Sentencia CP-439-15 — Registro 9788
Resumen
En primera instancia se condena a los imputados como autores del delito de Robo Continuado y por el delito de delito consumado de Portación Ilegal de Armas, se declara sin lugar el recurso interpuesto por la defensa de los imputados.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. La censora del fallo arguye la infracción al principio de retroactividad de la ley penal contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República. Los hechos probados de la sentencia establecen que en fecha veintiséis de julio de dos mil doce, a eso de la una de la tarde, los señores J. H. M. C. y H. D. L., llegaron a una cafetería ubicada en las diez avenidas, dos y tres calles, Barrio Guamilito, en San Pedro Sula. En la misma se encontraban los señores M. D. V., O. M. M., D. H. G. y M. T. P. E.. El señor J. H. M. C., con arma de fuego en mano, amedrentó a las personas que allí se encontraban, mientras su acompañante, procedía a quitarles sus pertenencias y se las entregaba a otro hombre que se encontraba en las afueras de dicho comedor. Policías Preventivos que se encontraban en los alrededores, fueron alertados de lo que sucedía, por lo que fueron al lugar y observaron que los señores J. H. M. C. y H. D. L. se marchaban corriendo del lugar. Cuando J. H. M. C. y H. D. L., iban a unas dos cuadras adelante del suceso, fueron interceptados por los agentes policiales, quienes los requirieron y al registrarlos lograron quitarles un bolso color negro con blanco, marca ARENA MILANO, conteniendo mil trescientos cincuenta (1,350) lempiras y documentos personales a nombre de M. D. V. y de O. M. M. (fotocopia de identidad y partida de nacimiento de M. D. V., fotocopia de identidad y de partida de nacimiento de O. M. M. H.); y, un bolso color negro, marca APOMAX, una cédula de identidad a nombre de O. M. M. H., tres mil (3,000) lempiras en billetes de quinientos, un teléfono celular, color rojo y negro, marca LG, con IMEI 353935-04-442527-0, con chip de la Empresa TIGO y una memoria de color negro. Además, al señor J. H. M. C. le quitaron un arma de fuego marca BERETTA, color gris, con serie BER077412 y quince (15) proyectiles sin percutir. Por estos hechos el acusado J. H. M. C. resultó condenado por el delito de robo continuado, en perjuicio de los señores M. T. P. E., O. M. M., M. D. V. y D. H. G., a la pena de ocho (8) años, cuatro (4) meses de reclusión; y, asimismo, condenado por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (3) años de reclusión. Según la censora del fallo, para la fecha del dictado de la sentencia condenatoria, doce (12) de febrero de dos mil quince (2015), se encontraba en vigencia el decreto legislativo número 63-2014, el cual prorroga la vigencia del decreto legislativo número 184-2013 por un periodo de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objetivo de que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. Dicho término de prorroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir, el 06 de octubre de 2014 y venció el 06 de abril de 2015, de lo cual se concluye que el decreto legislativo 63-2014 estaba vigente a la fecha del dictado de la sentencia condenatoria. No obstante lo anterior, esta Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que en supuestos como el planteado, concurren dos circunstancias para que el decreto legislativo 63-2014 no sea de aplicación al caso concreto, la primera de ellas es que al tratarse de una ley temporal y no una ley intermedia, como erróneamente señala el recúrrete, para que tenga aplicación debe de estar vigente al momento de la comisión de la conducta reprochada; la ley temporal deja en suspenso algunos de los verbos rectores del artículo 332-B del Código Penal; tiene un plazo taxativo de vigencia y tiene como principio fundamentador que no se aplicara a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En cambio, la ley intermedia al ser una ley posterior deroga la ley anterior, se da identidad plena en cuanto al hecho regulado y se viene a dar una sucesión de leyes penales. En el presente caso, se pretende la retroactividad de un decreto temporal, lo cual no se abarca por el principio de retroactividad de la ley penal. La segunda circunstancia es que adicional al elemento temporal, deben tomarse en cuenta otras pautas orientativas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, pues el permiso o veda es para registrar el arma y no simplemente para portarla, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, se desprende según el propio fáctum de la sentencia, que el acusado fue capturado momentos después de realizar un delito de robo continuado en perjuicio de los señores M. D. V., O. M. M., D. H. G. y M. T. P. E.; circunstancia a partir de la cual se colige objetivamente que la intencionalidad del acusado no era de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su registro. Por todas estas razones, deviene improcedente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La Sentencia en el expediente S.P.439-2015, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenar al señor J. H. M. C., como autor material responsable penalmente de un delito de Robo Continuado, en perjuicio de los señores M. T. P. E., O. M. M., M. D. V. y D. H. G., a la pena de ocho (8) años con cuatro (4) meses de reclusión, la cual deberá cumplir en una Penitenciaría del Sistema Penitenciario Nacional que sea