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Sentencia CP-118-17 — Registro 17599

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia de primer instancia que absuelve al acusado de los delitos de Portación Ilegal de Armas Comerciales y Encubrimiento

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso es de recibo. Opinión de la Sala sobre el caso específico: El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de Naturaleza Comercial, que textualmente dice: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”. Esta Sala reitera que, los hechos declarados probados y que constituyen la base fáctica de la sentencia, son intangibles e inalterables en casación. Además, que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, el A Quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Único: Que en fecha Martes veintiséis (26) de Agosto del dos mil catorce (2014), a eso de las dos de la tarde el señor Guillermo Antonio Meza Estrada, se conducía a bordo de un vehículo marca, Mazda, tipo Van, color Dorado, año 2003, Placa DPQ0095, por la calle principal de la colonia López Arellano, del Municipio de Choloma, departamento de Cortés, cuando fue requerido por policías de investigación quienes le practicaron un registro personal encontrando que portaba en su cintura un arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, con serie KSE55370, calibre 3.80 con cargador conteniendo 15 proyectiles sin percutir, misma que le fue decomisada por carecer de autorización para portarla. Al practicar un registro al vehículo se encontró al interior de un compartimiento en un estante de bebidas un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, calibre 3.57 mágnum con serie CBF639760-10 conteniendo cuatro cartuchos sin percutir, misma que fue decomisada por carecer de autorización para portarla, ambas armas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, motivo por el cual el señor Guillermo Antonio Meza Estrada, fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente.” La acción desplegada por al acusado Guillermo Antonio Meza Estrada, se subsume perfectamente en el delito de Portación Ilegal de Armas de Naturaleza Comercial, tipificado en el artículo 332-B del Código Penal, pues el tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Las armas de uso personal o de comercio lícito, están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que son todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Esta Sala de lo Penal considera que el Decreto Legislativo 63-2014 de fecha 19 de agosto 2014, prorroga por seis meses la vigencia de lo dispuesto en el decreto 184-2013 de fecha 1 de septiembre del 2013, establece un período de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución. Lo dispuesto en el Decreto Legislativo 63-2014 de fecha 19 de agosto 2014, ni el Decreto Legislativo No.184-2013, no limitan, impiden, restringen, interfieren, derogan, ni suspenden la vigencia plena o aplicación positiva de lo dispuesto en el artículo 332 B del Código Penal, dado que de los hechos declarados probados no se deduce que el acusado Guillermo Antonio Meza Estrada, al momento de practicarle el registro personal y portar en su cintura un arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, con serie KSE55370, calibre 3.80 con cargador conteniendo 15 proyectiles sin percutir, sin autorización para portarla y luego de practicarle el registro al vehículo que conducía y encontrarle en un compartimiento un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, calibre 3.57 mágnum con serie CBF639760-10 con cuatro cartuchos sin percutir, sin autorización para portarla, ambas armas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, haya tenido la intención o propósito de cumplir con los fines administrativos -letra y espíritu- de los Decretos Legislativos Decreto Legislativo 63-2014 y 184-2013. Por lo anterior, esta Sala concluye que los hechos declarados probados se ajustan a los elementos objetivos y subjetivos exigidos por artículo 332 B del Código Penal de reproche, señalado como infringido, por lo que es apreciable el motivo de casación de infracción de ley..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-118-2017 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis; dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Absolvió: al señor Guillermo Antonio Meza Estrada, de los delitos de Portación Ilegal de Armas Comerciales y Encubrimiento, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: Decretó: el comiso de dos armas de fuego una pistola marca; Taurus, Serie: KSE 55370, Calibre: 380 ACP, Modelo; pt 58hc y un revolver, Marca: Smith & Wesson, Serie: CBF 6397, Calibre: 357 Mágnum, modelo: 60-10.