Sentencia CP-71-16 — Registro 10550
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado del delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego de Guerra, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Resolviendo en segunda instancia Ha Lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO ES DE RECIBO.- La Sala de lo Penal, tras leer con detenimiento y analizar el discurso judicial contenido en la sentencia que se impugna vía casación, logra identificar la existencia del vicio que ha motivado a la Recurrente acudir a la única instancia; el A-Quo, haciendo mano de un criterio desatinado, procedió a excluir indebidamente un conjunto de medios de prueba por considerar que se realizó una actuación policial ilícita, cuando en realidad tal actuación se realizó dentro del canon de la ley. Debemos recalcar, como se ha señalado en el apartado anterior, que existe una obligación del Estado de brindar seguridad a toda persona nacional o extranjera que se encuentre dentro del territorio nacional; razón por la cual el legislador ha concedido la potestad a la autoridad policial a ejecutar actos, que si bien pueden significar restricciones a derechos fundamentales, se encuentran enteramente justificados en aras de cumplir con aquella obligación general, siempre que dichas actuaciones se realicen en estricto apego a lo reglado en la ley. Así entonces un agente de la policía incurriría en violación de sus deberes cuando omitiese cumplir con su función de prevenir actuaciones reñidas con la ley que aseguren la seguridad personal de los habitantes, tal y como se lo mandaba la otrora vigente Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 067-2008) en su artículo 22 y que ahora dispone la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública y de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 018-2017), en su artículo 30. En el caso de mérito el Tribunal de Sentencia declaró como probado que el 02 de septiembre de 2014, entre las 10:00 a.m. a 11:00 a.m., el Señor J. J. O. F., transitaba por la calle principal de la Colonia Bonitillo del Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlántida, cuando fue objeto de registro y posterior detención por agentes de la policía pertenecientes a la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA); para los señores jueces tal registro y posterior aprehensión fue ilegítimo, pues consideran que en ese momento el Señor J. O. no estaba realizando ninguna maniobra peligrosa o inusual, mucho menos acción atentatoria en contra de las personas o la propiedad, que haya motivado a los agentes del orden a realizar el registro personal como acto de intromisión a la intimidad; los juzgadores inclusive van más allá, señalando que en todo caso el acusado tenía el derecho de contar con un abogado defensor en la práctica del registro dado que el acusado era considerado sospechoso. Para esta Sala de lo Penal los señores Jueces de Sentencia en sus razonamientos solo tienen presente los derechos exclusivamente del acusado J. J. O. F., sin tomar en consideración que dichos derechos no son absolutos y que pueden ser limitados en aras de la salvaguarda de los derechos de otras personas o de la colectividad, como ser la seguridad pública. Es correcto señalar que el registro que se practica a una persona puede comprometer la libertad y hasta la intimidad, pero tal compromiso es tan fugaz cuando se trata de un registro personal (cacheo), que la ley lo admite cuando se busca con él mantener la seguridad de la población mediante actos de prevención del delito que particularmente deben realizar los agentes de policía según dispone el artículo 5.2 de la Ley de Policía y Convivencia Social. Los Agentes de Policía en el caso concreto, tenían la obligación de realizar actos preventivos de carácter general, aun cuando pertenecieran a la FNA, pues así se los mandaba el artículo 24.22 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; Por ello al cursar por una zona con incidencia delictiva y ver a una persona transitando estaban autorizados por la ley para requerirlo y solicitarle un registro pues el fundamento razonable parte precisamente del lugar en donde se encontraba, al que se sumó la actitud nerviosa del acusado, la que se explicó después al encontrársele un arma de fabricación casera. Los Agentes de policía no podían solicitar al Señor J. O. que entregase un objeto determinado pues no se trataba de una persona de la cual se tuviesen antecedentes para sospechar de él como responsable de un acto concreto, sino que simplemente era un acto de control ciudadano dispuesto al azar y que recayó en una persona que transitaba casualmente por el lugar por donde los agentes de policía realizaban su patrullaje; es entonces incorrecto el criterio del juzgador que era necesario que el Señor J. O. contara con la asesoría de un abogado previo al registro, pues éste no tenía la calidad de imputado (Art. 101 CPP), ni tampoco se le seguía investigación por delito o falta, por lo que el registro no constituía acto de investigación preliminar. La Recurrente tiene razón al señalar que el acto de registro personal es lícito, ésto por haber sido practicado cumpliendo los requisitos legales pertinentes: 1. El registro fue realizado por agentes de policía, en el cumplimiento de sus funciones preventivas del delito; 2. El registro fue motivado primero porque el lugar en donde transitaba el acusado tiene alta incidencia delictiva y, posteriormente, por la postura nerviosa adoptada por éste; ambas circunstancias constituyeron el fundamento razonable para su práctica; 3. El Señor J. J. O., fue informado por los agentes de policía de la práctica del registro personal; 4. El registro personal fue realizado por agentes de policía del mismo sexo y no comprometió zonas anatómicas que afectasen el pudor del Señor J. O.; 5. Tras el registro personal y al habérsele encontrado al Señor J. O., en posición de un objeto de tenencia ilícita (arma de fabricación casera), los agentes de policía procedieron a la aprehensión del acusado, informando de tal hecho al Ministerio Público, quien posteriormente presentó requerimiento fiscal poniendo a la orden de autoridad judicial al detenido; y 6. Los Agentes de Policía documentaron lo actuado mediante actas escritas, mismas que fueron propuestas y admitidas como medios probatorios documentales del proceso. Los señores Jueces de Sentencia, al señalar que el acto de registro era ilícito, excluyeron a su vez todo medio de prueba que consideraron derivado de dicho acto, siendo éstos: i.- Acta de Registro Personal de fecha 02 de septiembre de 2014; ii.- Dictamen Balístico 2014-0801-0502-9588; y iii.- Evidencia física consistente en un arma de fabricación casera, confeccionada de madera y hierro, conteniendo en su interior un proyectil calibre 38 y una mochila color negro con círculos de varios colores. Medios de prueba enumerados que debieron ser objeto de valoración (positiva o negativa) a la luz de la sana crítica a efecto de dar respuesta de fondo a las pretensiones que formularon las partes en la audiencia de debate; La exclusión indebida de los medios de prueba provocó una falta de tutela judicial efectiva a las partes, pues la decisión de fondo contenida en la sentencia que ahora se conoce en casación, no se basa en todo el acervo probatorio ofertado y admitido, sino que en la valoración parcial de éste..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su condición de Coordinadora, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian, En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 071-2016 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete (27) de Noviembre de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual: Absolvió al señor J. J. O. F., del delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego de Guerra, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.-No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada K. M. A. M., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente, y los Abogados R. P. P. y A. A. G., apoderados defensores públicos del acusado J. de J. O., en su condición de Recurridos. Hechos Probados De La Instancia “Único: En fecha 02 de septiembre del año 2014, entre las 10:00 y 11:00 horas de la mañana, agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), registraron y detuvieron sin motivo legal a J. J. O. F., cuando transitaba por la calle principal de la Colonia Bonitillo, del Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlántida.” Recurso De Casación. - Motivos Y Argumentos “Recurso De Casación Por Quebrantamiento De Forma: Exposición Del Motivo De Casación. - Motivo Único: “Haber Excluido el Juzgador, Prueba de Valor Decisivo” Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de transcendencia explicar en qué consiste el vicio supra referido, en este sentido, la Sala de Lo Penal a través del fallo de fecha 4 de Febrero del año 2013 (SP 90-2011), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: “... El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere ilícita sin serlo...” posición que se encuentra respaldada por el fallo de fecha 27 de Enero del año 2011, recaído en el recurso de Casación Penal S.P No.322-2009. (Lo resaltado es nuestro). Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de Valor Decisivo, consistente en el acto de detención del acusado realizada por los agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión L. F. C. F., J. E. C. B. y M. T. B. S., pues considera que de sus dichos se desprende, que capturaron al imputado mientras transitaba por la calle principal de Bonitillo y que le practicaron un registro, motivados por ser una zona conflictiva, es decir, sin que existiera una actitud de sospecha de parte del mismo, consecuentemente, excluye de valoración el resto de probanzas que se derivan de dicha detención, como son, el acta de decomiso o secuestro de un arma de fuego de fabricación casera o chimba calibre 38; la evidencia (arma de fuego); así como el análisis balístico, en virtud que el juzgador es del criterio, que la probanza supra indicada fue obtenida mediante violación de garantías procesales, en definitiva constitucionales; al haberse restringido al acusado el derecho a la intimidad personal, garantías que constituyen también el Debido Proceso. Respecto a los cuestionamientos que realiza el Tribunal a la prueba de cargo, debemos señalar: 1) Que se desprende de las deposiciones de los policías que participaron en la detención del acusado, que, si bien efectuaron un registro personal, no se trató de zonas íntimas, que afecten el pudor del mismo, sino que llevaba el arma de fuego que le fue decomisada dentro de una mochila. 2) El agente M. T. B., refirió en su declaración que el ciudadano enjuiciado iba caminando y se le pidió un registro, es decir, le fue informado que sería sometido a tal diligencia y a pesar de eso, no informó a la autoridad que llevaba en su mochila un arma de fuego de fabricación casera; entonces, como puede apreciar el Tribunal que no hubo una conducta sospechosa por parte del señor J. J. O. F., si estaba escondiendo un arma de fabricación casera, y por tal circunstancia la portaba de manera ilegal; por otra parte, la actuación de la Policía en este tipo de diligencias debe ser rápida, sobre todo tomando en consideración que se trata de una zona conflictiva; aspecto este último que ha sido descartado por el juzgador, apartado de las máximas de la experiencia. En virtud de lo anterior podemos concluir, que el imputado ante el requerimiento policial, se vio en la oportunidad de mostrar o exhibir lo que lleva consigo y proceder a la entrega voluntaria del arma, desde el momento que no lo hizo, generó un comportamiento sospechoso, quedando desde ese instante facultada la autoridad policial para intervenir, a través del registro personal, como así lo hizo; procediendo a realizar el resto de diligencias investigativas vinculadas con la detención, que merecen absoluta valía probatoria al tratarse de prueba lícita. (Acta de Decomiso, Análisis Balístico). 3) Es importante señalar, que la Fuerza Nacional antiextorsión, es una unidad conformada, entre otros, por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Dirección de Investigación, por tanto sus funciones no solo son investigativas, sino que tiene la atribución de prevenir, disuadir, controlar y combatir toda clase de delitos faltas o infracciones, es por ello, que en el caso subjudice, se requirió al acusado para efectuarle un registro, pues como ha indicado los testigos de cargo se trataba de una zona conflictiva, por ende actuó amparado en su obligación de prevenir el delito en la comunidad, en apego al artículo 57 numeral 2) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, sin lesionar garantías constitucionales, pues reiteramos, se indicó inicialmente al acusado que se le iba a efectuar registro y no se realizó en zonas íntimas de su cuerpo, como arguye el Tribunal. 4) La práctica de la mencionada diligencia de detención, constituye parte de una actuación policial preventiva, tendiente a constatar la comisión de un delito, en tanto que la ley procesal permite a las autoridades de Policía y del Ministerio Público llevar a cabo tales actuaciones preliminares como inspecciones, registro de automóviles, registros personales, y demás para asegurar en su caso, la custodia de lugares de comisión de delitos, buscar señales, huellas, rastros, o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito, orientadas a recoger y conservar los elementos probatorios útiles para el esclarecimiento de la verdad, dejando constancia de todo lo actuado en las actas que se levanten al efecto. En virtud de lo anteriormente expuesto, considera este ente fiscal, que la detención del acusado se encuentra apegada a la ley, pues atendiendo su conducta dio motivos para sospechar que estaba perpetrando un delito, ya que ante el requerimiento policial no hizo entrega del arma de fuego que llevaba, que incluso por su fabricación casera no permite inscripción, omisión que en todo momento colocó en riesgo la seguridad de la autoridad; aunado al hecho, que el registro no se realizó en zonas íntimas del cuerpo del imputado, sino que consistió en la revisión de la mochila que éste portaba; consecuentemente, todas las pruebas que se derivan de esta detención son lícitas, es decir el acta de decomiso, la pericia balística, que determinan el buen estado de funcionamiento del arma, por ende, el A quo tuvo que otorgarle valor probatorio a las mismas y no excluirlas del acervo fáctico, de manera arbitraria como lo hizo, en vista que con valoraciones intelectivas como las ya relacionadas, se quebranta el ordenamiento jurídico citado, que preceptúa con absoluta claridad las funciones de los elementos de la Policía y que debió conducir a conclusiones distintas de las que extrajo el Tribunal, como ser una Sentencia Condenatoria por el delito de Posesión Ilegal De Arma De Fuego De Guerra. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la Recurrente debe de tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la Recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo. *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin determinar por la Recurrente; *Concepto de la Infracción: El Órgano Sentenciador excluyó prueba de valor decisivo; *Reclamación Ex ante: Imposibilidad dado que el vicio esta contenido a la sentencia; *pretensión: sin determinar por la Recurrente. Denuncia la Recurrente que el Tribunal de Sentencia excluyó indebidamente los medios de prueba: i.- Acta de decomiso (incautación) de un arma de fuego de fabricación casera; ii.- Dictamen Balístico de un arma de fuego de fabricación casera; iii.- Evidencia física consistente en un arma de fuego de fabricación casera.- Explica que la exclusión fue como consecuencia de haber declarado incorrectamente que el registro personal practicado al acusado J. J. O. F., por los agentes de policía (y testigos) L. F. C. F., J. E. C. B. y M. T. B. S., fue ilícito al ser violatorio de los derechos fundamentales a la intimidad y el debido proceso; calificación que rechaza la recurrente en virtud de que: i. El registro personal no comprometió zonas intimas del acusado; ii. Al acusado le fue solicitado el registro; iii. Los Agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión actuaron al amparo del artículo 57.2 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; Concluye la recurrente que la aprehensión del acusado se realizó dentro del canon legal, tras un registro realizado de manera correcta. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba, cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre ésta, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De los Registros Personal/Corporales El registro personal/corporal es un acto de investigación, con o sin control jurisdiccional consistente en auscultar a una persona para verificar si lleva en su cuerpo, en sus ropas o pertenencias algún objeto de tenencia ilícita o relacionado con un delito en particular. Sin duda al registro corporal/personal constituye una limitación a principios constitucionales básicos como el de la libertad y la intimidad, justificable en casos específicos en pro de la seguridad colectiva, empero también puede significar la violación del derecho básico a la dignidad humana cuando es realizado con abuso por parte de la autoridad actuante, por ello se encuentran tanto en la Ley de Policía y Convivencia Social como en el Código Procesal Penal regulaciones específicas y estrictas para su práctica.- Existen dos clases de registro: 1) El registro personal o cacheo; 2) Registro Corporal. 1) El Registro Personal Procedimiento mediante el cual se palpa por encima de las ropas a una persona, sin comprometer zonas púdicas, en busca de objetos prohibidos o relacionados con el delito. Este registro personal se practica sin control fiscal ni jurisdiccional, con o sin consentimiento de la persona: a. Existe consentimiento cuando la persona expresamente manifiesta su aquiescencia para que se le haga dicho registro, o tácitamente cuando consciente y voluntariamente se coloca en una situación en donde será objeto de registro, como por ejemplo al ingresar a un centro deportivo o a un concierto; b. El Registro se realizará sin el consentimiento cuando la autoridad pública, basado en un fundamento razonable que descanse en la licitud, requiere a una persona para la realización del registro. Sin duda alguna en esta clase de registros personales, hecho en contra de la voluntad de la persona, la libertad ambulatoria puede resultar momentáneamente restringida pues el individuo debe someterse a las indicaciones policiales respecto al registro, justificables en pro de la seguridad pública, lo que obliga a toda persona a someterse al derecho de policía ejercido por los agentes; Entiéndase que tal sometimiento no constituye privación de la libertad, sino un mero constreñimiento provisional durante el tiempo indispensable para que la autoridad realice el control de seguridad. Recordemos que mediante artículo 61 de la Constitución de la República el Estado de Honduras se compromete a garantizar la seguridad personal de los nacionales y extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional; Tal seguridad en parte se logra garantizar mediante el derecho policial y el derecho penal, siendo parte del primero la ejecución de medidas preventivas que si bien pueden causar molestia y hasta restricciones momentáneas a ciertos derechos, ello es admisible constitucionalmente en aras de la salvaguarda de la exigencia de seguridad pública; Sobre esto Ch. (Ch., O. A., en Derechos Fundamentales y la Investigación Criminal, Editorial O.I.M., Honduras, 2011), explica que “… como todo derecho es necesario que tenga limitaciones para salvaguardar otros derechos de la misma naturaleza y hallar el equilibrio o la tensión entre el bien protegido y el que aparece como limitado.”