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Sentencia CP-07-17 — Registro 17537

Resumen

En primera instancia se declararon a los menores como autores del delito de Asesinato y imponiendo la sanción de la medida de Internamiento por el término de seis años, que cumplirán en el Complejo Pedagógico el Carmen y dos años de libertad asistida y resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa pública. Único Motivo. *Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículos 82 y 90 en relación con el artículo 16 de la Constitución de la República, con el artículo 8 numeral 2 inciso f de la Convención Americana de Derechos Humanos; 40.2.b.iv de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; 1 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Violación al derecho de defensa y al debido proceso. *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. *Pretensión: Que sea declarado ha lugar el presente recurso y se dicte una sentencia absolutoria Establece la recurrente que el tribunal sentenciador quebranto los fundamentales derechos de defensa y debido proceso de los menores, ya que el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron los principios de oralidad, contradicción e inmediación, como es las declaraciones de los testigos protegidos claves “G-03” y “Z-07” (ocultos y con identidades reservadas), las cuales no fueron rendidas en juicio oral y público, sino en audiencias previas e introducidas a él mediante lecturas y las mismas que no cuentan con corroboradores periféricos que las respalden y por tanto insuficientes para dictar un fallo condenatorio. Del Derecho de Defensa. Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional. La inobservancia de las normas procesales penales provoca indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos: La parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado/a en defensa de los intereses individuales; Como consecuencia cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el Órgano Jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de peticionar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. El Derecho de defensa para el procesado, es el derecho que sirve para contradecir la acusación y proteger su derecho a la libertad, que se ve amenazada por causa del proceso penal. De tal suerte que frente al derecho a la acusación, al ejercicio de la acción penal (derecho a obtener la tutela judicial efectiva), cuyos titulares son las partes acusadoras, el ordenamiento jurídico inevitablemente ha de reconocer un derecho de signo contrario: el derecho del sujeto pasivo, del acusado o del imputado, a repeler la acusación y a obtener también la tutela efectiva por medio de una adecuada defensa, todo ello enmarcado en el respeto a las formas procesales necesarias para el adecuado equilibrio de los derechos de las partes. Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido Proceso, invocada por el recurrente, como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez/a predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad e independencia del juez/a; v.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- a la igualdad de armas procesales; vii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- a una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del Recurso de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso es de recibo. Argumenta la recurrente que el juzgador ha violado el artículo 82 y 90 Constitucional, referente al derecho de defensa y debido proceso ya que el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron los principios de oralidad, contradicción e inmediación, como es las declaraciones de los testigos protegidos claves “G-03” y “Z-07” (ocultos y con identidades reservadas), las cuales no fueron rendidas en juicio oral y público, sino en audiencias previas e introducidas a él mediante lecturas y las mismas que no cuentan con corroboradores periféricos que las respalden y por tanto insuficientes para dictar un fallo condenatorio. Es importante establecer que la recurrente refiere en su escrito la declaración del testigo protegido con clave “G-03” sin embargo, constata esta sala que el testigo fue denominado como “J-03” en la solicitud planteada por el Ministerio Publico, la resolución judicial que admite la prueba anticipada y en la sentencia, mencionándolo como G03 en el acta de prueba anticipada, en dos audiencias de vinculación y en el acta de debate. Indica la recurrente que los testigos de cargo identificados como Testigos Protegidos “J-03” y “Z-07, no asistieron a la audiencia de debate. Afirma que, con ello, se ha vulnerado el derecho al debido proceso, pues el Juzgador valoró las declaraciones de los dos testigos protegidos, que se evacuaron mediante lectura por tratarse de pruebas anticipadas. Esta Sala de lo Penal, aprecia que las declaraciones de los testigos protegidos “J-03” y “Z-07, se originan con la audiencia de declaración de testigos protegidos bajo las formalidades de prueba anticipada (F89 a F91), en la que estuvo presente la representación del Ministerio Público, así como la ahora recurrente, actuando en aquel momento como Defensora Pública, en consecuencia, ambos testigos fueron sometidos al interrogatorio por cada una de ellas. Posteriormente se constata que en las audiencias de vinculación (F111 a F117), (F134 a F139), (F148 a F153), el Ministerio Público propuso como prueba testifical la declaración de los testigos protegidos “J-03” y “Z-07, las cuales se realizaron con la formalidad de prueba anticipada y solicitó que se introdujeran mediante lectura, constando en las respectivas actas que no existió oposición por parte de la defensa. Finalmente, en el acta de debate (F218 y F236) consta que la defensa letrada del acusado no se opuso a la incorporación de las declaraciones