Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-436-15 — Registro 9786

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia que absolvía a los imputados por Estafa Continuada y Otros Fraudes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."EL RECURSO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal observa que en el presente caso, el censor del fallo que se impugna plantea un recurso de casación por infracción de ley sustantiva fundado en la falta de aplicación del artículo 240 del Código Penal del Código Penal, precepto legal que prescribe: “Comete el delito de estafa quien con nombre supuesto, falso títulos, influencia o calidad simulada, abusó de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error defraudándolo en provecho propio o ajeno. ”En este caso, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de F. Morazán, no acepta los hechos que el A Quo estimó probados, por ser redundantes e imprecisos, y en acatamiento a lo ordenado por la Sala de lo Penal los redacta de la manera siguiente: “Primero: Que en la Ciudad de San Pedro Sula, fue conformado el Grupo Inter, integrado por diferentes Empresas Mercantiles entre las que se citan Internacional Ferretera (Infesa e Interfinsa), de las misma el Presidente del Consejo de Administración era el señor M. H. F., L.P. A., S. A. O. y otras personas que formaban parte de dichas sociedades mercantiles. Segundo: Que, de los mismos testimonios de Escritura Pública, se conoce que el Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de Interfinsa e Infesa era el señor M. H. F., quien contaba con poderes suficientes para el nombramiento de personal, delegación expresa de diversas funciones. Tercero: Que del año 1999 al año 2000 se captó recursos del público mediante títulos valores (pagarés) que eran firmados por los Gerentes de dicha Empresas. Cuarto: Que los acusados D. A. T. F. y A. R. N., no eran socios, ni accionistas, mucho menos miembros del Consejo de Administración de Interfinsa e Infesa, eran empleados, que su accionar obedecía a órdenes directas del Presidente del Consejo de Administración de esas Empresas citadas”. De la definición legal del delito de Estafa se desprende que, los elementos esenciales para la existencia del delito de estafa son: engaño, error, disposición patrimonial, perjuicio y provecho propio o ajeno. El primer elemento hace referencia a la conducta engañosa, ésta consiste en una simulación o disimulación caP. de inducir a error a una o varias personas. Puede consistir en la afirmación de hechos falsos como en la desfiguración de los verdaderos. La conducta engañosa debe ser suficientemente idónea para provocar un error en otra persona. Se produce un error cuando a consecuencia de la acción engañosa se ha causado una suposición falsa. La acción engañosa debe ser causa de ese error, debe existir una relación de causalidad entre ambos. El que el engaño sea causa adecuada para producir error, es una cuestión que debe resolverse en atención a las diversas circunstancias concurrentes. Es suficiente con que en abstracto pueda racionalmente ejercer influencia en el ánimo del sujeto pasivo que le muE. a hacer la disposición patrimonial. Pero también debe tenerse en cuenta la personalidad del sujeto, su inteligencia, su edad, sus relaciones con el sujeto activo, etc. El engañado a consecuencia del error debe realizar una disposición patrimonial, es decir, la entrega de una cosa o la prestación de un servicio, lo mismo da que consista en un hacer que un omitir. El engaño puede actuar sobre el perjudicado o sobre otra persona. La disposición patrimonial debe haber producido un perjuicio en el engañado o en un tercero y de manera coetánea un provecho o beneficio para el sujeto pasivo o para un tercero. Por eso la estafa se ubica dentro de los delitos patrimoniales de “enriquecimiento”. Este provecho debe ser la finalidad del autor al cometer el delito, por lo que es de extraordinaria importancia para la caracterización de la tipicidad, pues ésta, como en otros delitos patrimoniales, requiere un elemento subjetivo específico: el ánimo de lucro. Dentro del tipo subjetivo se requiere, además, el dolo que debe abarcar o referirse a los elementos objetivos, es decir al engaño, al