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Sentencia CP-80-16 — Registro 15050

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Sucede que, para la fecha del hecho, el dieciocho de diciembre de dos mil trece, se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No. 184-2013, el cual establece en su artículo 2 que se concede un plazo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, proceda a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de la Armería, la cual no será necesaria presentar en dicho tiempo. En el segundo párrafo la norma además señala que las armas consideradas de uso ilegal podrán ser entregadas a la Secretaría de Seguridad sin ninguna responsabilidad producto de su tenencia, debiendo a procederse a su inmediata destrucción. En el primer párrafo del artículo 2 se establece la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, es pues que debe de entenderse que esta norma refiere a aquellas armas que la ley prescribe como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas; como consecuencia, el tipo penal que sanciona la tenencia y portación de armas comerciales y de uso personal de fabricación industrial contenido en el artículo 332-B del Código Penal, se ve condicionado en su positividad durante el tiempo que se daba la oportunidad para que las personas pudiesen hacer el trámite de registro de las armas, pero la Sala de lo Penal ha definido a través de su jurisprudencia que deben de tomarse en cuenta pautas orientativas que conlleven a colegir que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización de la autoridad competente durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, o bien, que la persona que tenía en su poder un arma de fuego de uso prohibido, tenía la intencionalidad de ir a entregarla a para su destrucción, pues el decreto no autoriza la simple portación, lo que iría en contra de la voluntad del legislador al emitir dicho decreto, pues lo que se pretende es lograr la regularización de las armas de fuego comerciales y la destrucción de las armas de uso prohibido que se encuentren en poder de la ciudadanía, no la simple portación de las mismas. Según el fáctum de la sentencia, el acusado fue requerido por dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal, aproximadamente a las tres de la tarde con cincuenta minutos (3:50 PM) del dieciocho de diciembre de dos mil trece, en la zona del mercado San Isidro, en la ciudad de la Ceiba, encontrándosele un arma de fuego de su propiedad, tipo pistola, calibre 45, modelo Rugger, serie 662200270, color negro y gris, con su respectivo cargador, con nueve proyectiles sin percutir, en buen estado de funcionamiento tanto mecánico, como operativo, sin autorización para portarla. Las circunstancias de tiempo, de lugar y la forma en que portaba dicha arma de fuego, son circunstancias todas que objetivamente conllevan a colegir que la intencionalidad del acusado no era la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar las armas de fuego con la finalidad de que ésta procediera a su registro y/o destrucción inmediata, por lo que resulta procedente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación número S.P.80-2016 por Infracción de Ley interpuesto contra la Sentencia de fecha cuatro de junio del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual Absolvió al señor Cristino Alemán Ayala, del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. No procede a condenar en Costas Procesales, Personales, ni Gastos ocasionados en el juicio. Interpuso Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada Berta Mariela Ramos Soto, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada Yessenia Maria Márquez Lobo, Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado Elvin Iván Alemán Fuentes, Defensor Privado del señor Cristino Alemán Ayala, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “El Tribunal valorando las pruebas practicadas en juicio, en forma armónica, conforme a los principios de la lógica, el criterio racional y humano, las leyes de la psicología y las máximas de la experiencia, se hace el siguiente análisis y se arriba a las conclusiones contenidas en el acápite de los hechos probados de la manera siguiente: PRIMERO: En fecha dieciocho (18) de Diciembre del año dos mil trece (2013), aproximadamente a las tres con cincuenta minutos de la tarde, los agentes de la Dirección de Investigación Criminal José Neptalí Carranza Espinal y José Emmanuel Canales Bonilla, se encontraban realizando diligencias de investigación en la zona del Mercado “San Isidro” en esta ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, percatándose de la presencia del señor Cristino Alemán Ayala, quien al requerírsele para efectuar un registro personal, se le encontró llevando consigo un arma de fuego de su propiedad, tipo pistola, calibre 45, modelo Rugger, serie 66200270, color negro y gris con su respectivo cargador, con nueve (9) proyectiles sin percutir, en buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, sin contar con el permiso de portación correspondiente, por lo que es detenido en ese preciso momento y puesto a la orden de autoridades competentes. SEGUNDO: En fecha 5 de Octubre del año dos mil trece, bajo el número 33246 del Diario Oficial La Gaceta, fue publicado mediante Decreto Legislativo, 184- 2013 un período de Veda o Gracia, que comprendía desde la fecha de publicación de dicho decreto, hasta el 30 de Septiembre del 2014, o sea por espacio de un año, en la cual señala que, toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS Recurso de Casación por Infracción de Ley: La recurrente Abogada Berta Mariela Ramos, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION Previo a desarrollarse los motivos, es conveniente aclarar, para los efectos sucesivos, que el planteamiento se