- Tercero: No procedió condenar en costas. SON PARTES: La Abogada Sandra Lorena Zúniga García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y los Abogados Dinabel López Durón y José Roberto Izaguirre, en su condición de defensores públicos del señor Guillermo Antonio Meza Estrada, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “ÚNICO: Que en fecha Martes veintiséis (26) de agosto ,de dos mil catorce (2014), a eso de las dos de la tarde el señor GUILLERMO ANTONIO MEZA ESTRADA, se conducía a bordo de un vehículo marca Mazda, tipo van, color dorado, año 2003, placas PDQOO95, por la calle principal de la colonia López Arellano, del Municipio de Choloma departamento de Cortés, cuando fue requerido por policías de investigación quienes le practicaron un registro personal encontrado que portaba en su cintura un arma de fuego tipo pistola, Marca Taurus, con serie KSE55370, calibre 3.80 con cargador conteniendo 15 proyectiles sin percutir, misma que le fue decomisada por carecer de autorización para portarla. Al practicar un registro al vehículo se encontró al interior de un compartimiento en un estante de bebidas un arma de fuego tipo revolver marca Smith & Wesson, calibre 3.57 mágnum, con serie CBF639760-10 conteniendo cuatro cartuchos sin percutir, misma que fue decomisada por carecer de autorización para portarla, ambas armas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, motivo por el cual el señor GUILLERMO ANTONIO MEZA ESTRADA, fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Carlos Alberto Cobos, en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMERO MOTIVO: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del Artículo 332-B del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: “Artículo 332-B: “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión. sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial” (Lo resaltado es nuestro). El A-quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: ÚNICO: Que en fecha Martes veintiséis (26) de Agosto del dos mil catorce (2014), a eso de las dos de la tarde el señor Guillermo Antonio Meza Estrada, se conducía a bordo de un vehículo marca, Mazda, tipo Van, color Dorado, año 2003, placa DPQOO95, por la calle principal de la colonia López Arellano, del Municipio de Choloma, departamento de Cortés, cuando fue requerido por policías de investigación quienes le practicaron un registro personal encontrando que portaba en su cintura un arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, con serie KSE55370, calibre 3.80 con cargador conteniendo 15 proyectiles sin percutir, misma que le fue decomisada por carecer de autorización para portarla. Al practicar un registro al vehículo se encontró al interior de un compartimiento en un estante de bebidas un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, calibre 3.57 mágnum con serie CBF639760-10 conteniendo cuatro cartuchos sin percutir, misma que fue decomisada por carecer de autorización para portarla, ambas armas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, motivo por el cual el señor GUILLERMO ANTONIO MEZA ESTRADA, fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente. Dado lo anterior, el Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación del artículo 332 B del Código Penal, ya que se presentan todos los requisitos exigidos por dicho cuerpo legal para considerar la participación del acusado a título de Autor en el delito señalado, como se puede colegir de la simple lectura del Fáctum. Aunque este motivo de casación, por impetrarse vía infracción de ley, requiere básicamente del análisis comparativo entre el factum y la parte dispositiva de la sentencia, para demostrar cómo la acción descrita en aquél evidencia la violación del precepto legal que se invoca como no aplicado, al haberse omitido por parte de los juzgadores su aplicación para condenar al enjuiciado como autor directo del delito de Portación Ilegal de Arma de Uso Comercial, siendo que los elementos del tipo se configuran en la acción perpetrada por el acusado quien, en incumplimiento del artículo 332-B del Código Penal, portaba armas no registradas a su nombre. El sentenciador estimó que aunque no es un hecho