Sentencia CP-434-15 — Registro 9784
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia de primera instancia que absolvía al imputado por el delito de Robo Agravado Continuado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO ES DE RECIBO. De conformidad con los planteamientos del censor, el A quo, ha incurrido en un vicio, ante la falta de aplicación de las reglas de la sana crítica, sobretodo vinculada a la regla de la lógica de la derivación en su postulado de razón suficiente, en sus características de suficiencia y veracidad.Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes…3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. El proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello implica que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque debido al principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Como consecuencia de lo anterior, y sin realizar una nueva valoración de la prueba, esta Sala ha examinado la valoración intelectiva realizada por el A quo, para establecer si se ha irrespetado o no las reglas de la sana crítica. Así las cosas, encuentra esta sala, que en el acervo probatorio, figuran las declaraciones de los testigos protegidos, con claves A, C y E, quienes establecen claramente que se encontraban en el lugar denominado Comercial Valladares, el día 20 de febrero de 2013; circunstancias que los coloca en condición de testigos presenciales de los hechos y por ende conocedores de las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se desarrollaron aquellos, y a la vez conocedores de los que perpetraron tales acciones. No encuentra esta sala contradicciones entre las declaraciones, sino por el contrario, cada una de ellas es clara y determinante, resultando congruentes entre sí. Aunado a esto, durante el acto del juicio oral y público se practicó como medio de prueba, previo a las declaraciones de los testigos protegidos, reconocimiento en rueda, entre los testigos protegidos claves A y C y el acusado K. J. A. P., del cual resulta que en efecto ambos testigos, lo reconocen al momento del descarte. Considerando que ambos testigos, estuvieron presentes al momento de los hechos, por tanto, tuvieron inmediatez con el acusado y pudieron observarlo por el tiempo que duró el hecho, se reviste de lógica y congruencia que el reconocimiento es inequívoco. A pesar de ello, el A quo, fundamenta su fallo absolutorio, en lo que determina una insuficiencia probatoria que impide acreditar la participación de K. J. A. P. en la comisión del hecho, principalmente porque al momento de su detención, en fecha 21 de febrero de 2013, no le fueron encontrados ningún efecto o bien procedente del delito. Al contrario, algunos de los bienes procedentes del ilícito, fueron decomisados a terceros, entre el día del hecho y el día siguiente a éste.A criterio de esta sala, la circunstancia de que el acusado, al momento de su detención no portara ningún efecto o bien procedente del delito, no desvaloriza de ningún modo las declaraciones rendidas en el juicio, por los testigos protegidos A, C y E, y el reconocimiento en rueda llevado a cabo por los dos primeros, con los que se determina no solo la comisión del hecho, sino la vinculación directa y certera del acusado en el mismo. En seguimiento de lo anterior, no encuentra esta Sala de lo Penal, en las declaraciones de los mencionados testigos, contradicciones que desvaloricen su credibilidad y certeza, tampoco incongruencias en las declaraciones de forma individual, ni entre si, al contrario, reitera esta Sala que las declaraciones han resultado congruentes y complementarias entre sí. Por otro lado, la existencia de los bienes muebles de los cuales fueron despojados los ofendidos, resultó probada en juicio, en vista que los mismos fueron decomisados a terceros y reconocidos por los testigos. En el caso sometido al análisis de esta sala, resulta claro que tratándose el delito de Robo de un injusto contra la propiedad y que el objeto material al que se dirige la conducta es precisamente al despojamiento violento de bienes muebles, la naturaleza misma de estos objetos, permite su fácil circulación, es decir su rápida y sencilla transmisión de una persona a otra, por ello resulta lógico, de acuerdo a la experiencia común, que estos objetos sean trasladados de un lugar a otro o de una persona a otra muy pronto, luego de cometido el hecho, lo que ocasiona que salvo los casos de flagrancia, los objetos despojados no son decomisados al sujeto activo de la acción sino a terceros, que a menudo resultan ser lugares de venta, empeño o de naturaleza similar, sin que ello excluya terceras personas, como es el caso sub júdice. Siendo que la sentencia recurrida, se ha analizado desde la perspectiva de las reglas de la Sana Crítica, de las cuales surge la derivación, y de ésta a su vez, se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iterlógico, seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; en el caso conocido por esta Sala, la conclusión declarada por el sentenciador, evidentemente no procede de inferencias razonables, pues como se ha explicado, tratándose del apoderamiento violento de bienes muebles, resulta naturalmente lógico que salvo