Sentencia CP-109-16 — Registro 11974
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por los delitos de delito de Portación Ilegal de Armas de tipo comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, y el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud del Estado de Honduras. resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ha revisado de manera minuciosa, los juicios de valor que ha utilizado el sentenciador para valorar la prueba de cargo y encuentra que en efecto existe quebranto a la Regla de la Lógica, en su postulado de derivación, por las razones siguientes: El sentenciador, en el acápite “Valoración de la Prueba” estableció en relación a las declaraciones testificales que las mismas poseen valor probatorio, ya que fueron rendidas por funcionarios públicos, quienes en el cumplimiento de su deber participaron en un patrullaje de rutina, declarando de manera espontánea y congruente entre sí, determinándose la existencia de un arma de fuego que portaba uno de los imputados y de una sustancia, que no se pudo determinar si era estupefaciente o no. En cuanto a los medios de prueba documental y el dictamen balístico, manifestó que con ellos quedó debidamente probado que se encontró al acusado Cárcamo en posesión de un arma tipo pistola, sin su debida autorización o registro, y que dicha arma de fuego si funcionaba en el momento en que fue decomisada al acusado y que, al momento de ser valorado con el resto de los elementos de prueba, sustentan la tesis fiscal. Pero en el acápite de “Fundamentación Jurídica” el mismo Tribunal manifestó que los hechos probados, después de haber analizado la prueba practicada en el acto del juicio oral y público, efectivamente no puede conceptuarlos como constitutivos del delito de Portación Ilegal de Arma de Tipo Comercial, ya que se ha establecido que el material probatorio con el cual se pretendió establecer los mismos son insuficientes para probar los cargos formulados por el Ministerio Público, ya que considera que al no estar vigente el procedimiento regular para la inscripción de armas de fuego, pues existe un decreto (184-2013) que faculta al ciudadano para portar un arma de fuego sin su respectivo permiso, no se puede castigar esta acción pues no se reúnen todos los elementos como ser tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Este Tribunal de casación, sin prejuzgar de manera alguna que el juzgador de instancia ha vertido fundamento insuficiente e inconsistente para restar valor probatorio y credibilidad a la prueba de cargo ofertada por la representación del Ministerio Público, en relación al delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, imputado al señor José Darío Cárcamo Rivera, ha establecido que el decreto de 184-2013, fue emitido con el fin de que todo ciudadano que tenga en su poder un arma comercial proceda a realizar el procedimiento correspondiente para su registro, y en caso de que posea un arma de uso prohibido proceda de inmediato a su entrega para su respectiva destrucción; y de los medios de prueba ofertados por el ente acusador, tanto testifical, documental y pericial, no se puede inferir que la intención del imputado, sea la antes descrita. Es por todo ello, y por las razones expuestas por el recurrente, apreciadas por este tribunal de alzada, se concluye que el A Quo -en la valoración de la prueba de reproche- ha infringido la regla de la sana crítica de la lógica, concretamente del postulado de derivación, por falta de razones lógicas y suficientes, para restar credibilidad a los medios de prueba ofertados por el Ministerio Público. Razones por las cuales es procedente declarar ha lugar el presente motivo de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García, y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-109-2016 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de octubre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor José Darío Cárcamo Rivera, del delito de Portación Ilegal de Armas de tipo comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Absolvió al señor José Darío Cárcamo Rivera, del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud del Estado de Honduras. Tercero: Absolvió al señor Jancarlos Emilio Gaido Solari, del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud del Estado de Honduras. No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso recurso de casación el Abogado Freddy Joel Henríquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada Karla Maria Arita Mendoza, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y los Abogados Arnaldo Alcides García y José Roberto Izaguirre, en su condición de defensores públicos de los señores Jose Darío Cárcamo Rivera y Jancarlos Emilio Gaido Solari, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: El veintiuno de febrero del año dos mil catorce, a las once de la noche, Agentes de la Policía Nacional requirieron a los señores JOSÉ DARÍO CÁRCAMO RIVERA y JANCARLOS EMILIO GAIDO SOLARI, en la Colonia Pineda, Municipio de San Manuel, Cortés, encontrándole al señor Cárcamo Rivera un arma de fuego, tipo revolver, calibre 38, en buen estado mecánico operativo, de las cuales no se mostró la autorización correspondiente ni licencia que le permitiera mantener dichas armas, pues en ese momento estaba vigente el Decreto 184-2013, que otorgaba la veda de un año, a partir del 1ero de septiembre de 2013 para la realización de trámites de registro de armas, traspasos y renovaciones de carné para armas de fuego.