Sentencia CP-484-15 — Registro 13847
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Militar en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal, establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal señalar -en lo resuelto- los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la sicología y la lógica. Según se razona en el desarrollo del motivo, se considera infringida la regla lógica de la sana crítica en su postulado de derivación en su apartado de razón suficiente, en virtud de que las conclusiones alcanzadas por el juzgador en la valoración probatoria resultan ajenas a lo vertido por las propias pruebas aportadas a juicio. Teniendo la parte actora la obligación de acreditar su aseveración en relación al acusado Melvin Alexis Rivera, fueron presentados varios medios de prueba, valorados todos por el Tribunal de Sentencia consistente en: 1. Declaraciones testificales de los Agentes de Policía Ángel Humberto Montalván y Alexis Armando Barahona; 2. Acta de incautación de fecha 27 de marzo de 2009 que describe el decomiso de una arma casera, color negra la cual estaba envuelta en cinta adhesiva color negro conteniendo un proyectil calibre 38; 3. Acta de Registro Personal de fecha 27 de marzo de 2009. De los anteriores medios de prueba, los sentenciadores extrajeron como conclusiones en apego a las reglas de la sana crítica que el 27 de marzo del año 2009, en las inmediaciones del campo La Libertad, en la ciudad de Choluteca, detuvieron al señor Melvin Alexis Rivera en posesión de un arma de fuego de fabricación casera o artesanal, conocida como “chimba” conteniendo un proyectil en recamara, calibre 38 SP. Sin embargo, las conclusiones arrojadas en cuanto al dictamen pericial balístico (F.28), son las que impugna el Ministerio Público, por no atender las reglas de la sana crítica, no en cuanto al buen estado de funcionamiento mecánico como operativo del arma de fuego de fabricación artesanal o casera, sino, lo declarado por el Perito Balístico Jimmy Bendeck al momento de ratificar el dictamen quien refirió que: “el arma incautada no es de tipo comercial ni de guerra”; por lo que con base en ello, los juzgadores concluyen que la conducta del acusado Melvin Alexis Rivera se enmarca en una infracción de carácter administrativo y no constitutiva de delito alguno. Esta Sala de lo Penal considera que el juzgador erróneamente alcanza como conclusión que la conducta del acusado Melvin Alexis Rivera se enmarca en una infracción de carácter administrativo, ya que, si bien la chimba decomisada es un arma de fuego, no reúne las especificaciones de las armas de guerra o combate como lo acusa erróneamente el ente acusador, al ser un arma diferente a las comprendidas en el numeral uno del artículo ocho (8) de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares y que resultan ser las armas cuya portación por particulares está comprendida dentro del tipo penal del artículo 332-A, del Código Penal vigente, que se refiere a armas de guerra o de combate. Por la naturaleza de elaboración artesanal de las armas caseras, no permite considerar que estén comprendidas o se pueden equiparar a la prohibición contenida en el artículo 332-A, referido a las armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, ya que este último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología propia para la manufacturación de piezas y ensamblaje industrial de las mismas o bien con herramientas utilizadas manualmente, lo cual en nuestra realidad no es propio de las armas caseras (chimbas) en cuanto a su fabricación y al potencial destructivo de éstas, pues, usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en relación a los de guerra, como es el caso de la capacidad de disparos e impacto de la arma denominada AK-47 en cualquiera de sus modelos. La intención del legislador en el referido artículo 332-A, es clara prohibiendo con mayor sanción, en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad[1], la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-4, en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra en relación a la categoría de las armas comprendidas en el artículo 332-B. En cuanto a la posible adecuación de la conducta de portación de un arma casera en la prohibición establecida en el artículo 332-B que sanciona la Fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales, al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece la exigencia de: “quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…” Al respecto, un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de -uso personal- con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal, un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus possidendi, aunque resulta suficiente el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini o rem sibi habendi; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, consienta en definitiva -a voluntad de quien la porta- su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente, pero no se puede alcanzar con un arma casera la capacidad potencial de un arma de guerra, ni ejecutar propiamente actos o la finalidad propia de un arma de guerra, siendo consecuente la prohibición del artículo 332-B, con lo establecido en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, que en su artículo 8 numeral 2) determina como armas y municiones prohibidas: Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora. Al referirse el artículo 332-B, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. En consecuencia, no se encuentra sustento para sostener que la conducta de portación de armas caseras es impune por no encontrarse comprendida en tipo legal alguno y la correspondencia de una sanción únicamente administrativa. Esta sala considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego, dispuesto en el artículo 8 numeral 2, de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, y a su vez dicha definición debe ajustarse y tener concordancia, con lo dispuesto en alguno de los artículos 332- A, y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta sala estima que el principio de favor rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido la de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionados penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. En consecuencia, esta Sala declara con lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma invocado por el recurrente. Ante lo anterior, los juzgadores erraron al señalar que la conducta del acusado Melvin Alexis Rivera se enmarca en una infracción de carácter administrativo...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de enero del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, Departamento de Choluteca, mediante la cual falló: Primero: Absolver de toda responsabilidad penal al acusado Melvin Alexis Rivera como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Militar en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Decretó el comiso del arma de fuego, tipo chimba, así como del proyectil calibre 38, debiendo remitirse oportunamente al Juzgado de Ejecución. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Dina Lorena Hernández, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Son Partes En Única Instancia: La Abogada Yessenia María Márquez Lobo, Agente Fiscal del Ministerio Público en su condición de Recurrente y la Abogada Ana Mercedes Madrid Méndez, Defensora Pública, en su condición de Recurrida.HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“PRIMERO: El 27 de marzo, año 2009 los policías Ángel Humberto Montalbán y Alexis Armando Barahona se conducían en un vehículo particular tipo turismo haciendo un patrullaje de rutina en el barrio La Libertad, en la ciudad de Choluteca, y al llegar al campo de pelota conocido como “Campo La Libertad” divisaron a dos individuos sospechosos que se conducían en bicicleta, quienes al percatarse de la presencia policial emprendieron veloz carrera, siendo perseguidos por la autoridad. SEGUNDO: Durante el trayecto de persecución uno de los individuos saltó de la bicicleta logrando escapar; no obstante, la policía continuó la persecución del sospechoso que se desplazaba en bicicleta, observando que mientras conducía lanzó un objeto a la orilla de la calle. TERCERO: Una vez que fue alcanzado el sospechoso se le identificó con el nombre de Melvin Alexis Rivera; y habiéndose recuperado el objeto que lanzó a la orilla de calle resultó ser un arma de fuego de fabricación artesanal, forrada con envoltura de cinta adhesiva color negra, conocida como “Chimba”, conteniendo un proyectil en recamara calibre 38 SP. CUARTO: El Dictamen pericial practicado al arma de fuego incautada reveló que se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, siendo capáz de disparar proyectiles de diversos calibres como ser 38 y 3.57 milímetros, no obstante, dicha arma no puede ser considerada como arma de uso militar ni arma de tipo comercial.” RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. - ÚNICO MOTIVO: “Al haber dictado el Juzgador sentencia absolutoria a favor de MELVIN ALEXIS RIVERA, lo hizo valorando la prueba Inobservando las Reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al examinar la sentencia ya referida, observamos que adolece de vicio in procedendo citado, pues infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” en virtud que el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha dieciséis (16) de Enero del Dos Mil Quince (2015), respecto al imputado MELVIN ALEXIS RIVERA, lo hizo vulnerando la Regla Lógica en su Principio de Derivación, en su apartado de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollamos: Para el Sentenciador, con la prueba producida en juicio se ha logrado determinar, que el arma de fuego fue incautada al señor Melvin Alexis Rivera; que se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo; siendo capáz de disparar proyectiles de diversos calibres como ser 38 y 3.57 milímetros, sin embargo el dictamen pericial practicado a la misma refiere, que dicha arma no puede ser considerada como arma de uso militar, ni arma de tipo comercial, precisamente por no reunir las características distintivas y propias de estos dos tipos de armas. De lo anterior cabe citar entonces, que la razón por la cual el Tribunal de Sentencia, absuelve al encartado MELVIN ALEXIS RIVERA, es porque considera que el arma decomisada a éste, no reúne características propias de arma comercial o de guerra y considera su conducta de poseer un arma prohibida, como administrativa. Ante esta premisa, no podemos obviar que el Juzgador posea cierto grado de incipiente valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en que según el perito balístico, “el arma incautada no es de tipo comercial ni de guerra”; desconociendo, que al Juzgador nuestra Normativa Adjetiva penal, le manda valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito no sucede, pues no considera todo el contenido de la pericia supra indicada, sino sólo una parte de éste, con la cual sustenta su conclusión de absolución a favor del acusado. Se evacuó en el debate, la declaración de los agentes policiales Ángel Humberto Montalván y Alexis Armando Barahona, quienes, fueron contestes al manifestar que en fecha veintiséis de marzo del año dos mil nueve, realizaban un patrullaje de rutina en un carro civil, propiedad del policía Alexis Barahona y cuando iban por la esquina del campo La Libertad en la ciudad de Choluteca, observaron dos personas sospechosas que se conducían en una bicicleta y uno de ellos salió corriendo, esa persona que se dio a la fuga investigaron que le dicen “El Mate”; pero persiguieron al que iba conduciendo la bicicleta, el cual tiró un objeto al lado izquierdo y procedieron a detenerlo, luego vieron lo que había tirado y encontraron un arma tipo chimba calibre 38, estaba sellada con papel color negro, por lo que llamaron a la patrulla para que los fuera a recoger y se hizo la remisión del sospechoso con el arma a la Dirección Nacional de Investigación Criminal, señalando el acusado en su descargo que él venía del hospital de visitar una amiga interna y que a su regreso se encontró un muchacho que se llama Tomás y le pidió jalón y fue él quien se lanzó de la bicicleta y arrojó el arma. De igual manera, se allegó al juicio el acta de incautación al imputado, del arma de fuego casera y un proyectil calibre 38 que contenía; de manera que la posesión del arma por parte del acusado, no es objeto de discusión. Lo que si constituye un acto controvertido, es que el Tribunal ha sustentado su fallo, en el dictamen balístico forense realizado al arma decomisada al enjuiciado, a través del Perito Jimy Bendeck, quien ratificó su pericia en juicio, indicando que el arma objeto del proceso es artesanal o casera y se encuentra en buen estado de funcionamiento y no obstante a que el Perito expresara que dicha arma no reúne características de un arma comercial ni de guerra, ante las preguntas realizadas por el Tribunal; también expresó el mismo, que no hay nadie que establezca por qué un arma es de guerra, por qué es comercial o de uso civil. El ente jurisdiccional erróneamente considera sólo una parte del contenido de la pericia balística, que es la atinente a lo afirmado por el experto, en cuanto a que el arma decomisada al imputado no es de tipo comercial, ni de guerra, sin considerar su opinión en todo su contexto, pues aún cuando señaló esta circunstancia, la misma parece más bien una simple apreciación, ya que al ser preguntado por el Tribunal aclaró: “que no hay nadie que les establezca porque un arma es de guerra y porque es de uso comercial”, entonces, el Juzgador pretende fundamentar la sentencia Absolutoria en esta opinión, olvidando que la calificación jurídica corresponde al Tribunal y no a un perito, quien sólo se encuentra facultado para describir las características y estado de un arma de fuego. Un arma de fabricación casera (chimba) no se considera como de uso personal defensivo, ni deportiva, ni comercial, en virtud que este tipo de arma se excluye de la nómina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas, por ende no puede establecer el juzgador que su posesión en el caso subjudice, merece una sanción administrativa y no penal. Otro aspecto de vital importancia, es que la acción por la cual el encausado fue llevado a juicio se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto en sí denominado comúnmente como “chimba”, independientemente del tipo de munición que sea utilizada para su percusión, misma que jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, consecuentemente tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia, circunstancia que imposibilita que la conducta del acusado se vuelva atípica. Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) no es una conducta constitutiva del ilícito penal de Portación Ilegal de Armas de Guerra, por lo que se ve obligado a acudir a sus meras apreciaciones, como las expuestas en el apartado de valoración probatoria, donde afirma: “En lo referente al arma incautada, las reglas de la experiencia humana nos permiten diferenciar —sin mayor acopio de entendimiento- que cuando nos referimos sobre algún tipo de arma corta, de uso militar, éstas tienen características muy particulares, pues deben de ser confeccionadas bajo ciertos estándares que les permita un desempeño apropiado en un campo de batalla, tales como una estructura más sólida, un mecanismo de percusión automático, una cadencia de disparo que permita un volumen de fuego apropiado, y sobre todo un tipo de proyectil con revestimiento metálico en su ojiva, que garantice su capacidad de perforar a profundidad. De igual manera, respecto de las armas cortas, de uso comercial, siguiendo las reglas de la experiencia humana, éstas deben reunir características propias, puesto que son armas de recreación o deportivas, estructura liviana, tales como su manufactura en serie, una marca registrada, ojiva con capacidad expansiva, cadencia de disparo semiautomática o manual”; pues como hemos supraindicado, arriba a esta conclusión equivocada, por no valorar todo el contenido de la pericia balística, donde claramente se indica, que no hay nadie que pueda pronunciarse si un arma es comercial, de guerra o de uso civil y no obstante ese planteamiento, acude a las máximas de la experiencia para determinar una situación o circunstancia que es meramente técnica. Por todo lo anterior, concluimos que el A quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en su característica de veracidad; que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que el señor MELVIN ALEXIS RIVERA, fue la persona que se encontró en posesión de un arma de fabricación casera o artesanal, “tipo chimba”, que tiene la condición de prohibida, al no permitirse su inscripción en el registro de armas respectivo, por ende adquiere la condición de un arma de guerra; considerando además, que no puede merecer una sanción administrativa, al ser una arma peligrosa que causa daño y no puede quedar la conducta de poseerla fuera de la ley penal. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada, pues se dedica a efectuar apreciaciones que se encuentran fuera del marco legal, ya que las declaraciones de los testigos fueron complementarias entre sí en relación a establecer la participación del acusado en los hechos; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Interpuesto por el Ministerio Público. - Único Motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la Infracción Expuesto: Al haber dictado el juzgador Sentencia Absolutoria a favor de Melvin Alexis Rivera, lo hizo valorando la prueba inobservando las Reglas de la Sana Crítica. • Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Imposibilidad en virtud de que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; • Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Increpa el Ministerio Público al Tribunal de Sentencia por su conclusión de que el arma de fuego tipo chimba, no puede considerarse como arma de uso militar, ni arma de tipo comercial, por no reunir las características distintivas y propias de esos tipos de armas, al enfocarse los juzgadores en lo dispuesto por el perito balístico “el arma incautada no es de tipo comercial ni de guerra”, aun y cuando se señaló esa circunstancia, la calificación jurídica corresponde al Tribunal y no al perito; ante ello, los sentenciadores carecen de soporte legal para establecer con certeza que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) no es una conducta constitutiva de ilícito penal de portación ilegal de armas de guerra, vulnerando la regla lógica en su principio de derivación, apartado de suficiencia, aun y cuando no es objeto de discusión que el arma de fuego de fabricación casera le fue decomisada al acusado la cual se encuentra en buen estado de funcionamiento. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensible de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleve a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso El Recurso es de RECIBO. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal, establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal señalar -en lo resuelto- los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la sicología y la lógica. Según se razona en el desarrollo del motivo, se considera infringida la regla lógica de la sana crítica en su postulado de derivación en su apartado de razón suficiente, en virtud de que las conclusiones alcanzadas por el juzgador en la valoración probatoria resultan ajenas a lo vertido por las propias pruebas aportadas a juicio. Teniendo la parte actora la obligación de acreditar su aseveración en relación al acusado Melvin Alexis Rivera, fueron presentados varios medios de prueba, valorados todos por el Tribunal de Sentencia consistente en: 1. Declaraciones testificales de los Agentes de Policía Ángel Humberto Montalván y Alexis Armando Barahona; 2. Acta de incautación de fecha 27 de marzo de 2009 que describe el decomiso de una arma casera, color negra la cual estaba envuelta en cinta adhesiva color negro conteniendo un proyectil calibre 38; 3. Acta de Registro Personal de fecha 27 de marzo de 2009. De los anteriores medios de prueba, los sentenciadores extrajeron como conclusiones en apego a las reglas de la sana crítica que el 27 de marzo del año 2009, en las inmediaciones del campo La Libertad, en la ciudad de Choluteca, detuvieron al señor Melvin Alexis Rivera en posesión de un arma de fuego de fabricación casera o artesanal, conocida como “chimba” conteniendo un proyectil en recamara, calibre 38 SP. Sin embargo, las conclusiones arrojadas en cuanto al dictamen pericial balístico (F.28), son las que impugna el Ministerio Público, por no atender las reglas de la sana crítica, no en cuanto al buen estado de funcionamiento mecánico como operativo del arma de fuego de fabricación artesanal o casera, sino, lo declarado por el Perito Balístico Jimmy Bendeck al momento de ratificar el dictamen quien refirió que: “el arma incautada no es de tipo comercial ni de guerra”; por lo que con base en ello, los juzgadores concluyen que la conducta del acusado Melvin Alexis Rivera se enmarca en una infracción de carácter administrativo y no constitutiva de delito alguno. Esta Sala de lo Penal considera que el juzgador erróneamente alcanza como conclusión que la conducta del acusado Melvin Alexis Rivera se enmarca en una infracción de carácter administrativo, ya que, si bien la chimba decomisada es un arma de fuego, no reúne las especificaciones de las armas de guerra o combate como lo acusa erróneamente el ente acusador, al ser un arma diferente a las comprendidas en el numeral uno del artículo ocho (8) de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares y que resultan ser las armas cuya portación por particulares está comprendida dentro del tipo penal del artículo 332-A, del Código Penal vigente, que se refiere a armas de guerra o de combate. Por la naturaleza de elaboración artesanal de las armas caseras, no permite considerar que estén comprendidas o se pueden equiparar a la prohibición contenida en el artículo 332-A, referido a las armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, ya que este último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología propia para la manufacturación de piezas y ensamblaje industrial de las mismas o bien con herramientas utilizadas manualmente, lo cual en nuestra realidad no es propio de las armas caseras (chimbas) en cuanto a su fabricación y al potencial destructivo de éstas, pues, usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en relación a los de guerra, como es el caso de la capacidad de disparos e impacto de la arma denominada AK-47 en cualquiera de sus modelos. La intención del legislador en el referido artículo 332-A, es clara prohibiendo con mayor sanción, en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad[1], la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-4, en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra en relación a la categoría de las armas comprendidas en el artículo 332-B. En cuanto a la posible adecuación de la conducta de portación de un arma casera en la prohibición establecida en el artículo 332-B que sanciona la Fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales, al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece la exigencia de: “quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…” Al respecto, un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de -uso personal- con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal, un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus possidendi, aunque resulta suficiente el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini o rem sibi habendi; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, consienta en definitiva -a voluntad de quien la porta- su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente, pero no se puede alcanzar con un arma casera la capacidad potencial de un arma de guerra, ni ejecutar propiamente actos o la finalidad propia de un arma de guerra, siendo consecuente la prohibición del artículo 332-B, con lo establecido en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, que en su artículo 8 numeral 2) determina como armas y municiones prohibidas: Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora. Al referirse el artículo 332-B, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. En consecuencia, no se encuentra sustento para sostener que la conducta de portación de armas caseras es impune por no encontrarse comprendida en tipo legal alguno y la correspondencia de una sanción únicamente administrativa. Esta sala considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego, dispuesto en el artículo 8 numeral 2, de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, y a su vez dicha definición debe ajustarse y tener concordancia, con lo dispuesto en alguno de los artículos 332- A, y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta sala estima que el principio de favor rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido la de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionados penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. En consecuencia, esta Sala declara con lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma invocado por el recurrente. Ante lo anterior, los juzgadores erraron al señalar que la conducta del acusado Melvin Alexis Rivera se enmarca en una infracción de carácter administrativo. DECISIÓN Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362.3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Dina Lorena Hernández, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Segundo: Casa la sentencia de fecha dieciséis de enero del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, Departamento de Choluteca, decretando su nulidad y de la audiencia de debate que le origina de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil diez. Y MANDA: Primero: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del Señor Melvin Alexis Rivera, en el cual deberán de participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha dieciséis de enero del año dos mil quince. Segundo: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-484-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] El principio de proporcionalidad establecido en el artículo 2-D del Código Penal, en sentido estricto implica que se debe ponderar la gravedad de la conducta, el objeto de tutela y la consecuencia jurídica, las penas deben ser adecuadas con relación a la gravedad de la conducta que se tipifica, establece una prohibición en exceso, manteniendo un equilibrio entre la sanción penal y los derechos fundamentales. Además, sólo una pena proporcionada puede responder a los ideales de la prevención general y de la prevención especial.