. Entre las acciones preventivas están la potestad de la policía de exigir a toda persona mayor de edad se identifique plenamente mediante un documento oficial, pudiendo la autoridad policial conducirle a su casa o a la oficina estatal más cercana para efectos de proceder a la debida identificación (Art. 45 Ley de Policía y Convivencia Social). También la policía nacional puede “[…] establecer controles en las vías, lugares o establecimiento públicos, […], al objeto de este proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. […].” (Art. 55 Ley de Policía y Convivencia Ciudadana). En específico la practicar registro personal In Situ, deberá realizarse cuando concurran las siguientes circunstancias (Art. 206 CPP): *.- Existencia de un fundamento razonable que aconseje la necesidad a la autoridad policial de realizar dicho registro derivado de la sospecha que se tenga de que una persona lleva en su cuerpo, en sus ropas o pertenencias, objetos, señales o vestigios relacionados con un delito; tal fundamento razonable puede desprenderse de la forma como se conduce una persona en vía pública, del lugar específico donde se encuentre al tratarse de una zona en donde con recurrencia se den actos delictivos, de la proximidad de la persona al lugar en donde se ha cometido un delito, u otra circunstancia análoga; **.- El Registro sea realizado bajo el procedimiento legal y con estricto respeto de la dignidad humana. La policía, primero debe informar a la persona sobre la necesidad de realizar el registro y en los casos en que se tenga sospecha preexistente de que éste porta un objeto ilícito o relacionado con el delito se le invitará para que haga entrega de él, invitación que claramente no puede realizarse cuando el registro se realice como un acto de control de seguridad espontáneo. El registro personal se practicará por encima de las ropas evitando palpar zonas corporales que afecten el pudor, por personal del mismo sexo que el sujeto a registro y en su caso por persona del mismo género que sea designada por la autoridad policial en el momento, lo que puede ocurrir cuando en el operativo policial solo se encuentren agentes del sexo masculino y exista la necesidad de realizar registro a una persona del sexo femenino, por lo que el agente policial de mayor rango podrá designar a otra persona femenina civil para que haga la palpación. Este tipo de registro podrá realizarse por la Policía Nacional Preventiva en vía pública y sin orden judicial, debiendo presenciar la diligencia dos testigos (personas no relacionadas con la agencia policial) cuando pudiesen ser habidos sin demora. De todo lo actuado se levantará acta, la que firmaran las personas que hayan intervenido. 2) El Registro Corporal Se realizará cuando se sospeche que la persona porta consigo objetos de tenencia ilícita o relacionados con el delito en partes del cuerpo que afecten el pudor. Esta diligencia se llevará a cabo en un lugar reservado, por persona del mismo sexo y con presencia de alguien de confianza del que será registrado, siempre que pueda ser habida sin demora. Cuando el registro afecte directamente zonas corporales intimas que requieran experticia, el registro deberá ser realizado por un médico o personal sanitario capacitado. Para la práctica de este tipo de registros es necesario orden judicial, sin perjuicio de que pueda ser dispuesta por el Ministerio Público, por razones de urgencia, debiendo solicitar su convalidación judicial en forma inmediata. Solo le es permitido a la Policía Nacional Preventiva la práctica de este tipo de registros sin orden fiscal o judicial, cuando se tenga conocimiento cierto de que la persona esconde algún objeto que pueda ser utilizado en forma ofensiva contra la autoridad, contra terceras personas o contra la vida de la propia persona sospechosa; sin embargo, siempre deberá ser practicado por una persona del mismo sexo y, en la medida de lo posible, en un lugar reservado o alejado de la vista pública. Los Agentes de Policía, además, deberán solicitar la convalidación judicial en forma inmediata, por conducto del Ministerio Público. Tanto en los registros personales como, y especialmente, en los registros corporales, la autoridad estatal encargada deberá velar por el estricto respeto a la dignidad humana.