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos El recurrente Abogado Freddy Joel Henríquez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN I.- POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMER MOTIVO: Haber Excluido el sentenciador Prueba de Valor Decisivo en la Litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación, prescribe: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es nuestro). Al examinar la sentencia censurada, así como las probanzas que sirvieron de fundamento, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO como ser el Dictamen emitido por el Laboratorio Químico Toxicológico de la Dirección de Medicina Forense Número 2014-0501-0506-764 y 2014-0501-0506-765; realizado por el perito MARCO ANTONIO FUENTES, con el que se establece que las sustancias decomisadas a lo ahora imputados, el 21 de Febrero de 2014; era Cocaína, Marihuana y Crack, en una cantidad no apta para consumo personal. El juzgador excluyó esa prueba y la consideró inválida porque a su criterio debió realizarse con control jurisdiccional, ya que los indicios para ser analizados fueron remitidos cuatro días después de ser presentado el Requerimiento Fiscal en la presente causa y los imputados ya contaban con un Defensor, al que debió notificársele la pericia, a efecto que pudiera impugnar el nombramiento del experto, el contenido del análisis y así contradecir la prueba, pudiendo nombrar para ese efecto un consultor técnico, lo cual no se posibilitó por no llevarse a cabo dicho dictamen con citación de la parte contraria. Ante el cuestionamiento del sentenciador debemos establecer que el artículo 273 del Código Procesal Penal, en los numerales 3 y 4, legitima al Ministerio Público para realizar pericias en todos los campos de la Criminalística y de la Medicina Forense; asimismo, para adoptar las medidas urgentes y necesarias para preservar los elementos de prueba susceptibles de perderse y para la realización de esas diligencias, el mismo precepto adjetivo señala que no se necesita autorización judicial, salvo cuando pueda afectarse un derecho garantizado por la Constitución de la República y de los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte. En el presente caso, en fecha 21 de Febrero de 2014 los acusados José Darío Cárcamo Rivera y Jancarlos Emilio Gaido Solari, fueron detenidos en un operativo realizado por la Policía Nacional en el sector de San Manuel, en virtud de ser encontrados en posesión de hierba seca (marihuana), polvo blanco (cocaína) y piedras (crack); sustancias que fueron remitidas a los Laboratorios Toxicológicos Forenses para su análisis en fecha 25 de Mayo del año precitado, concluyendo que se trata de marihuana, cocaína y crack en una cantidad no apta para consumo personal inmediato; como se evidencia en el caso subjudice, al momento que estas sustancias fueron recibidas en el Laboratorio, ya se había presentado el Requerimiento Fiscal, circunstancia que de ninguna manera vicia el resultado de esta pericia ni vuelve la prueba ilícita, pues en la etapa preparatoria del proceso el Ente Fiscal se encuentra legitimado para realizar esa diligencia, es decir no necesitaba autorización judicial como lo ha establecido el Juzgador y en ningún momento este procedimiento violenta derechos fundamentales a los imputados, en vista que la pericia de la droga es un mero acto de prueba, realizado por un experto oficial que deberá ser objeto de cuestionamientos y contradictorio de parte del consultor que decida la Defensa, en el momento procesal oportuno, es decir en la audiencia de debate. Así las cosas, resulta innegable el grave error de hecho en que incurrió el Tribunal sentenciador al excluir el dictamen de Toxicología Forense practicado a las sustancias ilícitas decomisadas a los enjuiciados, cuyo análisis resultó positivo marihuana, cocaína y crack, puesto que como hemos supra indicado, cumplía con los presupuestos procesales para su valoración, en consecuencia, se acredita la legitimidad de la misma y por ende al suponer un rechazo expreso en los extremos descritos en el fallo antes señalado, se excluyó su valor probatorio que es decisivo en el presente proceso, ya que es a través del mismo que se determina la concurrencia del delito. Conforme a lo expuesto se concluye, que si el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, hubiere apreciado la prueba citada, inequívocamente habrían determinado que los imputados José Darío Cárcamo Rivera y Jancarlos Emilio Gaido Solari, eran responsable del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, como se ha dejado demostrado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” “SEGUNDO MOTIVO: El Juzgador al haber dictado un fallo absolutorio, arribó