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Sentencia CP-121-17 — Registro 11470

Resumen

Se declara con lugara el recurso de casación interpuesto por la Pruraduria GEneral de la República, contra la setencia de primera instancia que absuelve al imputado del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."ES DE RECIBO. El censor alega que la sentencia recurrida incurre en Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de Naturaleza Comercial, que textualmente dice: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas.” Esta Sala de lo Penal reitera que, los hechos declarados probados y que constituyen la base fáctica de la sentencia, son intangibles e inalterables en casación. Además, que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, el a quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “PRIMERO.- El día sábado once (11) del mes de julio del año dos mil quince (2015), entre las ocho y nueve de la noche, en la aldea de Agua Blanquita, municipio de Santa Barbará, departamento de Santa Barbará, transitaba por la calle Kevin Anael Vásquez Perdomo, cuando fue interceptado por Teodoro Muñoz quien haciendo uso de un arma de fuego que portaba, lo despojó de la cantidad de trescientos (Lps 300.00) lempiras. SEGUNDO.- Ese mismo día a la once de la noche, el señor Kevin Anael Vásquez Perdomo, luego de denunciar el hecho ante la autoridad policial, condujo a los agente de la Policía Nacional Preventiva, a un expendio de bebidas alcohólicas de la aldea de Agua Blanquita, municipio de Santa Barbará, departamento de Santa Barbará, donde los agentes policiales requirieron a Teodoro Muñoz, y luego de practicarle un registro personal, se le encontró en el lado derecho de su cintura un arma de fuego, tipo revolver, calibre .22LR, marca Smith & Wesson, serie 55083, sin el permiso de portación correspondiente, procediendo a su detención y siendo puesto a la orden del Ministerio Público.” Dentro de otras acciones ilícitas desplegadas por al acusado Teodoro Muñoz, también se subsume el delito de Portación Ilegal de Armas de Naturaleza Comercial, tipificado en el artículo 332-B del Código Penal, pues el tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Las armas de uso personal o de comercio lícito, están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que son todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Por lo anterior, esta Sala concluye que los hechos declarados probados se ajustan a los elementos objetivos y subjetivos exigidos por artículo 332 B del Código Penal de reproche, señalado como infringido..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 121-2017, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió al señor Teodoro Muñoz del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. SEGUNDO: Absolvió al señor Teodoro Muñoz, del delito de Robo Agravado, del que fue acusado. TERCERO: Condenó al señor Teodoro Muñoz, como autor del delito de Robo, en perjuicio del señor Kevin Ángel Vásquez Perdomo, a la pena de cinco años de reclusión. CUARTO: Condenó al señor Teodoro Muñoz, a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. QUINTO: Declaró la responsabilidad civil del señor Teodoro Muñoz, en cuanto a que debe responder por la indemnización de los daños. SEXTO: No procede condenar en costas al señor Teodoro Muñoz. SEPTIMO: Se ordena el comiso de un arma de fuego tipo revólver, calibre 22LR, marca Smith & Wesson, serie 55083, por constituir pieza de ejecución del delito. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional el Abogado Ángel Octavio Baide Peña, actuando en su condición de defensor público del señor Teodoro Muñoz y el recurso por Infracción de Ley el Abogado David Edgardo Sabillón, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República. Son partes en única instancia: La Abogada Alba Regina Paniagua Pacheco, defensora pública y el Abogado David Edgardo Sabillón, procurador judicial de la Procuraduría General de la República, ambos en su condición de recurrentes; y la Abogada Iris Beatriz Fonseca, agente fiscal del Ministerio Público en su condición de recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO.- El día sábado once (11) del mes de julio del año dos mil quince (2015), entre las ocho y nueve de la noche, en la aldea de Agua Blanquita, municipio de Santa Barbará, departamento de Santa Barbará, transitaba por la calle Kevin Anael Vásquez Perdomo, cuando fue interceptado por Teodoro Muñoz quien haciendo uso de un arma de fuego que portaba, lo despojó de la cantidad de trescientos (Lps 300.00) lempiras. SEGUNDO.- Ese mismo día a la once de la noche, el señor Kevin Anael Vásquez Perdomo, luego de denunciar el hecho ante la autoridad policial, condujo a los agente de la Policía Nacional Preventiva, a un expendio de bebidas alcohólicas de la aldea de Agua Blanquita, municipio de Santa Barbará, departamento de Santa Barbará, donde los agentes policiales requirieron a Teodoro Muñoz, y luego de practicarle un registro personal, se le encontró en el lado derecho de su cintura un arma de fuego, tipo revolver, calibre .22LR, marca Smith & Wesson, serie 55083, sin el permiso de portación correspondiente, procediendo a su detención y siendo puesto a la orden del Ministerio Público.