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Sentencia CP-514-14 — Registro 13932

Resumen

En primera instancia se absuelve al imputado por el delito de Usurpación, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Recurso no es de Recibo. Opinión de la Sala sobre el caso específico: El recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. El cuadro fáctico de la sentencia impugnada reproduce el elemento objetivo del tipo penal del artículo 227 que tipifica y sanciona el delito de Usurpación, sin embargo, no configura el elemento subjetivo de dicha norma penal. Aunque se ha declarado probado que el Grupo Campesino denominado “Cabañas” del que el acusado Neptaly Enamorado Garcia formaba parte se introdujo al inmueble rural objeto del presente juicio, con propósito de cultivarlo, es decir con ánimo de dueño, se ha acreditado en su descargo que dicha acción fue autorizada por el Instituto Nacional Agrario (INA), por lo que aunque la acción desplegada por el acusado causa efectivo menoscabo al derecho de propiedad del ofendido, es el propio Estado el que mediante expediente de expropiación despoja de la propiedad por no cumplirse la función social en el marco del proceso de reforma agraria. Por lo expuesto se declara sin lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, alegado por la parte recurrente..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El Recurso no es de Recibo Opinión de la Sala sobre el caso específico: Esta Sala aprecia que el Debido Proceso encierra todas las garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como:1) Que el hecho motivo del proceso este tipificado como delito o falta; 2. La Prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sinpasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. En el presente caso el recurrente alega que, el A Quo violentó el Derecho a un debido proceso, al haber despojado al ofendido de dos inmuebles que cumplían la función social que regula la Ley de Reforma Agraria, y en consecuencia haberle violentado su derecho a la propiedad que el Estado está obligado a reconocer y fomentar, también al violar el derecho a que se apliquen las normas procesales en condiciones de igualdad, sin dilaciones y a obtener una resolución de fondo justa y motivada, por carecer la sentencia impugnada de razonamientos lógicos en la valoración de la prueba documental aportada por el acusador privado, la que estima es  erróneamente apreciada por el juzgador. Esta Sala considera que, con la prueba de cargo y descargo aportada al juicio ha sido valorada conforme a las reglas del correcto razonamiento humano, el juzgador ha derivado prueba suficiente para concluir que el acusado Neptaly Enamorado García no ha incurrido en delito de usurpación, en tanto ha establecido que, aunque el Grupo Campesino denominado “Cabañas” del cual forma parte el acusado aunque entró en posesión material de los inmuebles objeto del presente juicio, con ánimo de dueño, al ocupar, arar, cultivar y cosechar dichas tierras, lo ha realizado mediante procedimiento administrativo formado ante el Instituto Nacional Agrario, que culmina con el emisión por parte del Estado de Honduras del Decreto de Expropiación No. 18-2008 otorgado a favor del grupo campesino y del acusado.  Por lo anterior, esta Sala concluye que, en el presente caso, el Juzgador no ha incurrido en violación a derechos, formalidades y garantías establecidas en el proceso a favor del afectado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El Recurso no es de Recibo. Opinión de la Sala sobre el caso específico. Esta Sala observa que el recurrente fundamenta su motivo de casación por quebrantamiento de forma, en que el A Quo incurre en el vicio de no observar las reglas de la sana crítica, en la valoración de la prueba, concretamente al valorar la prueba documental y testifical presentada por el acusador y defensor que describe en el numeral primero, segundo y tercero, referente al acápite de valoración de la prueba, por considerar que es contradictoria e incoherente con el hecho declarado probado por el Tribunal, al no apreciar en toda su dimensión dichas pruebas. No obstante el alegato de la parte recurrente, esta Sala observa que en el presente caso el impetrante del fallo que se impugna ataca la valoración de la prueba indicada con argumentos de instancia y sin  indicar la regla del correcto razonamiento humano o de sana critica -de la lógica, psicología o máximas de la experiencia- dejadas de aplicar por el Juzgador en la valoración de la prueba, defecto esencial en la técnica recursiva que impide a ésta Sala emitir pronunciarse sobre el contenido del recurso y que no procede enmendar de oficio .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días de enero de dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP-514-2014 por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de abril de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Absolviendo al señor Neptaly Enamorado García, por el delito de Usurpación, en perjuicio del señor Carlos Orbin Montoya Rodriguez. 2) No condenó la responsabilidad civil del imputado Neptaly Enamorado García. 3) No condenó en costas procesales personales ni gastos ocasionados por dicho juicio al Ministerio Público y al Acusador Privado. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado Saúl Muñóz Orellana, Acusador Privado en representación del señor Carlos Orbin Montoya Rodriguez; y la Abogada Santos Orbelina Ferrera Alvarenga, Defensora Pública del acusado Neptaly Enamorado García. Hechos Probados “UNICO: En fecha veintitrés de enero del año dos mil nueve, varias personas pertenecientes a un grupo campesino denominado Las Cabañas, entre las que se encontraba el señor NEPTALY ENAMORADO GARCIA, respaldados por el Instituto Nacional Agrario (INA), se introdujeron a un bien inmueble situado entre las aldeas de San Isidro y La Ceibita, en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés, con el objetivo de cultivarlo como dueños.” II. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS POR INFRACCION DE LEY. PRIMER MOTIVO: Infracción por interpretación errónea del Artículo 227 en relación con el Artículo 32 párrafo Primero del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en lo que dispone el Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal, en la parte que dice: “Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley ... Cuando dados los hechos que se declaran probados en la Sentencia se ha infringido un Precepto Penal de carácter sustantivo”. EXPLICACION DEL MOTIVO: El Tribunal de Sentencias interpretó erróneamente el Artículo 227 del Código Penal en la Sentencia de fecha 25 de abril del 2014 y que por este acto se impugna, en virtud de que alega de que el imputado no cometió delito por no existir dolo, lo cual llevó al Tribunal a dictar una Sentencia contraria a lo que ordena el Artículo 227 del Código Penal, desde el momento que el imputado se introdujo a los inmuebles del señor CARLOS ORBIN MONTOYA RODRIGUEZ existe un dolo por despojar de dichos inmuebles, construyendo cercas, desmontar hierba, construir champas y mantenerse posesionado de dicho inmueble, la acción ejecutiva de Usurpación consiste en despojar y tratándose de un inmueble debe de producirse por invasión, permanencia o expulsión, ya sea que el dueño del inmueble esté presente o ausente o se expulse a sus trabajadores impidiéndoles el ingreso a la propiedad, siendo evidente que el Tribunal Sentenciador interpretó erróneamente la norma sustantiva de orden nacional, al expresar de que el imputado no cometió delito por no existir dolo y que por lo tanto no existe delito, apreciación errónea que llevó al Tribunal a cometer error de juicio, pues solamente con la introducción y permanencia en el inmueble está calificada la existencia de dolo en la comisión del delito de Usurpación, asimismo al interpretar erróneamente el Artículo 227 violentó el Artículo 32 párrafo primero ambos del Código Penal, por lo que procede que se admita este motivo y que se case la Sentencia recurrida.” RECURSO DE “CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. PRIMER MOTIVO. Infracción por falta de aplicación del Artículo 90 párrafo Primero y 103 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se encuentra comprendido en lo que dispone el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION El Artículo 90 de la Constitución de la República de Honduras en su párrafo primero establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece….”, asimismo el Artículo 103 Constitucional establece: ”El estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones aquellas que por motivos de necesidad o interés público establezca la Ley”.. Es obvio que el Tribunal de Sentencias violentó dichas normas constitucionales en la Sentencia que dictó el 25 de Abril del año en curso, pues toda persona debe ser juzgada con todas las formalidades que establece la Ley, omitiéndose dicha garantía en el presente proceso, ya que a mi Patrocinado se le ha despojado de dos inmuebles que cumplían la función social que regula la Ley de Reforma Agraria y consecuentemente se le violentó el derecho a la propiedad, que el Estado está obligado a reconocer y fomentar, constituyendo dicha Sentencia impugnada una denegación de justicia, que coloca al Estado en pagar daños y perjuicios, bajo esta manifestación general, el principio de legalidad procesal se articula, tanto en su dimensión de sometimiento a las normas fundamentales del Estado y con sujeción a la Ley, y así se establece que el proceso se desarrolle de acuerdo a la Constitución y con las disposiciones del Código Procesal Penal, manifestando al mismo tiempo que las normas procesales contenidas en el Código antes mencionado, son obligatorias para el Juez, las partes y terceros que en el proceso intervengan.- El precepto también se refiere al derecho a que se apliquen las normas procesales en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a obtener una resolución de fondo justa y motivada, careciendo actualmente la Sentencia impugnada de razonamientos lógicos, pues la prueba aportada por el acusador Privado fue valorada pero mal apreciada, dándole otro sentido de lo que resulta de dichos documentos, por lo que procede que se admita este motivo y se case la Sentencia.” “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: Haber incurrido el sentenciador en error de hecho, al no apreciar o valorar en toda su dimensión prueba de valor decisivo en la Litis, violentando el Artículo 202 del Código Procesal Penal en el Artículo 338 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2) del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Previo a desarrollarse el presente motivo, es conveniente aclarar, para los efectos sucesivos, que el planteamiento se dirige a demostrar que el Tribunal de Sentencias recurrido no ha apreciado o considerado en toda su dimensión prueba consistente de valor decisivo, violentando en consecuencia, en su valoración las reglas de la sana crítica, como se demostrará en el motivo que a continuación se desarrolla: El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido, prescribe: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El Órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Siendo evidente que el Tribunal Sentenciador no apreció en su conjunto dichos medios probatorios y fue lo que lo llevó a cometer error en la apreciación de la prueba, es decir valorizó los medios de prueba antes mencionados, pero no los apreció en su dimensión por lo que ha habido simplemente error de juicio del fallador, circunstancia muy humana que suele presentarse fuera de su labor investigativa dentro del campo probatorio siendo evidente que el Tribunal sentenciador no apreció las pruebas antes mencionadas, en su conjunto en forma que lo llevó a inducirlo a dar por no aprobado un hecho que si está demostrado en el proceso, ya que el error de hecho en la apreciación de las pruebas, conduce a la violación de la Ley sustantiva y autoriza al Tribunal de Casación para casar el fallo impugnado, siendo de manifiesto y notorio, que el Tribunal recurrido no valoró la prueba en toda su dimensión, ya que únicamente lo ha estimado dentro de un conjunto de pruebas, sin otorgarle el valor particular y determinante que la misma posee, el juzgador la ha tornado como fundamento para señalar los hechos estimados y declarados probados en el fallo que se recurre, ha omitido considerar la parte esencial de dicha prueba, porque el Tribunal recurrido dice que toda prueba les merece credibilidad, pero le da otro sentido que influye en la parte dispositiva de la sentencia, es