Sentencia CP-477-15 — Registro 13843
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por los delitos de Asociación Ilícita, Portación Ilegal de Armas y Municiones, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia Recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. El recurrente sostiene que la sentencia recurrida infringe la garantía del debido proceso dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 306 y 340 del Código Procesal Penal. El artículo 90 de la Constitución de la República indica que: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. Se ha infringido el principio de concentración del juicio oral y público señalado en el artículo 306 de nuestra normativa procesal que señala: “Concentración. El juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo”. La vulneración del principio de concentración se produce, en virtud de haberse redactado la sentencia cuatro años después de celebrada la audiencia de debate, (2013); procediéndose a su firma y notificación dos años más tarde (2015), cuando legalmente debió ser redactada y firmada tan pronto como haya sido votada, o como bien lo establece el artículo 340 del Código Procesal Penal. Esta Sala aprecia que el artículo 340 del Código Procesal Penal dispone: “Redacción y Lectura de la Sentencia. La senten¬cia absolutoria será redactada y firmada tan pronto como haya sido votada. - Cumplido lo anterior, el Tribunal se constitui¬rá nuevamente en la sala de audiencias y, des¬pués de asegurarse de la presencia de las par¬tes, dará a conocer verbalmente lo resuelto por medio de su Presidente. Acto seguido, el Secre¬tario entregará a las partes, o a sus apodera¬dos, fotocopia de la sentencia, lo que equival¬drá a la notificación de ésta. - Con todo, si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacer¬se dentro de los cinco (5) días siguientes. En tal caso, el Presidente del Tribunal señalará la fecha y hora en que se celebrará la audien¬cia de notificación. Si alguna de las partes se hallare ausente, la notificación se le hará en la forma prevista en el Capítulo IV del Título IV del Libro Primero de este Código”. En el presente caso se alega como motivo de infracción el derecho fundamental del debido proceso, la infracción al principio de concentración de los actos del juicio o audiencia de debate consignados en el artículo 306 del Código Procesal penal, por el incumplimiento de los plazos legales para redactar, elaborar y notificar el fallo absolutorio a las partes procesales. Aunque en ocasiones no es posible la redacción de la sentencia dentro de los plazos, esta sala aprecia que, en el presente caso, no se trata de un asunto complejo, dado la difícil obtención de prueba, número de acusados, víctimas o el tipo de delitos. No se justifica que se haya redactado la sentencia cuatro años después de celebrada la audiencia de debate ni que la firma y notificación de la misma que haya llevado a cabo hasta dos años después del momento de su redacción, pues la ley procesal penal en su artículo 340 ordena que sea firmada tan pronto como haya sido votada. Dado que el debate finalizó el diecinueve de noviembre del dos mil nueve, la sentencia se redactó el nueve de diciembre del dos mil trece, y se firmó y notificó hasta el doce de agosto del dos mil quince, es decir seis años después de haber concluido la audiencia de debate, tiempo que resulta ser inadmisible, en que el juzgador ha dictado sentencia absolutoria, en un caso de Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas y Municiones en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. En este caso, el tribunal de juicio ha dilatado en forma excesiva e inexcusable el término establecido para dictar y notificar la sentencia, con lo cual se ha infringido en forma flagrante el Debido Proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, por violación grave al principio de concentración de los actos del debate, invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vázquez, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado En Nombre del Estado de Honduras La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP-477-2015 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve (09) de diciembre del dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual absolvió al Señor Jacobo Oswaldo Oro Hernández, por los delitos de Asociación Ilícita, Portación Ilegal de Armas y Municiones, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. SON PARTES: La Abogada Maricela Tejeda López, Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrente; el Abogado Christian Josué Fajardo Hernández, Defensor Público de Jacobo Oswaldo Oro Hernández, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal después de haber analizado la prueba evacuada en juicio, declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: El día martes 19 de febrero del año 2008 a eso de las cuatro y treinta de la tarde varios agentes de investigación de la DGIC, le dieron captura al señor Jacobo Oswaldo Oro Hernandez, en la colonia planeta, calle principal cuarto pasaje de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, posterior a la captura fue puesto a la orden de las autoridades correspondientes.” RECURSO DE CASACIÓN “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. I. POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO ÚNICO. “Por violación del artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los 306 y 340 del Código Procesal Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Juzgador al dictar la sentencia censurada, ha transgredido el derecho al Debido Proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, que indica: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba, sentencia y recursos; en el caso sub judice se ha infringido el Principio de Concentración del juicio oral y público señalado en el artículo 306 de nuestra normativa procesal que señala: “Concentración. El juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo”. “En el presente proceso, la Vulneración del Principio de Concentración se produce, en virtud de haberse redactado la sentencia cuatro años después de celebrada la Audiencia de Debate,” (2013); procediéndose a su firma y notificación dos años más tarde (2015), cuando legalmente debió ser redactada y firmada tan pronto como haya sido votada, o como bien lo establece el artículo 340 del Código Procesal Penal, “....si por razones de tiempo o por complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes...” no obstante la citada exigencia, en el caso in examine se hizo seis años después; esto es así, ya que el debate finaliza el Diecinueve de Noviembre del 2009, redactándose dicha sentencia el Nueve de Diciembre del Dos Mil Trece, se firma y notifica el doce de Agosto del Dos mil Quince. De lo expuesto, se evidencia una flagrante violación al Debido Proceso, siendo que tanto las actuaciones judiciales como administrativas, deben regirse por una serie de garantías sustantivas y procedimentales, a fin de establecer límites a las autoridades para evitar el ejercicio abusivo de sus funciones y de esta manera proteger los derechos e intereses de las personas sometidas a un proceso judicial, su inobservancia constituye una violación a ese Principio Fundamental por alejarse del mandato constitucional, es así que, el Debido Proceso lo constituye la observancia de las formas propias de cada juicio, es decir, las que están previamente establecidas para las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la iniciación del proceso, de su desarrollo y definición, en todas las instancias y etapas previstas para el procedimiento respectivo. A la razón, de haber estudiado la afectación de las garantías mínimas que establece la Constitución o la ley para los actos procesales, concluimos que la circunstancia antes descrita, atenta de manera grave contra las actuaciones de este ente objetivo defensor de los intereses de la sociedad; en definitiva desconoce la garantía de los derechos e intereses de las personas que intervienen en el mismo, en especial, imputado y víctima, de tal forma, que el derecho de cada ciudadano a ser juzgado por un Juez o Tribunal competente con las formalidades legales está incluido, en el Artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, materializado en el Artículo 90 de nuestra Constitución de la República. En virtud de lo anterior, lo correcto hubiese sido, que una vez redactada y firmada la sentencia, conforme al artículo 340 Código Procesal Penal: “el Tribunal se constituyera nuevamente en la sala de audiencias y, después de asegurarse de la presencia de las partes, diera a conocer verbalmente lo resuelto por medio de su Presidente. Acto seguido, el Secretario procediera a entregar a las partes, o a sus apoderados, fotocopia de la sentencia, lo que equivaldrá a la notificación de ésta “, por lo que en aplicación irrestricta de lo que establece dicha norma procesal, es obligación del Tribunal de realizar las diligencias encaminadas a la notificación oportuna de la sentencia, al no hacerlo, ha ocasionado que el Ministerio Público tenga que recurrir una sentencia que agravio sus pretensiones, seis años después de haberse realizado la vista de la causa, lo que ocasiono un perjuicio grave no sólo para la actividad acusatoria, sino para todo el sistema de justicia. En este orden, y a los fines de fundamentar lo expuesto, cabe destacar que el Estado debe garantizar al ciudadano el conjunto mínimo de garantías procesales sin lo cual el proceso judicial no será justo, razonable y confiable, garantías éstas que permiten la efectividad de la justicia, que aseguran el