Sentencia CP-55-13 — Registro 9620
Resumen
En primera instancia se condena al imputado por el delito de estafa, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. En jurisprudencia sentada por esta sala mediante los fallos Exp. 107-2008 de fecha 15 de diciembre del 2008, Exp. 320-2005 de fecha 06 de septiembre del 2006 y Exp 405-2007 de fecha 16 de noviembre del 2009, se ha señalado que la mera inobservancia de los plazos judiciales si bien constituye una violación al debido proceso, no es fundamento para anular una sentencia, porque resultaría la sanción procesal en una contribución a la dilación que se está denunciado; En otras palabras, la solución a la violación sería más bien una contribución más al problema. Nota esta Sala de lo Penal que en el acta de la audiencia de debate se cita a las partes para la celebración de la audiencia de individualización de la pena concreta para el día miércoles 11 de enero de 2012 (F. 503), constatando que en el expediente se encuentra el acta de determinación de pena de fecha de realización el 31 de enero de 2012 (F.504) y que en la misma fecha ( 31 de enero de 2012) se realizó audiencia de revisión de medida a favor del señor J.E. F.L.(F. 505).Ahora bien, respecto a lo que nos atañe, no encuentra esta Sala de lo Penal que el incumplimiento de los plazos judiciales haya repercutido negativamente en la decisión contenida en la sentencia, pues el quebrantamiento del Principio de Concentración no implicó violación al principio de inmediación, dado que el Tribunal de Sentencia dio a conocer el fallo en los términos del artículo 342 segundo párrafo del Código Procesal Penal y a consecuencia de la conclusión de la deliberación realizada bajo los parámetros del artículo 336 del mismo cuerpo legal, en donde, entre otras cosas, se analizó y valoró los medios de prueba reproducidos en juicio y se analizó y decidió sobre las posturas de las partes litigantes, dejando así ya fijada, sin disolución de la inmediación, el criterio sobre el material probatorio y el criterio respecto a las argumentaciones de las partes. Las audiencias subsecuentes al debate son accesorias del juicio oral y público y efecto directo del pronunciamiento de culpabilidad hecho por Tribunal, así entonces la audiencia de cesura tiene por objeto la individualización de la pena concreta basado en los hechos ya declarados probados y en la prueba que en ese momento se presente, y la posterior sentencia tiene por objeto dar a conocer las bases de la decisión del tribunal tomada al momento de la deliberación para efectos de control por el público, los litigantes y sus abogados/as, y por el mismo sistema legal mediante la vía recursiva, con las consecuencias particulares de cada uno de ellos. En el presente caso no ha afectado ni incidido gravemente en la concentración de los actos del debate, ni en la inmediación del juzgador, con la prueba vertida por las partes en el juicio oral y público, o en su correcta valoración intelectiva, pues obviamente debe entenderse que la audiencia de debate o juicio propiamente dicho, concluye con el fallo, acto procesal que ha quedado debidamente registrado tanto en el acta del debate elaborado por el secretario, como en la anotaciones personales de los jueces y en la grabación de audio del juicio, instrumento o herramienta orientadas precisamente a conservar frescas la memoria del juzgador, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Es evidente para esta Sala de lo Penal que el recurrente no cumplió con la tarea de investigar la naturaleza del recurso de casación previo al planteamiento del mismo. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, como ya se ha explicado, es un recurso extraordinario debido a que solo puede ser alegado como motivo de impugnación los supuestos previstos en el artículo 360 del Código Procesal Penal (ya enumerados), y siempre bajo el respeto del principio de intangibilidad de los hechos probados; contrario a ello el censor hace un mal uso de la técnica recursiva puesto que no establece con claridad ni precisión, que tipo de infracción de ley existe, si es una aplicación indebida, falta de aplicación o en su caso existe una interpretación errónea de la ley, así mismo hace referencia alegaciones propias de instancia, a medios de prueba evacuados en audiencia de juicio, así como de valoraciones propias de los mismos, por lo que se desmarca de los principios que rigen el recurso interpuesto y que el misma expuso en el libelo, por lo que resulta difícil para esta Sala Penal tratar de dar respuesta a este motivo, por lo anteriormente descrito se desestima el mismo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. En relación a lo expuesto por el censor esta Sala de lo Penal ha revisado detenidamente los argumentos del éste, analizando la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de Instancia, para comprobar sí efectivamente, como lo afirma el Impetrante, no se observaron las reglas de la sana crítica o si por el contrario fueron observadas por el Tribunal A quo. Del estudio realizado se hace notar que el censor dedicó la exposición del motivo de casación, a realizar alegaciones propias de instancia, no especificando cuáles de las Reglas de la Sana Crítica se han visto infringidas por el Sentenciador. En ese sentido, esta Sala reitera que “el recurrente deviene obligado a señalar concretamente qué regla de la sana crítica estima ha sido inobservada por el juzgador en la valoración de la prueba y la incidencia que tal omisión ha tenido en el fallo” señalamiento que no ha verificado el recurrente; por otro lado, se observa que el Tribunal de Sentencia ha realizado una correcta valoración de la prueba en base a las Reglas de la Sana Crítica, y recuerda al Recurrente que con el sistema de “Libre Convicción o Sana Crítica Racional”, este Tribunal de casación está limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en Primera Instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación; ya que sólo le está permitido a esta Sala, establecer si las pruebas evacuadas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las Reglas de la Lógica y si hay Motivación Suficiente y Legal. Por ello no se aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las Reglas de la Sana Crítica, o que al momento de valorar la prueba el A- quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate; por lo que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las Reglas de la Sana Crítica. En consecuencia, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su segundo Motivo, interpuesto por la Defensa..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “
I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 30 días de mayo de dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Rafael Bustillo Romero Magistrado Coordinador por Ley, Alma Consuelo Guzmán García y Miguel Alberto Pineda Valle como Magistrado Integrante en sustitución justificada del Magistrado José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 55-2013 por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de febrero de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual fallo: 1) CONDENANDO al Señor J. E. F. L., a la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION mas una multa de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (Lps.1,284,238.10), por el delito de ESTAFA, en perjuicio de la señora J. K.G..2)CONDENANDO al acusado J. E. F. L., a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOL FLEFIL UTA e INTERDICCION CIVIL, 3)NO CONDENO en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por dicho juicio al condenado J. E. F. L.. 4) DECLARO la responsabilidad civil del condenado J. E. F. L.. -Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma el Abogado M.A. L.E., en su condición de Apoderado Defensor del Señor J. E. F. L..SON PARTES: El Abogado M. A. L. E., en su condición de Defensor Privado del Señor J. E. F. L., como parte recurrente y el Abogado A. F. C. B., en su calidad de Acusador Privado, de la Señora J. K. G., como parte recurrida. Hechos Probados “Valorando las pruebas practicadas en el acto del Juicio Oral y Público, de acuerdo a los criterios de la Sana Crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día 26 de Mayo del año 2005 el Querellado señor J. E.F. L. actuando en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Compañía de Vehículos S.A de C.V, (COVESA) y la señora J. K. G., de nacionalidad Estadounidense y con permiso de residencia en el país, celebraron un contrato privado de préstamo bajo los términos siguientes: la señora J. K. G. le dio en préstamo al Querellado y a la Sociedad Compañía de Vehículos S.A de C.V, (COVESA); la cantidad de $673,787.07 Dólares Americanos, pagadero en un plazo de un (1) año a partir de la fecha de la suscripción del contrato, devengando un interés de 12% anual, los intereses serían pagaderos en cuotas mensuales iguales a la cantidad de $6,737.87 Dólares Americanos, en el mismo contrato se establece que como garantía del préstamo se constituiría una hipoteca a favor de la querellante sobre una porción de terreno de 6.27 manzanas ubicadas en residencial El Tablón, Aldea de Zambrano, Departamento de Francisco Morazán, que pertenece a J. F., y una prenda automotriz de cincuenta (50) vehículos que la Sociedad Compañía de Vehículos S.A de C.V, (COVESA) compraría, descritos de la forma siguientes: Treinta (30) automóviles compactos, Diez (10) autobuses minivans, Diez (10) station wagon 4x4. En el mismo documento el Querellado señor F. L. se constituyó en aval solidario de la Sociedad Compañía de Vehículos S.A de C.V.