controvertido en juicio la detención del acusado en posesión de dos armas de fuego una de ella tipo pistola, marca Taurus, calibre 380 y un revólver, marca Smith & Wesson calibre 357, en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, de las cuales no portaba el permiso estatal pertinente, sin embargo también consideró la conducta del acusado no genera reproche penal, pues para aquel momento, se encontraba vigente el Decreto Legislativo 63-2014 de fecha 19 de Agosto 2014, que establece prorrogar por seis meses la vigencia de lo dispuesto en el decreto 184-2013 de fecha 1 de Septiembre del 2013, que refiere a la veda por un (1) año para registrar las armas de fuego comerciales y que no posea factura de venta de la Armería, de tal manera que el sentenciador consideró que aunque estos instrumentos no mencionan expresamente derogar la normativa penal que sanciona la Portación Ilegal de armas, no obstante a su criterio, conlleva una derogatoria tácita temporal derivada de la naturaleza de la norma Lo cual el Juzgador explica de la siguiente manera “Si bien es cierto, en apariencia los anteriores medios probatorios acreditan el tipo penal de Portación Ilegal de Armas de Fuego Comerciales, toda vez, que se acreditó que efectivamente se encontró al acusado en posesión de dos armas de fuego, sin el correspondiente permiso de portación de las mismas, configurándose de esta manera el delito; también es cierto que para el día que fue requerido posteriormente realizado el registro e inspección del acusado como su vehículo, se encontraba en vigencia, desde el 19 de agosto de 2014, el decreto 163-2014 por medio del cual se otorgaba una ampliación por el periodo de un año más, para la inscripción de armas de fuego, por lo tanto, en ese momento el tipo penal de Portación Ilegal de Armas no podía configurarse, ya que el portar armas de fuego sin autorización por el decreto 163-2014, no constituía delito”. Consideramos que la disposición legal en referencia se decretó con la única finalidad de que la persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar el correspondiente registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, pero ésta disposición legal no puede interpretarse como que dicho período de veda se otorgó para permitir que las personas puedan poseer armas sin registrar y sin tener como consecuencia ninguna responsabilidad penal por ello; no es, por tanto, “una cláusula que despenaliza los delitos comprendidos tanto en los artículos 332 A y 332 B del Código Penal, sino que su único alcance es permitir que el ciudadano, por un período de tiempo establecido, no tenga consecuencias jurídicas al acudir voluntariamente a registrar su arma. Es por ello que en “los casos donde se encuentre a un sujeto portando un arma, sin la documentación respectiva y sin existir una razón fundamentada que permita considerar la existencia de actos dirigidos al registro o entrega de la misma, deben tratarse según el procedimiento regular establecido en el Código Procesal Penal y Código Penal, por considerarse en principio que existe un ilícito penal del art. 332 A o B. según el caso. A dicho efecto debe valorarse una serie de elementos objetivos (tales como la hora, ubicación del sujeto (s), del arma y de la oficina encargada del respectivo registro, clase de arma, entre otros), a fin de analizar si existió una intención dirigida al registro o entrega del arma. De no existir elementos que permitan llegar a esa conclusión, deberá considerarse la existencia del delito correspondiente.., pues el precepto en mención no constituye una cláusula general de exención de responsabilidad penal”[1]. En la presente causa, por tanto, el acusado GUILLERMO ANTONIO MEZA, no evidenció con sus acciones que se disponía a registrar dichas armas, ni en ese momento, ni que lo haría posteriormente; ya que el arma Smith & Wesson, ya había sido registrada y presentaba denuncia de Robo, según la denuncia 121-2 1 de fecha 9 de agosto del 2014 y aunado a ello también el arma Taurus se encontraba registrada a favor de otra persona distinta del imputado, acción que desde ningún punto de vista pueden considerarse como tendiente a demostrar que en ese momento el acusado GUILLERMO ANTONIO MENA tenía la intención de comparecer a registrar el arma que portaba de forma Ilegal ya que como se ha indicado, las armas ya se encontraban registradas, limitando por ello que las registrara pues no eran de su propiedad. Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que sólo por el hecho de estar vigente el Decreto 63-2014, al momento en que se dio detención del acusado portando armas sin permiso de la autoridad correspondiente, éste no tiene responsabilidad penal; pues como antes se señaló, el mencionado decreto es aplicable para e! único efecto de que las personas puedan comparecer ante la autoridad respectiva a registrar sus armas, sin temor a ser enjuiciados por ello. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-8, dado que el imputado fue encontrado portando armas comerciales, en buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, sin contar con el permiso de la autoridad competente; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solícita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. SEGUNDO MOTIVO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la. sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos, se evacuó durante la Audiencia de Juicio, la prueba de cargo que se describe a continuación: PRUEBA TESTIFICAL: 1) Deposición del Policía JHONIER JOSUE DOMINGUEZ CASTRO quien manifestó lo siguiente: El día 26 de Agosto del 2014, me encontraba en la oficinas de la DNIC de Choloma, Cortés, cuando el jefe de nosotros ahora Sub- Comisario Roberto López, llamó a mi compañero Sosa para darle apoyo porque estaba en vigilancia en la colonia Cerro Verde del sector López Arellano, nos dijo que le diéramos apoyo para detener un vehículo Van, color dorada sin placas y que en dicho vehículo iba una persona de sexo masculino que andaba armado, por lo cual me traslade al vehículo de la DNIC en compañía de los agentes, a la entrada de dicha colonia y observamos venir al mismo vehículo con las característica que el comisario había manifestado por lo cual decidimos darle persecución y en la calle principal le dimos detención el cual era conducido por una persona de sexo masculino, le solicité que se bajara del vehículo y le practiqué un registro personal, encontrándole en la cintura un arma de fuego marca Taurus, se le preguntó por los documentos del arma y mencionó que no los tenía, se identificó con el nombre de Guillermo Antonio Meza, lo trasladamos a la posta donde llamamos a los técnicos para hacer inspección al vehículo y se encontró un arma. 2) Deposición del Policía ELIAS FERNANDO SOSA MARTÍNEZ quien manifestó lo siguiente: El día 26 de Agosto del 2014, fui informado por el inspector Roberto López, que estuviera pendiente porque estaba montando una vigilancia con el oficial Edwin Varela en la colonia Cerro Verde, como a las 3:30 de la tarde me llamó a que me desplazara a la entrada de dicha colonia, me desplace con los compañeros Omar Estrada y Jhonier Domínguez en el carro de la oficina, ahí estuve, minutos más tarde me llamó el inspector que esas personas se encontraban en una vivienda y que una de las viviendas se encontraba un Mazda, gris y un Mitsubishi negro, que se dedicaban al negocio del robo de viviendas, me llamó que se había movilizado la Van gris, la que observamos pasar y le dimos seguimiento, logrando interceptarle en la calle principal de la colonia López Arellano, dicha camioneta era conducida Guillermo Antonio Estrada, donde en ese momento se requirió al señor y se le logró quitar un arma de fuego que portaba en la cintura marca Taurus, color gris....., el compañero técnico Galindo hizo inspección donde encontró un arma de fuego, marca Smith & Wesson, en el vehículo. A preguntas del Ministerio Público: ¿Cuándo manifiesta que se le encuentra un arma de fuego, presentó alguna documentación para acreditar la legítima portación? Responde: en ningún momento mostró documentación, se le preguntó si andaba y dijo que no., Se hizo la inspección al vehículo y se encontró esa arma... PRUEBA DOCUMENTAL: • DENUNCIA 121-21, de fecha 9 de agosto del 2014, donde el señor Leónidas Mejía Bautista, compareció a la oficina de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, a interponer denuncia en el sentido que el dejó el carro estacionado de la empresa Multigangas para la cual labora, y al regresar el vehículo lo encontró abierto y habían robado unas facturas pendientes de cobrar, un arma de fuego marca Smith & Wesson, tipo revolver, calibre 3.57, modelo 60, serie CBF697. • Actas de Registro Personal y Decomiso ratificada por Jhonier Josué Domínguez: Realizada en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, a Guillermo Antonio Meza Estrada, a quien se le encontró