Sentencia CP-090-16 — Registro 9983
Resumen
En primera instancia se condena a los imputados por los delitos de homicidio simple y tentativa de homicidio, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Por su estrecha relación, cuando se vulnera el derecho de defensa sucede también lo mismo con el debido proceso legal. Bajo esa configuración el censor considera vulnerado uno y otro derecho tal como ha sido el desarrollo del recurso. Esta Sala de lo Penal ha establecido a través de su jurisprudencia, que el derecho de defensa se divide en defensa material y defensa técnica. La defensa material se desarrolla a través de tres garantías: 1) Derecho a la participación o derecho a participar activamente en todas las etapas del proceso, sobre todo en aquellas en las que se producen elementos probatorios que sirven de base a la acusación y a la sentencia que resolverá la situación jurídica del acusado. 2) Derecho de petición, consistente en formular a la autoridad judicial todas aquellas peticiones que considere oportunas a efecto de hacer valer su defensa; 3) Derecho al conocimiento inmediato y de forma comprensible de cuáles son sus derechos como acusado. Por su parte, la defensa técnica, es el derecho del acusado de ser asistido por un profesional del derecho desde el primer acto del procedimiento, sea actuación policial o judicial que señale al imputado como partícipe de un hecho punible. (véase fallo de fecha 11 de agosto de 2009, recaído en el expediente No. CP-322-2007). En el presente caso, el acusado ha estado presente en la fase instructora, ha tenido oportunidad de intervención en las diferentes actuaciones judiciales realizadas, ha conocido las pericias emitidas y las declaraciones de los testigos, ha tenido conocimiento de la acusación formulada en su contra, se le ha designado un asistente letrado, ha propuesto prueba y controvertido la allegada en su contra, ha tenido oportunidad de recurrir el fallo que limita sus derechos fundamentales y, con rotundidad, se ha visto asistido de todas las garantías que nuestra legislación procesal prevé para el acusado. No se desprende objetivamente una violación al derecho de defensa como alega el censor y, por consiguiente, al debido proceso legal; pues el alegato denunciado por el recurrente, de que el Tribunal Sentenciador “se pronunciaría si consideraba necesario o innecesario la Reconstrucción de Hechos, haciendo caso omiso a lo manifestado en la etapa de incidentes al inicio del juicio” basta remitirnos al acta de la audiencia de proposición de pruebas de fecha 07 de mayo de 2015 (F.15), el Tribunal Sentenciador resolvió “…en cuanto al medio de prueba regulado en el artículo 262 del Código Procesal Penal, consistente en la reconstrucción de los hechos, este Tribunal considera que en base a lo que establece el mismo artículo, que sí es necesario, incorporarlo, e hacer la reconstrucción, es necesario que el Tribunal valore cada uno de los medios de prueba, es decir la testifical, valorado en su conjunto con los medios de prueba documentales propuestos por el Fiscal del Ministerio Público, sí es necesario vamos a ir hacer la reconstrucción de hechos, por ahora se inadmite en el caso que sea necesario la práctica de la misma, la defensa puede hacerlo sin perjuicio del valor probatorio que le podamos dar…” resolución que fue consentida por los recurrentes; pese a ello, según consta en el acta de celebración de audiencia de debate (F.23) en la etapa de incidentes del Juicio Oral y Público, los recurrentes nuevamente propusieron el medio de prueba reconstrucción de hechos, los juzgadores resolvieron: “… En virtud de la resolución emitida en fecha siete de mayo del presente año por este Tribunal, que se inadmitió la misma y dejándola si era necesario incorporarla ya el juicio oral y público, dependiendo de las declaraciones testificales del Ministerio Público, es decir primero se va analizar toda la prueba propuesta por el Ministerio Público en su conjunto con los demás medios de prueba, para ver si este Tribunal en base al artículo 333 del Código Procesal Penal, se constituye a ese lugar para establecer los extremos de la defensa,… en ese sentido si el Tribunal lo considera necesario, después de valorar cada uno de los medios de prueba propuestos por el Ministerio Público, lo hará hacer ver más adelante en el proceso, primero vamos a evacuar los medios de prueba…” resolución que de igual manera que la anterior fue consentida. En ambas resoluciones emitidas por el tribunal, fue inadmitida la propuesta del medio de prueba: reconstrucción de hechos, esta Sala de lo Penal deduce que dicha inadmisión fue fundamentada al establecerse que, si en el desarrollo del debate se establecen circunstancias contradictorias y no establece una claridad sobre los hechos que se investigan, dicho medio de prueba sería considerado útil, pertinente y proporcional y por lo tanto se evacuaría el mismo; de encontrarse esas circunstancias, dicho medio de prueba sería admitido. Si bien es cierto, los juzgadores se llamaron al silencio, tampoco es menos cierto, que lo denunciado por los recurrentes limita el derecho de defensa, pues, se consintieron las resoluciones al no haber realizado en su oportunidad el reclamo para subsanarlo, menos hicieron pronunciamiento, cuando el Tribunal Sentenciador finaliza la recepción de las pruebas y cede palabra a la representante del Ministerio Público para que formule sus conclusiones. Estrictamente debe haber una censura del vicio, para ser planteado en casación, de lo contrario, el acto viciado se tendrá por subsanado. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Penal estima de manera definitiva que en el caso bajo examen se ha respetado la garantía del debido proceso, por ende, el derecho de defensa de los acusados y deviene la desestimación del recurso de casación por infracción de Precepto Constitucional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice
: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional SP 90-2016 interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: Primero: Condenar a los señores R. A. R. R. y M. de J. R. R. como autores responsables del delito de Homicidio Simple en perjuicio de C. A. B. Cano, a la pena principal de quince años de reclusión. Segundo: Condenar a los señores R. A. R. R. y M. de J. R. R. como autores responsables de un delito de Homicidio Simple en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de J. A. B. L., a la pena principal de diez años de reclusión, haciendo un total de veinticinco años de reclusión, como consecuencia de la suma de todas las penas de reclusión principales impuestas. Tercero: Condenar a los procesados R. A. R. R. y M. de J. R. R. a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Cuarto: Declaró la responsabilidad civil de los condenados R. A. R. R. y M. de J. R. R.. Quinto: No procedió condenar con costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Sexto: No procede el comiso. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, los Abogados R. E. H. V. y W. C. H. E., actuando en su condición Defensores Públicos de los encausados. Son partes en única instancia: Los Abogados R. E. H. V. y W. C. H. E. en su condición de recurrentes, y el Abogado S. C. A., agente fiscal del Ministerio Público en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En fecha diez de agosto del dos mil trece, como a eso de las siete de la noche, en el lugar conocido como Copen, aldea La Huerta, jurisdicción del Municipio de Trinidad de este Departamento, cuando el señor J. A. B., quien junto a su menor hija C. B. C., transitaban por un callejón en dicha aldea fueron interceptados por tres individuos entre ellos R. A. R. R. y M. de J. R. R. quienes salen de atrás de un cimiento, y todos disparan con armas de fuego sobre la humanidad de J. A. B. L. y de la humanidad de la menor C. A. B. C., ésta última recibió un proyectil disparado por arma de fuego que le produjo una herida irregular en la cabeza, región tempo parietal izquierdo, provocándole una laceración cerebral que le causó la muerte momentos después, en la clínica de emergencia sectorial del Municipio de Trinidad de este Departamento, de igual forma el señor J. A. B. L. recibió un impacto de bala a la altura del abdomen que le produjo una incapacidad para el trabajo por treinta y cinco días a partir de los hechos, en ese momento por los gritos de auxilio de J. A. B. L. llegan los vecinos quienes los suben en una mototaxi, salvándole la vida al llevarlo a recibir asistencia médica en la clínica de emergencia sectorial del Municipio de Trinidad de este Departamento y dándose a la fuga los imputados.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS Los recurrentes Abogados R. E. H. V. y W. C. H. E., procedieron a formalizar su recurso de casación de la manera siguiente: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. MOTIVO UNICO: Infracción del precepto constitucional contenido en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas sustantivas infringidas son los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República que establecen: “Que el derecho de defensa es inviolable..... Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”.- Artículos éstos que han sido violentados por el Tribunal de Sentencias al no pronunciarse y por ende permitir la práctica de un medio de prueba vital, en este caso, como ser la “Reconstrucción de hechos” para la defensa de los imputados R. A. R. R. y M. de J. R. R. y por consiguiente para esclarecer la verdad real de los hechos investigados en virtud de existir en el debate múltiples inconsistencias en la declaración del único testigo de cargo (ofendido) J. A. B. L., propuesto por el Ministerio Público. Las defensas de R. A. R. y M. de J. R. en su oportunidad (turno de incidentes juicio oral) propusieron el medio de prueba Reconstrucción de Hechos, siendo aprobada su proposición y evacuación por la Sala en forma condicionada, es decir que en juicio oral en la etapa de incidentes el Tribunal expreso lo siguiente: “..........El Tribunal de Sentencias