(COVESA) en relación a la cantidad de dinero prestado por la Querellante Señora K. G. y sus intereses. SEGUNDO: En fecha 7 de Julio 2005 el Querellado señor J. E. F. L. y la señora J. K. G., suscribieron una enmienda al contrato privado de préstamo antes referido, en el sentido que el pago de los intereses se realizaría el 26 del mes y no el día (10) diez; así mismo que con el producto del préstamo se compraría la cantidad de 85 vehículos y la garantía prendaría se constituiría solo sobre 46 vehículos. TERCERO: La Sociedad Compañía de Vehículos S.A de C.V.(COVESA), mediante acuerdo emitido por la Secretaría de Industrias, Comercio y Turismo el 15 de Diciembre de 1997 fue autorizada para accionar como operadora dentro de la zona libre turística (ZOLT) HONDURAS COLONIAL (PASEO LIQUIDAMBAR REGION CENTRO PACIFICO), en la ciudad de Tegucigalpa, para desarrollar el proyecto “Budget Rent a Car”, gozando del beneficio del libre pago de impuestos y demás tributos para la importación de vehículos, los que no podían ser transferidos a ningún título. Situación esta que el Querellado Señor F. L. ocultó a la señora K.G. al suscribir el contrato, así también que el terreno ubicado en Residencial El Tablón, Aldea de Zambrano era propiedad del señor J. L.F. M. hijo del Querellado. CUARTO: En los meses de Agosto y Septiembre del 2005 La Sociedad Compañía de Vehículos S.A de C.V.(COVESA), obtuvo tres permisos especiales de importación temporal mediante los que la Secretaría de Finanzas le autorizó la importación de Cuarenta y Tres (43) vehículos libres de pago de impuestos de estos, de los que diecinueve (19) fueron comprados por La Sociedad Compañía de Vehículos S.A de C.V.(COVESA), con parte del dinero entregado por la señora J. K. G., y el resto de los vehículos se obtuvieron mediante financiado, inscribiéndose estos últimos en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), a nombre de A. SA de C.V. QUINTO: Entre el 14 de Junio del 2005 y el 12 de Mayo del 2006 el Querellado J.E. F. L. le entregó a la señora J.K. G. la cantidad de $30,045.38 Dólares Americanos de la totalidad de la $80,854.45 Dólares Americanos pactados como interés en el documento antes referido; así tampoco el Querellado le devolvió la cantidad de $673,787.07 Dólares Americanos. SEXTO: La señora J. K. G., a pesar que el Querellado Señor J.E. F. L., no realizó las entregas mensuales de los intereses del dinero, acordados el 26 de mayo del (2006); siguió entregándole en fecha 15 y 30 de marzo del año dos mil seis 82006), cantidades de dinero en Dólares Americanos.”III. Recurso De Casación. Motivos y ArgumentosRecurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INFRACCION DE LEY Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE:”1.) PRIMER MOTIVO DE CASACION: Infracción de Precepto Constitucional, del Debido Proceso, consignado en el artículo 90 párrafo primero. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal vigente. EXPLICACION DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. La Infracción de Precepto Constitucional, ocurre porque en el proceso, el Tribunal de Sentencia violenta el Derecho Humano Fundamental del Debido Proceso, consignado en las Constitución de la República en el artículo 90, lo que relaciono de la siguiente manera: Los días lunes cinco (5), martes seis (6), miércoles siete (7) y lunes doce (12) de Diciembre del año dos mil once (2011), se realizaron las sesiones del juicio oral y público, en virtud que en dicho Juicio recayó una Sentencia Condenatoria, el Tribunal de Sentencia, señaló el día martes treinta y uno (31) de Enero del año dos mil doce (2012) para la reanudación del debate, para la individualización de la pena, el artículo 342 último párrafo del Código Procesal Penal, a la letra prescribe:“Entre la primera y la segunda fase, habrá un intervalo que no podrá exceder treinta (30) días continuos, que se utilizarán para practicar las investigaciones sobre los elementos que el Código Penal exige para la determinación de la pena concreta… “. Note esta Honorable Corte, que desde el día 12 de diciembre de 2012, en quedó concluida la primera fase de la deliberación, hasta el día treinta y uno de enero de 2012, fecha en que se reanudo el debate para la individualización de la pena, segunda fase de la sentencia, transcurrieron más de TREINTA (30) días, infringiendo con ello lo prescrito en el artículo anteriormente relacionado.- Es importante mencionar, que de conformidad a la Ley Penal Adjetiva artículo 128 del Código Procesal Penal: “….se considerarán hábiles todos los días del año y las veinticuatro (24) horas del día….“.-Por no haber infringir lo expresamente ordenando en la Ley, es que el Tribunal del Juicio, cometió la Infracción del Precepto Constitucional del Debido Proceso. 2.) SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Infracción de Precepto Constitucional, del Debido Proceso, consignado en el artículo 90 párrafo primero. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal vigente. EXPLICACION DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. El día martes 31 de Enero del año dos mil doce (2012), el Tribunal de Sentencia señalo día y hora para la lectura de la Sentencia, pero dicha lectura de la sentencia nunca se llevó a cabo, y fue hasta el día martes dos (2) de Octubre de 2012, que a través de la Receptora del Tribunal de Sentencia, se me entregó una copia de la Sentencia.- A pesar que la Ley Penal Adjetiva, expresamente prescribe los plazos y términos en que se debían practicar todas las diligencias, el artículo 343 último párrafo, del Código Procesal Penal, establece: “En lo relativo a la redacción, lectura y notificación de la sentencia, se estará a lo prescrito en los Artículos 338 y 340, en lo procedente.”; el relacionado artículo 340 establece en el párrafo tercero: “... Con todo, si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes. En todo caso, el Presidente del Tribunal señalará la fecha y hora en que se celebrará la audiencia de notificación.”- Como puede apreciar esta Honorable Corte, sentencia dictada por el Tribunal de sentencia, debió haber sido redactada y firmada, a más tardar el día lunes seis (6) de febrero de 2012 (debía ser el cinco (5) de febrero pero cayó domingo); y la Sentencia aparece que tiene fecha siete (7) de febrero de 2012, siete (7) días después y no cinco (5), como exige la Ley.- Es importante mencionar, que de conformidad a la Ley Penal Adjetiva artículo 128 del Código Procesal Penal: “….se considerarán hábiles todos los días del año y las veinticuatro (24) horas del día….”. Quiero señalar que tampoco se señaló Audiencia de Notificación, y que dicha Sentencia se me notificó por medio de la Receptora del Tribunal hasta el día martes dos (2) de Octubre del presente año dos mil doce (2012), aprecie esta Honorable Corte, que se me entregó la copia de la Sentencia (sin haberse realizado la lectura de la misma), OCHO (8) MESES DESPUES.- Por lo anteriormente expuesto, en virtud que el Tribunal de Sentencia con su actuación violentó lo consignado en el artículo 340 del Código Procesal Penal ya relacionado, es por lo que ocurrió la Infracción el Derecho Humano Fundamental del Debido Proceso, consignado en el artículo 90 de la Constitución de la República; y es por lo que se produce el Motivo de Casación que se ha relacionado.3)TERCER MOTIVO DE CASACION: Infracción de los Preceptos Constitucionales, de Defensa, y del Debido Proceso, consignados en los artículos 82 y 90 párrafo primero. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal vigente. EXPLICACION DEL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. La Infracción de los Preceptos Constitucionales ocurre porque en el proceso, el Tribunal del Juicio violenta los Derechos Humanos Fundamentales de Defensa y del Debido Proceso, consignado en las Constitución de la República en los artículos 82 y 90, lo que relacionó de la siguiente manera: El Tribunal violenta dichos Derechos, porque al momento en que se me entregó la copia de la Sentencia el día 2 de Octubre de 2012, no se me entregó la copia del Acta del Juicio Oral y Público, de conformidad a lo que ordena el Código Procesal Penal en su artículo 346 último párrafo, que a la letra dice: “El Secretario entregará de oficio a cada una de las partes, con la copia de la Sentencia, un Ejemplar del Acta”.- Como puede apreciar esta Honorable Corte, desde que no se cumple con lo que ordena la Ley, y no se me entrega el Acta de lo ocurrido durante el Juicio Oral y Público, se le está violentando el Derecho Humano de Defensa a mi Representado, ya que para preparar el presente Recurso de Casación era necesario accesar a la información de lo contenido en dicha Acta, la entrega de la misma era obligatoria por parte del Tribunal, ya que como reitero, la Ley Procesal Penal, claramente ordena que el Secretario deberá entregar de oficio a cada una de las partes, junto con la Sentencia un ejemplar del Acta del Juicio Oral y Público, lo que no se hizo también se violenta el Derecho Humano Fundamental del Debido Proceso ya que no se cumplió con lo que ordena la Ley. Cuando el tribunal infringe lo prescrito en el artículo 346 último párrafo del Código Procesal Penal ya relacionado, ocurre la Infracción de los Preceptos Constitucionales de Defensa y del Debido Proceso, consignados en los articulas 82 y 90, y es por lo que se produce el Motivo de Casación que se ha relacionado.”III.