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Sentencia CP-488-15 — Registro 13850

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito Evasión Culposa, en perjuicio de la Administración Pública, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. El concreto apartado intelectivo objeto de reproche en el recurso, es el que se hizo sobre las declaraciones testificales de Carlos Enrique Vásquez Amaya, Selvin Said Ordóñez Canales y Olvin Alberto Meléndez Castillo. De estos testimonios el juzgador extrajo lo siguiente (f. 131): “Con las anteriores declaraciones testificales se logró acreditar que JULIO CÉSAR FLORES JIMÉNEZ, estaba a cargo de la custodia de Sergio Johan Enamorado, quien se encontraba detenido por suponerlo responsable de las infracciones penales de portación ilegal de armas y atentado; se pudo constatar con la declaración de Vásquez Amaya, que Julio César recibió el turno de su parte a las seis de la tarde; que al momento de regresar Vásquez Amaya, a recibirle turno al acusado a las doce de la noche, el detenido se le había fugado, hacía una o dos horas antes y que Julio César, no notificó de inmediato la fuga del detenido, por el contrario, espero hasta que su compañero llegó a relevarlo, dándole así, al detenido más oportunidad para lograr su fuga. Se logró establecer que JULIO CÉSAR FLORES JIMÉNEZ, actuó con negligencia, faltando a su deber de cuidado, ya que de las declaraciones se logró determinar que el detenido se fugó, porque Julio César Flores, decide ir al baño y de esta manera Sergio Johan Enamorado quedó sin la debida custodia, ya que el deber del acusado era custodiar las seis horas que duraba su turno al detenido, sin moverse del lugar, para evitar su fuga; considerando este Tribunal que lo que existió por parte de Julio Jiménez fue culpa y no dolo, razón por la cual no puede estimarse el delito de violación de los deberes de los funcionarios, el cual debe ser doloso.” (Lo resaltado es nuestro). Según el Ministerio Público, el acusado Julio César Flores Jiménez realizó dos conductas en las que concurren para cada una de ellas un delito, la primera, por la cual le imputa el delito de evasión culposa, es cuando decide dejar solo al detenido Sergio Johan Enamorado en el cuarto piso del hospital Mario Catarino Rivas; la segunda conducta y por el cual le imputa el delito de violación de los deberes de los funcionarios, es porque no informó de manera inmediata a sus superiores la fuga, sino que notificó hasta que llegó su remplazo, el agente de Policía Carlos Enrique Vásquez Amaya, una o dos horas después de la fuga. El sentenciador congloba ambas circunstancias para imputarle al acusado Julio César Flores Jiménez el delito de evasión culposa y excluye de esta forma la imputación por el delito de violación de los deberes de los funcionarios contenido en el artículo 349.3 del Código Penal. Esta Sala de lo Penal afirma que dicha conclusión intelectiva en manera alguna infringe la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, pues ambas circunstancias concurren para la realización del delito de evasión culposa como lo ha afirmado el Tribunal de Sentencia. El solo hecho de que el acusado se haya apartado del custodiado para ir a hacer sus necesidades fisiológicas, no basta para imputar un delito de evasión culposa, pues la ausencia de actividad probatoria para acreditar circunstancias relevantes y determinar si hubo o no un comportamiento negligente, no permite que pueda ser de otra forma. Se determinó en el proceso que los agentes de policía Flores Jiménez y Vásquez Amaya, intercalaban turnos de seis horas para custodiarlo en el cuarto piso del hospital Mario Catarino Rivas, de la ciudad de San Pedro Sula, más nada se sabe del padecimiento del menor Johan Enamorado Hernández, para determinar si era previsible o no que aprovechara el momento en que su custodio no estaba para darse a la fuga; tampoco se sabe la ubicación del custodiado, en qué sala se encontraba, si estaba solo o acompañado de otros pacientes; si estaba o no próximo a la puerta de salida, si era o no un lugar transitado por otras personas, y en fin, cualquier otra circunstancia que permitiese determinar ex ante la negligencia en el comportamiento del señor Flores Jiménez. Ahora bien, es condicionante para formular el reproche penal por el delito de evasión culposa, no demostrar la debida diligencia para hacer saber de inmediato a sus superiores acerca de la fuga del menor Johan Enamorado Hernández, para efecto de evitar su evasión y lograr su captura; pues esta circunstancia si conforma un acto negligente que favoreció la huida del detenido. Por esta razón, la Sala de lo Penal concluye que el resultado de la valoración intelectiva de las declaraciones testificales de los señores Carlos Enrique Vásquez Amaya, Selvin Said Ordóñez Canales y Olvin Alberto Meléndez Castillo, es respetuosa de la regla lógica de derivación, no falsea el contenido de los testimonios ni alcanza conclusiones más allá de lo aportado por ellos, la conclusión intelectiva encuentra la razón de su suficiencia a partir de estos elementos probatorios..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 488-2015, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de mayo del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Absolver al acusado Julio César Flores Jiménez, como autor responsable del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. Segundo: Condenar al acusado Julio César Flores Jiménez, como autor responsable del delito Evasión Culposa, en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de un año de reclusión. Tercero: Condenar al acusado Julio César Flores Jiménez, a las penas accesorias de inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión e interdicción civil. Cuarto: Se declara la responsabilidad civil del condenado. Quinto: No procede condenar en costas. Sexto: No procede el comiso de pieza alguna. Séptimo: Otórguese a Julio César Flores Jiménez, el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la Abogada Nereyda Maradiaga Martínez, fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Ilse Adela Fuentes, fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y las Abogadas Dinabel López Durón y Alba Regina Paniagua, defensoras públicas, como recurridas. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando las pruebas practicadas en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Único: el día catorce de diciembre de dos mil doce, el señor Julio César Flores Jiménez, en ese tiempo agente de la Policía Nacional Preventiva, se encontraba en el Hospital Mario Catarino Rivas, cumpliendo labores de custodio por orden del Juzgado de la niñez de esta sección judicial, al menor SERGIO JOHAN ENAMORADO HERNÁNDEZ, pues había tomado turno a las seis de la tarde, a eso de las diez u once de la noche, el señor Flores Jiménez, fue al baño y descuidó al menor que custodiaba y que se encontraba en una de las camas del Hospital ya mencionado, lo que aprovechó el menor ENAMORADO HERNÁNDEZ, para fugarse del sitio; al regresar el agente Flores Jiménez se percató que el custodiado ya no estaba y procedió junto con el compañero Policía Amaya, quien llegó a relevarlo del turno, a buscarlo en el edificio del Hospital, sin lograr encontrarlo.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La recurrente, Abogada Nereyda Maradiaga Martínez, fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: No haber observado el sentenciador, en la Valoración de la Prueba, las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La impugnación que hoy se hace a la sentencia, se fundamenta en que la misma contiene un vicio grave, al no haber realizado el sentenciador una valoración probatoria conforme a las Reglas de la Sana Crítica, en apego a lo preceptuado en el artículo 202 del Código Procesal Penal que prescribe: “La pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; resultando de ello, una sentencia absolutoria por el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos y la participación del imputado en los mismos, se evacuó durante la Audiencia de Juicio, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: TESTIFICAL: 1. Declaración de CARLOS ENRIQUE VÁSQUEZ AMAYA, Policía Nacional; quien manifestó: “...nosotros cuidábamos por orden del Juzgado de la Niñez a un menor Sergio Jonathan en el hospital Mario Catarino Rivas, yo tenía turno de doce del mediodía a seis de la tarde y le entregué al compañero Julio César a las seis, cuando yo le recibí a él, a las doce de la noche, éste me manifestó que el detenido se había fugado como a las diez de la noche, le ayudé a buscarlo pero no lo encontramos.., le comuniqué al Inspector Meléndez, mi jefe inmediato en esos momentos, que el menor se había fugado”. 2. Declaración de SELVIN ORDOÑEZ CANALES, Agente de la DNIC, quien relató: que en fecha 14 de Diciembre de 2012 el Policía Meléndez fue a interponer denuncia, por lo que se trasladó al Hospital; al llegar Julio César le manifestó que el menor se le había fugado, y según las investigaciones el testigo pudo constatar que la fuga se produjo a las diez de la noche y que el Policía Julio Flores lo puso en conocimiento hasta que le llegaron a relevar el turno a las 12 de la noche. También señaló el dicente, que constató la hora de la fuga del menor con los guardias del Hospital. 3. Declaración de OLVIN ALBERTO MELÉNDEZ CASTILLO, Policía Nacional, quien manifestó: que a mediados de diciembre de 2012 se encontraba de turno en la satélite, cuando el compañero Vásquez Amaya le informó que a Julio César Flores, se le había fugado el detenido, por lo que le dio instrucciones de no recibir el turno y se desplazó hacia el hospital a eso de las 12 de la medianoche; el testigo manifestó que según lo que le informaron sus compañeros, el detenido se había dado a la fuga entre 10 y 11 de la noche. 