Sentencia CP-070-16 — Registro 9982
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por los delitos de Uso Indebido de Insignias y Uniformes Policiales y Portación Ilegal de Arma Prohibida , en perjuicio de la Fe Pública, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso. El Motivo es Parcialmente de Recibo. El Ministerio Público expone en su recurso que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en un vicio por falta de aplicación del artículo 332-A del Código Penal, dado que el imputado fue encontrado portando un arma de fuego, tipo pistola, calibre 3.80, color café, marca macarov, con serie ilegible, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibido su registro, pero esta Sala de Casación es del criterio que el arma de fuego que portaba el acusado no reúne las especificaciones y características propias de las armas de guerra o de combate que establece el artículo del Código Penal citado anteriormente, esto debido a que su potencial destructivo no es equivalente al de un arma de guerra, ya que no posee un diseño de alto impacto destructivo. Por esta razón, no puede atenderse positivamente el argumento recursivo del Ministerio Público. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de subsidiariedad que resuelve los casos de concurso de leyes (Artículo 2-A numeral 2 del Código Penal), se advierte que los hechos declarados probados se subsumen en un tipo penal que tiene igualmente como fin la protección de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, ya que al confrontar los hechos declarados probados de la sentencia con el contenido del artículo 332-B del Código Penal, se concluye que existe identidad entre uno y otro, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en el segundo, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Por lo anterior, no cabe duda de que el acusado es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso personal, pues portaba al momento de su captura, un arma de fuego , tipo pistola, calibre 3.80, color café, marca macarov, con serie ilegible, sin permiso de la autoridad competente; tal conducta, a criterio de esta la Sala de lo Penal, representa un peligro para la seguridad general o de la comunidad, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, o para causar la afectación de un bien jurídico protegido por la norma penal, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. Se desprende del fáctum de la sentencia, que el acusado fue requerido por dos agentes de policía, encontrándole en ese momento el arma de fuego supra mencionada en la presente sentencia, sin la autorización de la autoridad administrativa, ya que realizaban un patrullaje de rutina en la colonia sofoco del sector de monterrey, de la ciudad de Choloma, Departamento de Cortés, enmarcándose dicha acción, en los elementos objetivos y subjetivos, del tipo penal regulado en el artículo 332-B, ya que el imputado, J. G. D. G., como sujeto activo ejecuta uno de los verbos rectores establecidos en la norma penal, en el caso específico, el de poseer un arma, sin tener el permiso vigente expedido por la autoridad correspondiente, y como elemento subjetivo es evidente que realizó dicha acción con dolo, ya que de las circunstancias descritas en el hecho probado conducen a colegir objetivamente que la intencionalidad del acusado no era de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a extender la respectiva autorización. Por estas razones, deviene procedente declarar ha lugar parcialmente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, lo que no constituye violación al principio de no reforma peyorativa, pues el delito ahora observado no supera la expectativa punitiva del Ministerio Público..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 332-A (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-70-2016 por Infracción de Ley interpuesto contra la sentencia de fecha once de junio del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Primero: Absolvió al señor J. G. D. G., del delito de Uso Indebido de Insignias y Uniformes Policiales, en perjuicio de la Fe Pública. Segundo: Absolvió al señor J.G. D. G., del delito de Portación Ilegal de Arma Prohibida, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Tercero: Se ordenó el comiso, de un arma de fuego, tipo pistola, marca Makarov, sin serie color café y chaleco antibalas. No procede a condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. Interpuso recurso de casación el Abogado Freddy Joel Henríquez Padilla, en su condición de fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado S. C. A., en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y los Abogados A. A. G. A. y M. R. A. E., en su condición de defensores públicos del señor J. G. D. G., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del Juicio Oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara, expresa y terminantemente probados, los hechos siguientes: ÚNICO: El día jueves treinta y uno de octubre del dos mil trece a las doce y veinte minutos del mediodía, dos agentes policiales, uno de ellos, N. E. E., realizaban un patrullaje de rutina en una de las calles de la colonia El Sofoco del sector de Monterrey, Choloma, Cortés, cuando en las inmediaciones de una pila de agua, observaron a una persona que portaba un chaleco antibalas, por lo cual, lo requirieron para que se detuviera y al hacerlo, se identificó como J. G. D. G., encontrándole un arma de fuego, tipo pistola, calibre 3.80, color café, marca Makarov, con serie ilegible sin el permiso de la autoridad administrativa.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos El recurrente Abogado F. J. H. P., procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El A quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: ÚNICO: “El día jueves treinta y uno de octubre del dos mil trece, a las doce y veinte minutos del mediodía, dos agentes policiales, uno de ellos, N. E. E., realizaban un patrullaje de rutina en una de las calles de la colonia El Sofoco del sector de Monterrey, Choloma, Cortés, cuando en las inmediaciones de una pila de agua, observaron a una persona que portaba un chaleco antibalas, por lo cual lo requirieron para que se detuviera y al hacerlo, se identificó como J. G. D. G., encontrándole un arma de fuego, tipo pistola, calibre 3.80, color café, marca Macarov, con serie ilegible sin el permiso de la autoridad administrativa.” Del referido cuadro fáctico se desprende que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que el imputado fue encontrado en posesión ilegal de un arma de fuego, tipo calibre 3.80, color café, marca Macarov, con serie ilegible sin el permiso de la autoridad administrativa; sin embargo emite una sentencia absolutoria. El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps.5,000.00) a diez mil (Lps.10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado J. G. D. G., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un arma de fuego, tipo pistola, calibre 3.80. color café, marca Macarov, con