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Ángel Octavio Baide Peña, defensor público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO ÚNICO: Infracción de los Preceptos Constitucionales contenidos en los artículo 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece……”. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna personas podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Articulo 2. “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado corno inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente e conformidad con las normas de este código………”. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra el señor TEODORO MUÑOZ, por el delito de ROBO, en perjuicio de KEVIN ANAEL VASQUEZ PERDOMO, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra del señor TEODORO MUÑOZ , produjo un mínimo de actividad probatoria. TERCERO: En el presente caso, la probanza utilizada para declarar el cuadro factico de la sentencia se extrajo de la prueba de cargo como ser la declaración del testigo Kevin Anael Vásquez Perdomo, quien en su declaración rendida en el juicio oral y público manifiesta que él no se acuerda de nada y que no hubo tal robo, excluyendo de toda responsabilidad penal al acusado Teodoro Muñoz y suponiendo que se hubiera retractado, y se tornara en cuenta la declaración rendida en audiencia inicial, ni otra prueba que lo ligue con el robo de los trescientos lempiras, pues no aporta nada, pues no existe en el presente juicio acta de decomiso del supuesto dinero, cuando se le hizo el Registro personal, únicamente encontrándosele un arma de fuego 22 mágnum y 9 cartuchos de color amarillo, prueba fundamental que hubiera aportado elemento suficiente para esclarecer el hecho que se investiga. Y en los restos de medios de prueba como ser el Acta de Registro Persona, acta de decomiso, Dictamen de Balística no se prueba que mi defendido haya cometido el delito de robo. En consecuencia con tal declaración y medios probatorios mencionados, resulta imposible quebrantar la Presunción de inocencia, por lo que el sentenciador violenta en la sentencia recurrida, esa norma constitucional así como el debido proceso, por no seguir el juicio de nuestro representado conforme a las normas y procesos que la ley establece. O sea que en el juicio penal no basta solamente la obtención de la sentencia condenatoria desde el punto de vista formal, para lograr el quebrantamiento del Estado de inocencia del imputado, sino que durante el proceso deben satisfacerse unas condiciones mínimas de juzgamiento que garanticen que esa sentencia condenatoria está legitimada. Algunas de las manifestaciones del presente principio o sea el Estado de inocencia consiste en: a) Que a la acusación le corresponde, mediante presentación de pruebas, demostrar culpabilidad del imputado, lo que implica que el acusado no está obligado a probar inocencia, b) la obligación en el órgano jurisdiccional de absolver, cuando no se haya probado culpabilidad del imputado, de ello se sigue que se debe absolver en caso de duda, o cuando los hechos no hayan quedado suficientemente probados, y e) Certeza de culpabilidad, que las pruebas del proceso se hayan recibido con las debidas garantías. Así que en el presente caso además de la falencia probatoria mostrada en la sentencia sobre la prueba de cargo analizada, no se encuentra respaldo probatorio en si mismo, ni en los restantes medios de prueba, evacuados en el juicio. CUARTO: De lo antes expuesto y que siendo que es en el juicio oral y público donde los medios de prueba de cargo deben dotar al Tribunal de sentencia de la certeza de la existencia de un hecho, dentro del cual se enmarquen todos los elementos de tipificación legal de un delito, así como la participación del acusado, si esto no se logra con la práctica de dicha prueba solamente procede dictar sentencia absolutoria, porque no existe prueba de cargo válida para condenar al imputado. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse reconocido en nuestra constitución y normas legales secundarias, también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 11.1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art. 14.2). De todo lo anterior, concluyo que en el presente caso el Ministerio Publico no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes o pruebas de cargo válidas, para lograr enervar el estado de inocencia de mí representado, por lo que solicitamos se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada.” El recurrente Abogado David Edgardo Sabillón, procurador judicial de la Procuraduría General de la República, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “CASACION POR INFRACCION DE LEY PRIMER MOTIVO: Infracción de Precepto Penal por falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo uno (1) del Código Procesal Penal. Explicamos el motivo de la siguiente manera: Para demostrar la infracción que estamos alegando, tenemos que partir de los hechos declarados probados por el Tribunal Sentenciador, los que se aceptan como verdad incontrastable para los efectos de este recurso. Veamos entonces, cuales son los hechos que el Tribunal de Sentencia declaro probados: “PRIMERO.