error, a la disposición patrimonial y a la causación de un perjuicio. De la lectura del relato fáctico de la sentencia recurrida, revela que desde el año 1999 al año 2000 los señores acusados señores D. A. T. F. y A. R. N., en su condición de gerentes de las sociedades mercantiles Interfinsa e Infesa, captaron recursos del público mediante títulos valores -pagarés- que eran firmados por ellos mismos, obedeciendo órdenes directas del Presidente del Consejo de Administración de dichas empresas. En este caso, el medio engañoso consiste en captar recursos del público mediante la suscripción de títulos valores -pagarés- como gerentes de las sociedades mercantiles Interfinsa e Infesa, que en una relación causa-efecto trajo como resultado una disposición patrimonial en perjuicio de los señores M. A. A., E. R., M. I. H., A. V. T., E. L. E. de C., M. de la P. O. A., R. A. M. M., E. M. B., G. P. S., M. C. M. B., F. J. V. S., H. V. D. y C. C. de G. y otros. Esta Sala considera que los imputados señores D. A. T. F. y A. R. N., han tenido participación en el proceso de captación ilegal de fondos o dinero del público, mediante la suscripción de títulos valores -pagares-, por órdenes directas del Presidente del Consejo de Administración de las Sociedades Mercantiles denominadas Interfinsa e Infesa (Grupo Inter), y de otras personas que formaban parte de dichas sociedades mercantiles, confección de títulos valores utilizados como medio engañoso, con la finalidad de hacer incurrir al público en error y provocar un desplazamiento patrimonial de los afectados a favor de dichas sociedades mercantiles, provocando a los suscriptores de los pagarés perjuicios económicos y de manera coetánea beneficio económico en provecho de dichas sociedades. Con la firma de los pagarés por diversos montos, los acusados D. A. T. F. y A. R. N., representando ambos a las Sociedades Mercantiles Interfinsa e Infesa y en provecho de dichas sociedades mercantiles, recibieron fondos personales por la suma total de Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil, Novecientos Treinta y Cuatro Lempiras (L 2,439.934.00); y por la cantidad de Cuarenta y Dos Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Dólares, con Veintitrés Centavos de Dólar ( US $ 42,798.23), de fondos personales de los señores: M. A. A., E. R., M. I. H., A. V. T., E. L.E. de C., M. de la P. O. A., R. A. M. M., E. M. B., G. P. S., M. C. M. B., F. J. V. S., H. V. D. y C. C. de G., que a la fecha de hoy asciende a la cantidad total de: Tres Millones Cuatrocientos Noventa y dos Mil, Setecientos Setenta Lempiras, con Cuarenta y Cinco Centavos de Lempira (L 3,492,770.42) al cambio oficial de L 24.60 por dólar; cantidades de dinero en lempiras y dólares americanos, con dichas sociedades mercantiles Interfinsa e Infesa, por intermedio de los acusados, percibieron en calidad de depósitos de inversión, comprometiéndose al vencimiento de los títulos valores a devolver a los perjudicados el depósito efectuado más un veinticinco por ciento de interés anual pagaderos mensualmente, más un recargo anual de 2% de interés moratorio, en caso de no efectuarse el pago del interés principal, lo cual no se produjo, sino que se apropiaron en forma indebida de dichas sumas de dinero depositadas, lo cual hicieron con él ánimo de defraudar, en virtud de no formar parte dichas sociedades mercantiles del Sistema Financiero Nacional, por lo que no estaban autorizadas para realizar operaciones de intermediación financiera. Por lo anterior, las acciones que de acuerdo al relato fáctico desplegadas por los acusados señoresD. A. T. F. y A. R. N., en su condición indicada, se subsumen perfectamente en los delitos de estafa tipificada y sancionados en los Artículos 240 en relación al 241.3 del Código Penal, por el que fueron acusados. Por todo lo anterior, esta Sala concluye que la sentencia impugnada, incurre en infracción por falta de aplicación de los artículos 240 en relación al artículo 241.3 del Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados J. Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, R. Bustillo R. y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En Nombre Del Estado De HondurasLa sentencia en el Recurso de Casación SP-436-2015 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de junio del año dos mil quince, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de F. Morazán, en el proceso seguido contra los acusados señores D. A. T. F. y A. R. N., por el delito de Estafa Continuada y Otros Fraudes, en perjuicio de los señores M. A. A., E. R., M. I. H., A. V. T., E. L. E. de C., M. de la P. O. A., R. A. M. M., E. M. B., G. P. S., M. C. M. B., F. J. V. S., H. V. D. y C. C. de , que reformó de oficio la sentencia de fecha cinco de marzo de dos mil siete, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de F. Morazán de la manera siguiente: 1) Declarando Sin Lugar, el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada X. Y. O., en su condición expresada (Fiscal Especial contra la Corrupción). 2) Reformando en lo referente a los hechos probados la sentencia apelada. 3) Confirmando la sentencia absolutoria del cinco de marzo del año dos mil siete, de la cual se ha hecho mérito. - Son Partes: La Abogada D. E. R. C., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; Sin parte recurrida. Hechos Probados “La Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de F. Morazán, no aceptó los hechos que el A Quo estimó probados, por ser redundantes e imprecisos, en consecuencia y en acatamiento a lo ordenado por la Sala Penal procede a redactarlos de la manera siguiente: “Primero: Que en la Ciudad de San Pedro Sula, fue conformado el Grupo ínter, integrado por diferentes Empresas Mercantiles entre las que se citan Internacional Ferretera (Infesa e Interfinsa), de las misma el Presidente del Consejo de Administración era el señor M. H. F., L. P. A., S.A. O. y otras personas que formaban parte de dichas sociedades mercantiles. Segundo: Que, de los mismos testimonios de Escritura Pública, se conoce que el Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de Interfinsa e Infesa era el señor M. H. F., quien contaba con poderes suficientes para el nombramiento de personal delegación expresa de diversas funciones. Tercero: Que del año 1999 al año 2000 se captó recursos del público mediante títulos valores (pagarés) que eran firmados por los Gerentes de dicha Empresas. Cuarto: Que los acusados D. A. T. F. y A. R. N., no eran socios, ni accionistas, mucho menos miembros del Consejo de Administración de Interfinsa e Infesa, eran empleados, que su accionar obedecía a órdenes directas del Presidente del Consejo de Administración de esas Empresas citadas”.Recurso De Casación. Motivos y Argumentos“Recurso de Casación Por Infracción de Ley: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO INVOCADO: “Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 240 del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 412 numeral 1 del Código Procedimientos Penales. EXPOSICIÓN MOTIVO UNICO: La norma penal de orden sustantivo citado como infringido en el presente recurso: dice: Artículo 240 del Código Penal: “Comete el delito de estafa quien con nombre supuesto, falso títulos, influencia o calidad simulada, abusó de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error defraudándolo en provecho propio o ajeno” El Tribunal sentenciador E. que fueron todas las probanzas, estimó como hecho probado lo siguiente: “PRIMERO: Que en la Ciudad de San Pedro Sula, fue conformado el Grupo ínter, integrado por diferentes Empresas Mercantiles entre las que se citan Internacional Ferretera (INFESA E INTERFINSA), de las misma el Presidente del Consejo de Administración era el señor M. H.F., L. P. A., S. A. O. y otras personas que formaban parte de dichas sociedades mercantiles. SEGUNDO: Que, de los mismos testimonios de Escritura Pública, se conoce que el Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de Interfinsa e Infesa era el señor M. H. F., quien contaba con poderes suficientes para el nombramiento de personal delegación expresa de diversas funciones. TERCERO: Que del año 1999 al año 2000 se captó recursos del público mediante títulos valores (pagarés) que eran firmados por los Gerentes de dicha Empresas. CUARTO: Que los acusados D. A. T. F. Y A. R. N., no eran socios, ni accionistas, mucho menos miembros del Consejo de Administración de Interfinsa e Infesa, eran empleados, que su accionar obedecía a órdenes