Sentencia CP-115-17 — Registro 11501
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de extorsión. resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto, por una parte, es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal, para ello, el legislador ha previsto tres tipos de recursos de casación: Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de las Formas Procesales. En una debida técnica recursiva, el censor en primer lugar debe precisar el tipo de recurso de casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere adolece la sentencia que impugna, seguidamente debe explicar los defectos legales y materiales que provoca el vicio mediante el desarrollo de motivos, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste. Tratándose particularmente del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el recurrente deberá: 1. Justificar la interposición del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, (recurso ordinario), como consecuencia de la falta de previsión del vicio a denunciar en las causales previstas en los recursos de casación por Infracción de Ley, de doctrina legal o de quebrantamiento de forma (recursos extraordinarios). Es así que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional deberá ser planteado siempre en defecto de la imposibilidad de interponer aquellos recursos que de manera especial prevén el vicio que se pretenda denunciar; 2. Indicar la norma constitucional o del bloque constitucional que se considere ha sido violada por: inobservancia, indebida aplicación, indebida interpretación o aplicación con alcances restrictivos no contemplados en ella; 3. Exponer de manera clara y precisa el vicio denunciado, como éste se relaciona con la norma constitucional o del bloque constitucional que se considera violentada y principalmente cuales son los efectos legales y necesariamente materiales de dicha violación; 4. En el caso de que el vicio sea de carácter procesal penal, el censor deberá enumerar los remedios legales o materiales intentados para subsanar o sanear el vicio; 5. Expresión clara de la pretensión perseguida con la interposición del recurso; tal pretensión deberá ser consecuente con la naturaleza de la norma constitucional o de bloque constitucional y con el vicio denunciado. En todos los casos será indispensable que el censor sea claro en su exposición y preciso en su argumentación, por ello, en caso de considerar la violación de más de una norma constitucional o del bloque constitucional y/o la concurrencia de más de un vicio, deberá hacer la denuncia con la debida separación de cada uno de sus argumentos, a efecto de que se distinga con claridad cada uno de ellos y las consecuentes pretensiones. En el caso subjudice, el recurrente presenta un recurso sin ninguna técnica, más cuando se alega -de manera tenue- insuficiencia probatoria y la violación al razonamiento intelectivo de los juzgadores; no se evidencia en el escrito del recurso, identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada; de lo que se ocupa el recurrente es de exponer que el razonamiento hecho por los juzgadores a la declaración del testigo protegido T45 y del agente de investigación Sergio Adalid Perdomo Pineda; se hizo en una clara violación al principio de inocencia y al debido proceso al no ser corroboradas dichas declaraciones con otros medios de prueba, todo a partir de una valoración personal y subjetiva. Para la Sala de lo Penal es claro que el recurrente acude al motivo referido como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria (revisio de facto) como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo así que los jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren la prueba, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la Instancia está bien o mal, a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única Instancia, todo ello impropio. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica Por otra parte, el recurrente no realizó la debida separación de sus argumentos dado que bajo un mismo título hace denuncia de varios vicios diferentes; suma el hecho de no hacer una exposición científica del porqué considera que cada una de las normas constitucionales enumeradas han sido violentadas, sino que solamente hace alusión de las mismas de manera abstracta y poco inteligible. recursiva. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 115-2017, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a la señora Saudy Dinora Cortes Menjívar, como autora responsable del delito consumado de Extorsión continuada, en perjuicio de Testigo Protegido T45 a la pena principal de veinticinco años de reclusión y a la pena principal de multa de cuatrocientos veintiséis mil ciento ochenta y siete lempiras con noventa y cinco centavos que equivale a ochenta y tres punto treinta y tres salarios mínimos. SEGUNDO: Condenó a la señora Saudy Dinora Cortes Menjívar, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil de la condenada Saudy Dinora Cortes Menjivar. CUARTO: No procede el comiso de objeto alguno. QUINTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a la imputada Saudy Dinora Cortes Menjivar. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional el Abogado Anival Eduardo Cerna Gaitán, actuando en su condición de defensor público de la señora Saudy Dinora Cortes Menjívar. Son partes en única instancia: El Abogado Anival Eduardo Cerna Gaitán, defensor público en su condición de recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público en su condición de recurrido. Hechos Probados de la Instancia “ÚNICO: En el mes de mayo de dos mil catorce (2014), varios sujetos, entre estos SAUDY DINORA CORTES MENJIVAR se presentaron al negocio del TESTIGO PROTEGIDO con clave T-45, ubicado en esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés; quienes le dijeron que eran miembros de la mara 18, exigiéndole el pago de quinientos Lempiras semanales, amenazándole de muerte tanto a él como a su familia en caso de negarse a pagar el dinero, motivo por el cual el testigo protegido realizó las entregas del dinero respectivo, puntualmente en la forma pactada, desde la fecha indicada; realizando algunos de esos pagos personalmente a SAUDY DINORA CORTES MENJIVAR, habiendo entregado el último pago el veintidós (22) de agosto de dos mil catorce (2014), ya que en fecha veintitrés (23) de agosto del mismo año, interpuso denuncia ante la Fuerza Nacional Antiextorsión, cuando se enteró que la señora CORTES MENJIVAR, se encontraba detenida por escándalo público.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos El recurrente Abogado Anival Eduardo Cerna Gaitán, defensor público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción de los preceptos Constitucionales contenidos en los artículo 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece….”. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna personas podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Articulo 2. “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente y de conformidad con las normas de este código…….”. SEGUNDO: En el acápite valoración de la prueba numeral primero (1) de la sentencia recurrida, el sentenciador establece, que con la declaración del Testigo protegido con clave T-45, dicha declaración testifical el Tribunal le concede total valor probatorio y le da certeza al Juzgador de que la imputada Saudy Dinora Cortes Menjivar es la persona que cometió la infracción penal de Extorsión continuada, sin embargo, dicho razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y al debido proceso, ya que la declaración en mención no se corrobora por ninguna otra prueba periférica, que establezca que su dicho sea cierto. Y la declaración del agente de investigación de la Dirección Nacional de Investigación Criminal SERGIO ADALID PERDOMO PINEDA, se constituye en mero testigo de oídas como bien establece en la valoración de la prueba que dice que “ Los hechos fueron narrados con total seguridad y serenidad, hilvanados al momento de que el policía previa denuncia del testigo protegido quien le narro que desde el mes de mayo de dos mil catorce era objeto de extorsión……”. Esta declaración no puede corroborarse con ningún otro medio de prueba, volviéndose su deposición en un leve indicio. TERCERO: En el caso de nuestra representada SAUDY DINORA CORTES MENJIVAR, no existe ninguna otra prueba que lo ligue con el delito de extorsión en contra del testigo protegido T-45, por lo que tampoco existen pruebas suficientes para condenarlo por el delito que nos ocupa, en tal sentido, la reconocida jurista española María Félix Tena Aragón en su obra manual de derechos constitucional, pagina 34, inciso 7 establece: “este derecho en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, mas allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas”. CUARTO: En el caso subjudice, el razonamiento del sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con la prueba presentada en juicio se condena a mi representado en una clara violación a la presunción de inocencia y al debido proceso, por una insuficiencia probatoria, ya que los testigos no parten de hechos plenamente probados, ya que sus dichos no son corroborados por otras pruebas, y según el artículo 89 de la Constitución de la República no permite que se trate como culpable a una persona que se le imputa un delito cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el estado a través de los órganos jurisdiccionales no pronuncie sentencia penal firme, que declare la culpabilidad del acusado, lo cual se vincula con el juicio previo. Como se aprecia el Juez A-quo no concluye de manera razonable, ya que funda la responsabilidad del encausado en la declaración del Testigo protegido T-45, quien le manifestó a la policía le dejaba el dinero de la extorsión con los empleados y de qué forma su señoría los agentes de investigación corroboran estos extremos, de ninguna manera, por lo que no se esclareció si dicha versión es veraz , bien sabido es que este delito es muy complejo y que necesita una investigación de campo para determinar con vigilancias controladas para saber si esa persona esta interponiendo una denuncia con la verdad. Pero en apariencia dicha versión no es respaldada por medio de prueba alguno durante la audiencia del juicio quedando la misma huérfana de apoyo probatorio, ya que con el resto de la prueba documental evacuada no es posible inferir de forma lógica y razonable la participación de la imputada Saudy Dinora Cortes Menjivar, por existir un evidente vacio probatorio, que imposibilita sustentar la declaración de culpabilidad, en una clara violación a la presunción de inocencia, por una insuficiencia probatoria. Lo procedente en este caso es que la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo y se absuelva de toda responsabilidad al señor SAUDY DINORA CORTES MENJIVAR.