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Sentencia CP-504-18 — Registro 13929

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia que condena al imputado por del delito de Lavado de Activos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."A una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Realizado el estudio de los medios de pruebas documentales utilizados para el análisis patrimonial del señor Ardón, se hace notar la incongruencia en las valoraciones probatorias del tribunal de instancia al cual le brindó credibilidad  y el hecho único declarado probado, mismo que  omitió en su apartado,  la inclusión de las cantidades de dinero reflejadas en este medio de prueba y que posteriormente estimó el tribunal de instancia en la fundamentación jurídica de la sentencia: el no poder tener ampliada la acusación, habida cuenta de que según el tribunal de instancia el señor José Antonio Ardón, se ha venido defendiendo desde el inicio del proceso por un delito de lavado de activos conforme el hallazgo de la cantidad de seiscientos veintiséis mil doscientos veinte Lempiras y no por la cantidad señalada por la representante del Ministerio Público en sus conclusiones; lo cual modifica a todas luces la pena aplicable al señor Ardón, conforme lo señala el artículo 36 de la Ley Especial de Lavado de Activos, siendo ésta una de las razones por el cual se invoca el amparo del debido proceso. Dicho análisis del Tribunal de instancia es totalmente incongruente puesto que se observan algunas inconsistencias en lo que establece, puesto que se desprende del acta de proposición de medios de prueba de fecha veintisiete de marzo del año 2017 que fue admitido el medio de prueba Información Financiera bajo clave 16-04-023-RI, proveniente de la Unidad de Información Financiera Adscrita a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, medio de prueba con la que se acreditaron las transacciones financieras que  ha realizado el señor José Antonio Ardón Villeda, tanto en moneda nacional como extranjera, y es desde esa fecha que la defensa y el acusado tuvieron conocimiento de las cantidades de dinero que éste manejaba, medio de prueba que fue incluido en análisis de investigación patrimonial que ratificó en juicio el perito Rony Alexis Reyes Torres, el cual fue juramentado con conocimiento de la defensa en fecha veinticuatro de abril del año 2017. Suma a lo anterior que en la audiencia de debate, el Ministerio Público expuso de nueva cuenta los hechos que había venido sosteniendo desde la presentación del requerimiento fiscal y que llenaron de contenido la acusación formalizada en la audiencia preliminar y por la cual solicitara en la formalización de la acusación y en conclusiones del juicio oral y público expuso entre otros alegatos lo siguiente: Que conforme a la prueba evacuada se acreditó que el acusado mantiene ocho cuentas bancarias en Lempiras y 4 cuentas bancarias en dólares, en las cuales ha manejado en seis años, una cantidad mayor a ciento sesenta y tres millones (163,000,000,.00) de Lempiras, y ciento setenta y dos mil dólares ($172,000.00) sin que justifique la procedencia de ese dinero; la defensa no logró acreditar el origen de estas cantidades de dinero y mucho menos la cantidad incautada de ( L626,220.00) al señor Ardón. A criterio del Ministerio Publico trasladó, adquirió, administró, trasladó y ocultó activos de los cuales se desconoce el origen, razón por la cual se le debe condenar por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, conforme el artículo 36 numeral 3) de La Ley de Lavado de Activos; debiéndose decretar el comiso de la cantidad de L 626,220.00. Por darse las circunstancias que de las investigaciones del caso mediante el análisis financiero se estableció que los créditos manejados por el señor Ardón resaltaban las cantidades de ciento sesenta y tres millones novecientos treinta y dos mil trescientos noventa y seis Lempiras con cincuenta y cinco centavos (L163,932,396.55) y ciento setenta mil trescientos sesenta y cinco dólares con treinta y cinco centavos ($170,365.35), análisis del cual la defensa técnica tuvo conocimiento de su existencia antes del juicio. Por lo cual la censura del tribunal a vincular los valores de créditos encontrados en el medio de prueba en referencia con la pena a imponer es contraría al Principio de Legalidad. Las valoraciones probatorias del tribunal de instancia son totalmente incongruentes con el hecho que declaró probado, puesto que de la valoración de los medios de prueba quedó plenamente establecido que, según el análisis del dictamen Patrimonial y Financiero, durante los años 2010 al 2016 el señor José Antonio Ardón Villeda manejo créditos por las cantidades de ciento sesenta y tres millones novecientos treinta y dos mil trescientos noventa y seis Lempiras con cincuenta y cinco centavos (L163,932,396.55) y ciento setenta mil trescientos sesenta y cinco dólares con treinta y cinco centavos ($170,365.35), y no sólo el decomiso de una maleta color negro, que contenía en su interior seiscientos veintiséis mil doscientos veinte Lempiras exactos (L 626,220.00), dinero que no pudo acreditar su origen lícito. No obstante, del discernimiento de la existencia de estos hechos y de la valoración intelectiva realizada por el tribunal de instancia que le ha merecido credibilidad y valor probatorio, misma que ha excluido del hecho único probado, se deduce que la pena que debió aplicarse es la contemplada en el artículo 36 numeral 3 de la Ley de Lavado de Activos. Es precisamente la pena concreta impuesta al acusado, la que genera el reproche casacional, puesto que advertimos que evidentemente se ha incurrido en una infracción de precepto constitucional, según lo establecido en el artículo 95 de la Constitución de la Republica,  por interpretar de manera errónea lo dispuesto en el artículo  69 del Código Penal, ya que al imponer la pena concreta antes referida, resulta evidente que para ello, dio un enfoque distinto al que la ley misma establece que el juez determinará en la sentencia la pena aplicable al indiciado dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito y las circunstancias en que el mismo se haya cometido. Para ello tendrá en cuenta sus antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido en el hecho apreciadas tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor extensión de los males producidos por el delito, en particular los de naturaleza económica. Partiendo de este precepto, el Tribunal debió imponer una pena establecida dentro del marco legal correspondiente al delito, es decir dentro del rango de quince (15) a veinte (20) años de reclusión de acuerdo a lo que establece el artículo 36 numeral 3) del Código Penal; lo cual en el presente caso erró el tribunal, pues impuso al acusado una pena concreta de 6 años de Reclusión dentro del rango de lo establecido en el artículo 36 numeral 1); sin embargo estimamos que la pena concreta impuesta es contraria a derecho, pues si bien ésta se encuentra dentro del marco legal del delito inculpado, advertimos que el Tribunal inobservó la norma para efectos de imponer dicha pena concreta, esto lo afirmamos porque basta tomar como punto de partida la pena impuesta , para evidenciar que la misma está por debajo de la pena dispuesta en el marco legal. El Principio de Legalidad establece como garantía penal (Nulla Poena Sine Lege).- Esta garantía establece que la previsión de la pena o penas para quien cometa un delito, ha de estar señalada en la ley en forma abstracta, por este motivo la pena legal a imponer al señor José Antonio Ardón Villeda, en que el juzgador lo condenó por del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras, deberá ser la pena mínima de quince (15)  años un (1) día de reclusión, contemplada en el artículo 36 numeral tercero de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos. En consecuencia, estimamos que el presente motivo es de procedencia..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La Sentencia en el Recurso de Casación SP-504-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de abril del dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor José Antonio Ardón Villeda, por el delito de Lavado de Activos, en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras, a la pena principal de seis (6) años de Reclusión. 2) Condena al señor José Antonio Ardón Villeda, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. 3) Declaró la responsabilidad civil del imputado José Antonio Ardon Villeda, de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado a favor del Estado de Honduras, la cual será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. 4) No condenó en costas procesales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. 