en la cintura, al lado derecho, un arma de fuego tipo pistola, marca Taurus con serie KSE55370, color gris, con empuñadura color negro, calibre 3.80 con su respectivo cargador metálico, color negro, conteniendo en el interior 15 proyectiles sin percutir. • Acta de Inspección Ocular ratificada por Denis Joel Galindo: .... Se verificó la existencia física del lugar a inspeccionar, observando en el parqueo de la parte de atrás, del interior de la posta policial de Choloma: Un vehículo marca Mazda, tipo Camioneta( van), color dorado, modelo, MPV, sin placas.... en la última línea del lado derecho, en el estante para poner bebidas,, al destaparlo en su interior se encontró un arma de fuego, tipo Pistola, de color gris, con empuñadura de color negro, marca Smith & Wesson 3.57 mágnum, serie CBF6397 60-10, conteniendo 4 cartuchos de color gris completos que se lee 3.57 y un casquillo color gris que se lee 3.57 • Constancias del Registro Nacional de Armas las cuales estipulan lo siguiente: 1) Hace Constar Que: Se recibió un oficio donde solícita información del arma que a continuación se detalla: Tipo Pistola, marca Taurus, serie KSE55370, calibre 3.80 ACP, modelo PT 58HC, la cual esta registrada a nombre de Juan Juanez Flores. No tiene reporte de robo. 2) Constancia. El suscrito jefe del departamento de Registro Balístico de Armas de la oficina Departamental de San Pedro Sula, Cortés, por medio de la presente Hace Constar: Se recibió un oficio donde solicita información del arma que a continuación se detalla: Tipo revolver, marca Smith Wesson, serie CBF6397, Calibre 3.57 mágnum, modelo: 60-10, registrada a nombre de David Elías Handal Handal. No tiene reporte de Robo. PERICIAL: • Dictamen de Pericial Balístico ratificado por LUIS FERNANDO MARQUEZ HERNANDEZ: ...Se recibió del departamento de Control y Registro de Evidencias: Dos (2) sobres de papel estraza, color café, cerrados y sellados y firmados... que en su interior cada uno contenía: 1) Un arma de fuego, tipo revolver, marca Smith & Wesson. modelo 60-10. calibre S&W 3.57 mágnum, serie CBF6397. 2) Un casquillo cilíndrico percutido, con borde, con troquel en su base que se lee Winchester 3.57 Mag, calibre 3.57 mágnum. 3) Un arma de fuego, tipo Pistola, marca Taurus, modelo PT 58 HC, cargador 3.80 ACP, número de serie KSE55370, con su respectivo cargador metálico….. concluyendo que las armas examinadas presentan un buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo. Es importante establecer que el A-quo, en el apartado Tercero, párrafo segundo del segmento de la Fundamentación Jurídica, establece que el acusado, no tenía motivos para suponer que el arma Smith & Wesson era robada, y que el ente acusador no demostró la preexistencia real del delito por lo que el Tribunal instaura que si no hay prueba de parte de la acusación o que habiéndola, no es suficiente e idónea para destruir el estado de inocencia, jamás puede concluir en un fallo de culpabilidad como se establece en el artículo 339 del Código Procesal Penal, absolviendo al encausado al no lograrse enervar su estado de inocencia. En virtud de lo anterior, debemos señalar que las anteriores apreciaciones hechas por el Juzgador, las consideramos como una infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, así como de veracidad, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, Principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador que no existe fundamento para condenar al acusado, pues no se logró demostrar lo comisión del delito de Encubrimiento por el cual se le acusa. • De haberse valorado los medios probatorios allegados al proceso el sentenciador habría concluido en que la toda la prueba de cargo es concordante, coherente y complementaria entre sí; sin embargo, el sentenciador no dio valor probatorio a las probanzas evacuadas en juicio, lo que permitió absolver a! acusado, cuando de haberlas valorado su conclusión hubiese sido indefectiblemente la contraria, ya que de la prueba de cargo, se evidencia la responsabilidad del encartado en la acción ilícita, pues los testigos de cargo JHONIER JOSUE DOMINGUEZ CASTRO y ELIAS FERNANDO SOSA MARTINEZ fueron claros y concordantes en sus deposiciones al establecer que al realizar inspección el técnico encontró dentro del vehículo un arma de fuego Smith & Wesson es decir, la misma encontraba en la inmediata disposición del encausado. • Cabe resaltar que el Ministerio Público, incorporó como medio de prueba