Sentencia CP-508-17 — Registro 13931
Resumen
Se declara con lugar parcialmente el recurso de casación interpuesto por el MP contra la sentencia que absuelve a los imputados por el delito de Posesión Ilegal de Armas de Fuego y se condena por poseesión Ilegal de Arma de Guerra
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Recurso es de recibo. Esta Sala de lo Penal es del criterio que cuando la persona sorprendida en posesión de un arma de fuego comercial sin el respectivo permiso de portación, estén o no vigente algún decreto legislativo, es requisito indispensable que durante la detención el acusado, debe demostrar la existencia de actos tendientes a registrar o entregar el arma, según sea el caso, es decir que la acción del imputado no deje dudas que tuvo la intención de registrarla o entregar el arma de fuego a la autoridad administrativa, pues el espíritu de la creación de los decretos legislativos es para dar tiempo a las personas de presentar la documentación necesaria para la inscripción del arma, no para que cometieran acciones tipificadas como delitos en las leyes penales. En el caso subjudice, se establece que en fecha diecisiete de junio de dos mil quince, aproximadamente a las siete y media de la noche, agentes de la Policía Nacional que realizaban un patrullaje de rutina por el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés, cuando en las inmediaciones de la colonia 15 de septiembre, ubicada en dicha zona, exactamente en el lugar conocido como “ la frontera” o “zona muerta” escucharon disparos, por lo cual se dirigieron hacia allí, donde observaron un vehículo tipo camioneta, color rojo, marca Pathfinder y cerca del mismo, un herido tendido en el suelo, a quién se le identificó como Allan Humberto Mendoza Ávila, a quién le encontraron un arma de fuego, tipo pistola, marca Girsan, 9 milímetros, junto con dos cargadores que contenían un total de 12 cartuchos sin percutir, sin portar la autorización correspondiente, un cargador en cuyo interior se encontraron 29 cartuchos sin percutir del calibre 7,62 x 39 milímetros y una granada de fragmentación de origen rusa (hechos probados). De lo anterior es opinión de esta sala que procede destacar lo siguiente: 1. Conforme al hecho probado, queda establecido que fue al Señor Allan Humberto Mendoza Ávila, a la persona que la Policía Nacional, le encontró y consecuentemente le decomisó un arma de fuego, marca Girsan, calibre nueve milímetros, Serie T6368-08830365, con dos cargadores. 2. Que de acuerdo al hecho probado, el cual es producto de la prueba evacuada durante el juicio, quedó establecido que el decomiso del arma se produjo a las siete y treinta y cinco minutos de la tarde. 3. Los actos tendientes a registrar o entregar el arma, implican una voluntad del poseedor del arma de dirigirse al correspondiente registro balístico para materializar el registro del arma; sin embargo, estas acciones sólo podrán ser realizadas en los días y horas en que funcionan estos registros. Es evidente que, a las siete de la noche, no es posible realizar ninguna gestión dirigida a registrar o entregar el arma. De acuerdo a lo anterior, es opinión de esta Sala que el cuadro fáctico plasmado por el A-quo en los hechos probados de la sentencia, da por establecido que el señor Allan Humberto Mendoza Ávila fue encontrado en posesión de un arma de fuego comercial, sin el permiso de la autoridad respectiva, hechos éstos que cumplen con los presupuestos del tipo penal contenido en el artículo 332-B del Código Penal; por otro lado no se ha acreditado que el imputado hubiere ejecutado actos, acciones o gestiones tendientes al registro o entrega del arma, en consecuencia debió dictarse una sentencia condenatoria, por haberse ajustado el hecho ejecutado por el imputado en el tipo penal prescrito en la norma y no existir acreditadas circunstancias que excluyan la responsabilidad del imputado. Esta Sala de lo Penal no se pronuncia acerca del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma presentado por el recurrente, toda vez que ha prosperado el Recurso por Infracción de Ley en su único motivo .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Es importante señalar que el recurso de casación recae solamente en relación al pronunciamiento condenatorio por un delito de Posesión Ilegal de Arma de Guerra, pues el reproche del censor estriba en que al acusado Allan Humberto Mendoza Ávila no se le encontró en posesión de dicha granada de fragmentación de origen rusa, En vista de los cuestionamientos del recurrente, es preciso que esta Sala de lo Penal revise los juicios de valor utilizados por el A-quo para valorar las pruebas allegadas al juicio y determinar con ello, si en efecto existió transgresión a dichas normas o por el contrario fueron aplicadas correctamente. A esta Sala de lo Penal le corresponde verificar si dicha valoración se hizo respetando la regla de la lógica, la psicología y la experiencia común, y el principio de derivación, la cual fue denunciada como infringida por el recurrente; la tarea no consiste en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa. El recurrente funda su reproche recursivo en la violación de las reglas de la sana crítica, en las pruebas de cargo consistente en las declaraciones testificales de Esmelin Abelardo Hernández Moran y Walter Iván Bustillo Hernández, acta de registro personal, acta de inspección ocular 480.15 y oficio de registro nacional de armas 516-2015 y el informe técnico. Tanto la declaración del testigo Esmelin Abelardo Hernández en su deposición en el acta de juicio oral y público (F109) como la de Walter Iván Bustillo la cual se introdujo mediante lectura autorizada (F121), establecen que en fecha 17 de junio de 2015, como a las 07:30 de la noche encontraban en la