Sentencia CP-67-16 — Registro 11026
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, contra la sentencia de priemra instancia que lo condena por el delito de Negación de Asistencia Familiar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO ES DE RECIBO. A.4) Opinión de la Sala sobre el Caso Específico: Esta Sala de lo Penal considera que el que alega vulneración del derecho al debido proceso dispuesto en el artículo 90 Constitucional, en relación con lo dispuesto en el artículo 82 Constitucional que consigna el derecho de defensa por considerar que la defensa propuso el medio de prueba consistente en la declaración de la esposa del imputado, con el objeto de que acreditar en juicio la situación económica por tener hijos con el imputado, tal y como obra en el acta de proposición de pruebas, la que no fue admitida por el A-Quo, y debido a que en la fase de incidentes, la defensa propuso el medio de Prueba Documental, consistente en una serie de facturas, para acreditar en juicio que el imputado si compraba alimentos, vestuario y medicinas y otros a su menor hijo D. H. W. C., prueba que también el tribunal de juicio inadmitió sin justificación legal, resolución contra la que la defensa del acusado interpuso Recurso de Reposición el que fue desestimado con lo cual se le dejado al acusado en indefensión, medios de prueba que debieron ser admitidos y valorados por el Juzgador para proferir el fallo. Esta sala estima que al inadmitir los medios de prueba al acusado el Juzgador incurre en violación al derecho fundamental de defensa en juicio, y del derecho de igualdad de armas, los que integran el núcleo duro de derechos constitucionales que forman parte del Debido Proceso legal. Esta Sala aprecia que para que un proceso se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo este como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. Al no haber admitido el juzgador prueba de descargo ya relacionada, siendo apta para acreditar la tesis de la defensa, en cuanto a la capacidad económica del acusado, las demás obligaciones alimentarias del acusado respecto a otros de sus hijos, y a las causas que podrían explicar el incumplimiento del acta de compromiso que el acusado suscribe en Fiscalía con la señora Nancy Cecilia Castillo Vargas, madre del menor, en la que se compromete a cubrir las necesidad alimentarias de su menor hijo D. H. W. C., esta Sala concluye que efectivamente la sentencia impugnada, impide al acusado el ejercicio de su derecho de defensa a probar los extremos de su oposición, en desigualdad de condiciones respecto a la parte acusatoria, con lo que genera un estado de indefensión en el acusado señor Daniel Enrique Will Maldonado, por todo lo cual esta sala concluye que la sentencia recurrida efectivamente infringe la garantía del debido proceso. 2) Recurso de Casación de Quebrantamiento, por violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. - A) Motivo Único de Casación: Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora.
Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Esta Sala no se pronuncia concretamente respecto del motivo único de casación de Quebrantamiento, por violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, invocado por el recurrente en virtud de haber prosperado el motivo único de casación de infracción de precepto constitucional por vulneración del derecho al debido proceso dispuesto en el artículo 90 Constitucional, en relación a lo dispuesto en el artículo 82 Constitucional que consigna el derecho de defensa, invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019); el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La Sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma número S.P.67-2016, interpuesto contra la Sentencia de fecha dieciséis de septiembre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Condenó al señor Daniel Enrique Will Maldonado, como autor del delito de Negación de Asistencia Familiar, en perjuicio del menor D. H. W. C., a la pena de tres años de Reclusión. Se le declara la Responsabilidad Civil del señor Daniel Enrique Will Maldonado a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados al niño D. H. W. C.. - No procede a condenar en Costas al Imputado Daniel Enrique Will Maldonado. Interpone el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma el Abogado Oscar Armando Rodríguez Martinez, actuando en su condición de Defensor Privado del señor Daniel Enrique Will Maldonado. SON PARTES: El Abogado Oscar Armando Rodríguez Martínez, Defensor Privado del señor Daniel Enrique Will Maldonado, como parte recurrente; y la Abogada Miriam Emilda Garcia, Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS UNICO: En fecha cuatro de agosto del dos mil diez, a consecuencia de una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por el delito de negación de asistencia familiar, el abogado D. E. W. C. se comprometió a pagar a partir de