el caso de flagrancia, es usual que los bienes muebles no se encuentran en posesión del agente, sino de terceros, en relación al tiempo transcurrido entre el hecho y el decomiso o detención. Expuesto lo anterior, esta Sala encuentra que en efecto existe en el fallo recurrido una inobservancia manifiesta de las reglas de la Sana Crítica, al principio de derivación en su postulado de razón suficiente, por lo que resulta procedente declarar ha lugar el recurso impetrado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero, y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-434-2015 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la Sentencia de fecha diecisiete de febrero del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual Absolvió al señor K. J. A. P., del delito de Robo Agravado Continuado, en perjuicio de Comercial Valladares y Testigos Protegidos “A, C y E”.- No procede a condenar en Costas al Ministerio Público. SON PARTES EN ÚNICA INSTANCIA: La Abogada M. E. G., Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado L. F. M., Defensor Privado del señor K. J. A., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS:“Este Tribunal después de la valoración conjunta y armónica de la prueba evacuada en el debate de juicio oral, bajo las reglas de la sana crítica racional declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: El día miércoles trece (13) de mayo y miércoles tres (03) de junio del año 2015 se celebró el Juicio Oral y Público en esta sede judicial de la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua contra K. J. A. P., por considerarlo responsable del delito de Robo Agravado Continuado en perjuicio de Comercial Valladares y de los testigos protegidos denominados Clave A, C y E.”RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS: Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma“ INDICACION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMER MOTIVO: Al haber dictado el Tribunal de Sentencia un fallo absolutorio, inobservó al momento de valorar la prueba, las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3) deL Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Para establecer los errores de valoración en que ha incurrido el Tribunal, en desapego a lo preceptuado en el artículo 202 de la normativa procesal penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. La Sala de lo Penal ha expresado que las reglas de la sana crítica “son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ella interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez” (Couture Eduardo J. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. De Palma. 3a edición. Argentina. 1993.P2.-[1]En alusión a la violación de las Reglas de la Sana Crítica, la [2]Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) Penal, prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes... 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto se ha señalado que “... La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva...”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385- 09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica. Es este último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “...la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común...” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010); de este modo “... las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza...” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala Penal en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001 del Exp194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011, que resuelve el caso del Exp 125-2010... Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio...” Efectuaremos un análisis de los medios de prueba de cargo allegados legalmente al juicio, mismos que estuvieron integrados por prueba testifical y pericial que se detalla a continuación: Declaración de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE A; Quien manifestó lo siguiente: “Eso fue el 20 de febrero como a las tres de la tarde, ellos eran dos personas llegaron a la tienda preguntando sobre los servicios que nosotros brindamos, haciéndose pasar por clientes, andaban unas maletas como bolsones, una vez adentro nos encañonaron, nos tirarán al suelo, nos registraron y nos quitaron todas las cosas que andábamos, nos quitaron las llaves que andábamos todos y nos dejaron encerrados en la oficina. A PREGUNTAS DEL MINISTERIO PUBLICO, EL TESTIGO CONTESTO: eso fue el 20 de febrero del 2013, como a las tres de la tarde en el Boulevard Roberto Romero Larios, Comercial Valladares, uno es delgado, trigueño, tiene unas facciones bien fuertes en la cara, pelo liso parado, el otro no lo reconocí porque no estaba en el cubículo de nosotros, sino en el otro, son como las que usan los policías como escuadras, tres computadoras, una cajita de seguridad que tenía dieciséis mil lempiras, eran dos mini laptops, una rosada y una negra, marca Sony y la otra HP, y una laptop normal negra marca Dell, una cajita color blanco hueso la cual tenía entre veinte a veinticinco mil lempiras exactos, a los testigos con clave E, B y al D, unos celulares que eran propiedad de nosotros, andaba dos celulares, una cadena de plata, un anillo, el celular era un tipo agenda, note Samsung color negro... nosotros no supimos para donde agarraron porque estábamos encerrados en la oficina.., en la policía lo reconocimos dentro de varias fotos que nos enseñaron, después de eso, no habían pasado ni veinticuatro horas cuando ya lo habían agarrado, el nombre no lo recuerdo muy bien, pero creo que se llama K.. A PREGUNTAS DE LA DEFENSA, EL TESTIGO MANIFESTO: son tres cubículos, andaba una camisa de botones de mangas de tela y un pantalón normal., entre todas las fotos que nos enseñaron estaba la de él, y como los rasgos de él son bien característicos, no tuvimos mucha dificultad para reconocerlo. 