directas del Presidente del Consejo de Administración de esas Empresas citadas” Es importante referirnos que el tipo penal de Estafa, contenido en el artículo 240 del Código Penal, exige entre sus elementos, defraudar en provecho propio o ajeno, en el caso que nos ocupa si bien los encausados no eran socios, y que su accionar obedecía a órdenes directas del Presidente del Consejo de Administración, actuaban engañando al público, en beneficio de la Financiera de la cual formaban parte como Gerentes Administrativos, cumpliéndose así todos los requisitos del tipo penal al obtener mediante engaño un provecho patrimonial para un tercero en este caso para los accionistas de Interfinsa e Infesa. El autor F. C. G. establece en su obra “el delito de estafa”: que el beneficio patrimonial, a quien aspira el autor, puede ser para sí o para un tercero, y como ejemplo de esto en el caso de un empleado de la estación de gasolinera altera el contador del fluido entregado, para darle menos a los clientes y así favorecer patrimonialmente al patrono, se requiere que el beneficio patrimonial a que aspira el autor corresponda con el perjuicio patrimonial de la víctima y esto debido a que la estafa es un delito de traslación patrimonial, en el sentido de que la parte del patrimonio que le es quitada a la víctima debe ir, según la intención del autor a su patrimonio o a un patrimonio de un tercero.” Igualmente, el jurista F. M. Conde en su obra de Derecho Penal parte especial” las defraudaciones como la estafa, además lesionan la buena fe o las relaciones fiduciarias que surgen en el tráfico jurídico, en el cual se espera normalmente se cumplan las obligaciones contraídas, ofensa que puede ser llE.da a cabo a través de diversos medios. De igual manera el artículo 20 del Código de Comercio establece: “que las persona que controlan de hecho el funcionamiento de una sociedad sean o no socios, responderán frente a terceros subsidiar, solidaria e ilimitadamente por los actos doloso realizados a nombre de ella, tal es el caso de los encausados D. A. T. Y A. R. N., quienes fungían como Gerentes Administrativos de Infesa, es decir, eran miembros de dicho grupo, y la Empresa para los cuales laboraban captaban recursos financieros al público ya que ellos hacían los depósitos en Interfinsa, los que eran garantizados con pagarés, emitidos por Infesa y firmados por los señores D. T. Y R. N. en su condición de Gerentes Administrativos, recursos que fueron captados del público sin autorización en provecho ajeno de las(Empresas Mercantiles Interfinsa e Infesa). De la simple lectura del cuadro fáctico claramente se evidencia que los imputados D. T. Y R. N. tuvieron una participación directa y activa en los hechos por los cuales se le sometió a proceso y que su actuar mediante engaños resultó en provecho de la Sociedad Mercantil antes referido, calificándose su acción delictiva en el delito de ESTAFA. De lo anteriormente explicado se concluye que se ha violentado el artículo 240 del Código Penal por no haberlo aplicado tal como quedó demostrado con las razones fácticas legales y jurisprudenciales de derecho comparado antes expuesta. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, nuestro reproche casacional a efecto que una vez estudiado el caso, casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente acusador.” Fundamentación Recurso de Casación por Infracción de ley por falta de aplicación del artículo 240 del Código Penal.Primero Motivo: *Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Falta de aplicación del artículo 240 del Código Penal. *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. *Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia recurrida y de inmediato dicte la sentencia de fondo que corresponda conforme a derecho. A través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una rE.loración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma.Concepto Específico: “El legislador ofrece una aproximación al concepto de estafa en el artículo 240, al señalar que comete este delito quien «valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno». Pero el concepto tiene que completarse con los preceptos siguientes, relativos a la estafa y a otros fraudes: tiene que haber