinar si éste, de manera conjunta realizó con las otras dos personas que menciona, la acción típica de dar muerte a las víctimas o cual fue su forma de participación, pues con el único indicio que se puede enlazar la declaración antes relacionada es con el hecho de que al acusado se le decomisó un celular que era propiedad de una de las víctimas, pero este extremo no es suficiente para llegar a una conclusión unívoca, que no de margen a meras sospechas, ni a conclusiones diversas, que pueden constituir meras especulaciones, pues está acreditado en el presente proceso que ya existe una persona condenada en virtud de los hechos que se imputan al acusado en el presente proceso, siendo en este caso el menor E. M. A. y el hecho de que se haya encontrado el arma con la cual se privó de la vida a una de las víctimas, es importante establecer que no fue en poder del acusado, sino que está debidamente acreditado que dicha arma fue encontrada en poder de la señora Bernarda Orellana, quien ni siquiera es familiar del acusado, (Ver folios 317 al 319) de igual manera el hecho de que se decomisaran unos binoculares que eran propiedad del occiso J. W. H., está debidamente acreditado que los mismos no fueron decomisados al mencionado acusado, pues según el acta de allanamiento suscrita por el juez ejecutor Oscar Alvarenga, (Ver folios 315-316), fueron decomisados en una casa de habitación en la que ni siquiera se encontraba el señor Denis Miranda Alvarado, por lo que no se cumple el requisito de que existiendo un solo indicio, éste sea tan contundente para llevar al sentenciador a un convencimiento de condena, ni una pluralidad de indicios que de igual manera permitan llegar a la misma conclusión, por lo que este tribunal de casación considera que los razonamientos vertidos por el Tribunal sentenciador, están apegados a las reglas de la sana crítica y lo procedente es desestimar el presente motivo de casación. DECISIÓN. Se declara no ha lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362 y 363 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara no ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogada Carmen Jacely Mejía Méndez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, contra la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, en fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Segundo: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante la cual absolvió al señor Denis Miranda Alvarado, como autor responsable de la comisión del delito de Asesinato Agravado, en perjuicio de J. W. H. G. y J. M. H. E.. Y Manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifiquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-13-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 189-2010 de fecha 19 de septiembre del 2012 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.
[2] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 16-2009 de fecha 22 de marzo del 2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.
[3] Pacheco Valle Antonio. Los Medios de Prueba y su Valoración en el Proceso Penal Hondureño. Poder Judicial/Lithocom. Primera Edición. Tegucigalpa, Honduras. Año 2010. (Pag. 119-123).
[4] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 399-2008 de fecha 08 de febrero del 2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.