decir si el Tribunal sentenciador hubiere apreciado correctamente la prueba, el fallo hubiere sido condenatorio, por lo que procede que se admita esta motivo y se case la sentencia. Por haberse producido el vicio improcedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo. SEGUNDO MOTIVO. No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica, habiéndose infringido el Artículo 202 del Código Procesal Penal en relación con lo dispuesto en el Artículo 338 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral tres del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. En ese sentido, es conveniente aclarar en qué consiste la fundamentación y valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, veamos: Tal como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de la norma del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a que nos referirnos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre algunas circunstancias de la vida, para lo cual existen reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (Necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben de guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe de derivarse de elementos técnicos) y suficientes (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga) expuesto lo anterior se llega a la conclusión que en el caso de autos, se encuentra violado el sistema de valoración proclamado por el Código Procesal Penal y se viola la presente Sentencia, por lo siguiente: 1.- Expresa el Tribunal, que valoró la prueba documental y testifical presentada por el ente acusador y defensor que describe en el Numeral PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, referente al acápite de valoración de la prueba, lo cual refleja una llana contradicción, que vuelve incoherente, el único hecho declarado probado por el órgano jurisdiccional y que el Tribunal no apreció en toda su dimensión dichos medios probatorios, faltando a los elementos intrínsecos de la sana crítica, el Tribunal recurrido solo ha plasmado una fracción de los expresados documentos, dejando de considerar la parte esencial de la misma. Valoración errónea que lo llevo a cometer error de juicio, pues a contrario sensu si el Tribunal impugnado hubiera apreciado todos los medios de prueba correctamente, hubiera llegado a la conclusión llana que el imputado es el autor del delito de Usurpación de un Inmueble de propiedad del señor Carlos Orbin Montoya lo que procede que se admita este motivo y que se case la sentencia por reunir los requisitos de admisibilidad. TERCER MOTIVO: Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma por adolecer la Sentencia de motivaciones fácticas o jurídicas, por ser insuficientes o contradictorias. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 número 3 del Código Procesal Penal. El Tribunal de Sentencias impugnado declaró expresa y probados los hechos siguientes: “UNICO: En fecha 23 de Enero de 2009, varias personas pertenecientes a un Grupo Campesino denominado LAS CARAÑAS, entre las que se encontraba el señor NEPTALY ENAMORADO GARCIA, respaldado por el UINSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) se introdujeron a un bien inmueble situado entre las Aldeas de San Isidro y La Ceibita, en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés, con el objetivo de cultivarlo como dueños” EXPLICACION DEL MOTIVOS El Tribunal de Sentencias declaró como probado el único hecho anteriormente trascrito, el que es insuficiente y además contradictorio como la parte dispositiva de la Sentencia, en la cual se absuelve al imputado, el Tribunal de Sentencias reconoce expresamente de que el imputado se introdujo en propiedad ajena, solo con ese hecho hay una existencia de dolo al apoderarse de cosa ajena y principalmente hacer champas de nylon tal como lo reconoció este Tribunal con el medio probatorio que hizo llegar el ente acusador consistente en el Acta de Inspección Ocular número 79-09 acompañada de un álbum fotográfico llevada a cabo por el Perito el Agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) JULIO CESAR MENDOZA IGUIGURE, el 20 de Octubre de 2009 en la propiedad de la víctima, este Tribunal dice que dicho medio probatorio le merece credibilidad por haber sido practicado por un Perito en la materia, donde expresa que en dicha propiedad hay radicado un Grupo de Campesinos denominado LAS CABAÑAS, existen chozas de madera cubiertas con nylon color azul, cultivos de yuca, caña de azúcar, fríjol, maíz y plátano, el hecho único probado es insuficiente e incoherente con la parte dispositiva de la Sentencia mediante el cual absuelve al imputado, por lo que procede que se admita este motivo y se case la Sentencia.” Fundamentación 1) Recurso de Casación de infracción de ley, por interpretación errónea del Artículo 227 en relación con el Artículo 32 párrafo Primero del Código Penal. Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: interpretación errónea del Artículo 227 en relación con el Artículo 32 párrafo Primero del Código Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su se dicte la sentencia de fondo que proceda conforma a derecho. Único Motivo Resumen El Juzgador interpretó erróneamente el Artículo 227 del Código Penal en la sentencia que se impugna, dado que aprecia que el imputado Neptaly Enamorado García no cometió delito por no existir dolo. Alega que desde el momento en que el imputado se introdujo a los inmuebles del señor Carlos Orbin Montoya Rodriguez existe dolo por despojar de dichos inmuebles, construyendo cercas, desmontar hierba, construir champas y mantenerse posesionado de dicho inmueble. Señala que la acción de Usurpación consiste en despojar de un inmueble al producirse por invasión, permanencia o expulsión, ya sea que el dueño del inmueble esté o no presente, o se expulse a sus trabajadores impidiéndoles el ingreso a la propiedad. Concluye que solo con la sola introducción y permanencia en el inmueble está calificada la existencia de dolo, en la comisión del delito de Usurpación. Asimismo, que también se con dicha acción se violentó el Artículo 32 párrafo primero del Código Penal. Concepto general del recurso: Esta Sala reitera que, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, slo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto específico El tipo penal de Usurpación, se encuentra previsto en el artículo 227 del Código Penal el que dispone: “Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio de que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el Juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado”. La finalidad es la protección del derecho a la propiedad de los bienes inmuebles, entendiéndose como tales lo preceptuado en el artículo 602 del Código Civil y además la protección de la titularidad de los derechos reales enumerados en el artículo 610 del mismo texto normativo.