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Sentencia CP-474-15 — Registro 13841

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Ocultamiento de Vehículo Robado, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. El principio de Debida Técnica recursiva anteriormente explicado, no fue observado por el recurrente al momento de plantear y desarrollar su recurso de casación, pues es posible detectar la inadecuada técnica recursiva del censor al tratar de presentar y desarrollar su impugnación, sin cumplir con lo que relata el artículo 363 del Código Procesal Penal, lo que se vuelve el presente recurso falto de claridad y precisión; verificamos que a lo largo del escrito presentado realiza alegatos propios de instancia. A pesar de las inconsistencias del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión de la sentencia recurrida para determinar si el sentenciador respetó en todo momento los derechos constitucionales que goza el acusado o por el contrario violentó el derecho de inocencia y debido proceso como lo estableció el recurrente. Esta Sala de lo Penal ha dado estudio a las actuaciones y no se desprende la valoración de medios de prueba ni la incorporación de medios probatorios al margen de las garantías al debido proceso y estado de inocencia que asiste al imputado. Las pruebas consistentes en: *la declaración del testigo de cargo señor Juan Francisco Castro Zalabarría, el documento de acta de allanamiento, mismo que no fue cuestionado en juicio por la defensa y no se presentó ningún incidente de nulidad en cuanto a este; *acta de registro personal, *dos actas de decomiso, documentos de propiedad de la motocicleta, denuncia original número 16585-2012, misma que obra a folio 28, mismo que no fue cuestionada su originalidad por la defensa en juicio; y la declaración del testigo de descargo Manuel de Jesús Ríos Reyes. Dichas pruebas fueron practicadas y evacuadas en juicio oral y público conforme a los principios de oralidad, contradicción, inmediación y publicidad; los medios probatorios fueron valorados conforme a las reglas de la Sana Crítica, no se desprende incoherencia o falta de derivación de las conclusiones intelectivas arribadas por el juzgador, y éste da razones suficientes para mantener el reproche de culpabilidad en contra del señor Osman Omar Galeas. La valoración de estos medios probatorios no hace suponer o inventar en contra del acusado los elementos objetivos y subjetivos del tipo delictivo. No ha existido, por tanto, vulneración al principio constitucional de inocencia ni al debido proceso, el Tribunal de Sentencia ponderó prueba lícita, de inequívoco signo acusatorio y lo hizo conforme a las reglas de la sana crítica que exige nuestra normativa procesal. Esta Sala de lo Penal ha examinado la prueba incorporada al debate oral y público, así como los juicios de valor que expresó el Tribunal sobre esos testimonios y es posible detectar que fueron valoradas correctamente, estableciendo con sus testimonios y con la valoración conjunta armónica del resto de prueba, que el señor Osman Omar Galeas Romero es responsable del delito de ocultamiento de vehículo robado en perjuicio de Restaurante y Bar Partenzas S. de R. L. de C.V., respetándose en todo momento los derechos del imputado al debido proceso y sobre todo su derecho a la defensa, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La siguiente Sentencia conociendo del Recurso de Casación SP-474-2015 por infracción de precepto constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: condenó al señor Osman Omar Galeas Romero, por el delito de Ocultamiento de Vehículo Robado en perjuicio de Restaurante y Bar Partenzas S. de R. L. de C.V. a una pena de nueve (9) años de reclusión, como pena principal, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: declaró la responsabilidad civilmente al condenado. Tercero: no condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. SON PARTES: la Abogada Carla Suyapa Martinez Villatoro, en su condición de defensora pública del señor Osman Omar Galeas Romero como parte recurrente y la Abogada Darlin Paola Vindel, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Este Tribunal, una vez analizada en su conjunto las pruebas practicadas en juicio, declara por mayoría de votos, concreta y terminantemente probados los hechos siguientes:Uno: El cuatro (4) de septiembre del dos mil doce (2012, aproximadamente a las diez y treinta de la mañana (10:30a.m), Agentes de la Dirección Nacional de investigación Criminal, realizaban diligencias de investigación en la colonia Lomas del Carmen, cuando una persona desconocida alertó a uno de los agentes, que, en una cuartería cercana del lugar, el señor Osman Omar Galeas tenía en su poder un vehículo tipo motocicleta, marca Honda, sin placas, color negro y rojo, año dos mil diez (2010), con reporte de robo. Dos: El agente de policía Juan Francisco Castro, llegó efectivamente hasta la cuartería y encontró el referido vehículo, ubicado en uno de los pasillos de la cuartería. El señor Osman Omar Galeas se encontraba en posesión de la motocicleta y entregó las llaves (que ocultaba en su boca) y dos documentos de circulación. El señor Osman Omar Galeas tenía conocimiento que la motocicleta había sido sustraída mediante violencia a su propietario. Tres: El señor Osman Omar Galeas había sacado de circulación la motocicleta propiedad de Restaurante y Bar Partenza S. de R. L. de C. V., pretendiendo ocultarla de la vista pública.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La recurrente Abogada Carla Suyapa Martinez Villatoro, procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de precepto constitucional de la manera siguiente: “Expresión del motivo de casación por precepto constitucional. Motivo único: infracción de los preceptos Constitucionales contenidos en los artículos 88 párrafo tercero, 89, 90 y 99 en relación con los artículos 1, 2 y 20, del Código Procesal Penal. Precepto autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Exposición del motivo. Primero: las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 88, 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 88 párrafo tercero: “Solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente.” Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece “. Artículo 99: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad. Exceptuando los casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las seis de tarde a las seis de la mañana, sin incurrir en responsabilidad. La ley determinará los requisitos y formalidades para que tenga lugar el ingreso, registro de allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleve a cabo”. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un Juicio Oral y Público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Artículo 2. “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente y de conformidad con las normas de este código” Artículo 200: “Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte, así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información” Segundo: el Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor Osman Omar Galeas Romero, a quien se le sigue proceso por el delito de ocultamiento de vehículo robado, en perjuicio de Wilmer Francisco Morazán Obando, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y al debido proceso, que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar fuera de toda duda, la imputación en contra del encartado, ya que en los medios de prueba del ente acusador centran sus dichos en aspectos no acreditados suficientemente en juicio. Tercero: Empezaremos a analizar el contenido del apartado uno en la valoración de la prueba se observa en la declaración del policía Juan Francisco Castro Zalabarría, al ser interrogado que iban a realizar un allanamiento en otra casa (distinta a la del acusado) pero una persona le dijo que en la cuartería con aire acondicionado, en la que vivía una persona de nombre Osman, pertenecía a una banda que se dedicaban a robar motos y allí tenía una moto robada, fueron al lugar, iban saliendo Osman, lo registró y tenía dos permisos para circular pero eran falsos ya que no eran de los de la DEI, y presentaban reporte de robo, la moto tenía reporte de robo, le preguntó y no podía hablar porque tenía la llave en la boca y dijo que era de la moto. Del análisis de dicha declaración se desprende que el artículo 99 de la Constitución se ha violentado, pues en lo que se refiere al procedimiento del allanamiento que no se cumplió con los requisitos, por lo que esta defensa avala el acertado razonamiento efectuado por el Juez disidente Gerardo Abel Neal Barahona, al discrepar con el fallo a que ha llegado la mayoría en el supuesto enjuiciamiento. Manifiesta el Juez disidente que es evidente que parte de tales circunstancias derivan de su quehacer cotidiano como agentes policiales y de sus mismas vivencias, empero es necesario hacer referencia en primer término al allanamiento en el que participó activamente y el acta por él ratificada, diligencia que no cumplió con los requisitos de validez al no haber sido ordenada por Juez competente ni encontrarse validada y al tratar de verificar las condiciones descritas como “pidió datos sobre ellas (revisiones) y presentaban reporte de robo, la moto también tenía reporte de robo”, centra sus dichos en aspectos no acreditados suficientemente en juicio, pues no se trajo como prueba dichas boletas (revisiones) o dictamen pericial que hiciera valer tal aseveración. Por otros lado, sus dichos en cuanto a reporte de robo de la moto circunstanciada, a aspectos que no se acreditan de manera válida (ver lo referente a la denuncia) razones estas que indefectiblemente derivan en la ausencia de credibilidad de los dichos por este testigo al respecto, sin perjuicio de la validez de los documentos concernientes a las actas de allanamiento, Registro personal y decomiso por el ratificadas, con las que se acreditó sin lugar a dudas la realización de esa diligencia, en la que se comprometió la seguridad domiciliaria de la persona acusada, sin los requisitos legalmente establecidos para ello, lo cual derivó en el hallazgo de la llave de una motocicleta que se encontraba en un pasillo de la cuartería habitada por el acusado Osman Omar Galeas, quien la mantenía escondida en su boca. Cuarto: sigue manifestando el Juez disidente en relación a otro aspecto que también es considerado por nuestra parte violatorio a los derechos fundamentales que señala nuestra constitución como lo es el debido proceso y la presunción de inocencia y es sobre una copia de denuncia de robo de un vehículo tipo motocicleta marca honda, sin placa, color negro y rojo, año 2010, chasis ME4KC09B6A8201459, motor KC09E64132801, de fecha 19 de junio del dos mil siete, al no tratarse de su original y no haber sido ratificado debe entenderse que ciertamente se introdujo al acto del juicio oral, violentando las reglas del procedimiento. En este sentido debemos remitirnos a lo ordenado por los artículo 251, 270 y 311 del Código Procesal Penal, en los que se exige entre otras circunstancias, la exhibición de documentos incorporados al debate, a los imputados y testigos para su reconocimiento (artículo 251), la forma y contenido de la denuncia escrita, disponiendo la posibilidad de requerir al denunciante para valorar la confiabilidad de la información brindada por el denunciante (párrafo noveno, artículo 270) y finalmente en cuanto a las lecturas autorizadas (art.311) en las que no se hace relación a este tipo de documentos, por cuanto ello haría referencia de manera directa a una prohibición de carácter fundamental, establecida en el tercer párrafo del artículo 88 de la Constitución de la República, al mandar que solo hará prueba en juicio la declaración rendida ante Juez competente (las recibidas en la etapa preparatoria), nótense que la denuncia, al ser recibida en sede administrativa, por un agente de investigación u otra autoridad, si bien podría adquirir el carácter de documento público, deberá hacer referencia al documento original, por tanto su validez en juicio al no comparecer el denunciante a declarar, ya que la simple presentación de una copia simple, sin ratificación, desmerecerá su valor probatorio y este dependerá de la autenticidad del documento en mención. Quinto: en el caso subjudice el razonamiento del sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con las pruebas presentadas en juicio se condena a mi representado en un clara violación a la Presunción de Inocencia y al debido proceso, ya que la mayoría del Tribunal aprecian como acreditado que el acusado Osman Omar Galeas Romero tenía pleno conocimiento de origen ilícito del vehículo que se aseguró le fue decomisado, empero esta es una circunstancia no acreditada por el ente acusador estatal, ni siquiera de manera indiciaria y a ello sumado la copia de una denuncia que no satisfizo los requisitos esenciales para tenerla como introducida y evacuada legalmente al proceso, dado que no fue objeto de ratificación, su valor probatorio es nulo. Así puede observarse que no existe prueba suficiente que oriente a que la moto objeto material al que se hace referencia en la causa de mérito, haya sido despojada violentamente a quien la poseía y ante esa circunstancia igualmente percibirle que tampoco existe prueba orientadora al delito que se le imputo al señor Osman Omar Galeas Romero. Sexto: en consecuencia, el razonamiento del Tribunal sentenciador carece de eficacia probatoria ya que han vulnerado las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales como ser la Presunción de inocencia y al debido proceso, y como defensa avalamos la consideración fundamental del Juez disidente al emitir su voto en tal sentido, su apreciación tan ponderada y objetiva la compartimos y la consideramos suficientemente válidas como para afirmar que con esa prueba tan débil con la que se ha condenado a mí defendido ha sido la causa para censurar el fallo. Interpretación pretendida. En virtud de que a nuestro representado señor Osman Omar Galeas Romero, fue condenado en una clara violación a la presunción de inocencia y el debido proceso, y que el sentenciador no contaba con la suficiente prueba para adquirir certeza de culpabilidad, lo procedente en este caso, es que la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo y dicte una nueva sentencia mediante la cual absuelva de toda responsabilidad a nuestro representado.” FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional.Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que: “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”[2] La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 88 párrafo tercero, 89, 90, 99 de la Constitución de la República en relación con los artículos 1, 2, y 200 del Código Procesal penal; *Concepto de la Infracción: violación al principio de inocencia y Violación al Debido Proceso; *Reclamación Ex Ante: imposibilidad al constar el vicio en la sentencia definitiva. *Pretensión: dictar la sentencia que corresponda. Resumen. El recurrente denuncia la violación al derecho fundamental de inocencia establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República y violación al derecho fundamental del Debido Proceso establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República. Razona el contenido del apartado uno en la valoración de la prueba, en la declaración del policía Juan Francisco Castro Zalabarría y señala que al ser interrogado que iban a realizar un allanamiento en otra casa (distinta a la del acusado) pero una persona le dijo que en la cuartería con aire acondicionado, en la que vivía una persona de nombre Osman, pertenecía a una banda que se dedicaban a robar motos y allí tenía una moto robada, fueron al lugar, iba saliendo Osman, lo registró y tenía dos permisos para circular pero eran falsos ya que no eran de los de la DEI, y presentaban reporte de robo, la moto tenía reporte de robo, le preguntó y no podía hablar porque tenía la llave en la boca y dijo que era de la moto. Del análisis de dicha declaración se desprende que el artículo 99 de la Constitución se ha violentado, pues en lo que se refiere al procedimiento del allanamiento que no se cumplió con los requisitos, por lo que la defensa avala el acertado razonamiento efectuado por el juez disidente Gerardo Abel Neal Barahona, al discrepar con el fallo a que ha llegado la mayoría en el supuesto enjuiciamiento. Manifiesta el juez disidente que es evidente que parte de tales circunstancias derivan de su quehacer cotidiano como agentes policiales y de sus mismas vivencias, empero es necesario hacer referencia en primer término al allanamiento en el que participó activamente y el acta por él ratificada, diligencia que no cumplió con los requisitos de validez al no haber sido ordenada por juez competente ni encontrarse validada y al tratar de verificar las condiciones descritas como “pidió datos sobre ellas (revisiones) y presentaban reporte de robo, la moto también tenía reporte de robo”, centra sus dichos en aspectos no acreditados suficientemente. Del principio del estado material de inocencia. El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal derecho ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo, practicada de modo no arbitrario, que permita arribar a la certeza de la culpabilidad del acusado. El derecho de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas.[3] El derecho de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”; este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que -aunque mínima- ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar:[4] Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; *Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; *Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y *Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”.De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. El principio de Debida Técnica recursiva anteriormente explicado, no fue observado por el recurrente al momento de plantear y desarrollar su recurso de casación, pues es posible detectar la inadecuada técnica recursiva del censor al tratar de presentar y desarrollar su impugnación, sin cumplir con lo que relata el artículo 363 del Código Procesal Penal, lo que se vuelve el presente recurso falto de claridad y precisión; verificamos que a lo largo del escrito presentado realiza alegatos propios de instancia. A pesar de las inconsistencias del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión de la sentencia recurrida para determinar si el sentenciador respetó en todo momento los derechos constitucionales que goza el acusado o por el contrario violentó el derecho de inocencia y debido proceso como lo estableció el recurrente. Esta Sala de lo Penal ha dado estudio a las actuaciones y no se desprende la valoración de medios de prueba ni la incorporación de medios probatorios al margen de las garantías al debido proceso y estado de inocencia que asiste al imputado. Las pruebas consistentes en: *la declaración del testigo de cargo señor Juan Francisco Castro Zalabarría, el documento de acta de allanamiento, mismo que no fue cuestionado en juicio por la defensa y no se presentó ningún incidente de nulidad en cuanto a este; *acta de registro personal, *dos actas de decomiso, documentos de propiedad de la motocicleta, denuncia original número 16585-2012, misma que obra a folio 28, mismo que no fue cuestionada su originalidad por la defensa en juicio; y la declaración del testigo de descargo Manuel de Jesús Ríos Reyes. Dichas pruebas fueron practicadas y evacuadas en juicio oral y público conforme a los principios de oralidad, contradicción, inmediación y publicidad; los medios probatorios fueron valorados conforme a las reglas de la Sana Crítica, no se desprende incoherencia o falta de derivación de las conclusiones intelectivas arribadas por el juzgador, y éste da razones suficientes para mantener el reproche de culpabilidad en contra del señor Osman Omar Galeas. La valoración de estos medios probatorios no hace suponer o inventar en contra del acusado los elementos objetivos y subjetivos del tipo delictivo. No ha existido, por tanto, vulneración al principio constitucional de inocencia ni al debido proceso, el Tribunal de Sentencia ponderó prueba lícita, de inequívoco signo acusatorio y lo hizo conforme a las reglas de la sana crítica que exige nuestra normativa procesal. Esta Sala de lo Penal ha examinado la prueba incorporada al debate oral y público, así como los juicios de valor que expresó el Tribunal sobre esos testimonios y es posible detectar que fueron valoradas correctamente, estableciendo con sus testimonios y con la valoración conjunta armónica del resto de prueba, que el señor Osman Omar Galeas Romero es responsable del delito de ocultamiento de vehículo robado en perjuicio de Restaurante y Bar Partenzas S. de R. L. de C.V., respetándose en todo momento los derechos del imputado al debido proceso y sobre todo su derecho a la defensa, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Decisión: Se declara No Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa privada del acusado. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la Abogada Carla Suyapa Martinez Villatoro, en su condición de defensora pública del señor Osman Omar Galeas Romero, por el delito de Ocultamiento de Vehículo Robado en perjuicio de Restaurante y Bar Partenzas S. de R. L. de C.V. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diez de octubre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-474-2015.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[2] Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115.

[3] Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal.

[4] Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal