Sentencia CP-444-19 — Registro 15064
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Violación Especial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe los preceptos constitucionales que garantizan los derechos de defensa, presunción de inocencia y debido proceso, consignados en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Del derecho de defensa deriva del derecho de contradicción o audiencia, de igualdad de armas procesales, derecho a proponer pruebas, formular alegatos y de impugnar resoluciones, derecho a que el juicio se desarrolle en un plano de igualdad frente al poder punitivo del Estado. Por su parte, el derecho a la presunción de inocencia, requiera que se compruebe: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. El derecho a un debido proceso, por su parte, encierra las garantías necesarias para procesar justamente a una acusado, es decir las condiciones mínimas que deben ser garantizadas a las personas que tengan una acusación penal en su contra, tales como: 1. Que el hecho motivo del proceso esté tipificado como delito o falta; 2. La prohibición de detención arbitraria: nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. Esta Sala considera que en el presente caso el recurrente falta al principio de técnica recursiva, pues en un su motivo de casación por infracción de precepto constitucional argumenta infracción de los derechos fundamentales de defensa, presunción de inocencia y debido proceso, consignados en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, debiendo hacerlo para mayor claridad y precisión en forma separada. No obstante, el defecto en la técnica recursiva en que incurre el recurrente, esta sala considera que no por el tiempo transcurrido entre el hecho y la actividad procesal, han de tenerse como dudosas o falsas las declaraciones de testigos, especialmente la declaración de la testigo que, en su condición de ofendida, siendo ésta la persona que a muy corta edad ha percibido los hechos directamente por medio de sus sentidos. Esta Sala observa que, en el presente caso, la prueba de cargo consiste en: 1) Prueba testifical, consistente en las declaraciones de las testigos B. Z. S., madre de la menor ofendida, quien declara que “el señor E. O. M. fue su marido por un año, y que ese día se encontraba en su casa de habitación en el sector de Cofradía, Cortés, junto a su hija M.Y. G.S., cuando en horas del medio día estaba sacando piojos a M. J. y la mandó a traer un peine a su cuarto, en ese cuarto estaba acostado en su cama el señor E. O.M. y cuando ingreso M. Y. la halo y le bajó el blúmer y abuso de su hija. Que ella vio nerviosa a M. J. y se puso a llorar y dijo que E. le enseñó el pene. Ella vio que la mamá de E. le quiso pegar a E .con un leño, por lo que había hecho. Ella denunció los hechos a la Fiscalía”; y M. Y. G.S., menor ofendida, quien declara que: “actualmente tiene doce años de edad, nació el 2002. Manifestó que contaba con cinco años de edad, cuando el señor M. refiriéndose a E. O. M., quien era novio de su mamá, estaba acostado en la cama, cuando ella llegó al cuarto a traer un peine porque le estaba sacando piojos su mamá, él la jaló y le subió el vestido, le bajo el blúmer, sacó el pene y la penetró en su vulva. Dijo que en esa casa vivía también su hermanita D. A. menor que ella, su mamá, el señor M. refiriéndose al señor E. O.M., la mamá de E. y dos hermanos de E. Que ella vivió con su padrastro J. F., que es una persona buena con ella, le ayuda en lo que ella necesita. A las preguntas de las partes ella identificó a E. como la persona que abusó de ella, Y que ella ahora vive en la Fundación Pro Niño”; 2) Prueba Pericial, consistente en el Dictamen Médico No.2013-0501-0101-1366, practicado por la Doctora L. M. P., a la menor M.Y.G. S., que sus conclusiones establece: “Área genital: himen tipo anular, con ruptura antigua mayor de diez días a las siete horas según las manecillas del reloj, lo cual es compatible con las producidas por penetración de cuerpo u objeto romo (pene erecto, dedos)…. El médico recomienda: evaluación psicológica y psiquiátrica forense para determinar los traumas o secuelas por abuso sexual. A las preguntas a la Doctora manifestó que no se puede determinar la fecha de la relación sexual, solo que es anterior a diez días, debido a que la evaluación se realizó varios años después de la fecha en que la ofendida manifestó que fue abusada”; Dictamen de Evaluación Psicológica No. 352-13, practicada a la menor M. Y. G. S., por parte de la Psicóloga Forense M.L.O. H., dictamen que establece: “La evaluada presentó dentro de su personalidad sentimientos de inadecuación, indecisión que la impulsan a sentir inestabilidad dentro de su ambiente con una preocupación por sí misma, asimismo es defensiva por lo que tiende a querer tener el control de las cosas a su manera. Siente la necesidad que le recuerden que es importante, es posible que sienta que no ha tenido la atención emocional de las personas que considera importantes en su vida. Muestra