un desplazamiento patrimonial (precisamente en función de su cuantía se establecen las penas del art. 241), en perjuicio del sujeto pasivo (art. 243). En fin, de la lectura de los artículos 240, 242 y 243 puede extraerse una definición de este delito: cometen estafa quienes, con ánimo de lucro (en provecho propio o ajeno), utilizan engaño bastante y adecuado para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición o desplazamiento patrimonial en su propio perjuicio o en el de otro. Los elementos típicos que recoge esta definición son: Engaño, error, acto de disposición, perjuicio y ánimo de lucro. A) Engaño. El requisito o elemento esencial y diferencial del delito de estafa es el engaño antecedente, causante y bastante. Consiste en la patraña, superchería, ardid o maquinación insidiosa de que se vale el infractor para inducir a error al ofendido, viciando su voluntad y su consentimiento y determinándole a realizar una prestación o desplazamiento patrimonial que, de otra suerte, no hubiera efectuado. a) Engaño anterior. Para el delito de estafa el engaño ha de ser anterior o, al menos, coetáneo al acto de disposición y al consiguiente perjuicio patrimonial, toda vez que tal engaño debe ser el origen del error del disponente. Precisamente el momento en que se produce el engaño es especialmente relente para delimitar y diferenciar la estafa de otros ilícitos que sólo tienen trascendencia civil. b) Engaño bastante. Que el engaño sea bastante, supone que no cualquier engaño es típico, sino tan sólo aquel que tenga un mínimo de idoneidad abstracta para producir el engaño en otro. Con frase bien expresiva, señalaba Carrara que mediante la estafa se protege el patrimonio ajeno, no simplemente la estulticia. B) Error. Puede entender como error el conocimiento equivocado o juicio falso de la realidad, total o parcialmente relente, a que se llega como consecuencia de la conducta engañosa del sujeto activo. Tiene que estar en relación de causalidad con el engaño. El artículo 240 del CP exige que la conducta del agente «induzca» a otro a error. De ahí que cuando el error procede de la ignorancia absoluta del sujeto pasivo o de creencias previas adoptadas por el mismo, se niegue la existencia de estafa. No obstante, aprovecharse de la credulidad e ignorancia de quienes carecen de formación suficiente, para lograr de ellos un desplazamiento patrimonial, por parte de charlatanes, adivinos, brujos, etc., es considerado por el legislador hondureño como una falta contra el patrimonio, tipificada en el artículo 400.4) del CP, que puede estimarse como falta de estafa, pues no deja de ser un engaño ofrecer adivinar el futuro o curar el cáncer de una persona tocándole con las manos o diciendo unas palabras mágicas. C) Acto de disposición. Puede consistir tanto en una acción positiva (dar una cosa, constituir un gravamen sobre un bien, prestar algún servicio, renunciar a un derecho, etc.), como en una omisión que produzca el perjuicio señalado en la Ley (por ejemplo, dejar prescribir la acción de reclamación de lo debido por promesas después reveladas como falsas). El acto de disposición ha de ser realizado por la persona del engañado, que es el sujeto pasivo del delito, precisamente a consecuencia del error (se exige otra vez la relación de causalidad entre estos elementos). El perjuicio de tal acto de disposición provoca puede recaer sobre el propio disponente (sujeto pasivo de la acción y del delito) o sobre un tercero (sujeto pasivo del delito). En la figura llamada «estafa procesal» el engaño y el error se producen sobre el juez, quien realiza el acto de disposición al dictar una determinada resolución. D) Perjuicio. Puede recaer tanto en el propio disponente (sujeto pasivo de la acción engañosa), como en un tercero (sujeto pasivo del perjuicio). Esta última modalidad es la llamada estafa «en triángulo», en el que la persona destinataria del engaño no es la perjudicada, es decir, se engaña a una persona, quien sufre el error, en tanto que el perjudicado es un tercero. Hay que distinguir tres conceptos diferentes: Valor de lo defraudado, perjuicio causado y lucro obtenido. a) Valor de lo defraudado. Coincide con el valor del acto de disposición. Es éste el que determina la