Sentencia CP-459-15 — Registro 13703
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado como autor responsable del delito de adquisición de vehículo robado y como autor responsable del delito de Encubrimiento en relación a un Robo, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...2) INFRACCIÓN DE LEY POR VIOLACION DE LOS ARTÍCULOS 218 LETRA D) Y 388 NUMERALES 1 Y 5 DEL CODIGO PENAL, EN RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 12, 14 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. El articulo 218 letra d) del Código Penal Vigente reza: “Será sancionado con la pena de reclusión de 9 a 12 años quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado, se exceptúan los casos que la transacción se haya realizado de buena fe”. Estima que el Congreso Nacional reformó este artículo, por lo que la Corte en otros casos, ha absuelto a imputados por no explicar con claridad en que momento una persona puede adquirir un vehículo robado, hurtado o que haya sido abandonado. El A Quo interpreta erróneamente este artículo del Código Penal porque la sentencia recurrida en la parte de fundamentación jurídica hace relación a que el acusado adquirió un vehículo que había sido robado, hurtado o abandonado y que testigo FREDY ANTONIO ISAULA declaró que había presentado denuncia por el robo de un vehículo en el que él se conducía, pero no señala como su autor al acusado MARIO ANTONIO PALACIOS MARCIA, por lo que en la parte dispositiva el A Quo absolvió al acusado de los delitos de Robo y Robo de vehículo en perjuicio de CARLOS HUMBERTO ISAULA, FREDY ANTONIO CHAVEZ Y CRISTIAN JOSUE SUAZO. Sin embargo, en el párrafo segundo de la parte dispositiva de la sentencia el A Quo condena al señor MARIO ANTONIO PALACIOS como autor del delito de Adquisición de Vehículo Robado en perjuicio de CARLOS HUMBERTO ISAULA, por estimar que existe prueba suficiente para condenar. Estima que si el A Quo hubiera interpretado y aplicado correctamente el artículo 218 letra d) del Código Penal no hubieran condenado al acusado por dicho delito. Reprocha que no diera la oportunidad al acusado de presentar medios de prueba en relación a este delito por el que no fue enjuiciado de Adquisición de vehículo robado. Este artículo penal no da a entender cómo ha de adquirirse el vehículo, por lo que ha de entender que el acusado lo adquiera por compra, lo que no se acreditada en el juicio con una constancia o certificación de la DEI o IP en que se haga constar que el acusado MARIO ANTONIO PALACIOS MARCIA, sea dueño de dicho vehículo, tampoco existe traspaso privado autenticado por Notario, por lo que aprecia que el A Quo hace una aplicación o interpretación errónea del artículo 218-D del Código Penal al condenar e imponer al acusado una condena a diez años de reclusión por este delito. Asimismo, estima que respecto al artículo 388, numerales 1 y 5 del Código Penal referente al delito de Encubrimiento, no está probado en juicio que el acusado haya ocultado a delincuente, facilitado su fuga para evitar su juzgamiento, o haya dejado de comunicar a la autoridad las noticias de la comisión de algún delito, delito por el que se condenó al acusado. Por lo anterior, concluye que el A Quo aplicó indebidamente los preceptos penales referentes a los delitos de Adquisición de Vehículo Robado, Encubrimiento y de Transporte de Arma de Fuego Prohibida, por haber sido absuelto de los delitos de Robo de Vehículo y el delito de Robo. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “1. SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete (17) días del mes de enero de dos mil diecinueve (2019). - El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, quien actúa como Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle como Magistrado integrante en sustitución por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La Sentencia en el Recurso de Casación SP-459-2015 por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de agosto del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: absolver al señor Mario Antonio Palacios, por los delitos de Robo y Robo de Vehículo, en perjuicio de los señores Fredy Antonio Chávez Castillo, Cristian Josué Suazo Pérez y Carlos Humberto Suazo Isaula.- Segundo: condenó al señor Mario Antonio Palacios, como autor responsable del delito de adquisición de vehículo robado, en perjuicio del señor Carlos Roberto Suazo Isaula, a la pena de diez (10) años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: condenó al señor Mario Antonio Palacios como autor responsable del delito de Encubrimiento en relación a un Robo, en perjuicio de la fe pública, a la pena de tres (03) años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Cuarto: condenó al señor Mario Antonio Palacios, como autor responsable del delito de Transporte de Arma de Fuego Prohíbida, en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras, a la pena de ocho (08) años de reclusión, más una multa de cinco mil (Lps. 5,000.00) lempiras, por el arma de fuego incautada.- asimismo se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condenas principal.- Quinto: se declaró la responsabilidad civil al condenado señor Mario Antonio Palacios, por cada uno de los delitos que fue condenado.- Sexto: Se declaró el comiso de un arma de fuego tipo fusil, marca: IMI, modelo: Sar Galil 370, por tratarse de un arma de fuego prohibida.- Séptimo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al condenado señor Mario Antonio Palacios.