al mismo inobservado en la valoración de la prueba las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el caso que nos ocupa, en el apartado de fundamentación jurídica que hace el Tribunal sentenciador señala que: “Por otra parte, el Ministerio Público, en su discurso de conclusiones, pretende alegar que el acusado JOSÉ DARÍO CÁRCAMO RIVERA portaba un arma de fuego tipo revolver, calibre 38, sin autorización de autoridad competente y que el mismo no poseía la documentación de propiedad respectiva; sin embargo, la defensa en sus alegatos finales demostró que durante el tiempo en que se dieron los hechos, estaba en vigencia un decreto legislativo otorgando un período de veda para inscripción y registro de armas de fuego, por lo que este Tribunal considera que no se ha quebrantado el Estado de Inocencia que le ampara...” Esta conclusión a la cual arribó el Tribunal Sentenciador, a criterio del Ente Acusador, no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera la Sana Crítica, es por eso que se torna necesaria la revisión del proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al examinar cada una de las probanzas que se allegaron en este caso en concreto. En primer lugar, las declaraciones de los testigos Selvin Danilo Tejada Vásquez y José Otoniel Crúz Paz, quienes expresaron que el día de los hechos ellos observaron a los ahora imputados y les practicaron un registro, encontrándoles droga y a José Darío Cárcamo Rivera un arma de fuego tipo revolver, calibre 38, serie BU658988, la que portaba en su cintura, por lo que se procedió a elaborar el acta de decomiso correspondiente, la cual también fue incorporada a la audiencia de juicio oral; arma que de conformidad al dictamen balístico, ratificado por el perito Luis Fernando Márquez, se encontraba en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, pero todos estos medios probatorios no fueron evaluados aplicando las reglas de la Sana Crítica, equivocándose el Juzgador en el proceso de valoración de la prueba de tal forma que, la apreciación que se hizo de los elementos probatorios incorporados no responde a las Reglas de la Lógica; por ello la conclusión a la que debió llegarse es a una sentencia de culpabilidad; en ese sentido el juzgador erró al señalar que estos medios de prueba resultaron insuficientes para comprobar los cargos formulados por el Ministerio Público, además que aplicó el Decreto Legislativo 184-2013 que concede un período de veda de un año para que las personas procedan a inscribir y registrar las armas de fuego que posean; pero el juzgador no valoró que en el mismo decreto se reformó el artículo 27-A de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros que establece que: “... Únicamente es permitido movilizar el arma en calles, espacios o áreas públicas de forma no visible...”; por lo que José Darío Cárcamo Rivera, al llevar su arma de fuego en su cintura, es claro que violenta lo dispuesto en la norma supra referida, dado que éste en un lugar público portaba un arma de fuego de forma visible; además que el sentenciador también debió de considerar que a pesar de la veda establecida en el decreto 184-2013, este período de un año tiene como propósito la inscripción y registro de las armas de fuego, por tanto el poseedor de un arma de fuego, debe tener la intención de realizar dicho trámite y en el supuesto que ésto no ocurra, si se configura el delito establecido en el artículo 332-B del Código Penal, y en el caso in examine es claro que la intención del imputado no era inscribir el arma, sino que la misma era para ser utilizada en su labor delictiva ya que tal y como lo indicamos en el motivo anterior, éste junto con el señor Jancarlos Emilio Gaido se dedicaban a la facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas; por tal razón al valorar dicha prueba el Juzgador no observa la Regla Lógica de Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente en su característica de Verdad. En relación a lo expuesto, es oportuno mencionar que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia al realizar un estudio de la valoración probatoria efectuada por un determinado Tribunal de instancia ha referido, “... Por eso, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos sobre el comportamiento humano y no con las reglas elaboradas por esta ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, aparece la característica, exigida por ellas, denominada derivada, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando. “Para ello, la motivación debe ser concordante: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Cuando se pide que una sentencia sea motivada bajo la lógica, como regla de la sana crítica, es porque se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, es porque se entiende que el razonamiento de los Jueces de Sentencia debe estar constituido por deducciones razonables originadas, formadas y concluidas de las pruebas, es decir, que cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho tiene que estar fundamentada en las pruebas, por eso este principio de razón suficiente se entiende como la forma lógica del