ese mismo mes, la cantidad de mil quinientos lempiras que debían ser depositados en la cuenta de ahorro 1202064737 del Banco Atlántida, a favor de su hijo D. H. W. C. en concepto de gastos de alimentación que debían ser aumentados a partir del mes de octubre de ese mismo año, obligación alimentaria que el señor Daniel Enrique Will Maldonado no dio cumplimiento de acuerdo a los puntos estipulados ante el Ministerio Público.” III. RECURSO DE CASACIÓN: “EL RECURRENTE ABOGADO OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Haber producido por parte del juzgador la infracción de precepto constitucional PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra en el artículo 361 del Código Procesal Penal CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, al momento de dictar sentencia definitiva en fecha 16 de septiembre de 2015, lo hizo violentando el texto constitucional que se infiere al DEBIDO PROCESO, que es aplicable a todas las actuaciones judiciales, en donde en su desarrollo la persona imputada tiene derecho a acceder a la administración de justicia demarcando dentro de los parámetros básicos como lo son los principios inherentes al mismo (Principio de igualdad de armas procesales, contradicción, defensa material, defensa y asistencia técnica, presunción de inocencia, todos ellos violentados, al no cumplir con su deber el estado que a través de su administración de justicia debió observar que el imputado contara con actuaciones se enmarcaran dentro de los parámetros de eficiencia, lealtad y responsabilidad. El precepto constitucional que se invocó infringido, prescribe: Artículo 90 de la Constitución de la República “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, en relación con el artículo 82 de la carta magna que dice “El derecho de defensa es inviolable”.- El derecho al debido proceso forma parte de la gama de derechos individuales que regula la parte dogmática de la Constitución de la República, se constituye como un instrumento protector para garantizar el poder estatal no conculque la forma y modo de realizar los actos procesales rectores del ius puniendi ante los ciudadanos estableciendo los pasos, condiciones y formalidades que deben respetarse en caso de que sea necesario el arresto detención y sentencia de un ciudadano. Así honorable Tribunal Supremo, en el presente caso que ha representado el enjuiciamiento y condena del señor: DANIEL ENRIQUE WILL MALDONADO, se ha producido una evidente violación a sus Derechos Constitucionales al Debido Proceso y al Derecho de Defensa y otros, al concurrir las siguientes anomalías: EXPLICACION DEL MOTIVO ANTECEDENTES DEL CASO: Se presentó como medio de prueba en su momento procesal la declaración de la esposa del imputado, con el objeto de que manifestara la situación económica en virtud de tener hijos con el imputado, tal y como obra en el acta de celebración de proposición de pruebas del expediente de mérito, y el cual no fue admitido por el A-Quo, de igual manera en el Debate Oral y Público, en el momento de hacer uso las partes de proponer incidente, nulidades, excepciones y medios de prueba, se Propusieron EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL con una serie de facturas en las cuales se constataba que el imputado si le compraba alimentos, vestuario y medicinas y otros a su menor Hijo: D. H. W. C., ver el acta de Debate o Juicio Oral y Público en donde al interponer como medio de prueba como incidente se propusieron una serie de documentos o facturas donde se comprueba que mi representado le había comprado alimentos, vestuario y medicinas y otros y el cual el tribunal de sentencia inadmitió sin justificación legal por la que la defensa en uso del derecho que la ley confiere interpuso el correspondiente Recurso de Reposición el cual fue desestimado por el Tribunal de Sentencia contraviniendo el principio del derecho a la defensa, el derecho al debido proceso y al de igualdad de armas que se menciona la norma procesal penal de acuerdo al artículo 13 de Código Procesal Penal, en vista de lo anterior desde el momento de la proposición de pruebas se ha dejado en completa indefensión de la defensa al inadmitir medio de prueba que debieron ser valorados al momento de proferir el fallo, dejando de realizarse el debido proceso que hace mención el artículo 90 de la Constitución de la República y conculcándose además con ello el derecho a la defensa que establece el artículo 101 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 82 de la Constitución de la República. Como vosotros podréis apreciar honorables magistrados casacionistas al leer la trascripción de la negación de la ponencia de la testigo propuesta por la defensa en la audiencia de proposición de prueba y de las facturas que se comprueba que mi representado si ha estado cumpliendo como padre para la manutención de su menor hijo, tutela judicial del derecho de defensa que fue violado por el