Colonia Sabillón, del sector de Chamelecón, cuando de repente escuchamos una fuerte descarga de arma de fuego, la dirección de los disparos provenían de la colonia 15 de septiembre, por lo que nos trasladamos con la RPM y cuando llegamos al lugar conocido como la frontera o zona muerta, terreno de la mara MS, encontramos un vehículo color beige, tipo camioneta, adentro del vehículo encontramos un cargador AK-47 con 29 proyectiles sin percutir y al fondo había un solar baldío, donde encontramos una persona boca abajo, herida de bala en el pie que respondía al nombre de Allan Humberto Mendoza Ávila, miembro activo de la mara 18, y tenía un arma 9 milímetros, color negra , marca Girsan, con dos cargadores y estaba pidiendo auxilio y no portaba permiso de portación, estableciendo Esmelin Hernández que se encontró la granada a dos metros de la persona y Walter Bustillo declaró que se encontró a cien metros del vehículo una ganada de uso militar. El Tribunal valoró que dichas declaraciones le merecen toda credibilidad en virtud de ser brindadas por un agente policial que no tiene interés en el juicio y que únicamente declara la forma en que tuvo conocimiento del hecho, producto de su función, testimonio que al ser contrastado con el resto de la prueba de cargo consistente en prueba documental le cual sirve para establecer una dinámica de los hechos y que concuerdan con los indicios encontrados en la escena. En el acta de registro personal de fecha 17 de junio de 2015, realizado al señor Allan Humberto Mendoza Ávila establece que se le decomisó un arma de fuego marca Girsan, tipo pistola, calibre nueve milímetros, serie T6368-08830365; Acta de Inspección Ocular 480-15 realizada el 17 de junio de 2015 a las 21:45 además del arma anteriormente descrita se encontró un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación, modelo M67 color café, de fabricación rusa, asegurada con aislante y un vehículo …; El oficio 516-2015 del Registro Nacional de Armas de fecha 18 de junio, en el que se establece las características del arma encontrada, la cual no se encuentra registrada y no tiene reporte de robo. El Tribunal a estos medios de prueba documental gozan de confiabilidad al haber sido expedidos por funcionarios estatales en el ejercicio de su cargo y que no tienen interés en afectar al acusado, por lo que valorando la prueba en conjunto poseen sustento legal para acreditar que al acusado al momento de ser registrado se le decomisaron el arma tipo comercial nueve milímetros y varios cargadores y una granada que debido a su mecanismo de funcionamiento se considera tipo de guerra o de combate. El informe técnico realizado por el perito técnico Héctor Mariano Pineda Cálix, quién estableció que el artefacto explosivo es de origen ruso, consistente en una granada F1 que contiene 25-50 gramos de TNT con un radio de alcance de veinte a treinta metros. Establece el Tribunal que dicho medio de prueba científico sustenta la operatividad y buen estado de funcionamiento mecánico operativo, se encuentra en perfecto estado, por lo que se cumple con el requisito del tipo penal, de acuerdo al principio de lesividad. Efectivamente esta sala aprecia que el A-quo ha aplicado el principio de la derivación de razón suficiente en forma de inferencias lógicas deducidas de las pruebas. De la prueba de cargo aludida se deriva que, aunque el acusado Allan Humberto Mendoza Ávila, no fue detenido por la policía en posesión de la granada de fragmentación, ésta fue encontrada en un lugar cercano y de fácil acceso para el acusado, en virtud de estar dispuesta, en un lugar aledaño bajo su potencial control y protección, de manera similar a la que ocurre con otros delitos como los de posesión de drogas ilícitas y otros objetos de ilícita tenencia. Para esta Sala basta con que se haya acreditado que el instrumento del delito ha sido encontrado en lugar cercano al ámbito espacial de protección y disponibilidad del acusado, para que el juzgador pueda concluir por razonamientos e inferencias lógicas, que el acusado ha estado en su posesión. Por lo expuesto, esta Sala concluye que el A-quo ha aplicado debidamente la regla lógica de la sana critica, de derivación en la valoración de la prueba de cargo, consecuentemente se declara no ha lugar el único motivo de casación interpuesto por la Defensa Pública..!"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
S.P. 508-2017
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, han pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-508-2017 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor Allan Humberto Mendoza Ávila, por el delito de Posesión Ilegal de Municiones de Guerra, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Absolvió al señor Allan Humberto Mendoza Ávila, por el delito de Posesión Ilegal de Armas de Fuego Tipo Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Tercero: Condenó al señor Allan Humberto Mendoza Ávila, por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Guerra, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho años de reclusión, más una multa de cinco mil lempiras. Cuarto: Condenó al señor Allan Humberto Mendoza Ávila, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. Quinto: No procede declarar el comiso. Sexto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Séptimo: Se declaró la responsabilidad civil derivada del delito. SON PARTES: El abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente-recurrida N° 1 y los abogados Dinabel López Durón y José Roberto Izaguirre, en su condición de Defensores Públicos del señor Allan Humberto Mendoza Ávila, como parte recurrente-recurrida N° 2. HECHOS PROBADOS: “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, éste Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: ÚNICO: En fecha diecisiete de junio de dos mil quince, aproximadamente a las siete y media de la noche, Agentes de la Policía Nacional realizaban un patrullaje de rutina por el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés, cuando en las inmediaciones de la Colonia 15 de Septiembre, ubicada en dicha zona, exactamente en el lugar conocido como “La Frontera” o “Zona Muerta” escucharon disparos, por lo cual se dirigieron hacia allí, donde observaron un vehículo tipo camioneta, color rojo, marca Pathfinder y cerca del mismo, un herido tendido en el suelo, a quien se le identificó como ALLAN HUMBERTO MENDOZA ÁVILA, a quien le encontraron un arma de fuego, tipo pistola marca Girsan, 9 milímetros, junto con dos cargadores que contenían un total de 12 cartucho sin percutir, sin portar la autorización correspondiente, un cargador en cuyo interior se encontraron 29 cartuchos sin percutir del calibre 7,62 x 39 milímetros y una granada de fragmentación de origen rusa.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS: El recurrente Abogado Franklin Flores, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO POR INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del Artículo 332-B del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: “Artículo 332-B: “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial”. (Lo resaltado es nuestro). El A-quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: “ÚNICO: En fecha diecisiete de junio de dos mil quince, aproximadamente a las siete y media de la noche, Agentes de la Policía Nacional realizaban un patrullaje de rutina por el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, cortes, cuando en las inmediaciones de la Colonia 15 de Septiembre, ubicada en dicha zona, exactamente en el lugar conocido como “La Frontera” o “Zona Muerta” escucharon disparos, por lo cual se dirigieron hacia allí, donde observaron un vehículo tipo camioneta, color rojo, marca Pathfinder y cerca del mismo, un herido tendido en el suelo, a quien se le identificó como ALLAN HUMBERTO MENDOZA AVILA, a quien le encontraron un arma de fuego, tipo pistola marca Girsan, 9 milímetros, junto con dos cargadores que contenían un total de 12 cartucho sin percutir, sin portar la autorización correspondiente, un cargador en cuyo interior se encontraron 29 cartuchos sin percutir del calibre 7,62x39 milímetros y una granada de fragmentación de origen rusa.” Al examinar el factum, se evidencia que concurre una falta de aplicación del artículo 332 B del Código Penal, ya que se describe en el mismo, todos los requisitos exigidos por dicho precepto legal, para tener por establecido que el acusado ALLAN HUMBERTO MENDOZA AVILA, participó a título de Autor en el delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, pues se relata, que el mismo fue encontrado en posesión un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Girsan, junto con dos cargadores que contenían un total de 12 cartuchos sin percutir, sin portar la autorización correspondiente. No obstante, que el recurso de Infracción de Ley debe apegarse de manera absoluta al relato fáctico, debemos hacer alusión al apartado de fundamentación jurídica, donde el sentenciador, refiere que la conducta del acusado ALLAN HUMBERTO MENDOZA AVILA no acarrea responsabilidad penal, tomando en cuenta que el Decreto 184-2013 de 30 de Septiembre del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de Octubre del mismo año, establece una veda de un año para proceder a registrar el arma, cuya vigencia se prolongó por un año más, por el Decreto 63-20 14, o sea hasta el 31 de Diciembre del 2015, que para el momento de la incautación estaba vigente, lo cual constituye a criterio del juzgador una suspensión tácita de la eficacia del artículo 332-B del Código Penal, pues tal disposición legal no puede interpretarse como que en el período de veda otorgado por el Estado para legalizar la portación de un arma comercial, se excluya la responsabilidad penal de los ciudadanos, por tanto: “no es una cláusula que despenaliza los delitos comprendidos tanto en los artículos 332 A y 332 B del Código Penal, sino que su único alcance es permitir que el ciudadano, por un período de tiempo establecido, al acuda voluntariamente a registrar su arma”. Es por ello, que en los casos donde se encuentre a un sujeto portando un arma, sin la documentación respectiva y sin existir una razón fundamentada que permita considerar la existencia de actos dirigidos al registro o entrega de la misma, deben tratarse según el procedimiento regular establecido en el Código Procesal Penal y Código Penal, por considerarse en principio que existe un ilícito penal que son los que preceptúan los artículos 332- A o B, según el caso. A dicho efecto debe valorarse una serie de elementos objetivos (tales como la hora, ubicación del sujeto(s), del arma y de la oficina encargada del respectivo registro, clase de arma, entre otros), a fin de analizar si existió una intención dirigida al registro o entrega del arma, por ende, de no concurrir elementos que permitan llegar a esa conclusión, deberá considerarse la presencia del delito correspondiente, pues el Decreto en mención, no constituye una cláusula general de exención de responsabilidad penal. En la presente causa, se tuvo como un hecho probado, que el enjuiciado ALLAN HUMBERTO MENDOZA AVILA, fue encontrado en posesión de un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Girsan, cuando Agentes de la Policía Nacional, el diecisiete de junio del dos mil quince, aproximadamente las siete y media de la noche, se encontraban realizando un patrullaje de rutina por el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, cuando en las inmediaciones de la Colonia 15 de Septiembre, ubicada en dicha zona escucharon disparos, razón por la cual se dirigieron hacia ese lugar en donde encontraron cerca de un vehículo al enjuiciado en posesión del arma descrita , esta que conforme el dictamen de Balística se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico-operativo, de la cual no portaba el permiso de la autoridad respectiva; relato que no evidencia que el imputado en cuestión, tuviere la voluntad de registrar el arma de fuego que llevaba, sino que más bien describe todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, establecido en el artículo 332-B del Código Penal. En relación al Decreto 184-2013, ampliado mediante los decretos 63-2014 y 60-2015, que comprende lo referente a la veda, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido:….