-EL RECURRENTE FORMALIZO SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY DE LA SIGUIENTE MANERA:” CUARTO MOTIVO DE CASACION: Infracción de Ley o de Doctrina Legal, porque dados los hechos que se declararon probados en la sentencia se ha Infringido la Ley Civil contenida en el artículo 2099 en relación con el artículo 1575 numeral 1°, y el articulo 1586 numeral 2°, del Código Civil, que se debieron observar para la aplicación de la Ley Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal vigente. EXPLICACION DEL CUARTO MOTIVO DE LA CASACION POR INFRACCION DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL. La Infracción de la Ley Sustantiva Civil, se produce por lo siguiente: La Sentencia Recurrida expresa literalmente en el acápite Hechos Probados, en el Hecho PRIMERO: “El día 26 de Mayo del año 2005 el Querellado señor J.E.F. L. actuando en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Compañía de Vehículos S.A de CV., (COVESA) y la Señora J. K.G., de nacionalidad Estadounidense y con permiso de residencia en el país, celebraron un contrato privado de préstamo bajo los términos siguientes: la señora J. K. G. le dio en préstamo al Querellado y a la Sociedad Compañía de Vehículos S.A. de C.V., (COVESA); la cantidad de $673,787.07 Dólares Americanos, pagaderos en un plazo de un (1) año a partir de la fecha de la suscripción del contrato, devengando un interés de 12% anual, los intereses serian pagaderos en cuotas mensuales iguales a la cantidad de $6,73787 Dólares Americanos, en el mismo contrato se establece como garantía del préstamo se constituirla una hipoteca a favor de la querellante sobre una porción de terreno de 6.27 manzanas ubicadas en residencial El Tablón, Aldea de Zambrano, departamento de Francisco Morazán, que pertenece a J. F., y una prenda automotriz de cincuenta (50) vehículos que la Sociedad Compañía de Vehículos S.A. de CV., (COVESA) compraría, descritos de la forma siguientes: Treinta (30) automóviles compactos, Diez (10) autobuses minivans, Diez (10) statios wagon 4X4. En el mismo documento el Querellado señor F. L. se constituyó en aval solidario de la Sociedad Compañía de Vehículos S.A. de CV. (COVESA) en relación a la cantidad de dinero prestado por la Querellante Señora K.G.y su interés.” (el subrayado es mío).- Con los hechos relacionados que se declararon probados en la Sentencia, se ha infringido lo preceptuado en los siguientes artículos del Código Civil, artículo 2099: “La hipoteca debe constituirse por Escritura Pública e inscribirse en el competente registro.”, lo que tiene relación con lo preceptuado en el artículo 1575 numeral 1°, del mismo cuerpo de Leyes que a la letra prescribe: “Deberán constar en documento público: 1° Los actos o contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles. .. .“, y que se complementa con lo prescrito en el artículo 1586 numeral 2° del mismo Código Civil, que a la letra prescribe: “Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 2° Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene. . . .“ (el subrayado es mío).- El Tribunal de Sentencia debió haber observado estas disposiciones de carácter sustantivo, para la aplicación de la Ley penal, ya que en los FUNDAMENTOS JURIDICOS, SEGUNDO: de la Sentencia en el acápite el tipo o elemento objetivo de la Estafa, para la aplicación de la ley penal relaciona: “... En el presente caso, la acción engañosa se encuentra patente y de manera primaria cuando el Querellado suscribe un Acuerdo de Préstamo por la cantidad de 6737.87 Dólares Americanos, como garantía del préstamo otorgado antes mencionado se contaría con: A.- Una hipoteca sobre una porción de tierra de 6.27 manzanas o 4.37 hectáreas que forman parte de la Residencial el Tablón, localizado en la aldea de Zambrano, departamento de Francisco Morazán…..“.- El Tribunal del Juicio, está infringiendo lo prescrito en los artículos de la Ley Civil Sustantiva relacionada porque dicha Ley claramente establece, que para que pueda ser gravado un Bien Inmueble, es necesario que se realice mediante una Escritura Pública de Hipoteca, la que debe registrarse obligatoriamente en el Registro de Instituto de la propiedad Inmueble correspondiente, y en caso de no hacerse, habrá nulidad absoluta en el acto o contrato que se hiciere, en consecuencia, si un Contrato es nulo, como puede servir a un Tribunal para la aplicación de la Ley Penal, y al mismo tiempo servir de fundamento para condenar a una persona que está sometida a su jurisdicción, como ocurrió en el juicio que hoy se recurre.- Cuando dados los hechos que se declararon probados en la sentencia, se infringe lo preceptuado en el Código Civil, artículos 2099, 1575 numeral 1° y 1586 numeral 20, que debió ser observada para la aplicación de la Ley Penal, ocurre la Infracción de Ley o de Doctrina Legal; menciona una Hipoteca, realizada en un papel (Contrato) carente de las formalidades que exige la Ley, menciona una Hipoteca, realizada en un papel (Contrato) carente de las formalidades que exige la Ley. El Tribunal Contralor debe limitarse al examen jurídico del caso, debe revisar como el Tribunal del Juicio ha aplicado el derecho a los hechos de la causa; en esta tarea este Tribunal de Casación debe atenerse a los hechos fijados por el Tribunal de juicio en la sentencia impugnada, y debe limitarse a decidir si esos hechos han sido correcta o incorrectamente tratados desde el punto de vista de la Ley Sustantiva en el presente caso lo que ordena el Código Civil, también debe revisar que la motivación del Tribunal del Juicio, está constituida por elementos probatorios admisibles como tales en la causa.- La inadmisibilidad puede depender de defectos de calidad del elemento probatorio, en el presente caso darle el valor a un Contrato de una Hipoteca.”IV.- EL RECURRENTE FORMALIZO SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA SIGUIENTE MANERA:” QUINTO MOTIVO DE CASACION: Quebrantamiento de Forma por que las Motivaciones Fácticas son contradictorias. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal vigente EXPLICACION DEL QUINTO MOTIVO DE LA CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. El Quebrantamiento de Forma ocurre, por que las Motivaciones Fácticas de la Sentencia recurrida son contradictorias, el Tribunal de Sentencia expresa: “El tribunal procede a valorar las pruebas de acuerdo a las Reglas de la Sana Crítica, pruebas que han sentido para declarar los hechos anteriormente declarados probados en el acto del Juicio Oral y Público. PRIMERO: Como prueba de la parte Querellante se evacuo la siguiente declaración testifical: 1.- J. K. G.. Declaró: Que es la Querellante y Víctima en este Juicio Oral y Público…”. - El Juzgado Sentenciador manifestó en su valoración del Tribunal: “Este Tribunal de Sentencia otorga credibilidad a lo testificado por la Ofendida Señora J. K.G. en la audiencia de juicio oral y público en cuanto a los prestamos e intereses pactados, al suscribir un contrato con el acusado Señor J. E. F.L L., asimismo al recibir dinero en moneda extranjera norteamericana Dólares. Con respecto a los últimos contratos contradice sus dichos en cuanto a que los demás préstamos se dieron mediante engaño, pues se ha acreditado por la parte querellada los montos de las sumas que se le dieron por intereses, los cuales no corresponden a lo pactado en relación al tiempo de ser entregados, ni las cantidades estipuladas en el contrato firmados por ambas partes, existiendo un incumplimiento por parte del querellado, todo esto ya era del conocimiento de la querellante señora K. G., por tal razón el Tribunal no advierte la existencia del engaño en los demás préstamos. Asimismo, con la garantía del terreno no se comprobó si existe realmente lo que le dijeron a la Querellante que es que lo que tenían en relación al terreno, pero se probó que existiera hipoteca, nunca se puso a la vista dicho documento de propiedad de dicho terreno, mucho menos la existencia del bien en audiencia de Juicio Oral.” Note esta Honorable Corte, que en dicha valoración existen una serie de contradicciones, se contradice cuando expresa: ”…. que el Tribunal no advierte la existencia de un engaño en los demás prestamos ...“, NO EXISTE ENGAÑO, también el Sentenciador se contradice, cuando expresa:”… Asimismo con la garantía del terreno no se comprobó si existe realmente lo que le dijeron a la Querellante que es que lo que tenían en relación al terreno, pero se probó que existiera hipoteca, nunca se puso a la vista dicho documento de propiedad de dicho terreno, mucho menos la existencia del bien en audiencia de Juicio Oral”, como es que si no se comprobó la existencia de un terreno, se manifieste que se probó que existiera hipoteca. Enfatizó que la motivación fáctica del Tribunal del Juicio es contradictoria, los elementos de convicción que menciona niegan y afirman a la vez, de manera que se anulan recíprocamente, ¿Cómo puede existir una hipoteca, sin la existencia de un bien inmueble que pueda ser gravado por aquella?-.- Con la Prueba DOCUMENTAL NUMERO TRES, consistente en fotocopias debidamente autenticadas de Cuarenta (40) Traspasos de Dominio de vehículos firmados por el Querellado J. E. F. L., a favor de la Querellante.