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Mario Palacios Nolasco, actuando en su condición de Defensor Privado del señor Mario Antonio Palacios Marcia. SON PARTES: El Abogado Mario Palacios Nolasco, Defensor Privado del señor Mario Antonio Palacios Marcia, como parte recurrente; y, la Abogada Iris Beatriz Fonseca, Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “Valorando los medios de prueba practicados en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Único: En fecha veintinueve (29) de Abril del año 2013 aproximadamente a las siete de la noche, agentes del orden detienen al Señor MARIO ANTONIO PALACIOS en el Barrio San Antonio del Municipio de La Paz, quien se conducía por una vía contraria al momento de ser requerido se le encuentra un vehículo por una vía contraria y al momento de ser requerido se le encuentra un vehículo marca HONDA, tipo turismo, color blanco, con placas AAP3823 con número de TAXI 632 de ajena pertenencia con denuncia de robo, una vez que se le realiza el registro personal le encuentran en la bolsa del pantalón dos teléfonos celulares con denuncia de robo, continuado con la requisa del vehículo se encuentra en el interior un maletín color negro que en su interior contenía un arma de fuego tipo fusil, modelo SAR GALIL 370, calibre 5.56x54/.223 arma que es exclusiva de uso militar y policial”. III. ADMISIBILIDAD El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. IV. RECURSO DE CASACIÓN 1) “El recurrente, Abogado MARIO PALACIOS NOLASCO, formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN: Por infracción de precepto constitucional y que me fundamento en el artículo 361 del Código Procesal Penal con la infracción constitucional que señalo violentada en los artículos 59 párrafo primero y segundo, 81, 82, 90 párrafo primero, 321, 322, 324 de la Constitución de la República y que lo explico de la manera siguiente; que resulta Honorables Magistrados que el señor MARIO ANTONIO PALACIOS MARCIA a él se le han violentado sus derechos y garantías en lo referente a lo que señala el artículo 59 párrafo primero y segundo, en lo referente a la dignidad como ser humano la que es inviolable, en el presente juicio instruido contra él por los delitos de Robo, Robo de vehículo y Transporte de Arma de fuego prohibida y que fue absuelto mediante la sentencia que emitiera el Honorable Tribunal en fecha dieciocho de agosto del año dos mil quince por los delitos de Robo y Robo de Vehículo y habiéndolo sentenciado por el delito de encubrimiento en relación a un robo en perjuicio de la fe pública y el delito de adquisición de vehículo robado en perjuicio de CARLOS HUMBERTO SUAZO ISAULA y por el delito de transporte de arma de fuego prohibida en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras, en consecuencia sentencia violatoria a la dignidad del ser humano la que dice la Constitución que es inviolable excediéndose el Honorable Tribunal Sentenciador en la aplicación de delitos y condena, la que no fue rebatida en el debate del juicio ni se propusieron medios de pruebas, ni se evacuaron con relación a los delitos que él fue sentenciado por encubrimiento en relación a un robo en perjuicio de la fe pública y por adquisición de vehículo robado en perjuicio de CARLOS HUMBERTO SUAZO ISAULA, el artículo 81 Constitucional primer párrafo señala que toda persona tiene derecho a circular libremente, salir y entrar y permanecer en el territorio nacional y en lo referente a la detención de mi representado se ha violentado esta norma constitucional en virtud que con el hecho de haberlo detenido le están violentando a él su derecho de circular libremente por el lugar que el eligiera y él estaba en el momento de su captura en un lugar que no era prohibido ni existía una prohibición de que hubiera dado el Presidente de la República como una prohibición de no circular en determinado lugar y a determinada hora y el artículo 82 Constitucional es amplio su contenido en virtud que señala que el derecho a la defensa es inviolable, la sentencia impugnada mediante este Recurso de Casación de haber violentado el precepto constitucional con el hecho de que a mi representado le iniciaron las investigaciones por delitos diferentes al que fue sentenciado, violentando así el derecho a la defensa lo que es inviolable no teniendo la oportunidad de presentar pruebas en relación a los delitos que fue sentenciado en virtud que a él se le acusó y se le siguió todo el procedimiento del juicio por los delitos de Robo y Robo de Vehículos y que dichos delitos en la sentencia de fecha dieciocho de agosto del año dos mil quince se le dictó sentencia absolutoria y que fue condenado por delitos diferentes como ser por delitos de adquisición de vehículo robado en perjuicio de CARLOS HUMBERTO SUAZO ISAULA y por el delito de encubrimiento en relación a un robo en perjuicio de la fe pública, en consecuencia existe indefensión violentando así el precepto constitucional en lo referente al derecho a la defensa que ningún juez puede violentar y en este caso la sentencia de fecha dieciocho de agosto del año dos mil quince tiene violación a la norma constitucional en lo referente al derecho a la defensa porque existe indefensión con el hecho que no se enjuició ni se aportaron las pruebas en relación a los delitos que sentenció el Honorable Tribunal en virtud que habiendo dictado el fallo donde se le absolvió por los delitos de Robo y Robo de Vehículo también debió de absolvérsele por el delito de Transporte de Arma de Fuego prohibida, porque fue por los delitos que a él se le acusó, considero entonces que el Tribunal sentenciador se excedió de sus facultades, violentando así lo que es el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República con relación al artículo 321 de la misma Constitución donde señala que nadie puede ser juzgado sino por juez competente o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y el Código Procesal Penal ya señala los derechos que tiene un imputado en lo referente al derecho a la defensa que es inviolable tal como lo señala el artículo 14 del Código Procesal Penal y el artículo 4 del mismo ordenamiento jurídico señala el principio de contradicción que todo imputado y su defensor tienen derecho de aportar las pruebas en todo el proceso y en la presente sentencia se le han violentado a mi representado los derechos a su defensa, siendo así que existe violación a la norma constitucional y a la norma procesal, existiendo con ello la indefensión y que agrego que en todo el juicio no existe ninguna prueba directa o indirecta que se haya señalado a mi representado en los delitos que fue condenado al contrario la prueba ofertada por el ente fiscal quedó demostrado que ningún medio de prueba señaló a mi representado como la persona que haya participado en delito alguno, considero con ello que el tribunal se ha excedido en sus facultades que la ley a ellos les confiere, por eso señaló el artículo 321 constitucional que los jueces y tribunales no tienen más facultades que la ley les faculta, ellos con el hecho a mi representado por los delitos de Robo y Robo de vehículo ya la ley procesal y constitucional les da esa facultad cuando no encuentran los medios probatorios de incriminación., pero no les da facultad para condenar por delitos no discutidos en el juicio oral y público que es en el presente caso que el tribunal se excedió de sus facultades constitucionales y las facultades que la ley procesal les da, por tal razón así como lo absolvieron de los delitos de Robo y Robo de Vehículo por no existir la prueba en estos delitos van en relación al delito de transporte de portación de arma prohibida, debió de absolvérsele por los tres delitos y no sentenciarlo por delitos no discutidos ni haberse aportado pruebas ni evacuadas las mismas en el tribunal de sentencia y es por los delitos a que me refiero de encubrimiento de un delito de robo en perjuicio de la fe pública con el hecho de habérsele absuelto por el delito de robo de vehículo significa que él no tenía nada que ver con relación al robo de vehículo y debió el tribunal de absolverlo no sentenciándolo por un delito no debatido en juicio, de la misma manera no está acreditado en el presente juicio que mi representado haya adquirido el vehículo al que se refiere en el presente juicio, no existe ningún medio de prueba que tenga relación a la adquisición del vehículo, no está registrado a nombre de mi representado en la Dirección Ejecutiva de Ingresos que ahora es el Instituto de la Propiedad ni existe un traspaso de manera privada debidamente autenticada por un notario que mi representado haya adquirido por compra de dicho vehículo y si él lo hubiera adquirido por compra hubiera sido una compra de buena fe y se hubiera aportado la prueba en relación a este hecho, porque si él lo hubiera comprado estuviera la documentación de la propiedad, en consecuencia estuviera el nombre de la persona que vendió el vehículo y de la persona que lo adquirió, por tal razón considero violatorio los artículos constitucionales ya citados y que existe indefensión en el presente juicio en consecuencia he señalado honorables Magistrados de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia la infracción Constitucional violentada en la sentencia emitida en fecha dieciocho de agosto del año dos mil quince por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, por tal razón pido que se declare la admisión de este motivo de casación y que se case la sentencia recurrida y que separadamente la Sala Penal emita un nuevo fallo, absolviendo de toda responsabilidad penal a mi representado legalmente en su condición de defensor que es el señor MARIO ANTONIO PALACIOS MARCIA”. 2) Continúa manifestando el recurrente en su: “MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DOCTRINA LEGAL. Este motivo de casación está ordenado en el artículo 360 del Código Procesal Penal, normas sustantivas que están en el Código Penal Vigente que han sido violentadas que son los artículos 218 letra d) y el artículo 388 numerales 1 y 5 y con relación a los artículos 1, 2, 3, 12, 14 del Código Procesal Penal y que lo explico de la manera siguiente: que el articulo 218 letra d) del Código Penal Vigente que reza así: será sancionado con la pena de reclusión de 9 a 12 años quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado se exceptúan los casos que la transacción se haya realizado de buena fe, este precepto penal se puede explicar que no tiene una motivación en lo referente cuando el soberano congreso reformó dicho artículo, en consecuencia existe bastante doctrina legal y sentencias que la Honorable Corte ha admitido absolviendo a las personas imputadas porque no explica con claridad en que momento una persona puede adquirir un vehículo robado, hurtado o que haya sido abandonado, considero que el Honorable Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua interpretó erróneamente este artículo de la Ley Sustantiva que está en el Código Penal por tal razón a habido infracción a la norma penal, porque la sentencia recurrida en casación y en la parte de fundamentación jurídica que hace la relación el Tribunal de Sentencia en lo referente a que mi representado adquirió un vehículo que había sido robado, hurtado o abandonado y que declaró el testigo FREDY ANTONIO ISAULA que había interpuesto denuncia por el robo de un vehículo tipo turismo en el cual él se conducía, como se puede verificar que es el único medio de prueba testifical que lo relaciona el Tribunal Sentenciador, pero dicho medio de prueba no señala como autor al señor MARIO ANTONIO PALACIOS MARCIA, por tal razón en la parte dispositiva el Tribunal absolvió de robo y robo de vehículo en perjuicio de CARLOS HUMBERTO ISAULA, FREDY ANTONIO CHAVEZ y CRISTIAN JOSUE SUAZO, pero en el párrafo segundo de la parte dispositiva de la sentencia dice que condenan y deben de condenar al señor MARIO ANTONIO PALACIOS como autor del delito de adquisición de vehículo robado en perjuicio de CARLOS HUMBERTO ISAULA por considerar ellos que existen pruebas suficientes para condenarlo, considero que si el Tribunal de Sentencia hubiera interpretado y aplicado correctamente el artículo 218 letra d) del Código Penal no hubieran condenado a mi representado por dicho delito, también agregó que a mi representado no se le dio la oportunidad de presentar los medios de prueba en relación al delito ya indicado en virtud que él no fue enjuiciado ni se presentaron pruebas en relación al delito de que él habla adquirido vehículo robado, porque dicho artículo penal no da a entender en qué sentido se adquirió dicho vehículo, debemos de entender que mi representado adquirió por compra el vehículo, pero ésto no está acreditado en el juicio, no existe una constancia o certificación extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos o por el Instituto de la Propiedad que dijera que el dueño de dicho vehículo es el señor MARIO ANTONIO PALACIOS MARCIA, tampoco existe ningún traspaso de manera privada debidamente autenticado por notario, considero entonces que existe interpretación errónea en la aplicación del artículo 218-d del Código Penal porque éste no es específico en el modo o la forma que se haya adquirido un vehículo que haya sido robado, hurtado o abandonado, en consecuencia en el párrafo segundo de la parte dispositiva de la sentencia el tribunal sentenciador no lo explica ni en la parte de la valoración de los medios de prueba solo dice que lo condena a 10 años de reclusión por el delito de adquisición de vehículo robado en perjuicio de CARLOS HUMBERTO SUAZO ISAULA, como ya lo manifesté que el Soberano Congreso Nacional de Honduras cuando hizo la reforma al articulo 218 letra d) que lo hizo en la reforma mediante decreto 125-2013 no hay una exposición de motivos ni lo explica correctamente, entonces da lugar a interpretaciones erróneas y aplicaciones indebidas a la norma penal, en consecuencia el tribunal sentenciador aplicó una norma violentando la misma y dándole una interpretación errónea que si no lo hubiera hecho no hubiera condenado a mi representado por dicho delito, de la misma manera en el artículo 388 numerales 1 y 5 del Código Penal en lo referente al encubrimiento no está acreditado en el juicio que mi representado haya ocultado al delincuente o facilitado su fuga para evitar su juzgamiento, ni que el haya dejado de comunicar a la autoridad las noticias que el tuviere acerca de la comisión de algún delito, en lo referente al delito por el cual se le condenó a mi defendido que es el de encubrimiento en perjuicio de la administración pública no existe ningún medio probatorio directo o indirecto que diga que él tenía conocimiento de dicho ilícito penal ni que el haya facilitado la fuga a los delincuentes para evitar que fueran juzgados, considero entonces que se ha aplicado erróneamente este precepto penal y que se ha infringido dicha norma, en consecuencia el tribunal sentenciador aplicó indebidamente este precepto penal y que debió de no aplicarlo porque en la valoración de los medios de prueba no existe que el encausado haya tenido conocimiento del ilícito, por tal razón considero Honorables Magistrados de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia que la Sentencia recurrida en casación por infracción de ley o doctrina legal contiene infracción a la norma sustantiva que son los artículos 218 letra d) y 388 numerales 1 y 5 del Código Penal Vigente con relación también al debido proceso de los artículos en referencia al Código de Procedimientos Penales que son artículo 1 que no existió un juicio previo a los delitos que se condenó a mi defendido, ni se le ha respetado el estado de inocencia, ni tuvo la oportunidad de conocer dichos delitos para presentar la prueba en contradicción en consecuencia se le violentó el derecho a su defensa tomando en cuenta que esto es un principio constitucional que es inviolable, tal como lo señala los artículos 1, 2, 4 y 14 del Código Procesal Penal, en consecuencia Honorables Magistrados el Tribunal Sentenciador aplicó indebidamente preceptos penales infringiendo la norma sustantiva y que en ambos delitos que son en lo referente a la adquisición de vehículo robado y de encubrimiento el Tribunal Sentenciador en contradicción a la norma penal que aplicó indebidamente se ve absuelto, también a mi defendido por el delito de transporte de arma de fuego prohibida, por habérsele absuelto por el delito de robo de vehículo y el delito de robo, por eso a los Honorables Magistrados de la Sala Penal pido que se admita este único motivo de casación por infracción a la norma sustantiva penal por haberse infringido la misma, existe la declaración de los testigos de cargo FREDY ANTONIO CHAVEZ CASTILLO Y CRISTIAN JOSUE SUAZO PEREZ quienes evacuaron la prueba de reconocimiento en rueda y declararon ante el Tribunal Sentenciador y ellos explican correctamente que el señor MARIO ANTONIO PALACIOS MARCIA no es la persona que los asaltó, ni es la persona que les había quitado el vehículo en consecuencia por eso el Fiscal pidió absolver al procesado de los delitos de robo y robo de vehículo, pero pidió de manera violatoria a la Ley Sustantiva que lo sentenciaran por el delito de encubrimiento en perjuicio de la fe pública, porque consideró el Fiscal que él encubrió a una persona que robo, pero erróneamente también pide una sentencia condenatoria por adquisición del vehículo robado y que lo sentenciaran por delito de transporte de arma de fuego prohibida, si bien es cierto él lo hizo en el momento procesal de las conclusiones pero también es cierto que con ello está violentando al derecho de la defensa lo cual es inviolable tal como lo dice el artículo 14 del Código Procesal Penal porque si a él lo absuelven del delito de robo, robo de vehículo la lógica misma nos enseña que el arma de fuego que iba en el vehículo no pertenecía al imputado, en consecuencia en base a la declaración de los testigos de cargo debió absolvérsele de toda responsabilidad penal al señor MARIO ANTONIO PALACIOS MARCIA en virtud que la policía no capturó al individuo que asaltó y robo y que andaba el arma de fuego, como lo dijeron los testigos de cargo FREDY ANTONIO CHÁVEZ Y CRISTIAN JOSUE SUAZO PEREZ”. 3) Sigue manifestando el recurrente en su: “MOTIVO UNICO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Que lo fundamento en el artículo 362 preámbulo numerales 2, 3, 5 y 6 con relación al artículo 337 del Código Procesal Penal que lo explico de la manera siguiente: Resulta que el artículo 337 del Código Procesal Penal reza así: La congruencia de la sentencia con la acusación y la contestación de la acusación, en el presente juicio el Ministerio Público formalizó la acusación por Robo, Robo de Vehículo y por Transporte de Arma Prohibida, en base a esos delitos la defensa contestó dichos cargos y ambas partes fijaron las posesiones en lo referente a la parte acusadora que es el ente fiscal y la defensa privada del imputado, en relación al numeral dos del artículo 362 del Código Procesal Penal el Ministerio Público como ente acusador presentó sus medios de prueba y cada evidencia con la declaración de FREDY ANTONIO CHÁVEZ Y CRISTIAN JOSUE SUAZO PEREZ ambas declaraciones fueron que no conocían al imputado MARIO ANTONIO PALACIOS MARCIA, también está el medio de prueba de reconocimiento en rueda y que los testigos no reconocieron al imputado como la persona que los había asaltado y que les había quitado el vehículo, en consecuencia la sentencia emitida por el Tribunal en fecha dieciocho de agosto del año dos mil quince los medios de prueba quedan demostrados que ha habido quebrantamiento de forma en sus apreciaciones y valoraciones por el Tribunal Sentenciador de la misma manera señaló que la Sentencia no está motivada ni que las motivaciones fácticas o jurídicas violentando así el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, también Honduras ratificó la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y todo tribunal en base al artículo 25 de dicha Convención debe de motivar sus resoluciones, autos o sentencias que queden claras y que no quede con duda alguna en virtud de que se trata de la libertad de una persona, la sentencia recurrida en casación por quebrantamiento de forma el articulo 2l8-D el tribunal sentenciador no señala las razones ni explica porque está sentenciando a mi defendido por el delito de Adquisición de un Vehículo Robado y sobre el delito de encubrimiento por robo de vehículo en perjuicio de la fe pública en base al artículo 388, es decir que no existe la clarificación en los hechos de la sentencia en el numeral 5 del artículo 362 el Tribunal Sentenciador no observó las reglas que el Código Procesal Penal señala para el juicio oral y público en lo referente al artículo 319 último párrafo del Código Procesal Penal en virtud que el Ministerio Público formalizó la acusación por Delito de Robo, Robo de Vehículo y Transporte de Arma de Fuego prohibida pero el Tribunal Sentenciador dictó la sentencia por delito de encubrimiento en perjuicio de la fe pública y por delito de adquisición de vehículo robado, también por el delito de transporte de arma de fuego prohibida, violentando así el debido proceso en cuanto al juicio oral y público que si bien es cierto el Fiscal en sus conclusiones pidió dicha condena pero también es cierto que absolver a mi defendido de robo y robo de vehículo la lógica misma nos enseña que el encausado no cometió delito de robo ni robo de vehículo en consecuencia el no trasportaba ninguna arma prohibida en dicho vehículo, por tal razón las pretensiones de la parte acusadora y la defensa tal como lo señala el artículo 362 numeral 6 con relación al 337 del Código Procesal Penal queda demostrado el quebrantamiento de la forma del proceso en virtud que el Ministerio Público sus pretensiones era que condenaran a mi defendido por el delito de Robo, Robo de Vehículo y Transporte de Arma de Fuego prohibida así formalizó la acusación y la defensa contestó oponiéndose y que después de evacuadas las pruebas de cargo quedó demostrado que mi defendido MARIO ANTONIO PALACIOS MARCIA no había cometido ningún delito de Robo, ni Robo de Vehículo por tal razón el arma que iba en el vehículo no pertenecía a mi defendido con lo que quedó demostrado con la declaración de los testigos de cargo FREDY ANTONIO CHÁVEZ Y CRISTIAN JOSUE SUAZO PEREZ que mi defendido no los asaltó, no les quitó el carro y que la persona que a ellos asaltó y que la persona que a ellos les quitó el carro fue otra y era la persona que andaba el arma prohibida en un maletín negro, en consecuencia la sentencia recurrida en casación por quebrantamiento de forma ha violentado los artículos ya enumerados, en consecuencia la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia va revisar que efectivamente a mi defendido debió de absolvérsele de toda responsabilidad penal, en virtud que ninguna prueba existe contra él aun los propios ofendidos no lo reconocieron como la persona de haber participado en un hecho doloso y que a él lo capturó la policía de manera equivocada y dejaron ir al verdadero que había cometido delito”. V. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Al respecto del RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL en Honduras, el Consultor Internacional Jose Luis Leyva Muñóz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el Recurso de Casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1] 2) A través del RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional Recurso de Apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) Esta Sala de lo Penal, considera que el Código Procesal Penal, en la parte conducente del Artículo 362.3, autoriza el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, cuando la sentencia impugnada carezca de MOTIVACIONES FÁCTICAS O JURÍDICAS, O QUE DICHAS MOTIVACIONES SEAN INSUFICIENTES O CONTRADICTORIAS. Al respecto de la motivación de fallo: “Debe distinguirse la falta de motivación de la simple “insuficiencia de motivación”, que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces. La ley manda que la sentencia sea motivada, pero el pronunciamiento es fulminado con la nulidad, únicamente cuando falta la motivación, no cuando ella es solo imperfecta o defectuosa, tampoco la anula un error no esencial.[2]” VI. RESUMEN 1) INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL DE LOS ARTÍCULOS 59 PÁRRAFO 1 Y 2, 81, 82, 90 PÁRRAFO 1, 321, 322, 324 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. El A Quo ha violentado los derechos y garantías del señor MARIO ANTONIO PALACIOS MARCIA contenidas en el artículo 59 párrafo 1 y 2, en lo referente a que la dignidad del ser humano es inviolable. El acusado fue absuelto en la sentencia que se impugna por los delitos de Robo y Robo de Vehículo y condenado por el delito de Encubrimiento. Alega que en relación a los delitos de Adquisición de Vehículo Robado en perjuicio de CARLOS HUMBERTO SUAZO ISAULA y de Transporte de Arma de Fuego Prohibida en perjuicio de la Seguridad del Estado de Honduras, la sentencia impugnada es violatoria a la dignidad del ser humano la que es inviolable, ya que el Tribunal se excede en su condena. El acusado fue condenado por Encubrimiento en relación a un robo en perjuicio de la Fe Pública y por adquisición de vehículo robado en perjuicio de CARLOS HUMBERTO SUAZO ISAULA. El artículo 81 párrafo 1 de la Constitución señala que toda persona tiene derecho a circular libremente, salir y entrar y permanecer en el territorio nacional, disposición que se ha violentado al acusado, al haber sido detenido se violenta al acusado su derecho de circular libremente. Asimismo, el artículo 82 Constitucional señala que el derecho a la defensa es inviolable, sin embargo, se le ha violentado por haber iniciado investigaciones contra el acusado por delitos diferentes al que fue sentenciado. Se le ha violentando el derecho a la defensa por no tener la oportunidad de presentar pruebas en relación a los delitos por los que fue sentenciado. Se le acusó y siguió juicio por los delitos de Robo y Robo de Vehículos y la sentencia impugnada dicta sentencia absolutoria también lo condena por delitos diferentes, como son los delitos de Adquisición de Vehículo Robado en perjuicio de CARLOS HUMBERTO SUAZO ISAULA y por el delito de Encubrimiento de Robo en perjuicio de la Fe Pública, lo que produce indefensión porque no se enjuició, ni se aportaron las pruebas en relación a los delitos por los que sentenció el Tribunal. Estima que habiendo dictado fallo que lo absuelve por los delitos de Robo y Robo de Vehículo, también debió de absolverlo por el delito de Transporte de Arma de Fuego prohibida, porque esos fueron los delitos por los que se le acusó. El Tribunal sentenciador se excedió en sus facultades, violentó el artículo 90, párrafo 1, con relación al artículo 321 de la Constitución de la República, que señala: nadie puede ser juzgado sino por juez competente o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, y el artículo 4 y 14 del Código Procesal Penal señalan el principio de contradicción, que se le ha violentado al acusado al violarle el derecho a su defensa. En todo el juicio no existe ninguna prueba directa o indirecta que se haya señalado al acusado en los delitos por los que fue condenado, al contrario, ninguna prueba ofrecida por el Fiscal señaló al acusado como la persona que participa en delito alguno. El artículo 321 constitucional dice que los jueces y tribunales no tienen más facultades que la ley les faculta. El tribunal se excedió de sus facultades constitucionales y legales, por no existir la prueba en los delitos de delito de transporte de arma prohibida, por lo que debió absolver por los tres delitos y no condenar por delitos no discutidos, sin haberse aportado ni evacuado pruebas por los delitos de Encubrimiento en perjuicio de la Fe Pública por haber sido absuelto por el delito de Robo de Vehículo por no estar acreditado en juicio que el acusado haya adquirido el vehículo, al no haber prueba de la adquisición del vehículo, por no estar registrado a nombre del acusado, no haber un traspaso autenticado por un Notario que acredite que haya adquirido por compra dicho vehículo. Estima que si lo hubiera adquirido por compra sería de buena fe y se hubiera aportado prueba estuviera la documentación de la propiedad con el nombre de la persona que vendió el vehículo y quien lo adquirió. Por lo que aprecia hubo indefensión en el juicio. 2) INFRACCIÓN DE LEY POR VIOLACION DE LOS ARTÍCULOS 218 LETRA D) Y 388 NUMERALES 1 Y 5 DEL CODIGO PENAL, EN RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 12, 14 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. El articulo 218 letra d) del Código Penal Vigente reza: “Será sancionado con la pena de reclusión de 9 a 12 años quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado, se exceptúan los casos que la transacción se haya realizado de buena fe”. Estima que el Congreso Nacional reformó este artículo, por lo que la Corte en otros casos, ha absuelto a imputados por no explicar con claridad en que momento una persona puede adquirir un vehículo robado, hurtado o que haya sido abandonado. El A Quo interpreta erróneamente este artículo del Código Penal porque la sentencia recurrida en la parte de fundamentación jurídica hace relación a que el acusado adquirió un vehículo que había sido robado, hurtado o abandonado y que testigo FREDY ANTONIO ISAULA declaró que había presentado denuncia por el robo de un vehículo en el que él se conducía, pero no señala como su autor al acusado MARIO ANTONIO PALACIOS MARCIA, por lo que en la parte dispositiva el A Quo absolvió al acusado de los delitos de Robo y Robo de vehículo en perjuicio de CARLOS HUMBERTO ISAULA, FREDY ANTONIO CHAVEZ Y CRISTIAN JOSUE SUAZO. Sin embargo, en el párrafo segundo de la parte dispositiva de la sentencia el A Quo condena al señor MARIO ANTONIO PALACIOS como autor del delito de Adquisición de Vehículo Robado en perjuicio de CARLOS HUMBERTO ISAULA, por estimar que existe prueba suficiente para condenar. Estima que si el A Quo hubiera interpretado y aplicado correctamente el artículo 218 letra d) del Código Penal no hubieran condenado al acusado por dicho delito. Reprocha que no diera la oportunidad al acusado de presentar medios de prueba en relación a este delito por el que no fue enjuiciado de Adquisición de vehículo robado. Este artículo penal no da a entender cómo ha de adquirirse el vehículo, por lo que ha de entender que el acusado lo adquiera por compra, lo que no se acreditada en el juicio con una constancia o certificación de la DEI o IP en que se haga constar que el acusado MARIO ANTONIO PALACIOS MARCIA, sea dueño de dicho vehículo, tampoco existe traspaso privado autenticado por Notario, por lo que aprecia que el A Quo hace una aplicación o interpretación errónea del artículo 218-D del Código Penal al condenar e imponer al acusado una condena a diez años de reclusión por este delito. Asimismo, estima que respecto al artículo 388, numerales 1 y 5 del Código Penal referente al delito de Encubrimiento, no está probado en juicio que el acusado haya ocultado a delincuente, facilitado su fuga para evitar su juzgamiento, o haya dejado de comunicar a la autoridad las noticias de la comisión de algún delito, delito por el que se condenó al acusado. Por lo anterior, concluye que el A Quo aplicó indebidamente los preceptos penales referentes a los delitos de Adquisición de Vehículo Robado, Encubrimiento y de Transporte de Arma de Fuego Prohibida, por haber sido absuelto de los delitos de Robo de Vehículo y el delito de Robo. 3) QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR FALTA DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA CON LA ACUSACIÓN Y LA CONTESTACIÓN DE LA ACUSACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 337 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. El artículo 337 del Código Procesal Penal dispone la congruencia de la sentencia con la acusación y la contestación de la acusación. El Ministerio Público como ente acusador presentó sus medios de prueba de evidencias, declaración de los testigos FREDY ANTONIO CHÁVEZ Y CRISTIAN JOSUE SUAZO PEREZ en que ambos declaran que no conocen al imputado MARIO ANTONIO PALACIOS MARCIA, así como el medio de prueba de reconocimiento en rueda, en que los testigos no reconocen al imputado como la persona que los asaltó y que les quitó el vehículo, por lo que la sentencia impugnada del A Quo incurre en vicio de quebrantamiento de forma en sus valoraciones debido a la falta de motivaciones fácticas o jurídicas, por lo que viola el artículo 362, numeral 3 del Código Procesal Penal. Después de evacuadas las pruebas de cargo quedan demostrado que el acusado MARIO ANTONIO PALACIOS MARCIA no ha cometido los delitos de Robo y Robo de Vehículo, por lo que estima que el arma que iba en el vehículo no pertenecía al acusado. Quedó demostrado con la declaración de los testigos de cargo FREDY ANTONIO CHÁVEZ Y CRISTIAN JOSUE SUAZO PEREZ que el acusado no los asaltó, no les quitó el carro y la persona que los asaltó y les quitó el carro fue otra, que otra persona era quien andaba el arma prohibida en un maletín negro, por lo que sume que el acusado debió haberse absuelto de toda responsabilidad penal al no haber participado en un hecho doloso por el que fue capturado por la policía dejando ir al verdadero culpable. VII. DECISIÓN 1) Esta Sala observa que el recurrente funda su reproche recursivo de infracción de precepto constitucional en la violación de los artículos 59, párrafo 1 y 2, 81, 82, 90 párrafo 1, 321, 322, 324 de la Constitución de la República. Centra su argumentación en que el A Quo viola derechos y garantías del acusado señor MARIO ANTONIO PALACIOS MARCIA contenidos en las disposiciones constitucionales siguientes: 1) Artículo 59, párrafo 1 y 2, constitucional de la inviolabilidad al derecho de dignidad del ser humano; 2) Artículo 81 constitucional: derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional; 3) Artículo 82 constitucional: inviolabilidad al derecho de defensa; 4) Artículo 90 constitucional: derecho al debido proceso; 5) Artículo 321 constitucional: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”; 6) Artículo 322 constitucional: “Todo funcionario Público al tomar posesión de su cargo protestará la siguiente promesa de ley: prometo ser fiel a la república, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes”; y, 7) Artículo 323 Constitucional: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente de su conducta oficial, sujetos a la ley, y jamás superiores a ella”. En relación a los delitos de Adquisición de Vehículo Robado en perjuicio de CARLOS HUMBERTO SUAZO ISAULA y de Transporte de Arma de Fuego Prohibida en perjuicio de la Seguridad del Estado de Honduras, estima que la sentencia impugnada es violatoria a los preceptos constitucionales transcriptos, debido a considerar que el A Quo se excede en su condena al condenar por Encubrimiento de un Robo en perjuicio de la Fe Pública y por Adquisición de Vehículo Robado en perjuicio de CARLOS HUMBERTO SUAZO ISAULA. Esta Sala considera que el motivo de casación de infracción de precepto constitucional carece de claridad y precisión, en virtud que alegar el recurrente infringidas siete distintas disposiciones constitucionales en un mismo motivo de casación, debiéndolo haberlo hecho en forma separada. No obstante, el defecto en la técnica recursiva del recurrente, esta Sala se pronuncia, concretamente de la siguiente manera: Alega infringidas las disposiciones constitucionales anteriormente indicadas por haber el A Quo condenado al acusado MARIO ANTONIO PALACIOS MARCIA por los delitos de Encubrimiento en relación a un Robo en perjuicio de la fe pública y por el delito de Adquisición de Vehículo Robado debate, sobre los que la defensa no propuso, ni evacuó medios de pruebas. El acusado fue llevado a juicio por los delitos de Robo de vehículo, Robo simple y Transporte de Arma Prohibida en perjuicio de los señores Carlos Humberto Suazo Isaula, Fredy Antonio Chávez Castillo y Cristian Josué Pérez y de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, respectivamente. La sentencia dictada por el A Quo es absolutoria por los delitos de Robo de vehículo y Robo simple en perjuicio de los señores Carlos Humberto Suazo Isaula, Fredy Antonio Chávez Castillo y Cristian Josué Pérez, y condenatoria contra el mismo acusado por los delitos de Adquisición de Vehículo Robado en perjuicio de Carlos Humberto Suazo, por Encubrimiento en relación a un delito de Robo en perjuicio de la Fe Pública; y, por Transporte de Arma de Fuego Prohibida en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, más multa de cinco mil lempiras. Si bien el A Quo absuelve por Robo de Vehículos y Robo simple y condena por el de Adquisición de Vehículo Robado, tipificado y sancionado en el artículo 218 D del Código Penal, se trata de delitos contra la propiedad, es decir el delito por el que le condena al acusado es una modalidad especifica por la que se castiga al autor del delito de Robo de Vehículos, en la hipótesis concreta de quien “oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado”. El A Quo condena al acusado por un delito de naturaleza homogénea al delito de Robo de Vehículos con pena abstracta de 10 a 15 años de reclusión, tipos penales que protegen el mismo bien jurídico de la propiedad, cuya pena abstracta es menor a la establecida para el delito del que se ha defendido en juicio. Ahora bien, para establecer si el A Quo ha encuadrado o subsumido correctamente los hechos probados en el tipo penal de Adquisición de Vehículo Robado, es preciso conocer el significado de los términos jurídicos de adquirir y adquisición. El Diccionario de Derecho Usual define el término jurídico “Adquirir” como la acción de “Conseguir algo mediante trabajo o industria de uno. /Obtener la propiedad de una cosa que pertenecía a antes a otro, o que no tenía dueño. / Lograr un derecho. / Contraer una obligación…”. Y define el término “Adquisición” de la manera siguiente: “Dice Escriche que es la acción u efecto de adquirir. El acto por el cual se hace dueño de una cosa. La palabra adquisición en este último sentido, comprende hablando en general, todo cuanto logramos o nos viene por compra, donación o herencia u otro título cualquiera; pero con más rigor, solo abraza lo que alcanzamos o conseguimos por dinero, ajuste, habilidad, industria u otro título semejante…”. En sentido jurídico de adquisición de bienes, sean muebles o inmuebles, supone sea el producto de un acto de tradición de dominio por el que el adquirente integra una cosa a su patrimonio, sea por acto entre vivos o por causa de muerte, procedente de su dueño o legítimo propietario. La simple posesión de una cosa no produce adquisición de la cosa, salvo sea por las reglas de la prescripción. Por lo anterior, esta Sala considera que en aplicación del significado literal de la palabra adquirir, esta claro que el acusado MARIO ANTONIO PALACIOS MARCIA no llega a adquirir, a ser dueño del vehiculo robado por el que fue condenado. No fue declarado probado en juicio que el acusado, haya comprado o recibido el derecho de dominio bajo cualquier título del vehículo marca Honda, tipo turismo, color blanco, placas AAP3823, taxi número 632, propiedad del señor Carlos Humberto Suazo, del que fue despojado el taxista Fredy Antonio Chávez Castillo. El Juzgador absuelve al acusado de los delitos de Robo de vehículo y Robo simple y lo condena por Encubrimiento de un Robo en perjuicio de la Fe Pública, esta segunda conclusión, es debido a que el A Quo parte de la premisa que el acusado sabía o debía saber de la procedencia ilícita del vehiculo o taxi que conducía, en tanto carecía de los documentos de propiedad del vehículo, no era la persona autorizada por su propietario para conducirlo, carecía de licencia de conducir, que solo horas antes dicho vehículo había sido despojado de su conductor por una persona portando un arma de fuego tipo fusil, vehículo tenía reporte de robo, y debido a que al haberse practicado un registro personal por parte de los policías se encuentra en sus bolsillos del acusado documentos personales, celulares, y además la ropa, zapatos y demás objetos de uso personal de los ofendidos señores Fredy Antonio Chávez Castillo y Cristian Josué Pérez; asimismo, se encuentra en el interior del vehiculo taxi con reporte de robo, una bolsa conteniendo un arma de fuego, tipo fusil, modelo SAR GALIL 370, calibre 5.56x54/.223 arma de exclusiva uso militar y policial, cuya tenencia esta prohibida a particulares. Por lo anterior, esta Sala considera que con respecto al delito de Encubrimiento y Posesión de Arma de Fuego Prohibida el A Quo no infringe ninguna disposición Constitucional, de las señaladas como infringidas, en tanto que las autoridades competentes están autorizadas por la misma constitución de la República y demás leyes de la República a detener y privar temporalmente de su libertad a cualquier persona nacional o extranjero, encontrado en la comisión de un delito, tal como lo es estar en posesión de vehículo con reporte de robo y en posesión de arma de fuego prohibida, como ha sucedido en el presente caso, todo ello para investigar y de haber prueba suficientes sea mandado a juicio para que un Tribunal determine su culpabilidad o inocencia. No se ha infringido al acusado el contenido del artículo 82 Constitucional que reseña que el derecho a la defensa a pesar de haber sido condenado por el delito de Encubrimiento de Robo en perjuicio de la administración Pública a pesar de ser un delito distinto al que fue acusado, por considerar esta Sala que es un delito vinculado al delito de Robo del que ha tenido oportunidad de defenderse en juicio, del que presentó suficientes medios de pruebas a su favor. Esta Sala considera que el A Quo efectivamente se excede al condenar al acusado por el delito de Adquisición de Vehículo Robado, pero no por la condena del acusado por los delitos de Encubrimiento en perjuicio de la fe pública, ni por el delito de Transporte de Arma de Fuego Prohibida en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, más una multa de cinco mil lempiras, por las razones expuestas, lo anterior en virtud de haber suficientes prueba de cargo en contra del acusado en el juicio. Esta Sala considera que el tribunal Por todo lo expuesto declara con lugar el motivo de casación de infracción de precepto constitucional, invocado por el recurrente, únicamente respecto a la condena dictada por el A Quo por el delito de Adquisición de Vehículo Robado en perjuicio de CARLOS HUMBERTO SUAZO ISAULA, y en lo demás deja inalterable la sentencia impugnada. 2) INFRACCIÓN DE LEY POR VIOLACION DE LOS ARTÍCULOS 218 LETRA D) Y 388 NUMERALES 1 Y 5 DEL CODIGO PENAL, EN RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 12, 14 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia sobre el motivo de casación de Infracción de ley sustantiva que antecede, en virtud de haber prosperado parcialmente el motivo de casación de infracción de precepto constitucional que antecede. 3) QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR FALTA DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA CON LA ACUSACIÓN Y LA CONTESTACIÓN DE LA ACUSACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 337 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia sobre el motivo de casación de Quebrantamiento de forma que antecede, en virtud de haber prosperado parcialmente el motivo de casación de infracción de precepto constitucional. VIII. RESOLUCIÓN Por Tanto, La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 361 del Código Procesal Penal.-FALLA: 1) Declara parcialmente CON LUGAR, el Recurso de Casación de Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, invocado por el Abogado Mario Palacios Nolasco, en su condición de Apoderado Defensor del acusado Mario Antonio Palacios Marcia; 2) Declara la nulidad parcial de la sentencia de fecha dieciocho de agosto del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, únicamente respecto al numeral segundo de la parte dispositiva del fallo impugnado, en el A Quo condena al acusado Mario Antonio Palacios a la pena de diez años de reclusión por el delito de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio de Carlos Antonio Suazo Isaula, en consecuencia, dicta Sentencia Absolutoria a favor del acusado Mario Antonio Palacios por el delito de Adquisición de Vehículo Robado en perjuicio de Carlos Antonio Suazo Isaula, de que fue acusado; Y MANDA: 1) Que en lo demás, se mantenga incólume la sentencia impugnada, en sus numerales: Primero en que absuelve al acusado Mario Antonio Palacios por los delitos de Robo y Robo de Vehículo, en perjuicio de los señores Fredy Antonio Chávez Castillo, Cristian Josué Suazo Pérez y Carlos Humberto Suazo Isaula; Tercero, en que condena al señor Mario Antonio Palacios a la pena de tres (3) años de reclusión por el delito de encubrimiento en perjuicio de la fe pública; y Cuarto: en que condena al señor Mario Antonio Palacios a la pena de ocho (8) años de reclusión por el delito de Transporte de Arma de Fuego Prohíbida, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras; 2) Que con certificación del presente fallo, se remita las presentes diligencias al tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. Magistrado. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida a solicitud del abogado Mario Palacios Nolasco, en su condición de Apoderado Defensor del señor Mario Antonio Palacios Marcía, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de marzo de dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-459-2015.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narvaez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Paginas 31 y 32.
[2] “El Recurso de Casación”. Fernando de la Rua. Edición 1968. Página 156