dirige a demostrar que el Tribunal de Sentencia recurrido no ha considerado en toda su dimensión lo que realmente se establece en la norma temporal contenida en el artículo 2 del decreto 184-2013 en donde se concedió el plazo de un año para la regularización de las armas de fuego comerciales, plazo que inició el cinco de octubre del año 2013 al 30 de septiembre del año 2014; y fue prorrogado, mediante decreto 63-2014, por seis meses más habiendo acaecido el hecho constitutivo de delito en el presente caso en fecha 18 de diciembre del año 2013. PRIMER MOTIVO: El contradictorio del presente juicio se dirigía a establecer o determinar la autoría del imputado en la comisión del delito, ya que para determinar la concurrencia de los elementos del tipo penal de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, como lo apuntan los jueces en su fallo, debe obligatoriamente existir prueba directa, que acredite todos y cada uno de los elementos esenciales del delito impuesto; la forma como el Tribunal de Sentencia llegó a absolver al imputado CRISTINO ALEMÀN AYALA, consideró no es la idónea para el presente caso, pues amparado en un decreto que no aplica al imputado, el Tribunal desconoce totalmente la existencia de una acción constitutiva de delito, ya que los medios de prueba aportados por el Ministerio Público efectivamente acreditan que en fecha dieciocho de diciembre del año dos mil trece mientras los agentes investigadores José Neptalí Carranza Espinal y José Emanuel Canales Bonilla realizaban labores de investigación a inmediaciones del mercado San Isidro de esta ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida y que al percatarse de la presencia del imputado Cristino Alemán Ayala lo requieren y le practican un registro personal encontrándole en su cintura del lado derecho un arma de fuego tipo pistola, marca Ruger, modelo P90, calibre 45 auto, serie número 662-00270 con su respectivo cargador y nueve cartuchos metálicos sin percutir, sin contar este con el permiso para portar dicha arma; quedando de esta manera plenamente acreditado la infracción penal cometida por el acusado subsumiéndose en nuestra norma penal en el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO según lo establecido en el artículo 332-13 del Código Penal vigente el cual reza que: Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, dicho precepto demuestra que la sentencia absolutoria recurrida, no corresponde ni es idónea a lo que realmente se estableció durante el desarrollo del debate. En este sentido observamos que la norma sustantiva penal es clara en establecer que las personas naturales debemos sujetarnos a lo que establece dicho artículo, Aunado a ello se estableció que el decreto solo ampara a las personas que vayan en camino a registrar el arma teniendo como fin el registro del arma y la forma en cómo se dieron los hechos se pudo establecer claramente que el imputado no tenía como fin registrar el arma de fuego ese día ya que el mismo es sorprendido y requerido por los investigadores en el mercado San Isidro de esta ciudad de la Ceiba y al ser requerido por dicha autoridad se le encontró portando ilegalmente un arma de fuego en lado derecho de su cintura; de igual manera es de suma importancia mencionar que al no tener éste ninguna intención de registrar el arma de fuego que portaba ilegalmente tampoco el imputado así como su defensor en ninguna etapa del proceso penal presentaron prueba alguna de que el imputado haya solicitado ante el Registro Balístico Nacional de Arma previo a su detención la respectiva CITA que extiende dicha autoridad para posteriormente proceder a su registro, limitándose únicamente la defensa a ampararse en dicho decreto de Veda o Gracia la cual se ha concedido únicamente con el fin de proceder a registrar el arma de fuego para quienes tengan en su poder armas y no para portarla ilegalmente. Por lo que se ve claramente infringido el precepto constitucional al artículo 332-B por el Tribunal de Sentencia amparándose en un decreto que no aplica al imputado CRISTINO ALEMÀN AYALA. Como se puede observar de estos puntos de la sentencia citados, el Tribunal Sentenciador incurrió en grave inobservancia de los hechos probados de las reglas de la sana crítica, en el análisis y valoración de la prueba. SEGUNDO MOTIVO: Es así que al examinar el fàctum de la sentencia y el alcance de su contenido, como también las probanzas que sirvieron de fundamento al mismo y el basamento jurídico del fallo censurado, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido amparándose en el DECRETO 184-2013 infringe la norma penal establecida en el artículo 332-B del Código Procesal Penal, por lo que es inaceptable para este ente acusador que el Tribunal haya admitido y dado como probados todos los elementos de prueba aportados en admitido y dado como probado todos los elementos de prueba aportados en admitidos y dado como probado todos los elementos de prueba aportados en, Juicio Oral y Público reconociéndose de esta manera haberse cometido un delito, dando un fallo absolutorio contrario a derecho. Haber inobservado el Tribunal Sentenciador las reglas establecidas Nuestro Código Penal en su artículo 332B, amparándose en el Decreto 184-2013 que el mismo es claro al establecer que se da dicho período de VEDA O GRACIA para que las personas procedan a registrar las armas de fuego que tengan su poder y como se pudo establecer y probar en juicio en ningún momento el imputado tuvo dicha intención en vista de que el mismo ni siquiera contaba con la respectiva CITA que extiende el Registro Balístico Nacional de Armas previo a proceder a registrar el arma de fuego, viéndose claramente la infracción a la ley penal hondureña, lesionándose de esta manera en bien jurídico protegido y los intereses generales de la sociedad los cuales representa el Ministerio Público. Por todo lo anterior estimamos, que si bien es cierto el A quo, tiene la potestad de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica racional, que reconocen su discrecionalidad y le someten a criterios objetivos, que nos permiten librarnos de valoraciones arbitrarias o inconsistentes; en el presente caso el Juzgador ha actuado arbitrariamente, al reconocer el peso probatorio en toda su dimensión lo cual se logró acreditar con todas las pruebas recibidas y citadas anteriormente, y aun así emitir un fallo incorrecto, basándose en mala interpretación y adecuación de un decreto. PRECEPTO AUTORIZANTE: Los dos motivos que fomentan la presentación de este recurso se encuentran autorizados por el artículo 360 del CPP que reza Casación por infracción de ley o de doctrina legal. Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o de Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Se entenderá por doctrina legal la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres (3) sentencias conformes sobre un mismo asunto. Los errores cometidos en la cita de las disposiciones legales que le sirven de fundamento a la sentencia recurrida, que no hayan influido en su parte dispositiva, no darán lugar a la casación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de casación por infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser observadas para la aplicación de la ley penal, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “…la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto” . Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el factum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. MOTIVO ÚNICO *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal en relación con el Decreto Legislativo No. 184-2013. *Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal. *Pretensión: Anular parcialmente la sentencia, ordenando se decrete sentencia absolutoria por el delito de Portación Ilegal de Armas. Explicó la recurrente que en el presente caso, el Tribunal sentenciador inobservó las reglas establecidas en el artículo 332-B, del Código Penal, al dictar una sentencia absolutoria a favor del imputado, amparándose en el decreto 184-2013, ya que el mismo es claro al establecer un periodo de veda o gracia, para que las personas procedan a registrar las armas de fuego que tengan en su poder, y en el presente caso, el imputado en ningún momento tuvo dicha intención, en vista de que ni siquiera contaba con la respectiva cita que extiende el Registro Balístico Nacional de Armas, previo a proceder a registrar el arma de fuego, viéndose claramente la infracción a la ley penal, lesionándose de esta manera, el bien jurídico protegido y los intereses generales de la sociedad, los cuales representa el Ministerio Público. DELITO DE PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS (art 332B Código Penal). La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, define como armas de fuego a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. El artículo 4 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y otros similares (en adelante Ley de Armas), reconoce el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello ordenaba que toda persona debía obtener permiso previo por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, otorgado una vez que satisficiere los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1. Formulario con sus datos personales y residencia; 2. Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma. La persona interesada solo podía poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que tenían que tener las características y especificaciones que estipulaban los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas; Pero además la ley era especifica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3. Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señalaba el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4. Pago de la matrícula municipal y; 5. Documentos de identificación. El permiso es intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello la persona que lo obtenía debía reportar en un plazo máximo de tres días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que hiciere del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realizara la solicitud de permiso correspondiente, igualmente debía reportar el robo o extravío de la misma en igual termino (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas). El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles.- Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”.- Entonces incurrirá en el delito la persona que, entre otros: posea un arma de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando no se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito. DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 184-2013. El artículo 98 de la Constitución de la República dispone que: “Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de delito o falta.”; disposición constitucional que es armónica con lo preceptuado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 15.1 establece que: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional……”. Por ello toda ley debe ser tridimensional: debe ser positiva, debe ser válida y debe ser eficaz; la validez de una norma puede ser formal y material: i) Hay validez formal cuando la ley ha sido creada mediante el procedimiento legislativo correspondiente; ii) Hay validez material cuando la ley está vinculada a un ámbito material de regulación, sin lo cual no puede considerarse obligatoria (la obligatoria observancia de los ciudadanos en cumplirla y la obligatoria reacción de la autoridad de imponer las consecuencias legales a aquellos que la incumplan). Tratándose de los artículos 332-A y 332-B del Código Penal hoy vigente, su positividad