razonamiento humano; “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo[1]” (lo subrayado es nuestro). Como indicamos con anterioridad, la decisión que ha adoptado el Juzgador respecto a la no culpabilidad del imputado en el delito que se le atribuye, se muestra como violatoria a la Regla Lógica de la Derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de verdad, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Tribunal que con las pruebas de cargo aportadas en el juicio, no se acredita que José Darío Cárcamo Rivera portaba un arma de fuego sin el permiso de la autoridad competente y que la misma se encuentre en perfecto estado de funcionamiento tanto operativo como mecánico, y que por las actividades ilícitas a las que se dedica (facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas), es más que evidente que éste a pesar de existir el decreto 184-2013, no iba a inscribir ni registrar el arma de fuego que le fue decomisada. En consecuencia, el Ministerio Público, como recurrente es del firme criterio que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba, infringiendo en tal sentido lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, ya que éste obvió valorar la prueba de una manera armónica y concatenada, lo cual ha provocado un vicio que debe ser enmendado mediante un fallo que resuelva con lugar el presente recurso de casación; no habiéndose reclamado previamente este vicio pues se produce en el acto de la sentencia.” FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Primer Motivo *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Norma Procesal que se denuncia Infringida: Artículo 202, del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Haber excluido el sentenciador prueba de valor decisivo en la Litis *Reclamación Ex Ante: El yerro que produce la interposición del recurso se presentó en el acto de sentenciar, por ello no hubo reclamación previa. *Pretensión: No determinada por el recurrente Explicó el recurrente que, al examinar la sentencia censurada, así como las probanzas que sirvieron de fundamento, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de valor decisivo como ser el dictamen emitido por el laboratorio Químico Toxicológico de la Dirección de Medicina Forense números 2014-0501-0506-764 y 2014-0501-0506-765, realizados por el perito Marco Antonio Fuentes, con el que se establece que las sustancias decomisadas a los ahora imputados, el 21 de febrero de 2014, era cocaína, marihuana y crack, en una cantidad no apta para el consumo personal, porque a su criterio dichas pericias debieron realizarse bajo control jurisdiccional, ya que los indicios para ser analizados fueron remitidos cuatro días después de ser presentado el requerimiento fiscal en la presente causa y los imputados ya contaban con un apoderado defensor, al que debió notificársele dicha pericia, a efecto de que pudiera impugnar el nombramiento del experto, el contenido del análisis y así contradecir la prueba, pudiendo nombrar para ese efecto un consultor técnico, lo cual no se posibilitó por no llevarse a cabo dicho dictamen con citación de la parte contraria. Alega el recurrente que dichas circunstancias de manera alguna vician el resultado de las pericias antes mencionadas, ni vuelve la prueba ilícita, pues en la etapa preparatoria del proceso el ente fiscal se encuentra legitimado para realizar esa diligencia, es decir, no necesitaba autorización judicial como lo ha establecido el juzgador y en ningún momento violenta derechos fundamentales a los imputados, en vista de que la pericia de la droga es un mero acto de prueba, realizado por un perito oficial que deberá ser objeto de cuestionamiento y contradictorio por parte del consultor que decida la defensa, en el momento procesal oportuno, es decir en la audiencia de debate. De la exclusión de un medio de prueba de valor decisivo. El artículo 362.2 del Código Procesal Penal, establece como motivo para el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, cuando indebidamente se excluye un medio de prueba, es decir, cuando habiéndose admitido y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega todo valor al medio de prueba, es decir hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad. Otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia, haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole todo valor como consecuencia de una desatinada calificación de ilicitud. Finalmente, para determinar si el medio de prueba indebidamente excluido posee un valor decisivo en la emisión del fallo, se debe recurrir al ejercicio mental conocido como “Inclusión Hipotética”, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, a modo de verificar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se ve afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo; por el contrario, aun cuando su exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo. De La Prueba Pericial La pericia es el modo probatorio con el cual se intenta obtener, para el proceso penal, un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útil para el descubrimiento o valoración de