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Sentencia CP-487-15 — Registro 13849

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Violación Especial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Cuando de vulneración al estado de inocencia se trata, la función de esta Sala de lo Penal consiste en revisar la adecuada formación de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, sus aspectos intrínsecos como ser la licitud de la obtención de la prueba, el debido proceso probatorio, la debida motivación, el debido razonamiento probatorio y la suficiencia probatoria de signo acusatorio. La función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa. El objeto de la impugnación consiste en reprochar la insuficiencia probatoria de signo acusatorio, pues considera la censora que la sola declaración de la menor víctima no basta para tener por acreditado la comisión del delito por el cual su representado es condenado, también denuncia que este testimonio no coincide con el dado por el testigo Ariel Eduardo Flores Padilla; resulta entonces necesario verificar que, efectivamente, el a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado para dictar un fallo de condena y que la prueba fue valorada de conformidad a las reglas de la sana crítica. En ese sentido, este Tribunal de Casación ha podido verificar que existe suficiente prueba de cargo para acreditar la participación del acusado Oscar René Flores Palma, en el delito de violación especial por el cual ha venido siendo acusado. El razonamiento de la convicción de culpabilidad obedece a criterios lógicos y razonables (art. 202 del Código Procesal Penal), pues el testimonio de la menor L. G. F. P., fue valorado de conformidad a las reglas de la sana crítica y con las exigencias que requiere un testimonio de esta naturaleza. Se cuestiona en el recurso la no coincidencia entre el testimonio de la menor víctima y el de su hermano el testigo Ariel Eduardo Flores Padilla, en donde este manifestó que todo ocurrió en el año dos mil diez, cuando su mamá se fue a trabajar a Marale y quedaron bajo el cuidado de su abuelo. Observó cuando él besaba a L. en su boca y la sujetaba de sus brazos. Entretanto, la menor manifestó que estaba al cuidado de su tío paterno y de la familia paterna, su abuelo Oscar René Flores Palma la iba a traer al colegio, un día daba vueltas cuando él le dijo “hagamos un juego”, el cual consistía en que ella se pararía con sus manos y su abuelo la sostendría de las piernas para evitar perdiese el equilibrio, pero notó que él le empezó a tocar el estómago y la ropa, al principio creyó que su abuelo le hacía cosquillas para que perdiese el juego, sin embargo, a continuación le besó la boca… cuando llegaba del colegio como a las dos, él le tocaba la vulva y las partes íntimas, en varias ocasiones le introdujo el pene en la boca, lo cual sucedió encontrándose su hermano en casa, ocurrió en múltiples ocasiones… La sentencia SP 36-2014 de fecha 25 de septiembre de 2017 nos recuerda: “…Insiste esta Sala de lo Penal que una sentencia condenatoria basada en un único medio de prueba, cualquiera que sea éste, debe de implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solides probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba. Tal rigurosidad debe de ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio probatorio, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de los hechos, por ello la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única en donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible.” Aún y cuando el testigo Ariel Eduardo Flores Padilla no haya manifestado presenciar el acto de violación, es conocido que en esta tipología delictiva, por su naturaleza y circunstancias, por lo general no existen testigos presenciales del hecho, por ello el testimonio de la víctima debe ser seguido de una valoración probatoria rigurosa tal y como lo ha realizado el Tribunal de Sentencia. El testimonio de la menor, el cual sirve como punto de arranque fue avalado y corroborado por la prueba científica psiquiátrica y psicológica, las cuales develaron la existencia de un daño psiquiátrico consistente en un estrés postraumático derivado de los hechos enjuiciados. Los testigos Ariel Eduardo Flores Padilla y Doris Lizeth Padilla Baquedano, acreditaron lo que la víctima L. G. F. P. les contó meses atrás de las acciones de connotación sexual que en su contra realizaba su abuelo paterno. Esta Sala de lo Penal ha sostenido que los niños pequeños no poseen las habilidades madurativas, cognitivas ni evolutivas que se requieren para inventar, fantasear, fabular, fabricar y sostener mentiras complejas de modo creíble. Menos todavía podrían hacerlo ante profesionales de la salud mental entrenados para evaluarlos. Se concluye, en definitiva, que no existe tal infracción al estado material de inocencia, y, consecuentemente, al debido proceso legal, pues la sentencia se ha basado en prueba válida y suficiente para acreditar el juicio de culpabilidad del acusado en el delito de violación especial por el cual fue condenado. El testimonio de la menor ha resultado creíble y suficiente para el Tribunal de Sentencia después de haberlo valorado en conjunto con todo el andamiaje probatorio y de conformidad a la lógica y la experiencia. Resultó consistente, verosímil y corroborado. Por lo razonado, el motivo no es de recibo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del recurso de casación SP 487-2015 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha seis (6) de marzo de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Condena al acusado Oscar René Flores