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Sentencia CP-45-15 — Registro 10546

Resumen

En primera instancia se condeno al imputado por el delito de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibidas en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Resolviendo en segunda instancia Sin Lugar.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...a. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A.4) Opinión de la Sala sobre el caso específico. El recurrente centra su argumentación recursiva en la infracción al derecho fundamental consignado en el artículo 99 de la Constitución de la República de inviolabilidad del domicilio. Reprocha concretamente que dicha infracción se produce al irrumpir la policía en el domicilio del acusado A. S. F. G., con autorización de una persona que no habitaba la vivienda, y sin portar orden de autoridad competente, por lo que asume que la captura al imputado, y la vinculación a los delitos de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibidas y Almacenamiento de Armas Comerciales encontradas en la vivienda del imputado son nulas, debido a que son producto de prueba ilícita, en razón a que el A Quo declara la nulidad del medio de prueba de “Acta de ingreso a la vivienda”. No obstante, lo anterior, el Juzgador valida el ingreso policial al domicilio del acusado por considerar que se trataba de una situación de urgencia, dado que en la casa del acusado se encontraba un vehículo robado, por lo fue del parecer que la policía no necesitaba de autorización. Esta Sala considera que el artículo 99 de la Constitución de la República, dispone que: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños graves a la persona o a la propiedad. Exceptuando los casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las seis de la tarde a las seis de la mañana, sin incurrir en responsabilidad. La ley determinará los requisitos y formalidades para que tenga lugar el ingreso, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleve a cabo”. El Artículo 177. El allanamiento. Si la persona que deba ser aprehendida o detenida preventivamente se encuentra en una casa de habitación propia o ajena, el allanamiento para su captura solo podrá verificarse con el consentimiento de quien habite en aquélla o mediante autorización judicial. Con todo, la casa en referencia podrá ser allanada, en los casos y con las condiciones establecidas por el artículo 212 de éste Código. Las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior, no serán necesarias para entrar en establecimientos públicos, negocios, comercios, centros de reunión o recreo y, en general, en cualquier lugar urbano o rural, que no sirva de casa de habitación, residencia o domicilio de una persona. El Artículo 212. Requisitos para practicar allanamiento de moradas. El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. En estos casos, el Ministerio Público, una vez practicado el allanamiento, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del juez competente, al que explicará las razones que lo determinaron. El juez, por auto motivado, convalidará o anulará, total o parcialmente, lo actuado. En lo demás, se estará a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución de la República. Quedarán comprendidos dentro de lo dispuesto por el párrafo anterior, los casos siguientes: 1) Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a ésta en circunstancias inusuales; 2) Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; 3) Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; y, 4) Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante. En los casos contemplados en los numerales precedentes, la autoridad policial que practique el allanamiento deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos (2) testigos mayores de edad, que no tengan vinculación alguna con los cuerpos de investigación. Concluido el allanamiento, se levantará acta que firmarán quienes hayan participado en el mismo y aquellos en cuya presencia se efectuó. Si se negaren a hacerlo, se hará constar esta circunstancia y las razones que aduzcan para ello. En el presente caso, el tribunal declara en sentencia recurrida la nulidad del Acta de ingreso a la vivienda por considerar que se infringen formas esenciales del procedimiento, dejando el Juzgador subsistente la validez del Acta de allanamiento y las pruebas que de él se derivan. Del acta de la audiencia de declaración de imputado (folio 16 del proceso) consta que el Juez de la fase preparatoria del proceso declara: “no ha lugar la solicitud de convalidación de allanamiento realizado en la Colonia García de Choloma, Cortés, en virtud de que no se realizó respetanto los derechos y garantías que se hacen valer en nuestra normativa, ya que el acta de autorización de la vivienda no la firma el arrendador de la misma encontrándose él en ese momento, e hicieron firmar al acta a otra persona que se encontraba en la misma el señor M. L. M., por lo que existió una clara infracción de las normas esenciales del procedimiento establecidas en el artículo 177 del Código Penal”. Esta Sala considera que la normativa constitucional y procesal penal, define tres formas en la autoridad puede ingresar a una vivienda: 1) Por autorización de una persona que habite la vivienda; 2) Por orden de autoridad competente; y, 3) En casos calificados de urgencia, y una vez practicado el ingreso a la vivienda, presentando de inmediato las actuaciones a convalidación ante la autoridad jurisdiccional respectiva. El A Quo declara la nulidad del medio de prueba denominado Acta de ingreso a la vivienda, y deja subsistente el valor del medio de prueba Acta de allanamiento y otorgando pleno valor probatorio a las evidencias consistentes en armas de fuego de uso comercial y de uso prohíbido y municiones, derivadas de dicha actuación. Esta Sala observa que la autorización de ingreso a la vivienda del acusado la otorga a la Policía el señor M. L. M., quien se ha de presumir cohabita la vivienda con el acusado, ya que al momento del ingreso a la misma se encuentra en el interior de la vivienda; 2) No es necesario que quien otorgue la autorización de ingreso a una vivienda tenga la condición de dueño, propietario, arrendatario o sea civilmente responsable de la misma, sino que basta que quien la habite sea mayor de edad y su consentimiento lo haya otorgado de forma consciente, voluntaria y sin coacción. Esta Sala aprecia que las razones vertidas por el Juzgador de instancia para declarar la nulidad del medio de prueba denominado “Acta de ingreso a la vivienda”, son débiles e insuficientes, dado todo parece indicar que el señor M. L. M. y las personas que acompañan al acusado A. S. F. G., y se encuentran en el interior de la vivienda al momento que ingresa la policía, conocen o deben conocer de las actividades ilícitas del acusado, el que arrienda dicha vivienda para ocuparla como centro de operaciones o de fachada para actividades ilícitas, como las de eludir a las autoridades, y las de ocultamiento de armas de uso prohíbido o de guerra, armas de uso comercial, y municiones de distinto calibre, y mantener ocultos vehículos con reporte de robo. Con la información vertida al juicio esta Sala considera que el A Quo debió otorgar pleno valor a la autorización de ingreso a la vivienda, acta de allanamiento y valor todos los efectos derivados de dicha actuación policial, como lo es la detención o captura del acusado A. S. F. G. y del hallazgo en el interior de dicha vivienda de armas prohíbidas y de uso comercial, y munición de diferente calibre. Esta Sala considera asimismo que el allanamiento de morada fue practicado por la policía en la vivienda arrendada por el acusado por claras razones de urgencia, para evitar la fuga de los implicados en un delin¬cuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posi¬ble esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. Por lo anterior esta Sala hecha la salvedad de la prueba indebidamente anulada por el juzgador, concluye que no se incurre en infracción al derecho fundamental consignado en el artículo 99 de la Constitución de la República de inviolabilidad del domicilio..."

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Penales, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019); el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su condición de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación S.P.45-2015 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: 1) Absolvió a A. S. F. G. del delito de Adquisición de Vehículo Robado en perjuicio de E. G. R.; 2) Condenó a A. S. F. G. a la pena de Ocho (8) Años de Reclusión por el delito de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohíbidas en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; 3) Condenó a A. S. F. G. a la pena de Tres (3) Años de Reclusión por el delito de Almacenamiento de Armas Comerciales en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; asimismo lo condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial e interdicción Civil por el tiempo que duren las condenas principales. Se declaró la responsabilidad civil. No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: La Abogada G. E. B. Á., en su condición de Defensora Pública del encausado A. S. F. G., como parte recurrente; y la Abogada N. M., Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS: UNICO: El día miércoles veintidós de febrero del año dos mil doce, Agentes de la Policía Nacional Preventiva, tuvieron conocimiento, mediante una llamada telefónica anónima, de que en una vivienda, ubicada en la Colonia García, Choloma, departamento de Cortés, se encontraba un vehículo con reporte de robo, por lo que de inmediato, se desplazaron hacia dicho lugar, encontrando en la parte frontal del inmueble mencionado, donde residía el acusado, el señor A. S. F. G., un automóvil marca Kía, tipo turismo, color blanco, placa PBV6287 y además en el corredor de la casa, un automotor, marca Honda Accord, color rojo, con placa PBT 7805, procediendo enseguida a ingresar a la vivienda, donde se encontraban varias personas, entre ellas, el encausado, quien mantenía en la sala, en el interior de un sofá, se encontró un arma de fuego AK 47 y dos cargadores, uno contenía once proyectiles y el otro nueve; adentro de un aire acondicionado, ubicado al lado derecho de una de las habitaciones, se encontró un arma de fuego tipo pistola, marca Pietro Beretta, cacha de madera, en buen estado de funcionamiento y de la cual no contaba con autorización respectiva y un cargador conteniendo trece proyectiles sin percutir; dentro de un aire acondicionado, situado en el lado izquierdo, de la misma habitación, se hallaron dos envoltorios conteniendo proyectiles amarillos sin percutir, el primero contenía veinticuatro y el segundo, 19. En otra de las habitaciones, se encontró un fusil sin marca y sin serie, con cacha de madera color café, que según el dictamen balístico, corresponde a un arma de fuego tipo fusil marca Winchester, calibre 22. Todas las armas descritas, se encontraban en buen estado de funcionamiento, tanto mecánico como operativo. III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La recurrente, Abogada G. E. B. Á., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Infracción del precepto constitucional contenido en los artículos 69, 82, 90 y 99 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO Las normas sustantivas infringidas son los artículos 69, 82, 90 y 99, de la Constitución de la República que establecen “Que el derecho de defensa es inviolable, asimismo dispone, que la justicia se imparte gratuitamente en Nombre del Estado y que la ley dispondrá lo necesario a fin de asegurar el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, proveyendo los medios eficaces para atender a sus necesidades funcionales y administrativas” Artículo 69.- “La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”. Artículo 90.- “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece… Artículo 99.- “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad”. Artículos estos que han sido violentados por el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, por una parte al manifestar en la Valoración de la Prueba numeral 1: Que con el medio de prueba Autorización de ingreso a vivienda, en la que constaba, que el señor M. L. M., autorizó a los agentes de la Policía Nacional, para que efectuaran las diligencias pertinentes en la casa que habitaba el imputado A. S. F. G., ubicada en la Colonia García, Choloma, Cortés el 22 de febrero de 2012.- donde acertadamente el Tribunal de mérito argumentó que con dicho medio de prueba, se pudo constatar que se produjo una infracción a garantías y derechos fundamentales y procesales, al contradecirse las disposiciones constitucionales en las cuales se establece como requisito para irrumpir en el domicilio de un ciudadano, el contar con la autorización de la persona que habita en el mismo o de la autoridad competente, lo que no ocurrió en el presente caso, porque en el estado donde consta la autorización para ingresar a la vivienda ubicada en la Colonia García, Choloma Cortés, aparece como que la otorgó el señor M. L. M., una persona que no era llamado a brindarlas, pues no residía en dicho lugar, tal como se acreditó con la prueba documental, consistente en el contrato de arrendamiento suscrito entre los señores P. R. N. arrendador y A. S. F. G. en su condición de arrendatario, lo que sin duda vuelve nulo el documento en el cual constaba la autorización de ingreso a la vivienda, por lo que el tribunal no lo valoró, excluyéndolo como prueba. PRIMERO: La defensa del imputado al analizar el expediente en su conjunto observó desprenderse del mismo que de las investigaciones realizadas por la policía para poder llegar a capturar al imputado A. S. F. G. lo hicieron violentaron garantías constitucionales como ser el domicilio y detención ilegal, tal y como se acreditó con la prueba documental presentada conjuntamente con la Fiscalía y evacuada en juicio oral referente a la autorización de ingreso a la vivienda y los contratos de arrendamiento uno de fecha 17 de agosto de 2011 celebrado entre los señores M. B. arrendadora y M. L. M. arrendatario, de un bien inmueble ubicado en la Colonia Brisas del Norte; y el otro contrato de fecha 1 de febrero de 2012 suscrito entre los señores P. R. N. arrendador y A. S. F. G. arrendatario, bien inmueble ubicado en la Colonia García del Municipio de Choloma, Cortés. - Medios de prueba presentados con el objeto de acreditar que efectivamente el señor M. L. M. quien autorizó a los agentes el ingreso a la vivienda, donde no habitaba dicho lugar y no era responsable a ningún título del inmueble antes descrito. Visto lo anterior podemos observar existir un allanamiento ilegal por parte de la policía efectuado en la casa del imputado A. S. F. G. por una parte invadiendo su domicilio con la autorización de una persona que no habitaba dicha vivienda, y por otra no existiendo autorización alguna por parte de un Tribunal competente, por lo que la ilegalidad de dicho acto proviene no solo de la vulneración de una norma de orden procesal o de una simple omisión de una formalidad, sino por el contrario de un comportamiento que compromete el respeto del marco constitucional, al vulnerarse directamente lo que la constitución no tolera ni permite, que se procediera a la entrada y registro de una morada, sin el previo control de legalidad del acto efectuado tanto como por el responsable de la casa o en su defecto por el Juez competente, cuando esta situación acontecía, por lo que el acto cuestionado debía ser declarado nulo, porque la vulneración de una garantía constitucional acarrea de pleno derecho, nulidad del acto viciado, por imperativo constitucional. SEGUNDO: Consideramos y como se manifestó antes el Tribunal sentenciador debió declarar nulo lo relacionado con lo del ALMACENAMIENTO DE ARMAS Y MUNICIONES PROHÍBIDAS como del ALMACENAMIENTO DE ARMAS COMERCIALES encontradas en la vivienda del imputado A. S. F., debiendo cualquier persona respetar el área destinada de manera exclusiva al particular, por lo que la recolección de esa información se hizo irrespetando garantías constitucionales, en el entendido que la ley limita el uso de esa información para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Honorables Magistrados consideramos que la información recolectada por la Policía que detiene al imputado A. S. F. G. proveniente de un actuar ilegal de la Policía, y la cual fue vertida en juicio siendo prueba ilícita (espuria) o prohíbida, que es aquél medio de prueba que resulta por sí mismo capaz de proporcionar elementos que permitan llegar a constatar la existencia de un hecho deducido en proceso, pero que el ordenamiento jurídico prohíbe utilizar, es decir que estaríamos ante una prueba ilícita testifical por vínculo procesal por la forma en que se obtuvo, por lo que creemos que la prueba es el elemento procesal más susceptible de ser alterada, pues su manipulación se puede dar en varios momentos: a) a la hora de formarla, b) a la hora de aplicarla, y c) al momento de decisión Judicial. Queremos manifestar que la prueba en materia penal es sinónimo de garantía y tal .debe de manejarse tanto en la fase de formación, como al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarle por parte del Juzgador quien debe acudir a los más estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción (sana crítica) para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía la convierte en imperativa, de ahí que cada vez que la prueba venga vulnerada y se le niegue este carácter de garantía en el proceso penal, la consecuencia lógica es la NULIDAD ABSOLUTA de ésta. Y como es lógico, los efectos que de ella promanan, por lo que no podemos dudar que cuando el Juzgador basa su decisión en una prueba ilícita no viola la norma que disciplina el método para adquirir, aplicar o valorar la prueba, sino que viola directamente la norma que lo vincula a juzgar conforme a pruebas legítimas. Sabemos que el Tribunal sentenciador le dio valor probatorio a la prueba recolectada por la Policía los que eran en fase de actos preparatorios, por una parte allanándose la vivienda del imputado, y por otra llevándoselo detenido, esta praxis violentó derechos fundamentales, que unidos a otros elementos corroboran los hechos, considerándose como se dijo antes una injerencia arbitraria o abusiva en el domicilio y libertad personal, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques, por consiguiente no puede constituir prueba acusatoria si este es el único medio de prueba.- Siendo así rechazamos el criterio del tribunal sentenciador en la valoración de la prueba al argumentar que era necesario puntualizar que la Nulidad del medio de prueba (Acta de Ingreso a la vivienda), no invalidaba el acto de allanamiento y la prueba derivada del mismo, manifestando que los Agentes Policiales ingresaron al domicilio en atención a una situación de urgencia que implicaba que en dicho lugar, se estaba cometiendo delito al encontrarse allí un vehículo robado, lo que fue puesto en conocimiento mediante una denuncia, justificando y legitimando el ingreso de los Agentes policiales a la vivienda del imputado, concluyendo que no necesitaban autorización. TERCERO: Consideramos que, si queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, necesariamente, debemos respetar la forma que la Constitución nos indica. Todo ello para lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, debemos “VENERAR” nuestra ley fundamental y defenderla de quienes no quieran acatarla. Es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso que toda persona tiene. No puede aceptarse que la lucha procesal sea como una guerra en la cual el “fin justifique los medios” de manera que se pueda recurrir aún a las peores atrocidades con el pretexto de querer encontrar la verdad para aplicar la sentencia. - Partimos del hecho que un testimonio es una prueba lícita; una confesión es una prueba lícita; pero si aquél o esta se obtiene mediante la violación a un derecho fundamental como lo es la violación a la privacidad del domicilio, se convierte en un medio ilícito de administrar la justicia. En una palabra, será ilícito todo aquél elemento probatorio que sea consecuencia, de un procedimiento irrespetuoso de las formas que la ley establece, para la obtención de la prueba - El hacerlo así sería pretender hacer justicia violando la ley, lo que sería una “paradoja jurídica’ por lo que el único camino hacia la justicia es el respeto a nuestra carta magna. Y los únicos vehículos que nos llevarán a aquel destino son las garantías. Por consiguiente, haciéndolo así haremos que sea la justicia Judicial realmente un instrumento de tutela y no un instrumento de agravio. Dicho lo anterior se colige que es una obligación del Estado y especialmente impartiendo justicia en un proceso penal el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad real, para garantizar a quién lo enfrenta, un juicio justo, el hecho de tomar en cuenta la prueba supra indicada para basar su fallo y condenar por ALMACENAMIENTO DE ARMAS Y MUNICIONES PROHÍBIDAS y ALMACENAMIENTO DE ARMAS COMERCIALES a mi representado A. S. F. G., esto es una flagrante violación al derecho de defensa del imputado, lo cual solo puede ser subsanado a través de la admisión del presente recurso de casación. INTERPRETAClÓN PRETENDIDA Al plasmarse en la declaración de hechos probados por el Tribunal sentenciador, la acción típica o conducta objetiva, como los elementos objetivos del tipo, por cuanto el factum comprende el hecho que Almacenaba Armas y Municiones Prohíbidas y Almacenaba Armas Comerciales, como resultado de la autorización de una persona que no habitaba la vivienda denunciada y como tal no era el responsable de la misma, allanándose de esta forma la vivienda del imputado A. S. F. G., y de esta forma violentándose la garantía Constitucional plasmada en el artículo 99.- En este sentido, se pide que se interprete que ese fallo debió haber sido absolutorio y no condenatorio como erróneamente lo hizo el Tribunal Sentenciador, en consecuencia ser declarado nulo por haberse basado el mismo en prueba espuria, debiendo corregirse dicho error por este alto Tribunal.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1).-RECURSO DE CASACIÓN DE INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, POR VIOLACIÓN DEL CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 69, 82, 90 Y 99 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. A) Único Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación del contenido en los artículos 69, 82, 90 y 99 de la Constitución de la República. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, y se dicte la sentencia de fondo que corresponda conforme a derecho. Resumen. Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional contenido en los artículos 69, 82, 90 y 99 de la Constitución de la República, que establecen: artículo 82.- “Que el derecho de defensa es inviolable…”, artículo 69.- “La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”.- Artículo 90.- “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…, Artículo 99.- “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad”. Artículos que han sido violentados por el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, en la valoración del medio de prueba “Autorización de ingreso a vivienda”, en la que consta que el señor M. L. M., autorizó a los agentes de la Policía Nacional, para el ingreso a la casa que habitaba el imputado A. S. F. G., ubicada en la Colonia García, Choloma, Cortés el 22 de febrero de 2012. Se constata una infracción a garantías y derechos fundamentales y procesales, al irrumpir en el domicilio de un ciudadano, y contar con la autorización de una persona que no habita la vivienda, ni contar con orden de autoridad competente, por lo que vuelve nulas las investigaciones realizadas por la Policía para capturar al imputado A. S. F. G. Al existir un allanamiento ilegal por parte de la Policía en la casa del imputado A. S. F. G. e invadir su domicilio el tribunal debió anular lo relacionado al Almacenamiento de Armas y Municiones Prohíbidas y Almacenamiento de Armas Comerciales encontradas en la vivienda del imputado A. S. F. La información recolectada por la que se detiene al imputado A. S. F. G. proveniente de un actuar ilegal de la Policía, por lo que la prueba vertida en juicio es ilícita (espuria) o prohíbida. Reprocha el criterio del tribunal que alude a que la nulidad del medio de prueba de “Acta de Ingreso a la vivienda”, no invalida el acto de allanamiento, ni la prueba derivada, pues los Agentes Policiales ingresaron al domicilio en atención a una situación de urgencia que implicaba que en dicho lugar se estaba cometiendo delito al encontrarse allí un vehículo robado, justificando y legitimando el ingreso de los Agentes policiales a la vivienda del imputado, por lo que no necesitaban autorización. Concluye que, el tomar en cuenta la prueba ilícita supra indicada para basar su fallo y condenar por Almacenamiento de Armas y Municiones Prohíbidas como del Almacenamiento de Armas Comerciales contra el acusado A. S. F. G. produce la violación al derecho de defensa, que solo puede ser subsanado a través de la admisión del presente Recurso de Casación. A.1) Concepto General del Recurso.Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don José Luís Leyva Muñóz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de Casación por Quebrantamiento de Forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el Recurso de Casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1] A.2) Concepto Específico del Recurso. “Registro domiciliario. ..Partiendo de la idea de que el concepto constitucional de domicilio es más amplio que el estrictamente jurídico lo configura con las siguientes notas: a) El espacio en que la persona vive sin estar sujeta necesariamente a los usos y convencionalismos sociales; b) El lugar en el que el sujeto ejercita su libertad más íntima, como emanación natural de la misma persona, en definitiva donde se desarrolla lo que se ha denominado la privacidad de la persona a través de la cual proyecta su yo anímico en múltiples direcciones; y, c) el local, por precario y humilde que sea su construcción, en donde la persona vive y se cobija para cumplir con sus obligaciones y con el ejercicio de sus derechos, lo mismo si es habitual que si es accidental o transitorio. En consecuencia, se considera domicilio cualquier lugar cerrado en que pueda concurrir la vida privada, individual o familiar, o lo que es lo mismo, que sirva de habitación o morada a quien a quien en él vive, estimándose que constituye domicilio o morada, cualquier lugar, cualquiera que sea su condición o característica, donde vive una persona o una familia, sea propiamente domicilio o simplemente residencia, estable o transitoria. Por reunir estas cualidades también gozan de la condición dispensada al domicilio: habitación arrendada, lugar destinado a reunión, hotel, despacho profesional, tienda de campaña, ect.” “Consentimiento del Titular….. El consentimiento o conformidad implica un estado de ánimo concreto en virtud del cual la persona interesada, ante la situación también concreta que las circunstancias le presentan, accede al registro porque soporta, permite, tolera y otorga inequívocamente, que esxte acto tenga lugar. Se trata de una aprobación, una aquiescencia, un asentimiento, una licencia o una venia que soslaya cualquier otra diligencia procedimental. En principio ha de entenderse que el consentimiento prestado por una persona mayor de edad y capaz ha de presumirse válido…En otro orden de cosas, también se ha declarado que en los supuestos de domicilio compartido puede ser suficiente la autorización de uno de los convivientes y titular del lugar en que el registro va a efectuarse y que la libertad e intimidad, dentro del domicilio no es emanación de un derecho de propiedad, sino de la personalidad, siendo indiferente el hecho jurídico civil en que se asiente: propietario, usufructuario, arrendatario, precarista, … por lo que el registro es lícito aunque la orden judicial no se refiera al titular registral y legítimo propietario de la vivienda. “Concepto de Flagrancia: Conforme aparece redactado el artículo 18.2 de la Constitución Española, que permite entrar en domicilio ajeno sin el consentimiento del titular y sin resolución judicial que lo autorice en los casos de flagrante delito, estos supuestos constituyen una excepción al contenido de un derecho fundamental. Por ello la aplicación de esta excepción al mismo concepto de delito flagrante han de ser objeto de interpretación restrictiva en aras al máximo respeto posible al derecho fundamental. … Así, el concepto de delito flagrante, a estos efectos ha sido delimitado tanto por la doctrina del Tribunal Constitucional … por la siguientes notas sustantivas y adjetivas: 1) Las primeras están constituidas por una temporal, de inmediatez, esto es, que la acción delictiva se esté desarrollando o acabe de desarrollarse en el momento en que se sorprende o percibe; y otra, personal, cual es que el delincuente se encuentre en el lugar del hecho o situación o relación con aspectos del delito, objeto, instrumentos, efectos o evidencias materiales del mismo, que proclamen su directa participación en la ejecución de la acción delictiva. Por delito flagrante habrá de entenderse aquello que está ardiendo o resplandeciendo, es la infracción que se está cometiendo de manera singularmente escandalosa y ostentosa, lo que precisa de la inmediata intervención a fin de que cese el delito y sus efectos. 