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Sentencia CP-127-17 — Registro 13100

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego Prohibida, y el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. La censora denuncia como único motivo de casación por infracción de precepto constitucional, la violación al principio del estado material de inocencia y por ende al debido proceso, por considerar que la representación fiscal, englobó todos los elementos demostrativos de la responsabilidad penal a cada uno de los acusados, sin realizar la debida individualización de sus participaciones en los hechos imputados. En relación a lo anterior, esta Sala de lo Penal ha enfatizado a través de su jurisprudencia, que el principio al estado de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio, el descubrimiento de la verdad real acerca de la hipótesis delictiva en el proceso penal se forma por medio de la prueba al ser el medio jurídico necesario para adquirir certeza, y en el caso que el Tribunal de Sentencia emita un pronunciamiento condenatorio, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, practicado en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad. En el caso que ahora nos ocupa, encontramos que el Tribunal de Sentencia, ha proferido una sentencia condenatoria por los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso Prohibido y por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, sin realizar la correspondiente delimitación o diferenciación entre los diversos elementos probatorios idóneos para constatar la culpabilidad de cada uno de los imputados, es decir, debieron determinar quién de ellos portaba el arma de fuego de uso comercial y quienes portaban las armas de fuego de uso prohibido, asimismo, se desprende del acta de inspección número 249-2014, el hallazgo de un arma de fuego tipo pistola, marca CZ, con serie número K7964; un arma de fuego tipo pistola, sin serie y sin marca y un fusil color negro para un total de tres armas de fuego y al ser cuatro los imputados, quien de ellos, realizó una conducta distinta a los demás. Se les recuerda a los Juzgadores, que los tipos penales en cuestión corresponden a delitos unisubjetivos, es decir, que la consumación del delito es el resultado de la acción de una sola persona y que el tipo penal en estudio tiene las siguientes Características: 1. Según su Estructura: a).- Tipo Penal Básico o Fundamental porque describe de manera independiente modelos de comportamiento humano; b).- Tipo Penal Compuesto: En virtud de que son nueve los modelos de comportamiento descritos en la norma (nueve verbos rectores), cada uno con la capacidad de conformar por sí mismo una descripción típica distinta; 2. Según su Contenido: a).- Tipo Penal de Mera Conducta o Actividad, ya que la descripción del tipo se agota con la acción del autor sin que se requiera producción de un resultado en el mundo exterior; b).- Tipo Penal describe Conductas Instantáneas y Conductas Permanente: i) Instantáneas: las de fabricar, suministrar, vender, sacar o ingresar al país el arma de fuego, por ser modelos de comportamiento que se agotan en un solo momento; ii) Permanente: las de almacenar, transportar, poseer y usar, el arma de fuego, debido a que el comportamiento del autor se renueva de manera continua entretanto este realizando la acción; c).- Tipo Penal de Acción ya que las conductas descritas en el tipo penal es de carácter comisivo; d).- Tipo Penal Cerrado, al determinarse con precisión las nueve circunstancias típicas, desprendiéndose con suma claridad las conductas prohibidas; 3. Según El Sujeto Activo: a).- Tipo Penal Unisubjetivo, por ser un tipo penal que puede ser realizado por una sola persona, sin participación de terceros; b).- Tipo Penal de Sujeto Activo Común, ya que el sujeto activo no requiere tener ninguna cualidad o categoría especifica; 4. Según El Buen Jurídico Protegido: a).- Tipo Penal Uniofensivo, al amparar un bien jurídico especifico, tal cual es la Seguridad Interior del Estado de Honduras; b).- Tipo Penal de peligro por cuanto el tipo penal no exige la existencia de un resultado, sino basta que la conducta se realice para que se consume el delito. Por las razones expuestas, y al tratarse de infracciones de carácter procesal, deviene declarar ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su primer motivo, la anulación de la sentencia y del debate que la pronunció..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 127-2017, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a los señores Oscar Josué Rodríguez Jerezano, Nixon Reinaldo Quioto Castillo, Junior Estiben Sauceda Alonso y Junior Javier López Acosta, del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud Pública de la Población del Estado de Honduras, SEGUNDO: Condenó a los señores Oscar Josué Rodríguez Jerezano, Nixon Reinaldo Quioto Castillo, Junior Estiben Sauceda Alonso y Junior Javier López Acosta, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Prohibida, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de nueve años de reclusión, más una multa de seis mil lempiras, asimismo los condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: Condenó a los señores Oscar Josué Rodríguez Jerezano, Nixon Reinaldo Quioto Castillo, Junior Estiben Sauceda Alonso y Junior Javier López Acosta, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de cuatro años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. CUARTO: Se declara a los condenados responsables civilmente. QUINTO: No se condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. SEXTO: Se procede al comiso de las siguientes armas de fuego: pistola marca CZ, modelo 75.0 compact, color gris, calibre 9mm, con serie K7964, con cargador metálico color negro; Pistola marca Makarov, calibre 9mm, color gris; un fusil modelo AK-47, calibre 7.62x39 mm, color negro y cargador de metal. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada Ada Maribel Domínguez, actuando en su condición de defensor pública de los encausados. Son partes en única instancia: La Abogada Victoria Elizabeth Funes, defensora Pública, en su condición de recurrente. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “UNICO: El día martes once (11) de marzo del año dos mil catorce (2014), a eso de las cuatro con cincuenta y siete minutos de la tarde, Agentes de la Policía Nacional luego de recibir una denuncia se trasladaron a la colonia Palmira, sector Chamelecón de esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, al llegar al lugar observaron a los jóvenes OSCAR JOSUE RODRIGUEZ JEREZANO, NIXON REINALDO QUIOTO CASTILLO, JUNIOR ESTIBEN SAUCEDA ALONSO y JUNIOR JAVIER LOPEZ ACOSTA, portando en su manos armas de fuego quienes al percatarse de la presencia de la policía salieron en veloz carrera, ingresando a una vivienda cercana habitada únicamente por la señora Miguelina Salgado, siendo perseguidos por los policías quienes también ingresaron a la casa, encontraron a los mismos jóvenes refugiados en un cuarto donde también hallaron las armas de fuego que portaban, siendo dos pistolas, una marca CZ, modelo 75.0 compact, color gris, calibre 9mm, con serie K7964, con cargado metálico color negro y la otra marca Makarov, calibre 9mm, color gris; y un fusil modelo AK- 47, calibre 7.62x39 mm, color negro y cargador de metal, todas las armas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo capaz de percutir disparos. En ese momento, ninguno de los detenidos presentó autorización legal para portar los artefactos En la misma habitación también se encontró, bajo una mesa, cincuenta bolsitas de plástico trasparente que contenía hierba seca marihuana, todo lo cual fue decomisado..” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Victoria Elizabeth Funes, defensor publica, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: La sentencia infringe los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, relativos al estado de inocencia y al debido proceso. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN El debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente, todos los derechos y garantías fundamentales de carácter procesal o instrumental. La prueba, en materia penal, es sinónimo de garantía y como tal debe manejarse tanto en la fase de formación corno al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarla por parte del juzgador quien debe acudir a los más estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción, para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía la convierte en imperativa. De ahí que para ser responsable de un acto delictivo, la situación básica de inocencia debe ser destruida mediante la certeza, con pruebas suficientes e idóneas; caso contrario permanece el estado básico de libertad. Por lo anterior, el debido proceso será respetado siempre que se parta de un estado de inocencia en que se eliminen las presunciones de responsabilidad por parte del juez, de manera que no convierta la sospecha -que le ha sido presentada por la parte acusadora- en suya. Pues, ya lo decía ULPIANO en su Corpus Juris Civile “nadie puede ser condenado por sospecha, porque es mejor que se deje impune el delito de un culpable que condenar a un inocente”. En razón de lo anterior, es que se recurre la sentencia aludida en el preámbulo de este libelo ya que, al valorar la prueba con la cual se pretendía justificar a toda costa la participación de mis representado en un hecho, se ha cometido también una vulneración a la obligación que tiene el Estado de Honduras de otorgar un debido proceso a todo encausado. Dicha circunstancia es la que ha sucedido en el presente caso, donde los jueces de Tribunal toman los hechos presentados por el Ministerio Público como suyos, justificando una culpabilidad basándose en la incorporación por lectura autorizada del testigo ELMER OLVIR CASTILLO MARTINEZ, quien manifiesta: ...observando a varias personas armadas y al ver la presencia policial salieron corriendo e ingresaron a una vivienda construida de material, pintada de color verde e ingresaron al mismo cuarto y se les dio captura a cuatro individuos, encontrando tres armas... estos fueron recolectados por inspecciones oculares. Dentro de las armas figuran un AK47, una 380 y una 9mm... las armas estaban, dos en una cama y otra en el piso... nótese que el testigo no realiza ningún decomiso, esta declaración no brinda a quien de los imputados se le vio en portación de que tipo de arma, este agente del orden no