- El día sábado once (11) del mes de Julio del año dos mil quince (2015), entre las ocho y nueve de la noche, en la Aldea de Agua Blanquita, Municipio de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, transitaba por la calle Kevin Anael Vásquez Perdomo, cuando fue interceptado por Teodoro Muñoz, quien haciendo uso de un arma de fuego que portaba, lo despojo de la cantidad de trescientos (L. 3 00.00) lempiras. SEGUNDO.- Ese mismo día a las once de la noche, el señor Kevin Anael Vásquez Perdomo, luego de denunciar el hecho ante la autoridad policial, condujo a los agentes de la Policía Nacional Preventiva, a un expendio de bebidas alcohólicas de la aldea de Agua Blanquita, Municipio de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, donde los agentes policiales requirieron a Teodoro Muñoz, y luego de practicarle un registro personal, se le encontró en el lado derecho de su cintura un arma de fuego, tipo revolver, calibre 22LR, marca Smith & Wesson, serie 55083, sin el permiso de portación correspondiente, procediendo a su detención y siendo puesto a la orden del Ministerio Publico.” Si partimos de estos hechos, así declarados probados, es indiscutible que de los mismos resulta que el imputado TEODORO MUÑOZ, incurrió para los intereses del Estado de Honduras en una conducta típica, antijurídica, culpable, punible que se subsume precisamente en el Articulo 332-B del Código Penal el cual consideramos como precepto penal infringido que dice: “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas”. Nos sorprende como el Tribunal Sentenciador absolvió al imputado Teodoro muñoz por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, invocando un Decreto Ley 184-2013 el cual es de aplicación eminente administrativo que entro en vigencia el Cinco de Octubre del 2013 y que en su artículo dos (2) establece que “Por el término de un año, un periodo de veda para que toda persona que posea una arma de fuego comercial que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de la factura de la armería, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el despacho de Seguridad”, decreto éste que tenía como finalidad que las personas que tuvieran armas de fuego comercial sin contar con la factura de la armería pudieran durante ese año a registrar la misma junto con los demás documentos que requiere el Departamento de Registro Balística de la Secretaria de Seguridad, pero en ningún momento tuvo como finalidad la de despenalizar el artículo 332-B del Código Penal, más aun, como el caso de marras que el imputado TEODORO MUÑOZ fue capturado por la Policía Nacional Preventiva, cuando momentos previos pistola en mano asalto al señor Kevin Anael Vásquez Perdomo en la aldea de Agua Blanquita, municipio de Santa Bárbara, delito de Robo por el cual el Tribunal Sentenciador condeno, por lo que la absolución por el delito de Portación Ilegal de Arma de fuego no resulta ajustado a derecho este criterio del Tribunal Sentenciador ya que el imputado no fue detenido cuando se trasladaba con dicha arma de fuego al departamento de Registro Balístico a registrar dicha arma sino y como quedo probado en juicio la usaba para cometer hechos delictivos, por lo tanto esa conducta no puede ser atípica tal y como lo estableció el Tribunal juzgador, en la sentencia hoy recurrida. Así las cosas el Tribunal de Sentencia en estricto apego al principio de legalidad si declaro probada una conducta que configura un ilícito penal debió consecuentemente dictar un fallo de condena, al no haberlo hecho, infringió de manera clara, por no haber aplicado los preceptos penales de naturaleza sustantiva antes citado, por lo que rogamos a este Tribunal Supremo enmiende este entuerto jurídico.” “SEGUNDO MOTIVO: Infracción de Norma Jurídica de carácter Sustantivo por Aplicación Indebida del artículo 2 del Decreto Legislativo No. 184-2013. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo uno (1) del Código Procesal Penal. Seguro estamos honorables Magistrados que se declara con lugar el Recurso de Casación por infracción de Ley en su Primer Motivo, y que se va a casar la sentencia recurrida, Condenando desde luego al imputado Teodoro Muñoz por el delito Consumado de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, pero más sin embargo en el remoto caso que fuera desestimado, permitamos hacerlo en la forma exponiendo el Segundo Motivo de Casación: Explicamos el motivo de la siguiente manera: Para demostrar la infracción que estamos alegando, tenemos que partir de los hechos declarados probados por el Tribunal Sentenciador, los que se aceptan como verdad incontrastable para los efectos de este recurso. Veamos entonces, cuales son los hechos que el Tribunal de Sentencia declaro probados: “PRIMERO.- El día sábado once (11) del mes de Julio del año dos mil quince (2015), entre las ocho y nueve de la noche, en la Aldea de Agua Blanquita, Municipio de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, transitaba por la calle Kevin Anael Vásquez Perdomo, cuando fue interceptado por Teodoro Muñoz, quien haciendo uso de un arma de fuego que portaba, lo despojo de la cantidad de trescientos (L. 300.00) lempiras. SEGUNDO: Ese mismo día a las once de la noche, el señor Kevin Anael Vásquez Perdomo, luego de denunciar el hecho ante la autoridad policial, condujo a los agentes de la Policía Nacional Preventiva, a un expendio de bebidas alcohólicas de la aldea de Agua Blanquita, Municipio de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, donde los agentes policiales requirieron a Teodoro Muñoz, y luego de practicarle un registro personal, se le encontró en el lado derecho de su cintura un arma de fuego, tipo revolver calibre 22LR, marca Smith & Wesson, serie 55083, sin el permiso de portación correspondiente, procediendo a su detención y siendo puesto a la orden del Ministerio Publico.” Es importante establecer que en el apartado Primero de la Fundamentación Jurídica de la Sentencia recurrida el Tribunal de Sentencia estableció lo siguiente “Del análisis de la prueba evacuada, se evidencia en lo que respeta al delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, la atipicidad de la conducta del señor Teodoro Muñoz, y esto es así, por estimar estos Juzgadores que de conformidad al decreto ley 184-2013, mismo que faculta a los particulares a acudir al Registro Balístico Nacional a realizar la inscripción de armas de fuego de calibre comercial, de las que no posean facturas, por un periodo de seis meses, beneficio conocido como veda, y para la fecha en que ocurrieron los hechos objeto de presente estaba vigente el decreto antes aludido, lo que constituye a nuestro criterio una suspensión tacita de la eficacia del artículo 332-B del Código Penal, el cual establece la conducta típica de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, criterio que compartimos con la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad a la sentencia de casación penal número 48- 2009, en la que establece lo siguiente. “Que si bien es cierto, el decreto en mención no menciona que expresamente se deroga la normativa penal que sanciona la Portación Ile gal de Arma de Fuego Comercial, importa una derogatoria tacita temporal en virtud de la naturaleza de la norma intermedia, pues si entendiéramos que la pretensión de legislador era dejar el artículo 332-B al regir el decreto 69-2007, aunque las personas hubieren acudido a matricular sus armas dentro del plazo fijado, incurrirían en el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, durante el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el plazo concedido por la disposición intermedia “. Es por ello que consideramos que la conducta del señor Teodoro Muñoz, no puede ser imputable a título de autor de un delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial.” Esta valoración del Tribunal Sentenciador es importante señalar honorables magistrados que hay una interpretación errónea y aplicación indebida del Decreto Legislativo No. 184-2013 en su artículo 2, cuya aplicación es de carácter administrativo y no de aplicación en el ámbito penal, porque evidentemente el espíritu de la ley que el legislador dejo plasmado en su contenido se enmarca únicamente: “Que es imperativo para el Estado de Honduras el registro de armas en poder de particulares para efectos de control formal del Estado” como es lógico en vista de la gran cantidad de armas de fuego de uso comercial en poder de la población sin ningún control de las autoridades competentes, pero en ningún momento dicho decreto faculta a los ciudadanos que durante la veda de un año contado a partir de la vigencia de dicho decreto pudieran portar, usar, transportar, traficar armas de fuego, etc.; Ahora bien, si la intención del legislador hubiese sido esa, expresamente lo hubiese manifestado dejando en suspenso la aplicación del artículo 332-B del Código Procesal Penal, Vacatio Legis bajo la temporalidad de la veda, Con este tipo de Sentencia evidentemente está generando impunidad, porque ahora cualquier persona que haya ejecutado actos reñidos con la ley, durante la vigencia del decreto antes relacionado puede portar, transportar, usar, traficar armas, pues a criterio de los Juzgadores el decreto da pie para determinar que durante ese periodo nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que tenga que ver con delitos relacionados a la portación, tenencia, Uso, Transporte, Tráfico Ilegal armas de fuego pues consideran que existe atipicidad por lo tanto no se pueden cometer este tipo delitos contra seguridad Interior del Estado durante la veda establecida en el decreto supra indicado. Me pregunto honorables magistrados si la aplicación indebida de la norma abarcaría también lo establecido en el párrafo segundo del artículo dos del decreto 184-2013 que establece “Durante este término de un año, las personas que tengan en su poder armas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia,...” Tiene o no responsabilidad penal las personas que posean, tengan o usen armas de fuego de uso ilegal o armas de guerra durante ese año de veda?... La policía pudo capturar y poner a la Orden del Ministerio Publico a individuo (s) transportando