gravedad del delito de estafa y la correspondiente pena y multa (art. 241 del CP), y también sirve para diferenciar entre el delito y la falta que, según lo ya expuesto, depende de que, cantidad defraudada supere o no diez lempiras; b) Perjuicio causado. Es el perjuicio efectivo derivado del delito, entendido como la disminución patrimonial del engañado o del perjudicado. Corresponde a la cantidad que deberá exigirse en concepto de responsabilidad civil, que puede ser superior al valor de lo defraudado, porque existan perjuicios derivados o lucro cesante. El engaño cosiste en que el sujeto activo, a sabiendas y con ánimo de lucro, entrega una cosa o proporciona un servicio distinto del acordado, aunque sea del mismo valor económico. El daño patrimonial depende de la existencia de una disminución del patrimonio vinculada causalmente con la disposición patrimonial erróneamente motivada. El perjuicio patrimonial causado por la estafa consiste en la disminución del patrimonio sufrida por causa de la disposición patrimonial realizada. c) Lucro obtenido. Se corresponde con los incrementos habido en el patrimonio del sujeto activo como consecuencia de la incorporación del valor de lo defraudado y su posterior transformación. Este incremento patrimonial es ajeno al valor de lo defraudado y al perjuicio causado, de suerte que no servirá para determinar la gravedad del delito ni tampoco el alcance de la responsabilidad civil. E) Ánimo de lucro. Aunque no se mencione expresamente, está incluido en la expresión «en provecho propio o ajeno», del artículo 240 del CP. Se trata de un elemento subjetivo del injusto, que consiste en la intención del sujeto activo de obtener una ventaja o enriquecimiento patrimonial, que puede ser para sí mismo o para un tercero. Como en otros delitos de enriquecimiento –ya lo señalamos anteriormente al tratar el robo–, el concepto de ánimo de lucro es muy amplio, por cuanto se extiende a cualquier ventaja, provecho, beneficio o utilidad, incluso la meramente contemplativa o de ulterior beneficencia”. [1]De la Procedencia Recurso. el Recurso es de Recibo. Esta Sala de lo Penal observa que en el presente caso, el censor del fallo que se impugna plantea un recurso de casación por infracción de ley sustantiva fundado en la falta de aplicación del artículo 240 del Código Penal del Código Penal, precepto legal que prescribe: “Comete el delito de estafa quien con nombre supuesto, falso títulos, influencia o calidad simulada, abusó de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error defraudándolo en provecho propio o ajeno. ”En este caso, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de F. Morazán, no acepta los hechos que el A Quo estimó probados, por ser redundantes e imprecisos, y en acatamiento a lo ordenado por la Sala de lo Penal los redacta de la manera siguiente: “Primero: Que en la Ciudad de San Pedro Sula, fue conformado el Grupo Inter, integrado por diferentes Empresas Mercantiles entre las que se citan Internacional Ferretera (Infesa e Interfinsa), de las misma el Presidente del Consejo de Administración era el señor M. H. F., L.P. A., S. A. O. y otras personas que formaban parte de dichas sociedades mercantiles. Segundo: Que, de los mismos testimonios de Escritura Pública, se conoce que el Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de Interfinsa e Infesa era el señor M. H. F., quien contaba con poderes suficientes para el nombramiento de personal, delegación expresa de diversas funciones. Tercero: Que del año 1999 al año 2000 se captó recursos del público mediante títulos valores (pagarés) que eran firmados por los Gerentes de dicha Empresas. Cuarto: Que los acusados D. A. T. F. y A. R. N., no eran socios, ni accionistas, mucho menos miembros del Consejo de Administración de Interfinsa e Infesa, eran empleados, que su accionar obedecía a órdenes directas del Presidente del Consejo de Administración de esas Empresas citadas”. De la definición legal del delito de Estafa se desprende que, los elementos esenciales para la existencia del delito de estafa son: engaño, error, disposición patrimonial, perjuicio y provecho propio o ajeno. El primer elemento hace referencia a la conducta engañosa, ésta consiste en una simulación o