- en la Valoración del Tribunal: El Sentenciador expresa:”……. Dichos traspasos se iniciaron dos años después de que la Señora J. K. G. ,Dólares Americanos al querellado por lo que por esta circunstancia no encuentra el Tribunal forma parte del engaño, sino más bien responde a los requerimientos que le fueron hechos al Querellado por el pago.”, también el Tribunal del Juicio se contradice, no existe engaño, pero también existe engaño, y finalmente en la Valoración del Medio de prueba Testifical, consistente en la declaración de la Señora D. M. C. H. (Contadora General de COVESA), dicha testigo explicó claramente el porqué de la renovación constante de la flota de los vehículos de la Empresa, y que el motivo por el cual la Empresa COVESA, ha realizado y realiza los traspasos de los vehículos, es porque está obligada por la Ley, ya que las empresas que se dedican al alquiler de vehículos tienen que renovar constantemente su flota vehicular, en su Valoración el Tribunal expresó: “La declaración de Señora D. M.C. H. merece credibilidad para este Tribunal, ha declarado que lo que ha conocido de los hechos es en función del puesto que tiene en la Empresa COMPAÑIA DE VEHICULOS SA. DE C.V. (COVESA), ha explicado la rotación de los vehículos y que estos automóviles se obtenían mediante dispensas, asimismo que se hicieron pagos a la Señora J. K.G.….“, pero el Tribunal manifiesta al final que también esta declaración ha servido para determinar el engaño de parte del Querellado; claramente puede apreciar esta Honorable Corte, que Tribunal del Juicio, nuevamente se contradice en sus motivaciones fácticas, menciona un testigo que afirma un hecho y se contradice en su apreciación, afirma que un elemento de convicción (la declaración de la testigo D. M. C.H.) es eficiente y a la vez, por otro lado le niega esa eficiencia-Por todo lo anteriormente relacionado, ha quedado acreditado que el Tribunal Sentenciador se contradice en sus motivaciones fácticas, ya que aunque menciona elementos de convicción, estos niegan y afirman a la vez, de manera que se anulan recíprocamente, es por ello que se produce el Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma.6.)SEXTO MOTIVO DE CASACION: Quebrantamiento de Forma porque en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal vigente. EXPLICACION DEL SEXTO MOTIVO DE LA CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. El Quebrantamiento de Forma porque en la valoración de la prueba no se observaron las Reglas de la Sana Crítica, ocurre, por que, en la Sentencia, en la Valoración de la Prueba, el Tribunal de Sentencia expresa: “El tribunal procede a valorar las pruebas de acuerdo a las Reglas de la Sana Crítica, pruebas que han servido para declarar los hechos anteriormente declarados probados en el acto del Juicio Oral y Público. PRIMERO: Como prueba de la parte Querellante se evacuo la siguiente declaración testifical: 1.- J. K. G. Declaró: Que es la Querellante y Víctima en este Juicio Oral y Público…“.- El Juzgado Sentenciador manifestó en su valoración del Tribunal: “Este Tribunal de Sentencia otorga credibilidad a lo testificado por la Ofendida Señora J. K. G. en la audiencia de juicio oral y público en cuanto a los prestamos e intereses pactados, al suscribir un contrato con el acusado Señor J. E. F. L., asimismo al recibir dinero en moneda extranjera norteamericana Dólares. Con respecto a los últimos contratos contradice sus dichos en cuanto a que los demás prestamos se dieron mediante engaño, púes se ha acreditado por la parte querellada los montos de las sumas que se le dieron por intereses, los cuales no corresponden a lo pactado en relación al tiempo de ser entregados, ni las cantidades estipuladas en el contrato firmados por ambas partes, existiendo un incumplimiento por parte del querellado, todo esto ya era del conocimiento de la querellante señora K.G., por tal razón el Tribunal no advierte la existencia del engaño en los demás préstamos. Asimismo, con la garantía del terreno no se comprobó si existe realmente lo que le dijeron a la Querellante que es que lo que tenían en relación al terreno, pero se probó que existiera hipoteca, nunca se puso a la vista dicho documento de propiedad de dicho terreno, mucho menos la existencia del bien en audiencia de Juicio Oral.”.- ¿Cómo puede existir una hipoteca, sin la existencia de un bien Inmueble que pueda ser gravado por aquella?.- La motivación del Tribunal es inexistente menciona una Hipoteca, realizada en un papel (Contrato) carente de las formalidades que exige la Ley, en la valoración de esta prueba no se están observando las reglas de la sana crítica.- Con la Prueba DOCUMENTAL NUMERO UNO, en la Valoración del Tribunal: El Sentenciador expresa: “... con estos se ha acreditado que la querellante otorgó otros préstamos al querellado, así como las condiciones de los mismos, los que hizo la querellante a sabiendas que el Querellado no cumplía……“, el Sentenciador no llega a ninguna conclusión, la valoración no es clara, ni concreta.- Con la Prueba DOCUMENTAL NUMERO DOS, consistente en Certificación Integra de Asiento Número Cincuenta y Nueve (59), Tomo Ocho (VIII), del Libro de Anotaciones Preventivas Mercantiles de este Departamento de Francisco Morazán, en el que aparece que en la Demanda No. A-21978, que promovió el Señor E. F. M. R., contra la Sociedad AVEJO TRADING ING, con domicilio en la Florida, USA, en su condición de Acreedor y contra la COMPAÑÍA DE VEHICULOS S.A. (COVESA), a través de su Presidente Ejecutivo J. E.F.L., en su condición de Fiador, se Decretó Embargo Precautorio sobre la Empresa- en la Valoración del Tribunal: El Sentenciador expresa: “... Este Tribunal le otorga toda la credibilidad al documento consistente - Con el que se hace constar que el Querellado ya sabía que su compañía de vehículos COVESA se le había practicado un embargo años antes de firmar el acuerdo de préstamo con la Querellante”- El Sentenciador no está aplicando las Reglas de la Sana Crítica porqué, es conocido que las partes alegan los hechos y el Tribunal conoce el Derecho, y la Ley Procesal Civil tanto la recientemente derogada(Código de Procedimiento Civiles) vigente en el momento en que ocurrieron los hechos controvertidos, como el actual Código Procesal Civil vigente, expresamente prescribe, que las Medidas Cautelares (entre ellas EL EMBARGO), son por su carácter esencialmente provisionales, no permanentes; por lo que, el hecho que se decrete un embargo sobre una Empresa, no le impide a esta seguir operando normalmente, que es lo que ha ocurrido con la Empresa que mi defensa Representa, y que está operando normalmente, tal como pudo constatar el Sentenciador con la Inspección que practicó en las oficinas administrativas de la Empresa, ¿acaso mi Representado le entregó la Empresa como garantía formal a la Querellante?, si el Embargo que relaciona el Sentenciador se practicó en el año 2004, ¿Cómo es posible que la Empresa COVESA, este funcionando normalmente en la actualidad?, ya trascurrieron Ocho (8) años desde esa fecha, dicho Embargo que el Sentenciador no constató si todavía grava actualmente la Empresa, no ha impedido que la Empresa COVESA, continué su funcionamiento normal, e incluso que continué celebrando Actos y Contratos con otras Empresas como las que se dedican a vender autos nuevos, lo que si constató el Sentenciador, no se está observando la Sana Crítica en la valoración de la prueba.- Con la Prueba DOCUMENTAL NUMERO TRES, consistente en fotocopias debidamente autenticadas de Cuarenta (40) Traspasos de Dominio de vehículos firmados por el Querellado J. E. F. L., a favor de la Querellante.- En la Valoración del Tribunal: El Sentenciador expresa: “... dichos traspasos se iniciaron dos años después de que la Señora J. K. G., entregó la suma de $673.787.07 Dólares Americanos al querellado por lo que por esta circunstancia no encuentra el Tribunal forma parte del engaño, sino más bien responde a los requerimientos que le fueron hechos al Querellado por el pago.”, tampoco se observan las Reglas de la San Crítica.- En la Valoración del Medio de prueba Inspección a las Oficinas de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), en la Valoración Conjunta del Medio de Prueba, el Tribunal expresó: “.. ha servido para que el Tribunal llegue a la certeza de que el Señor Querellado al no utilizar el dinero que le entregó la Señora J. K. G. para la compra de los vehículos, sino que la mayoría la compró al crédito, por lo que no podían dichos bienes, responder como garantía la suma entregada, lo que evidencia que esta promesa de garantía formó parte del engaño a la víctima señora K.G.”, el Sentenciador no observa las Reglas de la J. K. G., para la compra de los vehículos…….“.La motivación que hace el Tribunal de Juicio es falsa, ya que los Jueces se apoyan en antecedentes inexistentes, en ningún momento, de ninguna manera mi Representado le manifestó a la Querellante que el dinero del préstamo lo ocuparía para la compra de vehículos, tal como afirma el Sentenciador, la Defensa no sabe de dónde saca esa idea el Sentenciador, aprecie esta Honorable Corte que en ninguna parte del Contrato que celebró mi Representado con la Querellante, aparece dicha afirmación.- El Tribunal del Juicio tiene la obligación de motivar sus sentencias sin fundarse en Prueba no introducida al debate también por sentido común, por lógica se sabe que una Empresa que se dedica al arrendamiento de vehículos, adquiera sus vehículos al crédito, y que la flota de los vehículos debe ser renovada a corto plazo, por lo que los carros que se adquieren este año, dentro de dos o tres años, se entregarán como parte del precio de la nueva Ilota, por lo que no se podía ofrecer determinados carros como garantía, sino que la garantía se otorgó en forma general.— En la Valoración del Medio de prueba Testifical, consistente en la declaración de la Señora D.M.C. H. (Contadora General de COVESA), el Tribunal expresó: “La declaración de Señora D. M.C. H. merece credibilidad para este Tribunal, ha declarado que lo que ha conocido de los hechos es en función del puesto que tiene en la Empresa COMPAÑIA DE VEHICULOS S.A. DE C.V. (COVESA), ha explicado la rotación de los vehículos y que estos automóviles se obtenían mediante dispensas, asimismo que se hicieron pagos a la Señora J. K.G. ...