Resuelve: habiendo analizado el planteamiento de la defensa, en cuanto a lo que establece el artículo 262 del Código Procesal Penal, este Tribunal de Sentencias por Unanimidad de Votos Resuelve: En virtud de la resolución emitida en fecha siete de mayo del presente año por este Tribunal, que se inadmitió la misma y dejándola si era necesario incorporarla ya en juicio oral y público, dependiendo de las declaraciones testificales por el Ministerio Público, es decir primero se va analizar toda la prueba propuesta por el Ministerio Público en su conjunto con los demás medios de prueba, para ver si este Tribunal en base al artículo 333 del Código Procesal Penal, se constituye a ese lugar para establecer los extremos de la defensa, en cuanto al alego que ellos hacen que a falta de la inspección ocular en el lugar de los hechos, es necesario una reconstrucción de hechos, en ese sentido si el Tribunal lo considera necesario, después de valorar cada uno de los medios de prueba propuestos por el Ministerio Público, lo hará saber ver mas adelante en el proceso, primero vamos a evacuar los medios de prueba”. (Lo subrayado es nuestro). Resultando que se terminó de evacuar toda la prueba propuesta, se valoró la misma, se dictó sentencia y el Tribunal nunca se pronunció si consideraba necesario o innecesario la Reconstrucción de Hechos, haciendo caso omiso a lo manifestado en la etapa de incidentes al inicio del juicio. Honorables Magistrados consideramos que este medio de prueba es de valor decisivo para la defensa de nuestros representado R. A. R. R. y M. DE J. R. R. en vista que al analizar la prueba de cargo correspondiente a la declaración del testigo ofendido J. A.B. L., propuesto por el Ministerio Público se aprecia que la misma presenta inconsistencias en aspectos de gran relevancia, que solo podrían ser controvertidos y aclarados a través del medio de prueba de reconstrucción de hechos, para el caso esas discrepancias radican en circunstancias tan importantes como ser: “establecer la cantidad de disparos que se oían en el lugar de los hechos, de donde procedían esos disparos, las distancias en las que se ubicaban tanto los imputados como el ofendido, asimismo como cuanta claridad había en el lugar para haber observado a las personas que disparaban, u observar cuanto focos habían en el lugar del hecho, quienes portaban armas, cuantas casas cercanas existían en el lugar del hecho; lo anterior en vista que el hecho sucedió a las siete de la noche y el ofendido manifestó que en la calle había un cableado de luz y allí estaban los focos así en las esquinas de la casa, que eran dos focos como lámparas, contradiciéndose con lo manifestado por los imputados en sus declaraciones donde al ser interrogados se les preguntó si en ese lugar donde sucedieron los hechos había visibilidad, alumbrado público o energía, éstos contestaron que en ese lugar no hay energía eléctrica por consiguiente era oscuro, es por esta razón que consideramos que este medio de prueba al efectuarse desempeñaría una verdadera función de control sobre la exactitud, posibilidad o verosimilitud de los elementos de prueba ya incorporados a juicio, permitiendo al Tribunal y a las partes percibir detalles de los acontecimientos que no es posible lograrlo con otros medios de prueba, y que de dejarlo así no tendríamos un convencimiento cierto e indubitable para poder llegar a la certeza de la verdad real y concluyente de cómo sucedieron los hechos. El hecho que el Tribunal no se haya pronunciado y concedido la evacuación de dicho medio de prueba constituye un quebrantamiento al derecho constitucional de defensa, no bastando con que el Juzgador declare respetarlo, sino que es preciso que el imputado tenga la posibilidad real de procurar y obtener la evacuación de aquellos medios de prueba que siendo pertinentes, relevantes y útiles para su defensa éste los solicite, como en el presente caso lo es la reconstrucción de hechos.- Dicho lo anterior se colige que es una obligación del Estado y especialmente impartiendo justicia en un proceso penal el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad real, para garantizar a quién lo enfrenta, un juicio justo, como ser el hecho de no haberse pronunciado y dejar de evacuar un medio de prueba de valor decisivo para la defensa de nuestros representados los señores R. A. R. R. y M. DE J. R. R., donde el juzgador se había comprometido en la etapa de incidentes manifestando que primero se iba a evacuar toda la prueba propuesta por el Ministerio Público en su conjunto con los demás medios de prueba, para ver si ese Tribunal en base al artículo 333 del Código Procesal Penal, se constituía a ese lugar para establecer los extremos de la defensa, en cuanto al alego que ellos hacían que a falta de la inspección ocular al lugar de los hechos, en ese sentido el Tribunal lo considera necesario, después de valorar cada uno de los medios de prueba propuestos por el Ministerio Público, lo haría saber ver mas adelante en el proceso, que primero iba a evacuar los medios