testificales rendidas con las formalidades de prueba anticipada y que únicamente solicitó la lectura del acta de diligencia policial presentada por el Ministerio Público para conocer los motivos por los cuales los testigos protegidos no comparecían a la audiencia de debate, de modo que no existe una oposición ni expresa ni tácita de la defensa con relación a la evacuación de tales medios de prueba, tampoco tomó ninguna acción con respecto a la resolución del A quo que admitía la evacuación de la prueba. La recurrente también establece que se ha vulnerado el derecho de defensa en cuanto a los testigos protegidos claves “J-03” y “Z-07, ya que se condenó a los menores con las declaraciones de testigos protegidos con identidades reservadas, ya que la ocultación de la identidad del testigo es un obstáculo, que impide el ejercicio de un verdadero examen a los testigos, además que dichas declaraciones no cuentan con corroboradores periféricos que la respalden. En este sentido aprecia esta Sala de lo Penal, señalando como antecedente que en auto motivado de fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, folio 22 a folio 24 (del expediente de mérito y a petición del Ministerio Público, el que solicitó se rindiera declaración testifical de dos personas con las formalidades de prueba anticipada, a la cual el juez de garantías le dio la calidad de testigos protegidos, dándole la protección establecida en el artículo 237 del Código Procesal Penal, la Audiencia de prueba anticipada (F89 a F91) se llevó a cabo en fecha 16 de marzo de 2016, con la presencia de la fiscal del Ministerio Público, quién hizo uso del interrogatorio y de la defensa pública a quién hizo uso también del interrogatorio a estos testigos protegidos, constatando esta Sala de lo Penal que dichas declaraciones fueron evacuadas siguiendo todas las formalidades establecidas por la norma procesal y teniendo la oportunidad la defensa de realizar su interrogatorio de manera directa en aplicación de los principios de inmediatez, concentración y contradicción, así mismo respetando lo dispuesto en el artículo 237 y 277 del Código Procesal Penal. Ante la aseveración del recurrente de que el Tribunal Sentenciador llegó a la certeza que los acusados son culpables del delito de asesinato, basado únicamente en la declaración del testigo protegido, resulta necesario referirse a la valoración conjunta de la prueba que hace el A quo; de tal manera que a folio 268 vuelto, se encuentra la valoración desarrollada por el sentenciador, mediante la cual valora la declaración testifical de los testigos protegidos J03 y Z07 el cual fue introducido mediante lectura autorizada, manifestando los testigos en su momento que ubican la muerte del señor Franklin Eduardo Alonso López, cuando él se encontraba sentado en la pulpería de nombre Francisco, cuando fue interceptado por tres jóvenes que dispararon sobre la humanidad del señor referido, disparándole en la cabeza, y el estómago e identificando a los jóvenes encausados, dando características físicas y señalando las características de los infractores como vestían al momento de los hechos , testigos que manifiestan que ellos los miraron cuando los tres menores dispararon en contra de la humanidad del señor Franklin Eduardo Alonso López, inclusive manifiesta el testigo protegido clave Z07, que el joven G. A. V. G, al ver que el señor Franklin aún quedaba con vida se regresó y le vuelve a disparar. Con las declaraciones recibidas en su momento de los testigos protegidos han aportado información que indica que los jóvenes acusados dispararon contra la humanidad del ofendido y que posteriormente salieron corriendo de la zona; también se presentó como prueba de cargo el Dictamen Médico Forense, presentado como prueba documental el dictamen de autopsia AT-2016-249, realizado por el perito oficial del Ministerio Público en el que establece la causa de la muerte por ex sanguinación (pérdida masiva de sangre de adentro hacia afuera del cuerpo), encontrándole tres(3) heridas producidas por proyectil de arma de fuego, manera de muerte: homicida, con la cual debidamente la muerte real del señor Franklin Eduardo Alonso López, documento a la cual se le dio el valor correspondiente. En cuanto a la prueba de descargo en lo que concierne a las tres declaraciones testificales, el Tribunal A quo las valoró estableciendo que los mismos llegaron a declarar a favor de los menores de edad, tienen algún tipo de relación con ellos y las declaraciones no fueron convincentes y no lograron desvincular de la escena del crimen a los encausados, en virtud de existir inconsistencias en sus declaraciones. Esta Sala de lo Penal aprecia que no es correcto el planteamiento de la censora cuando afirma que la sentencia condenatoria, es fundamentada por el A quo, solamente en base al testimonio de los testigos protegidos J03 y Z07, pues se comprueba que la sentencia se ha basado en la valoración individual y conjunta de la prueba de cargo, y que tales pruebas, fueron incorporadas y valoradas en el proceso conforme a las normas y garantías constitucionales y procesales necesarias para su validez. Además, aprecia esta Sala que las mismas son congruentes, concordantes, inequívocas y además suficientes para quebrantar el estado de inocencia, habiendo tenido la defensa acceso a todas las oportunidades procesales para ejercer una adecuada y equilibrada defensa técnica, en razón de lo cual no se observa la infracción de precepto constitucional alguno. En resumen, la Defensa Pública no hizo denuncia u oposición por la naturaleza y extensión de la medida de protección a los testigos J03 y Z07, siendo hasta el momento de presentar el Recurso de Casación el momento en que alega que la medida de protección al testigo le ha causado al acusado violación al debido proceso y al derecho de defensa, denuncia que no es atendible por las siguientes razones: *Por forma: 1.