- Por usurpar se entiende cualquier conducta humana que implique disponer de un bien inmueble tal como lo haría su legítimo dueño o que implique el disfrute de un derecho real destinado a otra persona y por sobre de ésta, con indiferencia de si se realiza con o sin violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Como elemento subjetivo, el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo y con un propósito de lucro, el cual se pone en manifiesto cuando el sujeto activo mantiene su actuar aun cuando ha sido requerido fehacientemente para que cese en el apoderamiento del bien inmueble. Por el contrario, no da paso a la existencia del delito por ausencia de dolo en los casos que entre los colindantes surja conflicto por linderos dudosos o ignorados, cuando exista alteración de los linderos sin un apoderamiento lucrativo o cuando el sujeto activo se conduzca con la creencia de estar en el ejercicio de un derecho legítimo por ausencia de determinación de la titularidad del derecho de propiedad o del derecho real en cuestión o cuando dicha titularidad esté siendo disputada en el fuero civil, siendo en este último caso procedente diferir la causa al ámbito civil tal como lo ordena el artículo 54 del Código Procesal Penal.- Así las cosas, el delito de Usurpación reúne las siguientes características: A) Por su estructura: 1) Tipo Penal Básico: Al describir el modelo de comportamiento de manera independiente a otros tipos penales; 2) Tipo Penal Simple: Por describir un único modelo de comportamiento; B) Por su contenido: 1) Tipo Penal de Resultado: Dado que se requiere la materialización del resultado el cual se produce cuando el sujeto activo ejerce ocupación sobre un bien inmueble o disfruta un derecho real en perjuicio del verdadero dueño o legitimo titular, respectivamente; 2) Tipo Penal de Conducta Permanente: En virtud de que el comportamiento se renueva de manera continua mientras se esté realizando la acción de usurpar; 3) Tipo Penal de Comisión: Ya que se exige la realización de una acción para efectuar del delito; 4) Tipo Penal Cerrado o Determinado: Debido a que el artículo 227 del Código Penal describe el tipo penal con precisión, desprendiéndose con toda claridad la conducta prohibida; C) Según el Sujeto Activo: 1) Tipo Penal Unisubjetivo: El tipo penal puede ser realizado a partir de la participación de una sola persona; 2) Tipo Penal Común: Debido a que puede constituirse como sujeto activo cualquier persona sin la necesidad de tener calidades especiales; y D) Por el Bien Jurídico Tutelado: 1) Tipo Penal Mono Ofensivos: Al proteger un bien jurídico especifico, cual es la propiedad privada ejercida sobre los bienes inmuebles; y 2) Tipo Penal de Lesión: El delito de Usurpación se considera consumado al darse materialmente una lesión al bien jurídico protegido, en ese sentido el sujeto pasivo verá disminuido o anulado su derecho a la propiedad del bien inmueble o el ejercicio a un derecho real especifico.- (Sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil doce en el recurso de casación penal No. 200-2009). De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. Opinión de la Sala sobre el caso específico: El recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. El cuadro fáctico de la sentencia impugnada reproduce el elemento objetivo del tipo penal del artículo 227 que tipifica y sanciona el delito de Usurpación, sin embargo, no configura el elemento subjetivo de dicha norma penal. Aunque se ha declarado probado que el Grupo Campesino denominado “Cabañas” del que el acusado Neptaly Enamorado Garcia formaba parte se introdujo al inmueble rural objeto del presente juicio, con propósito de cultivarlo, es decir con ánimo de dueño, se ha acreditado en su descargo que dicha acción fue autorizada por el Instituto Nacional Agrario (INA), por lo que aunque la acción desplegada por el acusado causa efectivo menoscabo al derecho de propiedad del ofendido, es el propio Estado el que mediante expediente de expropiación despoja de la propiedad por no cumplirse la función social en el marco del proceso de reforma agraria. Por lo expuesto se declara sin lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, alegado por la parte recurrente. 2) Recurso de Casación de infracción de precepto constitucional, por falta de aplicación del Art. 90 párrafo Primero y 103 de la Constitución de la República. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: falta de aplicación del Artículo 90 párrafo Primero y 103 de la Constitución de la República. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su se dicte la sentencia de fondo que proceda conforma a derecho. Único Motivo Resumen El Artículo 90 de la Constitución de la República de Honduras en su párrafo primero establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. El Artículo 103 Constitucional establece: “El estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones aquellas que por motivos de necesidad o interés público establezca la Ley”. Asegura que el A Quo violentó dichas normas constitucionales en la Sentencia que se impugna, dado que toda persona debe ser juzgada con todas las formalidades que establece la Ley, omitiéndose dicha garantía en el presente proceso, al haber despojado al ofendido de dos inmuebles que cumplían la función social que regula la Ley de Reforma Agraria, y consecuentemente haberle violentado el derecho a la propiedad, que el Estado está obligado a reconocer y fomentar. Se refiere también al derecho a que se apliquen las normas procesales en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a obtener una resolución de fondo justa y motivada, careciendo actualmente la Sentencia impugnada de razonamientos lógicos, pues la prueba aportada por el acusador Privado fue mal apreciada, dándole