Sentencia CP-44-15 — Registro 13554
Resumen
En primera instancia se condena a los imputados como autores del delito de Homicidio Simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A.4) Opinión de la Sala sobre el caso específico. Esta Sala de lo Penal considera que el que alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia, debe comprobar lo siguiente: a) si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. El recurrente sostiene que la sentencia recurrida infringe la garantía de presunción de inocencia establecida en el artículo 89 de la Constitución de la República, por considerar que los indicios señalados por el Juzgador para condenar a los acusados Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo solo cumplen el requisito de ser varios o sea dos, pero carecen de sustento probatorio dado que se extraen de lo dicho a los testigos por la señora Neblin esposa del fallecido José Álvaro Dubón Castellanos, quien no declaró en juicio. Considera que los testigos de cargo son de referencia, o terceros que no dan detalle de los hechos y que los indicios se contradicen con lo declarado por el testigo Melvin Ilbani Perdomo Rodríguez, dueño del billar, quien declara que no vio ningún problema entre el ahora occiso y los acusados. Esta sala estima que de la valoración de los medios de prueba, declaración de testigos: Anael Dubón Alvarado, hermano del ahora occiso, Melvin Ilbani Perdomo Rodríguez, Dueño del Billar, Antonio Andrés Andrés, Agente de Policía Preventiva, Dilma Yaquelin Rodas Herrera, Policía de Investigación Criminal; prueba documental consistente en el acta de certificación de nacimiento de José Álvaro Dubón Castellanos, acta de Levantamiento de Cadáver de José Álvaro Dubón Castellanos, acta de inspección y álbum fotográfico del lugar de los hechos, y prueba pericial consistente en el dictamen de autopsia, practicada por el Dr. Rafael Alfredo Guerrero, sobre el cuerpo sin vida de José Álvaro Dubón Castellanos, se deriva lo siguiente: el testigo de referencia Anael Dubón Alvarado, hermano del ahora occiso, incrimina a los acusados Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo y los señala como los autores materiales del hecho investigado, por haberlo percibido directamente de su cuñada Neblin, compañera de hogar del ahora occiso José Álvaro Dubón Castellanos, quien momentos antes de fallecer logra decir a su señora que quienes lo golpearon fueron Beto, Elmer y Noé, es decir los acusados señores Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo. Aunque la declaración de la mencionada testigo Neblin, compañera de hogar del ahora occiso José Álvaro Dubón Castellanos, no es recibido ni en la audiencia inicial, ni como prueba anticipada, por carecer de documento de identidad, y no comparece a declarar en juicio, debido a las amenazas vertidas en su contra, lo cierto es que esa información sobre la forma en que sucedieron los hechos y sus autores, es apreciada por los testigos Antonio Andrés Andrés, Agente de Policía Preventiva y Dilma Yaquelin Rodas Herrera, Policía de Investigación Criminal, quienes llevan a cabo la investigación del caso y practican la detención de los acusados. Esta Sala considera que si bien el testigo Melvin Ilbani Perdomo Rodríguez, Dueño del Billar, declara que mientras los acusados y el ahora occiso estuvieron en su Billar no observó problemas entre ellos, lo cierto es que con su declaración se establece un indicio positivo que ubica a los tres acusados y a la víctima jugando billar, tomando bebidas alcohólicas y yéndose juntos a las tres de la mañana, en dirección al callejón donde dos o tres horas más tarde el señor José Álvaro Dubón Castellanos, es encontrado por su compañera de hogar con golpes en todo su cuerpo pero aún con vida, lugar donde el ofendido informa a Neblin su compañera de hogar sobre la identidad de sus agresores. Esta declaración coincide con la declaración del testigo Anael Dubón Alvarado, hermano del ahora occiso, que refiere que aún con vida suben a su hermano José Álvaro a un vehículo lo llevan a recibir atención médica, primero a la Cruz Roja de Taulabé, lugar que encuentran cerrada, y luego lo trasladan hasta el Hospital de Comayagua, donde su hermano fallece, trayecto en que el ofendido no pronuncia ninguna palabra. Declara, asimismo, el testigo Anael Dubón Alvarado que recibió amenazas de muerte por parte de los acusados. Pruebas que unidas a las declaraciones de los agentes de policía, prueba documental enunciada y la prueba pericial consistente en el dictamen