Sentencia CP-426-15 — Registro 9869
Resumen
En primera instancia se condeno al imputado como autor del delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de una menor. La Sala Penal declara con lugar la casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia del Recurso EL RECURSO ES DE RECIBO. – El Recurrente, quizás de no forma no tan clara como la técnica casacional lo exige, plantea en términos generales que en el presente caso existe insuficiencia probatoria para declarar responsable al acusado P. J. P. C., de un delito de actos de lujuria agravado, en perjuicio de la menor G. N. S. P., encontrando la Sala de lo Penal que dicha denuncia es procedente, pues el fallo condenatorio no tiene ni sustento factico por atipicidad, ni sustento probatorio por insuficiencia. Los Juzgadores hacen la construcción del hecho histórico, mismos que fueron redactados en siete apartados (f. 45 v.), en los cuales dan por sentado: 1. El 16 de septiembre de 2011, a las 01:30 p.m., el acusado P. J. P. C. llegó a casa de su hermana M. E. P., en la Colonia Santa Fe, Municipio de Choluteca; 2. En la vivienda se encontraban la Señora M. P. con sus dos hijos: un niño menor de edad y una bebé de 16 meses de nacida de nombre G. N. S.; 3. En momento posterior a la llegada del acusado, la Señora M. P. decide ir a bañarse, quedando en la vivienda por un momento los dos menores y el acusado, éste último acostado en una hamaca ubicada en la cocina, en donde estuvo jugando con la niña G. S., la que su madre había dejado sin blúmer; 4. Al salir la señora M.P., encontró a la niña llorando y al examinarla observó que su ano estaba “brotado” (revertido), con manchas de sangre, además constató la señora que su hermano (el acusado), se había ido de la vivienda; 5. Momentos después, la menor G. S. fue examinada por un médico forense, quien determinó que el ano de la menor tenía una fisura de 1 a 2 milímetros, que es una lesión que puede ser producida por dos causas: i.- Parasitismo; ii.- Introducción en el ano de cualquier cuerpo romo. En los hechos declarados probados los juzgadores no arribaron, con grado de certeza, al convencimiento de lo que realmente ocurrió ese día y en particular que fue lo que le provocó a la menor la fisura en su ano; nótese que en el relato fáctico los juzgadores no describen como conducta realizada por el acusado la introducción de sus dedos, instrumentos u objetos en el ano de la menor, sino que se limita a señalar que el acusado estuvo acostado en la hamaca de la vivienda y que por un momento estuvo jugando con la menor; por otra parte el factum es dubitativo al no señalar cual fue la causa exacta y única de la lesión de la menor en su ano, sino que deja abierta la posibilidad de que se trate de una causa natural (parasitismo) o un hecho provocado (introducción de cuerpo romo).- Por ello tiene razón el recurrente al señalar que se ha violentado el Estado de Inocencia del acusado, pues los hechos declarados probados no determinan, de manera concreta, clara y certera, que el señor P. J. P. C., haya realizado un acto constitutivo de agresión sexual en perjuicio de la niña G. N. S., del cual merezca ser declarado responsable y sancionado con una pena privativa de libertad. Por otra parte la prueba que fue evacuada en la audiencia de debate no tiene los alcances acreditativos para determinar dicha responsabilidad, concordando la Sala de lo Penal con lo expuesto por uno de los juzgadores en el voto disidente.- En primer término es de considerar que la declaración de la madre de la niña y hermana del acusado, la señora M. E. P., fue introducida por lectura, pues ésta no pudo ser llevada al debate para su deposición directa, ergo los juzgadores, no tuvieron la inmediación deseable para valorar la prueba, sino que solo tuvieron a su alcance una narración breve y lacónica transcrita en el acta de la audiencia inicial.- La testigo en su declaración comparte información, parte de ella constatada directamente y otra parte informada por terceros: i.- Directamente le consta a la testigo que el acusado llegó a su casa y que se acostó en la hamaca; que ese día estaban en la vivienda dos de sus hijos y que la menor G. N. andaba sin pañal o blúmer pues hacía poco tiempo había defecado; que decidió irse a bañar y que al salir encontró a su hija G. S. llorando y con sangre en el ano, por lo que decidió llevarla al Hospital del Sur; y ii.- No le consta a la testigo directamente, pero lo refiere por hacerlo escuchado de terceros: *. Fue informada por su menor hijo que el acusado estuvo jugando con la niña G. S. en la hamaca; que el acusado salió de la vivienda saltando el cerco; **. Fue informada por un médico del Hospital del Sur que a su menor hija le fue suministrada una medicina para el tratamiento médico contra parásitos intestinales, médico que además le dijo que “a la niña no le ha hecho nada” el acusado, refiriéndose a agresión sexual.