4. Constancia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; mediante la cual se estableció que el acusado Julio César Flores estaba nombrado en dicha Institución como Policía desde la fecha 23 de Julio de 1994. 5. Oficio de Juzgado de Letras de la Niñez; girado por el Juzgado de Letras de la Niñez al Director de la Policía Nacional Preventiva, solicitándole colaboración con personal a su cargo para la custodia de Sergio Johan Enamorado Hernández a quien se le seguía diligencias por las Infracciones Penales de Portación Ilegal de Armas y Atentado. Al valorar los elementos de prueba anteriormente relacionados, el Tribunal aunque consideró al acusado responsable del delito de Evasión Culposa, lo absolvió por el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en virtud de considerar que al no notificar de inmediato la fuga del detenido, sino por el contrario, al esperar hasta que su compañero llegó a relevarlo, dándole así al detenido más oportunidad para fugarse, el acusado actuó con negligencia, faltando a su deber de cuidado y por lo tanto, a criterio del sentenciador: “lo que existió por parte de Julio Jiménez fue culpa y no dolo, razón por la cual no puede estimarse el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios, el cual debe ser doloso”, (Ver último párrafo del numeral primero de la Valoración Probatoria). Asimismo, en el último párrafo del numeral segundo de la Fundamentación Jurídica el Juzgador agregó que: En el presente caso, no se reúnen los elementos típicos del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, “toda vez que sí se cometió un delito culposo, se excluye pese el dolo y este tipo de delito (Refiriéndose al de Violación a los Deberes de los Funcionarios) se comete dolosamente.” Esta representante de la sociedad, considera la citada apreciación por parte del Juzgador, como una infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma, así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión que de éstas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que se extrae de los medios probatorios aportados, que no se pudo establecer que el acusado haya actuado con dolo al dejar de informar a su superior jerárquico de forma inmediata el evento de la fuga del detenido, pues considera el sentenciador que dicha acción (no informar) fue culposa y que en tal sentido no puede condenarse al acusado como responsable del delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios; sin embargo, de la prueba evacuada en juicio podemos constatar que se probó fehacientemente que el acusado ejecutó dos acciones delictivas distintas: a) El descuidar al detenido y provocar o facilitar con ello su fuga y, b) No poner en conocimiento de manera inmediata a quien corresponde, de la fuga del detenido, sino que esperó el cambio de turno a las doce de la noche, para informarle a su compañero lo acontecido; constituyendo la primera de éstas dos acciones el delito de Evasión Culposa (por el cual resultó condenado) y la segunda de ellas, el de Violación de los Deberes de los Funcionarios, tal y como lo sostuvo la representante del Ministerio Público en todo momento; pues al omitir, rehusar o retardar la acción de informar la fuga del detenido, a lo cual estaba obligado el acusado, incurre en el ilícito contemplado en el numeral 3) del artículo 349 del Código Penal; todo lo cual se demostró con la prueba producida, pues los testigos Carlos Enrique Vásquez Amaya, Selvin Said Ordóñez y Olvin Alberto Meléndez, fueron coincidentes al afirmar que el detenido se dio a la fuga a las diez de la noche aproximadamente y que fue hasta las doce de la noche, cuando el Policía Amaya llegó a relevar al ahora acusado Julio Flores, que éste le hizo saber al respecto; los anteriores extremos fueron confirmados por el acusado al rendir su declaración, pues él mismo manifiesta que a las 10 de la noche fue que el detenido se fugó y que hasta que llegó su compañero (24:00 horas) se pusieron a buscarlo dentro del Hospital; lo cual desde ningún punto de vista es justificable, pues ya habían transcurrido dos horas desde que el detenido se había fugado y obviamente no se iba a encontrar dentro de dicho centro hospitalario; igualmente, no es justificable la conducta omisiva del acusado, al no poner en alerta a sus compañeros de lo sucedido a las diez de la noche, pues de haber avisado de forma inmediata pudo evitarse la fuga del detenido; aunado al hecho, de que el acusado a la fecha en que ocurrieron los hechos tenía dieciocho (18) años de estar desempeñándose en sus funciones