un elemento de prueba. No se trata, en consecuencia, de un medio para auxiliar a uno más de los sujetos procesales (juez, fiscal, imputado, etc.), supliendo la deficiente formación sobre el tema a peritar, pues no podrá evitarse su realización, aun cuando estos sujetos procesales posean los conocimientos especializados necesarios. Es el carácter eminentemente técnico de este medio de prueba lo que torna procedente cuando, para descubrir o valorar un elemento de prueba, fuese necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, con lo cual no se requerirá la intervención del perito para la realización de meras comprobaciones materiales. [2] Para la designación del perito, el artículo 242 del Código Procesal Penal, establece que, en la etapa de juicio oral y público, lo hará el Tribunal de Sentencia competente, de igual forma dispone que en la etapa preparatoria, el Ministerio Público o el juez, con conocimiento de las partes, cuando se haya de practicar prueba pericial, seleccionarán o designarán los peritos. En cuanto a la práctica de este medio de prueba ordenado por la representación del Ministerio Público, en la etapa preparatoria del proceso penal, el artículo 246 del cuerpo normativo antes mencionado, señala que el fiscal podrá ordenar pericias durante la investigación preliminar, pero sólo podrán incorporarse por lectura al debate si se hubieren seguido las reglas sobre el anticipo de prueba, bajo control jurisdiccional y quedando a salvo la posibilidad que tiene el tribunal, el Ministerio Público y las partes, de exigir la declaración del perito durante el debate. En ese mismo sentido el artículo 273 del mismo cuerpo legal, regula que el Ministerio Público, como titular de la acción pública, al tener conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de delito, cualquiera que sea el medio por el cual haya llegado a su conocimiento, cuando la noticia parezca verosímil, teniendo en cuenta su contenido y los datos proporcionados para su comprobación, adoptará las medidas necesarias para impedir que produzca consecuencias ulteriores e iniciará las investigaciones del caso, teniendo entre otras atribuciones la de ordenar la realización de pericias en todos los campos de la criminalística y de la Medicina Forense, siendo dicha norma muy clara al establecer que para la realización de dicha actividad el Ministerio Público no necesitará autorización judicial, salvo cuando pueda afectarse un derecho garantizado por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. En el caso sometido a estudio el recurrente considera que el A quo excluyó indebidamente prueba de valor decisivo como ser el dictamen emitido por el laboratorio Químico Toxicológico de la Dirección de Medicina Forense número 2014-0501-0506-764 y 2014-0501-0506-765, realizados por el perito Marco Antonio Fuentes, en el cual se establece que las sustancias encontradas a los imputados constituyen cocaína crack y que la cantidad decomisada es compatible con la dosis considerada como consumo personal inmediato (ver folio 38 de la pieza del Tribunal de Sentencia), igualmente se estableció que la hierba decomisada a los acusados es marihuana y que la cantidad encontrada no es compatible con la dosis considerada como consumo personal inmediato. Los argumentos del impetrante no son correctos, pues el tribunal sentenciador -a criterio de esta Sala de Casación- en ningún momento excluyó de manera indebida el medio de prueba antes mencionado, ya que como ha quedado establecido en la presente resolución, si bien el Ministerio Público tiene la facultad de ordenar la práctica de pericias en la etapa preparatoria del proceso, no es menos cierto que una vez que el expediente esté judicializado, toda diligencia probatoria debe ser puesta bajo control jurisdiccional y del conocimiento de la parte contraria, para que ésta tenga el derecho a intervenir y tutelar los derechos de su representado. En la presente causa el requerimiento fiscal fue presentado en fecha veintidós de febrero de dos mil catorce (ver folio 3 vuelto de la pieza del Tribunal de Sentencia), y la solicitud de práctica de la mencionada pericia junto con los indicios fueron recibidos por el Laboratorio Químico Toxicológico, en fecha veinticinco de febrero del mismo año (ver folio 38 de la pieza del Tribunal de Sentencia); de lo que se deduce que la parte defensora no tuvo la mínima intervención, no tuvo la oportunidad de conocer el nombre del perito y por ende no pudo presentar cualquier tipo de oposición, lo que indudablemente trajo como consecuencia la disminución del derecho de defensa. Ante tal situación el sentenciador consideró que dicho medio de prueba es ilícito, en virtud de que se realizó en violación a los requisitos establecidos por la ley y el derecho de defensa que le asiste a los imputados. Razones por las cuales es procedente desestimar el presente motivo de casación. Segundo Motivo *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma Procesal que se denuncia Infringida: Artículo 202, del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Haber inobservado