A-Quo, por lo que en la sentencia que se solicita revisar se ha vulnerado el derecho constitucional que se aduce como accionante al no darle cumplimiento el tribunal sentenciador a lo establecido en el artículo 13 del Código Procesal Penal que reza “IGUALDAD DE LOS INTERVINIENTES. LOS JUECES Y MAGISTRADOS VELARAN POR LA EFECTIVA IGUALDAD DE LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO” dicha vulneración puede ser objeto de tutela, un punto de resquebrajamiento al debido proceso por incumplimiento de los términos procesales o de diligencias injustificadas que obligan al funcionario competente al tenor de lo previsto en el artículo 90 de la Constitución de la República de Honduras, al no darle la oportunidad a la defensa de presentar los medio de prueba pertinentes para ser valorados en igualdad de armas para proferir una sentencia de acuerdo a derecho, es evidente la violación a precepto constitucional, pues con ello queda de manifiesto que no importa para el sentenciador vulnerar el derecho que corresponde a mi representado conculcando el debido proceso al no tomar en cuenta prueba fundamental para la defensa la cual contrarresta la acusación del ente acusador ver audiencia de proposición de prueba por la defensa y en el acta de debate o Juicio Oral y Público donde no se le admitieron a la defensa facturas de compra de alimentos, vestuario, medicinas y otros que contrarrestan la acusación. Por lo que es visto entonces que el Tribunal no le ha interesado la protección de los Derechos Constitucionales de mi representado en el presente caso. FORMAS DE RESOLVER LA VIOLACION Así las cosas las normas procesales invocadas como infringidas y entendiendo que vivimos en país democrático y de derecho los Jueces no pueden apartarse de las reglas de procedimiento y no pueden negar a la defensa sin justificación legal adecuada la admisión de medios de prueba que contrarresten la acusación violentando además normas procesales y al estar limitado dicho Derechos Constitucionales por el principio de legalidad procesal, es evidente que el presente proceso de mérito no se le cumplió tal garantía a mi representado, violación que vosotros si apreciareis con la lectura de las actas de actuaciones de la defensa, se desprende que debió admitirse la prueba testifical de la defensa para alegar justificación en contra del delito que se le imputa a mi representado, así mismo se dejó de valorar documentos que contrarrestan la acusación como ser facturas de compra de alimentos, vestuario medicinas y otros a favor del menor hijo del imputado, para que se contrarrestara la acusación de acuerdo al principio de igualdad de armas procesales, defensa material, defensa y asistencia técnica, por lo que la prueba de cargo que se valoró como tal enerva el principio de inocencia de mi mandante. Por todos los actos de prueba de descargo inadmitidos inadecuadamente, devienen nulos, ya que se violentaron garantías y derechos procesales al imputado como el derecho a la defensa por ser violatorio de disposiciones Constitucionales, Internacionales y de ley nacional aquí mencionadas, con lo que es evidente la violación al artículo 90 de la Constitución de la República por haber una falta flagrante al debido proceso que causó indefensión total a mi representado en los momentos claves del proceso y a la garantía básica de derecho de defensa contenida en el artículo 82 de la Norma Constitucional cuando no se admitieron medio de prueba que pudieran contrarrestar la prueba de cargo, en relación a los artículos 13 y 14 del Código Procesal Penal. Por lo que se debe de casar, dicha sentencia por infracción de Precepto Constitucional y dejar sin efecto el juicio celebrado, ordenando se repita el mismo con jueces diferentes.” “IV.- CONTINÚA MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU: EXPOSICION DEL MOTIVO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO UNICO: Haber incurrido el tribunal sentenciador en inobservancia de las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal que expresa “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”.- Por su parte el artículo 336 del mismo cuerpo legal señala “El Tribunal para resolver solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”.