designada por el correspondiente Juez de Ejecución Penal. De igual manera se le condena a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción civil. Segundo: Condenar al señor J. H. M. C., como autor material responsable penalmente de un delito consumado de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (3) años de reclusión, la que deberá cumplir en una Penitenciaría del Sistema Penitenciario Nacional que sea designada por el correspondiente Juez de Ejecución Penal. De igual manera se le condena a las penas accesorias de Inhabilitación especial e interdicción civil. Tercero: Condenar al señor H. D. L., como autor material responsable penalmente de un delito de Robo Continuado, en perjuicio de los señores M. T. P. E., O. M. M., M. D. V. y D. H. G., a la pena de ocho (8) años con cuatro (4) meses de reclusión, la cual deberá cumplir en una Penitenciaría del Sistema Penitenciario Nacional que sea designada por el correspondiente Juez de Ejecución Penal. De igual manera se le condena a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción civil. Cuarto: Absolver al señor J. H. M. C., de un delito de Encubrimiento en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, del que venía siendo acusado. Quinto: Se declara a los señores J. H. M. C. y H. D. L., responsable civilmente de los daños y perjuicios ocasionados con estos delitos. Sexto: No procede condenar en costas a los acusados J. H. M. C. y H. D. L.. Séptimo: No procede el comiso. - Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada V. E. F.C., Defensora Pública del señor J. H. M. C.SON PARTES: Las Abogadas D. L. D. y G. L. O., defensoras públicas, como recurrentes; y, el Abogado S. C. A., fiscal del Ministerio Público, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “Este Tribunal después de haber analizado la prueba evacuada en juicio, de forma armónica y conjunta de acuerdo a las reglas de la sana crítica, declara expresa y terminantemente probado los hechos siguientes: Primero: En fecha veintiséis de julio de dos mil doce, a eso de la una de la tarde, los señores J. H. M. C. y H. D. L., llegaron a una cafetería ubicada en la diez avenida, dos y tres calles, Barrio Guamilito, en San Pedro Sula. En la misma se encontraban los señores M. D. V., O. M. M., D. H. G. y M. T. P. E.. El señor J. H. M. C., con arma de fuego en mano, amedrentó a las personas que allí se encontraban, mientras su acompañante, procedía a quitarles sus pertenencias y se las entregaba a otro hombre que se encontraba en las afueras de dicho comedor. Segundo: Policías Preventivos que se encontraban en los alrededores, fueron alertados de lo que sucedía, por lo que fueron al lugar y observaron que los señores J. H. M. C. y H. D. L. se marchaban corriendo del lugar. Cuando J. H. M. C. y H. D. L., iban a unas dos cuadras adelante del suceso, fueron interceptados por los agentes policiales, quienes los requirieron y al registrarlos lograron quitarles un bolso color negro con blanco, marca ARENA MILANO, conteniendo mil trescientos cincuenta (1,350) lempiras y documentos personales a nombre de M. D. V. y de O. M. M. (fotocopia de identidad y partida de nacimiento de M. D. V., fotocopia de identidad y de partida de nacimiento de O. M. M. H.); y, un bolso color negro, marca APOMAX, una cédula de identidad a nombre de O. M. M. H., tres mil (3,000) lempiras en billetes de quinientos, un teléfono celular, color rojo y negro, marca LG, con IMEI 353935-04-442527-0, con chip de la Empresa TIGO y una memoria de color negro. Además, al señor J. H. M. C. le quitaron una arma de fuego marca BERETTA, color gris, con serie BER077412 y quince (15) proyectiles sin percutir.”III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS.La recurrente, Abogada V. E. F.C., defensora pública del señor J. H. M. C., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: Por violación del artículo 96 en relación al 221 de la Constitución de la República en relación al artículo 2 párrafo segundo del Decreto No. 184-2013 emitido por el poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013, ampliado bajo decreto 63-2014. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo enunciado se encuentra establecido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. II. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN.Los preceptos constitucionales citados como infringidos textualmente dicen: Artículo 96: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado” Por su parte la norma constitucional citada en relación en su parte conducente dispone: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta...“La Infracción por la cual se ha condenado a mi representando se produjo cuando de los hechos probados se deriva que mi representado fue detenido en posesión de dos armas de fuego calibre 38; sin embargo, del artículo 2 del Decreto Legislativo N°183-2013 de fecha 1 de septiembre de 2013, publicado en el diario oficial la Gaceta el 5 de octubre del mismo año, y que ha sido objeto de ampliación bajo decreto 63-2014, que se invoca como infringido se desprende que; se establece a partir de la vigencia del presente decreto y por el término de un año, un período de veda para que toda persona que tenga un su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. EXPLICACIÓN DEL VICIO. De ahí pues que resulta claro que al entrar en vigencia el Artículo 2 del Decreto en mención, el cual ha sido ampliado, al momento del juzgamiento deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-A, del Código Penal, con fundamento en el principio de retroactividad de la ley regulada en el artículo 96 constitucional, debió aplicarse la norma prescrita en el artículo 2 arriba indicado, por cuanto que esa nueva ley (Decreto 184-2013) ampliado bajo Decreto 63-2014 es en materia penal y favorece desde luego a mi poderdante.