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Único motivo *Precepto autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Violación al principio de inocencia y del derecho fundamental a un debido proceso judicial. *Remedio de Subsanación o Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Sin determinar por el censor. *Pretensión: Declarar a lugar el motivo de casación y se absuelva a su representada. El recurrente inicia su planteamiento haciendo cita del contenido de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República; señalándolos como infringidos por el Tribunal de Sentencia en la valoración de la prueba, en específico del testigo protegido, al hacer un razonamiento en clara violación al principio de inocencia y al debido proceso, pues su declaración no se corrobora por ninguna otra prueba periférica, que establezca que sus dichos sean ciertos. Asimismo cuestiona la declaración del agente de investigación Sergio Adalid Perdomo Pineda al ser un testigo de oídas y por no corroborar su declaración con ningún medio de prueba; describe el recurrente, la inexistencia de pruebas que ligue a su representada con el delito de extorsión, siendo insuficientes las pruebas para una condena. Para concluir, denuncia el censor, el razonamiento del sentenciador al resultar ilógico e insuficiente, pues los testigos no parten de hechos plenamente probados ya que sus dichos no son corroborados por otras pruebas. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto, por una parte, es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal, para ello, el legislador ha previsto tres tipos de recursos de casación: Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de las Formas Procesales. En una debida técnica recursiva, el censor en primer lugar debe precisar el tipo de recurso de casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere adolece la sentencia que impugna, seguidamente debe explicar los defectos legales y materiales que provoca el vicio mediante el desarrollo de motivos, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste. Tratándose particularmente del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el recurrente deberá: 1. Justificar la interposición del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, (recurso ordinario), como consecuencia de la falta de previsión del vicio a denunciar en las causales previstas en los recursos de casación por Infracción de Ley, de doctrina legal o de quebrantamiento de forma (recursos extraordinarios). Es así que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional deberá ser planteado siempre en defecto de la imposibilidad de interponer aquellos recursos que de manera especial prevén el vicio que se pretenda denunciar; 2. Indicar la norma constitucional o del bloque constitucional que se considere ha sido violada por: inobservancia, indebida aplicación, indebida interpretación o aplicación con alcances restrictivos no contemplados en ella; 3. Exponer de manera clara y precisa el vicio denunciado, como éste se relaciona con la norma constitucional o del bloque constitucional que se considera violentada y principalmente cuales son los efectos legales y necesariamente materiales de dicha violación; 4. En el caso de que el vicio sea de carácter procesal penal, el censor deberá enumerar los remedios legales o materiales intentados para subsanar o sanear el vicio; 5. Expresión clara de la pretensión perseguida con la interposición del recurso; tal pretensión deberá ser consecuente con la naturaleza de la norma constitucional o de bloque constitucional y con el vicio denunciado. En todos los casos será indispensable que el censor sea claro en su exposición y preciso en su argumentación, por ello, en caso de considerar la violación de más de una norma constitucional o del bloque constitucional y/o la concurrencia de más de un vicio, deberá hacer la denuncia con la debida separación de cada uno de sus argumentos, a efecto de que se distinga con claridad cada uno de ellos y las consecuentes pretensiones. En el caso subjudice, el recurrente presenta un recurso sin ninguna técnica, más cuando se alega -de manera tenue- insuficiencia probatoria y la violación al razonamiento intelectivo de los juzgadores; no se evidencia en el escrito del recurso, identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada; de lo que se ocupa el recurrente es de exponer que el razonamiento hecho por los juzgadores a la declaración del testigo protegido T45 y del agente de investigación Sergio Adalid Perdomo Pineda; se hizo en una clara violación al principio de inocencia y al debido proceso al no ser corroboradas dichas declaraciones con otros medios de prueba, todo a partir de una valoración personal y subjetiva. Para la Sala de lo Penal es claro que el recurrente acude al motivo referido como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria (revisio de facto) como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo así que los jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren la prueba, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la Instancia está bien o mal, a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única Instancia, todo ello impropio. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica Por otra parte, el recurrente no realizó la debida separación de sus argumentos dado que bajo un mismo título hace denuncia de varios vicios diferentes (inocencia y debido proceso); suma el hecho de no hacer una exposición científica del porqué considera que cada una de las normas constitucionales enumeradas han sido violentadas, sino que solamente hace alusión de las mismas de manera abstracta y poco inteligible. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que ésta no fue debidamente definida por el recurrente, esto por una deficiente técnica recursiva. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo; interpuesto por el Abogado Anival Eduardo Cerna Gaitán, actuando en su condición de defensor público de la señora Saudy Dinora Cortes Menjivar. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha dos de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de la señora Saudy Dinora Cortes Menjivar por el delito de Extorsión continuada en perjuicio de Testigo Protegido T45. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-115-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.