otro sentido de lo que resulta de dichos documentos. Concepto general del recurso: Esta Sala reitera que, por Debido Proceso, debe entenderse que, para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia Penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de Defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, en base a un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el Debido proceso encierra todas las Garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como:1) Que el hecho motivo del proceso este tipificado como delito o falta; 2. La Prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. La Constitución de la República en su Art. 90 constitucional establece el Derecho al acusado de gozar de un debido proceso, proceso justo o legal, del que derivan el derecho de defensa. Para que un proceso se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo este como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. El debido proceso, engloba además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: presunción de inocencia, derecho a un Juez independiente e imparcial, y publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. Incluye la garantía que la causa del justiciable sea conocida por un Juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley. Para garantizar la imparcialidad del Juez, pone a disposición de las partes procesales, las instituciones de la excusa y la recusación de los jueces y magistrados, las que vienen a ser un derecho. Concepto específico El A Quo violentó en la sentencia que se impugna, normas constitucionales que regulan el Debido Proceso y el Derecho de propiedad, consignados en el artículo 90 párrafo primero y 103 de la Constitución de la República, por considerar que toda persona ha de ser juzgada con todas las formalidades que establece la ley, garantía que no se cumplió en el presente proceso, al haber despojado al ofendido de dos inmuebles que cumplían la función social que regula la Ley de Reforma Agraria. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo Opinión de la Sala sobre el caso específico: Esta Sala aprecia que el Debido Proceso encierra todas las garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como:1) Que el hecho motivo del proceso este tipificado como delito o falta; 2. La Prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. En el presente caso el recurrente alega que, el A Quo violentó el Derecho a un debido proceso, al haber despojado al ofendido de dos inmuebles que cumplían la función social que regula la Ley de Reforma Agraria, y en consecuencia haberle violentado su derecho a la propiedad que el Estado está obligado a reconocer y fomentar, también al violar el derecho a que se apliquen las normas procesales en condiciones de igualdad, sin dilaciones y a obtener una resolución de fondo justa y motivada, por carecer la sentencia impugnada de razonamientos lógicos en la valoración de la prueba documental aportada por el acusador privado, la que estima es erróneamente apreciada por el juzgador. Esta Sala considera que, con la prueba de cargo y descargo aportada al juicio ha sido valorada conforme a las reglas del correcto razonamiento humano, el juzgador ha derivado prueba suficiente para concluir que el acusado Neptaly Enamorado García no ha incurrido en delito de usurpación, en tanto ha establecido que, aunque el Grupo Campesino denominado “Cabañas” del cual forma parte el acusado aunque entró en posesión material de los inmuebles objeto del presente juicio, con ánimo de dueño, al ocupar, arar, cultivar y cosechar dichas tierras, lo ha realizado mediante procedimiento administrativo formado ante el Instituto Nacional Agrario, que culmina con el emisión por parte del Estado de Honduras del Decreto de Expropiación No. 18-2008 otorgado a favor del grupo campesino y del acusado. Por lo anterior, esta Sala concluye que, en el presente caso, el Juzgador no ha incurrido en violación a derechos, formalidades y garantías establecidas en el proceso a favor del afectado. 3) Recurso de Casación de Quebrantamiento de forma, por error de hecho, al no apreciar o valorar en toda su dimensión prueba de valor decisivo en la Litis, violentando el Artículo 202 del CPP en el Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Normas Autorizantes: Artículo 362, numeral 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: No valorar en toda su dimensión prueba de valor decisivo en la litis. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando el reenvió y que se repita el juicio con jueces distintos. Primer Motivo Resumen El A Quo no ha apreciado en toda su dimensión pruebas de valor decisivo. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. Aprecia que el Tribunal no apreció en su conjunto los medios probatorios por lo que comete el error de no dar por probado un hecho debidamente demostrado en el proceso, lo que conlleva violación de ley sustantiva y autoriza a este tribunal a casar el fallo impugnado. En los hechos estimados declarados probados el juzgador omite parte esencial de la prueba, pues a pesar que refiere que la prueba le merece credibilidad, le da a la misma otro sentido, error que influye en la parte dispositiva del fallo. Concluye que, si el Tribunal sentenciador hubiere apreciado correctamente la prueba, el fallo hubiere sido condenatorio. Concepto general del recurso: Exclusión de prueba de valor decisivo. “Este motivo de impugnación resulta operativo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba (por considerarla ilícita sin serlo, por ejemplo) o no se considere (omitiéndose toda referencia a ella), siendo decisiva para decretar la absolución o la condena del imputado. Esta posibilidad impugnatoria conlleva la revisión de los hechos probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una prueba trascendental tiene obligada proyección en el relato histórico de la sentencia combatida. Si la exclusión de la prueba ha tenido lugar en la sentencia de forma correcta o el medio de prueba ha sido valorado por el tribunal de instancia, aunque lo fuera desacertadamente, en y otro caso habrá de rechazar el motivo, sin perjuicio que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un recurso amparado en el numeral siguiente, si en su ponderación no se observaron las reglas de la sana critica”. [1] “Que la prueba omitida, hemos señalado, debe ser decisiva; si carece de eficacia, la omisión no afecta a la motivación. Carece de relevancia y por lo tanto no ocasiona vicio a la sentencia: la nulidad de un acto de una prueba no tenida en cuenta en la motivación…Tampoco produce la nulidad por falta de motivación la invalidez de una prueba, cuando la sentencia se sustenta en otros elementos de juicio suficientes y válidos… Para apreciar la decisividad de la prueba eliminada el tribunal de casación ha de acudir al método de la supresión hipotética de la manera siguiente: una prueba será decisiva, y su validez afectará de manera fundamental a la motivación, cuando -si mentalmente se la suprimiera- las conclusiones hubieran sido necesariamente distintas.