“El espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos al Código Penal; a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar a la ciudadanía a que efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras... “(Ver Amparos SCO-241 -351-365 Y 378-2015/1104-14). En virtud de lo anteriormente expresado, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso, por haber sido dictado con infracción del artículo 332-B, por Falta de Aplicación.” “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal objetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del Código Procesal Penal. La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica, prescritas en el artículo antes descrito. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio oral y público, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: PERICIAL: 1. Dictamen Balístico 0501-0502-2015-3124, realizado por el perito adscrito a la Dirección de Medicina Forense Luis Fernando Márquez, en el cual establece que el cargador metálico curvo de 30 cartuchos es para uso de arma de fuego tipo fusil, con calibre 7,62 x 39 mm.- El perito a preguntas del ente acusador estableció que tal munición es la usada en fusiles AK-47. Si bien se observa que en el apartado de la valoración de la prueba el tribunal sentenciador no refiere nada sobre esta munición, pero en el acápite de la fundamentación jurídica, establece que dicha munición está permitida por la ley, criterio que no compartimos, ya que de acuerdo al dictamen de balística se estableció que estas municiones son calibre 7,62x39mm y que son usadas en los fusiles AK-47, por lo que resulta evidente, que al concluir el juzgador que este calibre cuyo grosor y altura son calculados en milímetros no son superiores a punto trescientos ocho pulgadas, son municiones permitidas, concluyendo que estas no implican un riesgo para la seguridad interior del estado de Honduras por ser municiones comerciales y además que la cantidad encontrada es muy pequeña (29 cartuchos), por lo que no se logró demostrar la participación del encausado en el delito de Posesión Ilegal de Municiones de Guerra, resultando que el Tribunal Sentenciador al valorar el contenido de la prueba pericial, no le otorgó el mérito que realmente posee, pues de haberlo hecho hubiera adquirido la certeza que el imputado Allan Humberto Mendoza Ávila incurrió en la comisión de este delito. Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, ya que se ha demostrado que el imputado incurrió en la comisión del delito de Posesión Ilegal de Municiones de Guerra, siendo violatorios del sistema de la sana critica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia, el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” La recurrente, Abogada Orbelina Ferrera Alvarenga, procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: No haber observado el Sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Critica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. PRIMERO: En la sentencia recurrida, el Tribunal condena con prueba de cargo no concluyente para condenar a nuestro representado Allan Humberto Mendoza Ávila, donde se practicaron todas las diligencias pertinentes y útiles determinándose que la acción del imputado no era la de haberlo encontrado en posesión de una granada de fragmentario de origen rusa y por ende no punible el hecho por cual se le enjuiciaba, por lo que tomando en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba, incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a la regla de la lógica en su postulado de la derivación. - En el presente caso precisa referirnos a la regla de la lógica por ser esta la más inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual ésta orientado el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta última ha resultado ignorada por el tribunal de sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos Congruentes, verdaderos y suficientes. Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar a Allan Humberto Mendoza Ávila no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente imprecisa como para deducir la culpabilidad como autor por el delito de “Posesión Ilegal de Municiones de Guerra” por parte de mi defendido, pues del análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que el hecho estimado y declarado probado no se deriva de la prueba aportada. SEGUNDO: Honorables Magistrados si observamos la prueba de cargo evacuada en juicio oral y público, específicamente la documental (Acta de Registro) con la que únicamente consideramos haberse acreditado plenamente que en fecha diecisiete de junio de dos mil quince (2015), en las inmediaciones de la Colonia 15 de septiembre, ubicada e dicha zona, en el lugar conocido como “La Frontera” o “Zona Muerta”, observaron un vehículo tipo camioneta color rojo, marca Pathfinder y ceca del mismo un herido tendido en el suelo, a quien se identificó como Allan Humberto Mendoza Ávila, encontrándosele según registro un arma de fuego tipo pistola, marca Girsan, 