en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. *Reclamación Ex Ante: El yerro que produce la interposición del recurso se presentó en el acto de sentenciar, por ello no hubo reclamación previa. *Pretensión: Se dicte un fallo que resuelva con lugar el presente recurso de casación. Explicó el recurrente que la conclusión a la que llegó el Tribunal Sentenciador no es mas que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera la sana crítica, ya que manifiesta que de las declaraciones de los testigos quienes manifestaron que el día de los hechos le practicaron un registro a los imputados encontrándoles droga y al señor José Darío Cárcamo Rivera un arma de fuego tipo revólver, calibre 38 en su cintura, del acta de decomiso, del dictamen balístico ratificado por el perito, el Tribunal debió llegar a la conclusión de dictar una sentencia de culpabilidad. Que el tribunal, al aplicar el Decreto Legislativo 184-2013 que concede un periodo de veda de un año para que las personas procedan a inscribir y registrar las armas de fuego que posean, no valoró que dicho decreto reformó el artículo 27-A de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros, que establece que únicamente es permitido movilizar el arma en calles, espacios o áreas públicas de forma no visible, por lo que José Darío Cárcamo Rivera, al llevar su arma de fuego de forma visible, violenta la norma antes citada. Asimismo el sentenciador no consideró que si bien el decreto da una veda de un año, esto es con la finalidad de que se proceda a la inscripción y registro de las armas de fuego, por lo que el poseedor de un arma de fuego, debe tener la intención de realizar dicho trámite y en el supuesto que no ocurra, sí se configura el delito establecido en el artículo 332-B del Código Penal, y en el caso in examine es claro que la intención del acusado no era de inscribir el arma, sino que la misma era para ser utilizada en su labor delictiva, por tal razón al valorar dicha prueba el juzgador no observa la regla lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente en su característica de verdad. De las Reglas de la Sana Crítica. Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes…3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. En ese sentido la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva; aquí el juzgador debe valorar la prueba conforme a las reglas de la Sana Crítica, tal como lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. de las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; b) El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual que “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba, un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; c) El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera.[3] d) Ley de Razón Suficiente: Esta ley generalmente se violenta cuando los indicios con que se pretende fundamentar un fallo no se encuentran debidamente probados, o cuando dichos indicios no tienen relación uno con el otro, es decir carecen de concordancia y por lo tanto no se puede establecer una conclusión lógica, sea de culpabilidad o inocencia. De la ley de razón suficiente, se desprende uno de los principios básicos de las reglas de la sana crítica, como es el principio de la derivación, el cual exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que con base en ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella.[4] Del delito de Portación Ilegal de Armas (art 332B Código Penal). La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, define como armas de fuego a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. El artículo 4 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y otros similares (en adelante Ley de Armas), reconoce el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello ordenaba que toda persona debía obtener permiso previo por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, otorgado una vez que satisficiere los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1. Formulario con sus datos personales y residencia; 2. Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma. La persona interesada solo podía poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que tenían que tener las características y especificaciones que estipulaban los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas; pero además la ley era específica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3. Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señalaba el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4. Pago de la matrícula municipal y; 5. Documentos de identificación. El permiso es intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello la persona que lo obtenía debía reportar en un plazo máximo de tres días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que hiciere del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realizara la solicitud de permiso correspondiente, igualmente debía reportar el robo o extravío de la misma en igual termino (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas). El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles.- Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”.- Entonces incurrirá en el delito la persona que, entre otros: posea un arma de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando no se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito. Del Decreto Legislativo N° 184-2013. El artículo 98 de la Constitución de la República dispone que: “Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de delito o falta.”; disposición constitucional que es armónica con lo preceptuado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 15.1 establece que: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional……”. Por ello toda ley debe ser tridimensional: debe ser positiva, debe ser válida y debe ser eficaz; la validez de una norma puede ser formal y material: i) Hay validez formal cuando la ley ha sido creada mediante el procedimiento legislativo correspondiente; ii) Hay validez material cuando la ley está vinculada a un ámbito material de regulación, sin lo cual no puede considerarse obligatoria (la obligatoria observancia de los ciudadanos en cumplirla y la obligatoria reacción de la autoridad de imponer las consecuencias legales a aquellos que la incumplan). Tratándose de los artículos 332-A y 332-B del Código Penal hoy vigente, su positividad ha sido suspendida temporalmente en varias ocasiones por el legislador, como consecuencia de la aprobación de Decretos Legislativos, en los que usando términos como “Veda” o “Amnistía” el legislador concede términos de gracia para que las personas particulares pudiesen hacer registro de armas comerciales y entrega de armas prohibidas; este es el caso del decreto 184-2013, el cual en su artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de veda o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. Postura de la Sala de lo Penal en relación al decreto 184-2013 La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado de estudiar y definir los alcances del Decreto No. 184-2013 génesis de dos decretos más (No. 063-2014 y No. 060-2015) emitiendo dos sentencias con pronunciamientos uniformes al respecto: en sentencia de 02 de noviembre de 2016 en el Exp 370-2014 se indicó: “Durante la vigencia del Decreto 184-2013, se establece un período de veda por el término de un año para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de uso comercial la pueda legalizar, aunque no posea factura de venta de La Armería, con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura. Todo ello para que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios. Por tanto, el decreto de veda aludido, no deroga la vigencia del delito de Portación ilegal de armas de tipo comerciales, tipificada en el Art. 332 B del Código Penal, sino que tácitamente lo declara en suspenso, solo para poseedores de buena fe, para que estos procedan a registrarla legalmente, en los casos en que el arma de fuego comercial no haya sido adquirida en La Armería, de la Fuerzas Armadas, sino por compra realizada en forma privada a otro particular. No tiene eficacia legal alguna dicho Decreto de Veda para los casos de posesión de armas comerciales de mala fe o de armas que tengan reporte de robo. Lo anterior, en virtud que el tenedor del arma de fuego con reporte de robo carece de un título legítimo de posesión, no solo de factura de la Armería, tampoco cuenta con el documento de traspaso de dominio respectivo, por lo que, a falta de todo ello, no podría registrar dicha arma bajo ninguna circunstancia.”. En sentencia de fecha 12 días de diciembre de 2016 en el Exp 521-2014: “Si bien es cierto el decreto en cuestión no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la portación ilegal de armas, importa una derogatoria tácita temporal derivada de la naturaleza de la norma temporal pues si entendiéramos que la pretensión del legislador era dejar vigente el artículo 332 B del Código Penal, al regir el artículo 2 del Decreto 184-2013, aún las personas que hubieren acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado artículo 2, incurrirían en el delito de portación ilegal de armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el plazo de un año otorgado por la disposición relacionada, disposición cuya finalidad es lograr en primer lugar el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado.” [5] De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ha revisado de manera minuciosa, los juicios de valor que ha utilizado el sentenciador para valorar la prueba de cargo y encuentra que en efecto existe quebranto a la Regla de la Lógica, en su postulado de derivación, por las razones siguientes: El sentenciador, en el acápite “Valoración de la Prueba” estableció en relación a las declaraciones testificales que las mismas poseen valor probatorio, ya que fueron rendidas por funcionarios públicos, quienes en el cumplimiento de su deber participaron en un patrullaje de rutina, declarando de manera espontánea y congruente entre sí, determinándose la existencia de un arma de fuego que portaba uno de los imputados y de una sustancia, que no se pudo determinar si era estupefaciente o no. En cuanto a los medios de prueba documental y el dictamen