5) Procede decretar comiso sobre la cantidad de seiscientos veintiséis mil doscientos veinte Lempiras (626,220.00), los cuales se encuentran en depósito en el Banco Central de Honduras, mismo que deberán ser puestos a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), así como también un maletín color negro, marca Arlet, un vehículo marca Toyota Tacoma, placa PCR3987, tipo Pick Up, los cuales se encuentran bajo custodia del Ministerio Público, debiendo el Juez de ejecución competente establecer el destino de los mismos. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional la Abogada Ilse Adela Fuentes, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes en única instancia: La Abogada Ilse Adela Fuentes, Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado Carlos Humberto Hernández Erazo, Apoderado Defensor Privado del acusado José Antonio Ardón Villeda. Hechos Probados “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Único: Que en fecha 19 de enero del año 2016, a eso de las 3:30 de la tarde, elementos de la Fuerza de Tarea del Ejército de Honduras Maya-Chorti, se encontraban realizando un operativo de rutina en la carretera ubicada en San Antonio, en el departamento de Copán, cuando observaron que transitaba un vehículo color rojo, doble cabina, tipo pick up, marca Toyota, modelo Tacoma, placa PCR3987, en el cual se conducía el señor José Antonio Ardón Villeda, procediendo los agentes del orden a realizar una revisión en el vehículo, encontrando en el asiento del pasajero una maleta color negro, que contenía en su interior SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS exactos (L 626,220.00), dinero que no pudo acreditar su origen lícito”. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos La Recurrente Abogada Ilse Adela Fuentes, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente:” Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Motivo Invocado: Infracción por violación del artículo 95 relacionado con los artículos 321 y 90 de la Constitución de la República. Precepto autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo: El Principio de Legalidad, el cual se encuentra regulado en el artículo 95 de la Constitución de la Republica, establece que “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos”, mismo que se encuentra íntimamente relacionado con los artículos 321 y 90 del mismo del mismo cuerpo legal los cuales han sido citados en relación; preceptos que se han visto vulnerados al aplicar el juzgador una pena que no es la establecida en la ley para el ilícito del cual se demostró en juicio, que el acusado José Antonio Ardón Villeda es responsable como autor. La presente causa inicio con la incautación que se hiciera al señor Ardón Villeda de una cantidad de L.626,220.00 (Seiscientos veintiséis mil doscientos veinte Lempiras), a raíz de este hecho se le inició la investigación patrimonial, la cual dio como resultado que el acusado Ardon Villeda maneja en sus productos financieros acreditados en el sistema bancario nacional las cantidades de L.163,932,396.55 (ciento sesenta y tres millones novecientos treinta y dos mil trescientos noventa y seis con cincuenta y cinco centavos, en Lempiras) y $170,365.35 (ciento setenta mil trescientos sesenta y cinco dólares con treinta y cinco centavos); es así, que en la formalización de acusación realizada por el representante del Ministerio Público al comenzar el juicio oral, la pena que se solicitó fue la establecida en el artículo 36 numeral 3 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, es decir, la aplicable cuando el valor de los activos objeto de lavado supere un valor equivalente a los 120 salarios mínimos, dicha petición es la misma que vuelve a hacer el fiscal en la etapa de conclusiones; sin embargo, el sentenciador estimó aplicar la pena establecida en el numeral 1 del referido artículo 36, por considerar que en caso contrario, se violentaría el derecho de defensa del acusado. Con la aplicación de la pena solicitada por el fiscal, no se produce una violación al Derecho de Defensa, pues los hechos que fundamentan la acusación y que han venido debatiéndose durante todo el proceso son los mismos, no han variado desde el inicio de la investigación y, como antes referimos, son los que ha mantenido el representante fiscal desde el inicio de la audiencia de debate ( con la formalización de la acusación) y los que ha sostenido hasta concluir dicha audiencia y de los cuales el acusado ha venido defendiéndose; sin embargo, como resultado de las investigaciones realizadas se demostró que el encausado maneja productos financieros en cantidades que hacen que la pena aplicable para esa acción sea la establecida en el numeral 3) del artículo 36 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, y aunque el Tribunal llegó a la convicción de que dicha acción ha sido consumada por el acusado y es la misma que ha sido sustento de la pretensión acusatoria, es decir, la acción constitutiva del delito de lavado de Activos, no impuso la pena que correspondía aplicar conforme a lo establecido en la antes mencionada Ley especial. En consecuencia, el vicio se ha presentado puesto que el Tribunal ha decidido aplicar una norma punitiva que, como referimos, no es la aplicable en los casos en que el valor de los activos objeto de lavado supera al equivalente a 120 salarios mínimos más altos de la zona; esta decisión se produce en infracción al Principio de Legalidad contemplado en el artículo 95 de la Carta Magna, así como el 321 de la misma norma, que establece que: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad”, produciéndose también, como consecuencia, una infracción al Debido Proceso. En cuanto al Dictamen Patrimonial y Financiero evacuado en juicio y que evidencia las cantidades en millones de Lempiras y miles de dólares en el patrimonio del acusado, consta en el acta del debate que dicho dictamen ya había sido legalmente propuesto y que por tanto, la defensa ya tenía conocimiento previo del mismo, por otra parte, los insumos que sirvieron de soporte para la pericia mencionada constan en el expediente judicial y por la misma razón , también son de conocimiento de la Defensa; aún con ello, la defensa señaló no haber tenido conocimiento antes de la cuenta en dólares (únicamente) por lo que el Tribunal señaló la reprogramación de la audiencia del debate para que la defensa presentara documentación relacionada a la misma, sin embargo, el abogado defensor renunció a ello y desistió de su petición al manifestar: Mi cliente no está seguro de esos recibos, lo que está en la casa de él son dos giros de banco de occidente, entonces posiblemente estén en los documentos que dijo el perito…desisto de la petición porque sería perder el tiempo en cosas que no nos van abonar. El Tribunal al referirse a este medio de prueba (dictamen patrimonial y financiero), le da valor probatorio en su totalidad, es decir que considera demostrado en juicio que en el período de años del 2010 a 2016 el acusado manejó créditos por las cantidades de (L.163,932,396.55) y ($170,365.35) señalando el juzgador: cantidades de dinero de las cuales se desconoce el origen; ya que se logró establecer que mediante los movimientos bancarios que para la fecha en que fue detenido el señor Ardón éste hubiera retirado de esas cuentas de dinero que le fue decomisado. Agrega también que mediante la pericia patrimonial se estableció que en la misma fecha en que se decomisa al acusado la cantidad de seiscientos veintiséis mil doscientos veinte Lempiras (L. 626,220.00) el acusado en horas de la mañana había hecho depósitos a cuentas por cantidades que ascendían a trescientos treinta mil Lempiras (L.330.000.00) y de las cuales no se hicieron retiros: lo que conduce a evidenciar que en el juicio se demostró que las cantidades de dinero manejadas por el acusado aun hasta el mismo día de su detención eran mucho mayores a lo decomisado y lo estima así el Tribunal: pero aun con todas éstas consideraciones impone una pena menor a la establecida por la Ley, violentándose por tanto el Principio de Legalidad. En consecuencia, al haber impuesto es evidente la violación a la Legalidad, por tanto al Debido Proceso. En cuanto al Dictamen Pericial Patrimonial y Financiero evacuado en juicio y que evidencia las cantidades en millones de Lempiras y miles de dólares en el patrimonio del acusado, consta en el Acta del Debate que dicho Dictamen ya había sido legalmente propuesto y que por tanto , la Defensa ya tenía conocimiento previo, del mismo, por otra parte, los insumos que sirvieron de soporte para la pericia mencionada constan en el expediente judicial y por la misma razón , también son de conocimiento de la defensa; aún con ello, la defensa señaló no haber tenido conocimiento antes de la cuenta en dólares (únicamente) por lo que el tribunal señaló la reprogramación de la audiencia del debate para que la defensa presentara documentación relacionada a la misma, sin embargo, el abogado defensor renunció a ello y desistió de su petición al manifestar: “Mi cliente no está seguro de esos recibos, lo que