9 milímetros, serie T6368- 08830365, con dos cargadores; por consiguiente esta defensa no está de acuerdo con la supuesta participación de mi representado en la posesión de una granada de fragmentación de origen rusa, donde según el tribunal sentenciador en el único hecho probado dejo establecido que a Allan Humberto Mendoza Ávila se le encontró en posesión de una granada de fragmentación de origen rusa, en vista de considerar que la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público como ser la del testigo Agente de Policía ESMELIN ABELARDO HERNANDEZ MORAN, quien en su deposición en juicio manifestó entre otras cosas: “…que en compañía del Inspector Walter Bustillo en la Colonia Sabillón Cruz escucharon detonaciones de armas y observaron una camioneta Pathfinder y encontraron a una persona boca abajo y tenía un disparo en el pie y le encontraron una pistola color negra marca Girsan, presentando el vehículo varios impactos de bala y cerca de la persona que se identificó como Allan Mendoza se encontró una granada de fragmentación de uso militar……” Asimismo a preguntas de la fiscalía a este mismo testigo así: ¿Cuándo llegan a la camioneta que observaron? “………y a dos metros de la persona estaba la granada………”, testigo este que concuerda con el acta de registro personal que en ningún momento estableció en el acta haberle decomisado al imputado Allan Humberto Mendoza una granada de fragmentación de origen rusa. Por otra parte se introdujo mediante lectura al juicio oral como prueba de cargo la declaración del Agente WALTER IVAN BUSTILLO HERNANDEZ quien declaro ante Juez de Garantías, entre otras cosas: “…………y a unos cien metros del vehículo se encontró una granada de uso militar………”, es decir que fue evidente que a nuestro representado se le haya encontrado en posesión de una granada de fragmentación de origen rusa, específicamente con la declaración de los dos testigos de cargo Esmelin Abelardo Hernández Moran y Walter Iván Bustillo Hernández donde la información que estos proporcionaron en juicio oral no concuerda con el único hecho declarado Probado, asimismo sumado a esto no existió ningún tipo de investigación documentado mediante vigilancia, fotografías o videos que nuestro representado perteneciera a una organización criminal. TERCERO: Ahora bien Honorables Magistrados el hecho que el Tribunal Sentenciador haya llegado a la conclusión en el único hecho probado que a mi representado se le decomiso un granada de fragmentación de origen ruso, nos deja preocupados porque al observar la prueba de cargo testifical como ser la de los Agentes de Policía Esmelin Abelardo Hernández Moran y Walter Iván Bustillo Hernández, estos en ningún momento manifestaron que le hayan decomisado granada alguna, quedando sustentado el dicho de los testigos por el acta de decomiso presentada por la fiscalía como prueba documental, siendo así erróneamente el tribunal falta condenando con declaraciones que no incriminan a nuestro representado, sino más bien consideramos que el mismo fue una víctima porque lo encontraron boca abajo herido en uno de sus pies y a una distancia considerable del carro como de la granada de fragmentación de origen rusa. Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de nuestro representado Allan Humberto Mendoza Ávila para conocer con certeza si este en realidad es la persona a quien se le decomisara una granada de fragmentación de origen rusa.- Por todo ello el tribunal no considero a favor del imputado lo dicho por los testigos de cargo y el acta de decomiso presentados por el Ministerio Público, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como concluyente para haber tenido una certeza que hubiera permitido emitirse una sentencia absolutoria, como debió haber sido, y que el tribunal hubiera valorado la prueba de cargo a favor de nuestro representado para absolverlo de toda responsabilidad como autor del delito de Posesión Ilegal de Municiones de Guerra, por lo que la apreciación del Tribunal en la valoración de la prueba consideramos haber infringido el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas aportadas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vaya determinando, principio que se vulnero al concluir que derivaba de las pruebas aportadas que mi representado Allan Humberto Mendoza Ávila haya estado en posesión de dicha granada de fragmentación de origen rusa y que por lo tanto su actuar equivalía a una autoría, razonamiento este que no se desprende de las declaraciones de los testigos de cargo Esmelin Abelardo Hernández Moran y Walter Iván Bustillo Hernández las cuales son claras y propias para considerar que a nuestro representado no se le encontró en posesión de dicha granada de fragmentación de origen rusa, resultando sustentadas dichas declaraciones con el acta de decomiso como prueba de cargo confiable, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado tener participación directa en el hecho, en el entendido que la responsabilidad penal es personal, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser absolutorio y no condenar a Allana Humberto Mendoza Ávila como autor directo porque así lo aplicara incorrectamente el Tribunal Sentenciador en su fallo condenatorio. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACION JURIDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que, debe entenderse como norma sustantiva, a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo. Interpuesto por el recurrente N°1. *Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma que se denuncia Infringida: Artículo 332-B del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de la norma sustantiva. *Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Imposibilidad en virtud de que el vicio se produce en la propia sentencia que se impugna. *Pretensión: Que se case la sentencia. Clasificación de las Armas de Fuego (Lícitas e Ilícitas, de Guerra o de Uso Personal). El Ministerio Público establece que a partir de la derogatoria del Decreto No. 101-2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,133 de fecha 11 de julio de 2003, cada vez más se ha presentado la división de criterios en cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte, compra y venta de armas de fabricación casera; Así pues en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el Artículo 332-B.- Sin embargo tal dilema ya ha sido resuelto por esta Sala de lo Penal, pues en los fallos 336-2015, 409-2015 y 473-2015, todos del 28 de julio de 2016, se ha fijado ya doctrina legal al respecto. Recordemos que la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, define como "Armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados -entre ellos Honduras- se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “fabricación ilícita” de armas: la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Considera esta Sala de lo Penal que la diversidad de calificativos que proporcionan las leyes en relación a las armas de fuego no obedece a una acertada técnica legislativa, así pues las normas legales usan los conceptos de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga a hacer la respectiva distinción.- El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, trasportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente con base en la ley. Por otra parte, el Artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala que debe entenderse o cuales son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto que en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semiautomática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez, algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal.- Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; igualmente, toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea de lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita.- Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven el dilema de la tipificación, por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber: 1. Armas de Guerra: El artículo 332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras.- La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”.- El artículo citado nada dice de cuales son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente debemos remitirnos a la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y otros Artefactos, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación puede ser industrialmente (mediante el uso de mecanismos automático o semiautomático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanalmente (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). 2) Armas de Uso Personal.- El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), por lo tanto hay una discrepancia entre el título del tipo penal y su contenido, debiendo asirnos al contenido, puesto que éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador.- Señala el tipo penal: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.- Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos: el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas; El problema con esta enumeración es que las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador es incorrecta al hacer diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras.- Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a que ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño; por otro lado es de subrayar que en el segundo párrafo se habla de armas de defensa, mismo que no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas, no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (armas automáticas), 2 (armas de fabricación casera o artesanal) y 5 (armas de fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: *Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo. *Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control. *Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, la persona que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: *No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o *Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. De la Procedencia del Recurso. El Recurso es de recibo. Esta Sala de lo Penal es del criterio que cuando la persona sorprendida en posesión de un arma de fuego comercial sin el respectivo permiso de portación, estén o no vigente algún decreto legislativo, es requisito indispensable que durante la detención el acusado, debe demostrar la existencia de actos tendientes a registrar o entregar el arma, según sea el caso, es decir que la acción del imputado no deje dudas que tuvo la intención de registrarla o entregar el arma de fuego a la autoridad administrativa, pues el espíritu de la creación de los decretos legislativos es para dar tiempo a las personas de presentar la documentación necesaria para la inscripción del arma, no para que cometieran acciones tipificadas como delitos en las leyes penales. En el caso subjudice, se establece que en fecha diecisiete de junio de dos mil quince, aproximadamente a las siete y media de la noche, agentes de la Policía Nacional que realizaban un patrullaje de rutina por el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés, cuando en las inmediaciones de la colonia 15 de septiembre, ubicada en dicha zona, exactamente en el lugar conocido como “ la frontera” o “zona muerta” escucharon disparos, por lo cual se dirigieron hacia allí, donde observaron un vehículo tipo camioneta, color rojo, marca Pathfinder y cerca del mismo, un herido tendido en el suelo, a quién se le identificó como Allan Humberto Mendoza Ávila, a quién le encontraron un arma de fuego, tipo pistola, marca Girsan, 9 milímetros, junto con dos cargadores que contenían un total de 12 cartuchos sin percutir, sin portar la autorización correspondiente, un cargador en cuyo interior se encontraron 29 cartuchos sin percutir del calibre 7,62 x 39 milímetros y una granada de fragmentación de origen rusa (hechos probados). De lo anterior es opinión de esta sala que procede destacar lo siguiente: 1. Conforme al hecho probado, queda establecido que fue al Señor Allan Humberto Mendoza Ávila, a la persona que la Policía Nacional, le encontró y consecuentemente le decomisó un arma de fuego, marca Girsan, calibre nueve milímetros, Serie T6368-08830365, con dos cargadores. 