“, dicha testigo explicó claramente el porqué de la renovación constante de la flota de los vehículos de la Empresa, y que el motivo por el cual la Empresa COVESA, ha realizado y realiza los traspasos de los vehículos, es porque está obligada por la Ley, ya que las empresas que se dedican al alquiler de vehículos tienen que renovar constantemente su flota vehicular, en la valoración de esta prueba no se observaron las Reglas de la Sana Crítica.- En relación a los demás medios de prueba propuestos por la Defensa o sea medios de prueba de descargo, el Tribunal también los valora de forma incorrecta, ya que en la valoración del Tribunal, más bien pareciera que dichos medios probatorios fueran de la parte Querellante, tampoco se observaron las Reglas de la Sana Crítica en su valoración. Por todo lo anteriormente relacionado.- El Tribunal Sentenciador en la valoración de la prueba no ha observado las leyes fundamentales de la derivación, sus conclusiones no han ido concordando, no corresponden a un elemento de convicción del cual se pueda inferir una de la otra, su motivación no ha sido verdadera o auténtica, por todo ello no ha observado las Reglas de la Sana Crítica, La Doctrina Penal, define la sana crítica de la siguiente manera: La Sana Crítica es aquella que nos conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconseja la recta razón y el criterio racional puesto en juicio. Es analizar sinceramente y sin malicia las opiniones expuestas acerca de cualquier asunto. Las reglas que la constituyen no están expuestas en la ley. Se trata de un proceso intelectual interno y subjetivo del que analiza una opinión expuesta por otro, o sea, es una materia esencialmente de apreciación, y por lo mismo, de hecho, cuya estimación corresponde a los jueces en el fondo.”.- Esta Honorable Corte en su control Casacional, debe ocuparse de establecer si existe validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del correcto entendimiento humano lógica, experiencia y psicología y si la motivación del Sentenciador es expresa, clara completa y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables al caso concreto, debiendo tenerse presente también que mi Representado no debía demostrar que no cometió el delito que se le imputa, ya que el Onus Probandi, corresponde a quien acusa. Artículos 359, 360, 361,362, 363, 364, 366, 367, 369 del Código Procesal Penal. DOCTRINA “Si el Tribunal deja de apreciar alguna prueba que está en los autos. Incurre en error de hecho, que lo puede conducir a la aplicación de normas sustanciales, si, al contrario, no existiendo en los autos una prueba, da como probado un hecho, incurre también en error de hecho que lo puede llevar a las mismas formas de quebranto. - (El subrayado es mío). Y también incurre en error de hecho cuando altera las existentes para restringirles, ampliarles, modificarles o cambiarles su contenido real, O, lo que es lo mismo, cuando desvirtúa las pruebas en su contenido objetivo. -Los errores de hecho y de derecho. Dice la Corte son totalmente diferentes: El primero se presenta cuando el sentenciador ha supuesto una prueba que no obra en el proceso, o ha ignorado la presencia de la que sí está en él, hipótesis éstas que comprenden la desconfiguración del medio probatorio, bien sea por adición de su contenido (suposición) o por cercenamiento del mismo (preterición).” (El subrayado es mío). MANUEL PRACTICO DE CASACION CIVIL…Páginas 99 y 100”.IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. A) Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Primer Motivo. *Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: Violación del debido proceso. *Pretensión: Que se case la sentencia. Establece el recurrente que el Tribunal de Sentencia violenta el derecho humano fundamental del debido proceso consignado en la Constitución de la República, en el sentido que el día doce (12) de diciembre de 2012, en que quedo concluidas la primera fase de la deliberación, hasta el día treinta y uno (31) de enero de 2013, fecha en que se reanudo el debate para la individualización de la pena, segunda fase de la sentencia, transcurrieron más de treinta (30) días, infringiendo con ello lo prescrito por el artículo 90 de la Constitución de la República. De las Reglas para la Realización del Juicio Es importante señalar, que el Código Procesal Penal en el Título IV de su Libro Tercero señala como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate por lo que la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. La sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio y que se agrupan en el Principio del Debido Proceso: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto, ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre del 2011, en Exp. 318-2010). Ahora bien, siguiendo el reclamo formulado, corresponde centrarnos en la Garantía de Concentración que dicta que la sustanciación del proceso sea en el menor número de actos y a su vez en el menor tiempo posible entre cada uno de los actos, constituyendo todo el proceso en una unidad, para efectiva justicia en un plazo razonable (Art. 8 del Código Procesal Penal). La Garantía de Concentración debe de observarse durante todo el proceso penal (Art. 20, 143 último párrafo, 160 y 161 del Código Procesal Penal), pero ella adquiere una relevancia significativa en la etapa de juicio (Art. 306, 312 y 313 del Código Procesal Penal), en especial en la continuidad que debe de existir en las diferentes audiencias que conformen el debate, entre éste y el fallo, y entre el fallo y la emisión de la sentencia; la garantía de concentración permite la viabilidad de la inmediación, (Razón por lo cual el artículo 312 del Código Procesal Penal dispone en numerus clausus las causas por las cuales de manera excepcional podrá suspenderse una audiencia de debate por un máximo de 15 días) y una respuesta pronta a los justiciables.Conforme a las normas procesales vigentes para el año dos mil trece la etapa de juicio debía de sustanciarse observando los siguientes plazos legales: Recibidos que eran las diligencias de parte del Juzgado de Letras, y personadas las partes, el Tribunal de Sentencia las debía emplazar para que procedan examinar las diligencias por diez días hábiles, y siempre dentro de dicho plazo, a solicitar audiencia de saneamiento, audiencia que debía de celebrarse dentro de los cinco días (Art. 316 cpp); En caso de que ninguna de las partes presentase solicitud de audiencia de saneamiento o habiéndose celebrado esta y resuelto lo planteado, el Tribunal de Sentencia procedería a fijar audiencia de proposición de medios de prueba, a celebrarse dentro de los diez días hábiles siguientes (Art. 317 cpp), resolviendo lo relativo a la admisión de medios de prueba en la misma audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes; Firme que sea ésta última resolución el Tribunal de Sentencia emitiría resolución citando a las partes para la celebración de la audiencia de debate, en una fecha que no podía ser antes de diez días ni después de treinta días, todos ellos hábiles (Art. 318 cpp), siendo importante mencionar que la practica forense nos enseña que dichos términos por lo general no podían ser observados por los Tribunales de Sentencia como consecuencia de una muy saturada agenda, señalando fecha para debate en las fechas disponibles, llegando a casos en donde el señalamiento de la audiencia de debate se realizaba (y aun hoy es así) para dentro de muchos meses, constituyéndose esto en una imposibilidad material justificable siempre que sea, como se indicó, por la alta demanda de audiencias de debate pendientes de celebrar. Una vez cerrado el debate, el artículo 335 del Código Procesal Penal, manda que los miembros del Tribunal se reunirán de manera privada a efecto de realizar la deliberación, en un acto continuo y que no puede ser interrumpido, salvo por fuerza mayor o causa fortuita; Habiendo llegado los Jueces y Juezas de Sentencia a un acuerdo –por unanimidad o por mayoría- respecto a los puntos de la acusación, procederán a instalar audiencia en donde darán a conocer a las personas acusadas y a los Abogados/as de las partes las decisiones tomadas. Si el fallo solo tiene pronunciamientos absolutorios, ordena el artículo 340 que el Tribunal de Sentencia en ese mismo acto deberá de dar a conocer la sentencia respectiva o, por causa complejidad, dentro de los cinco días hábiles siguientes; entre tanto, si se trata de un pronunciamiento de culpabilidad, señalan los artículos 342 y 343 del Código Procesal Penal, se continuara con la segunda fase consistente en la audiencia de determinación de la pena concreta a celebrarse en un plazo no mayor de 30 días (ello conforme a las normas vigentes en aquel tiempo) y al término de ésta, los jueces y juezas de sentencia debían de reunirse nuevamente a efecto de deliberar sobre las circunstancias previstas en el artículo 69 del Código Penal, dictando de manera posterior la sentencia ya sea en esa misma fecha o, igualmente, dentro de los 5 días hábiles siguientes, ten caso de complejidad. Los efectos de la inobservancia del Principio de Concentración serán particulares a depender del momento procesal en que se produzca, pues la dilación indebida en irrespeto de los plazos legales entre el debate y la deliberación produce el mismo efecto señalado por la ley procesal para los casos de suspensión de la audiencia de debate por un término mayor a los quince días: la nulidad del debate por disolución de la inmediación (Artículo 312 y 313 del Código Procesal Penal); empero si el quebrantamiento se encuentra por dilación en el