como Policía, de manera que con todo ese tiempo de experiencia, no desconoce lo que le corresponde hacer como parte de sus obligaciones como Funcionario, conociendo el procedimiento a seguir en este tipo de casos. Todos estos extremos fueron debidamente acreditados con cada uno de los medios probatorios allegados al proceso, mismos que concuerdan entre sí y se complementan perfectamente; y nos conducen a tener por acreditada sin lugar a dudas la existencia del hecho, así como la participación del acusado Julio César Flores Jiménez como autor del delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios. En relación a las características de este ilícito, la Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Penal, en la sentencia CP-400-2008, de fecha 11 de Abril de 2011, ha establecido lo siguiente: “Esta Sala considera importante destacar que el delito de violación de los deberes de los funcionarios tiene la estructura propia de un tipo de omisión pura, con el que se procura tutelar el adecuado funcionamiento de la administración (entendida ésta en su sentido amplio), para la prestación de un buen servicio. Por ello comprende cualquier acto administrativo que se encuentre dentro de las funciones del agente, siendo un delito de simple actividad que se consuma con la omisión, el retardo o el rehusamiento, sin que se necesite la producción de resultado dañoso alguno. Como antes, lo explicamos el artículo 349 No. 3) del artículo mencionado, castiga, a quien omite, rehúse o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, derivándose de la redacción de tal modalidad delictiva, que las misma se incluyen dentro de lo que doctrinariamente se conoce como “abuso omisivo”. El penalista argentino, C. CREUS, refiriéndose a esta figura en el Código Penal de su país, explica que: “… la tercera forma pune de una conducta omisiva: no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento incumba al funcionario. Tratase pues, de un tipo omisivo y por eso, no comete este abuso de autoridad (que un tanto impropiamente puede denominarse incumplimiento de los deberes de funcionario público) el funcionario que lleva a cabo actos contrarios a las disposiciones de la ley. Aquí el abuso consiste en la decisión de no ejecutar la ley, es decir, de no aplicarla, prescindir de ella, no actuarla en la realidad, como si no existiera (p.ej., no dictar la prisión preventiva cuando corresponde, no observar el acto administrativo viciado cuando el funcionario ejerce funciones de contralor); pero cuando lo que importa la inejecución de la ley es una actividad (p.ej., dictar una resolución cuando no corresponde hacerlo), ya no estaremos ante una omisión, sino ante uno de los abusos previstos en las formas anteriores…” (Vid. CREUS, C., Delitos contra la Administración Pública, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981, pág. 192)”. (Lo resaltado es nuestro). En este orden de ideas y atendiendo los resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público es del criterio, que la errónea valoración del Tribunal se evidencia, al considerar los hechos objeto de juzgamiento como uno solo y no como dos conductas diferentes, (una culposa y otra dolosa) lo que lo conduce a conclusiones apartadas de la prueba legalmente incorporada al juicio, pues si la hubiese estimado conforme a su contenido, habría dictado una sentencia condenatoria en contra del imputado, por la perpetración del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en sus características tanto de veracidad como de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. *Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: Proceder conforme a derecho. El Ministerio Público considera que se infringió la regla lógica de derivación en la valoración probatoria cuando el sentenciador concluyó que no se pudo acreditar que el acusado Julio César Flores Jiménez, haya actuado con dolo al dejar de informar a su superior jerárquico de forma inmediata el evento de la fuga del detenido, pues consideró que dicha conducta fue culposa y que en tal sentido no puede condenársele como autor del delito de violación de los deberes de los funcionarios. Continúa su línea recursiva argumentando que el acusado desplegó dos conductas delictivas: a) Descuidar al detenido y provocar o facilitar con ello su fuga; y, b) No poner en conocimiento de manera inmediata a quien corresponde, de la fuga del detenido, sino que esperó hasta el cambio de turno a las 24 horas para informarle a su compañero lo acontecido. Considera la primera conducta como constitutiva del delito de evasión culposa y la segunda conducta como constitutiva del delito de violación de los deberes de los funcionarios. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”.- Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado.