2. Que de acuerdo al hecho probado, el cual es producto de la prueba evacuada durante el juicio, quedó establecido que el decomiso del arma se produjo a las siete y treinta y cinco minutos de la tarde. 3. Los actos tendientes a registrar o entregar el arma, implican una voluntad del poseedor del arma de dirigirse al correspondiente registro balístico para materializar el registro del arma; sin embargo, estas acciones sólo podrán ser realizadas en los días y horas en que funcionan estos registros. Es evidente que, a las siete de la noche, no es posible realizar ninguna gestión dirigida a registrar o entregar el arma. De acuerdo a lo anterior, es opinión de esta Sala que el cuadro fáctico plasmado por el A-quo en los hechos probados de la sentencia, da por establecido que el señor Allan Humberto Mendoza Ávila fue encontrado en posesión de un arma de fuego comercial, sin el permiso de la autoridad respectiva, hechos éstos que cumplen con los presupuestos del tipo penal contenido en el artículo 332-B del Código Penal; por otro lado no se ha acreditado que el imputado hubiere ejecutado actos, acciones o gestiones tendientes al registro o entrega del arma, en consecuencia debió dictarse una sentencia condenatoria, por haberse ajustado el hecho ejecutado por el imputado en el tipo penal prescrito en la norma y no existir acreditadas circunstancias que excluyan la responsabilidad del imputado. Esta Sala de lo Penal no se pronuncia acerca del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma presentado por el recurrente, toda vez que ha prosperado el Recurso por Infracción de Ley en su único motivo. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medio s o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena. 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente código para la realización del juicio oral y público. 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337 y, 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Único motivo. Interpuesto por la recurrente N° 2. *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma que se denuncia Infringida: Artículo 202 en relación con los artículos 336 y 338 regla 4 N° 2 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: por no haber observado el sentenciador la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. *Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: imposibilidad en virtud de que el vicio se produjo al momento de dictarse la sentencia. *Pretensión: que se anule el fallo recurrido. Establece la recurrente que el tribunal sentenciador vulneró las reglas de la sana crítica en la regla de la lógica en su postulado de derivación, ya que condena a nuestro representado Allan Humberto Mendoza Ávila con prueba de cargo que no es concluyente, ya que los testigos en ningún momento manifestaron que le hayan decomisado granada alguna, quedando sustentado el dicho de estos testigos por el acta de decomiso presentada por la Fiscalía como prueba documental. Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de nuestro representado. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La sana critica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas De La Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros:• Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. • Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o • Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. De la Procedencia del Recurso. El recurso no es de recibo. Es importante señalar que el recurso de casación recae solamente en relación al pronunciamiento condenatorio por un delito de Posesión Ilegal de Arma de Guerra, pues el reproche del censor estriba en que al acusado Allan Humberto Mendoza Ávila no se le encontró en posesión de dicha granada de fragmentación de origen rusa, En vista de los cuestionamientos del recurrente, es preciso que esta Sala de lo Penal revise los juicios de valor utilizados por el A-quo para valorar las pruebas allegadas al juicio y determinar con ello, si en efecto existió transgresión a dichas normas o por el contrario fueron aplicadas correctamente. A esta Sala de lo Penal le corresponde verificar si dicha valoración se hizo respetando la regla de la lógica, la psicología y la experiencia común, y el principio de derivación, la cual fue denunciada como infringida por el recurrente; la tarea no consiste en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa. El recurrente funda su reproche recursivo en la violación de las reglas de la sana crítica, en las pruebas de cargo consistente en las declaraciones testificales de Esmelin Abelardo Hernández Moran y Walter Iván Bustillo Hernández, acta de registro personal, acta de inspección ocular 480.15 y oficio de registro nacional de armas 516-2015 y el informe técnico. Tanto la declaración del testigo Esmelin Abelardo Hernández en su deposición en el acta de juicio oral y público (F109) como la de Walter Iván Bustillo la cual se introdujo mediante lectura autorizada (F121), establecen que en fecha 17 de junio de 2015, como a las 07:30 de la noche