impone participación a ninguno de los acusados, pues no señala la acción atípica que cada imputado realizo, de igual forma no refiere quienes son las personas que ve en la calle armadas, depone que las armas fueron recogidas por los de inspecciones oculares en este caso por JOSE FRANCISCO GARCIA MIRANDA que del acta que elabora consigna... al inspeccionar el cuarto numero uno por la puerta abierta se apreciaron dos camas y sobre el piso pegado a al cama del lado izquierdo se encontró un arma de fuego tipo pistola, marca CZ, con serie numero K7964... en medio de las camas y sobre el piso se encontró un arma de fuego tipo pistola color gris, sin serie.., sobre la cama lado derecho se encontró un fusil color negro... Esta es la prueba toral que los juzgadores han relacionado con el resto de prueba y que ha sido valorada en perjuicio de mis representados para imponerles una coautoría en la comisión de ilícito de portación de armas comercial y de guerra.- Digo esto por que para que se pueda cumplir el verbo recto en este caso portación, es indispensable identificar quien es la persona que se encuentra en PORTACION DE UN ARMA DE FUEGO, e identificar que tipo de arma esta portando. Refiero la sentencia de esta Sala de lo Penal numero 343-2009 “…así pues, constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1) Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna; 2) Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como garante y responsable de la Seguridad Interior; 3) Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en e] caso de estudio consiste en: fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar armas o municiones del país de forma lícita (a través del control aduanero) o ilícita;...” En el caso que de marras no se ha logrado establece quien de los cuatro imputados es responsable de portar armas sin la autorización debida. Honorables Magistrados de los hechos se desprende que son cuatro las personas detenidas, que son tres las armas encontradas (DECOMISADAS A NINGUNO DE LOS IMPUTADOS), debemos entender que una de las personas no pudo portar arma; preguntamos quien de los cuatro no estaba cometiendo ningún ilícito? Del acta de inspección se desprende que eran dos armas comerciales y una no comercial; nos preguntamos de nuevo ¿quienes de los detenidos portaban las armas comerciales? O ¿cual de los detenidos tiene agravada su situación legal al portar un arma de guerra? Son preguntas no tiene respuestas.- Sin embargo el sentenciador agrava sobremanera la condición de todos los encartados y dicta una sentencia atentatoria al estado inocencia al condenarlos por ambos delitos, silo analizamos de esta forma de la sentencia se desprende que cada uno de los imputados estaba en portación de dos armas de fuego una comercial y otra no comercial, y al ser cuatro los imputados son ocho las armas decomisadas (esto se aleja a la realidad), consideramos que cada imputado debe recibir la pena que corresponda a la acción cometida. Con el mayor de los respetos no impartir años de prisión sin considerar las acciones atípicas que se ha probado para cada uno de los imputados. Se ha querido imponer a los imputados de una coautoría que no reúne los requisitos tal como apuntaremos, de la prueba aportada en juicio no se desprende cual era la repartición de roles que tenían los acusados, ni cual era el plan que están de acuerdo a seguir, o de que manera cada uno tenia el control del dominio del hecho o sea de la portación que a nuestro criterio es una conducta muy personal. Queda demostrado que la prueba fue valorada gravemente en perjuicio de los imputados, violentando el principio constitucional del presunción de inocencia establecido en el articulo 89 de la Constitución, ya que no hay prueba en contra de mis representados que lo vinculen como coautores en la comisión de portación ilegal de armas, igualmente el articulo 90 de la Constitución establece que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades derechos y garantías que la ley establece, Es evidente que el tribunal de sentencia se decanto por seguir la tesis fiscal y prefirió condenar inocentes con insuficiencia de prueba antes de garantizar el estado inocencia. La labor del juez, quien debe partir de un estado de inocencia para luego, con base a prueba suficiente e idónea poder quebrantar el estado de inocencia del acusado, no podría tomarse como una prueba que la declaración de un testigo que no pudo se interrogado por los Juzgadores para aclarar extremos eran indispensables tener mas que claros para poder dictar una condena. Objetivamente hablando esta declaración no lo involucra en grado de coautor a ninguno de los imputados. Es con base a estas consideraciones que en respeto a las garantías constitucionales anteriormente aludidas, los jueces de Tribunal no debieron haber tomado como suya una acusación presentada por el Ministerio Público, pues esto ocasionó que aún sin prueba suficiente que lograse quebrantar el estado de inocencia de mi representado, se violentase el debido proceso en el juicio, estableciendo justificaciones burdas para buscar, a cualquier precio, una condena para mis representados por delitos en el los cuales no existe coautoría de su parte. La responsabilidad penal se finca en el acto que el hombre realiza con voluntad, el presupuesto de la responsabilidad delictual y de la condigna imposición de una sanción es el comportamiento externo de un individuo que pudiendo obrar de otro modo y poseyendo actitud psicofísica para comprender el hecho, voluntariamente incurre en el comportamiento merecedor de reproche punitivo”, para el caso es posible que si son tres las armas encontradas que tres de los imputados hayan tenido la voluntad de portar un arma de fuego pero ello no significa que son responsables de la portación entre ellos mismos, y uno de ellos se queda sin arma por tanto que no comete delito. Desde el punto de vista doctrinal la imputación se define como la “atribución, mas o menos fundada, a una persona de un acto presuntamente punible sin que haya de seguirse necesariamente acusación contra ella como consecuencia”. En el Derecho Procesal Penal, la calidad de imputado nace en el momento en que el individuo es señalado como partícipe en un hecho delictivo, sin que ello deba darse por supuesta su culpabilidad, porque un imputado puede ser sobreseído o absuelto, con lo cual desaparecerá la imputación. Pero desde que una persona es objeto de ella, tiene derecho a todas las garantías de la defensa en juicio. En consecuencia, si no existe una descripción circunstanciada del hecho imputado, no posible vulnerar el estado de inocencia. Por último se observa que el representante del Ministerio Público englobó todos los elementos demostrativos de la responsabilidad penal de cada uno de los acusados, sin realizar la debida individualización de la participación de los mismos en los hechos imputados. Al ser responsable cada imputado de determinado hecho delictivo es necesario realizar la correspondiente delimitación o diferenciación entre los diversos elementos probatorios idóneos para constatar la culpabilidad de cada uno de los procesados, por cuanto si bien es probable que existan varios elementos para comprobar la participación de varios o todos los acusados, existen otros que sólo incriminaran a uno o a varios de ellos, aunado a la circunstancia de que en nuestro ordenamiento legal la acción penal es autónoma. Cuando se trata de varios enjuiciados, el fiscal debe individualizar la responsabilidad de cada uno de ellos y no englobarlas en una sola. En atención a esta violaciones constitucionales, el fallo a que ha arribado el Tribunal de Sentencia debe ser enmendado por la honorable Sala Penal en aras de lograr una correcta y justa administración de justicia para los señores OSCAR JOSUE RODRIGUEZ JEREZANO, NIXON REINALDO QUIOTO CASTILLO, JUNIOR ESTIVEN SAUCEDA ALONSO, y JUNIOR JAVIER LOPEZ ACOSTA.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. Precepto autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República; Concepto de la infracción: Violación al Estado Material de Inocencia y al debido proceso. Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Sin determinar por el censor; y, Pretensión: Enmendar la sentencia recurrida en aras de lograr una correcta y justa administración de justicia. Relata el censor que se recurre la sentencia, ya que al ser valoradas las pruebas con el cual pretendía justificar a toda costa la participación de sus representados en un hecho, se ha cometido una vulneración a la obligación que tiene el Estado de Honduras de otorgar un debido proceso, se justifica una culpabilidad basándose en la incorporación mediante lecturas autorizada del testigo Elmer Olvir Castillo Martínez, quien no realizó decomiso alguno , con la declaración del testigo no se brinda información quien de los imputados se le vio en portación, que tipo de arma, se desprende de los hechos que son cuatro las personas detenidas y tres las armas encontradas, por lo cual una de las personas no pudo portar armas, ni quienes portaban armas comerciales o quien se le agrava su situación al portar una arma de guerra, sin embargo, los sentenciadores agravan la condición de todos los encartados y dictan una sentencia atentatoria al estado de inocencia al condenarlos por ambos delitos. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al Estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; Éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; Para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República(Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de Septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de Mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar(Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación:Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido Proceso, invocada por el Pretensor como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra.- Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez/a predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad e independencia del juez/a; v.