Palma, como autor responsable penalmente del delito de violación especial, en perjuicio de L. G. F. P., a la pena de quince (15) años de reclusión, junto con las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, durante la duración de la pena principal. Segundo: Condena al acusado Oscar René Flores Palma, como autor responsable del delito de actos de lujuria agravados en perjuicio de L. G. F. P., a la pena de siete (7) años con seis (6) meses de reclusión. Tercero: Se declara civilmente responsable al señor Oscar René Flores Palma, para la indemnización de perjuicios y reparación de daños morales y psicológicos ocasionados a la niña L. G. F. P., provocado por los delitos por los cuales es condenado. Cuarto: No procede condena en costas. Interpuso el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada Lesly Sofía Medina, actuando en su condición de defensora pública. Son partes en única instancia: Los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reniery Amador Espinal, defensores públicos, como recurrentes; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Los Integrantes de este Tribunal de Sentencia, como resultado de la valoración de las pruebas evacuadas durante el debate, conforme a las reglas de la sana crítica y en congruencia con hechos y circunstancias descritas en la formalización de acusación, contestación de cargos y auto de apertura a juicio, dan por acreditados los siguientes hechos: UNICO: Entre los meses de febrero y junio del dos mil diez, en horas de la tarde en la colonia Bernardo Dassi de esta ciudad capital, durante su estadía en la casa de habitación de los niños L. G. F. P. Y ARIEL EDUARDO FLORES PADILLA, en cumplimiento de su compromiso de recoger a ambos niños de su centro educativo y cuidarlos en su casa de habitación, el señor OSCAR RENE FLORES PALMA, abuelo paterno de ambos niños, procedió en varias ocasiones a tocar con sus manos las partes íntimas de la niña L. G. F. P. (de diez años de edad en ese momento), como ser la vulva, procediendo también a besarla en su boca, y posteriormente en varias ocasiones el señor OSCAR RENE FLORES PALMA procedió a introducir con fines de satisfacción sexual su órgano viril masculino en la boca de la niña L. G. F. P..” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, Abogada Lesly Sofía Medina, defensora pública, procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de precepto constitucional de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículo 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Artículo 2. “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente y de conformidad con las normas de este código………” SEGUNDO: En el acápite valoración de la prueba numeral SEXTO (6) de la sentencia recurrida, el sentenciador establece, que en la declaraciones de L. G. F. P., manifestó que su abuelo le introdujo el pene en su boca, en momentos que su hermano se encontraba en la casa, cuando éste ingresaba al baño por el término de tres minutos, baño que está en la sala, lugar en el que supuestamente el acusado realizaba tal acción, y que le había contado a su hermano sobre lo que sucedía, sin embargo la versión del testigo ARIEL EDUARDO FLORES PADILLA, refiere a que L. le manifestó que su abuelo cuando estaban en la sala de la casa, él le besaba la boca y fue lo que Ariel vio, también le hizo mención de un video en el teléfono y lo que éste pudo apreciar en el mismo, que era que ella hacía su juego que consistía en dar vueltas y pararse con sus brazos como gimnasia, en la que la agarraba su abuelo, y que se constituye plena prueba y le da certeza al Juzgador de que el imputado OSCAR RENE FLORES PALMA, cometió el delito de violación especial, ya que el bien jurídico penalmente protegido se lesionó, y que resulta evidente que mediante las acciones realizadas por el imputado se lesionó la libertad e indemnidad sexual de la joven L. G. F. P.. TERCERO: Entendemos que dicho razonamiento en la mayoría del Tribunal da la convicción a tal razonamiento obedeciendo a criterios lógicos y razonables que permiten su consideración a la prueba de cargo y que esta defensa no comparte, ya que tales delitos que atenta contra la Libertad sexual por su propia naturaleza suelen ser cometidos en el ámbito de la clandestinidad, de ahí que el análisis del testimonio de la víctima cuando éste ha sido evacuado en el proceso debe ser analizado escrupulosamente, por lo que avalamos el acertado razonamiento efectuado por el Juez Disidente SARA ISABEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA, que con una apreciación muy objetiva no comparte la decisión adoptada por los demás miembros de la Sala del Tribunal de Sentencia, en función de que éste considera como efectivamente así lo estima la defensa al concluir que su defendido es inocente en relación al Delito de Violación Especial. CUARTO: Sigue manifestando la Juez disidente que aprecia que los hechos referidos por la joven L. G. F. P., se encuadran en el tipo penal de los actos de lujuria, debido a las circunstancias mencionadas, considera que existen muchas debilidades en su declaración, en cuanto al hecho de que el acusado le haya introducido el pene en su boca, en razón de que ella siempre estaba en compañía de su hermano de catorce años, por lo que esta circunstancia de que la hubiese forzado para introducirle el pene en su boca, sin que se enterara su pariente resulta extraño por el acto violento que resulta tal acción, por lo que al no existir otro medio de prueba objetivamente confiable para sustentar esta aseveración, esta juzgadora considera que falta mayor prueba sobre el hecho calificado como Violación Especial, por