encontraban en la Colonia Sabillón, del sector de Chamelecón, cuando de repente escuchamos una fuerte descarga de arma de fuego, la dirección de los disparos provenían de la colonia 15 de septiembre, por lo que nos trasladamos con la RPM y cuando llegamos al lugar conocido como la frontera o zona muerta, terreno de la mara MS, encontramos un vehículo color beige, tipo camioneta, adentro del vehículo encontramos un cargador AK-47 con 29 proyectiles sin percutir y al fondo había un solar baldío, donde encontramos una persona boca abajo, herida de bala en el pie que respondía al nombre de Allan Humberto Mendoza Ávila, miembro activo de la mara 18, y tenía un arma 9 milímetros, color negra , marca Girsan, con dos cargadores y estaba pidiendo auxilio y no portaba permiso de portación, estableciendo Esmelin Hernández que se encontró la granada a dos metros de la persona y Walter Bustillo declaró que se encontró a cien metros del vehículo una ganada de uso militar. El Tribunal valoró que dichas declaraciones le merecen toda credibilidad en virtud de ser brindadas por un agente policial que no tiene interés en el juicio y que únicamente declara la forma en que tuvo conocimiento del hecho, producto de su función, testimonio que al ser contrastado con el resto de la prueba de cargo consistente en prueba documental le cual sirve para establecer una dinámica de los hechos y que concuerdan con los indicios encontrados en la escena. En el acta de registro personal de fecha 17 de junio de 2015, realizado al señor Allan Humberto Mendoza Ávila establece que se le decomisó un arma de fuego marca Girsan, tipo pistola, calibre nueve milímetros, serie T6368-08830365; Acta de Inspección Ocular 480-15 realizada el 17 de junio de 2015 a las 21:45 además del arma anteriormente descrita se encontró un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación, modelo M67 color café, de fabricación rusa, asegurada con aislante y un vehículo …; El oficio 516-2015 del Registro Nacional de Armas de fecha 18 de junio, en el que se establece las características del arma encontrada, la cual no se encuentra registrada y no tiene reporte de robo. El Tribunal a estos medios de prueba documental gozan de confiabilidad al haber sido expedidos por funcionarios estatales en el ejercicio de su cargo y que no tienen interés en afectar al acusado, por lo que valorando la prueba en conjunto poseen sustento legal para acreditar que al acusado al momento de ser registrado se le decomisaron el arma tipo comercial nueve milímetros y varios cargadores y una granada que debido a su mecanismo de funcionamiento se considera tipo de guerra o de combate. El informe técnico realizado por el perito técnico Héctor Mariano Pineda Cálix, quién estableció que el artefacto explosivo es de origen ruso, consistente en una granada F1 que contiene 25-50 gramos de TNT con un radio de alcance de veinte a treinta metros. Establece el Tribunal que dicho medio de prueba científico sustenta la operatividad y buen estado de funcionamiento mecánico operativo, se encuentra en perfecto estado, por lo que se cumple con el requisito del tipo penal, de acuerdo al principio de lesividad. Efectivamente esta sala aprecia que el A-quo ha aplicado el principio de la derivación de razón suficiente en forma de inferencias lógicas deducidas de las pruebas. De la prueba de cargo aludida se deriva que, aunque el acusado Allan Humberto Mendoza Ávila, no fue detenido por la policía en posesión de la granada de fragmentación, ésta fue encontrada en un lugar cercano y de fácil acceso para el acusado, en virtud de estar dispuesta, en un lugar aledaño bajo su potencial control y protección, de manera similar a la que ocurre con otros delitos como los de posesión de drogas ilícitas y otros objetos de ilícita tenencia. Para esta Sala basta con que se haya acreditado que el instrumento del delito ha sido encontrado en lugar cercano al ámbito espacial de protección y disponibilidad del acusado, para que el juzgador pueda concluir por razonamientos e inferencias lógicas, que el acusado ha estado en su posesión. Por lo expuesto, esta Sala concluye que el A-quo ha aplicado debidamente la regla lógica de la sana critica, de derivación en la valoración de la prueba de cargo, consecuentemente se declara no ha lugar el único motivo de casación interpuesto por la Defensa Pública. DECISION Se declara ha lugar parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la Defensa Pública. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 360, 362 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara HA LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo interpuesto por el Abogado Franklin Flores, en su condición de fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Casa la sentencia y por tanto reforma la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. TERCERO: Declara penalmente responsable al Señor Allan Humberto Mendoza Ávila, por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Guerra y Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. CUARTO: Impone al procesado Allan Humberto Mendoza Ávila, la pena de seis años de reclusión por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; QUINTO: Se mantiene incólume la sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete el pronunciamiento de instancia respecto a la condena al señor Allan Humberto Mendoza Ávila, por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Guerra, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho años de reclusión, más una multa de cinco mil lempiras. SEXTO: Se condena al acusado Allan Humberto Mendoza Ávila a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-508-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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