- Siendo un defecto de forma, la recurrente debió haber señalado en su escrito de interposición cuales fueron las impugnaciones y -entre éstas- los recursos, interpuestos para subsanar el defecto que ahora se alega en casación (Art. 363 tercer párrafo CPP); es claro para esta Sala de Justicia que la omisión a tal requisito de interposición es porque la recurrente no realizó impugnación alguna en contra el defecto que ahora se alega; ii.- La denuncia del supuesto vicio es de carácter extemporáneo, habiendo sido subsanado por no haberse alegado en los múltiples momentos procesales en donde se tuvo la oportunidad de hacerlo (Art. 170 CPP); y *Por fondo: i.- El argumento es de carácter abstracto al no señalar cual es el perjuicio concreto causado, ya que la mera alegación de violación no es suficiente, requiriéndose comprobación material de su existencia.- En el estudio de la causa, y limitada la Sala de lo Penal a lo que arroja el expediente judicial, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues la Defensa Pública no se vio limitada en su contradictorio por la reserva de identidad del testigo, y que fue víctima del delito de asesinato por parte de los tres menores; ii.- La declaración de los testigos protegidos J03 y Z07 que fueron tomadas como prueba anticipada y evacuada mediante lectura autorizada, se vio corroborada entre si y la que fue acompañada de otro medio de prueba como la prueba documental como es el dictamen médico forense de autopsia n° AT-2016-249, que en conjunto lograron el convencimiento del Tribunal de Sentencia respecto a la participación de los menores infractores en los hechos. Por lo anterior, se concluye que en el presente caso, no se ha infringido el principio del Derecho de Defensa, consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República, sin embargo y a pesar de no ser procedente el motivo por las causas invocadas por la censora, esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis de la sentencia, logrando determinar que existe un error de carácter procesal en cuanto a la individualización de los menores en los hechos probados, error que está sujeto a la anulabilidad de la sentencia por este yerro cometido por el juez sentenciador. Como se ha establecido anteriormente el Principio del Debido Proceso Legal, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, es uno de los pilares del derecho procesal penal, es cual está destinado a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero además supone un que éste juez o jueza no sólo respete las formas procesales, sino que reproduzca en cada una de ellas, los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte. De este modo el Principio del Debido Proceso, como parte de los principios informadores del derecho procesal penal está encaminado a establecer las reglas mínimas de juzgamiento. Y es precisamente una de estas reglas de procedimiento la contenida en el artículo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, en el que se establece que “la declaración de hechos probados se hará expresa y terminante, y se describirán con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”. De aquí la imperiosa necesidad de que los hechos probados estén revestidos de claridad suficiente, incluyendo no sólo la descripción de la conducta, sino la identificación clara y precisa de las personas que de acuerdo al convencimiento del juzgado han participado en los hechos, de modo que al mencionar los alias de las personas llamadas a juicio y no precisar el nombre de las mismas, se está dejando un vacío que supone la invalidez del fallo. Tratándose de un error procesal, que pudo ser evitado con el cuidado más elemental del juzgador, resulta necesario realizar un enérgico llamado de atención, por tratarse de un error en un aspecto básico como es la individualización e identificación de los acusados, quienes no obstante ser referidos por sus alias en las declaraciones testificales, deben ser claramente individualizados en la conducta descrita en el hecho probado, a efecto de evitar una falta de precisión en los mismos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 07-2017 por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha trece de octubre del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Primero: Declaró a los menores G. A. V. G, F. H. G. G. y L. A. Z. S., autores del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Franklin Eduardo Alonzo López a la sanción de la medida de Internamiento por el término de seis años, que cumplirán en el Complejo Pedagógico el Carmen y dos años de libertad asistida. SON PARTES: Los Abogados Mario Reniery Amador y Alba Regina Paniagua, en su condición de defensores públicos de los menores G. A. V. G, F. H. G. G. y L. A. Z. S., como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “Conocida la prueba de cargo y descargo evacuada durante el proceso consistente en prueba Documental, Testifical y Pericial valorada de acuerdo a los criterios de la sana crítica, la Suscrita Juez declara expresa y terminantemente probado los hechos siguientes: PRIMERO: Que el día once de febrero del dos mil dieciséis, aproximadamente a las siete de la noche, perdió la vida el señor Franklin Eduardo Alonso López, quien se encontraba en un lugar denominado Barrio Las Colinas, sentado frente a una Pulpería propiedad del señor Francisco, en eso se acercaron tres jóvenes de sexo masculino quienes son conocidos con el Alias de . L. y F., los cuales al tenerlos al frente sacaron de sus cinturas Armas de Fuego y sin mediar palabra alguna comenzaron a disparar en contra de la humanidad del señor Franklin Eduardo Alonso López; saliendo los tres en veloz carrera con dirección a la terminal de buses de la Colonia el Reparto