- De igual forma el artículo 338 del referido código regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al Juez sentenciador sobre la forma de valoración de la prueba diciendo: Valoración de la prueba. Seguidamente se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a la practicadas en juicio y en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados. Así las cosas y en estricto apego a las normas que Sentenciador en el acápite VALORACION PROBATORIA. Veamos a continuación rigen nuestro sistema penal enjuiciamiento, se sustenta y recae el reclamo que se hace por este medio impugnaticio, al arribar erróneamente a unos hechos probados de la prueba evacuada y es precisamente en lo que establece el Tribunal la valoración incorrecta, subjetiva e inexacta y apartándose de las reglas que se le impone a todo juzgador en la materia las reglas de la sana crítica puesto que no se trata de copiar y luego decir como se observa y acontece en la sentencia que se impugna, en donde sin enlace lógico ni explicaciones válidas, el Tribunal luego de copiar lo que fue la prueba evacuada en juicio concluye en usas frases tales sin justificación tales como decir “Estos documentos se consideran válidos” sin ni siquiera valorar en ninguno de los hechos las pruebas presentadas por la defensa, en otras palabras consigna dicho tribunal que otorga valor probatorio a prueba documental, pericial y testimonial de cargo según su entendimiento, es para estimar de que los hechos declarados probados como tales son una verdad CUANDO ANTES BIEN SE HA DEJADO DE VALORAR LA PRUEBA DE FORMA CONJUNTA Y ARMONIOSA, SIENDO MANIFIESTA LA FALTA DE CLARIDAD Y JUSTIFICACION EN LA VALORACION DE TALES PRUEBAS, y por supuesto tal como lo pasamos a desarrollar y fundamentar, jamás pudo haberse establecido ni declarar como hechos probados, la realización de una conducta ilícita por mi representado, y que la prueba relacionada no tiene el sustento para considerarla de cargo, siendo flagrante el quebrantamiento de forma y la violación indebida en dicho acápite de valoración de prueba, todo lo anterior se explica así: PRIMERO: EL NUMERAL PRIMERO de tal acápite: se refiere el sentenciador a la valoración de que se hace en la certificación de acta de nacimiento se establece que el padre del niño D. H. W. C. nacido el 4 de abril de 2007 son el padre DANIEL ENIRIQUE WILL MALDONADO Y la señora NANCY CECILIA CASTILLO VARGAS, que por su puesto se contrae únicamente a valorar el acta de compromiso del cuatro de agosto de 2010, se establece que ante la fiscalía de la niñèz el señor: DANIEL ENRIQUE WILL MALDONADO, se comprometió en depositar mensualmente la cantidad de mil quinientos lempiras en la cuenta del banco Atlántida número 12020664737 para sufragar los gastos de las necesidades básicas de su hijo y en la valoración de la prueba erróneamente el sentenciador hace una mala valoración del medio de prueba en virtud que los mensajes reconocidos por la señora NANCY CECILIA CASTILLO VARGAS que reconoció los mensajes enviados por whatsapp de los folios 123 al 125 los valoró en contra del imputado que más bien la defensa los propuso para acreditarle al juzgador que la madre del imputado mantenía contacto con él para solicitarle lo necesario para la manutención del menor en fechas diferentes por lo que se entiende que el cumplía, dentro de sus posibilidades pues tiene otros hijos que alimentar, pues no hubiese sido consecutivamente la comunicación de la madre del menor solicitando alimentos a favor del menor. Antes bien consta en autos que el Tribunal da por acreditado en este numeral uno requerimiento que se le hizo por parte del Ministerio Público para el cumplimiento de obligación alimentaria para con el niño y comunicación que ha existido entre el acusado y la madre del niño sin valorar el juzgador A-Quo la sentencia proferida por la sala penal de esta Corte Suprema de Justicia No. 48-2010, en la cual se señalan los requisitos esenciales para que exista el ilícito penal de negación de asistencia familiar y en la cual el A-Quo le da a un acuerdo en el Ministerio Público el carácter de sentencia, contrario a lo que se señala en el medio de prueba admitido y que no fue valorado por el juzgador de forma arbitraria más bien valora la comunicación de mi poderdante que con ello se comprueba que tenía comunicación con la madre del menor en su contra. SEGUNDO: El Tribunal sentenciador en el SEGUNDO numeral del acápite de valoración de prueba, motivando y según justificando el valor probatorio de la pericia de trabajo social por la licenciada SILVIA ESTELA REYES MARTINEZ, da una mala interpretación a este medio de prueba, pues no valoró en ninguno de sus apartados que mi representado al momento de ser entrevistado fue claro en el sentido de que declaró tener más hijos que mantener así como una esposa que mantener y que él nunca se negó a brindarle alimentos a su menor hijo lo cual lo hizo proveyéndole de alimentos vestuario medicinas como la misma testigo de cargo doña NANCY CASTILLO afirmó en estrados por lo que este hecho de valoración no tiene coherencia con lo evacuado y que ha sido valorado de forma inadecuada por el juzgado sentenciador TERCERO: El Tribunal Sentenciador de igual manera en el TERCER numeral del acápite de valoración de prueba motivando y según su decir justificando valor probatorio de cargo de la declaración de la señora: NANCY CECILIA CASTILLO VARGAS, según acta de celebración de Juicio Oral y Público, donde da una mala valoración a este medio de prueba pues se manifiesta “Ante el Tribunal que desde que se casó con el encausado tuvo que asumir la batuta de los gastos porque él se quedó sin trabajo, había problemas en el matrimonio porque él le ponía excusas por los gastos, estando embarazada le echó del apartamento, EL LE DABA DE MIL QUINIENTOS A DOS MIL LEMPIRAS PERO NO ME DABA MAS PESE A SU INSISTENCIA QUE ERA ESTA CANTIDAD PARA DICIEMBRE ÈL LE DIJO QUE QUERIA AYUDARLA, LE COMPRO UNA MUDADA Y OTRAS COSAS AL NIÑO…. Más adelante continúa el juzgador manifestando que la señora NANCY reconoce como suyos los mensajitos señalando que son recientes NUNCA LO DEMANDA CIVILMENTE, porque quería llegar a un acuerdo, más adelante se sigue manifestando que ella interpuso la denuncia NO SE LLEGO A UN ACUERDO, el acuerdo era pagar una mensualidad, EL DIJO QUE LO UNICO QUE PODIA DAR ERA EN ESPECIE,(por lo que se contrarresta la negación de brindar alimentos que no solo es darle dinero a la madre, ya que el imputado tenía relación con el niño y es de lógica que le compraba lo necesario para su alimentación), más adelante se continúa manifestando por el juzgador “él (imputado) le mete cizaña a su hijo, no le ayuda con las compras de alimentos en el supermercado, HACE COMO UN MES Y TRES SEMANAS DABA PARA LA MANUTENCION era menos de quinientos lempiras, dijo que si lo seguía jodiendo con lo judicial NO LE IBA A DAR MAS, ÈL LE DIO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS PARA EL PAGO DEL APARTAMENTO, la última vez que le dio fue en dos mil diez andaba con su actual pareja en un Hyundai, tiene dos niños más y una niña mayor de 20 años, EN DICIEMBRE LE COMPRÒ VARIAS COSAS AL NIÑO, ÈL SE LAS COMPRA DIRECTAMENTE, la abuela se lo cuida porque su persona actualmente trabaja en Santa Lucía, VE AL NIÑO PERO UNA VEZ ABUSÒ LLEVARSELO POR UNA NOCHE, NO LE ACEPTÒ LOS OFRECIMIENTOS DE EDUCACION EN OTRO CENTRO EDUCATIVO PORQUE SU HIJO REQUIERE EDUCACION ESPECIAL, el acuerdo era darle una cantidad depositada en una cuenta bancaria pero no la cumplió èsto fue el tres de agosto del dos mil diez... Cabe mencionar honorable magistrados que aquí el juzgador (copia textual) en su VALORACION manifiesta que se consideran válidas por las siguientes razones se aprecio que las facultades mentales y sensorial de este testigo era normal al momento de exponer sus declaraciones, de acuerdo al conocimiento de una persona promedio en nuestra sociedad, de lo cual se infiere que junto con su edad le permitió normalmente percibir, entender y comprender los hechos que narró, se considera este relato como coherente internamente ya que al analizar su contenido se percibe que CARECE DE CONTRADICCIONES INTERNAS, ya que la testigo fue conteste y detallada en describir las circunstancias en que el niño D. H. W. C., se desenvuelve y los gastos alimentarios que necesita para su normal desarrollo y desenvolvimiento, así como la negativa del acusado a proporcionar en forma continúa desde el nacimiento del niño, lo cual ES CORROBORADO CON LA PRUEBA DOCUMENTAL Y LA PERICIA DE TRABAJO SOCIAL EVACUADA EN EL DEBATE, asimismo en el debate no se acreditaron elementos de prueba que refutase lo declarado por la testigo. Mediante estas declaraciones se acreditan las circunstancias con los hechos objeto de discusión. Resulta inusitado que el Tribunal contra toda lógica usando reglas de la sana crítica de la experiencia y la psicología, en donde la misma testigo de cargo acepta que el encausado si la apoyaba económicamente dentro de las posibilidades pues tiene otras obligaciones (según actas de nacimiento de los otros hijos del imputado que el juzgador no le dio ningún tipo de valoración) y que existe un contacto directo del padre con el hijo y que le daba dinero y que ella (Testigo) se negó a que el padre pusiera al niño a estudiar en un centro educativo, en cuanto a la que se refiere el A-Quo que se acreditó con elementos de prueba lo declarado por la testigo es falso en virtud que la misma testigo acepta que los mensajitos de requerimiento de brindar alimentos que mantuvo con el imputado eran de ella y tampoco se acreditaron elementos de prueba porque el mismo A-Quo negó la admisión del medio de prueba documental consistente en facturas de compra de alimentos, vestuario, medicinas y otros a favor del menor hijo del imputado, por lo que existe LA VIOLACION DE LA REGLA LOGICA EN SU POSTULADO Y POR ENDE EN SU PRINCIPIO DE RAZON SUFICIENTE, POR LO QUE SON EVIDENTES LAS CONTRADICCIONES E INCOHERENCIAS QUE EL TRIBUNAL HA DEJADO DE APRECIAR Y QUE DEJA CLARAS INCONSISTENCIAS EN SU VALORACION PROBATORIA, como antes se menciona, de tal forma que la declaración de la testigo ofendida que ha tenido como válida y de cargo, según el decir del tribunal que tiene “Por acreditado que la declarante apreció con sus facultades mentales y sensorial era normal al momento de exponer su declaración” y da valor como prueba de cargo es una VIOLACION A DICHA REGLAS DE VALORACION COMO AL DEBIDO PROCESO, pues con lo manifestado anteriormente nos damos cuenta que los