de autopsia mediante exhumación de cadáver- el cual determina que la causa de la muerte del señor José Álvaro Dubón Castellanos son traumas producto de golpes -en cabeza- con cuerpo romo (piedra, leño u objeto metálico) capaces de producir la muerte casi de inmediato. Esta Sala considera que el artículo 199 del Código Procesal Penal autoriza a los tribunales a recibir y valorar declaraciones de testigos de referencia a falta de testigos presenciales, todo con el objeto de lograr el descubrimiento de la verdad. Conforme a la Doctrina reconocida por este tribunal las declaraciones de los testigos de referencia, excepcionalmente admitidos como medio de prueba son aptos para contrarrestar la presunción de inocencia, siempre que -como en España- se observe la regla mínima que para la posibilidad de utilización de tal clase especial de testimonio los testigos designen a la persona que les ha comunicado la referencia. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 330 del Código Procesal Penal, que señala: «los testigos expresarán la razón y origen de sus informaciones y designarán con la mayor precisión posible, a los terceros que se las hayan comunicado». En el presente caso, el Juzgador ha logrado reconstruir la verdad de los hechos con base en prueba de testigos de referencia (hermano del ofendido, policías preventivo y policía de investigación) que han informado al tribunal sobre la persona (compañera de hogar del ofendido) que les ha brindado la información incriminatoria en contra de los acusados, que vinculada a la prueba documental y pericial, también de contenido incriminatorio, establece indicios suficientes para inferir válidamente la participación de los acusados Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo, en el delito de Homicidio en perjuicio de José Álvaro Dubón Castellanos del que se les acusa, por lo que esta sala concluye que, la sentencia recurrida no infringe la garantía de presunción de inocencia establecida en el artículo 89 de la Constitución de la República..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días de enero de dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP44-2015 por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de octubre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual, Primero: Condenó al señor Carlos Roberto García, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor José Álvaro Dubón Castellanos a la pena principal de Quince (15) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Condenó al señor Elmer Renán Mejía Perdomo, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor José Álvaro Dubón Castellanos a la pena principal de Quince (15) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Condenó al señor Noé Mejía Perdomo, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor José Álvaro Dubón Castellanos a la pena principal de Quince (15) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Cuarto: Se le declaró la responsabilidad civil de los señores Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito.- Quinto: Eximió a los señores Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo de la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: Los abogados Dinabel López Durón y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de Defensores Públicos del de los señores Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo, como parte recurrente y el abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS. PRIMERO: Desde tempranas horas de la noche del día treinta y uno (31) de Diciembre del año dos mil doce (2012), los señores Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo al igual que el ahora occiso el señor José Álvaro Dubón Castellanos, llegaron y permanecieron jugando billar e ingiriendo bebidas embriagantes en el negocio del señor Melvin Ilbani Perdomo Rodríguez, situado en el lugar conocido como La Muralla, Municipio de Taulabé, Departamento de Comayagua. SEGUNDO: A eso de las tres de la mañana (madrugada) ya del día uno (1) de Enero del dos mil trece (2013), los mismos Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo y también el referido señor José Álvaro Dubón Castellanos, se retiraron del referido negocio. TERCERO: Luego de lo anterior, entre las tres y cuatro de la mañana del mismo día uno (1) de Enero del dos mil trace (2013), sobre un camino de la misma comunidad de La Muralla, los expresados Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo sin motivo probado alguno le propinaron varios golpes en la región de la cabeza