por Bajo; pero al verlo con vida se regresó “c.” y le volvió a disparar rematando al señor Franklin Eduardo Alonso López. SEGUNDO: Que los hechos relacionados son típicos de la infracción penal tipificado como Delito de Asesinato que lo establece el artículo 117 del Código Penal Vigente. TERCERO: Con el dictamen Médico Forense acreditado en el expediente de mérito, constituye por sí solo elemento de prueba capaz de acreditar la existencia del hecho; las heridas que ocasionaron la muerte del señor Franklin Eduardo Alonso López, fueron provocadas por arma de fuego, quien presentaba lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego y cuya manera de muerte desde el punto de vista médico legal es Homicida. CUARTO: Que, con las declaraciones de los testigos protegidos, que se encontraban en el lugar de los hechos, quienes pudieron percibir con sus propios sentidos el desarrollo de los acontecimientos y constituyen elemento de prueba directos y capaz por sí solo y dejar debidamente acreditada la autoría de los jóvenes encausados. QUINTO: Que la víctima de la infracción penal de Asesinato fue identificada como: Franklin Eduardo Alonso López, residente en el Barrio las Colinas de la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Claudia Anabelle Pereira Flores, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO ÚNICO: Aplicación indebida del artículo 117 en relación al 32 ambos del Código Penal; autoriza la interposición del presente motivo de casación el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: La declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia penal y en ellos el Juzgador describe las conductas que pueden o no ser calificadas como delitos; de esa realidad concreta se extraen las consecuencias penalmente relevantes, entre estas, la adecuación o no de ese cuadro fáctico al presupuesto normativo que se supone infringido. Por tal razón en ellos el Juzgador debe consignar una descripción completa, concreta, clara y suficiente del acontecimiento histórico que se tiene por acreditado, explicando los modos de conductas con relevancia penal observadas por las personas que intervinieron en los mismos, ello responde a una exigencia de seguridad jurídica, pues solo de esa manera las partes pueden ejercer control sobre la actividad jurisdiccional al momento de fallar. SEGUNDO: En el presente caso el Juzgador terminantemente declaró como HECHO PROBADO lo siguiente: “PRIMERO: Que el día once de febrero del dos mil dieciséis, aproximadamente a las siete de la noche, perdió la vida el señor Franklin Eduardo Alonso López, quien se encontraba en un lugar denominado Barrio Las Colinas, sentado frente a una Pulpería propiedad del señor Francisco, en eso se acercaron tres jóvenes de sexo masculino quienes son conocidos con el Alias de C., L. y F., los cuales al tenerlo al frente sacaron de sus cinturas armas de Fuego y sin mediar palabra alguna comenzaron a disparar en contra de la humanidad del señor Franklin Eduardo Alonso López; saliendo los tres en veloz carrera con dirección a la Terminal de buses de la Colonia el Reparto por Bajo; pero al verlo con vida se regresó “c.” y le volvió a disparar rematando al señor Franklin Eduardo Alonso López.” TERCERO: El transcrito hecho probado (el subrayado es nuestro) fue calificado por el Juzgador como constitutivo del delito de ASESINATO en perjuicio de FRANKLIN EDUARDO ALONZO LOPEZ según lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal y declaró responsables del mismo a los menores G. A. V. G, F. H. G. G. y L. A. Z. S.. CUARTO: Al analizar el referido hecho probado, a la luz de las exigencias antes señaladas, con absoluto respeto al principio de legalidad y confrontarlo con lo dispuesto en los artículos 32 y 117 del Código Penal, fácilmente puede apreciarse que en el indicado cuadro fáctico, si bien se describe el acontecimiento violento que terminó con la vida del ofendido, pero el mismo no es expresamente atribuido a los menores G. A. V. G, F. H. G. G. y L. A. Z. S., pues, según el hecho probado, el suceso violento fue ejecutado por personas a quienes solo se las señala con apodos, lo que genera un mar de incertidumbre respecto a su verdadera identidad, por tal razón condenar a los menores G. A. V. G, F. H. G. G. y L. A. Z. S. como responsables del delito de ASESINATO en tales condiciones implica una violación de ley por aplicación indebida del artículo 117 en relación al 32 ambos del Código Penal, además de un quebranto al fundamental derecho a la presunción de inocencia y al principio de legalidad que les ampara, vicio que deberá ser subsanado por parte de ese más alto Tribunal de justicia. APLICACIÓN PRETENDIDA Con la interposición del presente motivo de casación pretendemos se analice detenidamente el hecho probado del fallo recurrido y una vez comprobado que en la descripción del mismo a los menores G. A. V. G, F. H. G. G. y L. A. Z. S., expresamente no se les atribuye participación, a ningún título, pues en ellos ni siquiera se mencionan sus nombres y consecuentemente se declare la aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal, decretando la absolución de los menores G. A. V. G, F. H. G. G. y L. A. Z. S..” IV.- “Continúa manifestando la Recurrente en su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 (DERECHO DE DEFENSA y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 16 de la misma Constitución de la República; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 40.2.b.iv de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; 1 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Juzgador, entre otras disposiciones señalan que: 1) El derecho de defensa es inviolable; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal; 3)Durante el proceso, toda persona inculpada de delito tiene derecho, en plena igualdad, a interrogar a los testigos presentes en el tribunal. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra de los menores G. A. V. G, F. H. G. G. y L. A. Z. S. por el delito de ASESINATO en perjuicio de FRANKLIN EDUARDO ALONZO LÓPEZ infringe gravemente los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso que les asisten a los imputados por mandato constitucional, porque dicho fallo condenatorio está basado en pruebas en cuya evacuación no se observaron los principios de oralidad, contradicción e inmediación. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se evacuó como prueba decisiva de cargo las declaraciones de los testigos PROTEGIDOS CLAVES “G-03” y “Z-07” con las que el Juzgador declaró la responsabilidad de los menores G. A. V. G, F. H. G. G. y L. A. Z. S., en la producción de la muerte violenta del señor FRANKLIN EDUARDO ALONZO LÓPEZ. CUARTO: El vicio que denunciamos se produce, porque la acreditación de la participación de los referidos menores en el hecho ilícito a ellos atribuido, no está respalda por prueba suficientemente apta para sustentarla, ya que, la prueba de cargo está constituida, decisivamente, por las declaraciones de los testigos PROTEGIDOS CLAVES “G-03” y “Z-07”, prueba que resulta limitada porque no cuentan con corroboradores periféricos que la respalden, además las mencionadas declaraciones no fueron rendida en el juicio oral, sino en audiencias previas e introducidas a él mediante lecturas, falencias agravadas por la condición de testigos protegidos (ocultos y con identidades reservadas) que impiden el ejercicio de un verdadero examen a los testigos respecto a posibles intereses ilegítimos de los declarantes, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción, el cual implica el derecho de los inculpados de examinar a los testigos de cargo en iguales condiciones que las que detenta el ente acusador, pero la no comparecencia a juicio y el desconocimiento de la identidad de los decisivos testigos por parte de los imputados los dejó, a ellos y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa y debido proceso. QUINTO: En las condiciones antes referidas y sin que se hubieren enmendado los errores procesales oportunamente denunciados, la decisión de condena del Juzgador quebranta los fundamentales derechos de defensa y debido proceso de los menores G. A. V. G, F. H. G. G. y L. A. Z. S., porque lo declarado probado en el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron plenamente los principios procesales de oralidad, contradicción e inmediación, ya que, como reiteradamente lo hemos dicho, la prueba básica en la que se sustenta el fallo de condena son las declaraciones de los testigos PROTEGIDOS CLAVES “G-03” y “Z-07” (testigos ocultos y con identidades reservadas), mismas que no cuenta con corroboradores periféricos que las respalden y por tanto insuficientes para justificar, válidamente, un fallo de condena. SEXTO: La decisión de condena, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en los artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 40.2.b.iv de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, porque a los menores G. A. V. G, F. H. G. G. y L. A. Z. S. se les condenó sobre la base de declaraciones de testigos protegidos (ocultos y con identidades reservadas) y ello, por sí solo, es violatorio del derecho de defensa tal como lo reconocen tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes en relación a ello reiteradamente han resuelto que: “Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución… b)…, la condena penal del señor Pichón Paillalao ….estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el “testigo protegido N° 1”), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un conocimiento indirecto.... Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada, lo que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 82h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao’. Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile. Reparación y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014, párr. 247, 251 y 252[1]. “... este Tribunal considera que tanto el contenido como la amplitud de las preguntas formuladas por la defensa fue restringido considerablemente por la decisión del Tribunal de mantener en anonimato la identidad del declarante. En tanto que la defensa desconozca la identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él o ella no es confiable, es hostil o se encuentra viciado de prejuicios”. Caso KOSTOVSKI Vs PAISES BAJOS, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Pleno). Sentencia Final, 20 de noviembre de 1989, párr. 42. SÉPTIMO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso antes referido, declara que es deber estatal el garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el de el señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los menores G. A. V. G, F. H. G. G. y L. A. Z. S., porque a ellos se les condenó con base en las declaraciones de TESTIGOS PROTEGIDOS (ocultos y con identidades reservadas) frente a quienes, por esa condición de protegidos y no presentes en el juicio, la defensa no tuvo la oportunidad de realizarles un verdadero contra examen y, si bien en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, pero los mismos no alcanzaban para justificar un fallo condenatorio, lo contrario implica un quebranto a los fundamentales derechos de los imputados y tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014, una condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada, por lo que siendo ese el caso, lo que legítimamente corresponde, en armonía con lo dispuesto en la Convención Americana sobre derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño, es el dictado de un fallo absolutorio a favor de los menores G. A. V. G, F. H. G. G. y L. A. Z. S..” FUNDAMENTACION JURIDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. En base a la supremacía constitucional debe darse prevalencia al análisis de las garantías fundamentales que de acuerdo a la pretensora fueron violentadas en la sentencia anunciada; como consecuencia y resaltando el orden de prelación constitucional se da respuesta en primera instancia a este motivo. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa pública. Único Motivo. *Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículos 82 y 90 en relación con el artículo 16 de la Constitución de la República, con el artículo 8 numeral 2 inciso f de la Convención Americana de Derechos Humanos; 40.2.b.iv de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; 1 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Violación al derecho de defensa y al debido proceso. *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. *Pretensión: Que sea declarado ha lugar el presente recurso y se dicte una sentencia absolutoria Establece la recurrente que el tribunal sentenciador quebranto los fundamentales derechos de defensa y debido proceso de los menores, ya que el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron los principios de oralidad, contradicción e inmediación, como es las declaraciones de los testigos protegidos claves “G-03” y “Z-07” (ocultos y con identidades reservadas), las cuales no fueron rendidas en juicio oral y público, sino en audiencias previas e introducidas a él mediante lecturas y las mismas que no cuentan con corroboradores periféricos que las respalden y por tanto insuficientes para dictar un fallo condenatorio. Del Derecho de Defensa. Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional. La inobservancia de las normas procesales penales provoca indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos: La parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado/a en defensa de los intereses individuales; Como consecuencia cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el Órgano Jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de peticionar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. El Derecho de defensa para el procesado, es el derecho que sirve para contradecir la acusación y proteger su derecho a la libertad, que se ve amenazada por causa del proceso penal. De tal suerte que frente al derecho a la acusación, al ejercicio de la acción penal (derecho a obtener la tutela judicial efectiva), cuyos titulares son las partes acusadoras, el ordenamiento jurídico inevitablemente ha de reconocer un derecho de signo contrario: el derecho del sujeto pasivo, del acusado o del imputado, a repeler la acusación y a obtener también la tutela efectiva por medio de una adecuada defensa, todo ello enmarcado en el respeto a las formas procesales necesarias para el adecuado equilibrio de los derechos de las partes. Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido Proceso, invocada por el recurrente, como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez/a predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad e independencia del juez/a; v.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- a la igualdad de armas procesales; vii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- a una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del Recurso de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso es de recibo. Argumenta la recurrente que el juzgador ha violado el artículo 82 y 90 Constitucional, referente al derecho de defensa y debido proceso ya que el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron los principios de oralidad, contradicción e inmediación, como es las declaraciones de los testigos protegidos claves “G-03” y “Z-07” (ocultos y con identidades reservadas), las cuales no fueron rendidas en juicio oral y público, sino en audiencias previas e introducidas a él mediante lecturas y las mismas que no cuentan con corroboradores periféricos que las respalden y por tanto insuficientes para dictar un fallo condenatorio. Es importante establecer que la recurrente refiere en su escrito la declaración del testigo protegido con clave “G-03” sin embargo, constata esta sala que el testigo fue denominado como “J-03” en la solicitud planteada por el Ministerio Publico, la resolución judicial que admite la prueba anticipada y en la sentencia, mencionándolo como G03 en el acta de prueba anticipada, en dos audiencias de vinculación y en el acta de debate. Indica la recurrente que los testigos de cargo identificados como Testigos Protegidos “J-03” y “Z-07, no asistieron a la audiencia de debate. Afirma que, con ello, se ha vulnerado el derecho al debido proceso, pues el Juzgador valoró las declaraciones de los dos testigos protegidos, que se evacuaron mediante lectura por tratarse de pruebas anticipadas. Esta Sala de lo Penal, aprecia que las declaraciones de los testigos protegidos “J-03” y “Z-07, se originan con la audiencia de declaración de testigos protegidos bajo las formalidades de prueba anticipada (F89 a F91), en la que estuvo presente la representación del Ministerio Público, así como la ahora recurrente, actuando en aquel momento como Defensora Pública, en consecuencia, ambos testigos fueron sometidos al interrogatorio por cada una de ellas. Posteriormente se constata que en las audiencias de vinculación (F111 a F117), (F134 a F139), (F148 a F153), el Ministerio Público propuso como prueba testifical la declaración de los testigos protegidos “J-03” y “Z-07, las cuales se realizaron con la formalidad de prueba anticipada y solicitó que se introdujeran mediante lectura, constando en las respectivas actas que no existió oposición por parte de la defensa. Finalmente, en el acta de debate (F218 y F236) consta que la defensa letrada del acusado no se opuso a la incorporación de las