preocupación sexual, el cual puede estar ligado a experiencias negativas en su pasado en ese aspecto. Es inmadura en situaciones que le provocan tensión, puede actuar con impulsividad después llevándola a una autocrítica por no actuar de la manera en los demás esperan de ella. La inteligencia corresponde a un coeficiente intelectual entre 85-120, dentro del contexto familiar ha tenido su espontaneidad, con una valoración de la figura masculina, ansiedad, conflictos emocionales ante un temor de impotencia, supresión de sí misma, y una necesidad de una familia con ambas figuras progenitoras”; Medio de Prueba Documental, consistente en certificación del acta de nacimiento de la menor M. Y. G. S. nacida en fecha 22 de octubre de 2002, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que acredita que la menor a la fecha de los hechos, contaba con cinco años de edad. Esta Sala considera que, con los medios de prueba de testigos periciales y documentales, el juzgador ha logrado establecer más allá de toda duda razonable la participación culpable del acusado señor E. O. M.Z. en el delito de Violación Especial, de que se le acusa, en perjuicio de la menor M. Y. G.S., quien la penetró vía vaginal cuando ella tenía apenas cinco años de edad. Esta Sala aprecia que el acusado E. O.M.Z .ha sido sometido a juicio y juzgado por el tribunal de juicio con plena observancia de los derechos, formalidades y garantía que componen la garantía del debido proceso, entre ellos el derecho de defensa, en tanto que ha tenido derecho al juicio contradictorio, en plano de igualdad frente a su acusador público, en la que ha recaído prueba mínima suficiente para enervar la presunción de inocencia, entre ellas las pruebas prueba pericial médica y psicológica, que a pesar de haber sido recolectadas cinco años después de ocurridos los hechos, el tribunal considera con suficiente veracidad y confiabilidad, pues no fue presentada en juicio evidencia de que dicha prueba haya sido producida con intención de simular, o imputar hechos falsos en contra del acusado y son pruebas que no han sido controvertidas en juicio. Esta Sala concluye que las pruebas de reproche, analizadas en su conjunto, armoniosamente, junto al resto de pruebas del juicio, son suficientes, de contenido incriminatorio, constitucionalmente obtenidas, practicadas con regularidad procesal, para con ellas enervar la presunción de inocencia del acusado E. O. M. Z., por lo que la sentencia que se impugna no infringe los preceptos constitucionales que garantizan los derechos de defensa, presunción de inocencia y debido proceso, consignados en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP-444-2015 por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiuno de mayo del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falla condenar al señor E. O.M.Z., como autor del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor M. 0.Y. G.S. a la pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo de la Condena.- Se le declara la Responsabilidad Civil del señor E.O.M. Z..- No procede a condenar en costas procesales, personales, ni Gastos ocasionados en el juicio. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada M.L., Defensora Pública del señor E. O. M.Z., como parte recurrente; y la Abogada P. I., Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: En el año dos mil ocho en la Villa de Cofradía del municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés, vivía la señora B. Z. S. junto a su hija M.Y. G. S .de cinco años de edad, junto al compañero de hogar de esta E. O. M., en una fecha no determinada cuando la menor se encontraba en la parte exterior de la vivienda ingresó al cuarto donde estaba acostado el señor E. O. M. éste la llamó le levantó el vestido y le bajó el blúmer luego se bajó el zíper y le penetró el pene en la vagina.”. RECURSO DE CASACIÓN “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Infracción por Violación a los Artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación al artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION Las normas que ha violentado gravemente el Tribunal Sentenciador, son los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: “Artículo 82: El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la república tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”. “Artículo 89: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. “Artículo 90. Nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dicen: “Artículo 1.- Juicio Previo. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un Juicio Oral y Público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado.” “Artículo 2.- Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código.” En el acápite Valoración de la Prueba Literal Primero de la sentencia recurrida, el sentenciador establece, que las declaraciones testificales de cargo fueron meritorias de credibilidad, ya que fueron contestes entre sí, fueron congruentes con la prueba científica y fueron pronunciadas sin titubeos, además de apreciarse la persistencia de la versión de la menor a lo largo del procedimiento, a través de las narraciones vertidas desde el primer momento, así como a los diferentes peritos, observando el Tribunal la espontaneidad con que la menor iba manifestando la dinámica de los hechos, situación que sin duda fue aprovechada por el imputado para accesarla carnalmente, procediendo a saciar sus instintos sexuales con ella, a escasos cinco años de edad, teniendo dicho tribunal por acreditado el hecho y la participación del imputado quien a sabiendas de la antijuricidad de su conducta, no obstante perpetró el hecho, por lo cual era responsable penalmente de su acción. “Siendo así la defensa del imputado discrepa en cuanto a lo expresado por el Tribunal Sentenciador en vista que al momento que el tribunal de Sentencias, decide condenar a nuestro representado por el delito de VIOLACION ESPECIAL lo hace en clara violación a los artículos antes señalados, considerando que la declaración de la testigo de cargo B. S. madre de la menor ofendida, donde la misma fue totalmente alejada a la verdad, quien al ser interrogada por el Ministerio Público y contra interrogada por la defensa, ella declaró a su manera dejándonos un margen de duda, en vista que su actitud demostró que ella estaba encubriendo a alguien más, las interrogantes fueron totalmente fuera del contexto, no se supo con exactitud quien fue en realidad la persona que abusó en contra de la menor ofendida, la Psicóloga manifestó que la menor tenía sentimientos de inadecuación, que tendía a tener control de su manera, de tal forma que los entes investigativos debieron haber efectuado las averiguaciones pertinentes de quien en realidad había cometido tal ilícito, creándonos la duda razonable en vista que por una parte la madre de la menor denunció mucho tiempo después el hecho delictivo, y por otra que mencionó varias parejas que había tenido durante esa época como ser entre ellos el famoso J..- Asimismo consideramos que debió tomarse en consideración que la menor ofendida fue evaluada por la Perito Forense Doctora L. M. P. cinco (5) años después del hecho sin recordar la fecha, concluyendo la Doctora que no se podía determinar la fecha de la relación sexual, solamente que había sido anterior a diez días, esto debido a que la evaluación se había realizado varios años después de la fecha que la ofendida había manifestado que había sido abusada”. Por otra parte Honorables Magistrados si analizamos los hechos probados, el hecho Único en su parte conducente dice: “UNICO……., en una fecha no determinada cuando la menor se encontraba en la parte exterior de la vivienda ingresó al cuarto donde estaba acostado el señor E. O. M. éste la llamó le levantó el vestido y le bajó el blúmer luego se bajó el zíper y le penetró el pene en la vagina”. Podemos observar que el Tribunal Sentenciador no tuvo claro al momento de dictar sentencia en que fecha, ni tampoco fue preciso en el día ni la hora del hecho, considerando la defensa del imputado que ha habido una clara violación a la garantía de derecho de defensa, en vista de no poderse hacer una defensa efectiva por la amplitud del margen de la fecha no precisada que es de cinco (5) largos años, y que al analizar toda la prueba en su conjunto vemos que no se tuvo la CERTEZA de culpabilidad y con el mínimo grado de duda, el resultado es el de una absolución; lo que no ocurrió en el caso subjudice, por lo que esta omisión lleva consigo la violación al derecho constitucional de defensa, porque aunque hubo duda esta no fue valorada a favor del imputado. Dicho lo anterior consideramos que no existen pruebas suficientes para condenar a nuestro representado por el delito de VIOLACION ESPECIAL; en tal sentido, la reconocida jurista española MARIA FELIX TENA ARAGON en su obra MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL, página 34 inciso 7 establece: “Este derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válida” Tal como ocurre en el caso del señor E. O.M., no existen pruebas directas pero si indirectas referenciales dudosas, donde éstas no acreditan a manera de certeza la culpabilidad en el delito condenado.- Sigue diciéndonos la jurista Tena Aragón: “Por tanto, solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando lo órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado.” (Lo subrayado es nuestro)”. En el caso subjudice, el razonamiento del sentenciador resulta insuficiente, en vista que con las pruebas presentadas en juicio se condene a mi representado en una clara violación a la Presunción de Inocencia y al Debido Proceso, por una insuficiente actividad probatoria.- Continúa manifestando la jurista: “A falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: *Que parta de hechos plenamente probados y *Que los hechos constitutivos de delitos se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria.” En la sentencia recurrida, el sentenciador no cumple con los requisitos de prueba indiciaria, ya que los dictámenes de los peritos y la declaración del testigo de cargo no parten de hechos plenamente probados, en vista que sus dichos no son corroborados por otras pruebas, además de que el razonamiento hecho por el sentenciador, fue en una clara violación a las reglas del correcto entendimiento humano, por lo que se llega a la conclusión, que tal como lo advierte la Jurista María Félix Tena, a nuestro representado E.O.M.se le violentó su derecho constitucional de PRESUNCION DE INOCENCIA y por ende del DEBIDO PROCESO, al condenársele con una escasa actividad probatoria dudosa. INTERPRETACION PRETENDIDA En virtud de que, a nuestro representado, el señor E O M, fue condenado en una clara violación a la presunción de inocencia y el debido proceso, ya que el sentenciador no contaba con la suficiente prueba para adquirir certeza de culpabilidad, lo procedente en este caso, es que la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo y absuelva a nuestro representado de toda responsabilidad.” Fundamentación Motivo Único: Infracción por Violación a los Artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación al artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación a los Artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación al artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal. Reclamación Ex Ante: No reclamada con anterioridad a la interposición del recurso. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se dicte la sentencia de fondo que corresponda de conformidad a derecho. Resumen del recurso de casación. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional, por violación a los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación al artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal. Las normas de la Constitución de la República que ha violentado el Tribunal son: “Artículo 82: El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”. “Artículo 89: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. “Artículo 90. Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dicen: “Artículo 1. Juicio Previo. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado.” “Artículo 2. Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código.” El sentenciador establece que las declaraciones testificales de cargo fueron meritorias de credibilidad, por ser contestes entre sí y congruentes con la prueba científica, pronunciadas sin titubeos, además por la persistencia de la versión de la menor, a través de las narraciones vertidas desde el primer momento, así como a los diferentes peritajes; observando el Tribunal espontaneidad en la menor por la manera en que iba manifestando la dinámica de los hechos, situación que fue aprovechada por el imputado E.O. M. Z. para penetrarla carnalmente, cuando tenía escasos cinco años de edad. Estima que la declaración de la testigo B. S. madre de la menor, es alejada a la verdad, pues al momento de ser interrogada por las partes deja margen de duda. Aprecia que el juzgador debió considerar que la menor M.Y. G.S. fue evaluada por la Perito Forense Doctora L.M. P., cinco (5) años después del hecho, sin que ella recordara la fecha. Se condena al acusado en violación al derecho de defensa debido a que al dictar sentencia el juzgador no señala la fecha, día y hora del hecho, y por haber transcurrido cinco (5) años de ocurrido los hechos, y debido a que al analizar la prueba en su conjunto el juzgador no tuvo certeza de la culpabilidad, debido a que con el mínimo de duda el resultado debió ser de absolución. Concluye que con prueba insuficiente no se debió condenar al señor E. O. M.Z. por el delito de Violación Especial, por lo que el fallo impugnado incurre en violación a los derechos fundamentales de presunción de inocencia y debido proceso. Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don J.L.L. M., considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece en el artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabrá alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se de en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1] La Constitución de la República en su Artículo 82 dispone que: “El derecho de defensa es inviolable…”, el que está en estrecha vinculación al derecho-garantía de un Debido Proceso, en cual garantiza que toda persona a quien se le sigue un proceso ha de ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley. Deriva del derecho de defensa los sub principios de contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de contradicción, debe entenderse el derecho de las partes procesales, por intermedio de sus apoderados, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley, en salvaguarda de sus respectivos derechos. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos, en los derechos procesales. Para el examen del motivo de casación por infracción de precepto constitucional, fundado en vulneración del principio-derecho a la presunción de inocencia, debe comprobarse: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el tribunal sentenciador. Cuando en vía casacional se alega la infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque solo a éste corresponde esa función valorativa, pero si puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal A Quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia, obliga al tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la misma, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución, aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías practicadas en el juicio para hacer posible la contradicción, y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. Esta Sala reitera que, por Debido Proceso, debe entenderse que para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, con base en un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el debido proceso encierra todas las garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizársele a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como:1) Que el hecho motivo del proceso esté tipificado como delito o falta; 2. La prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. La Constitución de la República en su Art. 90 establece el derecho al acusado de gozar de un debido proceso, justo o legal, del que deriva el derecho de defensa. Para que un proceso se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo éste como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. El debido proceso, engloba además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: presunción de inocencia, derecho a un juez independiente e imparcial predeterminado por la ley y publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. Para garantizar la imparcialidad del Juez, pone a disposición de las partes procesales, las instituciones de la excusa y la recusación de los jueces y magistrados, las que vienen a ser un derecho. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe los preceptos constitucionales que garantizan los derechos de defensa, presunción de inocencia y debido proceso, consignados en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Del derecho de defensa deriva del derecho de contradicción o audiencia, de igualdad de armas procesales, derecho a proponer pruebas, formular alegatos y de impugnar resoluciones, derecho a que el juicio se desarrolle en un plano de igualdad frente al poder punitivo del Estado. Por su parte, el derecho a la presunción de inocencia, requiera que se compruebe: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. El derecho a un debido proceso, por su parte, encierra las garantías necesarias para procesar justamente a una acusado, es decir las condiciones mínimas que deben ser garantizadas a las personas que tengan una acusación penal en su contra, tales como: 1. Que el hecho motivo del proceso esté tipificado como delito o falta; 2. La prohibición de detención arbitraria: nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. Esta Sala considera que en el presente caso el recurrente falta al principio de técnica recursiva, pues en un su motivo de casación por infracción de precepto constitucional argumenta infracción de los derechos fundamentales de defensa, presunción de inocencia y debido proceso, consignados en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, debiendo hacerlo para mayor claridad y precisión en forma separada. No obstante, el defecto en la técnica recursiva en que incurre el recurrente, esta sala considera que no por el tiempo transcurrido entre el hecho y la actividad procesal, han de tenerse como dudosas o falsas las declaraciones de testigos, especialmente la declaración de la testigo que, en su condición de ofendida, siendo ésta la persona que a muy corta edad ha percibido los hechos directamente por medio de sus sentidos. Esta Sala observa que, en el presente caso, la prueba de cargo consiste en: 1) Prueba testifical, consistente en las declaraciones de las testigos B. Z. S., madre de la menor ofendida, quien declara que “el señor E. O. M. fue su marido por un año, y que ese día se encontraba en su casa de habitación en el sector de Cofradía, Cortés, junto a su hija M.Y. G.S., cuando en horas del medio día estaba sacando piojos a M. J. y la mandó a traer un peine a su cuarto, en ese cuarto estaba acostado en su cama el señor E. O.M. y cuando ingreso M. Y. la halo y le bajó el blúmer y abuso de su hija. Que ella vio nerviosa a M. J. y se puso a llorar y dijo que E. le enseñó el pene. Ella vio que la mamá de E. le quiso pegar a E .con un leño, por lo que había hecho. Ella denunció los hechos a la Fiscalía”; y M. Y. G.S., menor ofendida, quien declara que: “actualmente tiene doce años de edad, nació el 2002. Manifestó que contaba con cinco años de edad, cuando el señor M. refiriéndose a E. O. M., quien era novio de su mamá, estaba acostado en la cama, cuando ella llegó al cuarto a traer un peine porque le estaba sacando piojos su mamá, él la jaló y le subió el vestido, le bajo el blúmer, sacó el pene y la penetró en su vulva. Dijo que en esa casa vivía también su hermanita D. A. menor que ella, su mamá, el señor M. refiriéndose al señor E. O.M., la mamá de E. y dos hermanos de E. Que ella vivió con su padrastro J. F., que es una persona buena con ella, le ayuda en lo que ella necesita. A las preguntas de las partes ella identificó a E. como la persona que abusó de ella, Y que ella ahora vive en la Fundación Pro Niño”; 2) Prueba Pericial, consistente en el Dictamen Médico No.2013-0501-0101-1366, practicado por la Doctora L. M. P., a la menor M.Y.G. S., que sus conclusiones establece: “Área genital: himen tipo anular, con ruptura antigua mayor de diez días a las siete horas según las manecillas del reloj, lo cual es compatible con las producidas por penetración de cuerpo u objeto romo (pene erecto, dedos)…. El médico recomienda: evaluación psicológica y psiquiátrica forense para determinar los traumas o secuelas por abuso sexual. A las preguntas a la Doctora manifestó que no se puede determinar la fecha de la relación sexual, solo que es anterior a diez días, debido a que la evaluación se realizó varios años después de la fecha en que la ofendida manifestó que fue abusada”; Dictamen de Evaluación Psicológica No. 352-13, practicada a la menor M. Y. G. S., por parte de la Psicóloga Forense M.L.O. H., dictamen que establece: “La evaluada presentó dentro de su personalidad sentimientos de inadecuación, indecisión que la impulsan a sentir inestabilidad dentro de su ambiente con una preocupación por sí misma, asimismo es defensiva por lo que tiende a querer tener el control de las cosas a su manera. Siente la necesidad que le recuerden que es importante, es posible que sienta que no ha tenido la atención emocional de las personas que considera importantes en su vida. Muestra preocupación sexual, el cual puede estar ligado a experiencias negativas en su pasado en ese aspecto. Es inmadura en situaciones que le provocan tensión, puede actuar con impulsividad después llevándola a una autocrítica por no actuar de la manera en los demás esperan de ella. La inteligencia corresponde a un coeficiente intelectual entre 85-120, dentro del contexto familiar ha tenido su espontaneidad, con una valoración de la figura masculina, ansiedad, conflictos emocionales ante un temor de impotencia, supresión de sí misma, y una necesidad de una familia con ambas figuras progenitoras”; Medio de Prueba Documental, consistente en certificación del acta de nacimiento de la menor M. Y. G. S. nacida en fecha 22 de octubre de 2002, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que acredita que la menor a la fecha de los hechos, contaba con cinco años de edad. Esta Sala considera que, con los medios de prueba de testigos periciales y documentales, el juzgador ha logrado establecer más allá de toda duda razonable la participación culpable del acusado señor E. O. M.Z. en el delito de Violación Especial, de que se le acusa, en perjuicio de la menor M. Y. G.S., quien la penetró vía vaginal cuando ella tenía apenas cinco años de edad. Esta Sala aprecia que el acusado E. O.M.Z .ha sido sometido a juicio y juzgado por el tribunal de juicio con plena observancia de los derechos, formalidades y garantía que componen la garantía del debido proceso, entre ellos el derecho de defensa, en tanto que ha tenido derecho al juicio contradictorio, en plano de igualdad frente a su acusador público, en la que ha recaído prueba mínima suficiente para enervar la presunción de inocencia, entre ellas las pruebas prueba pericial médica y psicológica, que a pesar de haber sido recolectadas cinco años después de ocurridos los hechos, el tribunal considera con suficiente veracidad y confiabilidad, pues no fue presentada en juicio evidencia de que dicha prueba haya sido producida con intención de simular, o imputar hechos falsos en contra del acusado y son pruebas que no han sido controvertidas en juicio. Esta Sala concluye que las pruebas de reproche, analizadas en su conjunto, armoniosamente, junto al resto de pruebas del juicio, son suficientes, de contenido incriminatorio, constitucionalmente obtenidas, practicadas con regularidad procesal, para con ellas enervar la presunción de inocencia del acusado E. O. M. Z., por lo que la sentencia que se impugna no infringe los preceptos constitucionales que garantizan los derechos de defensa, presunción de inocencia y debido proceso, consignados en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. DECISIÓN, la Sala declara No Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de precepto constitucional, alegado por el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo de casación por infracción de precepto constitucional, invocado por la Abogada M.L., Defensora Pública del señor E.O. M. Z., en la causa que le fue instruida, a quien se le condenó por el delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor M.Y. G. S.; Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiuno de mayo del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-444-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.