disimulación caP. de inducir a error a una o varias personas. Puede consistir en la afirmación de hechos falsos como en la desfiguración de los verdaderos. La conducta engañosa debe ser suficientemente idónea para provocar un error en otra persona. Se produce un error cuando a consecuencia de la acción engañosa se ha causado una suposición falsa. La acción engañosa debe ser causa de ese error, debe existir una relación de causalidad entre ambos. El que el engaño sea causa adecuada para producir error, es una cuestión que debe resolverse en atención a las diversas circunstancias concurrentes. Es suficiente con que en abstracto pueda racionalmente ejercer influencia en el ánimo del sujeto pasivo que le muE. a hacer la disposición patrimonial. Pero también debe tenerse en cuenta la personalidad del sujeto, su inteligencia, su edad, sus relaciones con el sujeto activo, etc. El engañado a consecuencia del error debe realizar una disposición patrimonial, es decir, la entrega de una cosa o la prestación de un servicio, lo mismo da que consista en un hacer que un omitir. El engaño puede actuar sobre el perjudicado o sobre otra persona. La disposición patrimonial debe haber producido un perjuicio en el engañado o en un tercero y de manera coetánea un provecho o beneficio para el sujeto pasivo o para un tercero. Por eso la estafa se ubica dentro de los delitos patrimoniales de “enriquecimiento”. Este provecho debe ser la finalidad del autor al cometer el delito, por lo que es de extraordinaria importancia para la caracterización de la tipicidad, pues ésta, como en otros delitos patrimoniales, requiere un elemento subjetivo específico: el ánimo de lucro. Dentro del tipo subjetivo se requiere, además, el dolo que debe abarcar o referirse a los elementos objetivos, es decir al engaño, al error, a la disposición patrimonial y a la causación de un perjuicio. De la lectura del relato fáctico de la sentencia recurrida, revela que desde el año 1999 al año 2000 los señores acusados señores D. A. T. F. y A. R. N., en su condición de gerentes de las sociedades mercantiles Interfinsa e Infesa, captaron recursos del público mediante títulos valores -pagarés- que eran firmados por ellos mismos, obedeciendo órdenes directas del Presidente del Consejo de Administración de dichas empresas. En este caso, el medio engañoso consiste en captar recursos del público mediante la suscripción de títulos valores -pagarés- como gerentes de las sociedades mercantiles Interfinsa e Infesa, que en una relación causa-efecto trajo como resultado una disposición patrimonial en perjuicio de los señores M. A. A., E. R., M. I. H., A. V. T., E. L. E. de C., M. de la P. O. A., R. A. M. M., E. M. B., G. P. S., M. C. M. B., F. J. V. S., H. V. D. y C. C. de G. y otros. Esta Sala considera que los imputados señores D. A. T. F. y A. R. N., han tenido participación en el proceso de captación ilegal de fondos o dinero del público, mediante la suscripción de títulos valores -pagares-, por órdenes directas del Presidente del Consejo de Administración de las Sociedades Mercantiles denominadas Interfinsa e Infesa (Grupo Inter), y de otras personas que formaban parte de dichas sociedades mercantiles, confección de títulos valores utilizados como medio engañoso, con la finalidad de hacer incurrir al público en error y provocar un desplazamiento patrimonial de los afectados a favor de dichas sociedades mercantiles, provocando a los suscriptores de los pagarés perjuicios económicos y de manera coetánea beneficio económico en provecho de dichas sociedades. Con la firma de los pagarés por diversos montos, los acusados D. A. T. F. y A. R. N., representando ambos a las Sociedades Mercantiles Interfinsa e Infesa y en provecho de dichas sociedades mercantiles, recibieron fondos personales por la suma total de Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil, Novecientos Treinta y Cuatro Lempiras (L 2,439.934.00); y por la cantidad de Cuarenta y Dos Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Dólares, con Veintitrés Centavos de Dólar ( US $ 42,798.23), de fondos personales de los señores: M. A. A., E. R., M. I. H., A. V. T., E. L.E. de C., M. de la P. O. A., R. A. M. M., E. M. B., G. P. S., M. C. M. B., F. J. V. S., H. V. D. y