declaraciones testificales rendidas con las formalidades de prueba anticipada y que únicamente solicitó la lectura del acta de diligencia policial presentada por el Ministerio Público para conocer los motivos por los cuales los testigos protegidos no comparecían a la audiencia de debate, de modo que no existe una oposición ni expresa ni tácita de la defensa con relación a la evacuación de tales medios de prueba, tampoco tomó ninguna acción con respecto a la resolución del A quo que admitía la evacuación de la prueba. La recurrente también establece que se ha vulnerado el derecho de defensa en cuanto a los testigos protegidos claves “J-03” y “Z-07, ya que se condenó a los menores con las declaraciones de testigos protegidos con identidades reservadas, ya que la ocultación de la identidad del testigo es un obstáculo, que impide el ejercicio de un verdadero examen a los testigos, además que dichas declaraciones no cuentan con corroboradores periféricos que la respalden. En este sentido aprecia esta Sala de lo Penal, señalando como antecedente que en auto motivado de fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, folio 22 a folio 24 (del expediente de mérito y a petición del Ministerio Público, el que solicitó se rindiera declaración testifical de dos personas con las formalidades de prueba anticipada, a la cual el juez de garantías le dio la calidad de testigos protegidos, dándole la protección establecida en el artículo 237 del Código Procesal Penal, la Audiencia de prueba anticipada (F89 a F91) se llevó a cabo en fecha 16 de marzo de 2016, con la presencia de la fiscal del Ministerio Público, quién hizo uso del interrogatorio y de la defensa pública a quién hizo uso también del interrogatorio a estos testigos protegidos, constatando esta Sala de lo Penal que dichas declaraciones fueron evacuadas siguiendo todas las formalidades establecidas por la norma procesal y teniendo la oportunidad la defensa de realizar su interrogatorio de manera directa en aplicación de los principios de inmediatez, concentración y contradicción, así mismo respetando lo dispuesto en el artículo 237 y 277 del Código Procesal Penal. Ante la aseveración del recurrente de que el Tribunal Sentenciador llegó a la certeza que los acusados son culpables del delito de asesinato, basado únicamente en la declaración del testigo protegido, resulta necesario referirse a la valoración conjunta de la prueba que hace el A quo; de tal manera que a folio 268 vuelto, se encuentra la valoración desarrollada por el sentenciador, mediante la cual valora la declaración testifical de los testigos protegidos J03 y Z07 el cual fue introducido mediante lectura autorizada, manifestando los testigos en su momento que ubican la muerte del señor Franklin Eduardo Alonso López, cuando él se encontraba sentado en la pulpería de nombre Francisco, cuando fue interceptado por tres jóvenes que dispararon sobre la humanidad del señor referido, disparándole en la cabeza, y el estómago e identificando a los jóvenes encausados, dando características físicas y señalando las características de los infractores como vestían al momento de los hechos , testigos que manifiestan que ellos los miraron cuando los tres menores dispararon en contra de la humanidad del señor Franklin Eduardo Alonso López, inclusive manifiesta el testigo protegido clave Z07, que el joven G. A. V. G, al ver que el señor Franklin aún quedaba con vida se regresó y le vuelve a disparar. Con las declaraciones recibidas en su momento de los testigos protegidos han aportado información que indica que los jóvenes acusados dispararon contra la humanidad del ofendido y que posteriormente salieron corriendo de la zona; también se presentó como prueba de cargo el Dictamen Médico Forense, presentado como prueba documental el dictamen de autopsia AT-2016-249, realizado por el perito oficial del Ministerio Público en el que establece la causa de la muerte por ex sanguinación (pérdida masiva de sangre de adentro hacia afuera del cuerpo), encontrándole tres(3) heridas producidas por proyectil de arma de fuego, manera de muerte: homicida, con la cual debidamente la muerte real del señor Franklin Eduardo Alonso López, documento a la cual se le dio el valor correspondiente. En cuanto a la prueba de descargo en lo que concierne a las tres declaraciones testificales, el Tribunal A quo las valoró estableciendo que los mismos llegaron a declarar a favor de los menores de edad, tienen algún tipo de relación con ellos y las declaraciones no fueron convincentes y no lograron desvincular de la escena del crimen a los encausados, en virtud de existir inconsistencias en sus declaraciones. Esta Sala de lo Penal aprecia que no es correcto el planteamiento de la censora cuando afirma que la sentencia condenatoria, es fundamentada por el A quo, solamente en base al testimonio de los testigos protegidos J03 y Z07, pues se comprueba que la sentencia se ha basado en la valoración individual y conjunta de la prueba de cargo, y que tales pruebas, fueron incorporadas y valoradas en el proceso conforme a las normas y garantías constitucionales y procesales necesarias para su validez. Además, aprecia esta Sala que las mismas son congruentes, concordantes, inequívocas y además suficientes para quebrantar el estado de inocencia, habiendo tenido la defensa acceso a todas las oportunidades procesales para ejercer una adecuada y equilibrada defensa técnica, en razón de lo cual no se observa la infracción de precepto constitucional alguno. En resumen, la Defensa Pública no hizo denuncia u oposición por la naturaleza y extensión de la medida de protección a los testigos J03 y Z07, siendo hasta el momento de presentar el Recurso de Casación el momento en que alega que la medida de protección al testigo le ha causado al acusado violación al debido proceso y al derecho de defensa, denuncia que no es atendible por las siguientes razones: *Por forma: 1.