balístico, manifestó que con ellos quedó debidamente probado que se encontró al acusado Cárcamo en posesión de un arma tipo pistola, sin su debida autorización o registro, y que dicha arma de fuego si funcionaba en el momento en que fue decomisada al acusado y que, al momento de ser valorado con el resto de los elementos de prueba, sustentan la tesis fiscal. Pero en el acápite de “Fundamentación Jurídica” el mismo Tribunal manifestó que los hechos probados, después de haber analizado la prueba practicada en el acto del juicio oral y público, efectivamente no puede conceptuarlos como constitutivos del delito de Portación Ilegal de Arma de Tipo Comercial, ya que se ha establecido que el material probatorio con el cual se pretendió establecer los mismos son insuficientes para probar los cargos formulados por el Ministerio Público, ya que considera que al no estar vigente el procedimiento regular para la inscripción de armas de fuego, pues existe un decreto (184-2013) que faculta al ciudadano para portar un arma de fuego sin su respectivo permiso, no se puede castigar esta acción pues no se reúnen todos los elementos como ser tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Este Tribunal de casación, sin prejuzgar de manera alguna que el juzgador de instancia ha vertido fundamento insuficiente e inconsistente para restar valor probatorio y credibilidad a la prueba de cargo ofertada por la representación del Ministerio Público, en relación al delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, imputado al señor José Darío Cárcamo Rivera, ha establecido que el decreto de 184-2013, fue emitido con el fin de que todo ciudadano que tenga en su poder un arma comercial proceda a realizar el procedimiento correspondiente para su registro, y en caso de que posea un arma de uso prohibido proceda de inmediato a su entrega para su respectiva destrucción; y de los medios de prueba ofertados por el ente acusador, tanto testifical, documental y pericial, no se puede inferir que la intención del imputado, sea la antes descrita. Es por todo ello, y por las razones expuestas por el recurrente, apreciadas por este tribunal de alzada, se concluye que el A Quo -en la valoración de la prueba de reproche- ha infringido la regla de la sana crítica de la lógica, concretamente del postulado de derivación, por falta de razones lógicas y suficientes, para restar credibilidad a los medios de prueba ofertados por el Ministerio Público. Razones por las cuales es procedente declarar ha lugar el presente motivo de casación. DECISIÓN. *Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su primer motivo *Se declara ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su segundo motivo, en relación al imputado José Darío Cárcamo Rivera, por el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara no ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su primer motivo interpuesto por el Abogado Freddy Joel Henríquez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, contra la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha doce de octubre de dos mil quince. Segundo: Declara ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su segundo motivo interpuesto por el Abogado Freddy Joel Henríquez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, contra la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha doce de octubre de dos mil quince. Tercero: Casa parcialmente la sentencia. Cuarto: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha doce de octubre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, únicamente en relación al imputado José Darío Cárcamo Rivera, por la supuesta comisión del delito de Portación Ilegal de Arma de Tipo Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, dejando incólume los numerales Segundo y Tercero, en relación a la absolución dictada a favor de los imputados José Darío Cárcamo Rivera y Jancarlos Emilio Gaido Solari, por el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado únicamente en relación al imputado José Darío Cárcamo Rivera, por el delito de Portación Ilegal de Arma de Tipo Comercial. II. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado Coordinador. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de junio del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-109-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Sentencia de fecha 16 de agosto del año 2012, recaída en el Recurso de Casación Penal No. SP-04-2010
[2] Cuellar Cruz. Rigoberto. Turcios Ferrera Daniela. López Zúniga Eduardo Jair. Derecho Procesal Penal de Honduras. LITOCOM, S de R.L. de C.V. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. (Pág. 498.).
[3] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 189-2010 de fecha 19 de septiembre del 2012 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.
[4] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 16-2009 de fecha 22 de marzo del 2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.
[5] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 111-2016 de fecha 30 de mayo del 2019 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.