está en la casa de él son dos giros a Banco de Occidente, entonces posiblemente estén en los documentos que dijo el perito…desisto de la petición porque sería perder el tiempo en cosas que no nos van abonar”. El tribunal al referirse a éste medio de prueba ( dictamen patrimonial y financiero), le da valor probatorio en su totalidad, es decir que considera demostrado en juicio que en el periodo de años del 2010 a 2016 el acusado manejó crédito por las cantidades de L.163,932,396.55 y $170,365.35 señalando el juzgador: “cantidades de dinero de las cuales se desconoce el origen; Ya que se logró establecer que mediante los movimientos bancarios, que para la fecha en que fue detenido el señor Ardón éste hubiera retirado de esas cuentas el dinero que le fue decomisado”. Agrega también que mediante la pericia patrimonial se estableció que en la misma fecha en que se decomisa al acusado la cantidad de seiscientos veintiséis mil doscientos veinte Lempiras (L.626,220.00) el acusado en horas de la mañana habia hecho depósitos a cuentas por cantidades que ascendían a L.330,000.00 y de las cuales no se hicieron retiros; lo que conduce a evidenciar que en juicio se demostró que las cantidades de dinero manejadas por el acusado aun hasta el mismo día de su detención eran mucho mayores a los decomisado y lo estima asi el tribunal; pero aun con todas estas consideraciones impone una pena menor a la establecida por la Ley, violentándose por tanto, el Principio de Legalidad. En relación, es procedente acotar que en materia penal el principio rector y la garantía de los ciudadanos es la legalidad, el hecho de que la Ley sea la única fuente en materia de Derecho penal, excluye la vinculación del juez a otras posibles fuentes. El Principio de Legalidad se halla consagrado en sus cuatro vertientes, esto es, la garantía criminal, la garantía procesal, la garantía penitenciaría o de ejecución de penas; debiéndose añadir que en el caso de la garantía criminal, se desdobla en dos terminantes declaraciones, una de ellas de naturaleza negativa, pero que los tribunales no pueden incriminar hechos que no se hallen penados por la Ley, absteniéndose de todo procedimiento sobre ellos y la otra, de índole positiva, la cual compele a los tribunales a ejecutar, desde luego la Sentencia, aunque ellos estimen que la acción u omisión de que se trate no debía ser punible o que la pena es notablemente excesiva, atendidos el grado de malicia y el daño causados por el delito. El Principio de Legalidad significa, en síntesis, que la única fuente creadora de los delitos y penas y por consiguiente la causa de la agravación y de las llamadas medidas de seguridad es la Ley, fuera de la cual no hay, en este sentido, otras fuentes del derecho. En consecuencia, al haber impuesto una condena que no es la establecida en la Ley para las acciones consumadas por el acusado, el juzgador se está excediendo en el ejercicio de sus atribuciones, produciéndose como consecuencia la infracción a la norma constitucional a la que se ha hecho alusión en el presente recurso y a las referidas en relación.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Establece el artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario) En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Principio de Legalidad El principio es un postulado para la legitimidad democrática y una garantía de previsibilidad de la actuación de los poderes públicos. Se trata de un principio básico del derecho en general y un pilar fundamental en el derecho penal y procesal penal, lo que no implica que éste igual gobierne las distintas ramas del derecho, regulándose en cada área de esta ciencia conforme con los principios generales de las mismas. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en la legislación internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11.2 el cual dice: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito." y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 9, que establece: "Nadie puede ser condenado por acciones y omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.".- Por su parte la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 indica que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley” y en el Código Penal en los artículos 1 y 2, nos dice: "Artículo 1.- Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración de un delito; Artículo 2.- No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la Ley". El Principio de legalidad constituye el principal límite impuesto al Estado de Derecho y comprende una serie de garantías para las personas, las cuales pueden conducir a la imposibilidad de que el Estado intervenga y actúe penalmente más allá de lo que permite la ley, de este modo se "garantiza la protección del ciudadano contra el ejercicio y la extensión arbitrarios del poder penal estatal. Constituye a su vez una doble función, la primera de ellas política, en la que se da un predominio del poder legislativo sobre los otros poderes del Estado, convirtiéndose en una garantía de seguridad para los ciudadanos y en segundo lugar cumple una función técnica, ya que exige que el legislador utilice al formular los tipos penales, cláusulas seguras y taxativas. Significa a su vez, que sólo una ley escrita puede fundamentar la punibilidad de una acción y amenazar con una pena como consecuencia jurídica" (Wessels, Johannes. Derecho penal, Parte general, Ediciones Depalma, sexta edición, Buenos Aires, 1980, pág. 13.). Conforme al Principio de Legalidad solo la ley crea delitos, y solo podrá considerarse delito, aquel hecho que la ley declare como tal expresamente y en forma previa al hecho imputado. Por eso es que decimos que "no hay delito sin ley". Mientras la ley no prohíba un hecho, la persona tiene libertad para realizarlo, no pudiendo el juzgador crear figuras penales, ni siquiera por analogía. - Hassemer explica que, en su actual configuración, el principio de legalidad (Nullum crimen, nulla poena, sine lege) mantiene diversas exigencias, tanto frente al legislador penal, como frente al juez: del legislador exige que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible y que las leyes no tengan efecto retroactivo. Del juez exige que sus condenas se basen en la ley escrita y no en el derecho consuetudinario y que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado. (Hassemer, Winfried Hassemer, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984, Pág. 313.)”. Como consecuencia el Principio incorpora: 1. Principio de Taxatividad de la ley (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Certa); 2. El principio de la Irretroactividad de la ley, salvo en materia penal cuando favorezca al reo o procesado; (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Praevia); 3. Principio de Reserva de Ley (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Scripta); y 4. La Prohibición de aplicación analógica de las normas a hechos no contemplados en ellas (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Stricta). En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "certa", "praevia", "scripta", "stricta"y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Como consecuencia, el Principio de Legalidad define una serie de garantías que dan validez al proceso penal y a la aplicación de las normas penales sustantivas: garantía criminal, garantía penal, garantía procesal y garantía de ejecución: (Rodríguez Devesa, José María. Derecho Penal Español, Parte General, Madrid España, Edición 10°, 1986. Pág. 175 y 176) a. Garantía Criminal (Nulla Crimen, Sine Lege Praevia).- Esta Garantía está regulada en el Artículo 95 de la Constitución Política al señalar que "Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos" y reproducido en el Código Penal en su artículo 1 que establece que "Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito". b. Garantía Penal (Nulla Poena Sine Lege). - Esta garantía establece la previsión de la pena o penas para quien cometa un delito, ha de estar señalada en la ley en forma abstracta. (Gómez de la Torre, Ignacio Berdugo; Arroyo Zapatero, Luis; García Rivas, Nicolás; Ferré Olivé, Juan Carlos; Cerrano Piedecasa, José Ramón. Lecciones de Derecho Penal Parte General, Editorial Praxis.1° Edición, España.1996. Pg. 318.). c. Garantía Procesal (Nulla Poena Sine Judicio). - Regula que la actividad procesal no exceda lo que estrictamente establece la ley y excluye toda posibilidad de arbitrariedad en el proceso. (Bustos Ramírez, Juan; Hormazabal Malarée, Hernán. Lecciones de Derecho Penal, Vol. 1. Madrid, España, Editorial Trotta. 