- Siendo un defecto de forma, la recurrente debió haber señalado en su escrito de interposición cuales fueron las impugnaciones y -entre éstas- los recursos, interpuestos para subsanar el defecto que ahora se alega en casación (Art. 363 tercer párrafo CPP); es claro para esta Sala de Justicia que la omisión a tal requisito de interposición es porque la recurrente no realizó impugnación alguna en contra el defecto que ahora se alega; ii.- La denuncia del supuesto vicio es de carácter extemporáneo, habiendo sido subsanado por no haberse alegado en los múltiples momentos procesales en donde se tuvo la oportunidad de hacerlo (Art. 170 CPP); y *Por fondo: i.- El argumento es de carácter abstracto al no señalar cual es el perjuicio concreto causado, ya que la mera alegación de violación no es suficiente, requiriéndose comprobación material de su existencia.- En el estudio de la causa, y limitada la Sala de lo Penal a lo que arroja el expediente judicial, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues la Defensa Pública no se vio limitada en su contradictorio por la reserva de identidad del testigo, y que fue víctima del delito de asesinato por parte de los tres menores; ii.- La declaración de los testigos protegidos J03 y Z07 que fueron tomadas como prueba anticipada y evacuada mediante lectura autorizada, se vio corroborada entre si y la que fue acompañada de otro medio de prueba como la prueba documental como es el dictamen médico forense de autopsia n° AT-2016-249, que en conjunto lograron el convencimiento del Tribunal de Sentencia respecto a la participación de los menores infractores en los hechos. Por lo anterior, se concluye que en el presente caso, no se ha infringido el principio del Derecho de Defensa, consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República, sin embargo y a pesar de no ser procedente el motivo por las causas invocadas por la censora, esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis de la sentencia, logrando determinar que existe un error de carácter procesal en cuanto a la individualización de los menores en los hechos probados, error que está sujeto a la anulabilidad de la sentencia por este yerro cometido por el juez sentenciador. Como se ha establecido anteriormente el Principio del Debido Proceso Legal, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, es uno de los pilares del derecho procesal penal, es cual está destinado a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero además supone un que éste juez o jueza no sólo respete las formas procesales, sino que reproduzca en cada una de ellas, los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte. De este modo el Principio del Debido Proceso, como parte de los principios informadores del derecho procesal penal está encaminado a establecer las reglas mínimas de juzgamiento. Y es precisamente una de estas reglas de procedimiento la contenida en el artículo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, en el que se establece que “la declaración de hechos probados se hará expresa y terminante, y se describirán con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”. De aquí la imperiosa necesidad de que los hechos probados estén revestidos de claridad suficiente, incluyendo no sólo la descripción de la conducta, sino la identificación clara y precisa de las personas que de acuerdo al convencimiento del juzgado han participado en los hechos, de modo que al mencionar los alias de las personas llamadas a juicio y no precisar el nombre de las mismas, se está dejando un vacío que supone la invalidez del fallo. Tratándose de un error procesal, que pudo ser evitado con el cuidado más elemental del juzgador, resulta necesario realizar un enérgico llamado de atención, por tratarse de un error en un aspecto básico como es la individualización e identificación de los acusados, quienes no obstante ser referidos por sus alias en las declaraciones testificales, deben ser claramente individualizados en la conducta descrita en el hecho probado, a efecto de evitar una falta de precisión en los mismos. Decisión Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 361 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuestos por la Abogada Claudia Anabelle Pereira Flores, actuando en su condición de defensora pública de los menores G. A. V. G, F. H. G. G. y L. A. Z., a quien se le condenó por el delito de Asesinato, en perjuicio de Franklin Eduardo Alonzo López. Segundo: Se casa la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia del Departamento de Francisco Morazán, decretando su nulidad absoluta, así como de la audiencia de debate que le origina, de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis .- Y Manda: Primero.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia del Departamento de Francisco Morazán, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra de los menores infractores G. A. V. G, F. H. G. G. y L. A. Z. S., en el cual deberá participar Juez distinto a aquella que concurrió a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis.- Segundo.- Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. Rafael Bustillo Romero. Magistrado Coordinador. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Firma y Sello. María del Carmen Godoy. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-07-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] El presente caso se refiere a alegadas violaciones en perjuicio de ocho presuntas víctimas relacionadas con su pensamiento y condena penal por delitos de carácter terrorista respecto a la República de Chile. En los procesos penales contra los señores Norín Catrimán, Pichún Paillalao y Ancalaf Llaupe se reservó la identidad de determinados testigos.