armas de guerra en un vehículo? Esta Conducta es típica, antijurídica, culpable pero no punible acaso?... Puede justificarse un individuo en el periodo de veda su traslado o posesión de armas de guerra con la justificación que las llevaba a entregar a la Secretaria de Seguridad?. Para la Procuraduría General de la República, la Sentencia definitiva dictada por el Tribunal Sentenciador, lesiona gravemente el principio de legalidad porque en ningún momento el artículo 332-A y 332-B del Código Penal Vigente han sido derogados, reformados, dejados en suspenso o considerados como ley penal en Blanco, consecuentemente esto ha generado la violación del principio derecho del debido proceso consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. esta representación del Estado considera que se ha desconocido el imperio de ley con la incorrecta aplicación en todos sus sentidos y alcances de la misma, tal como lo señala nuestro Código Civil en su artículo 11 que establece meridianamente que “Las Leyes que interesan al orden Público y a las buenas costumbres, no podrán eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares” y sigue profundizando nuestro Código Civil en su artículo 17 “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismo debe existir y la intención del legislador.” Actuar de otra forma se estaría flagrantemente violando el principio de Legalidad de Competencia Reglada establecido en el artículo 321 y 323 de la Constitución de la República “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”; y, “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”. Reafirmamos que hay una Aplicación Indebida por parte del Tribunal Sentenciador del Decreto Legislativo 184-2013 que entro en vigencia el cinco de Octubre del 2013 y que en su artículo dos establece que “Por el término de un año, un periodo de veda para que toda persona que posea una arma de fuego comercial que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de la factura de la armería, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el despacho de Seguridad” o sea que el mismo vencía su vigencia el Cinco de Octubre del 2014 y los hechos criminales investigados ocurrieron el sábado once (11) del mes de Julio del año dos mil quince (2015), entre las ocho y Once de la noche, en la Aldea de Agua Blanquita, Municipio de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, cuando el señor Kevin Anael Vásquez Perdomo, fue interceptado por Teodoro Muñoz, quien haciendo uso de un arma de fuego que portaba, lo despojo de la cantidad de trescientos (L. 300.00) lempiras, y luego fue capturado de la policía en un expendio de bebidas alcohólicas y al practicarle un registro personal se le encontró en poder de un arma de fuego tipo revolver calibre 22 mm, ,así lo dejo plasmado en los hechos declarados probados por el Tribunal, por lo tanto en caso que en el mundo óntico de los juzgadores procediera la aplicación de dicho decreto, que para el recurrente no tiene aplicabilidad, el Decreto Legislativo 184-2013 en que se fundamentó el fallo, ya no estaba vigente por lo tanto hay una aplicación indebida por parte del sentenciador a señalar y justificar su fallo absolutorio en dicha norma administrativa. Así las cosas el Tribunal de Sentencia en estricto apego al principio de legalidad si declaro probada una conducta que configura un ilícito penal debió consecuentemente dictar un fallo de condena, al no haberlo hecho infringió de manera clara, por aplicado indebida los preceptos jurídicos de naturaleza administrativa alejada del ámbito penal.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa pública. Único motivo *Precepto autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Violación al principio de inocencia y del derecho fundamental a un debido proceso judicial. *Remedio de Subsanación o Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Sin determinar por el censor. *Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada El recurrente inicia su planteamiento haciendo cita del contenido de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República; señalándolos como infringidos por el Tribunal de Sentencia; que la probanza utilizada para declarar el cuadro fáctico de la sentencia se extrajo de la prueba de cargo como ser la declaración del testigo Kevin Anael Vásquez Perdomo, quien en declaración rendida manifestó no acordarse de nada y que no hubo tal robo. Que con el resto de medios probatorio como ser acta de registro personal, acta de decomiso, dictamen de balística, no se acreditó que su representado haya cometido el delito de robo; por lo cual, resulta imposible quebrantar la presunción de inocencia, por ello, los sentenciadores han violentado la sentencia recurrida así como el debido proceso por no seguir el juicio conforme a las normas y procesos que la ley establece. Luego concluye el censor, que además de la falencia probatoria mostrada en la sentencia sobre la prueba de cargo analizada, no se encuentra respaldo probatorio. De la Procedencia del Recurso. El recurso No es de Recibo. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto, por una parte, es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal, para ello, el legislador a previsto tres tipos de recursos de casación: Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de las Formas Procesales. En una debida técnica recursiva, el censor en primer lugar debe precisar el tipo de recurso de casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere adolece la sentencia que impugna, seguidamente debe de explicar los defectos legales y materiales que provoca el vicio mediante el desarrollo de motivos, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste. Tratándose particularmente del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el recurrente deberá: 1. Justificar la interposición del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, (recurso ordinario), como consecuencia de la falta de previsión del vicio a denunciar en las causales previstas en los recursos de casación por Infracción de Ley, de doctrina legal o de quebrantamiento de forma (recursos extraordinarios). Es pues que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional deberá de ser planteado siempre en defecto de la imposibilidad de interponer aquellos recursos que de manera especial prevén el vicio que se pretenda denunciar; 2. Indicar la norma constitucional o del bloque constitucional que se considere ha sido violada por: inobservancia, indebida aplicación, indebida interpretación o aplicación con alcances restrictivos no contemplados en ella; 3. Exponer de manera clara y precisa el vicio denunciado, como éste se relaciona con la norma constitucional o del bloque constitucional que se considera violentada y principalmente cuales son los efectos legales y necesariamente materiales de dicha violación; 4. En el caso de que el vicio sea de carácter procesal penal, el censor deberá de enumerar los remedios legales o materiales intentados para subsanar o sanear el vicio; 5. Expresión clara de la pretensión perseguida con la interposición del recurso; tal pretensión deberá de ser consecuente con la naturaleza de la norma constitucional o de bloque constitucional y con el vicio denunciado. En todos los casos será indispensable que el censor sea claro en su exposición y preciso en su argumentación, por ello, en caso de considerar la violación de más de una norma constitucional o del bloque constitucional y/o la concurrencia de más de un vicio, deberá de hacer la denuncia con la debida separación de cada uno de sus argumentos, a efecto de que se distinga con claridad cada uno de ellos y las consecuentes pretensiones. En el caso subjudice, el recurrente presenta un recurso sin ninguna técnica, alega vulneración de la presunción de inocencia, sin desarrollar en su recurso, si ese agravió se ha debido a: 1) Ilicitud de la prueba; 2) Indebido proceso probatorio; 3) Indebida motivación; 4) Indebido razonamiento probatorio; 5) Insuficiencia carga probatoria. Menos se evidencia en el escrito del recurso, cuál de las normas contenidas en el Código Procesal Penal, para ser más específico, las señaladas en el título IV de su libro tercero que contiene la sustanciación de la etapa de juicio y en particular el debate han sido transgredido para invocar la violación al debido proceso legal; de lo que se ocupa el recurrente, es de exponer lo declarado por el testigo Kevin Anael Vásquez Perdomo que junto al resto de prueba, no resulta posible quebrantar el estado de inocencia, menos el debido proceso, todo a partir de una valoración personal y subjetiva. Para la Sala de lo Penal es claro que el recurrente acude al motivo referido como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria (revisio de facto) como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren la prueba, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces de la Instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única Instancia, todo ello impropio. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica Por otra parte el recurrente no realizó la debida separación de sus argumentos dado que bajo un mismo título hace denuncia de varios vicios diferentes (Inocencia y debido proceso); suma el hecho, de no hacer una exposición científica del porque considera que cada una de las normas constitucionales enumeradas han sido violentadas, sino que solamente hace alusión de las mismas de manera abstracta y poco inteligible. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que ésta no fue debidamente definida por el recurrente, esto por una deficiente técnica recursiva. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Procuraduría General de la República. Primer Motivo. *Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 332B del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación del artículo que contienen el tipo penal de Portación Ilegal de Armas de Fuego; *Pretensión: Se enmiende este entuerto jurídico. Señala el recurrente que a partir de los hechos probados, es indiscutible que de los mismos resulta que el imputado Teodoro Muñoz incurrió para los interese del Estado de Honduras en una conducta típica, antijurídica, culpable, punible que se subsume precisamente en el artículo 332B del Código Penal. De la procedencia del recurso. El primer motivo es de recibo. El censor alega que la sentencia recurrida incurre en Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de Naturaleza Comercial, que textualmente dice: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas.” Esta Sala de lo Penal reitera que, los hechos declarados probados y que constituyen la base fáctica de la sentencia, son intangibles e inalterables en casación. Además, que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, el a quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “PRIMERO.