hechos declarados por dicha testigo resultan contradictorios y faltos a la verdad e inciertos para darles crédito al tenor de las reglas de la sana crítica y que el Tribunal ha dejado de valorar deforma conjunto adecuada y armoniosa. CUARTO: El tribunal Sentenciador en este acápite de valoración de las pruebas numeral TERCERO, procede a consignar lo siguiente. (Se copia literalmente). El acusado DENIS ENRIQUE WILL MALDONADO (lo correcto es DANIEL ENRIQUE WILL MALDONADO), como expresión material de su defensa manifestó que efectivamente ha cumplido con sus obligaciones dentro de sus posibilidades económicas, que tiene cuatro hijos más, es padre soltero de dos hijas, no tiene trabajo estable, entre cinco hijos reparte sus ingresos además de incluir a su madre la cual acaba de fallecer. La situación actual del país no es muy buena. La madre de su hijo quiere más dinero de lo que le da él, la relación con sus hijos es buena, la mala relación es con la mamá de él, el niño está en una escuela pública de la Fraternidad, ha dado gastos para alimentación, gastos médicos y educación, ella manda a su hija mayor para hacer las compras con él (extremo que la misma testigo de cargo en su ponencia tal y como consta en el acta de celebración del Debate Oral y Público afirmó) y a veces le manda el dinero, voy una vez por semana, la ayuda médica la da cuando le informan de accidentes, lo he llevado a “por salud” el seguro está pagado por ella, la semana pasada fue la última vez que vio a su niño, nunca ha sido demandado por alimentos, se comunica más con la abuela, la mamá de su hijo le mandaba mensajitos sobre lo que necesitaba, por medio del Ministerio Público si fue requerido, en donde accedió a que le pagaría la mensualidad acordada. Al ser contrastada esta declaración de la madre del niño y con la prueba documental y la pericia de trabajo social, se percibe que no es acorde con el contenido de los medios de prueba antes referido, señalando que lo único que tienen corroboración es el requerimiento que reconoce el imputado haber recibido por parte del Ministerio Público para que cumpliera con su obligación alimentaria, llegando a un acuerdo con la madre del niño, bajo la amenaza de que de no hacerlo el proceso penal seguiría su curso normal. Es evidente honorable magistrados de esta sala penal que el tribunal no le ha interesado la búsqueda de la verdad real, ni la aplicación irrestricta del artículo 202 del Código Procesal Penal, en el presente caso. Así las cosas las normas procesales invocadas como infringidas y entendiendo que vivimos en un país de derecho, los Jueces no pueden apartarse de las reglas de procedimiento pues al inadmitirseles medios de prueba a la defensa como ser la ponencia de la actual esposa del imputado de quien tiene dos hijos actualmente así como de impedir a esta defensa introducir un medio de prueba imprescindible como lo son facturas de compras de alimentos, vestuario medicinas y otras a favor del menor hijo del imputado, se le ha limitado el principio de legalidad procesal por lo que “fue tirado por la borda el principio universalmente reconocido que reza: “Que es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente” y si bien se debe de reconocer que bajo nuestro sistema nuestros jueces, tienen libertad en la forma de apreciar la prueba, pero no pueden apartarse o seguir las reglas de la lógica, experiencia y psicología, que conlleven a apreciar las pruebas con un correcto entendimiento, es decir hacer un razonamiento que sea convincente, claro, coherente y con precisión, pero èsto ha sido soslayado en el presente caso aún cuando se haya pretendido por el sentenciador toda una valoración, pero se reitera y es evidente resulta incongruente, pues en esencia las pruebas recibidas se les valora en un contenido inexacto y se les da un valor probatorio del que razonablemente carecen, todo esto enmarcado dentro del “principio de valoración razonable de la prueba”. Es más quedando establecido en la sentencia No 48-2010 proferida por esta honorable sala penal en la cual se quedó plenamente establecido que para que existiera el delito de negación de asistencia familiar la denunciante primero debió de acudir al juzgado de familia para que mediante sentencia firme, probara que el demandado fue requerido fehacientemente por otra instancia para brindar alimentos y al no haberse acreditado en autos este extremo por autoridad competente es decir donde un Juez competente ordene mediante sentencia firme la pensión alimenticia y este medio de prueba introducido como ilustración al A-Quo no le dio ninguna validèz el juzgador, dándole la facultad al Ministerio Público al celebrar un convenio como si fuera cosa juzgada, extremo que solo la Constitución de la República les da a las sentencias firmes, por lo que debe de ser valorado por vosotros magistrados este extremo. QUINTO: POR TODO LO DICHO RESULTA MAS QUE EVIDENTE LA FLAGRANTE