serie ilegible; prohibida por la ley, el cual se subsume en la normativa Penal del artículo 332-A del Código Penal, en virtud que se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar, al prohibirse su inscripción en el Registro Nacional Balístico de Armas, ya que son fabricadas sin grabación de número de serie, nombre de la marca y nombre de la empresa responsable de su fabricación, así como por el país en la cual fue fabricada la misma, que es de origen ruso; lo que hace imposible su identificación en el sistema digital empleado para tal fin. En ese sentido debemos indicar que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y lo portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 del 17 de Febrero de 2013), y como hemos señalado las armas Macarov no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Otro aspecto importante, es que la acción por la cual el señor J. G. D. G. fue llevado a juicio, se circunscribió a la penalización de la posesión de un arma de fuego marca Macarov, que se encontraba en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, y que la misma es calibre 3.80; que es una munición comercial al venderse en la Armería. En este sentido debemos referir, que independientemente del tipo de munición utilizada en el arma Macarov, la misma jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, consecuentemente tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su tenencia, circunstancia que imposibilita que se pueda tornar de carácter comercial. Extremo que es admitido por el propio Tribunal en el apartado de fundamentación jurídica cuando indica que “Es menester, también mencionar, que si bien por su calibre y dimensión podría ser considerada arma comercial, ciertamente hemos de considerar que la autoridad administrativa en base al decreto 04-1995, no permite su registro, imposibilitando a sus poseedores el acceso a la titularidad de la misma y de esa manera no se con figura la Portación Ilegal de Arma Comercial, pues no es posible contar con la autorización correspondiente.”; sin embargo, el instrumento como el decomisado, jamás puede equipararse al tipo de armas que refiere el citado artículo” (refiriéndose al 332-B). Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma de fuego, tipo pistola, calibre 3.80, color café, marca Macarov, con serie ilegible, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibido su registro; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de casación por infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de carácter sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser observadas para la aplicación de la ley penal, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “…la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto” . Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o falta de aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el factum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Motivo Único *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-A del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación del artículo 332-A del Código Penal. *Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. Explicó el recurrente que, conforme a los hechos fijados por el tribunal quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado J. G. D. G., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un arma de fuego, tipo pistola, calibre 3.80, color café, marca macarov, con serie ilegible, prohibida por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-A del Código Penal, en virtud de que se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar, al prohibirse su inscripción en el Registro Nacional Balístico de Armas, ya que son fabricadas sin grabación de número de serie, nombre de marca y nombre de la empresa responsable de su fabricación, así como por el país en el cual fue fabricada la misma, que es de origen ruso, lo que hace imposible su identificación en el sistema digital empleado para tal fin. De la Clasificación de las Armas de Fuego (Lícitas e Ilícitas, de Guerra o de Uso Personal). Se ha podido constatar por parte de esta Sala de lo Penal, la división de criterios en cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte, compra y venta de armas de fabricación casera; así pues, en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el Artículo 332-B. Sin embargo, tal dilema ya ha sido resuelto por esta Sala de lo Penal, en los fallos No. 336-2015 No. 409-2015 y No. 473-2015, todos del 28 de julio de 2016, fijando doctrina legal al respecto. Recordemos que la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, exceptuando las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y, además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “fabricación ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, transportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala que debe entenderse o cuales son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez, algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y, son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal. Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita. Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al campo del derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven en nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber: 1) Armas de Guerra: El artículo 332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben de ser consideradas de Guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente, debemos de remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación; además a la Convención Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo Sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrial (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanal (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). 2) Armas de uso personal: El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo, al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), siendo éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador y al que debemos ceñirnos. Señala el tipo penal en cuestión: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a qué ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de fabricación casera o artesanal) y 5 (Armas de fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: *Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; *Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; *Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: *No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o *Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Elementos Objetivos y Subjetivos del Tipo Penal de Portación Ilegal de Arma de Uso Personal. Entre los delitos que protegen la Seguridad Interior del Estado de Honduras encontramos el tipificado en el artículo 332-B del Código Penal que contiene el delito de Portación Ilegal de Arma de Uso Personal, constituyendo los elementos objetivos de dicho tipo penal los siguientes: 1. Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna; 2. Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como garante y responsable de la Seguridad Interior. 3. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en: fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar armas o municiones del país de forma lícita (a través del control aduanero) o ilícita; 4. Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica: a. La ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; b. Que el arma de fuego tenga la condición de tal, es decir, que consista en algún artefacto o dispositivo construido industrialmente o artesanalmente que permita lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora; c. Que el arma sea de aquellas consideradas de uso personal licito o de aquellas que son consideradas ilícitas. Como elemento subjetivo, el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos respecto a un arma de fuego o munición permitido, sin el permiso de la autoridad competente, o bien en relación a un arma o munición de las que son consideradas prohibidas, de las cuales no es posible obtener el respectivo permiso de la autoridad competente, además que tenga la voluntad de realizar cualquiera de dichos verbos rectores. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es Parcialmente de Recibo. El Ministerio Público expone en su recurso que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en un vicio por falta de aplicación del artículo 332-A del Código Penal, dado que el imputado fue encontrado portando un arma de fuego, tipo pistola, calibre 3.80, color café, marca macarov, con serie ilegible, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibido su registro, pero esta Sala de Casación es del criterio que el arma de fuego que portaba el acusado no reúne las especificaciones y características propias de las armas de guerra o de combate que establece el artículo del Código Penal citado anteriormente, esto debido a que su potencial destructivo no es equivalente al de un arma de guerra, ya que no posee un diseño de alto impacto destructivo. Por esta razón, no puede atenderse positivamente el argumento recursivo del Ministerio Público. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de subsidiariedad que resuelve los casos de concurso de leyes (Artículo 2-A numeral 2 del Código Penal), se advierte que los hechos declarados probados se subsumen en un tipo penal que tiene igualmente como fin la protección de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, ya que al confrontar los hechos declarados probados de la sentencia con el contenido del artículo 332-B del Código Penal, se concluye que existe identidad entre uno y otro, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en el segundo, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Por lo anterior, no cabe duda de que el acusado es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso personal, pues portaba al momento de su captura, un arma de fuego , tipo pistola, calibre 3.80, color café, marca macarov, con serie ilegible, sin permiso de la autoridad competente; tal conducta, a criterio de esta la Sala de lo Penal, representa un peligro para la seguridad general o de la comunidad, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, o para causar la afectación de un bien jurídico protegido por la norma penal, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. Se desprende del fáctum de la sentencia, que el acusado fue requerido por dos agentes de policía, encontrándole en ese momento el arma de fuego supra mencionada en la presente sentencia, sin la autorización de la autoridad administrativa, ya que realizaban un patrullaje de rutina en la colonia sofoco del sector de monterrey, de la ciudad de Choloma, Departamento de Cortés, enmarcándose dicha acción, en los elementos objetivos y subjetivos, del tipo penal regulado en el artículo 332-B, ya que el imputado, J. G. D. G., como sujeto activo ejecuta uno de los verbos rectores establecidos en la norma penal, en el caso específico, el de poseer un arma, sin tener el permiso vigente expedido por la autoridad correspondiente, y como elemento subjetivo es evidente que realizó dicha acción con dolo, ya que de las circunstancias descritas en el hecho probado conducen a colegir objetivamente que la intencionalidad del acusado no era de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a extender la respectiva autorización. Por estas razones, deviene procedente declarar ha lugar parcialmente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, lo que no constituye violación al principio de no reforma peyorativa, pues el delito ahora observado no supera la expectativa punitiva del Ministerio Público. DECISIÓN. Se declara ha lugar parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 332-A, 332-B, del Código Penal; 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara Ha Lugar Parcialmente el recurso de casación por infracción de ley, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público; Segundo: Casa la sentencia de fecha once de junio de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, únicamente en relación a los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva; en consecuencia, revoca dichos numerales, quedando incólumes sus demás numerales: primero, cuarto, quinto y sexto. Tercero: Se debe condenar y se condena al señor J. G. D. G., de generales conocidas en autos, como autor responsable de un delito consumado de portación ilegal de arma de fuego de uso personal en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndole la pena principal de tres años de reclusión, debiendo abonarse a su favor el tiempo que ya haya estado en efectiva prisión; pena que deberá cumplir en el Centro Penitenciario de Támara, Departamento de Francisco Morazán, sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario atendiendo razones de seguridad, tratamiento progresivo o de conveniencia administrativa penitenciaria; asimismo, se condena al señor J. G. D. G., a las penas accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Especial, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, así como la obligación del ahora condenado a trabajar dentro del establecimiento penitenciario o en obras públicas bajo la dirección de éste, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, conforme las regulaciones contenidas en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y su reglamento respectivo; finalmente, se declara la responsabilidad civil del condenado, la cual deberá ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia por la víctima del delito, que en este caso es el Estado de Honduras. Se declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal en relación al pronunciamiento condenatorio emitido y, librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para el debido registro del antecedente penal del señor J. G. D. G.. (Artículo 06 del Código Procesal Penal). Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-70-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL