Sentencia CP-489-15 — Registro 13921
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado del delito de Posesión sin permiso de la Autoridad Competente de una Arma de Fuego y Municiones de Uso Personal en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO ES DE RECIBO. Según se razona en el desarrollo del motivo, los juzgadores consideraron carecer de eficacia jurídica los testimonios de los policías Santos Ernesto Suarez y Carlos Javier López Castro, así como los hallazgos encontrados, por la razón de haber actuado sin existir motivos que les hiciere presumir que el acusado ocultaba, escondía o llevaba adherido algún objeto relacionado con alguna conducta delictiva, es decir, el hallazgo fue producto de un registro sin razones, por lo cual constituye prueba ilícita, al haberse restringido el derecho a la intimidad personal, por lo que los sentenciadores no procedieron a valorar en detalle los medios de prueba. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, considera importante indicar, al menos brevemente, el contenido del concepto de dignidad humana y de intimidad personal: 1) Dignidad Humana: “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), la dignidad humana es el primer valor a tener en cuenta cuando se estudia a la persona, por derivar de sus más íntimos y específicos componentes de racionalidad y libertad. Desde una perspectiva iusnaturalista la persona humana es un individuo físico, indiviso, único y distinto de sus pares (Principio de Individualidad), que con su inteligencia toma conciencia de sí y accede al conocimiento del ser del mundo circundante, produciéndose su apetito de mejorarse a sí mismo y de buscar condiciones tangibles e intangibles que le ayuden a alcanzar esa meta, para ello debe gozar de una autonomía para escoger los medios que le permitan la obtención de esos fines naturales, esa autonomía es punto de convergencia de derechos y deberes para con otras personas humanas que buscan el mismo objetivo y que por tanto merece un respeto mutuo. La dignidad humana es el valor de la persona humana por su carácter autónomo, individual y racional, el que debe ser reconocido y respetado recíprocamente entre los seres humanos, quienes además deben tolerar, aceptar y valorar las diferencias entre ellos; Hurtas Martín, al referirse al principio de la dignidad, dice: "…la dignidad ha de permanecer inalterada, cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un mínimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que las limitaciones que se impongan en el disfrute de los derechos individuales no conlleven un menosprecio para la estima, que en cuanto ser humano, merece la persona"[1]. Se le considera como un límite al Estado, para ordenar cualquier medida que implique la restricción de un derecho fundamental. Al ser la base del sistema, este principio no puede verse vulnerado por ningún acto de investigación que se lleve a cabo dentro del proceso, debe tenerse entonces como límite infranqueable; este principio es de carácter absoluto y no admite excepciones, reconocido en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 59 y 63 de la Constitución de la República. 2) Derecho a la Intimidad: El derecho a la intimidad atribuible solamente debe entenderse en su aspecto positivo como el derecho de la persona de controlar a su arbitrio los aspectos de su vida privada que desee sea conocida y determinar la identidad y el número de personas que desee tengan acceso a ella y, en su aspecto negativo, como el derecho de toda persona a no sufrir o tolerar injerencias de terceros en la vida privada personal y familiar y de rechazar cualquier intento de ello. Este derecho está reconocido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 11.2 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y artículo 76 de la Constitución de la República. Uno de los aspectos que interesa a la Dignidad Humana y a la Intimidad son las intervenciones corporales que se pudiesen practicar al imputado(a) durante la investigación de un delito o durante el proceso penal; Isabel Huertas Martín[2], señala que, "al imputado puede vérsele desde dos dimensiones: la dimensión subjetiva, que ha de caracterizarse en todo momento, significa que sea tenido como parte procesal y por ello acreedor de una serie de derechos y facultades, que legítimamente le corresponden; la dimensión objetiva, en la que se considera que su entidad corporal puede ser fuente de datos que faciliten la investigación penal e incluso sea tenida en cuenta a efectos probatorios”, por lo que siguiendo la dimensión objetiva algunas veces se hace necesaria la práctica de intervenciones corporales, las que son conceptualizadas por Ferrera Turcios[3] como “actos de investigación realizados, dentro de ciertos límites de carácter constitucional, sobre el cuerpo de una persona atendiendo normas de proporcionalidad y que tienen como finalidad la búsqueda de elementos de prueba necesarios para la averiguación de la verdad real de un hecho de naturaleza delictiva”, mismas