1997. pg. 87 y 88.). Encontramos esta garantía procesal en el Artículo 90 de la Constitución política, el cual literalmente dice: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece", advirtiendo en el artículo 321 que “los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la ley”. d) Garantía de Ejecución: Implica que la pena ha de ejecutarse no arbitrariamente, sino que en los términos prescritos por la ley. Las Leyes de Ejecución Penal han de recoger las garantías, derechos fundamentales y libertades públicas consagradas constitucionalmente. Relacionado con esta garantía, el artículo 68 de la Constitución de la República que indica que "toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe de ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". De la Interpretación de la Ley. La labor de complementación que debe realizar el juez, la desarrolla mediante la interpretación que hace de la ley al momento de aplicarla al caso concreto que se está juzgando, ya que “la norma es la manifestación de un pensamiento hipotético que, como paso previo a su aplicación, debe adecuarse a la realidad”. Interpretar no es más que el proceso mediante el cual se desentraña el sentido, objeto y alcance de la norma legal, es decir es el proceso que pretende comprender la norma para su mejor aplicación, pues en retrospectiva una adecuada aplicación de las normas depende no solo del conocimiento del contenido de la norma, sino que además de su comprensión, lo que incluye conocimiento/comprensión del contexto normativo y su influencia en el plexo social.- El juez interprete deberá comprobar que un determinado hecho se ajusta al ámbito situacional previsto en la norma y creada precisamente para regular ese tipo de conductas. Velásquez, (Velásquez Velásquez, Fernando. Derecho Penal Parte General. 3° Edición. Editorial Temis S.A., Bogotá Colombia, 1997. Pág. 132) nos señala que, en una sistematización, cuando se habla de interpretación existen tres categorías: según el intérprete, según los medios empleados y según el resultado obtenido: A) SEGÚN EL INTÉRPRETE: 1. Auténtica: Es aquella que realiza el creador de la norma, siendo éste el legislador; (Art. 205.1 de la Constitución); 2. Doctrinaria: Es la interpretación hecha por estudiosos del derecho, las cuales son de carácter ilustrativo no vinculante; sin embargo es innegable la importancia que la interpretación doctrinaria representa para el ejercicio de la jurisdicción, pues presentan puntos de vista que pueden ser o no compartidos, pero en ambos casos llegan a plantear alternativas posibles a la realidad normativa; y 3. Judicial: Es la realizada por los órganos jurisdiccionales en su labor de juzgamiento de casos concretos. Las interpretaciones de las normas solo tendrán el alcance del caso concreto al que se aplica, salvo cuando éstas emanen de la Corte Suprema de Justicia y que hayan servido para resolver tres casos distintos, resueltos en igual número de sentencias, pues en este supuesto la interpretación de la norma constituye doctrina legal (Art. 360 CPP), pasando a ser de carácter obligatorio para todo el sistema judicial y que contribuye a la formación del derecho y a la seguridad jurídica mediante la unificación de criterios que posibilita la previsibilidad de las decisiones judiciales. B) SEGÚN EL MÉTODO: Existen diferentes métodos de interpretación (erigidos por diferentes Escuelas Doctrinarias), de la forma en que éstas deben realizarse; son algunas de estas escuelas (Galindo Garfias, Ignacio, Interpretación e Integración de la Ley, Universidad Nacional Autónoma de México, Estudios Jurídicos Revista 38, año 2006): 1. Método Exegético: Señala que la labor del interprete es indagar sobre el pensamiento del legislador al momento de la elaboración de la norma; parte de que la fórmula legal deriva de la voluntad del legislador con independencia de antecedentes históricos, sociales, políticos, etc., lo que lleva como consecuencia que el sentido de la norma es inmutable en el tiempo, siendo imposible adoptarla a las exigencias futuras. Este método fue uno de los primeros planteados, hoy en día superados, pues la norma no puede anclarse en un punto en el tiempo, mucho menos atender a la voluntad que en su momento tuvo el legislador al crearla, pues una vez puesta en vigencia la norma ingresa a todo el sistema legal, con el que se interrelaciona (Normas Constitucionales, Normas de Convencionalidad, Principios del Derecho Sustantivo y normas de la misma institución legal), y que condicionan la interpretación que debe tener.- Lo anterior no quiere decir que no se pueda tener en cuenta la intención del legislador al momento de crear la norma, pero ello no implica que sea éste el norte que debe seguir el juzgador al momento de interpretarla, pues se insiste, hay múltiples principios que influyen en dicho proceso. 2. Método Dogmático: Parte como fundamento de que la fuente de la formula legislativa es el pueblo (soberano), por lo que la ley no puede ser considerada como un hecho fijo e invariable, sino como una significación lógica que evoluciona y se transforma.- Considera al ordenamiento jurídico como un todo establecido sistemáticamente, en la cual cada norma está vinculada con las demás para construir un sistema coherente y uniforme.- Este método señala que la interpretación tiene cuatro elementos, los cuales no son excluyentes, sino complementarios, a saber: a) Gramatical: Permite al intérprete empoderarse de la norma a través del lenguaje usado para su construcción; b) Racional o lógico: Consiste en la disección del pensamiento del legislador para identificar las distintas partes que componen la norma y establecer sus relaciones; c) Histórico: Es el estudio retrospectivo del derecho imperante al momento de la creación de la norma y los hechos sociales que motivaron su creación; y d) Sistemático: Promulga que la norma sostiene un vínculo inquebrantable con una institución legal y ésta a su vez, con una rama del derecho específica, la que a su vez se relaciona con el resto del sistema legal. 3. Método Teleológico: Señala que la interpretación deberá partir del fin que se le de a la norma legal; por ello primero es de indagar cual es el interés social que pretende proteger para luego identificar la forma en que la norma pretende lograrlo, de modo que su aplicación resulte efectiva. 4. Método de la Evolución Histórica: Parte como principio de que la ley es el producto de las circunstancias sociales imperantes al momento de su elaboración, pero que éstas tienen la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias que se van presentando en la evolución social, a través de la interpretación, la que ciertamente no debe realizarse conforme a la voluntad del legislador, sino atendiendo las necesidades económicas y sociales del momento en que la ley fue formulada, pues ésta tiene vida propia.- Se trata de una “interpretación evolutiva”, que parte de los textos legales en consonancia con las transformaciones de la sociedad, permitiendo que en cada época se pueda dar un sentido regido por la vida social actual. C) SEGÚN EL RESULTADO: Debe entenderse que las normas son construcciones abstractas, hipótesis de hechos que en sí mismas no constituyen verdades sino que son instrumentos para la resolución de casos concretos; por ello es labor del intérprete fijar los límites de esa aplicación, atendiendo los elementos gramatical, racional, histórico y sociológico de la norma y de lo cual depende tres posibles resultados: 1. Interpretación declarativa: Mediante la cual el resultado obtenido concuerda de manera idéntica con la fórmula legal, de modo que el intérprete no puede ni ampliar ni restringir el alcance de su tenor literal y éste se limita a resolver la eventual duda, con la exacta correspondencia entre el espíritu y la letra de la ley. 2. Interpretación Extensiva: Que se produce cuando el intérprete evidencia que al texto de la norma puede dársele una significancia más grande y por ende puede tener un espectro de aplicación más amplia, ello debido a que las palabras usadas expresan más de lo que verdaderamente la norma comprende; 3. Interpretación Restrictiva: Cuando el intérprete comprueba que las palabras empleadas en el texto expresan menos que el verdadero contenido de la norma; en estos casos el intérprete define que la norma solo es aplicable a un supuesto de hecho especifico. INTERPRETACIÓN DE LA NORMA PENAL las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil, el que manda primero tener en cuenta la intención del legislador (Método Exegético) mediante una interpretación gramatical de la formula legislativa (Art. 17 y 18 CC), pero además hace mano del Método Dogmático, mandando a realizar una interpretación sistemática (art. 19 CC) y finalmente dispone que como alternativa última se observe el Método de Evolución Histórica (Art. 20 CC); el Código Civil adopta una postura ecléctica en lo que concierne a los métodos de interpretación de las normas que debe ser usada atendiendo además los límites que devienen de la naturaleza del Derecho Penal.