- Recuérdese que “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos); la dignidad humana es el primer valor a tener en cuenta cuando se estudia a la persona, por derivar de sus más íntimos y específicos componentes de racionalidad y libertad; desde una perspectiva iusnaturalista la persona humana es un individuo físico, indiviso, único y distinto de sus pares (Principio de Individualidad), que con su inteligencia toma conciencia de sí y accede al conocimiento del ser del mundo circundante, produciéndose su apetito de mejorarse a sí mismo y de buscar condiciones tangibles e intangibles que le ayuden a alcanzar esa meta, para ello debe gozar de una autonomía para escoger los medios que le permitan la obtención de esos fines naturales, esa autonomía es punto de convergencia de derechos y deberes para con otras personas humanas que buscan el mismo objetivo y que por tanto merece un respeto mutuo. La dignidad humana es el valor de la persona humana por su carácter autónoma, individual y racional, el que debe ser reconocido y respetado recíprocamente entre los seres humanos, quienes además deben tolerar, aceptar y valorar las diferencias entre ellos; H. M. (H. M., I., El sujeto pasivo del Proceso Penal como objeto de la prueba, Primera Edición, Editorial BOSCH, Barcelona-España, 1999. Pág. 374), al referirse al principio de la dignidad, dice: "…la dignidad ha de permanecer inalterada, cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un mínimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que las limitaciones que se impongan en el disfrute de los derechos individuales no conlleven un menosprecio para la estima, que en cuanto ser humano, merece la persona". La dignidad humana se le considera como un límite al Estado, para ordenar cualquier medida que implique la restricción de un derecho fundamental; al ser la base del sistema, este principio no puede verse vulnerado por ningún acto de investigación que se lleve a cabo dentro del proceso, debe tenerse entonces como límite infranqueable. Este principio es de carácter absoluto y no admite excepciones, reconocido en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 59 y 63 de la Constitución de la República. De la Procedencia del Recurso El Recurso Es de Recibo.- La Sala de lo Penal, tras leer con detenimiento y analizar el discurso judicial contenido en la sentencia que se impugna vía casación, logra identificar la existencia del vicio que ha motivado a la Recurrente acudir a la única instancia; el A-Quo, haciendo mano de un criterio desatinado, procedió a excluir indebidamente un conjunto de medios de prueba por considerar que se realizó una actuación policial ilícita, cuando en realidad tal actuación se realizó dentro del canon de la ley. Debemos recalcar, como se ha señalado en el apartado anterior, que existe una obligación del Estado de brindar seguridad a toda persona nacional o extranjera que se encuentre dentro del territorio nacional; razón por la cual el legislador ha concedido la potestad a la autoridad policial a ejecutar actos, que si bien pueden significar restricciones a derechos fundamentales, se encuentran enteramente justificados en aras de cumplir con aquella obligación general, siempre que dichas actuaciones se realicen en estricto apego a lo reglado en la ley. Así entonces un agente de la policía incurriría en violación de sus deberes cuando omitiese cumplir con su función de prevenir actuaciones reñidas con la ley que aseguren la seguridad personal de los habitantes, tal y como se lo mandaba la otrora vigente Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 067-2008) en su artículo 22 y que ahora dispone la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública y de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 018-2017), en su artículo 30. En el caso de mérito el Tribunal de Sentencia declaró como probado que el 02 de septiembre de 2014, entre las 10:00 a.m. a 11:00 a.m., el Señor J. J. O. F., transitaba por la calle principal de la Colonia Bonitillo del Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlántida, cuando fue objeto de registro y posterior detención por agentes de la policía pertenecientes a la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA); para los señores jueces tal registro y posterior aprehensión fue ilegítimo, pues consideran que en ese momento el Señor J. O. no estaba realizando ninguna maniobra peligrosa o inusual, mucho menos acción atentatoria en contra de las personas o la propiedad, que haya motivado a los agentes del orden a realizar el registro personal como acto de intromisión a la intimidad; los juzgadores inclusive van más allá, señalando que en todo caso el acusado tenía el derecho de contar con un abogado defensor en la práctica del registro dado que el acusado era considerado sospechoso. Para esta Sala de lo Penal los señores Jueces de Sentencia en sus razonamientos solo tienen presente los derechos exclusivamente del acusado J. J. O. F., sin tomar en consideración que dichos derechos no son absolutos y que pueden ser limitados en aras de la salvaguarda de los derechos de otras personas o de la colectividad, como ser la seguridad pública. Es correcto señalar que el registro que se practica a una persona