que son reguladas en el artículo 206 del Código Procesal Penal señalando que “ Cuando existan motivos que hagan presumir que dentro de sus ropas o pertenencias, una persona oculta, esconde o lleva adheridos a su cuerpo, objetos, señales o vestigios relacionados con un delito, se le practicarán registros incautándosele las cosas encontradas. En tal caso, podrá ordenarse su conducción en forma coactiva a las oficinas competentes.”, Diligencias de investigación que encuentran su límite en la dignidad humana. Los Agentes de Policía suelen enfrentar situaciones susceptibles de despertarles sospechas de criminalidad. Tales sospechas pueden tener su fuente ya sea en una simple intuición de que algo anda mal, o bien en concretas e identificables actitudes de los involucrados. En ocasiones, la presencia policial en determinado lugar puede deberse a la existencia de tareas anteriores de seguimiento u otras pesquisas, en llamados telefónicos previos, o en dichos de personas que la policía suele utilizar como informantes. Con todo ese bagaje de datos en su poder, los Agentes de Policía deben seleccionar cuidadosamente cómo han de proceder de allí en más. Las alternativas que se les presentan pueden comprender una variada gama de actos de coerción, detenciones y traslados de los implicados en procedimiento a una dependencia policial, o requisas de sus pertenencias, sea en la misma vía pública o en la dependencia policial. Analizado lo anterior, esta Sala de lo Penal considera que el juzgador erróneamente alcanza como conclusión que el registro personal realizado al imputado Enrique Valentín Stanley García violenta garantías constitucionales, al haberse restringido sin motivo alguno el derecho a la intimidad personal, aún y cuando el acusado haciendo uso de su derecho a declarar, en ninguna de sus partes se refirió sobre el registro personal más que “…íbamos en bicicleta el menor y yo cuando volteamos a ver estaban jugando pelota unos muchachos, eran las 4 de la tarde viene la policía los policías nos pasaron hicieron un registro nos montaron a la patrulla nos llevaron a la posta del Búfalo…” (F.199v) con ello, no se identifica agravió alguno al momento del registro personal, ni oposición al mismo, desprendiéndose la razón, por la cual la defensa, en ningún momento de sus intervenciones durante todo el proceso denunció vulneración a la intimidad personal. Claro está que los Agentes de Policía motivaron el registro personal del acusado, impulsados por la ola de criminalidad que en los últimos meses asola la ciudad de La Ceiba, lo cual es de público conocimiento, y, así lo deja establecido el acusado en su declaración cuando entre otros aspectos manifestó: “…a dos de los oficiales ellos siempre llegaban a la cantina donde iba a visitar a mi amigo, ya los había visto a ellos, los llamaron cuando estaban haciendo unos disparos, eso fue el día anterior, ellos miraron que era un menor, decomisaron la pistola….” Ante lo anterior, los Juzgadores erraron al señalar “… Al afirmar los testigos Santos Ernesto Suarez y Carlos Javier López Castro, que el registro lo efectúan cuando el acusado transitaba, y que lo practican únicamente motivados por los conflictos del lugar, consideramos que carece de eficacia su testimonio y los hallazgos encontrados, al haber actuado sin existir motivos que les hiciere presumir que este ocultaba, escondía o llevaba adherido algún objeto relacionado con alguna conducta delictiva; los motivos deben ser concretos como en los casos de fragancia, debe existir mínimo la noticia del delito, una denuncia, o una actitud que les diera lugar a la sospecha…”, cuando en primer lugar, el acusado narró acontecimientos sucedidos un día anterior al registro personal, por lo cual era normal la presencia policial en la zona y despertar sospechas a los Agentes Policiales dada sus experticias, provocando registros personales, que resultaron en la posesión de una arma de fuego sin el permiso requerido; y, en segundo lugar, lo que se prohíbe es una afectación ilegitima, ya que hay cierto actos que podrían ser considerados como afectaciones a la integridad personal, pero que no son necesariamente una violación del mismo, ya que serían afectaciones legítimas, tal la causa en estudio, que puede tener su fuente, ya sea en una simple intuición por su experticia o la de identificar actitudes de los involucrados o la incidencia criminal en la zona; además la afectación de la integridad personal debe adquirir diversas formas y con distintas entidades, en sus facetas físicas, psíquica y moral no identificables en la presente causa en estudio; por lo que es procedente dictar con lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, pues el juzgador erróneamente excluyó prueba de valor decisivo, que de haberse valorado, las conclusiones de hecho hubieran sido necesariamente distintas. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “
SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolver por falta de prueba al acusado Enrique Valentín Stanley García por suponerlo responsable del delito de Posesión sin permiso de la Autoridad Competente de una Arma de Fuego y Municiones de Uso Personal en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: No procede condenar al Ministerio Público en costas procesales, personales y los gastos ocasionados en el juicio. - Tercero: Manténgase en depósito a favor del Ministerio Público el arma de fuego tipo pistola sin serie, ni marca con su respectivo cargador, una vez firme la sentencia, procédase a su destrucción. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Diana Gabriela Galo, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Son Partes En Única Instancia: La Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, Agente Fiscal del Ministerio Público en su condición de Recurrente y la Abogada Tirza Calix Padilla, Defensora Pública, en su condición de Recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Único: El día miércoles 29 de octubre del 2008, siendo las seis y media de la tarde en la entrada a la colonia El Búfalo de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, fue detenido el ciudadano Enrique Valentín Stanley García por agentes de la policía preventiva que patrullaban el sector.” RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. - ÚNICO MOTIVO: “Haber Excluido el Juzgador, Prueba de Valor Decisivo.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de trascendencia explicar en qué consiste el vicio supra referido, en este sentido, la Sala de Lo Penal a través de fallo de fecha 4 de Febrero del año 2013 (SP 90-2011), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: “...El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere ilícita sin serlo...” posición que se encuentra respaldada por el fallo de fecha 27 de Enero del año 2011, recaído en el recurso de Casación Penal S.P No 322-2009. (Lo resaltado es nuestro). Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO, consistente en el acto de detención del acusado realizada por los policías Santos Ernesto Suárez y Carlos Javier López Castro, pues considera que de sus dichos se desprende, que capturaron al imputado mientras transitaba y que lo practican motivados por el conflicto del lugar, es decir, sin que existiera una actitud de sospecha de parte del mismo, consecuentemente, excluye de valoración el resto de probanzas que se derivan de dicha detención, como son, el acta de decomiso o secuestro de un arma de fuego tipo pistola, sin marca, sin serie, cal. 3.80, cacha color café y un cargador color negro; la evidencia (arma de fuego); así como el análisis balístico, la constancia y el oficio extendidos por la oficina de Registro Balística, en virtud que el juzgador es del criterio, que la probanza supraindicada fue obtenida mediante violación de garantías procesales, en definitiva constitucionales; al haberse restringido al acusado el derecho a la intimidad personal, garantías que constituyen también el Debido Proceso. Respecto a los cuestionamientos que realiza el Tribunal a la prueba de cargo, debemos señalar: 1) Que se desprende de las deposiciones de los policías que participaron en la detención del acusado, que si bien efectuaron un registro personal, no se trató de zonas íntimas, que afecten el pudor del mismo, sino que llevaba el arma de fuego que le fue decomisada en la parte derecha de la cintura. 2) El policía SANTOS ERNESTO SUAREZ, refirió en su declaración que el ciudadano enjuiciado iba caminando y se le pidió un registro, es decir, le fue informado que sería sometido a tal diligencia y a pesar de eso, no informó a la autoridad que llevaba en su cintura un arma de fuego, sin documentos; entonces, como puede apreciar el Tribunal que no tuvo una conducta sospechosa el señor ENRIQUE VALENTIN STANLEY, si estaba escondiendo un arma que portaba de manera ilegal; por otra parte, la actuación de la policía en este tipo de diligencias debe ser rápida, sobre todo tomando en consideración que se trata de una aldea conflictiva; aspecto este último que ha sido descartado por el juzgador, apartado de las máximas de la experiencia. En virtud de lo anterior podemos concluir, que el imputado ante el requerimiento policial, se vio en la oportunidad de mostrar o exhibir lo que lleva consigo y proceder a la entrega voluntaria del arma, desde el momento que no lo hizo, generó un comportamiento sospechoso, quedando desde ese instante facultada la autoridad policial para intervenir, a través del registro personal, como así lo hizo; procediendo a realizar el resto de diligencias investigativas vinculadas con la detención, que merecen absoluta valía probatoria al tratarse de prueba lícita. (Acta de Decomiso, Análisis Balístico, la Constancia y el Oficio extendido por la oficina de Registro Balístico). 