- Resalta esta Sala de lo Penal que en realidad la testigo M. S. no observó los hechos juzgados pues se encontraba duchándose, sino que se refiere a ellos por lo que escuchó de su hijo, cuyo nombre y edad se desconoce, solo teniéndose información de que se trata de otro menor, lo que resulta insuficiente para poder saber el grado de madurez del niño y su confiabilidad como fuente, por ello no es posible saber lo que ocurrió en casa de la menor G. S., en el momento en que su madre M. S. se encontraba bañándose. Por otra parte, el Dictamen Médico Forense realizado a la menor G. S. el mismo día, estableció la ausencia de lesiones extra genitales y para genitales, además de encontrar himen integro sin lesiones, observándose su ano prolapsado, con fisura de 1 a 2 milímetros, sin rastros de líquido seminal, a lo que señaló el Perito como causa posible de tal estado: a) Manipulación o fricción por cualquier objeto romo; b) Estreñimiento y c) Parasitismo intestinal; siendo esta última la causa a la que se refiere la testigo María S. como aquella que le fue informada por los médicos del Hospital del Sur; el perito, en su deposición de debate explicó que el cuerpo de una persona puede contaminarse de parásitos por contacto con la boca y/o ano con la tierra (f. 149), lo que en el presente caso constituye una alta probabilidad considerando que la Inspección Ocular hecha a la vivienda de la menor determinó que tiene piso de tierra; Así entonces, como apropiadamente señala el Juez disidente, la prueba no permite determinar el origen de la lesión de la menor G. S., y por ello no puede ser señalado el acusado como la persona que realizando una agresión sexual haya causado lesión en el ano de la menor, tanto que los jueces del criterio de mayoría al momento de redactar la Valoración de la Prueba en la sentencia, no hacen mención de que provocó la lesión a la menor, limitándose a marcar su existencia y que el acusado es el responsable; en otras palabras, los juzgadores en el proceso de valoración de la prueba señalaron que el acusado es el responsable de la lesión de la niña, pero no hacen mención que conducta precisa realizó aquel que provoco su producción..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte cuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Expediente 426-2015,conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de marzo del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor P. J. P. C., como autor del delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de la menor G. N. S. P. a la pena de ocho años, seis meses de reclusión.- Segundo: Condenó al señor P. J. P. C. a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor P. J. P. C..- Cuarto: Condenó a P. J. P. C., por el tiempo de la condena, a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con lo que regula la Ley de Rehabilitación del Delincuente.- Quinto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.Son Partes En Única Instancia: Los Abogados J.R. I. S. y M. A., Agentes de la Defensa Pública, apoderados legales del acusado P. J. P. C., en su condición de Recurrentes; y la Abogada M. E. G., agente del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“ Primero: El 16 de septiembre, año 2011 a eso de la 1:30 a.m. el señor P. J. P. C. llegó a casa de su hermana M.E. P. ubicada en la colonia Santa Fe, Ciudad Nueva, municipio de Choluteca ingerido de drogas y alcohol. Segundo: Su hermana M. E., quien se encontraba haciendo comida para sus hijos, entre ellos G. N. S. de dieciséis meses, decidió darse una ducha para refrescarse, pero no confiando en su hermano, dejó encargada del cuidado de sus pequeños a uno de sus hijos. Tercero: Para cuando M. E. se retiró a ducharse, recién había atendido a su hija G., quien acababa de defecar, dejándola sin blúmer. Cuarto: Mientras M. E. estuvo en la ducha, P. J., recostado en una hamaca en la cocina de la casa jugaba con la niña G. N., en sus piernas siendo observado por uno de sus hermanitos. Quinto: Al regresar M.E. a la cocina, luego de ducharse, escuchó que G. lloraba, por lo que al hacerse cargo de la niña observó que tenía brotado el ano con manchas de sangre, observando en ese momento que su hermano había salido de prisa de su vivienda. Sexto: El dictamen médico forense practicado a la niña G. N. S. por el Forense Doctor M. establece respecto del área genital, himen íntegro que no permite el