puede comprometer la libertad y hasta la intimidad, pero tal compromiso es tan fugaz cuando se trata de un registro personal (cacheo), que la ley lo admite cuando se busca con él mantener la seguridad de la población mediante actos de prevención del delito que particularmente deben realizar los agentes de policía según dispone el artículo 5.2 de la Ley de Policía y Convivencia Social. Los Agentes de Policía en el caso concreto, tenían la obligación de realizar actos preventivos de carácter general, aun cuando pertenecieran a la FNA, pues así se los mandaba el artículo 24.22 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; Por ello al cursar por una zona con incidencia delictiva y ver a una persona transitando estaban autorizados por la ley para requerirlo y solicitarle un registro pues el fundamento razonable parte precisamente del lugar en donde se encontraba, al que se sumó la actitud nerviosa del acusado, la que se explicó después al encontrársele un arma de fabricación casera. Los Agentes de policía no podían solicitar al Señor J. O. que entregase un objeto determinado pues no se trataba de una persona de la cual se tuviesen antecedentes para sospechar de él como responsable de un acto concreto, sino que simplemente era un acto de control ciudadano dispuesto al azar y que recayó en una persona que transitaba casualmente por el lugar por donde los agentes de policía realizaban su patrullaje; es entonces incorrecto el criterio del juzgador que era necesario que el Señor J. O. contara con la asesoría de un abogado previo al registro, pues éste no tenía la calidad de imputado (Art. 101 CPP), ni tampoco se le seguía investigación por delito o falta, por lo que el registro no constituía acto de investigación preliminar. La Recurrente tiene razón al señalar que el acto de registro personal es lícito, ésto por haber sido practicado cumpliendo los requisitos legales pertinentes: 1. El registro fue realizado por agentes de policía, en el cumplimiento de sus funciones preventivas del delito; 2. El registro fue motivado primero porque el lugar en donde transitaba el acusado tiene alta incidencia delictiva y, posteriormente, por la postura nerviosa adoptada por éste; ambas circunstancias constituyeron el fundamento razonable para su práctica; 3. El Señor J. J. O., fue informado por los agentes de policía de la práctica del registro personal; 4. El registro personal fue realizado por agentes de policía del mismo sexo y no comprometió zonas anatómicas que afectasen el pudor del Señor J. O.; 5. Tras el registro personal y al habérsele encontrado al Señor J. O., en posición de un objeto de tenencia ilícita (arma de fabricación casera), los agentes de policía procedieron a la aprehensión del acusado, informando de tal hecho al Ministerio Público, quien posteriormente presentó requerimiento fiscal poniendo a la orden de autoridad judicial al detenido; y 6. Los Agentes de Policía documentaron lo actuado mediante actas escritas, mismas que fueron propuestas y admitidas como medios probatorios documentales del proceso. Los señores Jueces de Sentencia, al señalar que el acto de registro era ilícito, excluyeron a su vez todo medio de prueba que consideraron derivado de dicho acto, siendo éstos: i.- Acta de Registro Personal de fecha 02 de septiembre de 2014; ii.- Dictamen Balístico 2014-0801-0502-9588; y iii.- Evidencia física consistente en un arma de fabricación casera, confeccionada de madera y hierro, conteniendo en su interior un proyectil calibre 38 y una mochila color negro con círculos de varios colores. Medios de prueba enumerados que debieron ser objeto de valoración (positiva o negativa) a la luz de la sana crítica a efecto de dar respuesta de fondo a las pretensiones que formularon las partes en la audiencia de debate; La exclusión indebida de los medios de prueba provocó una falta de tutela judicial efectiva a las partes, pues la decisión de fondo contenida en la sentencia que ahora se conoce en casación, no se basa en todo el acervo probatorio ofertado y admitido, sino que en la valoración parcial de éste. Decisión Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, en su motivo único. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Se casa la sentencia de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil quince (2013) (f. 74), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, decretando su nulidad y de la audiencia de debate que le origina, de fecha once (11) de noviembre de dos mil quince (2015) (F. 71).- Y MANDA: Primero.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del Señor J. J. O. . en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos/as que concurrió a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil quince (2015).- Segundo.- Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-71-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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