señalamiento de la audiencia de debate o en el pronunciamiento de la sentencia después de la deliberación y notificación de decisión, en donde no existe ofensa a la inmediación, tiene como consecuencia la deducción de responsabilidad a los funcionarios/as judiciales cuando por acción u omisión injustificable hayan dado a lugar el incumplimiento de los plazos legales o un plazo razonable de juzgamiento, pues su nulidad en estos casos solo produciría más dilación en dar respuesta a lo debatido. De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. En jurisprudencia sentada por esta sala mediante los fallos Exp. 107-2008 de fecha 15 de diciembre del 2008, Exp. 320-2005 de fecha 06 de septiembre del 2006 y Exp 405-2007 de fecha 16 de noviembre del 2009, se ha señalado que la mera inobservancia de los plazos judiciales si bien constituye una violación al debido proceso, no es fundamento para anular una sentencia, porque resultaría la sanción procesal en una contribución a la dilación que se está denunciado; En otras palabras, la solución a la violación sería más bien una contribución más al problema. Nota esta Sala de lo Penal que en el acta de la audiencia de debate se cita a las partes para la celebración de la audiencia de individualización de la pena concreta para el día miércoles 11 de enero de 2012 (F. 503), constatando que en el expediente se encuentra el acta de determinación de pena de fecha de realización el 31 de enero de 2012 (F.504) y que en la misma fecha ( 31 de enero de 2012) se realizó audiencia de revisión de medida a favor del señor J.E. F.L.(F. 505).Ahora bien, respecto a lo que nos atañe, no encuentra esta Sala de lo Penal que el incumplimiento de los plazos judiciales haya repercutido negativamente en la decisión contenida en la sentencia, pues el quebrantamiento del Principio de Concentración no implicó violación al principio de inmediación, dado que el Tribunal de Sentencia dio a conocer el fallo en los términos del artículo 342 segundo párrafo del Código Procesal Penal y a consecuencia de la conclusión de la deliberación realizada bajo los parámetros del artículo 336 del mismo cuerpo legal, en donde, entre otras cosas, se analizó y valoró los medios de prueba reproducidos en juicio y se analizó y decidió sobre las posturas de las partes litigantes, dejando así ya fijada, sin disolución de la inmediación, el criterio sobre el material probatorio y el criterio respecto a las argumentaciones de las partes. Las audiencias subsecuentes al debate son accesorias del juicio oral y público y efecto directo del pronunciamiento de culpabilidad hecho por Tribunal, así entonces la audiencia de cesura tiene por objeto la individualización de la pena concreta basado en los hechos ya declarados probados y en la prueba que en ese momento se presente, y la posterior sentencia tiene por objeto dar a conocer las bases de la decisión del tribunal tomada al momento de la deliberación para efectos de control por el público, los litigantes y sus abogados/as, y por el mismo sistema legal mediante la vía recursiva, con las consecuencias particulares de cada uno de ellos. En el presente caso no ha afectado ni incidido gravemente en la concentración de los actos del debate, ni en la inmediación del juzgador, con la prueba vertida por las partes en el juicio oral y público, o en su correcta valoración intelectiva, pues obviamente debe entenderse que la audiencia de debate o juicio propiamente dicho, concluye con el fallo, acto procesal que ha quedado debidamente registrado tanto en el acta del debate elaborado por el secretario, como en la anotaciones personales de los jueces y en la grabación de audio del juicio, instrumento o herramienta orientadas precisamente a conservar frescas la memoria del juzgador, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por el recurrente Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Segundo Motivo. *Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: Violación del debido proceso. *Pretensión: Que se case la sentencia Establece el recurrente que el tribunal de sentencia violento el principio del debido proceso en virtud de que el tribunal a quo señalo para el día martes 31 de enero de 2012 lectura de sentencia y no se llevó a cabo y fue hasta el 02 de octubre de 2012 ( 8 meses después) que a través de la receptora del tribunal de sentencia, se me entrego una copia de la sentencia, no habiéndose realizado audiencia de notificación, también señala el recurrente que la sentencia dictada por el tribunal de sentencia, debió haber sido redactada y firmada, a más tardar el día lunes 06 de febrero de 2012(debía ser el 05 de febrero pero cayo domingo), y la sentencia aparece que tiene fecha 7 de febrero de 2012, siete(7) días después De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Es propicio señalar que en el expediente judicial se encuentra el acta de la audiencia (F.489 al F.503) en la que se señala Audiencia de determinación de pena para el día miércoles once (11) de enero de 2012, quedando notificadas en estrado todas las partes (F.503 vuelto), dicha audiencia no se realizó en esa fecha, realizándose en fecha 31 de enero de 2012 y en la que estuvieron presentes todas las partes intervinientes(F.504); en esa misma fecha y a petición del apoderado defensor del señor J.. F.L.se realizó Audiencia de revisión de medida a favor del señor F.L. (F.505).El artículo 340 del Código Procesal Penal en su párrafo tercero establece que “…Con todo, si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes…”, apreciándose ciertamente que el tribunal de instancia no observó este precepto al sobrepasar el máximo de días fijado por la norma, no obstante es oportuno hacer tres observaciones al respecto: a) No se aprecia perjuicio o agravio alguno en relación al imputado por haber sobrepasado el plazo fijado por la ley. b) Aun si concurriera agravio o perjuicio sobre el procesado, es requisito sinequanon que el impetrante, dada la naturaleza del recurso, haya verificado el reclamo oportunamente con el objeto de subsanar el juicio para que pueda haber lugar al recurso de conformidad con el artículo 340 párrafo tercero del Código Procesal Penal. c) El apoderado del procesado fue notificado personalmente no solo de la declaratoria de culpabilidad de su patrocinado sino del señalamiento de la audiencia de individualización dentro de un plazo superior al máximo fijado por la ley, no habiendo formulado reclamo o recurso en el acto, por lo que consintió la decisión del Tribunal. El Código Procesal Penal señala dos procedimientos diferentes, según se trate de sentencia absolutoria (artículo 333 a 340 Código Procesal Penal) o de sentencia condenatoria (artículo 341 a 344 Código Procesal Penal), conservando un procedimiento común para la redacción, lectura y notificación de la sentencia tal y como se establece en el artículo 343 párrafo último del mismo código, sin embargo, el impetrante impropiamente pretende equiparar la sentencia absolutoria a la condenatoria con respecto al plazo en que deba pronunciarse la misma, no siendo posible esto en tanto que solo cuando se trata de sentencia absolutoria es factible redactarla y firmarla tan pronto haya sido votada o a lo sumo por razones de tiempo o complejidad hacerse dentro de los cinco días siguientes, y esto es así porque en caso de ser sentencia condenatoria resulta necesario previo a redactar y firmar la sentencia, realizar la audiencia de individualización de pena a efecto de establecer la pena concreta en apego a lo dispuesto en los artículos 342 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 69 del Código Penal, no apreciándose que se haya infringido el artículo 340 del Código Procesal Penal con respecto al plazo señalado, por no ser aplicable para la sentencia condenatoria. En consecuencia, de lo anterior, se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto constitucional en su segundo motivo. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Tercer Motivo. *Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: Violación del derecho de defensa y debido proceso. *Pretensión: Que se case la sentencia Establece el recurrente que el tribunal sentenciador violento los derechos de defensa y debido proceso porque al momento en que se le entrego la copia de la sentencia el día dos (02) de octubre de 2012, no se le entrego la copia del acta del juicio oral y público, de conformidad a lo que ordena el Código Procesal Penal en su artículo 346 último párrafo .De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El derecho de defensa, es el derecho fundamental que asiste a todo imputado y a su Abogado a comparecer a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder enfrentar con eficacia la imputación contra aquél existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de prueba, de postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del proceso penal los derechos y garantías que le asisten a todo ciudadano sometido al proceso. La vigencia del principio, como lo señala M. C.[1], consiste en el reconocimiento del ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el derecho que tiene el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada defensa. De tal manera que la defensa opera como un factor de legitimidad de la acusación y de la sanción penal.El derecho de defensa en el proceso implica necesariamente el acceso a la tutela judicial, el cual a su vez exige que la totalidad de las fases del proceso se desarrollen sin mengua del derecho de defensa, y así la indefensión, se concibe como la negación de la expresada garantía.Para considerar una efectiva vulneración al derecho de defensa ha de tenerse en consideración aspectos sumamente relevantes, de la siguiente manera: A) La necesidad de que se trate de una efectiva y real privación del derecho de defensa; es evidente que no basta con la existencia de una infracción procesal para apreciar una situación de indefensión, ni es bastante tampoco con invocarla para que se dé la necesidad de reconocer su existencia: no existe indefensión con relevancia constitucional, ni tampoco con relevancia procesal, cuando aun concurriendo alguna irregularidad, no se llega a producir efectivo y real menoscabo del derecho de defensa con el subsecuente perjuicio real y efectivo para los intereses de la parte afectada, entre otras cosas, por haberse comprobado que pese a la irregularidad alegada, el acusado o su abogado defensor han podido proceder a la defensa de sus derechos e intereses legítimos. No basta, por tanto, con la presencia de un defecto procesal si no implica una limitación o menoscabo del derecho de defensa en relación con algún interés de quien lo invoca, sin que le sean equiparables las meras situaciones de expectativa del peligro o riesgo. En definitiva, no son, por lo general, coincidentes de manera absoluta las vulneraciones de normas procesales y la producción de indefensión en cuanto incidente en la vulneración del derecho fundamental, pues no toda vulneración o infracción de normas procesales produce "indefensión" con infracción de norma constitucional, pues ésta solo se produce cuando se priva al procesado de alguno de los instrumentos que el ordenamiento pone a su alcance para la defensa de sus derechos con el consiguiente perjuicio. Por otro lado para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional que sitúe al interesado al margen de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración puramente formal sino que es necesario que con esa infracción formal se produzca ese efecto material de indefensión, un menoscabo real y efectivo del derecho de defensa Por ello la exigencia de que la privación del derecho sea real supone la necesidad de proporcionar un razonamiento adecuado sobre tal extremo, argumentando cómo se habría alterado el resultado del proceso de haberse evitado la infracción denunciada. B) Pero además la situación de indefensión alegada exige la constatación de su material realidad y no sólo de su formal confirmación. Tal exigencia, resulta necesaria a fin de evitar que bajo la sola invocación de violencias constitucionales se encubra la realidad de meras irregularidades procesales que, encajadas en sede de legalidad ordinaria, no alcanzan cotas de vulneración de Derechos reconocidos en la Carta Magna que la parte, interesadamente, les asigna. Expuesto lo anterior, es criterio de esta Sala que en el caso sometido a análisis casacional, mediante motivo de Infracción de precepto constitucional, no se ha comprobado una vulneración, real, efectiva y material del derecho o de defensa, así como tampoco ocasionado un perjuicio que soslaye los derechos del acusado, en su posibilidad de impugnar el fallo recurrido, de modo que se declara improcedente el motivo de casación invocado por el recurrente.B) Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe de guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).Recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal. Único Motivo. *Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículos 2099 en relación con los artículos 1575 numeral 1 y 1586 numeral 2 del Código Civil *Concepto de la Infracción: No determinada no determinada por el censor.*Pretensión: No establecida por el recurrente. Establece el recurrente que, con los hechos declarados probados, el Tribunal de Sentencia infringe el contenido del artículo 2099 del Código Civil, el cual se refiere a las formalidades que deben seguirse para constituir una hipoteca sobre un bien inmueble. Exponiendo el recurrente que en la fundamentación jurídica de la sentencia, el Tribunal se refiere al elemento objetivo “engaño” del tipo penal de Estafa, relacionado a un contrato de préstamo en el cual como garantía se establece que se constituiría una hipoteca sobre bien inmueble, alegando confusamente el censor, que para la constitución de la misma no se siguieron las formalidades civiles obligatorias, sin establecer con claridad, su trascendencia respecto de los hechos probados y la ley penal aplicada. De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Es evidente para esta Sala de lo Penal que el recurrente no cumplió con la tarea de investigar la naturaleza del recurso de casación previo al planteamiento del mismo. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, como ya se ha explicado, es un recurso extraordinario debido a que solo puede ser alegado como motivo de impugnación los supuestos previstos en el artículo 360 del Código Procesal Penal (ya enumerados), y siempre bajo el respeto del principio de intangibilidad de los hechos probados; contrario a ello el censor hace un mal uso de la técnica recursiva puesto que no establece con claridad ni precisión, que tipo de infracción de ley existe, si es una aplicación indebida, falta de aplicación o en su caso existe una interpretación errónea de la ley, así mismo hace referencia alegaciones propias de instancia, a medios de prueba evacuados en audiencia de juicio, así como de valoraciones propias de los mismos, por lo que se desmarca de los principios que rigen el recurso interpuesto y que el misma expuso en el libelo, por lo que resulta difícil para esta Sala Penal tratar de dar respuesta a este motivo, por lo anteriormente descrito se desestima el mismo. C) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria.2. Que se base en medio s o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena;5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; y, 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145.Es así como la ley procesal vigente, refleja que el Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Formal. Primer Motivo. *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal.*Concepto de la Infracción: Haber dictado, el A quo, Sentencia Condenatoria, basado en motivaciones fácticas contradictorias.*Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Imposibilidad en virtud de que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; *Pretensión: No determinado por el censor. Establece el recurrente que el Tribunal de Sentencia al valorar las pruebas se contradice en sus motivaciones fácticas ya que, aunque menciona elementos de convicción, estos niegan y afirman a la vez, de manera que se anulan recíprocamente. Concepto de Motivación Contradictoria La Sentencia Judicial, si bien compuesta por varias partes o apartados, constituye toda ella una sola verdad, debiendo entonces guarda coherencia entre cada parte y éstas con el todo. - Las sentencias deben de contar con la cualidad de logicidad, de modo que de contener argumentos coherentes, concomitantes y derivados en toda su estructura La Sentencia, para que se revista de validez, debe de contener una adecuada y suficiente motivación la cual es un producto intelectual de los juzgadores en el que se da a conocer los fundamentos de hecho y de derecho que cimientan cada uno de los pronunciamientos del fallo, constituyéndose una garantía constitucional de fiscalización de legalidad en el ejercicio de la jurisdicción. En la motivación los juzgadores demuestran que han estudiado el conflicto traído a ellos, el cual resuelven dentro del ámbito de la acusación, demuestran cómo ha sido el proceso de valoración de las pruebas conforme al sistema de la sana crítica y demuestran la vinculación de los hechos con normas legales que aplican, seleccionadas por ser las que de manera más propia dictan la pauta de solución al caso concreto. La motivación demuestra su eficiencia cuando cualquier persona, incluso sin tener conocimiento alguno en la ciencia del derecho, puede saber el por qué el Órgano Sentenciador ha tomado la decisión señalada en el fallo, independientemente si comparte o no dicha decisión, enterándose del camino que siguieron los juzgadores en el razonamiento del caso y a partir del cual se plantearon una serie de argumentos asociantes cuya correspondencia entre si hacen de la sentencia un silogismo categórico coherente. Es tanta la importancia que tiene una debida motivación que el legislador determino, en el artículo 141 del Código Procesal Penal, sancionar con nulidad las resoluciones que carezcan de una motivación clara y precisa, coherente y consecuente; nulidad que puede ser decretada, como consecuencia de un recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales, así el artículo 362.3 del mismo cuerpo legal advierte como vicios, entre otros, una Motivación Contradictoria. La cualidad de logicidad, exigida en las actividades particulares como la construcción de los hechos declarados probados (Art. 362.1 cpp) o en el proceso de razonamiento valorativo de la prueba (Art. 362.3), igualmente es exigido como requisito general en la construcción de la sentencia, pues esta como un todo único debe de contener pronunciamientos coherentes y articulados, concomitantes y derivados en toda su estructura. Entonces, se produce vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos judiciales que se contrapongan entre si y que por tanto excluyan sus contenidos, ya sea que los mismos se estén desarrollados en un solo apartado de la resolución, como ser la fundamentación probatoria o la fundamentación jurídica, como cuando dichos argumentos se encuentren en distintas apartados, como ser los que se encuentren en la motivación punitiva y en la parte dispositiva del fallo. Para que el vicio sea atendible la contradicción debe de ser esencial, es pues que se trate de manifestaciones esenciales que por ser contrapuestas se excluyan mutuamente, dejando un vacío de información sin el cual no sea posible adoptar la decisión.