documental la denuncia 121-2 1, de fecha 9 de agosto del 2014, donde se establece el robo, del arma de fuego marca: Smith & Wesson, tipo: revolver, calibre: 3.57, modelo 60, serie: CBF6397; evidenciándose a través Acta de Inspección Ocular que fue ratificada por el técnico Denis Joel Galindo, que se trata del arma que fue denunciada como robada, ya que cuenta con las misma características que se proporcionaron en la denuncia (tipo, serie, calibre, marca), que se interpusiera días antes del hecho imputado por el Ministerio Público al encausado, probanzas que se concatenan con el Dictamen Balístico, rendido el perito LUIS FERNANDO MÁRQUEZ HERNÁNDEZ donde describe las armas decomisadas que le entregaron a él para su pericia, dentro de las cuales encuentra el arma que denunciada robada y encontrada en el interior del vehículo donde se transportaba el acusado. • En torno a la prueba supra indicada se logró acreditar la comisión y la participación del encausado en delito de Encubrimiento en concurso ideal con el delito de Portación Ilegal de Armas, pues el acusado conforme al acta de inspección ocular le fue encontrado en dentro del estante para poner bebidas el arma de fuego, tipo Pistola, de color gris, con empuñadura de color negro, marca Smith & Wesson 3.57 mágnum, serie CBF6397 60-10, conteniendo 4 cartuchos de color gris completos que se lee 3.57 y un casquillo color gris que se lee 3.57; es decir, guardaba un instrumento de un delito que se efectuó días antes, por ende sí tenía conocimiento de que dicha arma era robada, pues la mantenía en un lugar que no es visible y fue Encontrada, como ya se indicó, hasta que el técnico efectuó la inspección al vehículo. • Tampoco se demostró o manifestó que el acusado haya adquirido dichas armas de los respectivos dueños por transacción alguna, lo que demuestra que la prueba de cargo allegada al proceso, ha sido suficiente para demostrar que el acusado portaba las mencionadas armas, y de las cuales escondió la que tenia reporte de robo, en un compartimiento del vehículo en el cual se conducía y que a su vez era utilizada para cometer otros robos. De tal manera que al realizar una apreciación de la prueba en su conjunto, nos lleva a dejar claramente establecida la responsabilidad del encausado Guillermo Antonio Meza Estrada como responsable de la comisión del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE ENCUBRIMIENTO en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ya que como antes lo señalamos, los medios probatorios de cargo evacuados en juicio han resultado ser coincidentes y se complementan entre sí. En este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de la misma, ya que los testimonios son congruentes, precisos y claros, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que el imputado sí perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando e! fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Recurso de Casación por Infracción de ley por falta de aplicación del Artículo 332-B del Código Penal. Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su se dicte la sentencia de fondo que proceda conforma a derecho. Motivo Único: Resumen: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del Artículo 332-B del Código Penal que, textualmente dice: “Artículo 332-B: “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.” El A-quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes:: “Único: Que en fecha martes veintiséis (26) de Agosto del dos mil catorce (2014), a eso de las dos de la tarde el señor Guillermo Antonio Meza Estrada, se conducía a bordo de un vehículo marca, Mazda, tipo Van, color Dorado, año 2003, Placa DPQ0095, por la calle principal de la colonia López Arellano, del Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, cuando fue requerido por policías de investigación quienes le practicaron un registro personal encontrando que portaba en su cintura un arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, con serie KSE55370, calibre 3.80 con cargador conteniendo 15 proyectiles sin percutir, misma que le fue decomisada por carecer de autorización para portarla. Al practicar un registro al vehículo se encontró al interior de un compartimiento en un estante de bebidas un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, calibre 3.57 mágnum con serie CBF639760-10 conteniendo cuatro cartuchos sin percutir, misma que fue decomisada por carecer de autorización para portarla, ambas