del señor José Álvaro Dubón Castellanos; ocurriendo que horas de la mañana de ese mismo día uno (1) de Enero, dicho señor fue encontrado aún con vida, por su esposa o compañera de hogar Doña Nelly, a quien José Álvaro le dijo que quienes lo habían golpeado eran los mencionados señores Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo, del mismo modo la mencionada señora se lo comento a su cuñado Anael Alvarado (hermano de José Álvaro), con quien trasladaron al mencionado José Álvaro a un centro hospitalario de la ciudad de Comayagua, en donde finalmente falleció como consecuencias de los golpes que sufrió. CUARTO: Que en horas de la tarde del señalado día uno (1) de Enero del dos mil trece (2013), Agentes de la Policía Nacional Preventiva, asignados al Municipio de Taulabé, Departamento de Comayagua, al tener conocimiento del hecho y del velatorio de José Álvaro, se personaron en el lugar de La Muralla, referido, siendo la mencionada esposa o compa- ñera de hogar del ahora occiso José Álvaro, quien delato a los indicados Agentes de Policía, lo que el difunto en vida le dijo, de que quienes lo habían golpeado eran los señores Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo, por lo que enseguida dichas personas fueron detenidas por la misma autoridad.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. “El Recurrente abogado José Leónidas Meza Jiménez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Violación del artículo 89 de la Constitucional de la República PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 89 que reza: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” En tal virtud para que dicha autoridad llegue al convencimiento sobre la responsabilidad penal de un ciudadano debe contar con la prueba suficiente que no le deje duda sobre la vulneración el Estado de inocencia que asiste a un imputado. PRIMERO: De lo anterior se desprende que es una obligación de los jueces hacer una valoración de la prueba, sin escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho. Utilizar declaraciones de sobre lo que refirió una persona que no ha sido testigo en ningún momento en el proceso y que esta referencia no sea sustentada por ningún otro medio de prueba, es una flagrante violación al DERECHO DE INOCENCIA, resultando inútil el ejercicio del Ministerio Publico en actuar con absoluta objetividad, investigando no solo las circunstancias que comprueben la acusación sino también aquellas que la eximan, dicho yerro solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación. Resulta Honorable Corte, que el Tribunal al emitir el fallo condenatorio en contra de nuestros patrocinados, lo ha hecho tomando como base y fundamento principal lo que la víctima supuestamente le dijo a la señora Nelly o Neblin supuesta esposa del ofendido, de quien no se acredito por el Ente Acusatorio su existencia real como su correcta identificación. Esta señora NELLY o NEBLIN le manifestó a ANAEL DUBON ALVARADOI hermano del occiso, que su esposo antes de morir le había dicho que quienes le habían golpeado habían sido CARLOS ROBERTO GARCIA, NOE GARCÍA PERDOMO, ELMER RENÁN MEJÍA PERDOMO.- Sin embargo este testigo es más que claro en su deposición al manifestar: “Álvaro estaba golpeado y lo llevamos en un carro para Comayagua, llegando allá lo más que duro unos veinticinco minutos aproximadamente luego me dijo la cuñada que le había dicho ÁLVARO que quien lo había golpeado era BETO, ELMER Y NOE, yo a él no lo escuche que hablara, la mujer me dijo esas palabras a mi” (lo resaltado es nuestro). A su vez ANTONIO ANDRES ANDRES refiere esa misma referencia que hace la supuesta esposa, y manifiesta: “la esposa del occiso dijo que antes de morir su esposo lo menciono a las personas que lo habían golpeado, fue cuando procedimos a detenerlos”. La policía DILMA YAQUELIN RODAS refiere, lo que a su vez refieren los policías, que estos dijeron que la esposa del difunto les dijo que José Roberto, Noel y Elmer habían golpeado a su esposo JOSÉ ÁLVARO. En el presente caso como ya lo expresamos, la probanza utilizada para declarar el cuadro fáctico de la sentencia, se extrajo de la referencia de la supuesta esposa NELLY o NEBLIN referencia que no fue presentada a juicio, sino que fue referido por terceros, pero no dan ningún detalle.— Pues bien no se desconoce que los hechos probados en un fallo como del que se trata, son verdades intangibles, es decir, que no se discuten; pero esas verdades deben estar sustentadas en verdaderos elementos de prueba, o sea que si el fundamento de esa verdad es prueba directa, tiene que estar acreditado de una forma fehaciente que no deje ningún margen de duda; y si se tratare de prueba indiciaria o circunstancial, los indicios que ocurran tienen que cumplir todas las condiciones o requisitos que la ley y la doctrina exigen para que se pueda tener como probado un hecho, lo que no acontece en este caso en particular. SEGUNDO: A continuación analizaremos las inferencias con que el Tribunal de Sentencia de Instancia ha tomado como base para condenar a mis patrocinados; así el Tribunal recurrido en el numeral primero de la valoración de la prueba, establece que lo expresado por ANAEL DUBON ALVARADO: también me dijo la cuñada que le había dicho Álvaro que quienes lo habían golpeado eran BETO (refiriéndose a Carlos Roberto), ELMER y NOE, yo a él no les escuche palabra que hablara, fue la mujer que me dijo a mi.— Comenta el Tribunal en su valoración, Que de lo expresado por el anterior deponente resulta evidente que este señor no vio cómo y porque... En el numeral dos de dicha valoración de la prueba lo que manifiesta MELVIN ILBANI PERDOMO RODRÍGUEZ es lo siguiente: Yo tengo un billar ellos llegaron y estuvieron jugando se tomaron algunas cervezas y se fueron, a preguntas del MP, contesto: José Álvaro llego primero Roberto y Noel llegaron como a las ocho de la noche, ahí en el billar yo no observe ningún problema, ellos se retiraron como a las tres de la mañana, fue a eso de las doce del mediodía que me di cuenta que José Álvaro estaba muerto.— A pregunta de la Defensa contesto: ello salieron tranquilos yo no vi problemas, en el billar no había más gentes, a José Álvaro lo golpearon como a quienes metros de distancia del billar. De esta corta declaración el Tribunal relaciona que de acuerdo a esta versión y la del policía don Antonio Andrés no existe duda en concluir que los acusados CARLOS ROBERTO GARCÍA, ELMER RENÁN MEJÍA PERDOMO Y NOE MEJÍA PERDONO, son materialmente responsables de haber golpeado por motivos que se desconocen al hoy difunto. Del numeral tres el señor ANTONIO ANDRES ANDRES, manifiesta: La esposa del occiso dijo que antes de morir su esposo le menciono a las personas que lo habían golpeado, fue cuando procedimos a detenerlos. Valora el Tribunal el testigo que antecede no obstante ser de referencia es confiable. Al respecto tratándose de prueba indiciaria debemos citar la extensa Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, citado por el Doctor MIGUEL COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA, , en su texto LA ALEGACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL RECURSO DE CASACIÓN; donde dice: Se ha establecido, que cuando se alega en sede casacional, la violación del derecho de la Presunción de Inocencia, el control casacional queda limitado a dos aspectos: a) verificar el juicio sobre la prueba, es decir a constatar la existencia de prueba de cargo legalmente obtenida e incorporada a los autos. b) Verificación de la racionalidad de los juicios de inferencia alcanzados por la Sala lo que es de la mayor importancia en los casos de prueba indirecta o indiciaria en su caso, y todo ello en garantía de verificar que la conclusión alcanzada no es irrazonable o arbitraria desde las máximas de la experiencia, reglas de la lógica y principios científicos. De lo anterior se colige, que esa gama de supuestos indicios que el Juzgador tomó como tal para condenar a mis clientes, no cumplen en lo absoluto los tantos requisitos exigidos para arribar a una decisión de condena; lo que el Tribunal aprecia como tal, constituyen únicamente conjeturas o aspectos meramente subjetivos, Si bien podrá catalogarse como prueba indiciaria, por si sola, esa prueba, pero no cumple con los requisitos para condenar en base de indicios, ya el Código Procesal Penal comentado, de la página 548 al 554, está el comentario elaborado por Luís Alfredo de Diego Diez, reconocido jurista español, donde establece cuáles son los requisitos de la prueba indiciaria: A) Los indicios han de estar plenamente probados. B) Debe existir Pluralidad de indicio. C) El nexo causal de ser racional y lógico. D) Deben ser motivados en la sentencia; ninguno de los requisitos son cumplidos en el presente caso, por lo que, al no derivarse los razonamiento del juez, de las pruebas evacuadas, ha violentado la regla de la lógica en su postulado de la derivación. Como podemos ver los indicios señalados por el Juzgador solo cumplen uno de los requisitos, y es el de ser varios o sea dos, pero esa variedad el decisor la toma sin sustento alguno como es el hecho que el primero indicio de es lo que la esposa refiere a decir que lo golpearon BETO, ELMER Y NOE, esto se contradice con el segundo incidió que es la declaración del dueño del billar quien depone que el no vio ningún problema entre estas personas. Estos indicios no tienen ninguna vinculación para deducir que los imputados son responsables de la muerte de JOSÉ ÁLVARO DUBON CASTELLANOS, y por lo tanto, la prueba indiciaria que comentamos no cumple los demás requisitos antes citados. Con este razonamiento el Tribunal infringe claramente la regla de la lógica en su postulado de la derivación, en vista que este raciocinio no procede de ninguna forma, de declaraciones directas o en este caso la referencia que en juicio hubiese sido la declaración de la esposa del occiso, testigo ésta que no estaba ni siquiera propuesta para comparecer a juicio por el ente acusador, sino que se vale de medios de prueba indiciarios que refieren únicamente una historia referida por otra persona.— En ese sentido el Juzgador no puede concluir únicamente con estas pruebas referenciales que en efecto mis patrocinados hayan incurrido en el homicidio de JOSÉ ÁLVARO DUBON CASTELLANOS (CASACIÓN PENAL No. SP.125=2009 9). TERCERO: Si sacamos mentalmente del legajo probatorio, la declaración la referencia de NELLY O NEBLIN a ANAEL DUBON ALVARADO y al policía ANTONIO ANDRES ANDRES, nos encontramos que el resto de prueba no tiene ningún sustento, misma que si la tomamos como prueba fundamental para condenar, se hace en violación al principio de inocencia, y la única forma de poder enmendar dicha vejación es mediante la interposición del presente recurso casación. En ese sentido y siendo que dicho yerro lo constituye una Violación grave a una norma Constitucional como ser el Principio de Inocencia, le solicitamos a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se dicte una Sentencia Absolutoria como en Derecho corresponde.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Recurso de Casación de Infracción de Precepto Constitucional, por Violación del artículo 89 de la Constitucional de la República. A) Primero Motivo Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen La sentencia que se impugna incurre en Infracción de Precepto Constitucional por violación del artículo 89 de la Constitucional de la República, que reza: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” Argumenta que al emitir el fallo condenatorio en contra de los acusados Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo el A Quo lo ha hecho tomando como base y fundamento principal lo que la víctima supuestamente dijo a la señora Neblin supuesta esposa del ofendido, de quien no se acredito su existencia real y correcta identificación. Esta señora Neblin le manifestó a Anael Dubón Alvarado, hermano del occiso, que su esposo antes de morir le había dicho que quienes le habían golpeado habían sido Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo. Sin embargo, este testigo al declarar dijo: “…que la cuñada le dijo Álvaro le dijo a ella que quienes lo habían golpeado eran Beto, Elmer y Noé”. A su vez Antonio Andrés Andrés, menciona esa misma referencia que hizo la supuesta esposa. La policía Dilma Yaquelin Rodas dijo lo que a su vez refieren los policías, que estos dijeron que la esposa del difunto les dijo que José Roberto, Noel y Elmer habían golpeado a su esposo José Álvaro. Reprocha que el cuadro fáctico de la sentencia se extrae de la referencia de la supuesta esposa Neblin, testigo de referencia que no fue presentada a juicio, sino que fue referida por terceros pero que no dan ningún detalle, y si se tratare de prueba indiciaria, tales indicios no cumplen todas las condiciones o requisitos que la ley y la doctrina exigen para que se pueda tener como probado un hecho. El testigo Anael Dubón Alvarado, también dijo que la cuñada que le había dicho que Álvaro mencionó que quienes lo habían golpeado eran Beto (refiriéndose a Carlos Roberto), Elmer y Noé. En el numeral dos de dicha valoración de la prueba lo que manifiesta Melvin Ilbani Perdomo Rodríguez dijo. “Yo tengo un billar ellos llegaron y estuvieron jugando se tomaron algunas cervezas y se fueron, a preguntas del MP, contesto: José Álvaro llego primero Roberto y Noel llegaron como a las ocho de la noche, ahí en el billar yo no observe ningún problema, ellos se retiraron como a las tres de la mañana, fue a eso de las doce del mediodía que me di cuenta que José Álvaro estaba muerto”. El A Quo concluye que de acuerdo a esta versión y la del Policía Antonio Andrés no existe duda en concluir que los acusados Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo, son materialmente responsables de haber golpeado por motivos que se desconocen al hoy difunto. Asegura que el tribunal valora el testigo que antecede no obstante ser de referencia por considerar que es confiable. Reprocha que los indicios señalados por el Juzgador solo cumplen el requisito de ser varios o sea dos, pero que carecen de sustento probatorio y se contradicen con el indicio consistente en la declaración del dueño del billar quien declara que él no vio ningún problema entre estas personas. Concluye que de los indicios no es posible deducir que los acusados son responsables de la muerte de José Álvaro Dubón Castellanos, por lo que se condena a los acusados en violación al principio de inocencia. A.1) Concepto general del Recurso. Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don Jose Luís Leyva Muñóz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el Recurso de Casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1] A.2) Concepto especifico del Recurso. Para el examen del motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del principio- derecho a la Presunción de inocencia, debe comprobarse lo siguiente: a) si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal "A Quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la Presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución, aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías- practicada en el juicio para hacer posible la contradicción, y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. “Testigo de referencia.- Es preciso rechazar absolutamente la posibilidad de que las declaraciones o revelaciones de los confidentes sean traídas al proceso por la Policía como testimonio de referencia y lleguen a tener algún valor probatorio de cargo, de modo que el juzgador pueda fundamentar en esta declaración una sentencia condenatoria, entre otras razones porque el Artículo 330 del CPP exige que los testigos de referencia expresen el origen de sus informaciones, designando con la mayor precisión posible a la persona que se las hubieran comunicado. Por consiguiente, hay que entender que si no expresa el origen de la noticia ha de rechazarse toda la declaración testifical, incluso como testigos de referencia porque se impediría la contradicción en el interrogatorio de quien conoce los hechos «de primera mano». STS de 30 de mayo de 1995: Aplicando al caso la doctrina antes expuesta, es evidente que la Audiencia, al basar su condena en el testimonio de unos funcionarios que oyeron decir a un preso que había visto lo ocurrido y que el autor del frustrado homicidio era Eladio T. T., al mismo tiempo que manifestaba su voluntad de que no se revelara la identidad del confidente por temor a represalias, condenó por una prueba testifical que desconoció las garantías que para el juicio oral imponen los principios de inmediación y contradicción. Las partes se vieron privadas de su derecho a interrogar a los verdaderos testigos de cargo y el Tribunal no tuvo la posibilidad de escuchar a éstos para apreciar su credibilidad. Conocemos que las declaraciones de los testigos de referencia, excepcionalmente admitidos como medio de prueba apto para contrarrestar la presunción de inocencia, constituyen siempre una excepción a las exigencias de los mencionados principios; pero en este caso no se observó la regla mínima que para la posibilidad de utilización de tal clase especial de testimonio exige el Artículo 710 LECrim, antes referido, al no haberse designado la persona que había comunicado la referencia. Tal inobservancia de lo ordenado por la ley como requisito mínimo para la posible utilización de este excepcional medio de prueba impide el que pueda ser considerado como una prueba de cargo practicada con todas las garantías legales. No ponemos en duda la buena fe de los funcionarios que acudieron como testigos al juicio oral y que consideraron justificadas, para no revelar su identidad, las razones de los presos que les comunicaron la noticia de la autoría del delito que investigaban, y ni siquiera ponemos en cuestión la rectitud de los presos que se negaron a que tal identidad fuera conocida por temor a represalias. Simplemente afirmamos que un testimonio de referencia en tales condiciones no reúne las garantías exigidas por la Ley para su uso como medio de prueba. Hasta ahora hemos afirmado que el testimonio se efectúa sobre lo que el testigo haya visto y oído, aun cuando existen también testigos o testimonios no directos, denominados de referencia. El testigo de referencia es el transmisor de lo que otros ojos y oídos han percibido. No siempre es posible practicar la prueba original y directa, que en muchos casos y por muy diferentes circunstancias no cabe llevar al proceso; por eso se admite el testimonio de referencia, si bien la STS de 20 de septiembre de 1996 (RJA 6618), la califica como «prueba poco recomendable». Al testigo de referencia alude el Artículo 330 del CPP, señalando que «los testigos expresarán la razón y origen de sus informaciones y designarán con la mayor precisión posible, a los terceros que se las hayan comunicado». El precepto se ubica en el Libro II, en el Capítulo relativo a la «sustanciación del juicio», sin que exista referencia a este testigo en la fase de investigación, con lo que cabe preguntarse si se puede utilizar este tipo de testigo y prestar su testimonio en dicha fase y constituir un medio de investigación. La respuesta ha de ser forzosamente afirmativa no sólo por la mayor «desformalización» que la fase de instrucción necesariamente representa, sino también por la trascendencia de las diligencias que en ella se practican, que no son diligencias de prueba y porque cualquier manifestación puede proporcionar datos relevantes a la investigación de unos hechos delictivos, debiéndose en todo caso cumplimentar las exigencias del Artículo 330 del CPP.”[2]
A.3) De la Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A.4) Opinión de la Sala sobre el caso específico. Esta Sala de lo Penal considera que el que alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia, debe comprobar lo siguiente: a) si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. El recurrente sostiene que la sentencia recurrida infringe la garantía de presunción de inocencia establecida en el artículo 89 de la Constitución de la República, por considerar que los indicios señalados por el Juzgador para condenar a los acusados Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo solo cumplen el requisito de ser varios o sea dos, pero carecen de sustento probatorio dado que se extraen de lo dicho a los testigos por la señora Neblin esposa del fallecido José Álvaro Dubón Castellanos, quien no declaró en juicio. Considera que los testigos de cargo son de referencia, o terceros que no dan detalle de los hechos y que los indicios se contradicen con lo declarado por el testigo Melvin Ilbani Perdomo Rodríguez, dueño del billar, quien declara que no vio ningún problema entre el ahora occiso y los acusados. Esta sala estima que de la valoración de los medios de prueba, declaración de testigos: Anael Dubón Alvarado, hermano del ahora occiso, Melvin Ilbani Perdomo Rodríguez, Dueño del Billar, Antonio Andrés Andrés, Agente de Policía Preventiva, Dilma Yaquelin Rodas Herrera, Policía de Investigación Criminal; prueba documental consistente en el acta de certificación de nacimiento de José Álvaro Dubón Castellanos, acta de Levantamiento de Cadáver de José Álvaro Dubón Castellanos, acta de inspección y álbum fotográfico del lugar de los hechos, y prueba pericial consistente en el dictamen de autopsia, practicada por el Dr. Rafael Alfredo Guerrero, sobre el cuerpo sin vida de José Álvaro Dubón Castellanos, se deriva lo siguiente: el testigo de referencia Anael Dubón Alvarado, hermano del ahora occiso, incrimina a los acusados Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo y los señala como los autores materiales del hecho investigado, por haberlo percibido directamente de su cuñada Neblin, compañera de hogar del ahora occiso José Álvaro Dubón Castellanos, quien momentos antes de fallecer logra decir a su señora que quienes lo golpearon fueron Beto, Elmer y Noé, es decir los acusados señores Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo. Aunque la declaración de la mencionada testigo Neblin, compañera de hogar del ahora occiso José Álvaro Dubón Castellanos, no es recibido ni en la audiencia inicial, ni como prueba anticipada, por carecer de documento de identidad, y no comparece a declarar en juicio, debido a las amenazas vertidas en su contra, lo cierto es que esa información sobre la forma en que sucedieron los hechos y sus autores, es apreciada por los testigos Antonio Andrés Andrés, Agente de Policía Preventiva y Dilma Yaquelin Rodas Herrera, Policía de Investigación Criminal, quienes llevan a cabo la investigación del caso y practican la detención de los acusados. Esta Sala considera que si bien el testigo Melvin Ilbani Perdomo Rodríguez, Dueño del Billar, declara que mientras los acusados y el ahora occiso estuvieron en su Billar no observó problemas entre ellos, lo cierto es que con su declaración se establece un indicio positivo que ubica a los tres acusados y a la víctima jugando billar, tomando bebidas alcohólicas y yéndose juntos a las tres de la mañana, en dirección al callejón donde dos o tres horas más tarde el señor José Álvaro Dubón Castellanos, es encontrado por su compañera de hogar con golpes en todo su cuerpo pero aún con vida, lugar donde el ofendido informa a Neblin su compañera de hogar sobre la identidad de sus agresores. Esta declaración coincide con la declaración del testigo Anael Dubón Alvarado, hermano del ahora occiso, que refiere que aún con vida suben a su hermano José Álvaro a un vehículo lo llevan a recibir atención médica, primero a la Cruz Roja de Taulabé, lugar que encuentran cerrada, y luego lo trasladan hasta el Hospital de Comayagua, donde su hermano fallece, trayecto en que el ofendido no pronuncia ninguna palabra. Declara, asimismo, el testigo Anael Dubón Alvarado que recibió amenazas de muerte por parte de los acusados. Pruebas que unidas a las declaraciones de los agentes de policía, prueba documental enunciada y la prueba pericial consistente en el dictamen de autopsia mediante exhumación de cadáver- el cual determina que la causa de la muerte del señor José Álvaro Dubón Castellanos son traumas producto de golpes -en cabeza- con cuerpo romo (piedra, leño u objeto metálico) capaces de producir la muerte casi de inmediato. Esta Sala considera que el artículo 199 del Código Procesal Penal autoriza a los tribunales a recibir y valorar declaraciones de testigos de referencia a falta de testigos presenciales, todo con el objeto de lograr el descubrimiento de la verdad. Conforme a la Doctrina reconocida por este tribunal las declaraciones de los testigos de referencia, excepcionalmente admitidos como medio de prueba son aptos para contrarrestar la presunción de inocencia, siempre que -como en España- se observe la regla mínima que para la posibilidad de utilización de tal clase especial de testimonio los testigos designen a la persona que les ha comunicado la referencia. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 330 del Código Procesal Penal, que señala: «los testigos expresarán la razón y origen de sus informaciones y designarán con la mayor precisión posible, a los terceros que se las hayan comunicado». En el presente caso, el Juzgador ha logrado reconstruir la verdad de los hechos con base en prueba de testigos de referencia (hermano del ofendido, policías preventivo y policía de investigación) que han informado al tribunal sobre la persona (compañera de hogar del ofendido) que les ha brindado la información incriminatoria en contra de los acusados, que vinculada a la prueba documental y pericial, también de contenido incriminatorio, establece indicios suficientes para inferir válidamente la participación de los acusados Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo, en el delito de Homicidio en perjuicio de José Álvaro Dubón Castellanos del que se les acusa, por lo que esta sala concluye que, la sentencia recurrida no infringe la garantía de presunción de inocencia establecida en el artículo 89 de la Constitución de la República. V. DECISIÓN, Esta Sala de lo Penal declara No ha lugar el motivo de Casación de Infracción de Precepto Constitucional, por violación del artículo 89 de la Constitucional de la República, invocado por el recurrente. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por los abogados Dinabel López Durón y Arnaldo Alcides García Alvarado, Defensores Públicos de los acusados señores Carlos Roberto García, Elmer Renán Mejía Perdomo y Noé Mejía Perdomo, en la causa instruida contra estos, a quienes se le condenó como autores del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor José Álvaro Dubón Castellanos. SEGUNDO: DECLARAR FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha veintiocho de octubre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. Certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-44-2015.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luís Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.
[2] Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado Manzano, “Los Medios de Prueba”. Luís Alfredo de Diego Diez. Tomo 4. Páginas 131 y 132.