2.- Declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE C Quien manifestó lo siguiente: “Los hechos ocurrieron el 20 de febrero a eso de las tres de la tarde aproximadamente, entraron dos tipos haciéndose pasar por clientes preguntando acerca de los servicios que nosotros ofrecemos, en eso pasó uno al cubículo donde nos encontrábamos yo y mi compañero, de repente él sacó el arma y nos dijo que era un asalto, pidiéndome que me tirara al suelo, me puso el arma en la cabeza, me dijo que si nos oponíamos nos iba a disparar, nosotros hicimos caso en todo lo que nos dijo, nos lanzamos al suelo, no nos opusimos a nada y de repente comenzó a agarrar las cosas y metiéndolas en un bolso que andaba, nos quitó las pertenencias, las billeteras, las computadoras que nosotros estábamos manejando ahí, yo manejaba una computadora mini laptop, el compañero una computadora normal portátil... en una caja chica había aproximadamente dieciséis mil lempiras y se lo llevaron, luego que ocurrieron los hechos nos pidieron todas las llaves, luego salieron, nos quitaron todas las pertenencias, las llaves de los carros y nos dejaron encerrados. A PREGUNTAS DEL MINISTERIO PUBLICO, EL TESTIGO CONTESTO: describimos como era el muchacho, luego nos mostraron fotos de diferentes personas, y dentro de ellas estaba el señor, estaba con bigote en la foto y cuando sucedieron los hechos andaba rasurado, nosotros lo identificamos perfectamente sin ninguna duda. 3.- Declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE E: quien declara lo siguiente: “Al día siguiente de lo ocurrido en el asalto, yo estaba en la universidad en clases, a eso de las ocho de la noche, en mi última hora, cuando se me acercó alguien que estaba allí, un compañero de clase y me dijo que si quería cambiar mi teléfono porque le estaban vendiendo uno.., cuando me lo mostró lo identifiqué que era uno de los teléfonos que nos habían robado en la oficina, era de mi compañero, lo llamé y le dije que alguien en la universidad me estaba vendiendo el teléfono que le habian robado, luego llegó la policía y capturó al muchacho y fuimos a rendir declaración. 4.- Declaración de L. Y. H. V., quien entre otras cosas depuso lo siguiente: “El día 21 de febrero del 2013 me encontraba de oficial de día en la Jefatura Departamental número tres, a eso de las diecisiete treinta y cinco horas, me llevaron un muchacha para que yo la registrara, la cual la llevaban del parque central de Comayagua, procedí a realizar el registro y en la espalda llevaba una mochila color verde en la cual llevaba tres computadoras, dos cargadores, y un mouse, recuerdo que se llamaba S., procedí a remitirla a la DNIC porque me dijeron los compañeros que anteriormente había habido una denuncia sobre el robo de una comercial, me dijeron que hiciera la comparación con lo que se había perdido según la denuncia que había y se verificó que eran las computadoras y que eran parte del robo. 5.- Declaración de J.; S. B. A., agente de investigación, quien manifestó: Que el día 21 de febrero del 2013, como a las cinco de la tarde recibió información de la policía que en el parque central de Comayagua se encontraba una persona de sexo femenino, la cual estaba vendiendo objetos robados, fuimos, la encontramos y la requerimos, la remitimos a la Jefatura y L.Y. procedió a registrarla encontrándole tres computadoras. 6.-Declaración de J. A.C.E., Sub Oficial de Policía, quien relató: Que el día 21 de febrero del año 2013 como a eso de las nueve de la noche se encontraba en las oficinas del DNIC, cuando le comunicaron que a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, había una persona vendiendo un teléfono celular, se desplazó a dicho lugar y el testigo protegido clave E les enseñó a la persona que estaba vendiendo dicho aparato y lo detuvieron para investigarlo, posteriormente el testigo protegido reconoció que el teléfono era de su propiedad, que se lo habían robado en comercial Valladares. ACTA RECONOCIMIENTO EN RUEDA La que se llevó a cabo en la audiencia de Juicio Oral y Público y en donde los testigos protegidos con clave A y con clave C identifican plenamente al acusado como una de las personas que los asaltaron el día 20 de febrero en su centro de trabajo, inclusive al acusado le asignaron números distintos en el reconocimiento realizado por los dos testigos protegidos, sin embargo, ambos lo reconocieron a plenitud sin duda alguna. PRUEBA DOCUMENTAL1. Acta de registro personal practicada a la joven E.A.A. M. (menor de edad) en fecha 21 de febrero del año 2013, donde se le encontró en posesión de las tres computadoras que el día anterior fueron robadas a la Empresa Comercial Valladares. 