- Es así que, con base en los Principios Pro Homine, Pro Libertate, Legalidad, Inocencia y Favor Rei, son reglas de la interpretación de las normas penales sustantivas: 1. Conforme al Interprete: Los Órganos Jurisdiccionales deberán acatar las interpretaciones a las normas penales que haga el legislador y, en su defecto, las que constituyan Doctrina Legal emanadas por la Corte Suprema de Justicia, ello sin perjuicio de plasmar en su resolución su criterio sobre lo atinado o no de éstas; 2. Conforme al Método: a. Se debe tomar como referencia interpretativa el origen de la norma sustantiva, tanto en el derecho nacional, como en el derecho comparado; igualmente, para dicha referencia, podrán considerarse los hechos históricos imperantes al momento de la creación de la norma y la intención que en su momento tuvo el legislador (Método Exegético); b. El estudio de la norma vigente, propiamente dicha, comienza mediante la interpretación gramatical, dándosele el significado legal a las palabras usadas por el legislador (Método Dogmático: Interpretación Gramatical), identificando su inteligencia, es decir la logicidad de la formula legislativa (Método Dogmático: Interpretación Lógica); c. Debe reemplazarse la “voluntad del legislador”, por la “voluntad de la norma” (Método Teleológico), entendiéndose como el propósito encomendado a ésta en su actual vigencia cuyo norte es el bien jurídico que se pretende tutelar (Principio de Lesividad) y su concepción en el momento de la aplicación de la norma al caso concreto; la norma debe interpretarse tomando en consideración la dinámica social imperante, no existe una interpretación válida para todo los tiempos (Método de la Evolución Histórica); d. La interpretación de la norma debe hacerse con plenitud al ordenamiento jurídico, tanto desde la perspectiva vertical, como horizontal (Método Dogmático: Interpretación Sistemática): i. Perspectiva Vertical (Principio de Jerarquía Normativa): Primero el sentido de la interpretación debe ser armónico a los derechos fundamentales constitucionales y a los derechos humanos contenido en las normas del bloque constitucional, por lo que de todas las posibilidades interpretativas, deberá elegirse aquella que sea acorde con la norma superior; ii. Perspectiva Horizontal (Principio de Unidad Sistemática): Por otro lado, la norma deberá asemejarse a un engranaje que forme parte del todo, por lo que la interpretación deberá realizarse a modo de que no exista discordia con el resto de las normas de la institución jurídica de la que forme parte, de las normas de la rama del derecho a la que pertenezca y finalmente de todo el sistema jurídico nacional. 3. Conforme al Resultado: a. La interpretación analógica de las normas penales sustantivas es prohibida en derecho penal cuando ésta sea in mala partem, aun cuando ésta sea ordenada por el legislador nacional, pues impera el Control de Convencionalidad y la Primacía de la Constitución; b. Las normas deberán interpretarse restrictivamente cuando sea in mala partem y extensivamente cuando sea in bonam partem; y c. En caso de duda sobre el sentido de una norma, deberá siempre tomarse entre las posibilidades la interpretación que más favorezca al reo. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Ministerio Público. - Único Motivo. *Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 95 relacionados con los artículos 321 y 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: Violación al Principio de Legalidad y del Debido Proceso. *Reclamación Ex Ante: La pena impuesta no es la determinada en la Ley. *Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: Se le imponga al señor José Antonio Ardón la pena contemplada en el artículo 36 numeral 3) de La Ley de Lavado de Activos. En este único motivo el recurrente litiga que el tribunal de instancia impone una pena menor a la establecida por la ley, violentándose a su parecer el Principio de Legalidad, en cuanto que con la incautación que se hiciera al señor Ardón Villeda de una cantidad de L 626,220.00 (Seiscientos veintiséis mil doscientos veinte Lempiras), a raíz de este hecho se le inició la investigación patrimonial, la cual dio como resultado que el acusado Ardón Villeda maneja en sus productos financieros acreditados en el sistema bancario nacional las cantidades de L163,932,396.55 (ciento sesenta y tres millones novecientos treinta y dos mil trescientos noventa y seis Lempiras con cincuenta y cinco centavos) y $170,365.35 (ciento setenta mil trescientos sesenta y cinco dólares con treinta y cinco centavos). Como resultado de las investigaciones realizadas se demostró que el encausado maneja productos financieros en cantidades que hacen que la pena aplicable para esa acción sea la establecida en el numeral 3) del artículo 36 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos y aunque el Tribunal llegó a la convicción de que dicha acción ha sido consumada por el acusado y es la misma que ha sido sustento de la pretensión acusatoria, es decir, la acción constitutiva del delito de Lavado de Activos, no impuso la pena que correspondía aplicar sino la pena de 6 años de reclusión. De la Procedencia Recurso: El Recurso es de Recibo. Ya la sala ha hecho referencia a los preceptos constitucionales atacables mediante el recurso extraordinario de casación. Javier Vecina Cifuentes enfatiza que “el control judicial se plasma sobre todo en la fiscalización del respeto…a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y muy especialmente al derecho al Debido Proceso” Es factible por esta vía recursiva atacar la resolución recurrida, por estimarse que los hechos probados en los que se apoya son producto de una actividad probatoria mínima y suficiente, revestida de las garantías constitucionales y procesales que tiendan a legitimarla; si bien los hechos probados son intangibles, se trata de ejercer un control externo para la constatación de los mismos, hablamos de “un juicio crítico que recae no sobre los hechos sino sobre el juicio de hecho realizado por el tribunal sentenciador y que éste ha reflejado en su sentencia; en definitiva, un juicio sobre el juicio, un metajuicio si se prefiere decir así, que pretende garantizar la racionalidad de la decisión judicial y su adecuación a la legalidad constitucional” Ciertamente la doctrina enseña sobre este especial motivo de casación, (vulneración del principio del debido proceso para ser congruentes con la Constitución); delimitados los presupuestos de la concurrencia de la causal de infracción a la violación al Principio de Legitimidad y al Debido Proceso por la imposición de una pena distinta a la que establece la ley por la cuantía del rubro, se impone examinar detenidamente si concurre el yerro que señala la recurrente describiéndose la conducta como adquirir, invertir, transformar, resguardar, administrar, custodiar, trasportar, transferir, convertir, conservar, trasladar……o que no tengan causa o justificación económica o lícita de su procedencia. Según está regulado en el artículo 36 de la Ley de Lavado de Activos, emitida conforme el decreto 144-2014 se pone de manifiesto inmediatamente la necesidad de determinar si las pruebas vertidas en el juicio oral y público, han servido para demostrar en grado de certeza y por consiguiente puntualizar la convicción del juzgador como para no dudar de la imposición de la pena de reclusión de seis años al imputado. El hecho fundamental controvertido en el caso subjudice es determinar la legitimidad de la imposición de la pena de reclusión, en ese sentido resultan fundamentales las pruebas evacuadas tendientes a esclarecer este punto del controvertido, constituyendo en opinión de la Sala, que es elemental el análisis del dictamen Patrimonial y Financiero ratificado por el perito Rony Alexis Reyes, quien para llevar a cabo este análisis utilizó la información proveída por las siguientes fuentes: a) Agencia Técnica de Investigación (ATIC), b)Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), c) Información provista por la defensa d) Servicio de Administración de Rentas (SAR), e) Municipalidad La Jigua, Departamento de Copán, f) Municipalidad de El Paraíso, Departamento de Copán, g) Alcaldía Municipal de San Antonio, h) Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán, i) Alcaldía Municipal de Nueva Arcadia, j) Instituto de la Propiedad, k) Alcaldía Municipal de Sabá, Colón; este medio de prueba, según el apartado de la valoración intelectiva realizada por el Tribunal de Sentencia, merece credibilidad y valor probatorio, habida cuenta que fue a través de estos medios de prueba incluidos en el análisis patrimonial que se estableció la forma en cómo ocurrieron los hechos, indicando circunstancias de tiempo, modo y lugar; de la misma forma se desprende de la información del Dictamen Patrimonial y análisis realizado a los productos financieros del señor José Antonio Ardón Villeda desde el año 2010 al año 2016: en Lempiras el señor Ardón administró L163,932,396.55 en créditos L 163,862,055.54 en débitos y L70,341.01 en saldos; asimismo mantuvo cifras de $170,365.35 dólares en créditos, $168,183.59 dólares en débitos y saldo total de $2,181.76 dólares.