De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. El concreto apartado intelectivo objeto de reproche en el recurso, es el que se hizo sobre las declaraciones testificales de Carlos Enrique Vásquez Amaya, Selvin Said Ordóñez Canales y Olvin Alberto Meléndez Castillo. De estos testimonios el juzgador extrajo lo siguiente (f. 131): “Con las anteriores declaraciones testificales se logró acreditar que JULIO CÉSAR FLORES JIMÉNEZ, estaba a cargo de la custodia de Sergio Johan Enamorado, quien se encontraba detenido por suponerlo responsable de las infracciones penales de portación ilegal de armas y atentado; se pudo constatar con la declaración de Vásquez Amaya, que Julio César recibió el turno de su parte a las seis de la tarde; que al momento de regresar Vásquez Amaya, a recibirle turno al acusado a las doce de la noche, el detenido se le había fugado, hacía una o dos horas antes y que Julio César, no notificó de inmediato la fuga del detenido, por el contrario, espero hasta que su compañero llegó a relevarlo, dándole así, al detenido más oportunidad para lograr su fuga. Se logró establecer que JULIO CÉSAR FLORES JIMÉNEZ, actuó con negligencia, faltando a su deber de cuidado, ya que de las declaraciones se logró determinar que el detenido se fugó, porque Julio César Flores, decide ir al baño y de esta manera Sergio Johan Enamorado quedó sin la debida custodia, ya que el deber del acusado era custodiar las seis horas que duraba su turno al detenido, sin moverse del lugar, para evitar su fuga; considerando este Tribunal que lo que existió por parte de Julio Jiménez fue culpa y no dolo, razón por la cual no puede estimarse el delito de violación de los deberes de los funcionarios, el cual debe ser doloso.” (Lo resaltado es nuestro). Según el Ministerio Público, el acusado Julio César Flores Jiménez realizó dos conductas en las que concurren para cada una de ellas un delito, la primera, por la cual le imputa el delito de evasión culposa, es cuando decide dejar solo al detenido Sergio Johan Enamorado en el cuarto piso del hospital Mario Catarino Rivas; la segunda conducta y por el cual le imputa el delito de violación de los deberes de los funcionarios, es porque no informó de manera inmediata a sus superiores la fuga, sino que notificó hasta que llegó su remplazo, el agente de Policía Carlos Enrique Vásquez Amaya, una o dos horas después de la fuga. El sentenciador congloba ambas circunstancias para imputarle al acusado Julio César Flores Jiménez el delito de evasión culposa y excluye de esta forma la imputación por el delito de violación de los deberes de los funcionarios contenido en el artículo 349.3 del Código Penal. Esta Sala de lo Penal afirma que dicha conclusión intelectiva en manera alguna infringe la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, pues ambas circunstancias concurren para la realización del delito de evasión culposa como lo ha afirmado el Tribunal de Sentencia. El solo hecho de que el acusado se haya apartado del custodiado para ir a hacer sus necesidades fisiológicas, no basta para imputar un delito de evasión culposa, pues la ausencia de actividad probatoria para acreditar circunstancias relevantes y determinar si hubo o no un comportamiento negligente, no permite que pueda ser de otra forma. Se determinó en el proceso que los agentes de policía Flores Jiménez y Vásquez Amaya, intercalaban turnos de seis horas para custodiarlo en el cuarto piso del hospital Mario Catarino Rivas, de la ciudad de San Pedro Sula, más nada se sabe del padecimiento del menor Johan Enamorado Hernández, para determinar si era previsible o no que aprovechara el momento en que su custodio no estaba para darse a la fuga; tampoco se sabe la ubicación del custodiado, en qué sala se encontraba, si estaba solo o acompañado de otros pacientes; si estaba o no próximo a la puerta de salida, si era o no un lugar transitado por otras personas, y en fin, cualquier otra circunstancia que permitiese determinar ex ante la negligencia en el comportamiento del señor Flores Jiménez. Ahora bien, es condicionante para formular el reproche penal por el delito de evasión culposa, no demostrar la debida diligencia para hacer saber de inmediato a sus superiores acerca de la fuga del menor Johan Enamorado Hernández, para efecto de evitar su evasión y lograr su captura; pues esta circunstancia si conforma un acto negligente que favoreció la huida del detenido. Por esta razón, la Sala de lo Penal concluye que el resultado de la valoración intelectiva de las declaraciones testificales de los señores Carlos Enrique Vásquez Amaya, Selvin Said Ordóñez Canales y Olvin Alberto Meléndez Castillo, es respetuosa de la regla lógica de derivación, no falsea el contenido de los testimonios ni alcanza conclusiones más allá de lo aportado por ellos, la conclusión intelectiva encuentra la razón de su suficiencia a partir de estos elementos probatorios. DECISIÓN No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en único motivo, interpuesto por la Abogada Nereyda Maradiaga Martínez, fiscal del Ministerio Público; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha ocho de mayo del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-488-2015.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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