derecho material de los ciudadanos frente a los órganos de administración de justicia y que le establecen limitaciones al poder ejercido por el Estado por conducto del los Tribunales de justicia. De tal forma que, el procedimiento procesal penal, no es convencional, por el contrario su estructura, secuencia y desarrollo está preestablecida en la ley y no es discrecional de las partes o del juez. Por esa razón consideramos, que rio es potestativo del ente Jurisdiccional alterar las reglas con las que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia está íntimamente ligada al orden público, en el caso sub judice el Tribunal debió actuar con diligencia y subsanar oportunamente el vicio identificado, de conformidad al procedimiento establecido, pero hacerlo seis años después es totalmente inaceptable, pretendiendo validar su negligencia, mediante una simple acta, que carece de soporte legal, pues no existe fundamento para la celebración de la misma. Atendiendo lo anteriormente expuesto, solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN.- II. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: “Por Inobservancia del Sentenciador, de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del Juicio Oral y Público”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos prescriben lo siguiente: Artículo 306 del CPP. “Concentración. El juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo. Por otra parte, el Artículo 340 “Redacción y Lectura de la Sentencia. La sentencia absolutoria será redactada y firmada tan pronto como haya sido votada. Cumplido lo anterior, el Tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias y, después de asegurarse de la presencia de las partes, dará a conocer verbalmente lo resuelto por medio de su Presidente. Acto seguido, el Secretario entregará a las partes, o a sus apoderados, fotocopia de la sentencia, lo que equivaldrá a la notificación de ésta. Con todo, sí por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes. En tal caso, el Presidente del Tribunal señalará la fecha y hora en que se celebrará la audiencia de notificación……”. Después de haber transcrito las normas adjetivas que se consideran vulneradas, debemos señalar, que el vicio se presenta, porque el Tribunal ha inobservado las reglas establecidas en el presente Código, para la realización del juicio oral y público; pues en el caso de mérito, la audiencia de la vista de la causa, fue iniciada en fecha Uno de Agosto del Dos Mil Nueve, siendo integrantes del Tribunal de Sentencia los Abogados EDIN YOBANY DE LA O RAMOS (Juez Presidente), RAMÓN ENRIQUE BARRIOS MALDONADO (juez ponente) y ALEX RUBI URREA, siendo redactado el fallo en fecha Nueve de Diciembre del Dos Mil Trece y notificado el mismo el doce de agosto del dos mil quince; para lo cual, se celebró una reunión con la presencia de la Coordinadora del Despacho BLANCA LIDIA LÓPEZ, el secretario General del Tribunal, los Jueces EDIN YOBANY DE LA O RAMOS Y DALILA AZUCENA PAREDES LÓPEZ, en su condición de jueces del Tribunal de Sentencia como ex juez Tribunal de Sentencia KARLA YADIRA MADRID, el Defensor Privado HECTOR SAMUEL MADRID, y el Apoderados Defensores Públicos VICTORIA ELIZABETH FUNEZ y CRISTIAN JOSUÉ FAJARDO, en esa oportunidad, manifestó la coordinadora que se convocó a la representante del Ministerio Público, sin embargo no compareció. De la misma forma se desprende de los antecedentes, que la Audiencia del juicio oral se culmina en fecha Dieciocho de Septiembre del Dos Mil Nueve, siendo redactado el fallo en fecha Nueve de Diciembre del Dos Mil Trece, notificado el mismo el Doce de Agosto del Dos Mil Quince, de lo cual se hace patente una grave violación al principio de concentración que debe regir al juicio oral y público, pues conforme a los dispuesto en el artículo 306 de la norma procesal, el juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo, en el caso en estudio, transcurrió desde la celebración de la audiencia de vista de la causa y la emisión de la sentencia más de cuatro años, siendo notificada la sentencia, dos años después de dictada; volviéndose evidente que la tramitación de la presente audiencia fue interrumpida, soslayando la concentración del mencionado juicio. Consecuentemente, se ha vulnerado el Principio de Concentración del Juicio Oral, ya que la audiencia tiene carácter unitario, si bien puede realizarse en diferentes sesiones, éstas son partes de una sola unidad, debido a la necesidad de continuidad y concentración de la misma, a fin de evitar una sentencia injusta. La audiencia debe realizarse en el tiempo estrictamente necesario. Por ello el Principio de Concentración requiere que entre la recepción de la prueba, el debate y la sentencia exista la mayor inmediación posible, en el caso subjudice, entre la recepción de la prueba y la notificación de la Sentencia transcurrieron un poco mas de seis años, en ese sentido reiteramos que existe una violación a las Reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del juicio oral y público. Estando por ello obligado, a considerar que no toda infracción que se comenta contra las reglas comprendidas en el Código Procesal Penal en el título IV, del libro segundo, en lo relativo al juicio oral y público, dará lugar al vicio in procedendo de mérito, sino sólo aquellas que contengan disposiciones esenciales de procedimiento para la realización de la fase más importante del juicio, es decir, las que regulan los principios de oralidad, publicidad, inmediación, identidad física del juzgador, contradicción, proposición de prueba, concentración y sustanciación del juicio siendo sobre los dos últimos nuestro reproche casacional, al haber inobservado el Tribunal las supra señaladas reglas de procedimiento. En virtud de lo anterior, el Ministerio Público como recurrente, es del firme criterio, que se han violentado las reglas establecidas en el presente Código, para la realización del juicio oral y público; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia, solicitamos que el presente motivo sea de recibo. SEGUNDO MOTIVO: Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de sentencia, salvo en los casos previstos en el Artículo 145. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 7 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: En el presente motivo los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos prescriben lo siguiente “Artículo 57, del Código Procesal Penal: “Competencia Exclusiva de los Tribunales de Sentencia. Los Tribunales de Sentencia, integrados por cuatro jueces, conocerán del juicio oral y público a que este Código se refiere. En cada juicio intervendrán solamente tres (3) de ellos; el cuarto deberá estar siempre presente en el debate para sustituir a alguno de aquéllos en caso de impedimento grave”. Igualmente invocamos el Artículo 145 que prescribe “Firma de las Resoluciones. Las resoluciones serán firmadas por el Juez y, en su caso, por los miembros del tribunal que haya conocido del asunto, así como, por el Secretario. La falta de la firma del Juez o de la de uno (1) o más miembros del Tribunal de Sentencia, provocará la invalidez del acto, a menos que tal omisión sea subsanada por acta complementaria en la que dicho Juez a miembro del Tribunal reconozcan haber intervenido en el acto y asuma su contenido....” Por otra parte, el Artículo 340 “Redacción y Lectura de la Sentencia. La sentencia absolutoria será redactada y firmada tan pronto como haya sido votada… Con todo, si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes. En tal caso, el Presidente del Tribunal señalará la fecha y hora en que se celebrará la audiencia de notificación…” Concerniente a los preceptos citados, la Coordinación del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, celebra una reunión en fecha Doce de Agosto del presente año, a efecto de dar legalidad mediante las firmas correspondientes a varias sentencias, entre las cuales se encuentra la emitida en la causa de mérito, en virtud que el Juez ALEX RUBI URREA (en esa fecha ex juez), como ponente tenía pendiente de informar sobre varias resoluciones, misma que habían sido agregadas en fechas anteriores, por ese motivo no se encontraban firmados dichos fallos por los Jueces intervinientes, ni notificadas a las partes; es así, que la sentencia en cuestión, actualmente se encuentra firmada por los Jueces RAMÓN ENRIQUE BARRIOS y EDIN YOBANV DE LA O RAMOS (seis años después), habiéndose agregado una constancia, en virtud que el ex Juez ALEX RUBI URREA (integrante Tribunal sentenciador), ya no laboraba en el Poder Judicial en la fecha que se dictó la sentencia, motivo por el cual no firma la misma, contando por ende solamente, con dos firmas. Cabe señalar, que el artículo 145 del Código Procesal Penal, establece que las resoluciones serán firmadas, por los miembros del tribunal que hayan conocido del asunto; en el caso in examine, es conocido por el órgano jurisdiccional que a la sentencia de mérito le falta la firma del Juez ALEX RUBI URREA, lo que se evidencia, en el acta que deja constancia de la reunión celebrada en fecha Doce de Agosto del presente año y la constancia complementaria, actuaciones realizadas a efecto de dar legalidad mediante las firmas correspondientes a la sentencia en cuestión, lo cual no se logra, ya que la norma antes referida únicamente permite, subsanar tal omisión, con un acta en la que dicho Juez o miembro del Tribunal reconozcan haber intervenido en el acto y asuma su contenido; lo que no ha acontecido en el presente caso, pues en la situación del Juez ALEE RUBI URREA, se agregó el Acta complementaria estableciendo únicamente que a la fecha dicho Juez ya no labora para el Poder Judicial, sin embargo, éste no comparece por ende no reconoce haber intervenido en el acto, ni asume su contenido (según se aprecia del acta redactada al efecto). En síntesis, con la referida actuación no se alcanza dar legalidad a la sentencia dictada en la causa instruida contra JACOBO OSWALDO ORO HERNÁNDEZ, teniendo como efecto la citada omisión, la invalidez de la sentencia. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto que una vez estudiado el caso, casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente acusador.” Fundamentación 1) Recurso de Casación de Infracción de Precepto Constitucional, por violación del artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los 306 y 340 del Código Procesal Penal. Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación del artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los 306 y 340 del Código Procesal Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen Infracción de Precepto Constitucional, por violación del artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los 306 y 340 del Código Procesal Penal. El Juzgador al dictar la sentencia censurada, ha transgredido el derecho al Debido Proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, que indica: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. En el caso sub judice se ha infringido el Principio de Concentración del juicio oral y público señalado en el artículo 306 de nuestra normativa procesal que señala: “Concentración. El juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo”. La vulneración del principio de concentración se produce, en virtud de haberse redactado la sentencia cuatro años después de celebrada la audiencia de debate, (2013); procediéndose a su firma y notificación dos años más tarde (2015), cuando legalmente debió ser redactada y firmada tan pronto como haya sido votada, o como bien lo establece el artículo 340 del Código Procesal Penal, “....si por razones de tiempo o por complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes...”. No obstante la citada exigencia, en el caso in examine se hizo seis años después, esto es así, ya que el debate finaliza el 19 de noviembre del 2009, redactándose dicha sentencia el 9 de diciembre del 2013, se firma y notifica el 12 de agosto del 2015, lo que evidencia una flagrante violación al Debido Proceso, ya que el procedimiento procesal penal, no es convencional, sino que por el contrario su estructura, secuencia y desarrollo está preestablecida en la ley y no es discrecional de las partes o del juez. Concepto general del Recurso Esta Sala reitera que, por Debido Proceso, debe entenderse que, para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, con base en un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el debido proceso encierra todas las garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como:1) Que el hecho motivo del proceso esté tipificado como delito o falta; 2. La prohibición de detención arbitraria: nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. La Constitución de la República en su Art. 90 constitucional establece el derecho al acusado de gozar de un debido proceso, proceso justo o legal, del que deriva el derecho de defensa. Para que un proceso se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo éste como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, las pruebas de la acusación y así poder oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. El debido proceso, engloba además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: presunción de inocencia, derecho a un juez independiente e imparcial, y publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. Incluye la garantía de que la causa del justiciable sea conocida por un juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley. Para garantizar la imparcialidad del juez, pone a disposición de las partes procesales, las instituciones de la excusa y la recusación de los jueces y magistrados, las que vienen a ser un derecho. Concepto especifico del Recurso Artículo 306.- Concentración. El juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo. El retiro momentáneo de los miembros del Tribunal o de cualquiera de las partes, dará lugar a la suspensión del procedimiento, salvo si se trata del imputado, quien podrá retirarse con permiso del Tribunal, a cuya disposición deberá quedar hasta que se adopte otro acuerdo. Si el defensor no comparece a la audiencia o se aleja de ella sin autorización del Tribunal, se tendrá por abandonada la defensa. Si el imputado no designa de inmediato otro defensor de su confianza, el Tribunal de Sentencia le nombrará un Defensor Público. Cuando el abandono ocurra dentro de los tres (3) días anteriores al debate o durante el desarrollo de éste, el Tribunal podrá aplazar su inicio o suspender por una sola vez el que ya haya comenzado, por un término máximo de cinco (5) días calendario. Si el abandono de la defensa no tiene causa justificada, el defensor será sancionado con la pena prevista en el Código Penal. Si el representante del Acusador Privado no concurre a la audiencia o se aleja de ella sin autorización del tribunal, dejará de tenérsele como parte, sin perjuicio de que la persona del Acusador Privado, podrá ser obligado a comparecer cuando deba declarar como testigo. “El principio de concentración de los actos procesales evita la dispersión de éstos como acontecía en el sistema inquisitivo. El propósito de la continuidad de las actuaciones es el de evitar la deformación de los actos cumplidos en cuanto a su recurso por los jueces, fiscales, defensores y demás intervinientes, debido al intervalo de tiempo transcurrido desde su realización hasta el momento de la reanudación del debate. La concentración impone la necesaria presencia física de los intervinientes. La simple ausencia momentánea de cualquiera de estos implicará la suspensión de las sesiones del juicio, todo ello para evitar la deformación de los actos. En cuanto al imputado se refiere, si bien es obligatoria su presencia en los debates como consecuencia del derecho a estar presente en los actos de producción de medios de prueba, por muchas razones puede producirse su ausencia voluntaria o involuntaria, sin que ello sea causa para la suspensión de las sesiones del debate.” [1] “El Tribunal tiene la obligación de redactar la sentencia absolutoria tan pronto como haya decidido absolver al imputado. La experiencia nos dice que la redacción de la sentencia penal es una tarea nada fácil, por lo que no es posible su redacción en poco tiempo, a menos que se trate de un asunto de poca complejidad…. He tenido la ocasión de conocer muchos casos, incluso en algunos he sido parte, en los cuales la redacción de la sentencia la han demorado más de un año. Por muy difícil que pueda tornarse la redacción de una sentencia, cualquiera que sea la complejidad del caso, es inadmisible una demora de tal magnitud. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia debería dictar, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 del Código, instructivos claros sobre el cumplimiento de las funciones de los jueces penales, con las advertencias en caso de violación”. [2] De la Procedencia Recurso. El Recurso es de Recibo. El recurrente sostiene que la sentencia recurrida infringe la garantía del debido proceso dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 306 y 340 del Código Procesal Penal. El artículo 90 de la Constitución de la República indica que: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. Se ha infringido el principio de concentración del juicio oral y público señalado en el artículo 306 de nuestra normativa procesal que señala: “Concentración. El juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo”. La vulneración del principio de concentración se produce, en virtud de haberse redactado la sentencia cuatro años después de celebrada la audiencia de debate, (2013); procediéndose a su firma y notificación dos años más tarde (2015), cuando legalmente debió ser redactada y firmada tan pronto como haya sido votada, o como bien lo establece el artículo 340 del Código Procesal Penal. Esta Sala aprecia que el artículo 340 del Código Procesal Penal dispone: “Redacción y Lectura de la Sentencia. La sentencia absolutoria será redactada y firmada tan pronto como haya sido votada. - Cumplido lo anterior, el Tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias y, después de asegurarse de la presencia de las partes, dará a conocer verbalmente lo resuelto por medio de su Presidente. Acto seguido, el Secretario entregará a las partes, o a sus apoderados, fotocopia de la sentencia, lo que equivaldrá a la notificación de ésta. - Con todo, si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes. En tal caso, el Presidente del Tribunal señalará la fecha y hora en que se celebrará la audiencia de notificación. Si alguna de las partes se hallare ausente, la notificación se le hará en la forma prevista en el Capítulo IV del Título IV del Libro Primero de este Código”. En el presente caso se alega como motivo de infracción el derecho fundamental del debido proceso, la infracción al principio de concentración de los actos del juicio o audiencia de debate consignados en el artículo 306 del Código Procesal penal, por el incumplimiento de los plazos legales para redactar, elaborar y notificar el fallo absolutorio a las partes procesales. Aunque en ocasiones no es posible la redacción de la sentencia dentro de los plazos, esta sala aprecia que, en el presente caso, no se trata de un asunto complejo, dado la difícil obtención de prueba, número de acusados, víctimas o el tipo de delitos. No se justifica que se haya redactado la sentencia cuatro años después de celebrada la audiencia de debate ni que la firma y notificación de la misma que haya llevado a cabo hasta dos años después del momento de su redacción, pues la ley procesal penal en su artículo 340 ordena que sea firmada tan pronto como haya sido votada. Dado que el debate finalizó el diecinueve de noviembre del dos mil nueve, la sentencia se redactó el nueve de diciembre del dos mil trece, y se firmó y notificó hasta el doce de agosto del dos mil quince, es decir seis años después de haber concluido la audiencia de debate, tiempo que resulta ser inadmisible, en que el juzgador ha dictado sentencia absolutoria, en un caso de Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas y Municiones en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. En este caso, el tribunal de juicio ha dilatado en forma excesiva e inexcusable el término establecido para dictar y notificar la sentencia, con lo cual se ha infringido en forma flagrante el Debido Proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, por violación grave al principio de concentración de los actos del debate, invocado por el recurrente. Recurso de Casación de Quebrantamiento de forma, por inobservancia del sentenciador, de las reglas establecidas en el presente código, para la realización del juicio oral y público. A) Primer motivo de Casación de Quebrantamiento de forma Normas Autorizantes: Artículo 362, numeral 5 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Inobservancia del sentenciador, de las reglas establecidas en el presente código, para la realización del juicio oral y público. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Opinión de la Sala sobre el caso específico Esta Sala no se pronuncia sobre el primer motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, fundado en la inobservancia por parte del sentenciador, de las reglas establecidas en el presente código, para la realización del juicio oral y público, en virtud de haber prosperado el motivo único de casación por iinfracción de precepto constitucional, por violación del artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los 306 y 340 del Código Procesal Penal invocado por el recurrente. Recurso de Casación de Quebrantamiento de forma, por la falta de firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia, salvo en los casos previstos en el artículo 145. B) Segundo Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Falta de firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia, salvo en los casos previstos en el artículo 145. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Opinión de la Sala sobre el caso específico Esta Sala no se pronuncia sobre el segundo motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, fundado en la falta de firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia, salvo en los casos previstos en el artículo 145, en virtud de haber prosperado el motivo único de casación de infracción de precepto constitucional, por violación del artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los 306 y 340 del Código Procesal Penal, invocado por el recurrente. DECISIÓN, la Sala declara Ha Lugar el motivo único de casación por Infracción de Precepto Constitucional, por violación del artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los 306 y 340 del Código Procesal Penal, invocados por el recurrente. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el motivo único de casación de Infracción de Precepto Constitucional, interpuestos por la Abogada Maricela Tejeda López, en su condición de fiscal en representación del Ministerio Público, en la causa en que se absolvió al señor Jacobo Oswaldo Oro Hernández, por los delitos de Asociación Ilícita, Portación Ilegal de Armas y Municiones, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; Segundo: Declara la nulidad absoluta del debate y de la sentencia impugnada de fecha nueve (09) de diciembre del dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; Y MANDA: 1) Que se repita el debate seguido al señor Jacobo Oswaldo Oro Hernández, por los delitos de Asociación Ilícita, Portación Ilegal de Armas y Municiones, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, con jueces diferentes a los que participaron en el anulado.- 2) Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-477-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Proceso Penal Hondureño. Código Procesal Penal. Comentarios. Doctrina y Jurisprudencia. Tomo II. Félix Antonio Ávila Ortiz. Páginas 114 y 115.
[2] Proceso Penal Hondureño. Código Procesal Penal. Comentarios. Doctrina y Jurisprudencia. Tomo II. Félix Antonio Ávila Ortiz. Página 195.