ha sido suspendida temporalmente en varias ocasiones por el legislador, como consecuencia de la aprobación de Decretos Legislativos, en los que usando términos como “Veda” o “Amnistía” el legislador concede términos de gracia para que las personas particulares pudiesen hacer registro de armas comerciales y entrega de armas prohibidas; este es el caso del decreto 184-2013, el cual en su artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de veda o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Sucede que, para la fecha del hecho, el dieciocho de diciembre de dos mil trece, se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No. 184-2013, el cual establece en su artículo 2 que se concede un plazo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, proceda a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de la Armería, la cual no será necesaria presentar en dicho tiempo. En el segundo párrafo la norma además señala que las armas consideradas de uso ilegal podrán ser entregadas a la Secretaría de Seguridad sin ninguna responsabilidad producto de su tenencia, debiendo a procederse a su inmediata destrucción. En el primer párrafo del artículo 2 se establece la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, es pues que debe de entenderse que esta norma refiere a aquellas armas que la ley prescribe como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas; como consecuencia, el tipo penal que sanciona la tenencia y portación de armas comerciales y de uso personal de fabricación industrial contenido en el artículo 332-B del Código Penal, se ve condicionado en su positividad durante el tiempo que se daba la oportunidad para que las personas pudiesen hacer el trámite de registro de las armas, pero la Sala de lo Penal ha definido a través de su jurisprudencia que deben de tomarse en cuenta pautas orientativas que conlleven a colegir que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización de la autoridad competente durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, o bien, que la persona que tenía en su poder un arma de fuego de uso prohibido, tenía la intencionalidad de ir a entregarla a para su destrucción, pues el decreto no autoriza la simple portación, lo que iría en contra de la voluntad del legislador al emitir dicho decreto, pues lo que se pretende es lograr la regularización de las armas de fuego comerciales y la destrucción de las armas de uso prohibido que se encuentren en poder de la ciudadanía, no la simple portación de las mismas. Según el fáctum de la sentencia, el acusado fue requerido por dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal, aproximadamente a las tres de la tarde con cincuenta minutos (3:50 PM) del dieciocho de diciembre de dos mil trece, en la zona del mercado San Isidro, en la ciudad de la Ceiba, encontrándosele un arma de fuego de su propiedad, tipo pistola, calibre 45, modelo Rugger, serie 662200270, color negro y gris, con su respectivo cargador, con nueve proyectiles sin percutir, en buen estado de funcionamiento tanto mecánico, como operativo, sin autorización para portarla. Las circunstancias de tiempo, de lugar y la forma en que portaba dicha arma de fuego, son circunstancias todas que objetivamente conllevan a colegir que la intencionalidad del acusado no era la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar las armas de fuego con la finalidad de que ésta procediera a su registro y/o destrucción inmediata, por lo que resulta procedente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo. DECISIÓN. Se declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 277, 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: DECLARA HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público; SEGUNDO: Casa la sentencia de fecha cuatro de junio de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida y como consecuencia, revoca la misma; TERCERO: Se debe condenar y se condena al señor Cristino Alemán Ayala, de generales conocidas en autos, como autor responsable de un delito consumado de portación ilegal de arma de fuego de uso personal en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndole la pena principal de tres (03) años de reclusión, a la que deberá de deducírsele el tiempo en que haya estado privado de libertad preventivamente exclusivamente por esta causa; pena que deberá de cumplir en el Centro Penitenciario de El Porvenir, Departamento de Atlántida, sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario atendiendo razones de seguridad, tratamiento progresivo o de conveniencia administrativa penitenciaria; asimismo, se le condena al señor Cristino Alemán Ayala, a las penas accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Especial, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, así como la obligación del ahora condenado a trabajar dentro del establecimiento penitenciario o en obras públicas bajo la dirección de éste, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, conforme las regulaciones contenidas en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y su reglamento respectivo; finalmente, se declara la responsabilidad civil del condenado, la cual deberá de ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia por la víctima del delito, que en este caso es el Estado de Honduras. Se declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal en relación al pronunciamiento condenatorio emitido y además de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para el debido registro del antecedente penal del señor Cristino Alemán Ayala. (Artículo 06 del Código Procesal Penal). NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de junio del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-80-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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