de prueba, donde el Tribunal nunca se pronunció sobre tal extremo siendo una flagrante violación al derecho de defensa de los imputados, lo cual solo puede ser subsanado a través del presente Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que existían motivos suficientes para haberse otorgado el medio de prueba solicitado, el Tribunal de la causa no se pronunció sobre el medio de prueba reconstrucción de hechos como lo había manifestado en la etapa de incidentes del juicio oral y público que lo haría después de la evacuación de los medios de prueba, habiéndose solicitado por las defensa de los imputados en tiempo y forma y admitido por este por ser útil y pertinente, en base al argumento antes señalado y que consta en el acta de debate y cuyos extremos pueden ser apreciados en la misma que documentó lo ocurrido en el juicio oral y público celebrado en la causa, lo cual únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso de casación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general, toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación; al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos por infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública de los encausados. Único Motivo. *Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Civil. *Normas que se denuncian infringidas: Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: Violación al estado material de defensa en relación con el debido proceso; y, *Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: No determinado por el censor; *Pretensión: No determinado por el censor. El censor denuncia en el desarrollo de su recurso que propuso como medio de prueba la Reconstrucción de Hechos, tanto en la audiencia de proposición de pruebas, como en la etapa de incidentes del juicio oral y público, de la cual los sentenciadores manifestaron que de ser necesario, después de valorar cada uno de los medios de prueba propuestos por el Ministerio Público, haría saber si era necesario el mismo; sin embargo, denuncian los recurrentes que se evacuó toda la prueba propuesta, se valoró la misma hasta el dictado de la sentencia, sin que los juzgadores se pronunciaran sobre la necesidad o no del medio de prueba Reconstrucción de Hechos. Del Debido Proceso Legal La darantía del debido proceso, invocada por los pretensores como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra.- Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i) Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii) Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii) A un juez predeterminado por la ley; iv) A la imparcialidad e independencia del juez; v) Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi) A la igualdad de armas procesales; vii) A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii) Respeto al principio de presunción de inocencia; ix) Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x) Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi) Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii) El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii) A una justicia gratuita; en fin el derecho a un debido proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad; de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del derecho a la Defensa Una de las posibles consecuencias de la inobservancia de un debido proceso, es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional.- La inobservancia de las normas procesales penales provocan indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos: la parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado en defensa de los intereses individuales. Como consecuencia, cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de solicitar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. De la Procedencia del Recurso El recurso no es de recibo. Por su estrecha relación, cuando se vulnera el derecho de defensa sucede también lo mismo con el debido proceso legal. Bajo esa configuración el censor considera vulnerado uno y otro derecho tal como ha sido el desarrollo del recurso. Esta Sala de lo Penal ha establecido a través de su jurisprudencia, que el derecho de defensa se divide en defensa material y defensa técnica. La defensa material se desarrolla a través de tres garantías: 1) Derecho a la participación o derecho a participar activamente en todas las etapas del proceso, sobre todo en aquellas en las que se producen elementos probatorios que sirven de base a la acusación y a la sentencia que resolverá la situación jurídica del acusado. 