JOSÉ

ANTONIO ARDON

VILLEDA

CUADRO

CONDENSADO DE

MOVIMIENTOS

BANCARIOS EN

LEMPIRAS

BANCO

CUENTA

CREDITOS

DEBITOS

SALDO

Atlántida

L 13,875,287.48

L 13,830,485.81

L 44,801.67

Occidente

11-103-001701-9

L 16,607,736.10

L 16,607,736.10

L 00

Occidente

21-103-005808-0

L 72,828,632.46

L 72,828,632.46

L 00

Occidente

21-102-028762-4

L 48,282,340.90

L 48,282,340.90

L 00

BANPAIS

21-080-003267-5

L 2,946,966.51

L 2,946,918.00

L 48.51

BANPAIS

01-080-000196-3

L 159,500.00

L 144.235.00

L 15,265.00

OCCIDENTE

21-103-049638-0

L 5,817,603.71

L 5,817,603.71

L 00

BANCAHFE

L 3,414,329.39

L 3,404,103.56

L 10,225.83

TOTAL

L 163,932,396.55

L 163,862,055.54

L 70,341.01

Desde el año 2010 al año 2016 (Fuente: análisis de cuentas bancarias UCDLA/PD) cuadro 14.

JOSÉ

ANTONIO ARDON

VILLEDA

CUADRO

CONDENSADO DE

MOVIMIENTOS

BANCARIOS EN

US$

BANCO

CUENTA

CREDITOS

DEBITOS

SALDO

Atlántida

$ 9,495.33

$ 7,313.58

$ 2,181.75

Occidente

22-103-0013157

$ 156,531.39

$ 156,531.39

$ 00

BANPAIS

22-080-0001939

$ 4,338.63

$ 4,338.62

$ 0.01

TOTAL

$ 170,365.35

$ 168,183.59

$ 2,181.76

Desde el año 2010 al año 2016 (Fuente: análisis UCDLA/PD) cuadro 15. (F.1287). Este medio de prueba ha debido ser tomado en cuenta en el hecho declarado probado con auxilio de las reglas de la sana crítica a efectos de llegar a puntualizar hechos concluyentes que sirviesen para determinar el grado de culpabilidad del imputado, así como la determinación de la pena concreta. En sus valoraciones al dictamen del perito Rony Alexis Reyes, el Tribunal de instancia aprecia que luego de hacer el análisis patrimonial del señor Ardón, el cual realizó con base en toda la información proporcionada para tal efecto, donde se concluyó que no fue posible acreditar la forma lícita en que el señor Ardón adquirió la cantidad de seiscientos veintiséis mil doscientos veinte (L 626,220,00) Lempiras exactos; ya que su rubro de comercio estaba relacionado a dos negocios, los cuales no resultan con las suficientes ganancias o utilidades para acreditar la obtención de la cantidad de dinero decomisada, esto aún y cuando el perito tomó en consideración la prueba en descargo presentada por la defensa, la conclusión a la que arribó el perito fue la misma, es decir, que no fue posible mediante la prueba de descargo y los recibos encontrados en el interior del vehículo, establecer una causa de justificación de la tenencia lícita de la cantidad de dinero decomisada. Este análisis logró demostrar lo siguiente: Que al considerar los diferentes productos financieros a nombre del señor José Antonio Ardón Villeda, en el sistema financiero nacional, se establece que desde el año 2010 al 2016 este manejó créditos por las cantidades de ciento sesenta y tres millones novecientos treinta y dos mil trescientos noventa y seis Lempiras con cincuenta y cinco centavos (L163,932,396.55) y ciento setenta mil trescientos sesenta y cinco dólares con treinta y cinco centavos ($170,365.35), así como débitos por las cantidades de 163,862,055.54 Lempiras y 168,183.59 dólares americanos con saldos al 01 de enero del año 2016, es decir dieciocho días antes de su detención, por una cantidad de 70,341.01 Lempiras y 2,181.76 dólares americanos, cantidades de dinero de los cuales se desconoce el origen; ya que se logró establecer mediante los movimientos bancarios, que para la fecha en que fue detenido el señor Ardón, que este hubiera retirado de esas cuentas el dinero que le fue decomisado.- Por otra parte, también se establece mediante esta pericia, que del análisis realizado a los movimientos financieros reflejados en los comprobantes de Banco de Occidente que fueron decomisados, que el 19 de enero del año 2016, se hicieron dos depósitos a la cuenta No. 21-102-012859-0 del Banco de Occidente, agencia número 230, ubicada en la ciudad de San Pedro Sula, a nombre del señor Nelson Elvir Orellana Loyo a las 10:44 y 10:59 horas, por los señores José Antonio Ardón , quién depositó 200,000.00 Lempiras y el señor Armando Ardón Leiva, quién a su vez efectuó otro depósito por la cantidad de 130,000.00 Lempiras, es decir que ese mismo día se depositaron 330,000.00 Lempiras a esa cuenta, desconociéndose el origen de los 200,000.00 Lempiras que depositó el señor Ardón . De igual manera se establece que las transacciones pueden acreditar que los 626,220.00 Lempiras incautados el día martes 19 de enero del año 2016, sea procedente de esas transacciones, ya que, lo que se acreditó mediante las transacciones bancarias son dos depósitos que sumados ambos depósitos dan como resultado la cantidad de 330,000.00 Lempiras, lo cual ocurrió en horas de la mañana , entonces tampoco se puede acreditar con estas transacciones bancarias que se hayan hecho retiros de dinero en la cuenta del señor Ardón para poder justificar de donde se obtuvieron los 626,220.00 Lempiras en horas de la tarde, tal como lo ha pretendido hacer ver la defensa, motivo que llevó a conceder credibilidad a la prueba de cargo. La defensa por su parte evacuó en juicio prueba a efecto de acreditar que su representado estaba en posesión de esa cantidad de dinero, aduciendo que estaba destinado a la compra de ganado, para lo cual propuso varios documentos, entre ellos cartas de venta de 78 reses; al respecto, la documentación soporte no es suficiente para acreditar la supuesta negociación de compra y venta de ganado que se iba realizar entre el acusado y un señor identificado por éste como Selvin Murillo Martínez, quien era el supuesto dueño del ganado que le iban a vender, así como tampoco resultaron objetivamente confiables las cartas de venta traídas a juicio, habida cuenta de que las mismas fueron elaboradas el mismo día de la detención del señor Ardón y otras el día siguiente, lo cual denota que estas se hicieron en favor del mismo, con la finalidad de poder tener una posible causa de justificación de la actividad de comercio que dijo éste realizar, razón por la cual en tribunal de instancia no les concedió valor probatorio a la prueba de descargo. El Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- A un juez predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad e independencia del juez; v.