- Es claro que para este examen, como en otra parte ya lo hemos anticipado, el Tribunal de casación formula, en alguna medida, un juicio de hecho relativo a valoración de la prueba; ello es inevitable en tanto tiene que apreciar la suficiencia de las pruebas válidas que el fallo conservará como sustento. Pero esta tarea estimativa del material probatorio subsistente, no debe modificar los límites de su función de contralor jurídico. El examen se reducirá a la legalidad y racionalidad de esos elementos como fuente de convicción”. [2] Concepto específico El juzgador para señalar los hechos estimados y declarados probados en el fallo que se recurre, ha omitido considerar la parte esencial de la prueba, por considerar que toda prueba le merece credibilidad, pero le da otro sentido a la prueba que influye en la parte dispositiva de la sentencia. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. Opinión de la Sala sobre el caso específico: Esta Sala aprecia que para que este medio impugnaticio resulte operativo es preciso que en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba o ésta no se considere, siendo decisiva para decretar la absolución o la condena del imputado. En el presente caso, el recurrente no señala la prueba de cargo excluida o dejada de valorar por el juzgador. No obstante, el señalado defecto de técnica recursiva, esta Sala interpreta que el reproche recae sobre la totalidad de la prueba incorporada en el proceso, la valorada en sentido contrario a lo que resulta de su contenido por parte del Juzgador, que en el presente caso consiste en: 1) Declaraciones de los testigos señores Carlos Orbin Montoya, Obdulio Ramirez Hernández, y Leonelson Palma Meza; 2) Prueba documental: a) Instrumento Público número cuatro, extendido en Tegucigalpa, M. D. C., el 10 de mayo de 2000, ante el Notario Teobaldo Enamorado S., inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, bajo el Número 51, tomo 3930, que establece que el señor Carlos Orbin Montoya es el propietario del inmueble, ubicado en las Aldeas de San Isidro y La Ceibita del Municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés; b) Acta de Inspección ocular Número 79-09 y álbum fotográfico, llevada a cabo por el Perito Agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) Julio Cesar Mendoza Eguigure, llevada a cabo el 25 de octubre de 2019, en la Propiedad La Suazo, sector del Municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, que establece: se observa a la orilla de una calle de tierra, una vivienda construida de material selecto, repellada, con techo de zinc, un predio de extensión superficial aproximada de 160 hectáreas, en el cual había un grupo de campesinos llamado Las Cabañas, chozas de madera, cubiertas de nylon, color azul, cultivos de yuca, caña de azúcar, frijol, maíz, tomate y plátano. El álbum fotográfico, compuesto por un total de 43 fotografías, cuas cuales demuestran en el predio en litigio, personas con aspecto de campesinos…; c) Certificación de Auto resolutivo de fecha 14 de mayo de 2009, dictado por el Instituto Nacional Agrario (INA), en la Solicitud de Desalojo Administrativo presentada por el señor Carlos Orbin Montoya el que resuelve que, visto el Dictamen de la Sección de Servicios legales y Afectación de Tierras, es procedente la petición planteada por el Apoderado del señor Carlos Orbin Montoya; d) Certificación de la Resolución 062-2009, emitida el 29 de abril de 2009, por el Instituto Nacional Agrario, la cual en su parte conducente ordena desestimar la denuncia de afectación de un terreno rural, presentada por el Grupo Campesino Las Cabañas, sobre el predio ubicado en el lugar denominado San Isidro y La Ceibita, jurisdicción del Municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, en virtud de no cumplir con los requisitos que establece el artículo 4 del Decreto número 18-2008, de fecha 29 de abril de 2008, especialmente por no estar ocupando la tierra , tal como se demuestra con los informes de campo que obran en el expediente; e) Dictamen número 39-2010, emitido el 1 de julio de 2010, por la Sección de Servicios Legales y Afectación de Tierras, del Instituto Nacional Agrario (INA), el que establece que dicha sección es la de opinión que es procedente efectuar el desalojo administrativo del Grupo Campesino Las Cabañas, encabezado por el señor Neptaly Enamorado García, por estar conforme a la necesidad e interés público, a la realización de todos los actos orientados a la consecución de los objetivos de la Reforma Agraria; f) Constancia extendida por la Oficina Regional para la Zona Norte del Instituto Nacional Agrario (INA), en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el 5 de octubre de 2009, la cual determina, que en el libro de registro que se lleva a dicha oficina, se encuentra incoado en fecha 24 de octubre de 2005, el expediente número 28638, referente a una denuncia de un terreno rural, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, presentada por el Grupo Campesino Las Cabañas; g) Titulo Definitivo de Propiedad del Decreto 18-2018, otorgado por el Director del Instituto Nacional Agrario (INA) a favor de la Empresa Asociativa de Producción Las Cabañas, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el 10 de marzo de 2011, en el expediente número 78996-28638-B, registrado en el Instituto Nacional Agrario (INA), bajo el número 298, lista número 14-M, rollo número 01, e inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil bajo el número 67 del tomo 6586 de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el que