2) Derecho de petición, consistente en formular a la autoridad judicial todas aquellas peticiones que considere oportunas a efecto de hacer valer su defensa; 3) Derecho al conocimiento inmediato y de forma comprensible de cuáles son sus derechos como acusado. Por su parte, la defensa técnica, es el derecho del acusado de ser asistido por un profesional del derecho desde el primer acto del procedimiento, sea actuación policial o judicial que señale al imputado como partícipe de un hecho punible. (véase fallo de fecha 11 de agosto de 2009, recaído en el expediente No. CP-322-2007). En el presente caso, el acusado ha estado presente en la fase instructora, ha tenido oportunidad de intervención en las diferentes actuaciones judiciales realizadas, ha conocido las pericias emitidas y las declaraciones de los testigos, ha tenido conocimiento de la acusación formulada en su contra, se le ha designado un asistente letrado, ha propuesto prueba y controvertido la allegada en su contra, ha tenido oportunidad de recurrir el fallo que limita sus derechos fundamentales y, con rotundidad, se ha visto asistido de todas las garantías que nuestra legislación procesal prevé para el acusado. No se desprende objetivamente una violación al derecho de defensa como alega el censor y, por consiguiente, al debido proceso legal; pues el alegato denunciado por el recurrente, de que el Tribunal Sentenciador “se pronunciaría si consideraba necesario o innecesario la Reconstrucción de Hechos, haciendo caso omiso a lo manifestado en la etapa de incidentes al inicio del juicio” basta remitirnos al acta de la audiencia de proposición de pruebas de fecha 07 de mayo de 2015 (F.15), el Tribunal Sentenciador resolvió “…en cuanto al medio de prueba regulado en el artículo 262 del Código Procesal Penal, consistente en la reconstrucción de los hechos, este Tribunal considera que en base a lo que establece el mismo artículo, que sí es necesario, incorporarlo, e hacer la reconstrucción, es necesario que el Tribunal valore cada uno de los medios de prueba, es decir la testifical, valorado en su conjunto con los medios de prueba documentales propuestos por el Fiscal del Ministerio Público, sí es necesario vamos a ir hacer la reconstrucción de hechos, por ahora se inadmite en el caso que sea necesario la práctica de la misma, la defensa puede hacerlo sin perjuicio del valor probatorio que le podamos dar…” resolución que fue consentida por los recurrentes; pese a ello, según consta en el acta de celebración de audiencia de debate (F.23) en la etapa de incidentes del Juicio Oral y Público, los recurrentes nuevamente propusieron el medio de prueba reconstrucción de hechos, los juzgadores resolvieron: “… En virtud de la resolución emitida en fecha siete de mayo del presente año por este Tribunal, que se inadmitió la misma y dejándola si era necesario incorporarla ya el juicio oral y público, dependiendo de las declaraciones testificales del Ministerio Público, es decir primero se va analizar toda la prueba propuesta por el Ministerio Público en su conjunto con los demás medios de prueba, para ver si este Tribunal en base al artículo 333 del Código Procesal Penal, se constituye a ese lugar para establecer los extremos de la defensa,… en ese sentido si el Tribunal lo considera necesario, después de valorar cada uno de los medios de prueba propuestos por el Ministerio Público, lo hará hacer ver más adelante en el proceso, primero vamos a evacuar los medios de prueba…” resolución que de igual manera que la anterior fue consentida. En ambas resoluciones emitidas por el tribunal, fue inadmitida la propuesta del medio de prueba: reconstrucción de hechos, esta Sala de lo Penal deduce que dicha inadmisión fue fundamentada al establecerse que, si en el desarrollo del debate se establecen circunstancias contradictorias y no establece una claridad sobre los hechos que se investigan, dicho medio de prueba sería considerado útil, pertinente y proporcional y por lo tanto se evacuaría el mismo; de encontrarse esas circunstancias, dicho medio de prueba sería admitido. Si bien es cierto, los juzgadores se llamaron al silencio, tampoco es menos cierto, que lo denunciado por los recurrentes limita el derecho de defensa, pues, se consintieron las resoluciones al no haber realizado en su oportunidad el reclamo para subsanarlo, menos hicieron pronunciamiento, cuando el Tribunal Sentenciador finaliza la recepción de las pruebas y cede palabra a la representante del Ministerio Público para que formule sus conclusiones. Estrictamente debe haber una censura del vicio, para ser planteado en casación, de lo contrario, el acto viciado se tendrá por subsanado. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Penal estima de manera definitiva que en el caso bajo examen se ha respetado la garantía del debido proceso, por ende, el derecho de defensa de los acusados y deviene la desestimación del recurso de casación por infracción de Precepto Constitucional. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por los Abogados R. E. H. V. y W. C. H. E., actuando en su condición de defensores públicos de los señores R. A. R. R. y M. de J. R. R.. Segundo: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de los señores R. A. R. R. y M. de J. R. R. por los delitos de Homicidio Simple y Homicidio Simple en su grado de ejecución de Tentativa en perjuicio de C. A. B. C. y J. A. B. L. respectivamente. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-90-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.