2) A estas dos notas materiales deberán agregarse otras dos de orden adjetivo integradas por la percepción directa y efectiva –nunca meramente presuntiva o indiciaria- de aquellas condiciones antes dichas; así como la necesidad urgente de la intervención, urgencia que si bien va normalmente unida a las situaciones de flagrancia –como medio de evitar ya la consumación del delito que se está cometiendo, ya el agotamiento del que se acaba de cometer, ya la desaparición de los efectos y huellas del delito que se está percibiendo directa y sensorialmente –ha de valorarse siempre en función del principio de proporcionalidad, evitando intervenciones desmedidas o lesiones de derechos desproporcionados respecto al fin con ellas perseguido …necesidad que no existirá cuando la naturaleza de los hechos permita acudir a la autoridad judicial para obtener el mandamiento correspondiente”.[2] A.3) De la Procedencia Recurso: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A.4) Opinión de la Sala sobre el caso específico.El recurrente centra su argumentación recursiva en la infracción al derecho fundamental consignado en el artículo 99 de la Constitución de la República de inviolabilidad del domicilio. Reprocha concretamente que dicha infracción se produce al irrumpir la policía en el domicilio del acusado A. S. F. G., con autorización de una persona que no habitaba la vivienda, y sin portar orden de autoridad competente, por lo que asume que la captura al imputado, y la vinculación a los delitos de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohibidas y Almacenamiento de Armas Comerciales encontradas en la vivienda del imputado son nulas, debido a que son producto de prueba ilícita, en razón a que el A Quo declara la nulidad del medio de prueba de “Acta de ingreso a la vivienda”. No obstante, lo anterior, el Juzgador valida el ingreso policial al domicilio del acusado por considerar que se trataba de una situación de urgencia, dado que en la casa del acusado se encontraba un vehículo robado, por lo fue del parecer que la policía no necesitaba de autorización. Esta Sala considera que el artículo 99 de la Constitución de la República, dispone que: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños graves a la persona o a la propiedad. Exceptuando los casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las seis de la tarde a las seis de la mañana, sin incurrir en responsabilidad. La ley determinará los requisitos y formalidades para que tenga lugar el ingreso, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleve a cabo”. El Artículo 177. El allanamiento. Si la persona que deba ser aprehendida o detenida preventivamente se encuentra en una casa de habitación propia o ajena, el allanamiento para su captura solo podrá verificarse con el consentimiento de quien habite en aquélla o mediante autorización judicial. Con todo, la casa en referencia podrá ser allanada, en los casos y con las condiciones establecidas por el artículo 212 de éste Código. Las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior, no serán necesarias para entrar en establecimientos públicos, negocios, comercios, centros de reunión o recreo y, en general, en cualquier lugar urbano o rural, que no sirva de casa de habitación, residencia o domicilio de una persona. El Artículo 212. Requisitos para practicar allanamiento de moradas. El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. En estos casos, el Ministerio Público, una vez practicado el allanamiento, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del juez competente, al que explicará las razones que lo determinaron. El juez, por auto motivado, convalidará o anulará, total o parcialmente, lo actuado. En lo demás, se estará a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución de la República. Quedarán comprendidos dentro de lo dispuesto por el párrafo anterior, los casos siguientes: 1) Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a ésta en circunstancias inusuales; 2) Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; 3) Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; y, 4) Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante. En los casos contemplados en los numerales precedentes, la autoridad policial que practique el allanamiento deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos (2) testigos mayores de edad, que no tengan vinculación alguna con los cuerpos de investigación. Concluido el allanamiento, se levantará acta que firmarán quienes hayan participado en el mismo y aquellos en cuya presencia se efectuó. Si se negaren a hacerlo, se hará constar esta circunstancia y las razones que aduzcan para ello. En el presente caso, el tribunal declara en sentencia recurrida