armas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, motivo por el cual el señor Guillermo Antonio Meza Estrada, fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente.” El sentenciador estimó que aunque no es un hecho controvertido en juicio la detención del acusado en posesión de dos armas de fuego una de ellas tipo pistola, marca Taurus, calibre 380 y un revólver, marca Smith & Wesson calibre 357, en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, de las cuales no portaba el permiso estatal pertinente, consideró que la conducta del acusado no genera reproche penal, pues para aquel momento, se encontraba vigente el Decreto Legislativo 63-2014 de fecha 19 de agosto 2014, que establece prorrogar por seis meses la vigencia de lo dispuesto en el decreto 184-2013 de fecha 1 de septiembre del 2013, que refiere a la veda por un (1) año para registrar las armas de fuego comerciales y que no posea factura de venta de La Armería, de tal manera que el sentenciador consideró que aunque estos instrumentos no mencionan expresamente derogar la normativa penal que sanciona la Portación Ilegal de armas, su criterio, conlleva una derogatoria tácita temporal derivada de la naturaleza de la norma. El recurrente, considera que el acusado Guillermo Antonio Meza, no evidenció con sus acciones que se disponía a registrar dichas armas, ni en ese momento, ni que lo haría posteriormente; ya que el arma Smith & Wesson, ya había sido registrada y presentaba denuncia de robo, según la denuncia 121-2 1 de fecha 9 de agosto del 2014 y aunado a ello también el arma Taurus se encontraba registrada a favor de otra persona distinta del imputado, acción que desde ningún punto de vista pueden considerarse como tendiente a demostrar que en ese momento el acusado tenía la intención de comparecer a registrar el arma que portaba de forma Ilegal ya que, las armas ya se encontraban registradas, limitando por ello que las registrara pues no eran de su propiedad. Concepto general del recurso: A través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto específico El recurrente, considera que el acusado Guillermo Antonio Meza, no evidenció con sus acciones que se disponía a registrar dichas armas, ni en ese momento, ni que lo haría posteriormente; ya que el arma Smith & Wesson, ya había sido registrada y presentaba denuncia de robo, según la denuncia 121-2 1 de fecha 9 de agosto del 2014 y aunado a ello también el arma Taurus se encontraba registrada a favor de otra persona distinta del imputado, acción que desde ningún punto de vista puede considerarse como tendiente a demostrar que en ese momento el acusado tenía la intención de comparecer a registrar el arma que portaba de forma ilegal ya que, las armas ya se encontraban registradas, limitando por ello que las registrara pues no eran de su propiedad. De la procedencia del Recurso. El recurso es de recibo. Opinión de la Sala sobre el caso específico: El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de Naturaleza Comercial, que textualmente dice: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”. Esta Sala reitera que, los hechos declarados probados y que constituyen la base fáctica de la sentencia, son intangibles e inalterables en casación. Además, que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, el A Quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Único: Que en fecha Martes veintiséis (26) de Agosto del dos mil catorce (2014), a eso de las dos de la tarde el señor Guillermo Antonio Meza Estrada, se conducía a bordo de un vehículo marca, Mazda, tipo Van, color Dorado, año 2003, Placa DPQ0095, por la calle principal de la colonia López Arellano, del Municipio de Choloma, departamento de Cortés, cuando fue requerido por policías de investigación quienes le practicaron un registro personal encontrando que portaba en su cintura un arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, con serie KSE55370, calibre 3.80 con cargador conteniendo 15 proyectiles sin percutir, misma que le fue decomisada por carecer de autorización para portarla. Al practicar un registro al vehículo se encontró al interior de un compartimiento en un estante de bebidas un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, calibre 3.57 mágnum con serie CBF639760-10 conteniendo cuatro cartuchos sin percutir, misma que fue decomisada por carecer de autorización para portarla, ambas armas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, motivo