C. C. de G., que a la fecha de hoy asciende a la cantidad total de: Tres Millones Cuatrocientos Noventa y dos Mil, Setecientos Setenta Lempiras, con Cuarenta y Cinco Centavos de Lempira (L 3,492,770.42) al cambio oficial de L 24.60 por dólar; cantidades de dinero en lempiras y dólares americanos, con dichas sociedades mercantiles Interfinsa e Infesa, por intermedio de los acusados, percibieron en calidad de depósitos de inversión, comprometiéndose al vencimiento de los títulos valores a devolver a los perjudicados el depósito efectuado más un veinticinco por ciento de interés anual pagaderos mensualmente, más un recargo anual de 2% de interés moratorio, en caso de no efectuarse el pago del interés principal, lo cual no se produjo, sino que se apropiaron en forma indebida de dichas sumas de dinero depositadas, lo cual hicieron con él ánimo de defraudar, en virtud de no formar parte dichas sociedades mercantiles del Sistema Financiero Nacional, por lo que no estaban autorizadas para realizar operaciones de intermediación financiera. Por lo anterior, las acciones que de acuerdo al relato fáctico desplegadas por los acusados señoresD. A. T. F. y A. R. N., en su condición indicada, se subsumen perfectamente en los delitos de estafa tipificada y sancionados en los Artículos 240 en relación al 241.3 del Código Penal, por el que fueron acusados. Por todo lo anterior, esta Sala concluye que la sentencia impugnada, incurre en infracción por falta de aplicación de los artículos 240 en relación al artículo 241.3 del Código Penal. DECISIÓN. Esta Sala declara HA LUGAR el motivo único de casación por infracción de ley, invocado por el recurrente. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 240 del Código Penal; y 360 del Código Procesal Penal. FALLA:Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en único motivo, interpuesto por la Abogada D.E. R. C., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público; Segundo: Declara la nulidad de la sentencia de fecha veintiséis de junio del año dos mil quince, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de F. Morazán, en el proceso seguido contra los acusados D. A. T. F. y A. R. N., en la causa instruida ante el Juzgado de Letras Penal de F. Morazán, la cual absuelve a los acusados D. A. T. F. y A. R. N.del delito de Estafa en perjuicio de los señores M. A. A., E. R., M. I. H., A. V. T., E. Lidia E. de C., M. de la P. O. A., R. A. M. M., E. M. B., G. P. S., M. C. M. B., F. J. V. S., H. V. D. y C. C. de G.; Tercero: En lugar de la sentencia anulada esta Sala de lo Penal: 1)Condena a los imputados señores D. A. T. F. y A. R. N., a la pena de siete (7) años, ocho (8) meses de reclusión, como autores del delito de Estafa en perjuicio de los señores M. A. A., E. R., M. I. H., A. V. T., E. L. E. de C., M. de la P. O. A., R. A. M. M., E. M. B., G. P. S., M. C. M. B., F. J. V. S., H. V. D. y C. C. de G. y otros; 2) Condena a los acusado señores D. A. T. F. y A. R. N., apagar en concepto de multa la cantidad de Trescientos Setenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Siete Lempitas, con Cuarenta y Cinco Centavos (L 377,777.45) equivalente al diez por ciento (10%) del valor de lo defraudado, que se hará efectiva en la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional, que autorice la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas; Condena a los acusados señores D. A. T. F. y A. R. N., las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil; 3) Declara la responsabilidad civil de los acusados señores D. A. T. F. y A. R. N., la que podrá ser cuantificada por el Juez de Ejecución de la pena; 4) No condena a los acusados señores D. A. T. F. y A. R. N., a pagar costas procesales, ni personales ocasionados por el juicio. Declara Firme y Ejecutable la presente sentencia. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.J. OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR.R. BUSTILLO R.. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA.FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-436-2015.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

1 de 13

[1]Manual de Derecho Penal. Volumen 1. Parte Especial. Consultor Internacional Dr. Manuel Estrella Ruiz. Páginas 334-348.