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- a la igualdad de armas procesales; vii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- a una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. La censora denuncia como único motivo de casación por infracción de precepto constitucional, la violación al principio del estado material de inocencia y por ende al debido proceso, por considerar que la representación fiscal, englobó todos los elementos demostrativos de la responsabilidad penal a cada uno de los acusados, sin realizar la debida individualización de sus participaciones en los hechos imputados. En relación a lo anterior, esta Sala de lo Penal ha enfatizado a través de su jurisprudencia, que el principio al estado de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio, el descubrimiento de la verdad real acerca de la hipótesis delictiva en el proceso penal se forma por medio de la prueba al ser el medio jurídico necesario para adquirir certeza, y en el caso que el Tribunal de Sentencia emita un pronunciamiento condenatorio, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, practicado en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad. En el caso que ahora nos ocupa, encontramos que el Tribunal de Sentencia, ha proferido una sentencia condenatoria por los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso Prohibido y por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, sin realizar la correspondiente delimitación o diferenciación entre los diversos elementos probatorios idóneos para constatar la culpabilidad de cada uno de los imputados, es decir, debieron determinar quién de ellos portaba el arma de fuego de uso comercial y quienes portaban las armas de fuego de uso prohibido, asimismo, se desprende del acta de inspección número 249-2014, el hallazgo de un arma de fuego tipo pistola, marca CZ, con serie número K7964; un arma de fuego tipo pistola, sin serie y sin marca y un fusil color negro para un total de tres armas de fuego y al ser cuatro los imputados, quien de ellos, realizó una conducta distinta a los demás. Se les recuerda a los Juzgadores, que los tipos penales en cuestión corresponden a delitos unisubjetivos, es decir, que la consumación del delito es el resultado de la acción de una sola persona y que el tipo penal en estudio tiene las siguientes Características: 1. Según su Estructura: a).- Tipo Penal Básico o Fundamental porque describe de manera independiente modelos de comportamiento humano; b).- Tipo Penal Compuesto: En virtud de que son nueve los modelos de comportamiento descritos en la norma (nueve verbos rectores), cada uno con la capacidad de conformar por sí mismo una descripción típica distinta; 2. Según su Contenido: a).- Tipo Penal de Mera Conducta o Actividad, ya que la descripción del tipo se agota con la acción del autor sin que se requiera producción de un resultado en el mundo exterior; b).- Tipo Penal describe Conductas Instantáneas y Conductas Permanente: i) Instantáneas: las de fabricar, suministrar, vender, sacar o ingresar al país el arma de fuego, por ser modelos de comportamiento que se agotan en un solo momento; ii) Permanente: las de almacenar, transportar, poseer y usar, el arma de fuego, debido a que el comportamiento del autor se renueva de manera continua entretanto este realizando la acción; c).- Tipo Penal de Acción ya que las conductas descritas en el tipo penal es de carácter comisivo; d).- Tipo Penal Cerrado, al determinarse con precisión las nueve circunstancias típicas, desprendiéndose con suma claridad las conductas prohibidas; 3. Según El Sujeto Activo: a).- Tipo Penal Unisubjetivo, por ser un tipo penal que puede ser realizado por una sola persona, sin participación de terceros; b).- Tipo Penal de Sujeto Activo Común, ya que el sujeto activo no requiere tener ninguna cualidad o categoría especifica; 4. Según El Buen Jurídico Protegido: a).- Tipo Penal Uniofensivo, al amparar un bien jurídico especifico, tal cual es la Seguridad Interior del Estado de Honduras; b).- Tipo Penal de peligro por cuanto el tipo penal no exige la existencia de un resultado, sino basta que la conducta se realice para que se consume el delito. Por las razones expuestas, y al tratarse de infracciones de carácter procesal, deviene declarar ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su primer motivo, la anulación de la sentencia y del debate que la pronunció. DECISIÓN: Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Ada Maribel Domínguez, actuando en su condición de defensor pública de los encausados. Segundo: Casa la sentencia de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, decretando su nulidad y de la audiencia de debate que le origina, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince. Y MANDA: Primero. Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra de los señores Oscar Josué Rodríguez Jerezano, Nixon Reinaldo Quioto Castillo, Junior Estiben Sauceda Alonso y Junior Javier López Acosta, por los delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido y Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, en el cual deberán de participar Jueces/zas distintos/as a aquellos/as que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis. Segundo. Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. Rafael Bustillo Romero. Magistrado Coordinador. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Firma y Sello. Maria del Carmen Godoy. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un dia del mes de febrero del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-127-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.