Sentencia CP-456-15 — Registro 13702
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado como autor responsable de un delito contra la Administración de Fondos Privados de Jubilaciones y Pensiones, en perjuicio del Instituto de Previsión de los Profesionales del Derecho y como autor responsable de un delito de Falsificación de documentos privados mediante su uso, en perjuicio de la fe pública, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...EL SEGUNDO MOTIVO NO ES DE RECIBO. Son dos los vicios lógicos que denuncia el censor en la sentencia. El primero de ellos: el principio lógico de derivación; el segundo: el principio lógico de no contradicción. Desde la base del primer motivo argumenta que se comete la infracción al principio lógico de derivación, toda vez que el sentenciador traslada a los hechos probados de la sentencia, una circunstancia que no deriva de las pruebas, pues arguye que de las declaraciones testificales de los señores Lidia María Torres Maradiaga, Juan Ángel Alfaro Matamoros, Marco Antonio Avilés Rodríguez, Mario Roberto Urquía Fajardo y Geovina Yamileth Martínez Hernández, ninguno de ellos informó que el señor Josué Argeñal diera órdenes o instrucciones al personal a su cargo para que procedieran a incinerar la documentación; así también relaciona que el sentenciador afirma en el hecho probado primero, que el Instituto de Previsión del Profesional del Derecho, presenta una iliquidez de quinientos sesenta y nueve millones de Lempiras, y que la única prueba que determina cantidades exactas es la realizada por el actuario Marco Antonio Avilés Rodríguez, quien nunca dijo la cantidad expresada por el Tribunal de Sentencia. En torno a la infracción al principio lógico de contradicción, considera que hay contradicción entre el primer y el segundo hecho probado de la sentencia, lo que torna ilógico e irracional el fallo proferido. En relación al primer argumento del motivo de casación por quebrantamiento de forma, la Sala de lo Penal no identifica ningún vicio lógico de derivación como arguye el recurrente, pues la fundamentación fáctica de la sentencia encuentra correspondencia con los medios de prueba evacuados en juicio; el juzgador ha valorado los medios de prueba de forma conjunta y armónica tal cual establece el artículo 202 del Código Procesal Penal, y sobre esa base, ha podido determinar que el señor Josué Argeñal, en su condición de gerente general, tenía la responsabilidad de custodia de la documentación contable del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho; que requirió los servicios profesionales de la Notaria Lidia María Torres Maradiaga para levantar actas notariales entre los años 2010 y 2011 en donde el Abogado Argeñal manifestaba que se habían incinerado documentos contables por recomendación de un informe de auditoría. Asimismo, la declaración testifical del Abogado Mario Roberto Urquía Fajardo, manifiesta que aún y cuando la firma contable hubiera recomendado la incineración de la documentación, los actuarios recomiendan mantener la documentación contable de los últimos cinco años y que en todo caso, la recomendación dada por la firma auditora debió llevarse a discusión a la Junta Directiva del Instituto; asimismo, el testigo informó, que quien ordena que se ejecute la recomendación dada por la firma auditora es el gerente general (f. 1905). Es así que a partir de la valoración intelectiva de estos medios de prueba relacionado con todo el andamiaje probatorio, el Tribunal de Sentencia concluye en su base fáctica que quien ordenó la incineración de la documentación contable del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho, fue quien tenía bajo su égida la custodia de dicha documentación: el acusado Josué Argeñal. Esta afirmación, en manera alguna puede considerarse atentatoria al principio lógico de derivación, pues está construida con base en medios de pruebas existentes y deriva de su contenido. En lo que concierne al alegato de que la afirmación de iliquidez de quinientos sesenta y nueve millones de Lempiras, no deriva de ningún medio de prueba, parece obviar el recurrente la valoración descriptiva de la prueba pericial consistente en el informe de resultados de valoración actual del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho al 30 de septiembre de 2009, mediante el cual el sentenciador infiere intelectivamente el valor económico exacto de iliquidez que presenta el Instituto, y que permite obtener certeza de la consecución lógica afirmada en el hecho probado de la sentencia. Finalmente, ante el cuestionamiento de contradicción entre el hecho probado primero y segundo de la sentencia, es oportuno señalar que si la intención del recurrente era atacar el relato de hechos probados por ser contradictorios, la manera correcta de hacerlo era invocando otro motivo de casación distinto, debido a que el artículo 363 del Código Procesal Penal obliga al impetrante a invocar los motivos de forma separada, precisamente para evitar confusiones o falta de claridad, tal como ocurre en el presente recurso. Además, el artículo 362 del Código Procesal Penal prevé dentro de sus numerales, una causal específica para atacar la redacción de hechos probados, existiendo en la presente causa, un error en la vía recursiva por parte de la recurrente al momento de plantear sus argumentos. Por estas razones, el segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma no es de recibo. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia conociendo de los Recursos de Casación SP 456-2015 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha quince de junio de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Condenar a Josué Argeñal Cerrato, como autor responsable de un delito contra la Administración de Fondos Privados de Jubilaciones y Pensiones, en perjuicio del Instituto de Previsión de los Profesionales del Derecho, imponiéndole una pena de diez (10) años de reclusión. Segundo: Condenar a Josué Argeñal Cerrato, como autor responsable de un delito de Falsificación de documentos privados mediante su uso, en perjuicio de la fe pública, a la pena de dos (2) años de reclusión. Tercero: Las penas se imponen en concurso real, y las deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”; una en pos de otra, comenzando por la mayor. Cuarto: Condenar al señor Josué Argeñal Cerrato, como consecuencia de la pena de reclusión impuesta por el delito de Falsificación de documentos privados mediante su uso, a la pena de inhabilitación absoluta; y, por la pena impuesta por el delito de falsificación de documentos privados mediante su uso, a la pena de inhabilitación especial, en ambos se impone la pena accesoria de interdicción civil. Quinto: Se declara la responsabilidad civil del condenado. Sexto: No procede condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, los Abogados Iván Adán Martínez Ordóñez y Rosa Helena Bonilla Galindo, en su condición de defensores privados del señor Josué Argeñal Cerrato. Son partes en única instancia: Los Abogados Iván Adán Martínez Ordóñez y Rosa Helena Bonilla Galindo, defensores privados de Josué Argeñal Cerrato, como recurrentes; y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Este tribunal de sentencia declara probados, de manera expresa y terminante, el siguiente hecho: PRIMERO: El acusado Josué Argeñal Cerrato, Abogado, durante el período comprendido entre los años 2002 al 2012 se desempeñó como Gerente del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho, teniendo dentro de sus funciones la de organizar, dirigir y supervisar las dependencias y servicios del Instituto. En los años 2009, 2010 y 2011, el señor Argeñal Cerrato dio instrucciones a personal a su cargo que se llevaran al crematorio municipal para ser incinerados, los expedientes que contenían la documentación de beneficios otorgados a miembros del Instituto, entre ellos auxilio en caso de enfermedad y pago del seguro por causa de muerte; además las partidas de diario de los años 2009, de los meses de mayo a diciembre de 2010 y de enero a abril de 2011; y copias rosadas y verdes de los formatos justificantes de cheques (Boucher) emitidos para amparar el pago de estos beneficios y de los gastos administrativos realizados en distintas fechas de los años antes mencionados; todo ello con el objetivo de impedir que estos documentos pudieran ser revisados, para medir el resultado de su gestión administrativa y financiera, y revelaran pagos indebidos de beneficios así como gastos administrativos excesivos, los que junto con otras decisiones de inversión tomadas por directivos del referido organismo, llevaron a la iliquidez del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho, en un monto de quinientos setenta y nueve millones de Lempiras. SEGUNDO: Posteriormente a la destrucción de la documentación antes referida, el acusado Josué Argeñal Cerrato en fechas 15 de abril de 2009; 3 de Agosto, 3 de Septiembre y 29 de Septiembre de 2010; 10 de mayo de 2011 realizó requerimientos notariales, para que se hiciera constar que se había llevado a cabo la quema de los documentos, en las cuatro últimas fechas le indicó al Contador del Instituto, que entregara a la Notaria requerida los listados de los expedientes, los cheques y de las partidas de diario, en los que únicamente se consignaba el nombre de miembros del Instituto así como el beneficio que se les había concedido, un listado de número de cheques y el año a que correspondían, al igual que las partidas de diario. En los últimos cuatro requerimientos, el señor Argeñal Cerrato le manifestó a la Notaria que dicha destrucción se había hecho en atención a informes de auditoría que recomendaban la misma, debido a que el espacio destinado para su archivo era insuficiente. Asimismo, el señor Argeñal Cerrato instruyó a la secretaria del Instituto le mostrara a la Notaria de auditoría de fecha 26 de Mayo 2010, que en su punto número cinco contraviene las normas de auditoría y los principios de contabilidad generalmente aceptados, consistentes en que toda entidad obligada al registro de sus movimientos contables financieros, debe conservar sus documentos contables por cinco años.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, los Abogados Iván Adán Martínez Ordóñez y Rosa Helena Bonilla Galindo, defensores privados, procedieron a formalizar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Sentencia Condenatoria dictada contra el imputado JOSUE ARGEÑAL CERRATO cometió Infracción del precepto constitucional comprendido en el artículo 82, que literalmente establece: “EL DERECHO A LA DEFENSA ES INVIOLABLE” Vicio que lo hizo violentar lineamientos de la ley constitucional vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE En el artículo 361 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva cuando se comete infracción del precepto constitucional, veamos: EXPLICACIÓN DEL UNICO MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. El motivo por infracción de precepto constitucional, que proclamamos es el contentivo a EL DERECHO A LA DEFENSA, el cual lo relacionamos con el artículo 14 del Código Procesal Penal y 82 del propio Texto constitucional, al amparo del artículo 361 de la ley procesal, en relación a los delitos de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS, por el cual fue condenado nuestro representado JOSUE ARGEÑAL CERRATO, por cuanto el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán ha formulado una condena basada en la privación y limitación substancial del derecho, de defensa, misma que tiene carácter material, real, efectiva y actual, mediante la cual se privó a la defensa de la capacidad de probar para contradecir los hechos por los cuales en definitiva se condenó, que no fueron objeto de imputación y por tanto era imposible presentar prueba de descargo, reduciendo a la nada las posibilidades de defensa, siendo imputable esta infracción al precepto constitucional del derecho a la defensa exclusivamente al Tribunal de sentencia que dictó el fallo recurrido; violentado la garantía constitucional tal y como lo ha hecho ver las distintas sentencias emitidas por esta misma sala en los fallo SP322-2007, SP-183-2009 SP-336-09 Y CP25-09. Tal y como expresa, este alto tribunal en reiteradas sentencias véase: SP-322- 2007 “Esta sala de lo penal estima que el derecho de defensa se divide en defensa material y defensa formal...por su parte la defensa técnica es el derecho del acusado a ser asistido por un profesional de derecho desde el primer acto del procedimiento, en cualquier actuación policial o judicial… participando activamente en juicio en igualdad de armas, realizando una libre actividad probatoria, han hecho alegaciones y presentado impugnaciones...” SP-183-2009 “Esta sala penal reitera... al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona llevada a juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio.... concretizándose de esta manera el derecho de defensa material y técnica, se concibe pues, en una facultad en manos del encartado quien decide el ejercicio o no de esta facultad que le ha otorgado la ley... El proceso penal es el único instrumento para someter al ciudadano, ya que frente a la acusación, el ordenamiento jurídico inevitablemente le reconoce el derecho a defenderse, a esto se le conoce también como derecho a la tutela judicial efectiva, por medio de la cual, toda persona imputada tiene el derecho y la oportunidad de obtener dentro del proceso penal una adecuada defensa, es decir, el derecho a repeler, la acusación o requerimiento fiscal que pone en precario sus bienes jurídicos más importantes, entre ellos, su libertad, el derecho de defensa etc., este último, es reconocido como el derecho fundamental que exige dos presupuestos básicos: a) ser escuchado bajo igualdad de armas, lo cual hace surgir a la vida jurídica el principio acusatorio de la contradicción procesal, requisito imprescindible que le permite poder demostrar su inocencia y b) derecho a aportar prueba, en igualdad de condiciones, lo que implica a que no se le restringa indebidamente su derecho a rebatir la imputación que se hace en su contra. Por lo que el control de casación por infracción de un precepto constitucional, como lo es el artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras (en cuanto se refiere al derecho de defensa), es posible que la Sala de lo penal controle y pueda Comprobar si las partes han tenido igualdad de oportunidades procesales para aportar medios de prueba, formular alegaciones e impugnar resoluciones que le son adversas; DEMOSTRACIÓNES AL VICIO DENUNCIADO Se considera que, tal y como, la misma Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justica a pautado, los limites para verificar el respeto a un derecho fundamental, en este recurso nos ajustemos a estos parámetros, en aras de llegar al fondo de los vicios cometidas por el Tribunal de sentencia en el fallo recurrido, por lo que verificaremos: Comprobar si las partes han tenido igualdad de oportunidades procesales para aportar medios de prueba. Para establecer el vicio cometido, por el Tribunal de sentencias, es deber remontarse al requerimiento fiscal, la formalización de acusación en la etapa intermedia, la formalización de acusación en el debate oral y público y a la etapa de conclusiones el Ministerio Público, imputo que: “LA CARTA GERENCIAL Y EL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2009 AL 2010, ES FALSA POR QUE LOS SELLOS Y LA IMPRESIÓN DEL PAPEL NO CORRESPONDE A LA QUE DECIA USAR LA EMPRESA ALFARO Y ASOCIADOS..” La falsedad imputada por el ministerio público era la contenida en el artículo 289 (falsificación por uso), una falsedad material. Es así que el Ministerio Público, presentó como prueba pericial desde el inicio del proceso EL DICTAMEN DE DOCUMENTOLOGIA FORENSE NUMERO 8091-2012, donde indicaba la perito que el material cuestionado era un documento de 27 de abril de 2012, el cual no tenía el mismo ente impresor que el documento de comparación, en base a ello la defensa también presentó pericia sobre el mismo documento, las declaraciones testimoniales del señor JUAN ANGEL ALFARO MATAMOROS, se dirigieron a establecer por parte del Ministerio Público, su tesis de que el documento contenía una falsedad material ya que los sellos y los impresos de los logos papel era distinto, y por su parte la defensa en alegatos y pruebas que no existía tal falsedad material y que únicamente existían entes impresores diferentes; pero que el señor JUAN ANGEL ALFARO MATAMOROS, no había colaborado con muestreo de firmas para demostrar ese tipo de falsedad; además la defensa en juicio alegó y probó que el documento cuestionado como falso NUNCA fue periciado, ya que conforma a la evidencia presentada en juicio fue decomisado hasta el año 2014. Este fue el hecho por el cual la defensa presentó pruebas, y sobre el que versó todo el Juicio, la determinación de que si el documento era falso, por contener una falsedad material, NUNCA en ningún momento del proceso se imputó o cuestionó una falsedad ideológica.- Para determinar la trascendente diferencia entre una FALSDEDAD MATERIAL y UNA FALSEDAD IDEOLOGICA, hacemos nuestra lo distinción entre ambas que en sentencias dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia SALA PENAL: Sentencia No. CP-36-2008 “...Sin embargo considera importante recordar que atendiendo a las modalidades de conducta en el ámbito de las falsedades documentales, se ha distinguido doctrinariamente entre las denominadas falsedades materiales y las falsedades ideológicas, intelectuales o espirituales, con carácter general cabe entender, que la falsedad material consiste en la alteración o creación física, total o parcial, de un documento quebrantando la genuidad o autenticidad así como la veracidad (ejemplo mediante tachaduras, contrahaciendo o fingiendo letra). La ideológica o intelectual, por su parte, consiste en la manifestación de algo que no es verdad, quedando plasmado tal hecho falso en el documento (ejemplo: faltando a la verdad en la narración de los hechos (vid. PANTOJA FERNANDEZ, PILAR, “Delito de Falsedad en Documento Público, Oficial y Mercantil, Marcial Pons, Madrid, 1996, pág. 183 y ss)...” Ahora bien violentando el derecho de defensa, de manera errónea el Tribunal utiliza el principio IURI NOVIT CURIA, estableciendo que es “...facultad de los tribunales e inclusive el deber de aplicar disposiciones jurídicas y pertinentes, aún cuando las partes no las invoquen…” (véase el fallo dictado por el Tribunal, y que consta en el acta de debate en su página 37); bajo la utilización errónea de este principio de derecho, el Tribunal estableció que aún y cuando no estaba probado la falsificación material, ya que el documento realmente cuestionado NUNCA FUE PERICIADO; el Tribunal de Sentencia determinaba la el documento era falso “POR HABER FALTADO A LA VERDAD DE LOS HECHOS. al contener y contravenir disposiciones de las normas de auditoría y principios de contabilidad generalmente aceptados” ( véase el capítulo tercero de la fundamentación jurídica de la Sentencia). Con ello se demuestra que esta limitación al derecho de defensa fue material, ¿Cómo PODIA rebatir o contradecir LA DEFENSA esta afirmación, si no era parte de la imputación.? ¿Cómo podía defenderse de una imputación que hace el Tribunal de Sentencias en la Sentencia?, siendo entonces la indefensión real, ya que el Tribunal se arrogo el rol de acusador y procedió a CONDENAR, como un verdadero inquisidor, sin importar lo ocurrido en el Juicio.- Tal peligrosa esta situación, que bajo esta premisa de condena, no será necesario el ente acusador, ni las pruebas en juicio, para enervar la presunción de inocencia y basta que los Juzgadores quiera condenar por cualquier hecho, aunque no sea parte del proceso. Como resultado de la violación del derecho de defensa y a la posibilidad de la defensa de controvertir, lo dicho por el Tribunal, que imposibilitó presentar prueba sin efectivamente en las normas de auditoría existe o no tales recomendaciones, de igual manera presentar los principios de contabilidad generalmente aceptados y realizar interrogatorios y alegatos sobre el tema; la violación es tal, que resultaba imposible adivinar, que existía en la cabeza de los Juzgadores y por lo cual condenaría, alejados de los alegatos de las partes. Al observar la demostración idónea del vicio en la sentencia, resulta evidente, que las limitaciones y privaciones hechas a la defensa para probar, tienen carácter de ser absolutas y totales, ya que suponen una reducción a la nada de las posibilidades que tenía la defensa para demostrar que las razones por las que se condenó, siendo totalmente arbitrarias que han provocado una grave indefensión. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento a la Infracción de Precepto Constitucional expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, siendo posible intentar reclamo para su subsanación. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el UNICO de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, y que se dicte FALLO ABSOLUTORIO a favor de nuestro representado. “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO PRIMERO: Incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, con infracción de lo que dispone el artículo 337 del Código Procesal Penal, en la parte que a la letra se lee así: “Congruencia de la sentencia con la acusación.- La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura de juicio, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362, preámbulo y numeral sexto, del Código Procesal Penal; según el texto que se lee así: “El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 6) La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, según el artículo 337 (del mismo Código). EXPLICACION DEL MOTIVO: El principio de congruencia que recoge el artículo 337 del Código Procesal Penal, constituye uno de los pilares torales del Sistema Acusatorio y que representa la ruptura de uno de los paradigmas del arbitrio judicial que imperaba en el sistema inquisitivo. Sobre este principio y sus alcances ya existen sentencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia SALA PENAL, que se refieren sobre el alcance y aplicación de éste Principio, estas sentencias en su parte conducente dicen: Sentencia CP.351=2008.“...sino más bien su vinculación es con los hechos que resulten de la valoración de las pruebas evacuadas en el debate, y que por consiguiente hayan sido descritas en la formalización de la acusación.— Para el caso un Tribunal no puede venir a dar por acreditados hechos que tengan relación con el delito de Estafa, si el delito por el que se ha venido procesando al imputado es una violencia intrafamiliar, porque esto si daría lugar a que se den por acreditado otros hechos o circunstancias que por supuesto no han podido ser descritas en las etapas anteriores; pero en el presente caso, por el hecho de que en la formalización de la acusación y el hecho probado no sean exactos en el relato, eso no provoca per—se la consecuencia de que se han dado por probados hechos distintos. El principio de congruencia, no significa que habrá de existir una equivalencia absoluta entre la sentencia y la acusación, pueden darse variantes no significativas para la toral de la decisión que se toma, lo básico es que la sentencia condenatoria que se dicte debe surgir del juicio oral que se desarrolle y dentro de los límites acusatorios imputados, la finalidad es evitar que se condene por un hecho diferente al que fuera imputado e intimado en juicio oral, lo importante es que dichos hechos no hayan sido variados en su contenido de forma tal que den lugar a incorporar un cuadro fáctico totalmente ajeno a lo controvertido a lo largo del juicio, es por ello que el hecho de que en la formalización se estableció un lugar y en el cuadro fáctico otro distinto en cuanto a donde ocurrió el hecho imputado, esto no es suficiente para poder concluir que se acreditaron hechos distintos a los descritos en las fases previas, cuando el resto de los hechos así como la calificación a que arribó el A—quo guardan relación coherente con el delito y los hechos por los que el imputado ha venido siendo procesado por esta causa y dé los cuales se debatió en juicio oral y público. Sentencia Numero CP 13- 2009, El principio de congruencia que recoge el artículo 337 del Código Procesal Penal, constituye uno de los pilares torales del Sistema Acusatorio y que representa la ruptura de uno de los paradigmas del arbitrio judicial que imperaba en el sistema inquisitivo. El artículo 337 no prohíbe modificar la calificación del delito, lo que proscribe es la modificación de los hechos objeto del debate, pudiendo el juzgador calificarlos en forma distinta siempre y cuando no sea en perjuicio del imputado, vale decir, que podrá hacerse cualquier calificación siempre que no sea de mayor perjuicio que la que originalmente se venía aplicando, distinta de las actuaciones que señala dicho artículo, en otras palabras, debe mantenerse la homogeneidad del bien jurídico lesionado, por ejemplo, no puede condenarse a una persona juzgada por lesiones, por una tentativa de homicidio, ni puede absolverse a una persona por lesiones y condenársele por robo. En el caso de autos la violación al principio de congruencia es palpable y evidente, ya que la modificación de los hechos no resultó de lo debatido en juicio y aunque no se cambió el delito, existen hechos y circunstancias que no resultan del debate y que provocaron una total incongruencia entre lo pedido, probado y lo otorgado. DEMOSTRACIONES AL VICIO DENUNCIADO. Para efecto de la demostración del vicio enunciado es menester establecer cuáles fueron los hechos y circunstancias sobre los que verso, el requerimiento fiscal, la formalización de acusación y las conclusiones del ente acusador durante todo el proceso: 1) Que con una carta gerencia de la empresa auditora ALFARO Y ASOCIADOS de fecha 26 de mayo 2010, y las recomendaciones de dicha carta se había incinerado documentación. 2) Que La mencionada carta gerencia era falsa en vista de que el logo y los sellos de la Empresa que constan en el documento SON FALSOS. 3) Que la Empresa denominada ALFARO Y ASOCIADOS, por medio de su representante el señor JUAN ANGEL ALFARO, reconoció haber realizado todas las auditorias, con excepción de la del año 2012. 4) Que de conformidad a el actuario contratado por el señor JOSUE ARGEÑAL, señor MARCO ANTONIO AVILES RODRIGUEZ, existían una INSUFICIENCIA DE RESERVA ACTUARIAL de 579,332,333.47 lempiras. Ahora bien contradiciendo la congruencia, la sentencia que hoy se recurre alteró y acomodó los hechos de manera distinta a la imputada, ya que la prueba en juicio fue contundente en acreditar, que el documento imputado como falso (por falsedad material) no fueron periciado y por tanto no se pudo acreditar tal falsedad, ya que de manera errónea se pericio un documento diferente; también se acreditó que el señor actuario MARCO ANTONIO AVILES RODRIGUEZ, estableció el valor indicado como insuficiencia de reserva actuarial pero su experiencia no le permitía determinar iliquidez o desviaciones de fondos y por último el ente acusador alegó que nuestro representado diera instrucciones al personal para incinerar documento alguno. Ahora bien en la sentencia los juzgadores apartándose de la congruencia de la sentencia y bajo el erróneo principio de IURI NOVIT CURIA (ver fallo en el acta de debate), modifican los hechos y circunstancias, estableciendo alegatos y hechos que no resultan del debate, sino de sus propias convicciones mentales, estableciendo en los hechos probados: 1) Que el señor Josué Argeñal dio instrucciones al personal para llevar al crematorio documentos, para impedir que fueran revisados, lo que llevó a la ILIQUIDEZ del instituto por un monto de quinientos setenta y nueve millones 2) Que el señor Josué Argeñal requiere los servicios notariales para hacer constar la incineración de documentos 3) Que el documento de carta gerencia es falso por contravenir las normas de auditoría interna y principios de contabilidad. Trastocados los hechos y circunstancias, tal como se evidencia, la congruencia de la sentencia se ha violentado, ya que los hechos por los cuales se procedió a condenar resultan alejados de los imputados, y son producto de una arbitrariedad que se toman los Juzgadores por entender erróneamente que el principio IURI NOVIT CURIA, los faculta para ello. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento a la Infracción de Precepto Constitucional expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, siendo posible intentar reclamo para su subsanación ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el primer Motivo de Casación por quebrantamiento de forma SE ANULE la sentencia recurrida.” “MOTIVO SEGUNDO: En la sentencia que hoy se impugna no se observaron las reglas de la sana crítica para la valoración de la prueba, infringiéndose así la exigencia contenida en el artículo 202 del Código Procesal Penal que, en la parte conducente, dispone que “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se estima comprendido en el artículo 362, numeral tres, del Código Procesal Penal, que en la parte conducente establece: “Recurso de casación por quebrantamiento de Forma: El recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 3) ... en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica.” EXPLICACION DEL MOTIVO: VIOLACION A LA LOGICA. VIOLACION AL PRINCIPIO DE DERIVACION: Sentencia Sala Penal Numero: SP-197-2009. “... REGLA DE LA DERIVACION Esta sala de lo penal, resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1) Dentro de las reglas de la lógica está el principio de derivación que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella...” En la sentencia que hoy se impugna el Juzgado ha llegado a inferencias sin razón probatoria alguna veamos: 1) Afirma el Tribunal en la sentencia en el Hecho probado primero que el señor JOSUE ARGEÑAL CERRATO, “dio instrucciones al personal a su cargo de que llevara al crematorio municipal para ser incinerado...” Esta afirmación no resulta de la prueba en juicio, ya que de la prueba evacuada en juicio esta injerencia no resultó veamos: La Notaria LIDIA MARIA TORRES MARADIAGA notaria que levantó actas notariales de manifestaciones, no tenía conocimiento, de cómo, cuándo y dónde se habían incinerado los documentos, y mucho menos quien ordenó tal incineración. Los testigos JUAN ANGEL ALFARO MATAMOROS, MARCO ANTONIO AVILES RODRIGUEZ son testigos sobre otras circunstancias que no tienen conocimiento de cómo, cuando y donde se incineraron los documentos y mucho menos quien ordenó esta situación. El testigo MARIO ROBERTO URQUIA FAJARDO. estableció el conocimiento que tuvo después que se incineraron los documentos, y se enteró cuando el condenado le entregó las actas notarias solicitadas por el abogado JOSUE ARGEÑAL, que tuvo conocimiento de ellos, sin saber cómo, cuándo y dónde se incineraron los documentos, ni quien lo ordenó. Y Por último la testigo GEOVINA YAMILETH MARTINEX HERNANDEZ, persona que sustituyó en el cargo al condenado, tampoco pudo tener conocimiento de estos hechos. Es así que en la sentencia en la valoración de prueba primera, el tribunal valora a todos estos testigos y en ninguno de los once párrafos, que contienen esta valoración establece que esta prueba se haya acreditado que el señor JOSUE ARGEÑAL ordenara la incineración. Luego el Tribunal, valora prueba documental, las evidencias, las pericias y la prueba de la defensa, pero de la lectura íntegra de todas estas valoraciones. NO EXISTE, una valoración que determine que con ésta u otra prueba se acreditó a límites de certeza (ni de probabilidad) que el señor JOSUE ARGEÑAL ORDENO AL PERSONAL A SU CARGO INCINERACION DE DOCUMENTOS. Como se ha dicho basta leer TODA la valoración de la prueba hecha por el Tribunal, y no se encuentra de donde obtuvo esta afirmación como verdadera el Tribunal para colocarla en el hecho probado. El vicio es tan evidente, que basta con leer la valoración de la prueba, buscando la que llevó al Tribunal a esta afirmación, para establecer que no existe, por lo que la afirmación expresada sin razón, ni fundamento en la sentencia violenta la regla de la derivación. 2) Afirma el Tribunal en la sentencia en el Hecho probado PRIMERO que EL Instituto de Previsión del Profesional del Derecho, presenta una “iliquidez...en un monto de Quinientos Setenta Y Nueve Millones De Lempiras...” En juicio, la única prueba que podría existe, en la que se determina cantidades exactas es la realizada por el actuario MARCO ANTONIO AVILEZ RODRIGUEZ, quien nunca dijo la cantidad expresada por el Tribunal como iliquidez, ya que como el mismo estableció que los dictámenes actuariales son dictámenes a futuro, y que el valor dado por el no responde a preguntas sobre iliquidez o desviación de fondos ya que eso debe ser acreditado por un financista. Por lo que no existe prueba en juicio que acredite que existe TAL ILIQUIDEZ, lo probado que resulta distinto es que existe insuficiencia de reservas actuariales, que es cosa distinta. ESTA CONCLUSIÓN. NO SE DESPRENDE DE NINGÚN MEDIO DE PRUEBA, RESULTO AJENA AL DEBATE Y SURGE SOLO EN LA SENTENCIA. Por último en el vicio apuntado se afirma en la sentencia que de conformidad a las normas de auditoría y principios contables generalmente aceptados, las recomendaciones dadas por la firma auditora no son las correctas. En este punto, tal y como se ha establecido en este recurso, los Juzgadores de mutuo propio, han determinado este hecho para calificar la falsedad ideológica (no alegada por las partes), por lo que resulta evidente que no existe prueba que acredite este extremo. Como se llega a la construcción de estos hechos, sin prueba útil, pertinente y evacuada en juicio, de esto resulta, que las afirmaciones a la que concluye la sentencia, no resulta de prueba en juicio, violentado el principio de derivación de que se ha hecho mérito. “VIOLACION A LA LEY LOGICA DE LA CONTRADICCION” El vicio de valoración aquí alegado se basa en que la sentencia que hoy se impugna tiene juicios contradictorios, al afirmar un hecho para luego negarlo o contradecirlo, así: El Tribunal de sentencias afirma en el hecho probado número PRIMERO. Que se ordenó la incineración de documentos con el objeto de impedir que estos documentos fueran revisados, y que ésto fue ordenado por JOSUE ARGEÑAL. Pero de manera contradictoria, establece en el numeral segundo de los hechos probados que luego de destruir los documentos el mismo señor JOSUE ARGEÑAL CERRATO, contrata los servicios notariales de la abogada LIDIA MARIA TORRES, para que se constara en acta notarial la lista de documentos quemados. Veamos esta terrible contradicción, en la valoración de la prueba relacionada a las actas notariales aludidas y a la declaración de la mencionada notaria, LIDIA MARIA TORRES MARADIAGA, se establece que es gracias a estas actas notarias y a los documentos descritos en ella, que se puede establecer cuáles fueron los documentos incinerados ya las actas “eran para levantar un inventario de los expedientes para proceder posteriormente a su destrucción” (ver valoración jurídica segunda primer párrafo)Entonces, si como dice la contradictoria sentencia, incineró documentos para ocultar que fueran revisados y conocidos, ¿Por qué levantó acta notarial para hacer inventario de ellos?.- Dicho en otras palabras si incineró para ocultar, porqué levantó documentos notariales, con lo que evitó su ocultamiento. La contradicción resulta tan palpable, que no se explica en la sentencia, limitándose a realizar suposiciones contradictorias, ya que lógicamente si mi intención es incinerar documentos para ocultar los mismos, y ocultar mi actuar criminal, no existe lógica para luego levantar inventario de los mismos y documentarlos en actas notariales y entregar estas actas a las autoridades del Colegio de abogado y el Ministerio Público (véase valoración de la prueba numeral primero, en lo que respecta a la declaración de MARIO ROBERTO URQUIA FAJARDO).Al no poder existir sin contradecir estas afirmaciones, la sentencia es ilógica e irracional, por vulnerar el PRINCIPIO DE CONTRADICCION. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento a la Infracción de Precepto Constitucional expuesto en el presente Recurso, fue cometido no solo en el acto mismo de la Sentencia, siendo posible intentar reclamo para su subsanación. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala dé lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el SEGUNDO Motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, SE ANULE la Sentencia recurrida. MOTIVO TERCERO: En la sentencia que hoy se impugna se dejó de considerar prueba de valor decisivo, Inobservando lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 362, preámbulo y numeral dos del Código Procesal Penal, que a la letra y en la parte conducente dispone: Artículo 362. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1) Que ... se excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. EXPLICACION DEL MOTIVO El legislador establece en el artículo 199 del Código Procesal Penal, que los hechos y circunstancias relacionadas con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio de prueba, siempre que sea objetivamente confiable, estableciendo que son PERTIENTNES si se refieren directa o indirectamente, objeto de la investigación, y son UTILES para averiguar la verdad. La exclusión, de prueba, que se alega, como vicio en este recurso, se refiere no ha su enunciación como tal en la sentencia, como ocurren en el numeral octavo de la valoración de la prueba, donde se expone la supuesta valoración que se hace de la prueba propuesta por la defensa, restándole credibilidad con argumentos pobres y parcializados que denotan la exclusión alegada. El Tribunal al valorar la prueba relacionada al dictamen actuarial y la deposición del actuario MARCO ANTONIO AVILEZ RODRIGUEZ, establece que la insuficiencia de reserva, se debe a gastos administrativos exagerados y al cambio del valor de los certificados de autenticidad de los notarios; frente a esta realidad se presentaron 4 actas de sesiones ordinarias de la Junta directiva del Instituto De Previsión Del Profesional Del Derecho, así como la publicación en la gaceta de las decisiones tomadas en las mencionadas reuniones. En ellas, se establece que la Junta Directiva del Instituto de Previsión, tomó la decisión, de realizar actos administrativos, como compra de locales, compra de club campestre denominado EL SEGOVIANO, compra de bienes inmuebles, pagos de asambleas y reducción del certificado de autenticidad. De conformidad a la ley de Colegio de abogados en su artículo 20, establece que el Gerente del Instituto de Previsión (Josué Argeñal) integrará las sesiones de la Junta Directiva del Instituto de Previsión del Profesional del Derecho, CON VOS PERO SIN VOTO, y en dichas actas consta la negativa reiterada plasmada en su derecho a vos, que realizaba el abogado Argeñal a tales compras. Si se hubiera valorado las actas propuestas como medios de prueba documental, se hubiera podido determinar: Que la razón del déficit de reserva, determinado por el actuario, era el resultado de las decisiones tomadas por la Junta Directiva del Instituto de Previsión, en la que el condenado NO TENIA VOTO, para poder tomar esas decisiones, por lo que tal déficit actuarial no era imputable a su persona. De igual forma, se excluyó en su valoración, notas y oficios librados por el señor Gerente JOSUE ARGEÑAL, a la Junta Directiva donde se patentizaba se desacuerdo en la incineración de documentos, como una práctica reiterada de las Juntas Directivas que a su criterio no eran correctas; con estos documentos con el sello y firma de recibido de la Secretaria de Presidencia, se patentizaba, que contrario a lo que afirma la sentencia, el condenado no ordenó ninguna incineración, todo lo contrario estaba en desacuerdo con esa práctica: basta leer el oficio de fecha 9 de mayo de 2011, dirigido a la Junta Directiva, donde el Abogado JOSUE ARGEÑAL, manifiesta que él se encontraba en la ciudad de México, y que al retornar se le informó por parte del Contador General del Instituto señor Jorge Antonio Theresin Zavala, que por orden superior se habían mandado a quemar documentos contables, estableciendo su preocupación por esta práctica. El tribunal viciando la sentencia, enuncia la evacuación de dichos documentos de vital importancia y utilidad, pero EXCLUYE, su valor probatorio desmeritando su contenido y valor probatorio. Si el Tribunal de Sentencia hubiera tomado en consideración toda esa prueba sobre el fondo de la cuestión debatida, y le hubiera reconocido la eficacia probatoria de que legalmente estaba investida, habría arribado a las conclusiones diferentes, como ser el fallo absolutorio a favor de nuestro representado. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento a la Infracci6n de Precepto Constitucional expuesto en el presente Recurso, fue cometido no solo en el acto mismo de la Sentencia, siendo posible intentar reclamo para su subsanación ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el tercer motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, SE ANULE la Sentencia recurrida.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Único Motivo. *Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. *Normas constitucionales que se denuncian infringidas: Artículo 82 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: Violación al derecho de defensa; *Pretensión: Declarar con lugar el recurso interpuesto. El censor del fallo expone en su recurso de casación por infracción de precepto constitucional, que el Tribunal de Sentencia infringe el derecho de defensa del acusado Josué Argeñal Cerrato, pues al momento de dictar la sentencia definitiva infringió el principio de congruencia al fundamentarse en hechos distintos de los que imputó el Ministerio Público. Ante esta circunstancia, considera, que no tuvo oportunidad de defenderse de los hechos por los cuales en definitiva se le condenó, pues todo el juicio versó sobre la falsedad material de un informe de auditoría, y, el sentenciador, determinó, que se trataba de una falsedad ideológica. Del derecho a la defensa Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional.- La inobservancia de las normas procesales penales provocan indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acude al proceso penal en defensa de intereses subjetivos: la parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado en defensa de los intereses individuales; como consecuencia, cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de solicitar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. De la procedencia del recurso El recurso no es de recibo. El recurrente manifiesta que el fallo condenatorio infringe el derecho de defensa de Josué Argeñal Cerrato, porque no tuvo la oportunidad de contradecir los hechos por los cuales en definitiva se le condenó, al no haber sido objeto de imputación, y por tanto, era imposible presentar defensa de descargo sobre tales hechos. Considera que la falsedad imputada por el Ministerio Público a lo largo del proceso es la contenida en el artículo 289 del Código Penal y que trataba de una falsedad material, es así que presentó dentro de la prueba de cargo una pericia de documentología forense donde indicaba la perito que existía disconformidad en los sellos y los impresos de los logos y el papel era distinto al utilizado por la empresa auditora; entretanto, la defensa, en alegatos y pruebas de descargo sostuvo que no existía falsedad material y que únicamente existían entes impresores diferentes, en esa controversia versó todo el juicio, nunca se cuestionó una falsedad ideológica por las partes. Expone el censor que el Tribunal de Sentencia en una mala aplicación del principio iura novit curia establece que es facultad de los tribunales e inclusive el deber de aplicar disposiciones jurídicas y pertinentes aun cuando las partes no las invoquen, y determina que el documento era falso, pero por haber faltado a la verdad de los hechos que narraba, al contener y contravenir disposiciones de las normas de auditoría y principios de contabilidad generalmente aceptados, lo que representa una falsedad ideológica y no material como venía siendo objeto de acusación. Finalmente, considera el censor, que no pudo defenderse de una imputación que hace el propio Tribunal de Sentencia en la sentencia definitiva, y que ello ocasiona una indefensión real y una sustitución de las funciones del ente acusador en el juzgador. Hasta ahí lo expuesto por el recurrente. Planteado así el escenario, la Sala de lo Penal considera dable precisar cuál es el alcance que respecto al derecho de defensa se tiene: “…La Sala de lo Penal reitera que las normas constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso, etc.…, o bien, aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal, etc.… 2) Siendo que uno de los requisitos constitucionales del proceso penal lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal condicionando la acción punitiva del Estado a la observación de dicho derecho, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona llevada a juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que las normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio[2]…” Es así que se puede determinar que el derecho de defensa tiene por finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes (artículo 13 del Código Procesal Penal) y de contradicción (artículo 4 del Código Procesal Penal), que imponen a los órganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes y precaver limitaciones en la defensa que puedan generar indefensión. También ha definido la Sala de lo Penal a través de su jurisprudencia, que el derecho de defensa se divide en defensa material y defensa técnica. La defensa material se desarrolla a través de tres garantías: 1) Derecho a la participación, o derecho a participar activamente en todas las etapas del proceso, sobre todo en aquellas en las que se produce elementos probatorios que sirven de base a la acusación y a la sentencia que resolverá la situación jurídica del acusado. 2) Derecho de petición, que consiste en formular a la autoridad judicial todas aquellas peticiones que considere oportunas a efecto de hacer valer su defensa; 3) Derecho al conocimiento inmediato y de forma comprensible de cuáles son sus derechos como acusado. Por su parte, la defensa técnica, es el derecho del acusado de ser asistido por un profesional del derecho desde el primer acto del procedimiento, sea actuación policial o judicial que señale al imputado como partícipe de un hecho punible. (véase fallo de fecha 11 de agosto de 2009, recaído en el expediente No. SP-322-2007). En el presente caso, el acusado ha estado presente en la fase instructora, ha tenido oportunidad de intervención en las diferentes actuaciones judiciales realizadas, ha conocido las pericias emitidas y las declaraciones de los testigos, ha tenido conocimiento de la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público, ha designado un asistente letrado de su confianza, ha propuesto prueba y controvertido la allegada en su contra, ha tenido oportunidad de recurrir el fallo que limita sus derechos fundamentales y, con rotundidad, se ha visto asistido de todas las garantías de defensa que nuestra legislación procesal prevé para el acusado. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Penal estima de manera definitiva que en el caso bajo examen se ha respetado el derecho de defensa del acusado y deviene la desestimación del recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Primer motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 337 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Falta de congruencia entre la acusación y la sentencia. *Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: Declarar con lugar el recurso. Bajo este motivo el censor denuncia que sobre los hechos y circunstancias sobre los que se basó la acusación, se aportó prueba de cargo y de descargo y versó todo el juicio, son distintos de los que utilizó el sentenciador para dictar el fallo condenatorio en contra de Josué Argeñal Cerrato; y que en una mala aplicación del principio iuri novit curia, el juzgador modifica los hechos y circunstancias que no resultan del debate si no de sus propias convicciones mentales. Principio de congruencia de la sentencia con la acusación El proceso penal vigente se basa en el principio acusatorio donde la acción penal (pública o privada) es ejercida por un sujeto procesal distinto al que juzga, al que le deviene la tarea de definir los hechos constitutivos de delitos, individualizar a las personas que considere responsables y sostener en el proceso tales aseveraciones a través de la prueba recabada en una fase de investigación previa, en contraposición el juzgador está obligado a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. El principio acusatorio da paso al derecho de defensa, permitiendo que el imputado sea intimado de los hechos que se le atribuyen con suficiente antelación que le permitan controvertirlos, incluso aportando prueba para ello, así pues nace la contradicción entre partes con posiciones e intereses subjetivos antagónicos: por una parte el acusador expone claramente el contenido de la acción penal de manera previa, obligado a probar su teoría, y por otra parte el imputado quien tiene el derecho a que le sea oída su respuesta a la acusación, de defenderse de la misma, lo cual solo es posible si puede conocer la totalidad de su contenido de manera previa; el destinatario de lo que acontece en la duela jurídica es el juzgador a quien corresponde decidir sobre la procedencia de la acción penal conforme al mérito probado, viéndose vinculado a la acusación a la que tendrá como límite máximo la expectativa punitiva planteada, no pudiendo sobrepasar la misma o apreciar hechos o circunstancias distintas a las presentadas en ella, a ello se le conoce como principio de congruencia de la sentencia con la acusación. (ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 11 días de agosto del año 2009 contenida en el Expediente 322-2007). El principio de congruencia exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el Tribunal de Sentencia tras celebrarse la audiencia de debate y el contenido de la acusación, fijado en la audiencia de formalización de cargos celebrada durante la etapa intermedia del proceso penal, que prohíbe al juzgador distraerse de los elementos objetivos y subjetivos de la acusación: 1. Elemento objetivo: prohíbe al juzgador incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados de la formalización de la acusación, ya que de hacerlo incidiría en el derecho de defensa del imputado, quien podría resultar condenado por hecho punible del que no ha tenido oportunidad de defenderse, al no haber sido previamente oído, al no haberse podido oponer y al no haber tenido la oportunidad de ofrecer prueba de descargo; 2. Elemento subjetivo: prohíbe al juzgador extender el derecho punitivo contra persona o personas distintas determinadas en la formalización de la acusación. En resumen, el sentido del principio de congruencia de la sentencia con la acusación es permitir que la persona imputada conozca oportunamente el alcance y el contenido de la acusación que le permita ejercer defensa de ésta y no ser condenada por hechos de los que nunca se le dio oportunidad ser oída, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de Sentencia, de forma tal que se configure un delito diferente al que fue objeto de debate procesal; el derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo. (ver sentencia de fecha 20 de junio de 2012 en expediente 308-2009 y de fecha 18 días del mes de octubre de 2012, en expediente 065-2010). Con todo, no debe entenderse que el juzgador se encuentra atado al contenido de la acusación, tal cual que su respuesta solo pueda ser positiva o negativa a lo planteado en la acusación, el principio de congruencia no limita al Tribunal de Sentencia a calificar los hechos contenidos en la acusación de una manera diferente, siempre que: 1. El nuevo delito o falta calificado se desprenda de los hechos intimados en la formalización de la acusación y que hayan sido probados en el debate; 2. En el fáctum declarado probado no se incluyan hechos o circunstancias diferentes a las que se fijaron en la formalización de la acusación, pues son estos hechos y circunstancias los que fueron objeto de probanza y de contradictorio en el debate; 3. El delito apreciado por el Tribunal de Sentencia no supere las expectativas punitivas del ente acusador; por tanto, no podría reprochar penalmente un delito más grave, más si uno de igual o menor gravedad o incluso una falta. Como regla general, el principio de congruencia vincula la sentencia con el contenido de la formalización de cargos realizada en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso, en donde el acusador estatal o privado debe calificar los hechos acusados en una de las figuras penales vigentes, pudiendo realizar calificaciones alternativas y subsidiarias en caso de prever que la definición dependerá del resultado del debate (artículo 301.3 del Código Procesal Penal). Como excepción, el artículo 337 del Código Procesal Penal advierte que además de la formalización de cargos, la sentencia podría verse vinculada con el auto de apertura a juicio, con la ampliación de la acusación o con las conclusiones de las partes en el debate, en los casos y formas siguientes: 1. Hechos fijados en el auto de apertura a juicio: la fase intermedia del proceso es una etapa crítica sobre las conclusiones de la investigación preparatoria, tiene por objeto el control concreto y previo sobre la validez formal y la seriedad material de la acusación. Lo que se busca con esta etapa procesal es racionalizar la administración de justicia, evitando someter inútilmente a un ciudadano a los rigores del juicio oral. La etapa intermedia se compone por: formalización de la acusación, contestación de cargos y auto de apertura a juicio. El juez de letras siempre a la sombra del principio indubio pro accusatione, evaluará si la acusación presentada en la audiencia preliminar tienen apariencia de poder sustentarse en la audiencia de debate, lo cual se conoce como presupuesto objetivo material, pero además verificará si dentro de la acusación se individualiza la persona o personas a las que se le atribuyen los hechos imputados, lo cual se denomina presupuesto subjetivo material; es muy importante resaltar que al juez de la etapa intermedia no le corresponde examinar la calificación jurídica de la acusación, de hecho, el Código Procesal Penal no determina que en el auto de apertura a juicio deba existir por parte del juzgador una calificación penal de los hechos que contienen la acusación, ya que su tarea exclusiva es verificar la existencia de los presupuestos objetivos y subjetivos antes explicados (Artículo 302 del Código Procesal Penal). En caso de que la acusación no supere el examen del juez de la etapa intermedia, dictará un sobreseimiento provisional o definitivo, el cual puede afectar total o parcialmente el contenido de la formalización de la acusación; en caso de una afectación parcial (sea porque se dictó sobreseimiento provisional o definitivo a favor de uno de los imputados o en relación a uno de los delitos por estar sustentados en un hecho especifico que se prevé no podrá ser sustentado en juicio), el debate se celebrará sobre los aspectos de la acusación que si superaron el examen de los presupuestos objetivos y subjetivos, los que deberán ser definidos en el auto de apertura a juicio y por ello en estos casos la sentencia, además de la formalización de cargos, también estaría vinculada con el auto de apertura a juicio. 2. Ampliación de la acusación: determina el artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de: a. Modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; y b. Modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación. Para tal modificación, se requiere que se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos; y que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación. Señala el precepto legal que, reunidos los requisitos mencionados, el defensor tendrá derecho a solicitar la suspensión del debate, al amparo del artículo 312.7 del Código Procesal Penal, para efectos de ajustar la teoría de la defensa a los nuevos hechos, pudiendo inclusive proponer nuevos medios de prueba o solicitar que el imputado sea escuchado nuevamente respecto a la ampliación o modificación. Finalmente, la norma procesal señala que no constituye ampliación de la acusación: la corrección de errores materiales; la inclusión de circunstancias que no modifiquen la calificación jurídica del delito o la pena que pudiese ser impuesta; y la introducción de hechos nuevos, ya que sean independientes o conexos con los fijados en la formalización de la acusación, que puedan constituir delitos diferentes; en estos casos dispone el Código Procesal Penal, que se deberá proceder por aparte respecto a estos nuevos hechos, en un proceso penal diferente, ello en aras de garantizar el derecho de defensa. 3. Las conclusiones del debate: por reforma al artículo 337 del Código Procesal Penal, el legislador dispuso que las conclusiones de las partes en la audiencia del debate vinculaban al Tribunal de Sentencia respecto a las decisiones que deba tomar en la sentencia. Es importante advertir que las conclusiones son el último acto procesal que realizan los apoderados legales de las partes en el proceso penal previo a la decisión de fondo, en el cual dan a conocer sus pretensiones basadas en la actividad probatoria que ha tenido lugar; además es de tener en cuenta que lo señalado en las conclusiones no puede ser objeto de ulterior contradictorio, mucho menos de prueba o contra prueba, pues con esta actuación se da por finalizada la audiencia de debate. Por lo anterior, el derecho de defensa no permite como admisible, la modificación de la acusación por parte del Ministerio Público que conlleve un agravamiento de la situación jurídica por la que se había estado defendiendo el acusado, mucho menos la imputación de nuevos delitos o la inclusión en la acción penal de personas distintas al imputado, pues si no es permisible en la ampliación de la acusación que se hace al inicio del debate, mucho menos podría serlo en la etapa de conclusiones. Por lo anterior se considerará vinculante para el Tribunal: a. La renuncia de la acción penal por parte del Ministerio Público, la que conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal favorecería no solo a la persona imputada sino a todos los involucrados en la acción penal; b. La modificación (sin que sea permisible la inclusión) de las calificaciones penales, siempre que no implique modificación de los hechos imputados; y c. El planteamiento de calificaciones de delitos alternativos sobre los mismos hechos que fueron objeto de debate, con base en la especialidad o subsidiariedad entre unos y otros. No será vinculante el allanamiento por la representación legal del acusado sobre los hechos objeto de imputación, pues deberá ser precisamente definido por el mérito de la prueba, más si puede ser objeto de valoración la aceptación de los hechos que haga el acusado en su última intervención previo a declarar cerrado el debate, valoración que se realizará de manera conjunta con la prueba evacuada. En conclusión, la sentencia estaría vinculada no solo con la formalización de cargos, sino además con el auto de apertura a juicio, la ampliación de cargos realizada en la audiencia de debate y con las conclusiones hechas en la audiencia de debate, siempre que se ajuste a lo señalado en este apartado. De la procedencia del motivo El primer motivo no es de recibo. En el presente motivo, el recurrente expresa que se ha violentado el principio de congruencia entre sentencia y las pretensiones de las partes, ya que según el artículo 337 del Código Procesal Penal, la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos y otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura de juicio, o en su caso, en la ampliación de acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes mencionadas. Considera el recurrente que, en el presente caso, los hechos y circunstancias sobre los cuales el acusador fundamentó su acusación versó en lo siguiente: 1) Que con una carta de gerencia de la empresa auditoria ALFARO Y ASOCIADOS de fecha 26 de mayo de 2010, y las recomendaciones de dicha carta se había incinerado documentación. 2) La mencionada carta de gerencia era falsa en vista de que el logo y los sellos de la empresa que constan en el documento son falsos. 3) La empresa ALFARO Y ASOCIADOS, por medio de su representante el señor Juan Ángel Alfaro, reconoció haber realizado todas las auditorías a excepción de la del año 2012. 4) Que de conformidad con el actuario contratado por el señor Josué Argeñal, existía insuficiencia de reserva actuarial de 579, 332,333.47 Lempiras. Continúa argumentando el recurrente que los juzgadores se apartan de la congruencia de tales hechos y bajo el erróneo principio de iura novit curia, modifican los hechos y circunstancias estableciendo hechos que no resultan del debate, tales como que el señor Argeñal dio instrucciones a su personal para llevar al crematorio documentos para impedir que fueran revisados; que el señor Argeñal requiere los servicios notariales para hacer constar la incineración de documentos; que el documento de carta de gerencia es falso por contravenir las normas de auditoría interna y principios de contabilidad, considera que estos hechos obedecen a convicciones mentales del juzgador, son la base de la condena y resultan alejados de os hechos imputados. Así las cosas, la Sala de lo Penal ha definido el alcance conceptual del principio de congruencia entre la sentencia y la acusación[3]: “…los Tribunales de Sentencia no están vinculados con la exactitud de los hechos expuestos en las formalizaciones de las acusaciones, sino más bien su vinculación es con los hechos que resulten de la valoración de las pruebas evacuadas en el debate, y que por consiguiente hayan sido descritas en la formalización de la acusación. Para el caso un Tribunal no puede venir a dar por acreditados hechos que tengan relación con el delito de Estafa, si el delito por el que se ha venido procesando al imputado es una violencia intrafamiliar, porque esto si daría lugar a que se den por acreditado otros hechos o circunstancias que por supuesto no han podido ser descritas en las etapas anteriores; pero en el presente caso, por el hecho de que en la formalización de la acusación y el hecho probado no sean exactos en el relato, eso no provoca per-se la consecuencia de que se han dado por probados hechos distintos. El principio de congruencia, no significa que habrá de existir una equivalencia absoluta entre la sentencia y la acusación, pueden darse variantes no significativas para lo toral de la decisión que se toma, lo básico es que la sentencia condenatoria que se dicte debe surgir del juicio oral que se desarrolle y dentro de los límites acusatorios imputados, la finalidad es evitar que se condene por un hecho diferente al que fuera imputado e intimado en juicio oral, lo importante es que dichos hechos no hayan sido variados en su contenido de forma tal que dé lugar a incorporar un cuadro fáctico totalmente ajeno a lo controvertido a lo largo del juicio, es por ello que el hecho de que en la formalización se estableció un lugar y en el cuadro fáctico otro distinto en cuanto a donde ocurrió el hecho imputado, esto no es suficiente para poder concluir que se acreditaron hechos distintos a los descritos en las fases previas, cuando el resto de los hechos así como la calificación a que arribó el A- quo guardan relación coherente con el delito y los hechos por los que el imputado ha venido siendo procesado por esta causa y de los cuales se debatió en juicio oral y público…” Sobre esta base, y tomando en consideración los argumentos recursivos, la Sala de lo Penal entiende que no se ha quebrantado el principio de congruencia pues existe homogeneidad del bien jurídico protegido, el Ministerio Público formalizó cargos por un delito de uso de documentos privados falsos en contra de la fe pública, tipo penal por el cual en definitiva fue condenado el acusado; dicho de otra manera, el sentenciador no varió la adecuación típica formulada inicialmente por el ente acusador. De igual manera, y como consecuencia lógica, tampoco hubo un agravamiento punitivo, condición por la cual también se puede quebrantar el principio de congruencia, ya que si nos remitimos a la audiencia preliminar (f. 995), el Ministerio Público fijó el mínimo y el máximo de las penas que considera deben aplicarse al indiciado según resulte de su participación en el delito, fijando el quantum abstracto entre una pena que va desde los seis meses hasta los tres años de reclusión, entidad punitiva respetada por el sentenciador. En cuanto al argumento de que se modificaron los hechos, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que la vinculación del sentenciador es con los hechos que resulten de la valoración de las pruebas evacuadas en el debate, y que, por consiguiente, hayan sido descritos en la formalización de la acusación. No hubo modificación de tales hechos, los mismos son el resultado de la actividad probatoria evacuada en juicio, existe identidad fáctica entre la acusación y la sentencia y de dar razón a tal alegato, se estaría obviando la necesidad de que el juez evalúe los medios de prueba presentados en su conjunto como lo dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal. En consecuencia de lo anterior, procede desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su primer motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Segundo motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362.3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: infracción a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: declarar ha lugar el recurso. El recurrente delata infringido el principio lógico de derivación y el principio lógico de no contradicción. El primero de ellos, el de derivación, lo considera así porque en los hechos probados de la sentencia se establecen circunstancias que no derivan de ningún medio de prueba. Hace una síntesis de las declaraciones testificales y concluye que a partir de estas declaraciones no puede afirmarse la base fáctica de la sentencia. Igual considera que el importe de quinientos sesenta y nueve millones de Lempiras de iliquidez del Instituto de Previsión de los Profesionales del Derecho, establecida en el segundo hecho probado de la sentencia, tampoco deriva de ningún medio de prueba, y que por esta razón se infringe el principio lógico de derivación. En relación al principio lógico de no contradicción, el censor afirma que entre el primer y el segundo hecho probado de la sentencia existe contradicción, lo que torna irracional el fallo condenatorio. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el porqué lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la lógica no formal, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del motivo El segundo motivo no es de recibo. Son dos los vicios lógicos que denuncia el censor en la sentencia. El primero de ellos: el principio lógico de derivación; el segundo: el principio lógico de no contradicción. Desde la base del primer motivo argumenta que se comete la infracción al principio lógico de derivación, toda vez que el sentenciador traslada a los hechos probados de la sentencia, una circunstancia que no deriva de las pruebas, pues arguye que de las declaraciones testificales de los señores Lidia María Torres Maradiaga, Juan Ángel Alfaro Matamoros, Marco Antonio Avilés Rodríguez, Mario Roberto Urquía Fajardo y Geovina Yamileth Martínez Hernández, ninguno de ellos informó que el señor Josué Argeñal diera órdenes o instrucciones al personal a su cargo para que procedieran a incinerar la documentación; así también relaciona que el sentenciador afirma en el hecho probado primero, que el Instituto de Previsión del Profesional del Derecho, presenta una iliquidez de quinientos sesenta y nueve millones de Lempiras, y que la única prueba que determina cantidades exactas es la realizada por el actuario Marco Antonio Avilés Rodríguez, quien nunca dijo la cantidad expresada por el Tribunal de Sentencia. En torno a la infracción al principio lógico de contradicción, considera que hay contradicción entre el primer y el segundo hecho probado de la sentencia, lo que torna ilógico e irracional el fallo proferido. En relación al primer argumento del motivo de casación por quebrantamiento de forma, la Sala de lo Penal no identifica ningún vicio lógico de derivación como arguye el recurrente, pues la fundamentación fáctica de la sentencia encuentra correspondencia con los medios de prueba evacuados en juicio; el juzgador ha valorado los medios de prueba de forma conjunta y armónica tal cual establece el artículo 202 del Código Procesal Penal, y sobre esa base, ha podido determinar que el señor Josué Argeñal, en su condición de gerente general, tenía la responsabilidad de custodia de la documentación contable del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho; que requirió los servicios profesionales de la Notaria Lidia María Torres Maradiaga para levantar actas notariales entre los años 2010 y 2011 en donde el Abogado Argeñal manifestaba que se habían incinerado documentos contables por recomendación de un informe de auditoría. Asimismo, la declaración testifical del Abogado Mario Roberto Urquía Fajardo, manifiesta que aún y cuando la firma contable hubiera recomendado la incineración de la documentación, los actuarios recomiendan mantener la documentación contable de los últimos cinco años y que en todo caso, la recomendación dada por la firma auditora debió llevarse a discusión a la Junta Directiva del Instituto; asimismo, el testigo informó, que quien ordena que se ejecute la recomendación dada por la firma auditora es el gerente general (f. 1905). Es así que a partir de la valoración intelectiva de estos medios de prueba relacionado con todo el andamiaje probatorio, el Tribunal de Sentencia concluye en su base fáctica que quien ordenó la incineración de la documentación contable del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho, fue quien tenía bajo su égida la custodia de dicha documentación: el acusado Josué Argeñal. Esta afirmación, en manera alguna puede considerarse atentatoria al principio lógico de derivación, pues está construida con base en medios de pruebas existentes y deriva de su contenido. En lo que concierne al alegato de que la afirmación de iliquidez de quinientos sesenta y nueve millones de Lempiras, no deriva de ningún medio de prueba, parece obviar el recurrente la valoración descriptiva de la prueba pericial consistente en el informe de resultados de valoración actual del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho al 30 de septiembre de 2009, mediante el cual el sentenciador infiere intelectivamente el valor económico exacto de iliquidez que presenta el Instituto, y que permite obtener certeza de la consecución lógica afirmada en el hecho probado de la sentencia. Finalmente, ante el cuestionamiento de contradicción entre el hecho probado primero y segundo de la sentencia, es oportuno señalar que si la intención del recurrente era atacar el relato de hechos probados por ser contradictorios, la manera correcta de hacerlo era invocando otro motivo de casación distinto, debido a que el artículo 363 del Código Procesal Penal obliga al impetrante a invocar los motivos de forma separada, precisamente para evitar confusiones o falta de claridad, tal como ocurre en el presente recurso. Además, el artículo 362 del Código Procesal Penal prevé dentro de sus numerales, una causal específica para atacar la redacción de hechos probados, existiendo en la presente causa, un error en la vía recursiva por parte de la recurrente al momento de plantear sus argumentos. Por estas razones, el segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma no es de recibo. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por los Abogados Iván Adán Martínez Ordóñez y Rosa Helena Bonilla Galindo, defensores privados de Josué Argeñal Bonilla; 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por los abogados Iván Adán Martínez Ordóñez y Rosa Helena Bonilla Galindo, defensores privados de Josué Argeñal Bonilla; 3) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha quince de junio del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de enero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-456-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Sentencia 10 de noviembre de 2010 expediente SP 336-2009.
[3] Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 10 de noviembre de 2010, recaída en el expediente SP 351-2008.