Sentencia CP-116-17 — Registro 11977
Resumen
en primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...
De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El Ministerio Público considera la infracción a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, en concreto, a la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente en su característica de suficiencia. Ello en razón de considerar contrario a lo razonado por el juzgador, que la prueba evacuada en juicio si resulta suficiente para imputar el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial al acusado Erick Alfredo Briones Ramírez. Con las actas de decomiso y registro, que son documentos oficiales y que cuentan con las formalidades requeridas y la acreditación del ente que las emite que en este caso es la Policía Nacional, al contar las mismas con la firma del policía Alejandro José Chávez López, como la persona que registró al imputado y por ende decomisó el arma, no existe ninguna duda de que estas diligencias se realizaron; además, considera que con la constancia del Registro Nacional de Armas, se acreditó que el acusado no tenía el permiso correspondiente para portar dicha arma de fuego, y por tanto su portación era irregular. Aunado a lo anterior, con la prueba pericial se constató que el arma de fuego era capaz de disparar, ya que tenía buen sistema mecánico y regular sistema operativo. No tiene razón el recurrente, siendo que por un lado y en virtud del principio de inmediación es el juzgador de instancia quien forma su convicción a partir de los elementos probatorios aportados bajo su directa intervención en el juicio oral, y que por el otro, el razonamiento del tribunal a quo externado en la motivación intelectiva de la sentencia no se presenta arbitrario, ilógico o contradictorio, ya que los documentos per sé no dan entera cuenta acerca de los cuestionamientos expuestos por el juzgador en su razonamiento, no dan certeza positiva de que el arma decomisada la portaba el joven Briones Ramírez de manera ilegal, pues no hay testimonio de los policías que participaron en la captura, impidiéndole al juzgador conocer la dinámica del hecho y resultando insuficiente. Lo expuesto por el sentenciador es lógico, es respetuoso de la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, pues alcanza conclusiones valorativas a partir del contenido de las actas de registro y decomiso, así como de la constancia emitida por el Registro Nacional de Armas y el dictamen pericial realizado al arma de fuego, todas ellas las valora conjuntamente conforme a los criterios establecidos en el artículo 202 del Código Procesal Penal. Se concluye entonces, que el sentenciador elaboró una valoración probatoria seria, responsable, detalla y pormenorizada de todo el andamiaje probatorio, respetando en todo momento la regla de la lógica de derivación denunciada como infringida. Por ello, el recurso decae y debe ser desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes abril del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 116-2017, conociendo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de agosto del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Absolver al señor Erick Alfredo Briones Ramírez, por el supuesto delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: No procede condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Tercero: Procede el comiso del arma de fuego tipo revolver, marca Smith Wesson, modelo Airweith, calibre 38, con serie 62755. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el Abogado Carlos Alberto Cobos, fiscal del Ministerio Público. Es parte en única instancia: La Abogada Yessenia María Márquez Lobo, fiscal del Ministerio Público, como recurrente. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando las pruebas practicadas en juicio de acuerdo con los criterios de la sana critica, este Tribunal declara terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día cinco (05) de enero del año dos mil trece (2013), presuntamente miembros de la Policía Nacional requirieron al joven ERICK ALFREDO BRIONES RAMIREZ en la calle principal de la colonia Henry del municipio de Choloma, departamento de Cortés; a quien supuestamente se le practicó un registro personal decomisándole un arma de fuego tipo revolver, marca Smith Wesson, modelo Airweight, calibre 38, serie 62755, en regular estado de funcionamiento mecánico, pero en buen estado de funcionamiento operativo, capaz de efectuar disparos con la munición del calibre para la cual fue fabricada.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, Abogado Carlos Alberto Cobos, fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. MOTIVO UNICO: Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a favor de ERICK ALFREDO BRIONES RAMIREZ, lo hizo valorando la prueba inobservando las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al examinar la sentencia ya referida, observamos que adolece de vicio in procedendo, pues infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” en virtud que el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha Treinta (30) de Agosto del Dos Mil Dieciséis (2016), respecto al imputado ERICK ALFREDO BRIONES RAMIREZ, lo hizo vulnerando la Regla Lógica, en su apartado de razón suficiente y su característica, valga la redundancia de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollamos: El Tribunal asevera en el apartado de valoración probatoria, que le da credibilidad a las actas de registro y de decomiso, aún cuando no fueron ratificadas por el policía que las realizó, pero que éstas sólo establecen un indicio de que el día cinco de enero de enero del año dos mil trece, miembros de la Policía Nacional le decomisaron al señor ERICK ALFREDO BRIONES RAMIREZ, en la colonia Henry del municipio de Choloma, en el departamento de Cortés; un arma de fuego tipo revolver, marca Smith