lo cual no es posible dictar un fallo condenatorio. En tal sentido, la reconocida jurista española María Félix Tena Aragón en su obra manual de derechos constitucional, página 34, inciso 7 establece: “este derecho en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas”. QUINTO: En el caso subjudice, el razonamiento de la mayoría del Tribunal resulta ilógico e insuficiente, ya que con la prueba presentada en juicio se condena a mi representado en una clara violación a la presunción de inocencia y al debido proceso, por una mínima actividad probatorio, que puede entenderse de cargo y de la que se deduzca, la culpabilidad del procesado. Por otro lado como una carga de quien acusa, la presunción de inocencia es correlativamente un derecho fundamental, en virtud del cual incumbe a quien acusa aportar las pruebas desvirtuadoras de aquella presunción iuris tantum, No puede imputarse, en principio a un ciudadano la carga de probar su inocencia pues, en efecto ésta es la que inicialmente se presume como cierta hasta que se muestre lo contrario. Pues sigue manifestando la Juez disidente que no se ha presentado una versión fuerte y veraz en contra del acusado, con respecto al supuesto hecho de violación especial, habida cuenta que lo único que se ha demostrado es la existencia de tocamientos a la menor y que si fueron probados, en tal sentido no es posible la emisión de un fallo condenatorio con respecto al delito de Violación Especial, por existir una duda razonable si efectivamente sucedieron los hechos de la forma como la mayoría de esta la sala los ha dado como probados. Y que la prueba de cargo ha resultado insuficiente para acreditar, en primer lugar, que el hecho típico ha existido, en consecuencia considera que la presunción de inocencia que ampara el acusado no ha logrado ser enervada. Lo procedente en este caso es que la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo y se absuelva de toda responsabilidad al señor OSCAR RENE FLORES PALMA del delito de Violación Especial, por considerar esta Defensa que en este proceso que ahora nos ocupa la parte acusadora no ha incorporado prueba de cargo suficiente, para enervar la presunción de inocencia de mi representado.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (llorente fernández de la reguera, ángel, en los recursos, cuadernos de estudios judiciales, rafael alvarado manzano, liticom, tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Único Motivo. *Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. *Normas constitucionales que se denuncian infringidas: 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Violación al estado de inocencia y al debido proceso; *Pretensión: declarar la absolución del acusado por el delito de violación. El recurso es interpuesto por la defensa pública del señor Oscar René Flores Palma, considera que no existe suficiencia de prueba de signo acusatorio para acreditar el delito de violación en contra de su representado, pues existen debilidades en el relato de la menor para acreditar que el acusado le haya introducido el pene en su boca, en razón de que ella siempre estaba acompañada de su hermano mayor de catorce años, y que al existir una sola declaración inculpatoria, ésta debe tener un riguroso examen valorativo por parte de los juzgadores. Asimismo, considera que la declaración de la menor L. G. F. P., no es corroborada con la de su hermano Ariel Eduardo Flores Padilla, pues aquella manifestó que su abuelo le introdujo el pene en su boca, en el momento en que su hermano se encontraba en casa e ingresaba al baño por el término de tres minutos, entretanto el segundo, declaró que su hermana le contó que su abuelo le besaba la boca y fue lo que él vio. De estos testimonios el juzgador extrae la certeza de que el acusado cometió el delito de violación especial. En definitiva, concluye, que el fallo condenatorio conculca el estado material de inocencia y el debido proceso legal que asiste al señor Oscar René Flores Palma y pide su absolutoria. Del estado material de inocencia. El principio al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Artículo 66.3 del Estatuto de Roma). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El principio de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Del debido proceso legal La garantía genérica del debido proceso, invocada por el censor como aquélla que ha inobservada por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada en los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República; el debido proceso legal refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García vs. Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. La garantía del debido proceso legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento; entre estas encontramos: 1. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; 2. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; 3. Derecho a un juez predeterminado por la ley; 4. Derecho a la imparcialidad e independencia del juez; 5. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; 6. Derecho a la igualdad de armas procesales; 7. Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; 8. Respeto al principio de presunción de inocencia; 9. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; 10. Derecho a ser oído en un plazo razonable; 11. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; 12. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; 13. Derecho a una justicia gratuita; y en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67. El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero de cómo debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Cuando de vulneración al estado de inocencia se trata, la función de esta Sala de lo Penal consiste en revisar la adecuada formación de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, sus aspectos intrínsecos como ser la licitud de la obtención de la prueba, el debido proceso probatorio, la debida motivación, el debido razonamiento probatorio y la suficiencia probatoria de signo acusatorio. La función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa. El objeto de la impugnación consiste en reprochar la insuficiencia probatoria de signo acusatorio, pues considera la censora que la sola declaración de la menor víctima no basta para tener por acreditado la comisión del delito por el cual su representado es condenado, también denuncia que este testimonio no coincide con el dado por el testigo Ariel Eduardo Flores Padilla; resulta entonces necesario verificar que, efectivamente, el a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado para dictar un fallo de condena y que la prueba fue valorada de conformidad a las reglas de la sana crítica. En ese sentido, este Tribunal de Casación ha podido verificar que existe suficiente prueba de cargo para acreditar la participación del acusado Oscar René Flores Palma, en el delito de violación especial por el cual ha venido siendo acusado. El razonamiento de la convicción de culpabilidad obedece a criterios lógicos y razonables (art. 202 del Código Procesal Penal), pues el testimonio de la menor L. G. F. P., fue valorado de conformidad a las reglas de la sana crítica y con las exigencias que requiere un testimonio de esta naturaleza. Se cuestiona en el recurso la no coincidencia entre el testimonio de la menor víctima y el de su hermano el testigo Ariel Eduardo Flores Padilla, en donde este manifestó que todo ocurrió en el año dos mil diez, cuando su mamá se fue a trabajar a Marale y quedaron bajo el cuidado de su abuelo. Observó cuando él besaba a L. en su boca y la sujetaba de sus brazos. Entretanto, la menor manifestó que estaba al cuidado de su tío paterno y de la familia paterna, su abuelo Oscar René Flores Palma la iba a traer al colegio, un día daba vueltas cuando él le dijo “hagamos un juego”, el cual consistía en que ella se pararía con sus manos y su abuelo la sostendría de las piernas para evitar perdiese el equilibrio, pero notó que él le empezó a tocar el estómago y la ropa, al principio creyó que su abuelo le hacía cosquillas para que perdiese el juego, sin embargo, a continuación le besó la boca… cuando llegaba del colegio como a las dos, él le tocaba la vulva y las partes íntimas, en varias ocasiones le introdujo el pene en la boca, lo cual sucedió encontrándose su hermano en casa, ocurrió en múltiples ocasiones… La sentencia SP 36-2014 de fecha 25 de septiembre de 2017 nos recuerda: “…Insiste esta Sala de lo Penal que una sentencia condenatoria basada en un único medio de prueba, cualquiera que sea éste, debe de implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solides probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba. Tal rigurosidad debe de ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio probatorio, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de los hechos, por ello la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única en donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible.” Aún y cuando el testigo Ariel Eduardo Flores Padilla no haya manifestado presenciar el acto de violación, es conocido que en esta tipología delictiva, por su naturaleza y circunstancias, por lo general no existen testigos presenciales del hecho, por ello el testimonio de la víctima debe ser seguido de una valoración probatoria rigurosa tal y como lo ha realizado el Tribunal de Sentencia. El testimonio de la menor, el cual sirve como punto de arranque fue avalado y corroborado por la prueba científica psiquiátrica y psicológica, las cuales develaron la existencia de un daño psiquiátrico consistente en un estrés postraumático derivado de los hechos enjuiciados. Los testigos Ariel Eduardo Flores Padilla y Doris Lizeth Padilla Baquedano, acreditaron lo que la víctima L. G. F. P. les contó meses atrás de las acciones de connotación sexual que en su contra realizaba su abuelo paterno. Esta Sala de lo Penal ha sostenido que los niños pequeños no poseen las habilidades madurativas, cognitivas ni evolutivas que se requieren para inventar, fantasear, fabular, fabricar y sostener mentiras complejas de modo creíble. Menos todavía podrían hacerlo ante profesionales de la salud mental entrenados para evaluarlos. Se concluye, en definitiva, que no existe tal infracción al estado material de inocencia, y, consecuentemente, al debido proceso legal, pues la sentencia se ha basado en prueba válida y suficiente para acreditar el juicio de culpabilidad del acusado en el delito de violación especial por el cual fue condenado. El testimonio de la menor ha resultado creíble y suficiente para el Tribunal de Sentencia después de haberlo valorado en conjunto con todo el andamiaje probatorio y de conformidad a la lógica y la experiencia. Resultó consistente, verosímil y corroborado. Por lo razonado, el motivo no es de recibo. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. I. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 361 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Lesly Sofía Medina, en su condición de defensora pública del acusado Oscar René Flores Palma; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha seis (6) de marzo del año dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-487-2015.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.