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- A la igualdad de armas procesales; vii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- Respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- A una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Realizado el estudio de los medios de pruebas documentales utilizados para el análisis patrimonial del señor Ardón, se hace notar la incongruencia en las valoraciones probatorias del tribunal de instancia al cual le brindó credibilidad y el hecho único declarado probado, mismo que omitió en su apartado, la inclusión de las cantidades de dinero reflejadas en este medio de prueba y que posteriormente estimó el tribunal de instancia en la fundamentación jurídica de la sentencia: el no poder tener ampliada la acusación, habida cuenta de que según el tribunal de instancia el señor José Antonio Ardón, se ha venido defendiendo desde el inicio del proceso por un delito de lavado de activos conforme el hallazgo de la cantidad de seiscientos veintiséis mil doscientos veinte Lempiras y no por la cantidad señalada por la representante del Ministerio Público en sus conclusiones; lo cual modifica a todas luces la pena aplicable al señor Ardón, conforme lo señala el artículo 36 de la Ley Especial de Lavado de Activos, siendo ésta una de las razones por el cual se invoca el amparo del debido proceso. Dicho análisis del Tribunal de instancia es totalmente incongruente puesto que se observan algunas inconsistencias en lo que establece, puesto que se desprende del acta de proposición de medios de prueba de fecha veintisiete de marzo del año 2017 que fue admitido el medio de prueba Información Financiera bajo clave 16-04-023-RI, proveniente de la Unidad de Información Financiera Adscrita a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, medio de prueba con la que se acreditaron las transacciones financieras que ha realizado el señor José Antonio Ardón Villeda, tanto en moneda nacional como extranjera, y es desde esa fecha que la defensa y el acusado tuvieron conocimiento de las cantidades de dinero que éste manejaba, medio de prueba que fue incluido en análisis de investigación patrimonial que ratificó en juicio el perito Rony Alexis Reyes Torres, el cual fue juramentado con conocimiento de la defensa en fecha veinticuatro de abril del año 2017. Suma a lo anterior que en la audiencia de debate, el Ministerio Público expuso de nueva cuenta los hechos que había venido sosteniendo desde la presentación del requerimiento fiscal y que llenaron de contenido la acusación formalizada en la audiencia preliminar y por la cual solicitara en la formalización de la acusación y en conclusiones del juicio oral y público expuso entre otros alegatos lo siguiente: Que conforme a la prueba evacuada se acreditó que el acusado mantiene ocho cuentas bancarias en Lempiras y 4 cuentas bancarias en dólares, en las cuales ha manejado en seis años, una cantidad mayor a ciento sesenta y tres millones (163,000,000,.00) de Lempiras, y ciento setenta y dos mil dólares ($172,000.00) sin que justifique la procedencia de ese dinero; la defensa no logró acreditar el origen de estas cantidades de dinero y mucho menos la cantidad incautada de ( L626,220.00) al señor Ardón. A criterio del Ministerio Publico trasladó, adquirió, administró, trasladó y ocultó activos de los cuales se desconoce el origen, razón por la cual se le debe condenar por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, conforme el artículo 36 numeral 3) de La Ley de Lavado de Activos; debiéndose decretar el comiso de la cantidad de L 626,220.00. Por darse las circunstancias que de las investigaciones del caso mediante el análisis financiero se estableció que los créditos manejados por el señor Ardón resaltaban las cantidades de ciento sesenta y tres millones novecientos treinta y dos mil trescientos noventa y seis Lempiras con cincuenta y cinco centavos (L163,932,396.55) y ciento setenta mil trescientos sesenta y cinco dólares con treinta y cinco centavos ($170,365.35), análisis del cual la defensa técnica tuvo conocimiento de su existencia antes del juicio. Por lo cual la censura del tribunal a vincular los valores de créditos encontrados en el medio de prueba en referencia con la pena a imponer es contraría al Principio de Legalidad. Las valoraciones probatorias del tribunal de instancia son totalmente incongruentes con el hecho que declaró probado, puesto que de la valoración de los medios de prueba quedó plenamente establecido que, según el análisis del dictamen Patrimonial y Financiero, durante los años 2010 al 2016 el señor José Antonio Ardón Villeda manejo créditos por las cantidades de ciento sesenta y tres millones novecientos treinta y dos mil trescientos noventa y seis Lempiras con cincuenta y cinco centavos (L163,932,396.55) y ciento setenta mil trescientos sesenta y cinco dólares con treinta y cinco centavos ($170,365.35), y no sólo el decomiso de una maleta color negro, que contenía en su interior seiscientos veintiséis mil doscientos veinte Lempiras exactos (L 626,220.00), dinero que no pudo acreditar su origen lícito. No obstante, del discernimiento de la existencia de estos hechos y de la valoración intelectiva realizada por el tribunal de instancia que le ha merecido credibilidad y valor probatorio, misma que ha excluido del hecho único probado, se deduce que la pena que debió aplicarse es la contemplada en el artículo 36 numeral 3 de la Ley de Lavado de Activos. Es precisamente la pena concreta impuesta al acusado, la que genera el reproche casacional, puesto que advertimos que evidentemente se ha incurrido en una infracción de precepto constitucional, según lo establecido en el artículo 95 de la Constitución de la Republica, por interpretar de manera errónea lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, ya que al imponer la pena concreta antes referida, resulta evidente que para ello, dio un enfoque distinto al que la ley misma establece que el juez determinará en la sentencia la pena aplicable al indiciado dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito y las circunstancias en que el mismo se haya cometido. Para ello tendrá en cuenta sus antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido en el hecho apreciadas tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor extensión de los males producidos por el delito, en particular los de naturaleza económica. Partiendo de este precepto, el Tribunal debió imponer una pena establecida dentro del marco legal correspondiente al delito, es decir dentro del rango de quince (15) a veinte (20) años de reclusión de acuerdo a lo que establece el artículo 36 numeral 3) del Código Penal; lo cual en el presente caso erró el tribunal, pues impuso al acusado una pena concreta de 6 años de Reclusión dentro del rango de lo establecido en el artículo 36 numeral 1); sin embargo estimamos que la pena concreta impuesta es contraria a derecho, pues si bien ésta se encuentra dentro del marco legal del delito inculpado, advertimos que el Tribunal inobservó la norma para efectos de imponer dicha pena concreta, esto lo afirmamos porque basta tomar como punto de partida la pena impuesta , para evidenciar que la misma está por debajo de la pena dispuesta en el marco legal. El Principio de Legalidad establece como garantía penal (Nulla Poena Sine Lege).- Esta garantía establece que la previsión de la pena o penas para quien cometa un delito, ha de estar señalada en la ley en forma abstracta, por este motivo la pena legal a imponer al señor José Antonio Ardón Villeda, en que el juzgador lo condenó por del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras, deberá ser la pena mínima de quince (15) años un (1) día de reclusión, contemplada en el artículo 36 numeral tercero de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos. En consecuencia, estimamos que el presente motivo es de procedencia. DECISIÓN Esta Sala declara HA LUGAR el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional por violación del artículo 95 relacionado con los artículos 321 y 90 de la Constitución de la República. POR TANTO

La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 95, 303, 304, 313 atribución 5, 316, 321 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 90 y 361 del Código Procesal Penal. 69 Código Penal. FALLA: -1) Declara HA Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional contenidos en los artículos 90, 95 y 321 de la Constitución de la República, interpuesto por Ilse Adela Fuentes, Fiscal en representación del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor José Antonio Ardón Villeda, en que el juzgador lo condenó por del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. -2) Casa la sentencia de fecha veintisiete de abril del año dos mil dieciocho dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa. -3) Condena al imputado José Antonio Ardón Villeda, a la pena de quince años un día de reclusión, como autor responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. -4) Se declara el comiso de los saldos en las cuentas bancarias en moneda nacional: i) Banco Atlántida 11011200492582, ii) Banco de Occidente 11-103-001701-9, 21-103-005808-0, 21-102-028762-4 y 21-103-049638-0 iii) BANPAIS 21-080-003267-5 y 01-080-000196-3 iiiii) BANCAHFE 17701008759.-5) Se declara el comiso de los saldos en las cuentas bancarias en dólares (US$) siguientes: i) Banco Atlántida 11200554183, ii) Banco de Occidente 22-103-0013157. iii) BANPAIS 22-080-0001939. Deja incólume la sentencia en sus demás pronunciamientos. -Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-504-2018.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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