- El día sábado once (11) del mes de julio del año dos mil quince (2015), entre las ocho y nueve de la noche, en la aldea de Agua Blanquita, municipio de Santa Barbará, departamento de Santa Barbará, transitaba por la calle Kevin Anael Vásquez Perdomo, cuando fue interceptado por Teodoro Muñoz quien haciendo uso de un arma de fuego que portaba, lo despojó de la cantidad de trescientos (Lps 300.00) lempiras. SEGUNDO.- Ese mismo día a la once de la noche, el señor Kevin Anael Vásquez Perdomo, luego de denunciar el hecho ante la autoridad policial, condujo a los agente de la Policía Nacional Preventiva, a un expendio de bebidas alcohólicas de la aldea de Agua Blanquita, municipio de Santa Barbará, departamento de Santa Barbará, donde los agentes policiales requirieron a Teodoro Muñoz, y luego de practicarle un registro personal, se le encontró en el lado derecho de su cintura un arma de fuego, tipo revolver, calibre .22LR, marca Smith & Wesson, serie 55083, sin el permiso de portación correspondiente, procediendo a su detención y siendo puesto a la orden del Ministerio Público.” Dentro de otras acciones ilícitas desplegadas por al acusado Teodoro Muñoz, también se subsume el delito de Portación Ilegal de Armas de Naturaleza Comercial, tipificado en el artículo 332-B del Código Penal, pues el tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Las armas de uso personal o de comercio lícito, están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que son todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Por lo anterior, esta Sala concluye que los hechos declarados probados se ajustan a los elementos objetivos y subjetivos exigidos por artículo 332 B del Código Penal de reproche, señalado como infringido. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Procuraduría General de la República. Segundo Motivo. *Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 2 del Decreto Legislativo N0. 184-2013. *Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del artículo que contienen la disposición de poseer armas para su entrega sin responsabilidad alguna; *Pretensión: Sin determinar por el recurrente.Arguye el recurrente lo señalado por los juzgadores en el apartado de la fundamentación jurídica de la sentencia, para luego denunciar la interpretación errónea y aplicar indebidamente el decreto legislativo, a criterio del censor, su aplicación es de carácter administrativo y no de aplicación en el ámbito penal. De la procedencia del motivo. Habiendo prosperado el primer motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, concediéndose la pretensión perseguida por el censor con su interposición, resulta sobreabundante que esta Sala de lo Penal haga pronunciamiento sobre el recurso en su segundo motivo. V. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 361 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo; interpuesto por el Abogado Ángel Octavio Baide Peña, actuando en su condición de defensor público del señor Teodoro Muñoz. Segundo: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo; interpuesto por el Abogado David Edgardo Sabillón, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República. Tercero: Casa parcialmente la sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, En CONSECUENCIA, se emite el siguiente pronunciamiento: I) Se debe condenar y se condena al señor Teodoro Muñoz, como autor responsable del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndosele una pena principal de Tres años de Reclusión, a quien se le restará el tiempo en que el ahora condenado haya estado privado de su libertad por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penal que corresponda; II) Se debe condenar y se condena al señor Teodoro Muñoz, como consecuencia de la pena de reclusión impuesta, a trabajar en obras públicas o en labores dentro del Centro Penitenciario, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, de conformidad con la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; III) Ante lo anterior, se deja incólume el pronunciamiento de instancia respecto a los párrafos segundo, tercero, tercero(2), cuarto, quinto y sexto. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal en relación al pronunciamiento condenatorio emitido por los delitos de Robo y Portación Ilegal de Arma de uso Comercial; los cuales han adquirido el carácter de firme y además de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para el debido registro del antecedente penal del condenado Teodoro Muñoz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-121-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.