por el cual el señor Guillermo Antonio Meza Estrada, fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente.” La acción desplegada por al acusado Guillermo Antonio Meza Estrada, se subsume perfectamente en el delito de Portación Ilegal de Armas de Naturaleza Comercial, tipificado en el artículo 332-B del Código Penal, pues el tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Las armas de uso personal o de comercio lícito, están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que son todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Esta Sala de lo Penal considera que el Decreto Legislativo 63-2014 de fecha 19 de agosto 2014, prorroga por seis meses la vigencia de lo dispuesto en el decreto 184-2013 de fecha 1 de septiembre del 2013, establece un período de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución. Lo dispuesto en el Decreto Legislativo 63-2014 de fecha 19 de agosto 2014, ni el Decreto Legislativo No.184-2013, no limitan, impiden, restringen, interfieren, derogan, ni suspenden la vigencia plena o aplicación positiva de lo dispuesto en el artículo 332 B del Código Penal, dado que de los hechos declarados probados no se deduce que el acusado Guillermo Antonio Meza Estrada, al momento de practicarle el registro personal y portar en su cintura un arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, con serie KSE55370, calibre 3.80 con cargador conteniendo 15 proyectiles sin percutir, sin autorización para portarla y luego de practicarle el registro al vehículo que conducía y encontrarle en un compartimiento un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, calibre 3.57 mágnum con serie CBF639760-10 con cuatro cartuchos sin percutir, sin autorización para portarla, ambas armas en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, haya tenido la intención o propósito de cumplir con los fines administrativos -letra y espíritu- de los Decretos Legislativos Decreto Legislativo 63-2014 y 184-2013. Por lo anterior, esta Sala concluye que los hechos declarados probados se ajustan a los elementos objetivos y subjetivos exigidos por artículo 332 B del Código Penal de reproche, señalado como infringido, por lo que es apreciable el motivo de casación de infracción de ley. Esta Sala no se pronuncia respecto del motivo único de casación por quebrantamiento de forma fundado en violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, en virtud de haber prosperado el motivo de casación de infracción de ley, invocado por el recurrente. DECISIÓN: esta Sala declara Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de ley penal sustantiva, invocado por el Abogado Carlos Alberto Cobos, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 32, 36, 332 B, 388; y 360 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el motivo de casación de infracción de ley penal sustantiva invocado por el Abogado Carlos Alberto Cobos, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; Segundo: Casa la Sentencia de fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; Tercero: Falla: 1) Condena al acusado Guillermo Antonio Meza Estrada, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en concurso ideal con el delito de Encubrimiento ambos en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de tres años, nueve meses de reclusión, la que deberá de cumplir en la Penitenciaría Nacional, que corresponda de conformidad con la ley; 2) Impone al acusado Guillermo Antonio Meza Estrada las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; 3) Declara la responsabilidad civil del señor Guillermo Antonio Meza Estrada; 4) No condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio; 5) Decreta el comiso de las arma de fuego: Pistola, marca Taurus, con serie KSE55370, calibre 3.80 con cargador conteniendo 15 proyectiles sin percutir, y revolver, marca Smith & Wesson, calibre 3.57 mágnum con serie CBF639760-10 con cuatro cartuchos sin percutir. Lo anterior, sin perjuicio del derecho a reclamar la devolución de las armas de fuego de tipo comercial descritas, a quien acredite ser su legítimo propietario, ante el Juez de ejecución respectivo; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes para que ejecute la presente sentencia condenatoria impuesta al acusado Guillermo Antonio Meza Estrada. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-118-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Circular FGR-ATJ Nº1, Política Institucional, 29 de Octubre 2013