paso de dos dedos. Área anal: Fisura lineal de 1 a 2 milímetros de longitud, a las 12 horas según las manecillas del reloj, compatible con las producidas a) por parasitismo intestinal; b) por cualquier cuerpo u objeto romo. Séptimo: La niña G. N. anteriormente no había presentado un cuadro de Prolapso rectal.”RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOS Y ARGUMENTOS“ Casación Por Infracción De Precepto Constitucional Motivo Único: Infracción de los artículos 89, 90 Y 94 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. - Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 90 y 94 de la Constitución de la República que rezan: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, artículo 90, nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; el artículo 94, A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez oautoridad competente. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que establece: Artículo 1.) Juicio Previo. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado. - Artículo 2.-) Estado De Inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccionalcompetente de conformidad con las normas de este Código. El Tribunal establece como hecho probado que mi defendido ha cometido el delito de actos de lujuria agravados en perjuicio de G. N. S. P., tal como lo establece en los párrafos cuarto: “Mientras M. E. estuvo en la ducha, P. J., recostado en una hamaca en la cocina de la casa jugaba con la niña G. N., en sus piernas siendo observado por uno de sus hermanitos”. El párrafo quinto establece: “Al regresar M. E. a la cocina, luego de ducharse, escucho que G. lloraba, por lo que al hacerse cargo de la niña observó que tenía brotado el año con manchas de sangre, observando en ese momento que su hermano había salido de prisa de su vivienda”.- Del anterior hecho trascrito, el Tribunal Sentenciador llegó a la convicción que mi representado es culpable del delito de Actos De Lujuria Agravados en perjuicio de G. N. S. P., estableciendo varias premisas para la condena; concluyendo que el señor P. P. estuvo en la Colonia Santa Fe, en la casa de su hermana M. E. S., quien se encontraba bajo los efectos de droga y alcohol, posteriormente E. se va a tomar una ducha, dejando a su hermano del cuidado de su hija, la niña quedó sin blúmer, J. se encontraba recostado en la hamaca con la menor, quien aprovechó para penetrarla en su ano con un objeto romo, provocándole un prolapso rectal...El Dictamen Médico Forense practicado a la niña G. N. S. por el Forense Doctor M. establece respecto del área genital, himen integro que no permite el paso de dos dedos. Área anal: Fisura lineal de 1 a 2 milímetros de longitud, a las 12 horas según manecillas del reloj, compatible con las producidas a) por parasitismo intestinal; b) por cualquier cuerpo u objeto romo… Considerando que con estos indicios que son apreciados en su conjunto como prueba de cargo, llevan a la mayoría de los miembros del tribunal Sentenciador a la convicción que el señor P. J. P. S. es responsable del delito acusado.- Del fallo condenatorio se extrae que el Ministerio Público no probó la existencia de un hecho de índole criminal, pues de lo declarado por la señora M. E. S. P. en el juicio oral y público se desprende que antes de irse a duchar, recientemente su recién hija había defecado y que se encontraba sin blúmer, siendo contundente en manifestar que en el Hospital del Sur el médico que atendió a su hija, le manifestó que su hermano (P. J.) no le había hecho nada a G., que lo que sucedió a su hija fue un problema de parasitismo por el cual fue tratada, esto relacionado con el dictamen forense practicado en fecha 16 de septiembre del año 2011 a la menor G. N. S., en el cual se establece Examen Físico: Genitales: Himen intacto, Ano rectal: Pequeño prolapso rectal con material mocoide. Diagnóstico: Sospecha de abuso sexual. Manejo: Albendazol (antiparasitario). Conclusión: 1) Genital: Himen integro, que no permite el paso de dos dedos del examinador. 2) Área Anal: Fisura anal, a las 12 horas según las manecillas del reloj, compatible con las producidas por: a) Manipulación y/o fricción por cualquier cuerpo u objeto romo, además otras situaciones como estreñimiento o parasitismo intestinal..- Es así que de la prueba evacuada en el debate, es razonable concluirque no se probó la existencia del delito de actos de lujuria, pues no concurren todos los elementos de su tipificación legal.- La existencia de prueba de cargos suficiente, requiere una triple comprobación: 1. En primer lugar que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en el.- 2. Que las pruebas sean válidas, es decir que hayan sido obtenidas o incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica. - 3. En tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máxima de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea.-[1] De esta triple comprobación, podemos observar primeramente, que la mayoría de miembros del tribunal sentenciador apoyaron la existencia de un hecho fáctico, mediante la existencia de un hecho que no ocurrió, pues como lo manifestó el consultor técnico el Honorable y respetable Doctor D. A.C. B., “Que si bien es cierto se encuentran la evaluación de una menor de dieciséis meses, anatómicamente y médicamente es imposible una copulación sexual vaginal con una menor de dieciséis meses, lo más que puede ocurrir son lesiones locales, se tiene una historia que se encontraron a una menor con el ano brotado y según la historia la mamá llamó a la policía pensando en una cuestión sexual, pero la llevaron a un Hospital donde le dieron tratamiento antiparasitario, que se llama albendasol, esa es una prueba objetiva que los médicos del hospital establecieron un parasitismo intestinal, pero un prolapso rectal no se deja libremente, el medico solo fue en un momento, existe el diagnostico de ingreso y egreso, porque a través de todos los procedimientos se confirma y se descarta los procedimientos de ingreso, el médico forense debió haber hecho todo el seguimiento que se hizo en el hospital el prolapso tuvo que haberse reducido, a esa edad hay cualquier cantidad de elemento que producen prolapso rectal (lo resaltado es nuestro), y lo que ocurre es que la bola de parasito se sale, hay grado uno, dos, tres y cuatro, estreñimiento cuanto un bebe no puede hacer pupo y saca una bola fecha grande le produce prolapso, la diarrea excesiva…” sobre esta conclusión, que tiene base científica, se desprende dos tesis: manipulación y/o fricción por cualquier cuerpo u objeto romo y otras situaciones como estreñimiento o parasitismo intestinal, pero la madre de la menor fue clara al manifestar que en el Hospital del Sur le dijeron que se trataba de un parasitismo intestinal, versión que es confiable pues los primeros auxilios fueron brindaron por personal médico de ese centro asistencial, además que el Ministerio Público fue incapaz de aportar más prueba que respaldara la tesis acusatoria.- Por todo lo anteriormente expuesto, esta Defensa Pública considera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe anular el fallo, ya que alimponerle a mi defendido una pena sin haberse comprobado la existencia del delito de actos de lujuria, se ha violentando los preceptos constitucionales depresunción de inocencia y vencimiento en juicio, en consecuencia solicitamos seadeclarado ha lugar el presente recurso y que se dicte una sentencia absolutoria.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma).Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[2]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115):“la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”.Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: a. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; b. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; c. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el Recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo. *Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República; Artículo 90 de la Constitución de la República; Artículo 94 de la Constitución de la República; Artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: Sin determinar por la Recurrente;*Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Recurrente; *Pretensión: Dictar una sentencia absolutoria a favor del acusado.El recurrente apunta que el Tribunal de Sentencia llego a la convicción de que el acusado P. J. P. C., es responsable del delito de Actos de Lujuria Agravado, en perjuicio de la niña G. N. S. P.; sin embargo, el Recurrente estima que el Ministerio Público no probó la existencia del hecho de índole criminal; relaciona que la Señora M. E. S. P., dio referencia de que en el Hospital del Sur se le informó “que su hermano (acusado) no le había hecho nada a G.” y que el problema de la menor fue ocasionado por parasitismo, lo que se relaciona con el Dictamen Forense que señala como posible causa de la condición física de la menor el estreñimiento o parasitismo intestinal.- Es por ello que para el recurrente la prueba evacuada en el debate no probó la existencia del delito de actos de lujuria.Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia En el planteamiento del Recurso se señalan como violentadas tres artículos de la Constitución de la República que contienen igual número de derechos fundamentales: Articulo 89 que reconoce el Derecho al Estado Material de Inocencia; el artículo 90 reconoce el derecho a un Debido Proceso y el Artículo 94 reconoce el derecho al contradictorio y ser juzgado por un Juez predeterminado por la ley.- Sin embargo atendiendo el contenido de los argumentos recursivos identifica esta Sala de lo Penal que el reclamo se centra en la violación al artículo 89 de la Constitución de la República, por lo que la respuesta gravitará en torno al derecho fundamental que se reconoce en dicha norma. El Derecho/Principio de Inocencia es proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal).El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, válida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado:128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”.Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010:“La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que, aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que:“183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”.Un Estado que se llame así mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como producto de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. De la Procedencia del Recurso El Recurso es de Recibo. – El Recurrente, quizás de no forma no tan clara como la técnica casacional lo exige, plantea en términos generales que en el presente caso existe insuficiencia probatoria para declarar responsable al acusado P. J. P. C., de un delito de actos de lujuria agravado, en perjuicio de la menor G. N. S. P., encontrando la Sala de lo Penal que dicha denuncia es procedente, pues el fallo condenatorio no tiene ni sustento factico por atipicidad, ni sustento probatorio por insuficiencia. Los Juzgadores hacen la construcción del hecho histórico, mismos que fueron redactados en siete apartados (f. 45 v.), en los cuales dan por sentado: 1. El 16 de septiembre de 2011, a las 01:30 p.m., el acusado P. J. P. C. llegó a casa de su hermana M. E. P., en la Colonia Santa Fe, Municipio de Choluteca; 2. En la vivienda se encontraban la Señora M. P. con sus dos hijos: un niño menor de edad y una bebé de 16 meses de nacida de nombre G. N. S.; 3. En momento posterior a la llegada del acusado, la Señora M. P. decide ir a bañarse, quedando en la vivienda por un momento los dos menores y el acusado, éste último acostado en una hamaca ubicada en la cocina, en donde estuvo jugando con la niña G. S., la que su madre había dejado sin blúmer; 4. Al salir la señora M.P., encontró a la niña llorando y al examinarla observó que su ano estaba “brotado” (revertido), con manchas de sangre, además constató la señora que su hermano (el acusado), se había ido de la vivienda; 5. Momentos después, la menor G. S. fue examinada por un médico forense, quien determinó que el ano de la menor tenía una fisura de 1 a 2 milímetros, que es una lesión que puede ser producida por dos causas: i.- Parasitismo; ii.- Introducción en el ano de cualquier cuerpo romo. En los hechos declarados probados los juzgadores no arribaron, con grado de certeza, al convencimiento de lo que realmente ocurrió ese día y en particular que fue lo que le provocó a la menor la fisura en su ano; nótese que en el relato fáctico los juzgadores no describen como conducta realizada por el acusado la introducción de sus dedos, instrumentos u objetos en el ano de la menor, sino que se limita a señalar que el acusado estuvo acostado en la hamaca de la vivienda y que por un momento estuvo jugando con la menor; por otra parte el factum es dubitativo al no señalar cual fue la causa exacta y única de la lesión de la menor en su ano, sino que deja abierta la posibilidad de que se trate de una causa natural (parasitismo) o un hecho provocado (introducción de cuerpo romo).- Por ello tiene razón el recurrente al señalar que se ha violentado el Estado de Inocencia del acusado, pues los hechos declarados probados no determinan, de manera concreta, clara y certera, que el señor P. J. P. C., haya realizado un acto constitutivo de agresión sexual en perjuicio de la niña G. N. S., del cual merezca ser declarado responsable y sancionado con una pena privativa de libertad. Por otra parte la prueba que fue evacuada en la audiencia de debate no tiene los alcances acreditativos para determinar dicha responsabilidad, concordando la Sala de lo Penal con lo expuesto por uno de los juzgadores en el voto disidente.- En primer término es de considerar que la declaración de la madre de la niña y hermana del acusado, la señora M. E. P., fue introducida por lectura, pues ésta no pudo ser llevada al debate para su deposición directa, ergo los juzgadores, no tuvieron la inmediación deseable para valorar la prueba, sino que solo tuvieron a su alcance una narración breve y lacónica transcrita en el acta de la audiencia inicial.