3) Es importante señalar, que la Policía Preventiva posee entre otras, la atribución de prevenir, disuadir, controlar y combatir toda clase de delitos faltas o infracciones, es por ello, que en el caso subjudice, requirió al acusado para efectuarle un registro, pues como ha indicado los testigos de cargo se trataba de una aldea conflictiva, por ende actuó amparado en su obligación de prevenir el delito en la comunidad, en apego al artículo 57 numeral 2) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, sin lesionar garantías Constitucionales, pues reiteramos, se indicó inicialmente al acusado que se le iba a efectuar registro y no se realizó en zonas íntimas de su cuerpo, como arguye el Tribunal. 4) La práctica de la mencionada diligencia de detención, constituye parte de una actuación policial preventiva, tendiente a constatar la comisión de un delito, en tanto que la ley procesal permite a las autoridades de Policía y del Ministerio Público llevar a cabo tales actuaciones preliminares como inspecciones, registro de automóviles, registros personales, y demás para asegurar en su caso, la custodia de lugares de comisión de delitos, buscar señales, huellas, rastros, o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito, orientadas a recoger y conservar los elementos probatorios útiles para el esclarecimiento de la verdad, dejando constancia de todo lo actuado en las actas que se levanten al efecto. En virtud de lo anteriormente expuesto, considera este ente fiscal, que la detención del acusado se encuentra apegada a la ley, pues atendiendo su conducta dio motivos para sospechar que estaba perpetrando un delito, ya que ante el requerimiento policial no hizo entrega del arma de fuego que llevaba, que incluso por su origen ruso no permite inscripción, omisión que en todo momento colocó en riesgo la seguridad de la autoridad; aunado al hecho, que el registro no se realizó en zonas íntimas del cuerpo del imputado, sino que consistió en lo que comúnmente se conoce como cacheo; consecuentemente, todas las pruebas que se derivan de esta detención son lícitas, es decir el acta de decomiso, la pericia balística, que determinan el buen estado de funcionamiento del arma y las constancia de Registro Balístico, por ende, el A quo tuvo que otorgarle valor probatorio a las mismas y no excluirlas del acervo fáctico, de manera arbitraria como lo hizo, en vista que con valoraciones intelectivas como las ya relacionadas, se quebranta el ordenamiento jurídico citado, que preceptúa con absoluta claridad las funciones de los elementos de la Policía y que debió conducir a conclusiones distintas de las que extrajo el Tribunal, como ser una sentencia Condenatoria por el delito de POSESION SIN PERMISO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE DE UNA ARMA DE FUEGO Y MUNICIONES DE USO PERSONAL. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Interpuesto por el Ministerio Público. - Único Motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. • Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Sin determinar por el recurrente. • Concepto de la Infracción Expuesto: Haber excluido el Juzgador, Prueba de valor decisivo. • Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Imposibilidad en virtud de que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; • Pretensión: Sin determinar por el recurrente.Increpa el Ministerio Público al Tribunal de Sentencia por haber excluido prueba de valor decisivo, por considerar los juzgadores que el acto de detención del acusado, realizada por los Policías Santos Ernesto Suárez y Carlos Javier López Castro, se efectúo sin que existiera una actitud de sospecha del acusado, lo que genera que la prueba consistente en acta de decomiso o secuestro de una arma de fuego, la evidencia misma, análisis balístico, la constancia y el oficio del Registro Nacional Balístico, fue obtenida mediante violación de garantías procesales al haberse restringido al acusado el derecho a la intimidad personal, ya que a criterio del recurrente, dichos medios de prueba fueron excluidos arbitrariamente ya que el registro no se realizó en zonas intimas del cuerpo del imputado. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; la exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: 1. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. 2. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método de la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo; por el contrario, aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Recurso El Recurso es de RECIBO. Según se razona en el desarrollo del motivo, los juzgadores consideraron carecer de eficacia jurídica los testimonios de los policías Santos Ernesto Suarez y Carlos Javier López Castro, así como los hallazgos encontrados, por la razón de haber actuado sin existir motivos que les hiciere presumir que el acusado ocultaba, escondía o llevaba adherido algún objeto relacionado con alguna conducta delictiva, es decir, el hallazgo fue producto de un registro sin razones, por lo cual constituye prueba ilícita, al haberse restringido el derecho a la intimidad personal, por lo que los sentenciadores no procedieron a valorar en detalle los medios de prueba. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, considera importante indicar, al menos brevemente, el contenido del concepto de dignidad humana y de intimidad personal: 1) Dignidad Humana: “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), la dignidad humana es el primer valor a tener en cuenta cuando se estudia a la persona, por derivar de sus más íntimos y específicos componentes de racionalidad y libertad. Desde una perspectiva iusnaturalista la persona humana es un individuo físico, indiviso, único y distinto de sus pares (Principio de Individualidad), que con su inteligencia toma conciencia de sí y accede al conocimiento del ser del mundo circundante, produciéndose su apetito de mejorarse a sí mismo y de buscar condiciones tangibles e intangibles que le ayuden a alcanzar esa meta, para ello debe gozar de una autonomía para escoger los medios que le permitan la obtención de esos fines naturales, esa autonomía es punto de convergencia de derechos y deberes para con otras personas humanas que buscan el mismo objetivo y que por tanto merece un respeto mutuo. La dignidad humana es el valor de la persona humana por su carácter autónomo, individual y racional, el que debe ser reconocido y respetado recíprocamente entre los seres humanos, quienes además deben tolerar, aceptar y valorar las diferencias entre ellos; Hurtas Martín, al referirse al principio de la dignidad, dice: "…la dignidad ha de permanecer inalterada, cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un mínimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que las limitaciones que se impongan en el disfrute de los derechos individuales no conlleven un menosprecio para la estima, que en cuanto ser humano, merece la persona"[1]. Se le considera como un límite al Estado, para ordenar cualquier medida que implique la restricción de un derecho fundamental. Al ser la base del sistema, este principio no puede verse vulnerado por ningún acto de investigación que se lleve a cabo dentro del proceso, debe tenerse entonces como límite infranqueable; este principio es de carácter absoluto y no admite excepciones, reconocido en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 59 y 63 de la Constitución de la República. 2) Derecho a la Intimidad: El derecho a la intimidad atribuible solamente debe entenderse en su aspecto positivo como el derecho de la persona de controlar a su arbitrio los aspectos de su vida privada que desee sea conocida y determinar la identidad y el número de personas que desee tengan acceso a ella y, en su aspecto negativo, como el derecho de toda persona a no sufrir o tolerar injerencias de terceros en la vida privada personal y familiar y de rechazar cualquier intento de ello. Este derecho está reconocido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 11.2 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y artículo 76 de la Constitución de la República. Uno de los aspectos que interesa a la Dignidad Humana y a la Intimidad son las intervenciones corporales que se pudiesen practicar al imputado(a) durante la investigación de un delito o durante el proceso penal; Isabel Huertas Martín[2], señala que, "al imputado puede vérsele desde dos dimensiones: la dimensión subjetiva, que ha de caracterizarse en todo momento, significa que sea tenido como parte procesal y por ello acreedor de una serie de derechos y facultades, que legítimamente le corresponden; la dimensión objetiva, en la que se considera que su entidad corporal puede ser fuente de datos que faciliten la investigación penal e incluso sea tenida en cuenta a efectos probatorios”, por lo que siguiendo la dimensión objetiva algunas veces se hace necesaria la práctica de intervenciones corporales, las que son conceptualizadas por Ferrera Turcios[3] como “actos de investigación realizados, dentro de ciertos límites de carácter constitucional, sobre el cuerpo de una persona atendiendo normas de proporcionalidad y que tienen como finalidad la búsqueda de elementos de prueba necesarios para la averiguación de la verdad real de un hecho de naturaleza delictiva”, mismas que son reguladas en el artículo 206 del Código Procesal Penal señalando que “ Cuando existan motivos que hagan presumir que dentro de sus ropas o pertenencias, una persona oculta, esconde o lleva adheridos a su cuerpo, objetos, señales o vestigios relacionados con un delito, se le practicarán registros incautándosele las cosas encontradas. En tal caso, podrá ordenarse su conducción en forma coactiva a las oficinas competentes.”, Diligencias de investigación que encuentran su límite en la dignidad humana. Los Agentes de Policía suelen enfrentar situaciones susceptibles de despertarles sospechas de criminalidad. Tales sospechas pueden tener su fuente ya sea en una simple intuición de que algo anda mal, o bien en concretas e identificables actitudes de los involucrados. En ocasiones, la presencia policial en determinado lugar puede deberse a la existencia de tareas anteriores de seguimiento u otras pesquisas, en llamados telefónicos previos, o en dichos de personas que la