la nulidad del Acta de ingreso a la vivienda por considerar que se infringen formas esenciales del procedimiento, dejando el Juzgador subsistente la validez del Acta de allanamiento y las pruebas que de él se derivan. Del acta de la audiencia de declaración de imputado (folio 16 del proceso) consta que el Juez de la fase preparatoria del proceso declara: “no ha lugar la solicitud de convalidación de allanamiento realizado en la Colonia García de Choloma, Cortés, en virtud de que no se realizó respetanto los derechos y garantías que se hacen valer en nuestra normativa, ya que el acta de autorización de la vivienda no la firma el arrendador de la misma encontrándose él en ese momento, e hicieron firmar al acta a otra persona que se encontraba en la misma el señor M. L. M., por lo que existió una clara infracción de las normas esenciales del procedimiento establecidas en el artículo 177 del Código Penal”. Esta Sala considera que la normativa constitucional y procesal penal, define tres formas en la autoridad puede ingresar a una vivienda: 1) Por autorización de una persona que habite la vivienda; 2) Por orden de autoridad competente; y, 3) En casos calificados de urgencia, y una vez practicado el ingreso a la vivienda, presentando de inmediato las actuaciones a convalidación ante la autoridad jurisdiccional respectiva. El A Quo declara la nulidad del medio de prueba denominado Acta de ingreso a la vivienda, y deja subsistente el valor del medio de prueba Acta de allanamiento y otorgando pleno valor probatorio a las evidencias consistentes en armas de fuego de uso comercial y de uso prohíbido y municiones, derivadas de dicha actuación. Esta Sala observa que la autorización de ingreso a la vivienda del acusado la otorga a la Policía el señor M. L. M., quien se ha de presumir cohabita la vivienda con el acusado, ya que al momento del ingreso a la misma se encuentra en el interior de la vivienda; 2) No es necesario que quien otorgue la autorización de ingreso a una vivienda tenga la condición de dueño, propietario, arrendatario o sea civilmente responsable de la misma, sino que basta que quien la habite sea mayor de edad y su consentimiento lo haya otorgado de forma consciente, voluntaria y sin coacción. Esta Sala aprecia que las razones vertidas por el Juzgador de instancia para declarar la nulidad del medio de prueba denominado “Acta de ingreso a la vivienda”, son débiles e insuficientes, dado todo parece indicar que el señor M. L. M. y las personas que acompañan al acusado A. S. F. G., y se encuentran en el interior de la vivienda al momento que ingresa la policía, conocen o deben conocer de las actividades ilícitas del acusado, el que arrienda dicha vivienda para ocuparla como centro de operaciones o de fachada para actividades ilícitas, como las de eludir a las autoridades, y las de ocultamiento de armas de uso prohíbido o de guerra, armas de uso comercial, y municiones de distinto calibre, y mantener ocultos vehículos con reporte de robo. Con la información vertida al juicio esta Sala considera que el A Quo debió otorgar pleno valor a la autorización de ingreso a la vivienda, acta de allanamiento y valor todos los efectos derivados de dicha actuación policial, como lo es la detención o captura del acusado A. S. F. G. y del hallazgo en el interior de dicha vivienda de armas prohíbidas y de uso comercial, y munición de diferente calibre. Esta Sala considera asimismo que el allanamiento de morada fue practicado por la policía en la vivienda arrendada por el acusado por claras razones de urgencia, para evitar la fuga de los implicados en un delin­cuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posi­ble esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. Por lo anterior esta Sala hecha la salvedad de la prueba indebidamente anulada por el juzgador, concluye que no se incurre en infracción al derecho fundamental consignado en el artículo 99 de la Constitución de la República de inviolabilidad del domicilio. V. DECISIÓN. Esta Sala declara No Ha Lugar el motivo de Casación de Infracción de Precepto Constitucional, invocado por el recurrente. VI. POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la Abogada G. E. B. Á., en su condición de Defensora Pública del encausado A. S. F. G., en la causa instruida contra este, a quien se le condenó como autor de los delitos de Almacenamiento de Armas y Municiones Prohíbidas y de Almacenamiento de Armas Comerciales, ambas en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- SEGUNDO: DECLARAR FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. Receptor Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-45-2015.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.

[2] La Prueba en el Proceso Penal. Doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Editorial Aranzadi. 2da. Edición. Antonio Pablo Rives Seva. Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Páginas 327-243.