- La testigo en su declaración comparte información, parte de ella constatada directamente y otra parte informada por terceros: i.- Directamente le consta a la testigo que el acusado llegó a su casa y que se acostó en la hamaca; que ese día estaban en la vivienda dos de sus hijos y que la menor G. N. andaba sin pañal o blúmer pues hacía poco tiempo había defecado; que decidió irse a bañar y que al salir encontró a su hija G. S. llorando y con sangre en el ano, por lo que decidió llevarla al Hospital del Sur; y ii.- No le consta a la testigo directamente, pero lo refiere por hacerlo escuchado de terceros: *. Fue informada por su menor hijo que el acusado estuvo jugando con la niña G. S. en la hamaca; que el acusado salió de la vivienda saltando el cerco; **. Fue informada por un médico del Hospital del Sur que a su menor hija le fue suministrada una medicina para el tratamiento médico contra parásitos intestinales, médico que además le dijo que “a la niña no le ha hecho nada” el acusado, refiriéndose a agresión sexual.- Resalta esta Sala de lo Penal que en realidad la testigo M. S. no observó los hechos juzgados pues se encontraba duchándose, sino que se refiere a ellos por lo que escuchó de su hijo, cuyo nombre y edad se desconoce, solo teniéndose información de que se trata de otro menor, lo que resulta insuficiente para poder saber el grado de madurez del niño y su confiabilidad como fuente, por ello no es posible saber lo que ocurrió en casa de la menor G. S., en el momento en que su madre M. S. se encontraba bañándose. Por otra parte, el Dictamen Médico Forense realizado a la menor G. S. el mismo día, estableció la ausencia de lesiones extra genitales y para genitales, además de encontrar himen integro sin lesiones, observándose su ano prolapsado, con fisura de 1 a 2 milímetros, sin rastros de líquido seminal, a lo que señaló el Perito como causa posible de tal estado: a) Manipulación o fricción por cualquier objeto romo; b) Estreñimiento y c) Parasitismo intestinal; siendo esta última la causa a la que se refiere la testigo M. S. como aquella que le fue informada por los médicos del Hospital del Sur; el perito, en su deposición de debate explicó que el cuerpo de una persona puede contaminarse de parásitos por contacto con la boca y/o ano con la tierra (f. 149), lo que en el presente caso constituye una alta probabilidad considerando que la Inspección Ocular hecha a la vivienda de la menor determinó que tiene piso de tierra; Así entonces, como apropiadamente señala el Juez disidente, la prueba no permite determinar el origen de la lesión de la menor G. S., y por ello no puede ser señalado el acusado como la persona que realizando una agresión sexual haya causado lesión en el ano de la menor, tanto que los jueces del criterio de mayoría al momento de redactar la Valoración de la Prueba en la sentencia, no hacen mención de que provocó la lesión a la menor, limitándose a marcar su existencia y que el acusado es el responsable; en otras palabras, los juzgadores en el proceso de valoración de la prueba señalaron que el acusado es el responsable de la lesión de la niña, pero no hacen mención que conducta precisa realizó aquel que provoco su producción.DECISIÓN Declarar ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 361 del Código Procesal Penal.- Falla Primero :Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo:Casa la sentencia dictada por mayoría de fecha seis (06) de marzo de dos mil quince (2015) (f. 145), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca.- Tercero: Revoca el pronunciamiento condenatorio; en consecuencia se procede a dictar la siguiente sentencia de fondo: 1.- Debemos absolver y se absuelve al acusado señor P. J. P. C., como presunto responsable a título de autor de un delito consumado de Violación Especial, en perjuicio de la niña N. S. P., por el cual el Ministerio Público formalizó y celebró audiencia de debate en el presente caso; 2.-Declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente procesos criminal.- Y Manda :Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - Notifíquese.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR.RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO.ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-426-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1]Sentencia de la Sala Penal N= 17-2008, de fecha 11 de agosto del 2009, Pág. 10.-
[2]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.