precisa que la empresa Asociativa Campesina de Producción Las Cabañas, es la propietaria de dos lotes de terreno rurales, de naturaleza jurídica ejidal, que el Instituto Nacional Agrario (INA) obtuvo mediante recuperación, en aplicación del Decreto número 18-2008, ubicados en la Aldeas San Isidro, en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, identificados como lotes 1 y 2 en el antecedente de dominio; Lote 1: con la extensión superficial de sesenta y ocho hectáreas, cincuenta y ocho áreas, cincuenta y seis punto cuarenta y seis centiáreas (68 Has., 58 As., 56.46 Cas.); lote 2: con la extensión superficial de una hectáreas, treinta y dos áreas, veintiocho punto cincuenta y seis centiáreas (1 Has., 32 As., 28.56 Cas.); h) Ordenes de Ingreso y recibos de pago, extendidos el Instituto Nacional Agrario (INA) a favor de la Empresa Asociativa de Producción Las Cabañas, en los que consta que esta empresa ha abonado desde el año 2012 hasta el 2014 al Instituto los correspondientes valores por las tierras que esta institución le otorgó en Título Definitivo de Propiedad. De las pruebas anteriormente indicadas, agregadas al juicio se desprende que el grupo campesino Las Cabañas del cual el acusado formó parte, presentó denuncia al Instituto Nacional Agrario, del terrero rural objeto del presente juicio, de tipo ejidal ocioso, de forma pacífica, obteniendo mediante expropiación al señor Carlos Orbin Montoya mediante Decreto 18-2008, pagándolo en cuotas la empresa Asociativa al INA, predio cultivado de frijol, maíz, yuca, caña de azúcar, tomate y plátano. Esta Sala considera que al valorar los medios de prueba preinsertos, el A Quo ha no ha omitido prueba de valor decisivo para resolver la litis, ni ha valorado la misma en sentido distinto al que resulta del contenido de dichas pruebas. Lo anterior, debido a que la ocupación y siembra de diverso tipo de cultivos por parte del Grupo Campesino y del acusado, en los terrenos objeto del presente juicio, tuvo lugar mediante procedimiento administrativo que culmina con el Decreto de expropiación de dichas tierras a favor del solicitante, siendo el propio Estado el que otorga la titularidad dominical del inmueble al grupo campesino del cual forma parte el acusado, siendo éste un trámite legalmente establecido en la leyes agrarias de nuestro país, en los casos en que como en el presente, la propiedad de la tierra afectada no cumpla con la función social. Al no haber exclusión de prueba en el juicio, no es necesario proceder a analizar si la prueba excluida es o no decisiva para resolver la litis. Recurso de Casación de Quebrantamiento de forma, por no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica, habiéndose infringido el Artículo 202 del Código Procesal Penal en relación con lo dispuesto en el Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Normas Autorizantes: Artículo 362 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica, Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando el reenvió y que se repita el juicio con jueces distintos. Segundo Motivo: Resumen. No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. Se llega a la conclusión que al valorar la prueba documental y testifical presentada por el acusador y defensor que describe en el numeral primero, segundo y tercero, referente al acápite de valoración de la prueba, refleja una contradicción, que vuelve incoherente, el hecho declarado probado por el Tribunal debido a que no apreció en toda su dimensión dichos medios probatorios, faltando a los elementos intrínsecos de la sana crítica. El Tribunal solo plasma una fracción de los documentos, dejando de considerar la parte esencial de la prueba por lo que, si hubiera apreciado todos los medios de prueba correctamente, hubiera llegado a la conclusión que el imputado es autor del delito de Usurpación de un Inmueble de propiedad del señor Carlos Orbin Montoya. Concepto general del recurso: Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[3]. Concepto específico En la valoración de la prueba el A Quo infringe las reglas de la sana crítica al valorar la prueba documental y testifical del acusador y defensor descrita en el numeral primero, segundo y tercero, referente del acápite de valoración de prueba, por reflejar contradicciones que la vuelven incoherente con el hecho declarado probado por el Tribunal, al no apreciar en toda su dimensión dichos medios probatorios, faltando a los elementos intrínsecos de la sana crítica. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. Opinión de la Sala sobre el caso específico. Esta Sala observa que el recurrente fundamenta su motivo de casación por quebrantamiento de forma, en que el A Quo incurre en el vicio de no observar las reglas de la sana crítica, en la valoración de la prueba, concretamente al valorar la prueba documental y testifical presentada por el acusador y defensor que describe en el numeral primero, segundo y tercero, referente al acápite de valoración de la prueba, por considerar que es contradictoria e incoherente con el hecho declarado probado por el Tribunal, al no apreciar en toda su dimensión dichas pruebas. No obstante el alegato de la parte recurrente, esta Sala observa que en el presente caso el impetrante del fallo que se impugna ataca la valoración de la prueba indicada con argumentos de instancia y sin indicar la regla del correcto razonamiento humano o de sana critica -de la lógica, psicología o máximas de la experiencia- dejadas de aplicar por el Juzgador en la valoración de la prueba, defecto esencial en la técnica recursiva que impide a ésta Sala emitir pronunciarse sobre el contenido del recurso y que no procede enmendar de oficio. Recurso de Casación de Quebrantamiento de forma, por adolecer la Sentencia de motivaciones fácticas o jurídicas, por ser insuficientes o contradictorias. Normas Autorizantes: Artículo 362, numeral 3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Por adolecer la Sentencia de motivaciones fácticas o jurídicas, por ser insuficientes o contradictorias. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando el reenvió y que se repita el juicio con jueces distintos. Tercer Motivo: Resumen: Concepto general del recurso: Esta Sala de lo Penal, considera que el Código Procesal Penal, en la parte conducente del Artículo 362.3, autoriza el Re­curso de Casación por Quebrantamiento de Forma, cuando la sentencia impugnada carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, o que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias. Al respecto de la motivación de fallo: “Debe distinguirse la falta de motivación de la simple “insuficiencia de motivación”, que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces. La ley manda que la sentencia sea motivada, pero el pronunciamiento es fulminado con la nulidad, únicamente cuando falta la motivación, no cuando ella es solo imperfecta o defectuosa, tampoco la anula un error no esencial.[4]” Acerca de la fundamentación fáctica esta Sala aprecia que: “Los errores más frecuentes en este apartado podemos enunciarlos de la siguiente manera: 1.1 Contradicción entre el elenco de hechos establecidos como ciertos (fundamentación fáctica) y el elenco de hechos que se tratan como probados a la hora de hacer el análisis crítico de las probanzas (fundamentación analítica o intelectiva). Ocurre que el juzgador afirma –o niega- cuestiones de hecho a la hora de establecer el marco fáctico en un primer “considerando” y luego, al valorar la prueba, entra en abierta contradicción con lo que ha establecido, ya sea negando abiertamente lo que antes afirmaba, ya sea introduciendo la duda o consideraciones que oscurecen el razonamiento. En este punto podemos hablar de una violación al principio lógico de no-contradicción desde una perspectiva estructural del fallo, ya que se trata de un apartado en el que se sostiene lo contrario, o se cuestiona lo previamente establecido en aspectos esenciales. Como se verá, la jurisprudencia ha relacionado también esta falla con la violación a las reglas de la sana critica, el particular el principio de derivación o razón suficiente, pero nuestro criterio es que se vincula más exactamente con el tema de fundamento contradictorio puro y simple”.[5] Concepto específico El Tribunal de Sentencias reconoce que el imputado se introdujo en propiedad ajena por lo que considera que solo con ese hecho hay una acción dolosa al acusado al apoderarse de una propiedad y hacer en ella champas de nylon, tal como resulta del Acta de Inspección Ocular, número 79-09, acompañada de un álbum fotográfico, en la propiedad del ofendido. A pesar que el A Quo considera que dicha prueba le merece credibilidad concluye que el hecho único probado es insuficiente e incoherente con la parte dispositiva de la sentencia en que se absuelve al acusado. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. Opinión de la Sala sobre el caso específico: Esta Sala observa que el recurrente funda su reproche recursivo de quebrantamiento de forma en que la sentencia impugnada adolece de motivación insuficiente y contradictoria. Concretamente señala que el Tribunal reconoce que el imputado se introdujo en propiedad ajena por lo que solo con ese hecho estima que existe una acción dolosa del acusado al apoderarse de una propiedad y hacer en ella champas de nylon, lo que resulta del acta de inspección ocular, Número 79-09, acompañada de álbum fotográfico, en la propiedad el ofendido. A pesar que el A Quo considera que dicha prueba le merece credibilidad concluye que el hecho único probado es insuficiente e incoherente con la parte dispositiva de la sentencia en que se absuelve al acusado. Esta sala considera que ha de distinguirse entre la falta de motivación de la simple “insuficiencia de motivación”. La Doctrina reconocida por esta Sala, manda en este tipo de casos, que el pronunciamiento se sancionará con la nulidad, solamente por la falta absoluta de motivación, y no cuando la motivación del fallo sea imperfecta o defectuosa, tampoco cuando el defecto en la motivación de la sentencia se funde en un error no esencial. En el presente caso, es notorio que la resolución impugnada esta cimentada en fundamentos eficaces. El impetrante reprocha que la motivación fáctica y jurídica de la sentencia es contradictoria con el hecho probado y parte dispositiva del fallo. Lo cierto es que la prueba de cargo agregada al juicio, es contundente para acreditar que el acusado no ha actuado con malicia o dolosamente al ocupar la propiedad del ofendido, por ser el resultado de un procedimiento administrativo establecido por el Estado ante el Instituto Nacional Agrario (INA), siendo en consecuencia una ocupación de dicha propiedad inmueble de buena fe. Esta Sala concluye que en la motivación fáctica y jurídica de la sentencia impugnada es suficiente, y no adolece de contradicciones sobre aspectos esenciales en la valoración de las pruebas, los hechos declarados probados y la parte dispositiva del fallo. Esta Sala declara NO HA LUGAR el recurso de casación de infracción de ley penal sustantiva, en su motivo único, el de infracción de precepto constitucional, en su motivo único y el de Quebrantamiento de forma, en sus tres motivos, invocado por el recurrente. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 360, 361. 2 y 3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por infracción de ley penal sustantiva, en su motivo único, de infracción de precepto constitucional, en su motivo único y el de Quebrantamiento de forma, en sus tres motivos, interpuesto por el Abogado Saúl Muñóz Orellana, acusador privado en representación del señor Carlos Orbin Montoya Rodríguez, en la causa instruida contra el señor Neptaly Enamorado García, a quien se le absuelve por el delito de Usurpación, en perjuicio del señor Carlos Orbin Montoya Rodríguez. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinticinco de abril de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un día del mes de abril del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-514-2014.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1] Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. Los Recursos. Ángel Llorente Fernández de la Reguera y Rixi Moncada Godoy. Tomo 7. Páginas 120.

[2] “El Recurso de Casación”. Fernando de la Rúa. Edición 1968. Página 174 y 175

[3] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005

[4] “El Recurso de Casación”. Fernando de la Rua. Edición 1968. Página 156

[5] Texto: “Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal”, Autores Jose Manuel Arroyo Gutierrez y Alexander Rodriguez Campos. Editorial Jurídica Continental. Página 172.