Wesson, calibre 38, con serie 62755, que portaba ilegalmente; que eso solamente es un indicio grave de culpabilidad, como prueba indirecta o circunstancial, pero no puede ser valorado como un medio autónomo de prueba, ya que las actas sólo acreditan la existencia física del arma y la presunción de que el acusado la portaba de manera ilegal y cuestiona esas diligencias documentales, indicando que al no contar con los testimonios de los policías que participaron en la captura del señor Briones Ramírez, impide reconocer y reconstruir la dinámica del hecho, por ende la prueba es insuficiente para considerar la responsabilidad del mismo. De lo anterior cabe citar entonces, que la razón por la cual el Tribunal de Sentencia, absuelve al encartado ERICK ALFREDO BRIONES RAMIREZ, es porque considera que el material probatorio con el cual se pretendió establecer los hechos es insuficiente para comprobar los cargos formulados por el Ministerio Público, por el delito de Portación de Armas de Fuego Uso Comercial. Ante esta premisa, no podemos obviar que el Juzgador posea cierto grado de incipiente valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en “que la prueba desfilada en juicio es insuficiente para establecer los hechos atribuidos al acusado”; sin embargo, al Juzgador nuestra Norma Adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica; mandamiento que es ratificado por la Sala de Penal de la Corte Suprema de Justicia al establecer que: “… la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea”. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009. Para poder apreciar la valoración por parte del tribunal sentenciador, debemos indicar que durante la audiencia de debate presentó como prueba de cargo, la siguiente: PRUEBA PERICIAL. Dictamen de Laboratorio Balístico Número 4878, realizado y ratificado en juicio por el Perito LUIS FERNANDO MARQUEZ HERNANDEZ; en el cual se describe que el arma de fuego tipo revolver, marca Smith Wesson, modelo AIRWEIGHT, calibre 38, con serie 62755, estableciendo que la misma presenta buen estado de funcionamiento operativo y con regular estado de funcionamiento mecánico; concluyendo que el arma si es capaz de efectuar disparos con la munición o cartuchería para la cual fue fabricada. PRUEBA DOCUMENTAL. 1.- Acta de Registro Personal realizado al acusado, en la calle principal de la Colonia Henry, del municipio de Choloma, Departamento de Cortés, a las once cincuenta horas del día cinco (5) de enero del año dos mil trece (2013), por el Policía ALEJANDRO JOSE CHAVEZ LOPEZ, describiendo que se encontró al señor Erick Alfredo Briones Ramírez, en su mano derecha, un arma de fuego tipo revolver, calibre 38, con serie 62755, con las firmas del imputado y de la persona que realizó el registro. 2.- Acta de Decomiso del arma antes descrita, de fecha cinco (5) de enero del año dos mil trece (2013), realizada al señor ERICK ALFREDO BRIONES RAMIREZ, por el Policía ALEJANDRO JOSE CHAVEZ LOPEZ y en la cual constan también las firmas del acusado y el agente policial que realizó la diligencia. 3.- Constancia del Registro Nacional de Armas de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés; de fecha diez de marzo del año dos mil dieciséis, donde se hace constar que el arma de fuego, tipo revolver, marca Smith Wesson, modelo AIRWEIGHT, calibre 38, con serie 62755, no se encuentra registrada y no tiene reporte ¿1e robo. El Tribunal considera que hay insuficiencia de prueba, en virtud de que no fue posible contar con la declaración de los agentes policiales que participaron en la detención del señor ERICK ALFREDO BRIONES RAMIREZ y el decomiso a éste de un arma de fuego tipo revolver, calibre 38, con serie 62755, a efecto de establecer su responsabilidad en el delito por el cual fue procesado; sin embargo y dada la naturaleza del ilícito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Comercial, consideramos que las actas de decomiso y registro del arma suprareferida, son documentos oficiales, que cuentan con las formalidades requeridas y la acreditación del ente que las emite, que en el presente caso es la Policía Nacional, en el cumplimiento de diligencias, por lo que al contar las mismas con la firma del policía ALEJANDRO JOSE CHAVEZ LOPEZ, como la persona que registró al imputado y por ende decomisó el arma, no existe ninguna duda de que si se realizaron esas diligencias fue porque el arma referida no la andaba en forma regular el señor Briones Ramírez y ese aspecto fue acreditado con la constancia emitida por el Registro Nacional de Armas de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés; de fecha diez de marzo del año dos mil dieciséis, en la que se establece que el arma no se encuentra registrada y no tiene reporte de robo, aunado a ello, se evacuó prueba pericial consistente en el análisis balístico del arma, cuyo dictamen fue ratificado por el Perito Luis Fernando Márquez Hernández, en el que se concluyó que el arma aún cuando tiene regular estado de funcionamiento mecánico, si presenta buen estado de funcionamiento operativo y que la misma si es capaz de efectuar disparos con la munición o cartuchería para la cual fue fabricada y en ese sentido si representa un peligro para la sociedad; por ende se estableció no solo la existencia de la acción ilícita, sino la participación que en la misma tuvo el acusado. Finalmente, la acción del señor ERICK ALFREDO BRIONES RAMIREZ, se encuentra comprendida en el artículo 332B del Código Penal, que establece lo siguiente: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ella”; por lo que en consonancia con la prueba antes relacionada, no queda duda respecto a la participación del acusado en el delito de Portación de Armas de Fuego de Uso Comercial. El A quo, al haber concluido que el acusado no es responsable de la acción delictiva que le ha imputado el Ministerio Público, vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia, que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que al señor ERICK ALFREDO BRIONES RAMIREZ, en fecha cinco de enero del año dos mil trece, se le decomisó un arma de fuego tipo revolver, calibre 38, con serie 62755, con buen estado de funcionamiento operativo y la misma no se encontraba inscrita en el Registro Nacional de Armas; siendo evidente que con el andamiaje probatorio se acreditó, que el procesado ha tenido participación en el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, establecido en el artículo 332B y 32 del Código Penal; por tanto tal y como lo hemos venido señalando, si el juzgador hubiese valorado la prueba de conformidad a lo establecido en el artículo 202 del CPP el fallo ahora cuestionado, sería totalmente contrario, siendo indiscutible el quebranto a la regla de derivación en su apartado de suficiencia. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa él articulo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada, pues se dedica a efectuar apreciaciones que se encuentran fuera del marco legal, ya que la prueba de cargo evacuada en Juicio fue complementaria entre sí, con relación a establecer la participación del acusado en los hechos; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: darle el curso legal correspondiente al recurso. Después de identificar el postulado valorativo que considera transgrede la regla de la lógica de derivación, y de citar las pruebas evacuadas en sesión de juicio y su contenido, considera que dada la naturaleza del delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, resulta suficiente para acreditar su comisión las actas de decomiso y registro, ya que son documentos oficiales que cuentan con las formalidades requeridas y la acreditación del ente que las emite que en este caso es la Policía Nacional, por lo que al contar las mismas con la firma del policía Alejandro José Chávez López, como la persona que registró al imputado y por ende decomisó el arma, no existe ninguna duda de que estas diligencias se realizaron; además, arguye que se constató a través con la constancia del Registro Nacional de Armas, que el acusado no tenía el permiso correspondiente y por tanto su portación era irregular. Aunado a lo anterior, con la prueba pericial se constató que el arma de fuego era capaz de disparar, ya que tenía buen sistema mecánico y regular sistema operativo. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber:1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; acontrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El Ministerio Público considera la infracción a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, en concreto, a la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente en su característica de suficiencia. Ello en razón de considerar contrario a lo razonado por el juzgador, que la prueba evacuada en juicio si resulta suficiente para imputar el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial al acusado Erick Alfredo Briones Ramírez. Con las actas de decomiso y registro, que son documentos oficiales y que cuentan con las formalidades requeridas y la acreditación del ente que las emite que en este caso es la Policía Nacional, al contar las mismas con la firma del policía Alejandro José Chávez López, como la persona que registró al imputado y por ende decomisó el arma, no existe ninguna duda de que estas diligencias se realizaron; además, considera que con la constancia del Registro Nacional de Armas, se acreditó que el acusado no tenía el permiso correspondiente para portar dicha arma de fuego, y por tanto su portación era irregular. Aunado a lo anterior, con la prueba pericial se constató que el arma de fuego era capaz de disparar, ya que tenía buen sistema mecánico y regular sistema operativo. No tiene razón el recurrente, siendo que por un lado y en virtud del principio de inmediación es el juzgador de instancia quien forma su convicción a partir de los elementos probatorios aportados bajo su directa intervención en el juicio oral, y que por el otro, el razonamiento del tribunal a quo externado en la motivación intelectiva de la sentencia no se presenta arbitrario, ilógico o contradictorio, ya que los documentos per sé no dan entera cuenta acerca de los cuestionamientos expuestos por el juzgador en su razonamiento, no dan certeza positiva de que el arma decomisada la portaba el joven Briones Ramírez de manera ilegal, pues no hay testimonio de los policías que participaron en la captura, impidiéndole al juzgador conocer la dinámica del hecho y resultando insuficiente. Lo expuesto por el sentenciador es lógico, es respetuoso de la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, pues alcanza conclusiones valorativas a partir del contenido de las actas de registro y decomiso, así como de la constancia emitida por el Registro Nacional de Armas y el dictamen pericial realizado al arma de fuego, todas ellas las valora conjuntamente conforme a los criterios establecidos en el artículo 202 del Código Procesal Penal. Se concluye entonces, que el sentenciador elaboró una valoración probatoria seria, responsable, detalla y pormenorizada de todo el andamiaje probatorio, respetando en todo momento la regla de la lógica de derivación denunciada como infringida. Por ello, el recurso decae y debe ser desestimado. DECISIÓN No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. V. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA:1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en único motivo, interpuesto por el Abogado Carlos Alberto Cobos, fiscal del Ministerio Público; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia absolutoria de fecha treinta de agosto del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-116-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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