- Sumado a lo anterior, cuando de leyes penales intermedias se trata se reconoce por la mayoría, que en justicia el Juez debe también tomar en cuenta estas leyes de manera que cuando exista una sucesión de dos, tres, o más leyes entre la fecha de comisión y la fecha de la sentencia, debe el Juez aplicar aquella de entre esas tres o más leyes le sea más favorable al reo, pues la retroactividad obedece bien a razones humanitarias de política criminal. Desde ese punto de vista se puede sostener que el Estado al dictar una nueva norma ha decidido cambiar el sentido de aquella manera más favorable, lo que da lugar a que los supuestos de hecho realizados con anterioridad se beneficien de esta nueva orientación de la política legislativa y criminal. Así las cosas, resulta manifiesta en la sentencia impetrada la violación a la garantía regulada en el artículo 96 de la Constitución de la República en relación al artículo 221 del misma, por cuanto que se ha irrespetado por parte del sentenciador los derechos, garantías y formalidades establecidas por la Constitución, los Pactos Internacionales y la Ley Procesal Penal. En tal sentido respecto a la eficacia de la ley intermedia Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Aarón en su obra Derecho Penal, Parte General (pág. 144-145) exponen: Se denomina ley intermedia a la que no estaba en vigor en el momento de comisión de los hechos ni lo está en el momento del juicio sino ha tenido vigencia entre uno y otro.- Las dudas que plantea su posible aplicación provienen del hecho de la valoración contenida en dicha ley no era mantenida por el legislador cuando se cometió la conducta, pero tampoco lo es en el momento en que esta se enjuicia. Pese a ello, si la ley intermedia resulta más beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que este pudo ser juzgado con arregló a la misma si el juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si ello no ha ocurrido, no deben aplicársele las consecuencias de la ley que le perjudica.- En este orden de ideas el caso que nos ocupa mi representado J. H. M. C. es detenido en la comisión de la conducta en fecha veintiséis de julio del dos mil doce.- Sin estar en vigencia el decreto 184-2013, es enjuiciado el ocho de diciembre del dos mil catorce, (cuando se encuentra en vigencia el decreto 184-2013 en virtud de la ampliación publicada bajo decreto 63-2014), sin embargo se le dicta sentencia condenatoria por dicha conducta en doce de febrero de dos mil quince.- Los Honorables Magistrados de esta Corte ya se han pronunciado en este tipo de situaciones para lo cual se cita la sentencia dictada bajo el numero 48-2009, en la cual se declaró: “... procede la aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República, por lo tanto esta Sala de lo Penal aprecia que si puede aplicarse la norma invocada por el censor a los hechos por los cuales se encontró culpable al encartado y que al no aplicarla el juzgador de instancia infringió por falta de aplicación en tanto la falta de aplicación se da cuando la norma no es seleccionada para resolver el caso, debiendo serlo, independientemente de a qué resultado se haya llegado ya sea porque se ignora su existencia, porque no se le considera vigente o por un equivocado entendimiento de su significación o su alcance....tenemos una ley intermedia que no regía cuando se cometió el hecho, que cobró vigencia durante el juicio y al momento del fallo permanecía vigente, por tanto, la ley más favorable al imputado es la intermedia.” Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de la norma constitucional en relación al decreto legislativo, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare CON LUGAR el motivo de casación anteriormente expuesto, dictando una sentencia absolutoria por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS para el señor J. H. M. C..” IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional.El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.Recuso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Único Motivo. *Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 96 de la Constitución de la República en relación al artículo 221 de la Constitución de la República, también en relación al artículo 2 párrafo segundo del Decreto No. 184-2013 emitido por el Poder Legislativo, publicado en fecha 5 de octubre de 2013, ampliado bajo decreto 63-2014. *Concepto de la Infracción: Violación al principio de retroactividad de la ley penal; y, *Pretensión: Declarar Con Lugar el recurso expuesto. Arguye la censora que el Sentenciador al dictar su fallo condenatorio por el delito de portación ilegal de arma de fuego, debió observar el contenido del artículo 96 de la Constitución de la República, el cual establece que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. En el caso actual, considera que debió aplicarse retroactivamente a favor del señor J. H. M. C., el artículo 2 párrafo segundo del decreto 184-2013, publicado el 5 de octubre de 2013, ampliado bajo el decreto 63-2014, en el que se establece un periodo de veda o de gracia, para que las personas que tengan en su poder armas de fuego pudieran hacer entrega de las mismas en la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad, sin ninguna responsabilidad penal producto de su tenencia. Del principio de Retroactividad de la Ley Penal: La exigencia para que un hecho pueda castigarse como delito es preciso de modo ineludible, que previamente haya sido declarado como tal por una ley, así se refleja en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948; artículo 11.2: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.”.Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigencia una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el tribunal de justicia deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que ninguna persona debe ser castigada por una conducta que al momento de la comisión era lícita, de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Haseemer señala que "una ley que pretenda ser aplicable a un caso que haya ocurrido antes de que la ley haya entrado en vigor, es un fantasma del Estado Policía (Hassemer, Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984., Pág. 320)", en virtud de que el daño, que se pretende evitar por parte de la comunidad, ya ha sido producido antes de su promulgación, cuando la misma era de carácter lícito y no reprochable.Claus Roxin (Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España, p. 141) explica los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión, sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible, sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); y 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena).Tales tipos de retroactividad no son posibles ya que el Estado debe de determinar ante fáctum los hechos que consienta prohibidos, de modo que los ciudadanos tengan confianza en que los límites de su libertad están determinados y que pueden actuar dentro de esos límites establecidos sin que posteriormente puedan ser objetos de algún reproche por los mismos. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria, lo que debe de ser apreciado no solo en procesos penales pendientes, como el caso que nos ocupa, sino además en los procesos con resoluciones firmes, antes o durante el cumplimiento de las penas. "Una Ley más favorable no es una ley abusiva, por el contrario, significa el reconocimiento de mayores ámbitos de libertad, luego la retroactividad de la ley más favorable no niega el principio de legalidad, si no que más bien lo afirma." (Bustos Ramírez Juan, Manual de Derecho penal, Parte General, Barcelona, Edit. Ariel S.A, 3° Edición, 1989, pg. 82).Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entra en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente, "esta exigencia es inseparable del principio de legalidad penal; si debe existir una ley que defina las conductas delictivas para poder perseguirlas, dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometen los hechos, por eso la ley penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor (Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal, parte general, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia España, 1° edición, 1993, pg. 98.)", salvo el caso mencionado, cuando sea más beneficiosa. Ante una nueva regulación penal corresponde al juzgador determinar cuál es la ley que es más favorable al acusado o condenado: la vigente al momento del hecho o la vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, dándose tal respuesta a depender de: 1. Si la ley penal vigente al momento de los hechos ha sido derogada por una nueva ley, lo que sin dificultad se concluye que la nueva ley es más beneficiosa por despenalizar lo que la anterior tipificaba como delito; 2. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de la misma naturaleza más grave que la prevista en la ley penal vigente al momento del juzgamiento o ejecución de la pena, entonces se debe de aplicar la ley penal vigente (ley nueva), por ser más beneficiosa; o 3. Si la Ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de distinta naturaleza a la prevista en la ley penal vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, el órgano jurisdiccional decidirá conforme al caso concreto y en la eventual situación de duda podrá consultar a la persona condenada cuál de las normas le resulta más beneficiosa, pues a la postre el destinatario de las mismas es ella, y el principio lo que busca es su beneficio. Lo anterior nos lleva a otra posibilidad, existirán casos en que la nueva ley contenga aspectos que le beneficie al reo o procesado, pero que a su vez también le perjudique, lo que obliga, como en el caso anterior, a que el juez realice un estudio del caso concreto, a fin de determinar cuál de las normas es la más beneficiosa en su totalidad, es decir, tomando en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios de su aplicación, no siendo posible aplicar los aspectos más beneficiosos de la nueva ley sin aplicar los perjudiciales, ya que, como señala Muñoz Conde, "el Tribunal estaría creando una nueva norma (…) y desempeñando con ello funciones legislativas que no le competen." (Muñoz Conde; Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, Pág. 159 y 160).En definitiva, el texto del artículo 96 de la Constitución de la República establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", lo cual está desarrollado en el artículo 9 del Código Penal, que indica que: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas hubiere recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.”.V. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. La censora del fallo arguye la infracción al principio de retroactividad de la ley penal contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República. Los hechos probados de la sentencia establecen que en fecha veintiséis de julio de dos mil doce, a eso de la una de la tarde, los señores J. H. M. C. y H. D. L., llegaron a una cafetería ubicada en las diez avenidas, dos y tres calles, Barrio Guamilito, en San Pedro Sula. En la misma se encontraban los señores M. D. V., O. M. M., D. H. G. y M. T. P. E.. El señor J. H. M. C., con arma de fuego en mano, amedrentó a las personas que allí se encontraban, mientras su acompañante, procedía a quitarles sus pertenencias y se las entregaba a otro hombre que se encontraba en las afueras de dicho comedor. Policías Preventivos que se encontraban en los alrededores, fueron alertados de lo que sucedía, por lo que fueron al lugar y observaron que los señores J. H. M. C. y H. D. L. se marchaban corriendo del lugar. Cuando J. H. M. C. y H. D. L., iban a unas dos cuadras adelante del suceso, fueron interceptados por los agentes policiales, quienes los requirieron y al registrarlos lograron quitarles un bolso color negro con blanco, marca ARENA MILANO, conteniendo mil trescientos cincuenta (1,350) lempiras y documentos personales a nombre de M. D. V. y de O. M. M. (fotocopia de identidad y partida de nacimiento de M. D. V., fotocopia de identidad y de partida de nacimiento de O. M. M. H.); y, un bolso color negro, marca APOMAX, una cédula de identidad a nombre de O. M. M. H., tres mil (3,000) lempiras en billetes de quinientos, un teléfono celular, color rojo y negro, marca LG, con IMEI 353935-04-442527-0, con chip de la Empresa TIGO y una memoria de color negro. Además, al señor J. H. M. C. le quitaron un arma de fuego marca BERETTA, color gris, con serie BER077412 y quince (15) proyectiles sin percutir. Por estos hechos el acusado J. H. M. C. resultó condenado por el delito de robo continuado, en perjuicio de los señores M. T. P. E., O. M. M., M. D. V. y D. H. G., a la pena de ocho (8) años, cuatro (4) meses de reclusión; y, asimismo, condenado por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (3) años de reclusión. Según la censora del fallo, para la fecha del dictado de la sentencia condenatoria, doce (12) de febrero de dos mil quince (2015), se encontraba en vigencia el decreto legislativo número 63-2014, el cual prorroga la vigencia del decreto legislativo número 184-2013 por un periodo de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objetivo de que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. Dicho término de prorroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir, el 06 de octubre de 2014 y venció el 06 de abril de 2015, de lo cual se concluye que el decreto legislativo 63-2014 estaba vigente a la fecha del dictado de la sentencia condenatoria. No obstante lo anterior, esta Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que en supuestos como el planteado, concurren dos circunstancias para que el decreto legislativo 63-2014 no sea de aplicación al caso concreto, la primera de ellas es que al tratarse de una ley temporal y no una ley intermedia, como erróneamente señala el recúrrete, para que tenga aplicación debe de estar vigente al momento de la comisión de la conducta reprochada; la ley temporal deja en suspenso algunos de los verbos rectores del artículo 332-B del Código Penal; tiene un plazo taxativo de vigencia y tiene como principio fundamentador que no se aplicara a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En cambio, la ley intermedia al ser una ley posterior deroga la ley anterior, se da identidad plena en cuanto al hecho regulado y se viene a dar una sucesión de leyes penales. En el presente caso, se pretende la retroactividad de un decreto temporal, lo cual no se abarca por el principio de retroactividad de la ley penal. La segunda circunstancia es que adicional al elemento temporal, deben tomarse en cuenta otras pautas orientativas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, pues el permiso o veda es para registrar el arma y no simplemente para portarla, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, se desprende según el propio fáctum de la sentencia, que el acusado fue capturado momentos después de realizar un delito de robo continuado en perjuicio de los señores M. D. V., O. M. M., D. H. G. y M. T. P. E.; circunstancia a partir de la cual se colige objetivamente que la intencionalidad del acusado no era de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su registro. Por todas estas razones, deviene improcedente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. VI. DECISIÓN No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. VII. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la Abogada V. E. F. C., en su condición de defensora pública del señor J. H. M. C.; 2) DECLARA FIRME Y EJECUTABLE LA SENTENCIA condenatoria de fecha doce (12) de febrero del año dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés.Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-439-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.