VIOLACION EN LA FORMA DE VALORACION DE LA PRUEBA CONFORME A LOS PRINCIPIOS QUE LA INFORMAN Y QUE HACEN QUE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA EN EL PRESENTE CASO HAYA VULNERADO EL PRINCIPIO DE LA LOGICA Y DE LA SANA CRITICA, PUES LA VALORACION NO FUE HECHA EN SU CONJUNTO QUE SEGÚN HACE EL TRIBUNAL, SE APARTA DE DICHAS REGLAS DE VALORACION Y PRINCIPIOS Y MAS AUN CUANDO NO SE ADMITEN A LA DEFENSA MEDIOS DE PRUEBA FUNDAMENTALES PARA CONTRARRESTAR LOS CARGOS PRESENTADOS POR EL MINISTERIO PÙBLICO. EN CONCLUSION El tribunal sentenciador ha violentado las reglas de la sana crítica específicamente como reitero la LOGICA, en su postulado de la coherencia en su principio de razón suficiente debido a que con las pruebas presentadas en el Juicio Oral y Público, el Tribunal NO TIENE RAZÓN SUFICIENTE PARA INFERIR LA CULPABILIDAD DE MI REPRESENTADO EN LOS HECHOS A EL ACUSADOS, razón por la cual es procedente anular el presente juicio y llevar a cabo un nuevo debate donde el nuevo sentenciador sí observe correctamente las reglas de la sana crítica. Por lo que solicitamos sea declarado con lugar el presente recurso. Debe indicarse que no pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el vicio en qué consiste el motivo, porque éste se produjo en el pronunciamiento de la sentencia que estoy impugnando.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Recurso de Casación de Infracción de Precepto Constitucional, por Violación del contenido del artículo 90 Constitucional, que consigna el Derecho al Debido Proceso, en relación con el Derecho de Defensa, establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República. Único Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación del contenido de los artículos 90 en relación al 82, ambos de la Constitución de la República. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, y se dicte la sentencia de fondo que corresponda conforme a derecho. Resumen: Casación por infracción de precepto constitucional por haber infringido el precepto constitucional del Debido Proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, que literalmente dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, en relación con el artículo 82 de la carta magna que dice “El derecho de defensa es inviolable”. La condena del acusado señor Daniel Enrique Will Maldonado, se ha producido con violación a sus Derechos Constitucionales al Debido Proceso y Derecho de Defensa, por considerar que: 1) Se presentó como medio de prueba la declaración de la esposa del imputado, con el objeto de que manifestar la situación económica por tener hijos con el imputado, tal y como obra en el acta de proposición de pruebas, la cual no fue admitida por el A-Quo; 2) Al momento de proponer incidente, se propuso el medio de Prueba Documental, consistente en una serie de facturas, en las se establecía que el imputado compraba alimentos, vestuario y medicinas y otros a su menor hijo D. H. W. C., medio de prueba que el tribunal de sentencia inadmitió sin justificación legal, por la que la defensa en uso del derecho que la ley confiere interpuso Recurso de Reposición el cual fue desestimado por el Tribunal de Sentencia, todo lo cual en contra del derecho de defensa, al debido proceso y al derecho de igualdad de armas, pues se ha dejado al acusado en indefensión, medios de prueba que debieron ser valorados para proferir el fallo. A.1) Concepto general del Recurso: El Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñoz, considera que el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este Recurso la Infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el Recurso de Casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1] A.2) Concepto especifico del Recurso: Esta Sala reitera que, por Debido Proceso, debe entenderse que, para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia Penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de Defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, en base a un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el Debido proceso encierra todas las Garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como:1. Que el hecho motivo del proceso este tipificado como delito o falta; 2. La Prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. La Constitución de la República en su Art. 90 constitucional establece el Derecho al acusado de gozar de un debido proceso, proceso justo o legal, del que derivan el derecho de defensa. Para que un proceso se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo este como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. El debido proceso, engloba además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: presunción de inocencia, derecho a un Juez independiente e imparcial, y publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. Incluye la garantía que la causa del justiciable sea conocida por un Juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley. Para garantizar la imparcialidad del Juez, pone a disposición de las partes procesales, las instituciones de la excusa y la recusación de los jueces y magistrados, las que vienen a ser un derecho. A.3) DE LA PROCEDENCIA RECURSO: EL RECURSO ES DE RECIBO. A.4) Opinión de la Sala sobre el Caso Específico: Esta Sala de lo Penal considera que el que alega vulneración del derecho al debido proceso dispuesto en el artículo 90 Constitucional, en relación con lo dispuesto en el artículo 82 Constitucional que consigna el derecho de defensa por considerar que la defensa propuso el medio de prueba consistente en la declaración de la esposa del imputado, con el objeto de que acreditar en juicio la situación económica por tener hijos con el imputado, tal y como obra en el acta de proposición de pruebas, la que no fue admitida por el A-Quo, y debido a que en la fase de incidentes, la defensa propuso el medio de Prueba Documental, consistente en una serie de facturas, para acreditar en juicio que el imputado si compraba alimentos, vestuario y medicinas y otros a su menor hijo D. H. W. C., prueba que también el tribunal de juicio inadmitió sin justificación legal, resolución contra la que la defensa del acusado interpuso Recurso de Reposición el que fue desestimado con lo cual se le dejado al acusado en indefensión, medios de prueba que debieron ser admitidos y valorados por el Juzgador para proferir el fallo. Esta sala estima que al inadmitir los medios de prueba al acusado el Juzgador incurre en violación al derecho fundamental de defensa en juicio, y del derecho de igualdad de armas, los que integran el núcleo duro de derechos constitucionales que forman parte del Debido Proceso legal. Esta Sala aprecia que para que un proceso se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo este como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. Al no haber admitido el juzgador prueba de descargo ya relacionada, siendo apta para acreditar la tesis de la defensa, en cuanto a la capacidad económica del acusado, las demás obligaciones alimentarias del acusado respecto a otros de sus hijos, y a las causas que podrían explicar el incumplimiento del acta de compromiso que el acusado suscribe en Fiscalía con la señora Nancy Cecilia Castillo Vargas, madre del menor, en la que se compromete a cubrir las necesidad alimentarias de su menor hijo D. H. W. C., esta Sala concluye que efectivamente la sentencia impugnada, impide al acusado el ejercicio de su derecho de defensa a probar los extremos de su oposición, en desigualdad de condiciones respecto a la parte acusatoria, con lo que genera un estado de indefensión en el acusado señor Daniel Enrique Will Maldonado, por todo lo cual esta sala concluye que la sentencia recurrida efectivamente infringe la garantía del debido proceso. 2) Recurso de Casación de Quebrantamiento, por violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. - A) Motivo Único de Casación: Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora.
Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Esta Sala no se pronuncia concretamente respecto del motivo único de casación de Quebrantamiento, por violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, invocado por el recurrente en virtud de haber prosperado el motivo único de casación de infracción de precepto constitucional por vulneración del derecho al debido proceso dispuesto en el artículo 90 Constitucional, en relación a lo dispuesto en el artículo 82 Constitucional que consigna el derecho de defensa, invocado por el recurrente. V. DECISIÓN. La Sala declara Ha Lugar el motivo único de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado Oscar Armando Rodríguez Martínez, Defensor Privado del señor Daniel Enrique Will Maldonado. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 y 362.3, del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: DECLARA HA LUGAR el motivo único de Casación de Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado Oscar Armando Rodríguez Martínez, Defensor Privado del señor Daniel Enrique Will Maldonado, en la causa en que se le condenó por el delito de Negación de Asistencia Familiar, en perjuicio del menor D. H. W. C.; SEGUNDO: CASA LA SENTENCIA IMPUGNADA, en consecuencia declara la nulidad de la sentencia impugnada de fecha dieciséis de septiembre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; MANDA: 1) Que el de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, celebre nuevo juicio contra del señor Daniel Enrique Will Maldonado, en la causa en que se le condenó por el delito de Negación de Asistencia Familiar, en perjuicio del menor D. H. W. C., con jueces distintos a los que participaron en juicio y la sentencia que se anula; 2) Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-67-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñoz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.