2.-Acta dé decomiso practicada a la menor E.A.A. M.. 3.-Acta de decomiso realizado al Testigo Protegido E de un teléfono celular marca Samsung modelo Galaxy note, color negro, propiedad del testigo protegido A. 4.- Acta de inspección realizada en el Centro Comercial Valladares. 6.-Constancia de Inventario del faltante de la Empresa Comercial Valladares producto del robo que fue objeto. MEDIO DE PRUEBA PERICIAL Peritaje practicado a la evidencia presentada en juicio como ser las tres computadoras y a un teléfono celular marca Samsung, modelo Galaxy note. El Juzgador en el acápite de valoración conjunta de la prueba, página 16, renglón cuatro, establece lo siguiente: “...Al hacer el análisis de toda la prueba evacuada en juicio se desprende lo siguiente, “según testimonio de las víctimas testigos protegidos el día en el cual fueron víctima de Robó al establecimiento Comercial fue el 20 de febrero del 2013, y al día siguiente la policía efectúa las detenciones, tanto en la Universidad Autónoma, como la detención efectuada en el parque central de esta ciudad de Comayagua decomisando los objetos derivados del delito antes citado, sin embargo el día 21 de febrero en horas de la tarde se efectuó la detención del acusado K. J. A. P. por realizar escándalos en la vía pública, cabe agregar que el acusado no se le decomisa objeto alguno procedente del delito por lo que el Ministerio Público no presenta otros medios de prueba suficientes que lo ubiquen en la escena del crimen, no hay decomiso alguno de los objetos o evidencias que lo liguen en cualquiera de sus manifestaciones.., por lo que no vasta para sostener una acusación una simple denuncia o el simple reconocimiento del los acusados, y menos aún se atribuya a una imputación ROBO, por otra parte se realizó decomiso de evidencias o piezas de ejecución pero en persona diferente al acusado, en ese sentido en virtud de que no hay prueba suficiente para acreditar con certeza por parte del encartado en los hechos enjuiciados por cuanto no hay elementos probatorios que lo liguen de manera fehaciente y que demuestre que este haya ejecutado esos hechos de despojar los artículos…” Lo aseverado por el ente jurisdiccional en la supraindicada motivación, no hace más que evidenciar una valoración de la prueba testifical de cargo, divorciada del recto entendimiento humano, vulnerando la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente en su característica de suficiencia, en virtud que los testigos protegidos fueron contundentes en identificar al acusado como la persona que el día de los hechos lo despojó de sus cosas personales y se llevaron del centro de trabajo donde ellos laboran (Comercial Valladares) varias computadoras y dinero en efectivo; sin embargo, el ente jurisdiccional no considera suficiente para condenar al acusado el reconocimiento efectuado de manera concluyente por las víctimas, sino que requiere el hallazgo de algún objeto proveniente de dicho robo; razonamiento que se aparta de las máximas de la experiencia, partiendo del hecho, de que el acusado fue detenido hasta el día siguiente en horas de la tarde, después de haberse cometido el robo, tiempo suficiente para esconder dichos objetos ó entregarlos a otras personas, tal y como sucedió en el caso sub judice. (En nuestra realidad cuántas personas han sido condenadas por ilícito penal de homicidio, siendo capturadas mucho tiempo después de haberse cometido el delito, sin habérseles decomisado al momento de su detención el arma homicida, sin embargo, este aspecto no es motivo para poder determinar que el aprehendido no cometió el injusto penal). Por otra parte, si bien el aparato celular marca Samsung, modelo Galaxy note, color negro, IMEI9548047719054 no le fue decomisado directamente al imputado por la policía, se logra vincular su posesión sobre este objeto, a través de la declaración del testigo protegido E, quien refirió, que el señor K. J. A., andaba el celular robado a su amigo en la oficina (comercial Valladares) y se lo ofreció en venta, entonces, ¿Cómo puede aseverar el juzgador que no existen elementos de prueba para establecer la preexistencia de los objetos?. Aunado a lo anterior, el acta de decomiso de objetos a la joven S.A.A., sirve para acreditar la existencia de los objetos sustraídos con violencia de la mencionada empresa, pues los testigos protegidos los han identificado como los bienes que formaban parte de su inventario y que fueron robados, por el acusado a quien han reconocido plenamente, incluso a pesar de presentar modificaciones en sus características, indicando que al momento de los hechos no andaba bigote. (Testigo Protegido A). En ese sentido, compartimos el análisis realizado en el voto disidente de la señora Jueza, donde con sapiencia establece en su análisis jurídico que la acción del delito de Robo, no exige como condición sine quanón, que el autor sea encontrado en posesión de los objetos que despojó o que haya sustraído, los cuales se acreditó en el transcurso del debate su existencia físico al haber sido decomisados a otras personas, y donde los testigos protegidos al rendir su declaración coincidieron en la descripción de los objetos que les fueron despojados mediante violencia el día en que se dieron los hechos, por lo tanto los testigos protegidos con claves A Y C en ningún momento dudaron en identificar plenamente al acusado K. J. A. P., como una de la dos personas que participarán directamente en el Robo cometido en contra de la Comercial Valladares y en contra de ellos mismos. El principio de derivación consiste en que de cada elemento probatorio se tiene que derivar una conclusión, debiendo existir coherencia entre el primero y el segundo, sin violaciones en el razonamiento a las reglas de la lógica” como integrante del sistema de valoración de la sana crítica; es decir, al momento de valorar la prueba, debe arribar a conclusiones lógicas y razonables de cada elemento probatorio que se le haya presentado como tal en el juicio o debate, o lo que es igual, que el razonamiento de culpabilidad o inocencia según el caso, debe desprenderse de uno o más elementos de prueba que tenga a su disposición para resolver la causa sometida a su conocimiento; y que ese desprendimiento o derivación, tiene que ser coherente, lógico o razonable, es decir que de la prueba valorada se desprenda sin margen de duda la participación de los encausados en los hechos controvertidos, principio éste que el Juzgador no respetó en lo más mínimo, ya que de haberlo aplicado la derivación de su fallo hubiera sido diferente. Atendiendo lo anterior podemos concluir, que la valoración que ha efectuado el juzgador a las probanzas de cargo incorporadas al juicio, atentan contra las Reglas de la Sana Crítica, ya que las inferencias por ellos hechas, en torno a las mismas, no corresponden a su auténtico valor y contenido, así como tampoco el Tribunal ha sido capaz de extraer de dicha fuente su convencimiento, dada su errónea apreciación, en la manera que ha quedado expuesto, ya que reiteramos, que el razonamiento del juzgador al momento de valorar dicha probanza vulnera las regla, lógica de derivación en su postulado de razón suficiente., en sus características de suficiencia y veracidad; ya que es criterio de la Sala de lo Penal que el examen sobre las pruebas está instituido únicamente a efectos de custodiar que se cumpla la aplicación de las reglas dé la sana crítica (lógica, psicología y la experiencia) en la fundamentación del fallo; dentro de las reglas de la lógica se encuentra el principio de derivación, que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella. Si las conclusiones o derivaciones extraídas no se basan en elementos probatorios formalmente incorporados o son falseados en su contenido o significado, se violenta la regla de la sana crítica (lógica), como ha sucedido en el caso sub judice. En virtud de lo anteriormente expresado, pedimos a Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal que una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza y casen el fallo que ahora genera perjuicios a este ente acusador; haciendo la observación que no se efectuó reclamo previamente en relación a este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar.” “SEGUNDO MOTIVO: Haber omitido el sentenciador, hacer la declaración de los hechos que se estimaren como probados. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 1 del Artículo 362 del CPP. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO Cabe señalar, que esta vía impugnativa es el único medio con que cuenta el representante de la sociedad, para denunciar los desaciertos cometidos por los Tribunales de Sentencia y que como garantes de Legalidad no podemos consentir ni permitir; constituyendo el único medio para que esa Honorable Sala, como máximo órgano de Poder Judicial en materia penal y rector de la política jurisdiccional a nivel nacional, pueda conocer, corregir y redirigir a los tribunales de sentencia, para que éstos dicten fallos que cumplan a cabalidad con los requisitos establecidos en el artículo 338 del Código Procesal Penal y subsanen los yerros que a continuación se señalarán, ya que sentencias de este tipo, constituyen un retroceso en el proceso de impartición de justicia. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido en torno a la motivación: “En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay insuficiencia de motivación o carencia de motivación.- El artículo 141 del Código Procesal Penal señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido; El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o trascripción de preceptos legales. - Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte 1, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez(a), el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria; El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas ó restrictivas de derechos, o cuando el juez(a) ejerza un poder discrecional, recalca que el juez(a) debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: a).- En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; b).- En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar porque una norma legal debe de regir un caso concreto; Añade además, que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar...” ( sentencia 214-10 de 18 de Octubre de 2012). Lo resaltado es nuestro. Al examinar el fallo ahora censurado se puede apreciar, que el mismo no cuenta con un cuadro fáctico que describa cuál es la verdad a la que ha arribado el juzgador luego de concluido el presente proceso, ya que únicamente ha establecido como fàctum de la sentencia lo siguiente: “UNICO: El día miércoles trece (13) de mayo y miércoles tres (03) de junio del año 2015 se celebró el juicio oral y público en esta sede judicial de la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua contra K. J. A. P. por considerarlo responsable del delito de Robo Agravado Continuado en perjuicio de Comercial Valladares y de los testigos protegidos denominados Clave A, C Y E.” Siendo que los hechos probados son la columna vertebral de la sentencia penal, de su adecuada concepción y declaración depende la correcta aplicación del derecho, de ahí que son un requisito indispensable para que el fallo tenga una base suficiente para sustentarse. El artículo 338 del Código Procesal Penal, en el numeral Cuarto inciso primero establece que todo fallo debe de contener una declaración expresa de hechos probados; es decir, establecer los hechos que a su criterio y con base en la prueba, constituyen la verdad histórica que dará sustento al fallo, por tanto no le está permitido al Juez establecer como cuadro fáctico lo que se le ocurra, como ser meras actuaciones procesales, trascripción de pruebas o exposiciones de algunas de las partes, tal y como ha acontecido en el caso subjudice. Que de la simple lectura del fallo se evidencia, que el mismo no cuenta con una declaratoria de hechos probados, incurriendo en un grave vicio, al omitir uno de los requisitos esenciales de toda resolución y más aún cuando ésta omisión produce la imposibilidad de poder dar fundamento jurídico a la decisión judicial, en vista que estamos ante una verdad desconocida a la cual no se puede asignar la norma correspondiente que resuelva el caso. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto que una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza y casen el fallo que ahora genera perjuicios a este ente acusador; igualmente enfatizamos que no habíamos reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar.”FUNDAMENTACION. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; y, 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145.Es así como la ley procesal vigente, refleja que el Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Primer Motivo. *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Violación a las reglas de la sana critica. *Reclamación Ex Ante: Por haberse producido en el fallo mismo, no ha sido posible reclamar su subsanación. *Pretensión: Que se case la sentencia impugnada. Establece el recurrente que el sentenciador ha emitido un fallo absolutorio inobservando, al momento de valorar la prueba, las reglas de la sana crítica, fundamentando básicamente su fallo, en que al acusado no se le decomisa objeto alguno procedente del delito, al momento de su detención; luego concluye el Tribunal, que el Ministerio Público no presenta otros medios de prueba suficientes que lo ubiquen en la escena del crimen, sin dar el valor adecuado a las declaraciones testificales y reconocimientos en rueda, que redundan en la identificación del acusado en la comisión del hecho. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal).Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09).La sana critica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social.Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros:• Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho.• Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o• Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así.2) LAS REGLAS DE LA PSICOLOGÍA. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y3) LAS REGLAS DE LA LÓGICA .La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”.ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible .b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio.iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado.De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iterlógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado.De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características:1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí.2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella.3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles.4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. De conformidad con los planteamientos del censor, el A quo, ha incurrido en un vicio, ante la falta de aplicación de las reglas de la sana crítica, sobretodo vinculada a la regla de la lógica de la derivación en su postulado de razón suficiente, en sus características de suficiencia y veracidad.Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes…3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. El proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello implica que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque debido al principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Como consecuencia de lo anterior, y sin realizar una nueva valoración de la prueba, esta Sala ha examinado la valoración intelectiva realizada por el A quo, para establecer si se ha irrespetado o no las reglas de la sana crítica. Así las cosas, encuentra esta sala, que en el acervo probatorio, figuran las declaraciones de los testigos protegidos, con claves A, C y E, quienes establecen claramente que se encontraban en el lugar denominado Comercial Valladares, el día 20 de febrero de 2013; circunstancias que los coloca en condición de testigos presenciales de los hechos y por ende conocedores de las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se desarrollaron aquellos, y a la vez conocedores de los que perpetraron tales acciones. No encuentra esta sala contradicciones entre las declaraciones, sino por el contrario, cada una de ellas es clara y determinante, resultando congruentes entre sí. Aunado a esto, durante el acto del juicio oral y público se practicó como medio de prueba, previo a las declaraciones de los testigos protegidos, reconocimiento en rueda, entre los testigos protegidos claves A y C y el acusado K. J. A. P., del cual resulta que en efecto ambos testigos, lo reconocen al momento del descarte. Considerando que ambos testigos, estuvieron presentes al momento de los hechos, por tanto, tuvieron inmediatez con el acusado y pudieron observarlo por el tiempo que duró el hecho, se reviste de lógica y congruencia que el reconocimiento es inequívoco. A pesar de ello, el A quo, fundamenta su fallo absolutorio, en lo que determina una insuficiencia probatoria que impide acreditar la participación de K. J. A. P. en la comisión del hecho, principalmente porque al momento de su detención, en fecha 21 de febrero de 2013, no le fueron encontrados ningún efecto o bien procedente del delito. Al contrario, algunos de los bienes procedentes del ilícito, fueron decomisados a terceros, entre el día del hecho y el día siguiente a éste.A criterio de esta sala, la circunstancia de que el acusado, al momento de su detención no portara ningún efecto o bien procedente del delito, no desvaloriza de ningún modo las declaraciones rendidas en el juicio, por los testigos protegidos A, C y E, y el reconocimiento en rueda llevado a cabo por los dos primeros, con los que se determina no solo la comisión del hecho, sino la vinculación directa y certera del acusado en el mismo. En seguimiento de lo anterior, no encuentra esta Sala de lo Penal, en las declaraciones de los mencionados testigos, contradicciones que desvaloricen su credibilidad y certeza, tampoco incongruencias en las declaraciones de forma individual, ni entre si, al contrario, reitera esta Sala que las declaraciones han resultado congruentes y complementarias entre sí. Por otro lado, la existencia de los bienes muebles de los cuales fueron despojados los ofendidos, resultó probada en juicio, en vista que los mismos fueron decomisados a terceros y reconocidos por los testigos. En el caso sometido al análisis de esta sala, resulta claro que tratándose el delito de Robo de un injusto contra la propiedad y que el objeto material al que se dirige la conducta es precisamente al despojamiento violento de bienes muebles, la naturaleza misma de estos objetos, permite su fácil circulación, es decir su rápida y sencilla transmisión de una persona a otra, por ello resulta lógico, de acuerdo a la experiencia común, que estos objetos sean trasladados de un lugar a otro o de una persona a otra muy pronto, luego de cometido el hecho, lo que ocasiona que salvo los casos de flagrancia, los objetos despojados no son decomisados al sujeto activo de la acción sino a terceros, que a menudo resultan ser lugares de venta, empeño o de naturaleza similar, sin que ello excluya terceras personas, como es el caso sub júdice. Siendo que la sentencia recurrida, se ha analizado desde la perspectiva de las reglas de la Sana Crítica, de las cuales surge la derivación, y de ésta a su vez, se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iterlógico, seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; en el caso conocido por esta Sala, la conclusión declarada por el sentenciador, evidentemente no procede de inferencias razonables, pues como se ha explicado, tratándose del apoderamiento violento de bienes muebles, resulta naturalmente lógico que salvo el caso de flagrancia, es usual que los bienes muebles no se encuentran en posesión del agente, sino de terceros, en relación al tiempo transcurrido entre el hecho y el decomiso o detención. Expuesto lo anterior, esta Sala encuentra que en efecto existe en el fallo recurrido una inobservancia manifiesta de las reglas de la Sana Crítica, al principio de derivación en su postulado de razón suficiente, por lo que resulta procedente declarar ha lugar el recurso impetrado. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, Interpuesto por el Ministerio Público, Segundo Motivo. *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 338 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Por haber omitido el sentenciador, hacer la declaración de los hechos que se estimaron como probados. *Reclamación Ex Ante: Imposible de plantear el reclamo para subsanarlo, pues el vicio ocurrió en el acto de dictar sentencia. *Pretensión: Que se case la sentencia impugnada. Establece el recurrente que, de la simple lectura de la sentencia, se evidencia que la misma no cuenta con una declaratoria de hechos probados, incurriendo en un grave vicio, al omitir uno de los requisitos esenciales de toda resolución y más aún cuando esta omisión produce la imposibilidad de poder dar fundamento jurídico a la decisión judicial, en vista que estamos ante una verdad desconocida a la cual no se puede asignar la norma correspondiente que resuelva el caso. De la Declaración de los Hechos Probados Los hechos probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, en la que los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate. Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; Es a partir de los hechos probados que los juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos de Fondo: a. Precisos: Los hechos probados deben ser la reproducción del hecho histórico que fue objeto de controversia en la audiencia de debate, por tanto, serán estos los hechos que deben ser fijados, evitando divagarse sobre hechos distintos que, si bien hayan sido acreditados, no sean de utilidad para definir la existencia o inexistencia de responsabilidad penal; b. Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (ver sentencia de fecha 15 de diciembre del 2010 en el Exp 377-2008 de la Sala de lo Penal), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (ver sentencia de fecha 28 de octubre del 2010 en el Exp 129-2009); c. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (ver sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); d. La no utilización de conceptos que predeterminen el fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son pues las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; En su construcción los juzgadores no deben hacer recuento de actuaciones investigativas o descripción de medios probatorios, pues estos no son los hechos debatidos, sino los medios que ayudan a llegar a dichos hechos; tampoco los juzgadores deben hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011.- pág. 118), esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad o terminación los hechos probados, lo siguiente: 1. Que del contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y 4. Que el Censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad o terminación. De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal estima en principio afirmar que siendo los hechos probados el cimiento de la sentencia penal, el Tribunal de Sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, la omisión de tales hechos constituye un vicio de forma; en el caso examine resulta evidente la omisión de la declaración de los hechos probados, no existiendo en la resolución impugnada cuadro fáctico que detalle cual es la verdad histórica a la que ha arribado el juzgador luego de concluido el debate para determinar la norma legal aplicable al caso. La sentencia reprochada, carece de la declaración de los hechos probados respecto a las cuestiones debatidas, siendo este requisito esencial para la validez de la sentencia con la que se concluye un proceso penal; resulta evidente que la celebración del debate no es un hecho controvertido y que la fecha y lugar donde se desarrolla el mismo, no se refiere a las circunstancias especificas en que se desarrollaron los hechos por los que el acusado es llamado a juicio. Resulta evidente que el Tribunal de Sentencia de Comayagua, ha faltado a su deber ineludible de aplicar acertadamente la ley, omitiendo de manera inexcusable, un requisito fundamental de toda resolución, no teniendo para ello ninguna causa de justificación, pues resulta inherente y obligatorio para los miembros del tribunal no solo conocer la ley, sino someter sus resoluciones al mandato legal, de tal suerte que la omisión evidente en la sentencia, no se trata de un error irrelevante, sino una responsabilidad directamente imputable a los miembros del tribunal, por lo que esta Sala se ve obligada a realizar un enérgico llamado de atención al sentenciador, al haber omitido uno de los deberes más elementales que han de ser observados al emitir una resolución que ponga fin a un proceso penal. Motivo por el cual esta Sala de lo Penal declara ha lugar el segundo motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma. DECISIÓN Se declara ha lugar el Recurso de Casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 90,303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202,338,359,362 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos interpuesto por el Abogado V. M. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público en la causa instruida contra el señor K. J. A. P., a quién se le sigue proceso por el delito de Robo Agravado Continuado en perjuicio de Comercial Valladares y testigos protegidos “A” y “C”. SEGUNDO: Casa la sentencia. TERCERO: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. RECEPTORA ADSCRITA. SECRETARÍA GENERAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-434-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Sentencia 239-10 Corte Suprema de Justicia Hondureña
[2] Sentencia SP 258-10