- La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria es su invalidación declarándola nula, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento son afirmaciones colisionantes, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria, con planteamientos antagónicos que se excluyen entre sí, es la imposibilidad de definir cuáles de dichos planteamientos es el correcto, o cuáles de ellos apuntalan la decisión adoptada, provocando su validez y consecuentemente la necesidad de declararla nula para que tal vicio sea corregido, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento es contradictorio, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final .De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. En efecto el sentenciador está obligado a motivar su resolución definitiva como una exigencia formal de las sentencias, en cuanto deben expresar las razones de hecho y de derecho que las fundamentan, es decir el proceso lógico jurídico que conduce a la decisión o fallo. La motivación fáctica exige la concurrencia de dos condiciones: por un lado, que se describa expresamente el material probatorio en que se fundan las conclusiones, y por el otro que éstos sean debidamente analizados demostrando su vinculación racional con las afirmaciones o negaciones sobre los hechos. La motivación fáctica debe reunir características específicas entre las que se deben tomar en cuenta: 1. Racionalidad: la sentencia debe ser fruto de una aplicación racional del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico; es decir, evaluar que la norma seleccionada sea vigente, válida y adecuada a las circunstancias del caso; que tal norma haya sido correctamente aplicada y que la interpretación que se le haya otorgado sea válida (adecuada utilización de los criterios hermenéuticos, interpretación judicial y principio de legalidad). En segundo lugar, se analiza que la motivación respete los derechos fundamentales. En tercer lugar, está la adecuada conexión entre los hechos y las normas que justifican la decisión. 2. Coherencia: Es un presupuesto de la motivación que va de la mano y en conexión inescindible con la racionalidad. La coherencia en un sentido interno se refiere a la necesaria coherencia que debe existir en la justificación del fallo, y en un sentido externo, la coherencia debe entenderse como la lógica entre motivación y fallo. Además, la coherencia exige que en el fallo no se presenten contradicciones entre los hechos probados, contradicciones entre los fundamentos jurídicos o contradicción entre los hechos probados y los fundamentos jurídicos del fallo. 3. Razonabilidad: La razonabilidad, de acuerdo con la doctrina, tiene que ver con la aceptabilidad de la decisión por el común de las personas, así como de los profesionales o técnicos en la materia.El censor argumenta que el Juzgador en la valoración que hace sobre el testimonio de la ofendida J.K. G., establece que le otorga credibilidad a la testigo, en cuanto a los préstamos e intereses pactados, al suscribir un contrato con el acusado J. E. F. L. asimismo al recibir dinero en moneda extranjera norteamericana dólares. Indicando el censor que se contradice el juzgador cuando a punto seguido establece, que, con respecto a los últimos contratos, la testigo contradice sus dichos en cuanto a que los demás préstamos se dieron mediante engaño. De igual forma indica el censor que existe contradicción en las motivaciones del Tribunal Sentenciador en relación a la hipoteca ofrecida como garantía en el primer contrato suscrito y a la valoración del testimonio de la señora D. .C. H.. Al respecto, se percata esta sala que el recurrente hace interpretaciones aisladas y segmentadas de la motivación fáctica y de la valoración que el A quo ha realizado, y esto lo lleva a apreciar de manera errónea un vicio inexistente. Al realizar un análisis conjunto de los hechos probados, la motivación fáctica y las valoraciones realizadas por el Sentenciador, se comprueba que no existe ninguna de las contradicciones alegadas por el censor, por cuanto el Tribunal de Sentencia, claramente establece que le merece toda credibilidad la declaración de J.K.G., refiriéndose a la existencia, vigencia y validez del primer contrato de préstamo, siendo este el que se tiene en cuenta para la emisión de la sentencia condenatoria. En cuanto a los demás contratos propuestos por las partes en el debate, el contenido de los mismos, en cuanto a sus condiciones, garantías o vigencia y validez, se establece claramente en la sentencia que no son en los que se fundamenta el fallo condenatorio. Siendo que no existe contradicción alguna en el fallo condenatorio, el procedente rechazar la procedencia de este motivo de casación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Segundo Motivo. *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: No haber observado el A quo, las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba. *Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Imposibilidad en virtud de que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; *Pretensión: No determinado por el censor. Establece el recurrente que el Tribunal de Sentencia no ha observado las reglas de la sana crítica en la valoración de los medios de prueba evacuados. De esta forma en su exposición realiza un resumen de varios medios de prueba, argumentando lo que a su criterio debió considerarse y limitándose a establecer que el A quo no observó las reglas de la sana crítica en la valoración de los medios de prueba, sin llegar a precisar la o las reglas infringidas y el modo en que esto ocurre. De las Reglas de la Sana CríticaEsta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”.- Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal).En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1).- Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2).- Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y3).- Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga.De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. En relación a lo expuesto por el censor esta Sala de lo Penal ha revisado detenidamente los argumentos del éste, analizando la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de Instancia, para comprobar sí efectivamente, como lo afirma el Impetrante, no se observaron las reglas de la sana crítica o si por el contrario fueron observadas por el Tribunal A quo. Del estudio realizado se hace notar que el censor dedicó la exposición del motivo de casación, a realizar alegaciones propias de instancia, no especificando cuáles de las Reglas de la Sana Crítica se han visto infringidas por el Sentenciador. En ese sentido, esta Sala reitera que “el recurrente deviene obligado a señalar concretamente qué regla de la sana crítica estima ha sido inobservada por el juzgador en la valoración de la prueba y la incidencia que tal omisión ha tenido en el fallo” señalamiento que no ha verificado el recurrente; por otro lado, se observa que el Tribunal de Sentencia ha realizado una correcta valoración de la prueba en base a las Reglas de la Sana Crítica, y recuerda al Recurrente que con el sistema de “Libre Convicción o Sana Crítica Racional”, este Tribunal de casación está limitado para valorar alternativamente la prueba evacuada en Primera Instancia, limitaciones que son impuestas por los principios de Oralidad e Inmediación; ya que sólo le está permitido a esta Sala, establecer si las pruebas evacuadas son válidas, si las conclusiones a que se llega responden a las Reglas de la Lógica y si hay Motivación Suficiente y Legal. Por ello no se aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las Reglas de la Sana Crítica, o que al momento de valorar la prueba el A- quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate; por lo que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las Reglas de la Sana Crítica. En consecuencia, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su segundo Motivo, interpuesto por la Defensa V. DECISIÓN. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus tres motivos. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, en su único motivo. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos.VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1)de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara NO Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus tres motivos, por Infracción de Ley en su único motivo, por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos interpuesto por el Abogado M.A. . E., actuando en su condición de Defensor Privado, en el juicio contra el querellado señor J.E.F.L., a quien se le sigue proceso por el delito de Estafa, en perjuicio de la Señora J. K. G. Segundo: Declarar Firme y Ejecutable la sentencia de fecha siete de febrero de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.FIRMAS Y SELLO.RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR POR LEY. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA.MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MAGISTRADO INTEGRANTE.FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-55-2013.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] citado por Cortés Domínguez, en: CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín; GIMENO SENDRA, Vicente; MORENO CATENA, Víctor: Derecho Procesal Civil, Colex, Madrid, 1996.