Sentencia CP-414-15 — Registro 11040
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia de primera instancia que absuelve al acusado por el delito de extorsión
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO ES DE RECIBO. Como se ha explicado el control casacional a través del Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales, tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley, resultando solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de sus conclusiones. Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “El Recurso por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes…3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello implica que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque debido al principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. En vista de los cuestionamientos de la recurrente, es preciso que esta Sala de lo Penal revise los juicios de valor utilizados por el A-quo para valorar las pruebas allegadas al juicio y determinar con ello, si en efecto existió transgresión a dichas normas o por el contrario fueron aplicadas correctamente. De esta forma es preciso establecer el proceso lógico seguido por el A quo, según el cual describe y valora la prueba, en principio observa esta Sala de lo Penal, que se refiere el senteciador en un principio a los medios de prueba documentales consistentes en el acta mediante la cual se establece que oficiales de investigación, confeccionaron un paquete simulado de dinero con hojas de papel y dos billetes de quinientos lempiras con series T3047151 y Q1791567; asimismo al acta de registro personal practicada al procesado M. J. L. L., según la cual el paquete de papel y dos billetes, previamente confeccionado, le fue encontrado al mismo, vinculándola a las respectivas actas de decomiso. Considera el A quo que estos medios de prueba resultan válidos, reuniendo los elementos necesarios para considerarlos de esa forma, tanto porque su contenido como la autoría de su redacción, y la relación de su contenido con los hechos no fue refutado. Con estos medios de prueba declarados como válidos por el A quo y valorados descriptiva e intelectivamente, necesariamente queda acreditado uno de los elementos objetivos del tipo penal en estudio, tal es la obtención para sí o para cualquier organización delictiva, dinero u otros bienes o servicios. Siguiendo el hilo conductor del proceso intelectivo, seguido por el Sentenciador, se analizan los testimonios rendidos en el acto del juicio oral y público, observando esta Sala que el señor L. A. M., miembro de los cuerpos de investigación, asegura en presencia del Tribunal de Sentencia, que recibieron una denuncia por parte del testigo protegido quien hacía del conocimiento de las autoridades que se acercaron unos mareros al lugar de su negocio cobrándole la renta de un preso y que designaron a una persona de nombre M. como el encargado de recibir el dinero; asimismo indica el testigo, que el denunciante claramente les indicó que las personas que se presentaron a su negocio se identificaron como mareros de la dieciocho, y finalmente que con la denuncia se procedió a confeccionar el paquete que luego le fue decomisado a M. L.. De igual manera rinde testimonio el señor E. A. P. Sisnado, quien indica que según la denuncia en la Colonia La Cañada, observó la entrega del paquete previamente confeccionado con papel y dos billetes de quinientos lempiras, en un lugar donde había varios buses, y que la persona que recibió el paquete fue identificada como M.L.; agrega el testigo que según el denunciante entregaban la cantidad de Sesenta Mil Lempiras semanales, desde hacía ya dos años. Finalmente se observa el testimonio de Testigo Protegido AX117, rendido en audiencia inicial e incorporado legítimamente mediante lectura al debate, según el cual, el testigo manifestó que desde hace dos años pagan sesenta y siete mil lempiras semanales, entregándolos por un negocio de buses que tienen y que se lo entregaban a un sujeto identificado como M.; también según este testimonio, el dinero era pedido a cada socio de los buses, y el supuso que existían amenazas. Agrega finalmente, que conocía a M. desde hacía tres años, y éste aseguraba que el dinero no era para él sino para los mareros. Según el A quo estas declaraciones son consideradas válidas, entre otras cosas, porque los testigos poseen las facultades normales de una persona promedio lo que les permitió percibir, entender y comprender los hechos que narraron .No obstante declarar los testimonios como prueba válida, creíble y objetivamente confiable, el A quo, en el apartado primero de la fundamentación jurídica de la sentencia, indica que los hechos no son subsumibles en el tipo penal del artículo 222 del Código Penal, al no haberse acreditado el elemento objetivo de las amenazas. Indica seguido, que la declaración del testigo protegido resultó muy ambigua en cuanto a esta cuestión, no describiendo concretamente en qué consistieron los actos de amenaza, pese a que previamente le había concedido credibilidad. Encuentra esta sala que la conclusión a la que arriba el A quo respecto a la declaración del Testigo Protegido AX117, no es congruente por cuanto las afirmaciones desarrolladas en el apartado de valoración descriptiva e intelectiva de la prueba y las conclusiones expuestas en la fundamentación jurídica de la sentencia no guardan una adecuada correlación y concordancia entre sí. Por otra parte, se observa que la conclusión se fundamenta en la valoración de un medio de prueba de forma aislada, sin ser incorporado intelectivamente a todo el acervo probatorio, faltando, por ende, una valoración conjunta y armónica del material probatorio ofrecido. En definitiva, para que la sentencia censurada tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no sólo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Sin embargo, en el caso examinado, encuentra esta Sala de lo Penal, que el A quo se apartó de las normas de la Sana Crítica, al arribar a una conclusión fundamentado en la valoración aislada de un solo medio de prueba, dando como resultado un fallo incongruente y contradictorio, permitiendo con ello que la sentencia pierda su validez y legitimidad...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vázquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La Sentencia en el Recurso de Casación S.P.414-2015 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha uno (01) de junio de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual absolvió al señor M.J.L.L., del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido AX117.- no procedió condenar en costas al señor M. J. L. L., ni al Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada Y. M. M.L., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y la Abogada M. B., en su condición de Defensora Pública, del señor M. J.L. L., como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “Los integrantes de este Tribunal de Sentencia, como resultado de la valoración de las pruebas evacuadas durante el debate, conforme a las reglas de la sana crítica y en congruencia con hechos y circunstancias descritas en la formalización de acusación, contestación de cargos y auto de apertura a juicio, dan por acreditados los siguientes hechos: UNICO: El siete de agosto del dos mil trece el testigo protegido AX117, interpuso denuncia ante la policía señalando que desde hace dos años pagaban la cantidad de SESENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS (67,000.00 lps) semanales a un sujeto de nombre M., procediendo los agentes policiales junto con el testigo protegido a elaborar un paquete con recortes de periódico y dos billetes de Quinientos Lempiras con números de series T3047151 y Q1791567, levantándose la respectiva acta de documentación de esta diligencia y se procedió a montar al día siguiente una vigilancia a cincuenta metros del lugar convenido en la entrega del paquete en la Colonia La Cañada, llegando a dicho lugar a las seis horas con diez minutos un vehículo blanco tipo turismo conducido por el señor M. J. L. L. y acompañado de otra persona, recibiendo el señor M. J. L., el paquete por parte de una tercera persona, por lo que los agentes policiales que realizaban la vigilancia en dicho lugar procedieron a requerir y capturar al señor M. J. L., al cual se le encontró en posesión del paquete elaborado en la policía y un teléfono celular azul y rojo.” III. RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS.RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. “MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO:“LA RECURRENTE ABOGADA Y. M. M. L., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.PRIMER MOTIVO: Que, al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a favor de M. J. L. L., lo hizo valorando la prueba Inobservando las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al examinar la sentencia ya referida, observamos que adolece de vicio in procedendo, pues infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, en virtud que el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha uno (1) de Junio del año dos mil quince (2015), respecto al imputado M. J. L. L., lo hizo vulnerando la Regla Lógica en su Principio de Derivación, en su apartado de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollamos: Para el Sentenciador, los hechos imputados al señor M. J.L.L., no son subsumibles, en el tipo penal del artículo 222 del Código Penal, ya que no se acreditó el elemento objetivo de las amenazas. La declaración del testigo que rindió en la audiencia inicial resultó muy ambigua en cuanto a este aspecto, no describiendo concretamente en que consistieron los actos de amenazas, por lo que no se aprecia la concurrencia de este requisito en el tipo penal. De lo anterior cabe citar entonces, que la razón por la cual el Tribunal de Sentencia, absuelve al encartado M. J. L.L., es porque considera que la prueba de cargo es insuficiente para establecer el elemento objetivo de tipicidad, supra indicado, por el delito de Extorsión. Ante esta premisa, el Ministerio Público evidencia que el Juzgador efectuó una incipiente valoración fáctica, al afirmar que “Con la prueba de cargo no se estableció la concurrencia del ilícito por el cual se le incoó proceso al acusado”; sin embargo, al Juzgador nuestra Normativa Adjetiva Penal le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito no sucede. Se presentó como prueba de cargo, se presentó la siguiente: PRUEBA TESTIFICAL.1. Declaración de TESTIGO PROTEGIDO AX117 (Ofendido), rendida en audiencia inicial e incorporada por lectura autorizada; Quien manifestó que él con otras personas eran propietarios de buses y hacía dos años estaban siendo extorsionados, por lo cual tenían que pagar sesenta y siete mil lempiras (Lps. 67,000.00) semanales todos los jueves, a él le tocaba dar Cinco Mil Lempiras o más, pero entre todos ajustaban esa cantidad; ese dinero se lo entregaban a una persona de nombre M., quien era trigueño, colocho, no tan alto; y por eso interpuso la denuncia el miércoles como a las diez de la mañana, porque el Jueves se realizaría la entrega del dinero; ellos le pedían el dinero a cada socio y era lógico que para entregar ese dinero habían amenazas; el dinero era entregado a M .en un estacionamiento de buses, por una pulpería; M. decía que el dinero no era de él, si no que a él lo mandaban los de la Mara 18; el día que fue detenido M. se preparó un paquete de papel periódico con la cantidad de Mil lempiras. (Lo resaltado es nuestro). 2. Declaración de L.A. M.; Agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión; quien manifestó que el día miércoles siete de agosto del año dos mil trece, se recibió una denuncia por parte del Testigo Protegido AX117; quien manifestó que se acercó a su negocio, un individuo que le dijo que venía a cobrar la renta de una persona que estaba preso y que era de la mara 18; que le cobraban la cantidad de Sesenta Y Siete Mil Lempiras semanales (Lps. 67,000.00) y que habían designado al acusado para hacer la entrega de ese dinero, la cual en el momento de la denuncia estaba programada para el siguiente día y el día de la denuncia se procedido a armar un paquete con dos billetes de Quinientos Lempiras (Lps.500.00), los cuales fueron seriados y se colocaron junto a varios recortes de papel periódico, luego el día programado para la entrega se fueron al lugar designado, dos equipos de la Unidad antiextorsión, llegando a las cinco y cincuenta de la mañana (5:50 A.M.) y como a las seis y diez de la mañana (6:10 A.M.) observaron la entrega del dinero por el Testigo Protegido al individuo denominado M., quien llegó en un vehículo turismo, color blanco; precediéndose de inmediato a su detención y el decomiso del paquete que le había sido entregado por el testigo Protegido; el detenido fue identificado como M. J. L. L.. (Lo resaltado es nuestro). 3. Declaración de E.A. P. SISNADO; Agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión; quien manifestó que el día ocho de agosto del año dos mil trece, fue informado por su compañero L.M., de que realizarían una vigilancia, por lo que se dirigieron a la colonia Cañada de la ciudad de Comayagüela y a las seis y diez de la mañana se ubicaron a unos cincuenta metros de donde se realizaría la entrega programada, vigilando aproximadamente media hora y luego observaron cuando entró un vehículo turismo, color blanco, al cual se le acercó el testigo protegido AX117 y le hizo la entrega del paquete que fue preparado un día antes, procediendo en ese momento a darle detención al conductor de ese vehículo que fue identificado como M. J. L. L., él se conducía con un individuo denominado Alexander; el testigo dijo tener conocimiento de que el ofendido le entregaba al acusado la cantidad de Sesenta Y Siete Mil Lempiras Semanales (Lps. 67,000.00). (Lo resaltado es nuestro). PRUEBA DOCUMENTAL. 1.- Acta contentiva de las series del dinero entregado; de fecha 7 de agosto del año 2013, de dos billetes de quinientos lempiras (Lps.500.00), que fueron utilizados para el decomiso de evidencia al acusado, que fueron entregados por la víctima en las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión y que corresponde a las series T3047151 y Q1791567, firmada por los agentes T06366 y T11721. 2.- Acta de Registro Personal y de decomiso al acusado de fecha 8 de agosto del año 2013, de un teléfono celular marca JKT, colores rojo y negro y una bolsa de color negro, conteniendo en su interior dos billetes de quinientos lempiras (Lps.500.00), con números de serie T3047151 y Q1791567 y unos recortes de papel periódico simulando un paquete. 3.- Acta de decomiso al acusado, de fecha 8 de agosto año dos mil trece; dos billetes de quinientos lempiras (Lps.500.00), con números de serie T3047151 y Q1791567 y unos recortes de papel periódico simulando un paquete. De lo anterior podemos apreciar que no obstante al cuestionamiento del sentenciador, en relación a que no fueron acreditadas las Amenazas, como elemento objetivo del tipo penal de extorsión, contenido en el artículo 222 del Código Penal vigente; por las que el Testigo Protegido AX117, fue obligado a entregar semanalmente la cantidad de Sesenta Y Siete Mil Lempiras (Lps.67,000.00); al respecto, es preciso señalar que en la declaración que rindiera en audiencia inicial el testigo Protegido AX117, y que fue incorporada por lectura autorizada, indicó que él con sus compañeros o socios de un punto de buses tenían dos años de estar siendo extorsionados y que fue porque una vez llegó a su negocio el individuo denominado M., quien posteriormente fue identificado como M. J.L. L.; manifestándole que venía en nombre de una persona perteneciente a la “mara 18” y que tenían que pagar renta o el denominado impuesto de guerra, que les cobraban la cantidad de Sesenta Y Siete Mil Lempiras semanales, razón por la que él denunció, pero aunado a eso el testigo dijo que era lógico que para entregar ese dinero habían amenazas; las cuales si bien es cierto no expresó en que consistían, de la naturaleza de los hechos se desprende que para entregar la cantidad de Sesenta Y Siete Mil Lempiras semanales era porque esas amenazas producían miedo racional en la víctima, lo que hace patente que según las Máximas de la Experiencia, a todo Hondureño le genera un miedo profundo, por ello inclusive, no quiso expresarlo detalladamente en juicio por el mismo temor a ser descubierto por los miembros de la pandilla 18 por la cual estaban siendo extorsionados. Aunado a lo anterior, desde el momento que el acusado le manifestó a la víctima que venía por cuenta de un preso perteneciente a la mara en referencia, se siente intimidado; ya que reiteramos es un grupo ilícito que ha sembrado terror en la sociedad y la intimidación es un elemento del tipo penal del delito de extorsión; esa circunstancia se acredita con lo expresado en juicio por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión que participaron en las diligencias del presente caso, señalando el agente L. M., que el testigo protegido, en el momento de la denuncia expresó que el acusado le cobraba una renta de Sesenta Y Siete Mil Lempiras(Lps.67,000.00) semanales y que ese dinero lo cobraba en nombre de un pandillero de la mara 18 y que el día siete de agosto del año dos mil trece se procedió al seriado de dos billetes de Quinientos Lempiras propiedad de la víctima, descritos en el acta respectiva, junto a recortes de periódico y se formó el paquete de la entrega; el siguiente día dos equipos de la unidad antiextorsión se trasladaron al lugar que indicó el testigo protegido se realizaría la entrega programada para esa semana, tal como lo aseveró el agente E. P., y como a las seis y diez de la mañana del día ocho de agosto del año dos mil trece los testigos observaron que el acusado llegó en compañía de otra persona, en un vehículo turismo color blanco y el testigo protegido precedió a entregarle el paquete al conductor, quien fue detenido de inmediato y se identificó como M. J.L. L., decomisándole los dos billetes de quinientos lempiras que habían sido seriados el día anterior y un celular, cuyas características se describen en el acta respectiva; con lo cual se corrobora lo manifestado por el testigo protegido y no existe una justificación para que el imputado haya recogido dinero de esa forma, ya que si fuese una actividad lícita existen otros mecanismos de entrega y tuvo que ser mediante amenaza e intimidación al testigo AX117, que pudo obtener ese dinero. En tal sentido se estima de importancia señalar la posición que al respecto y en caso que por el delito de Extorsión Agravada resolvió la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Proceso de Casación 37-987 de fecha 9 de mayo del año 2012: “... En verdad, sobre el delito de extorsión, en pacífica y reiterada doctrina la Sala ha señalado: Esta conducta punible, implica que el sujeto activo constriñe a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener un provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, necesariamente de naturaleza económica, para sí o para un tercero. Aunque es evidente que en la extorsión se socava la autonomía personal a través del constreñimiento, hasta la aniquilación de la voluntad, el bien jurídico principalmente tutelado es el patrimonio económico, a juzgar por la ubicación del tipo en el Código Penal. Tan es así, que el delito de extorsión puede quedarse en el estadio de la tentativa cuando se embate contra la libre determinación a través de amenazas, pero no se logra el hacer, omitir o tolerar aquello que al sujeto activo reportaría la finalidad económica. Y en el mismo sentido, ha indicado: Darle otro alcance a esa expresión (“El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero”, se precisa), es considerar consumado el delito con la sola amenaza del mal futuro, lo cual ciertamente no estuvo en la mente del legislador, ni es el alcance que le dan otras legislaciones similares...”[1](Lo resaltado es nuestro). En el presente caso como ya lo indicamos si la víctima hizo entrega de dinero al acusado es porque precisamente fue constreñido a hacerlo y aunque no haya dicho en que consistieron esas amenazas, expresó de viva voz en audiencia inicial que si existieron. Por todo lo anterior, concluimos que el A quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que el señor M. J. L. L., fue la persona que mediante amenazas y en nombre de pandilleros de la “mara 18” cobraba impuesto de guerra al TESTIGO PROTEGIDO; siendo evidente que del andamiaje probatorio se acreditó sin lugar a dudas, que el señor M. J.L. L., ha tenido participación en el delito de EXTORSIÓN, establecido en el artículo 222, en relación al 32 del Código Penal. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el articulo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada, pues se dedica a efectuar apreciaciones que se encuentran fuera del marco legal, ya que las declaraciones de los testigos fueron complementarias entre sí en relación a establecer la participación del acusado en los hechos; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes:1. Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo.3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena;5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; y, 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145.Es así como la ley procesal vigente, refleja que el Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no sólo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.1.-Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Motivo Único. *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica. *Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Imposibilidad en virtud de que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; * Pretensión: Sin determinar. Conforme a los argumentos de la recurrente, la sentencia censurada, adolece de vicio in procedendo, infringiendo el artículo 202 del Código Procesal Penal, en virtud que el A quo al momento de dictar sentencia absolutoria, lo hace vulnerando la regla de la lógica en su principio de derivación, en su apartado de suficiencia, declarando el sentenciador que los hechos imputados al señor M. J.L. L., no son subsumibles en el tipo penal del artículo 222 del Código Penal, ya que no se acreditó el elemento objetivo de las amenazas, pues el testigo aportado como prueba de cargo no logró determinar en qué consistieron los actos de amenazas, Tal circunstancia declarada por el A quo es considerada por la recurrente como una incipiente valoración fáctica, estando obligado el sentenciador a realizar una valoración de la prueba en su conjunto y de manera armónica. De las Reglas de la Sana Crítica: El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, resultando solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “El Recurso por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal).Valoración de la Prueba: En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La Sana Crítica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros:1. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho.2. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o3. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así.2) Las Reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a)La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio.iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características:1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí.2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella.3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles.4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento.DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO ES DE RECIBO. Como se ha explicado el control casacional a través del Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales, tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley, resultando solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de sus conclusiones. Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “El Recurso por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes…3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello implica que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque debido al principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. En vista de los cuestionamientos de la recurrente, es preciso que esta Sala de lo Penal revise los juicios de valor utilizados por el A-quo para valorar las pruebas allegadas al juicio y determinar con ello, si en efecto existió transgresión a dichas normas o por el contrario fueron aplicadas correctamente. De esta forma es preciso establecer el proceso lógico seguido por el A quo, según el cual describe y valora la prueba, en principio observa esta Sala de lo Penal, que se refiere el senteciador en un principio a los medios de prueba documentales consistentes en el acta mediante la cual se establece que oficiales de investigación, confeccionaron un paquete simulado de dinero con hojas de papel y dos billetes de quinientos lempiras con series T3047151 y Q1791567; asimismo al acta de registro personal practicada al procesado M. J. L. L., según la cual el paquete de papel y dos billetes, previamente confeccionado, le fue encontrado al mismo, vinculándola a las respectivas actas de decomiso. Considera el A quo que estos medios de prueba resultan válidos, reuniendo los elementos necesarios para considerarlos de esa forma, tanto porque su contenido como la autoría de su redacción, y la relación de su contenido con los hechos no fue refutado. Con estos medios de prueba declarados como válidos por el A quo y valorados descriptiva e intelectivamente, necesariamente queda acreditado uno de los elementos objetivos del tipo penal en estudio, tal es la obtención para sí o para cualquier organización delictiva, dinero u otros bienes o servicios. Siguiendo el hilo conductor del proceso intelectivo, seguido por el Sentenciador, se analizan los testimonios rendidos en el acto del juicio oral y público, observando esta Sala que el señor L. A. M., miembro de los cuerpos de investigación, asegura en presencia del Tribunal de Sentencia, que recibieron una denuncia por parte del testigo protegido quien hacía del conocimiento de las autoridades que se acercaron unos mareros al lugar de su negocio cobrándole la renta de un preso y que designaron a una persona de nombre M. como el encargado de recibir el dinero; asimismo indica el testigo, que el denunciante claramente les indicó que las personas que se presentaron a su negocio se identificaron como mareros de la dieciocho, y finalmente que con la denuncia se procedió a confeccionar el paquete que luego le fue decomisado a M. L.. De igual manera rinde testimonio el señor E. A. P. Sisnado, quien indica que según la denuncia en la Colonia La Cañada, observó la entrega del paquete previamente confeccionado con papel y dos billetes de quinientos lempiras, en un lugar donde había varios buses, y que la persona que recibió el paquete fue identificada como M.L.; agrega el testigo que según el denunciante entregaban la cantidad de Sesenta Mil Lempiras semanales, desde hacía ya dos años. Finalmente se observa el testimonio de Testigo Protegido AX117, rendido en audiencia inicial e incorporado legítimamente mediante lectura al debate, según el cual, el testigo manifestó que desde hace dos años pagan sesenta y siete mil lempiras semanales, entregándolos por un negocio de buses que tienen y que se lo entregaban a un sujeto identificado como M.; también según este testimonio, el dinero era pedido a cada socio de los buses, y el supuso que existían amenazas. Agrega finalmente, que conocía a M. desde hacía tres años, y éste aseguraba que el dinero no era para él sino para los mareros. Según el A quo estas declaraciones son consideradas válidas, entre otras cosas, porque los testigos poseen las facultades normales de una persona promedio lo que les permitió percibir, entender y comprender los hechos que narraron .No obstante declarar los testimonios como prueba válida, creíble y objetivamente confiable, el A quo, en el apartado primero de la fundamentación jurídica de la sentencia, indica que los hechos no son subsumibles en el tipo penal del artículo 222 del Código Penal, al no haberse acreditado el elemento objetivo de las amenazas. Indica seguido, que la declaración del testigo protegido resultó muy ambigua en cuanto a esta cuestión, no describiendo concretamente en qué consistieron los actos de amenaza, pese a que previamente le había concedido credibilidad. Encuentra esta sala que la conclusión a la que arriba el A quo respecto a la declaración del Testigo Protegido AX117, no es congruente por cuanto las afirmaciones desarrolladas en el apartado de valoración descriptiva e intelectiva de la prueba y las conclusiones expuestas en la fundamentación jurídica de la sentencia no guardan una adecuada correlación y concordancia entre sí. Por otra parte, se observa que la conclusión se fundamenta en la valoración de un medio de prueba de forma aislada, sin ser incorporado intelectivamente a todo el acervo probatorio, faltando, por ende, una valoración conjunta y armónica del material probatorio ofrecido. En definitiva, para que la sentencia censurada tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no sólo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Sin embargo, en el caso examinado, encuentra esta Sala de lo Penal, que el A quo se apartó de las normas de la Sana Crítica, al arribar a una conclusión fundamentado en la valoración aislada de un solo medio de prueba, dando como resultado un fallo incongruente y contradictorio, permitiendo con ello que la sentencia pierda su validez y legitimidad. V. DECISIÓN: Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo. POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 360, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: DECLARA HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Y. M. M.L., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público en la causa instruida contra M. J.L.L. a quien se le sigue procese por el delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido AX117. SEGUNDO: CASA LA SENTENCIA. TERCERO: DECLARA LA NULIDAD DEL DEBATE Y DE LA SENTENCIA de fecha uno de junio de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro. dias del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-414-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] www.usergioarboleda.edu.co/derecho_penal/jurisprudencia_2012