policía suele utilizar como informantes. Con todo ese bagaje de datos en su poder, los Agentes de Policía deben seleccionar cuidadosamente cómo han de proceder de allí en más. Las alternativas que se les presentan pueden comprender una variada gama de actos de coerción, detenciones y traslados de los implicados en procedimiento a una dependencia policial, o requisas de sus pertenencias, sea en la misma vía pública o en la dependencia policial. Analizado lo anterior, esta Sala de lo Penal considera que el juzgador erróneamente alcanza como conclusión que el registro personal realizado al imputado Enrique Valentín Stanley García violenta garantías constitucionales, al haberse restringido sin motivo alguno el derecho a la intimidad personal, aún y cuando el acusado haciendo uso de su derecho a declarar, en ninguna de sus partes se refirió sobre el registro personal más que “…íbamos en bicicleta el menor y yo cuando volteamos a ver estaban jugando pelota unos muchachos, eran las 4 de la tarde viene la policía los policías nos pasaron hicieron un registro nos montaron a la patrulla nos llevaron a la posta del Búfalo…” (F.199v) con ello, no se identifica agravió alguno al momento del registro personal, ni oposición al mismo, desprendiéndose la razón, por la cual la defensa, en ningún momento de sus intervenciones durante todo el proceso denunció vulneración a la intimidad personal. Claro está que los Agentes de Policía motivaron el registro personal del acusado, impulsados por la ola de criminalidad que en los últimos meses asola la ciudad de La Ceiba, lo cual es de público conocimiento, y, así lo deja establecido el acusado en su declaración cuando entre otros aspectos manifestó: “…a dos de los oficiales ellos siempre llegaban a la cantina donde iba a visitar a mi amigo, ya los había visto a ellos, los llamaron cuando estaban haciendo unos disparos, eso fue el día anterior, ellos miraron que era un menor, decomisaron la pistola….” Ante lo anterior, los Juzgadores erraron al señalar “… Al afirmar los testigos Santos Ernesto Suarez y Carlos Javier López Castro, que el registro lo efectúan cuando el acusado transitaba, y que lo practican únicamente motivados por los conflictos del lugar, consideramos que carece de eficacia su testimonio y los hallazgos encontrados, al haber actuado sin existir motivos que les hiciere presumir que este ocultaba, escondía o llevaba adherido algún objeto relacionado con alguna conducta delictiva; los motivos deben ser concretos como en los casos de fragancia, debe existir mínimo la noticia del delito, una denuncia, o una actitud que les diera lugar a la sospecha…”, cuando en primer lugar, el acusado narró acontecimientos sucedidos un día anterior al registro personal, por lo cual era normal la presencia policial en la zona y despertar sospechas a los Agentes Policiales dada sus experticias, provocando registros personales, que resultaron en la posesión de una arma de fuego sin el permiso requerido; y, en segundo lugar, lo que se prohíbe es una afectación ilegitima, ya que hay cierto actos que podrían ser considerados como afectaciones a la integridad personal, pero que no son necesariamente una violación del mismo, ya que serían afectaciones legítimas, tal la causa en estudio, que puede tener su fuente, ya sea en una simple intuición por su experticia o la de identificar actitudes de los involucrados o la incidencia criminal en la zona; además la afectación de la integridad personal debe adquirir diversas formas y con distintas entidades, en sus facetas físicas, psíquica y moral no identificables en la presente causa en estudio; por lo que es procedente dictar con lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, pues el juzgador erróneamente excluyó prueba de valor decisivo, que de haberse valorado, las conclusiones de hecho hubieran sido necesariamente distintas. DECISIÓN Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362.2 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Diana Gabriela Galo, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Segundo: Casa la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, decretando su nulidad y de la audiencia de debate que le origina de fecha catorce de septiembre de dos mil quince. Y MANDA: Primero: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del Señor Enrique Valentín Stanley García, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince.- Segundo: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-489-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
9 de 9
[1] HUERTAS MARTIN (Isabel), El sujeto pasivo del Proceso Penal como objeto de la prueba, Primera Edición, Editorial BOSCH, Barcelona-España, 1999. Pág. 374.
[2] HUERTAS MARTIN (Isabel), El sujeto pasivo del Proceso Penal como objeto de la prueba, Primera Edición, Editorial BOSCH, Barcelona-España, 199. Pág. 370-371.
[3] Ferrera Turcios (Danelia) y otros, en Derecho Procesal Penal de Honduras, Manual Teórico-Práctico, Liticom, Tegucigalpa, Honduras, septiembre del 2004, Pag 342